El exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara no prevaricó. Esa es la sentencia de la titular del juzgado Penal número 5 de Murcia, por la que absuelve a Cámara, así como al exdirector de la Generencia de Urbanismo, Pedro Morillas, además de al jefe de servicio de Planeamiento, Joaquín Peñalver, de delito continuado de prevaricación administrativa por el fueron acusados en la pieza separa del proyecto de Nueva Condomina, del conocido como caso 'Umbra'.

La titular del Juzgado, Natividad Navarro Abolafio, considera que no existen pruebas suficientes para considerar que las irregularidades administrativas que se cometieron en la tramitación de ese proyecto urbanístico alcancen el grado de arbitrariedad, grosería que se requiere para condenar por prevaricación, según han señalado fuentes próximas al proceso a La Verdad.

El Ministerio Fiscal solicitaba sendas penas de diez años de inhabilitación para Cámara y Morillas, mientras que para Peñalver había reclamado una condena de ocho años y medio de inhabilitación.

Tras el análisis de las declaraciones de los acusados y los testigos y peritos en el juicio oral, la juez subraya que “el protocolo nunca se firmó en secreto ni se mantuvo intencionadamente oculto”, únicamente recogía la voluntad de las partes de colaborar para la construcción de un nuevo estadio y una ciudad deportiva y no implicaba obligación alguna.

Además, considera probado “que nunca hubo reuniones secretas, o fuera del ámbito procedimental, entre el alcalde y los propietarios del Real Murcia en las que fueran negociando las condiciones para la construcción del nuevo estadio y en las que se fuera fraguando, según lo manifestado por el Ministerio Fiscal, la realización de un traje a medida para el Sr. Samper”.

Igualmente, la titular entiende que ni el director gerente, ni el jefe de planeamiento, recibieron instrucción alguna de emitir sus informes en uno u otro sentido por parte del alcalde. Según la sentencia, “no hubo una decisión de todo punto arbitraria, injusta, a sabiendas de su injusticia, que supusiera un perjuicio para el Ayuntamiento”.

De esta forma, la jueza considera que ha quedado acreditado que “los tres encausados actuaron en todo momento con arreglo a la ley y sin desviación de poder, atendiendo además a los intereses generales del municipio”.

Contra la sentencia cabe interponer, ante este mismo Juzgado, un recurso de apelación en el plazo de diez días siguientes al de su notificación, a resolver por la Audiencia Provincial de Murcia.

El exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y el ex director de la Gerencia de Urbanismo Pedro Morillas han declarado hoy, como acusados en el caso 'Nueva Condomina', que el convenio suscrito con el entonces dueño del Real Murcia Jesús Samper para construir un nuevo estadio fue beneficioso para el ayuntamiento.

El primero en declarar en la primera sesión de la vista oral por este caso de presunta corrupción urbanística, en un Juzgado de lo Penal de Murcia, ha sido Cámara, que ha dicho que actuó siempre de acuerdo con los criterios mantenidos por los servicios técnicos municipales y los servicios jurídicos del ayuntamiento.

El exalcalde ha negado que el contenido del convenio de 2001 se hubiera preparado de forma que beneficiara a los intereses urbanísticos de Samper, ya fallecido, para añadir que él no planteó la edificabilidad de los terrenos adquiridos por este promotor, ni dio instrucción alguna a los técnicos del consistorio para que redactaran informe en la dirección que deseaba.

Cámara ha recordado que en el pleno municipal en el que se aprobó el convenio urbanístico, de los 29 concejales que integraban la corporación votaron a favor 27, incluidos los ediles socialistas,“que lo apoyaron fervientemente”.

Y ha añadido que el entonces presidente de ese grupo municipal, José Salvador Fuentes Zorita, llegó a decir que “lo había estudiado hasta la última peseta y que lo consideraba muy positivo”.

El segundo en declarar ha sido el que fuera director de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, que también ha defendido la legalidad a la que se ajustó todo lo relacionado con este convenio urbanístico.

Ha comentado que jamás recibió indicación alguna de sus superiores, “lo que nunca habría permitido”, aseveró, y que la decisión inicial de no obligar al promotor a la entrega del diez por ciento del aprovechamiento urbanístico fue porque éste aportó una cantidad muy superior a la que habría supuesto ese porcentaje, ya que entregó dinero y el nuevo estadio.

Como había hecho antes Cámara, Morillas se ha referido también a las tres sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que consideraron ajustado a derecho el texto del convenio, con excepción de lo referido al 10 por ciento, que determinó que el consistorio debía exigirlo.

El que fuera gerente de Urbanismo ha reprochado al fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que confundiera las siglas SMI, que figuraba en un escrito suyo que le fue incautado y que se referían al Servicio Municipal de Información, con las de una empresa de Samper, para concluir de ello que aquel estaba supeditado a lo que dijera el empresario.

“Fue una auténtica mentira, y aún estoy esperando una disculpa”, ha comentado visiblemente dolido, porque, ha añadido, era todo lo contrario a lo real, “porque Samper no me podía ni ver”.

En cuanto a la solicitud de prescripción reclamada por los otros dos acusados, ha dicho que todo estará en función de que el delito de prevaricación que se les atribuye se entienda que fue continuado o no.

La fiscalía, en sus conclusiones provisionales, reclama para Cámara y Morillas diez años de inhabilitación, y para Peñalver, ocho años y siete meses, en el caso de los dos últimos, como cooperadores necesarios y por inducción.

Críticas desde el PSOE a Cámara

El Grupo Municipal Socialista ha censurado la “lamentable gestión del convenio Nueva Condomina, por parte del PP, que no solo no ha cumplido con las promesas hechas a los murcianos sino que ha provocado que el anterior alcalde se siente el banquillo y, para colmo, con un Club como el Real Murcia con una deuda confesada de 45 millones de euros”.

Susana Hernández también ha explicado que el grupo socialista apoyó el convenio “porque lo que recogía era positivo para nuestro municipio, y también era bueno para nuestro Real Murcia, y de hecho grande fue nuestra sorpresa cuando comprobamos que, en la primera versión del Convenio, ni se mencionaba al Club. Empezamos a sospechar un pelotazo urbanístico y a comprobar los incumplimientos y lo denunciamos durante años”.

De hecho, en 2007 “ denunciamos públicamente que la valoración del aprovechamiento urbanístico era irrisoria, ridícula, tanto que presentamos tasaciones que suponían más de 700 millones de euros de pérdida para el Ayuntamiento, lo que sirvió para que la Fiscalía abriera diligencias”.

Al respecto, ha arremetido contra los argumentos que esgrime Cámara para su defensa. “Nos resulta espeluznante que quien ha sido alcalde de Murcia durante 20 años se escude en la prescripción de un presunto delito para eludir cualquier castigo derivado de la acusación de prevaricación y no intente demostrar que todas las decisiones fueron legales y con la vista puesta en el interés de los ciudadanos. Desde luego esta justificación suena a excusa de mal pagador y, cuando menos, da mala espina

Miguel Ángel Cámara ha sido investido como catedrático de la Universidad de Murcia. El que fuera alcalde del municipio murciano durante 20 años, imputado en un caso de corrupción y forzado a salir de su cargo por Ciudadanos en 2015 para poder formar gobierno regional, ha hecho acto de presencia en la toma de posesión de dos catedráticos (él incluido) y nueve profesores titulares de la UMU.

Si bien se recuerda a Cámara por su actual situación de investigado (antes imputado) por el “caso Umbra”, que investiga una trama de corrupción urbanística en la zona norte de Murcia, la sombra de sospecha que recae sobre el ex edil es alargada.

Y es que a comienzos de 2015, Miguel Ángel se vio envuelto en polémicas relacionadas directamente con los motivos por los que se lo ha nombrado catedrático: sus méritos como docente e investigador en la Universidad de Murcia. Por un lado, estuvo la negativa del departamento de la Facultad de Química, del que formaba parte, a acreditar el reconocimiento de sus quinquenios como docente de la UMU, durante los 19 años que había ejercido como alcalde de Murcia, según informó La Verdad. Con los quinquenios se evalúa a un profesor por méritos docentes en períodos de cinco años, obteniendo un plus en su salario.

En este caso, Cámara solicitó al departamento que se le justificaran sus quinquenios docentes entre 1993 y 2013. Sus compañeros de departamento accedieron a acreditar tres ejercicios: 1993, 1994 y 1995, que fueron los años en los que sí figuró en el Plan de Organización Docente. Pero no reconocieron aquellos en que no impartió docencia, entre 1995 y 2013.

De todas formas, la Universidad de Murcia suele dar el reconocimiento de quinquenios docentes a aquellos profesores que se encuentran en situación de excedencia por cargo político. Por lo tanto, el Rectorado de la UMU, presidido en ese entonces por José Antonio Cobacho, sí accedió a reconocerle lo que Cámara había pedido.

Por otro lado, estuvo la cuestión de sus sexenios por investigación, en los que el solicitante no precisa el reconocimiento del departamento o Rectorado. Directamente se dirige a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que se encarga de valorar los méritos en la actividad investigadora. Los sexenios cumplen un funcionamiento similar al de los quinquenios.

En lo referente a su labor investigadora, estuvo en entredicho ya que todos los trabajos en lo que intervino, eran compartidos, según informó también La Verdad. El ex edil publicó seis artículos, y aparece en cuatro capítulos de libros y en proyectos aceptados en catorce congresos. Todo dentro del departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología del que Cámara es profesor titular, lo que ha permitido al regidor acceder a esos reconocimientos.

“Que le hayan dado la cátedra a Miguel Ángel Cámara es una vergüenza”, han asegurado fuentes universitarias. Además, han criticado que al ex alcalde no se le ha visto “por la universidad ni por el laboratorio. Tampoco ha hecho investigación alguna”.

En este sentido, las fuentes consultadas han señalado el “éxito” de la carrera académica de Cámara debido a su “amistad” con Alberto Barba Navarro, ya jubilado, además de Ginés* y Simón Navarro. Los tres fueron co-autores de los artículos en los que Miguel Ángel Cámara aparece como colaborador. De hecho, Ginés Navarro* estuvo al frente de Urbanismo en la primera y segunda legislatura de Cámara.

*[ACTUALIZACIÓN (05/02/2018)]

Ginés Navarro se ha puesto en contacto con este medio para puntualizar, por un lado, que su departamento no se negó a acreditar el reconocimiento de los quinquenios de Cámara como docente de la UMU, si no que no se le podía informar, “ni favorable ni desfavorablemente”, su actividad docente, al no figurar en los planes de organización docente del departamento desde el año 1995 hasta el 2015.

Una decisión que se acordó en Consejo de Departamento (con representación de profesores, personal de administración y servicios y alumnos) por unanimidad. “Si se hubiera informado favorablemente ese periodo de tiempo como periodo docente, el departamento habría incurrido en una irregularidad y falsificación de datos”, ha puntualizado.

Por otra parte, el docente ha querido matizar que, frente a la fuentes que lo señalaron como partícipe en el éxito académico de Miguel Ángel Cámara, su amistad con el ex edil se rompió en el año 1999 por “desavenencias acerca de la gestión del proyecto de Nueva Condomina con el que yo no estaba de acuerdo”.

Asimismo, Ginés Navarro ha señalado que no ha participado nunca en ningún proyecto de investigación conjunto; que siempre han pertenecido a grupos de investigación distintos; que nunca han compartido docencia alguna; y que solo han sido coautores en dos pubicaciones, en el año 1996 y en una en 1999.

Sin embargo, ha confirmado que es cierto que durante los 20 años que el Sr. Cámara fue Alcalde de Murcia, “años en los que no impartió docencia ni participó en ninguna actividad universitaria, sí figura como autor de múltiples artículos científicos”. De esta forma, Navarro ha ratificado la labor de otras personas que tuvieron “la amabilidad de hacerle el curriculum que por su actividad política no podía hacer”.

Hoy ha tenido lugar el acto de toma de posesión de dos catedráticos y nueve profesores titulares, entre los que se encuentran el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y el exvicerrector de Estudiantes Miguel Ángel Pérez.

Cámara ha tomado posesión como catedrático de Edafología y Química Agrícola, mientras que el exvicerrector ha tomado posesión como profesor titular de Psicología Básica.

Por otra parte, María Mercedes Abad Merino ha ocupado la plaza de catedrática en Lengua Española.

Los otros profesores titulares son: José Ignacio Alonso Roque (Didáctica de la Expresión Corporal), Enrique Encabo Fernández (Música), Francisco Manuel García Costa (Derecho Constitucional), Cosme Jesús Gómez Carrasco y Jorge Ortuño Molina (Didáctica de las Ciencias Sociales), Javier Jerónimo Maquilón Sánchez (Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación), José Pino Ortega (Educación Física y Deportiva) y Jesús Segura Cabañero (Escultura).

Miguel Ángel Cámara, imputado en el Caso Umbra

Miguel Ángel Cámara, el exalcalde de Murcia, está imputado (ahora investigado) desde 2012 por el “caso Umbra”, que investiga una trama de corrupción urbanística en la zona norte de Murcia.

En 2015 dimitió como secretario general del PP murciano, a petición de Ciudadanos como condición para investigar a Pedro Antonio Sánchez presidente de la Región de Murcia, tras 25 años en el cargo y 20 como alcalde de Murcia.

Esta resolución se produce tras la petición de la jueza de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, instructora del caso, que ha solicitado que la alto cargo sea imputada, aunque lo decidirá TSJ al estar aforada por ser miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en calidad de consejera de Agricultura

Martíne-Cachá era concejala del Ayuntamiento de Murcia cuando entonces se produjo el derribo de la guardería, con el objetivo de utilizar los terrenos con fines inmobiliarios.

Hasta ahora, los imputados son el exalcalde Miguel Ángel Cámara, el promotor de la remodelación de la Paz José López Rejas, la actual concejala María del Carmen Pelegrín y los exediles, Joaquín Moya-Angeler y Antonio Castillo, los tres últimos por participar en la junta de gobierno en la que se votó favorablemente el derribo.

La providencia está firmada por Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del TSJ, y por los magistrados Julián Pérez-Templado y Enrique Quiñonero. Según la Asociación Nuevo Barrio y otros colectivos que presentaron la denuncia contra el Ayuntamiento el proceso de derribo y traslado estaba plagado de irregularidades.

El juez David Castillejos, responsable del caso Umbra, ha imputado a Miguel Ángel Cámara, antiguo alcalde de Murcia, y a sus suegros, Tomás Meroño y Francisca Balsalobre, por cohecho en la venta de una finca en la pedanía de Baños y Mendigo en 2006.

La resolución del titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Murcia señala que la operación económica fue “una actuación urbanística que supuso unas plusvalías muy elevadas y consiguiente enriquecimiento para sus vendedores”.

“Lo que se trata de determinar es si el señor Cámara se sirvió de su cargo público para favorecer a los familiares de su esposa, y a la postre a sí mismo”, añade el juez.

El juez Castillejos vincula este asunto con otra pieza separada de ‘Umbra’, la que se centra en la investigación sobre el patrimonio familiar de Cámara y especifica que “una de las explicaciones -para ese incesante y difícilmente explicable aumento de la riqueza de la familia Cámara- se encuentre en la entrega de dinero por parte de los vendedores del terreno (esto es, los suegros) a su hija (la esposa del entonces alcalde)”.

Castillejos subraya que “la venta se refería a algo menos del 10% del terreno de la actuación urbanística (aproximadamente 107.000 metros cuadrados), y ello por valor algo inferior a dos millones de euros (1.928.015 euros)”. “Tales hechos podrían ser constitutivos de delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación y cohecho”, añade.

Del mismo modo, el juez pide a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia documentos sobre la aprobación del Plan Parcial del ZU-SR-BM10.

El juez Castillejos señala que su investigación se basa “en los indicios recabados, sustentados en los informes de la Agencia Tributaria e información exhaustiva de carácter bancario, dan lugar a seguir esclareciendo lo ocurrido, hechos que se cristalizan en la compraventa de las fincas, reportando grandes beneficios a sus vendedores”.

El sendero local SL-MU 15 ya no cuenta con el nombre de 'alcalde Miguel Ángel Cámara Botía' en los folletos recién publicados por el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Montañismo de la Región. Esta actuación ha tenido lugar tras la moción que Ahora Murcia llevó al Pleno del pasado mes de marzo, que pedía que se retirase la nomenclatura 'Miguel Ángel Cámara' a los dos edificios que ostentan este nombre en el municipio, además de al citado sendero familiar, que transcurre por Torreguil y está integrado en la red de senderos del municipio.

La concejala y portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, recuerda que la moción “no fue apoyada por PP, PSOE, ni C's, pero ha quedado patente que el PP no se siente cómodo manteniendo el nombre a un espacio público de un personaje imputado y que ha sido suspendido de militancia por su partido”.

La edil destaca que “el hecho de que el Gobierno de Ballesta haya suprimido el nombre de Cámara en los folletos de 'Senderos Señalizados del Municipio' y de la 'Red de Senderos del Municipio' significa que estaban de acuerdo con el contenido de nuestra moción, con lo cual no se entiende que no la apoyaran, y evidencia una notable falta de coherencia”.

Morales subraya que Ahora Murcia explicó en el Pleno que “las calles, edificios y espacios públicos deben tener el nombre de personas ejemplares, no de alguien como Cámara, máximo responsable de la política llevada a cabo en las dos últimas décadas en nuestro municipio, un periodo en el que Murcia ha sido paradigma de los pelotazos urbanísticosparadigma de los pelotazos urbanísticos”.

La portavoz también señaló que “resulta tan evidente que Cámara no es un personaje digno de reconocimiento y confianza que le han suspendido de militancia. Si el propio PP no quiere tenerlo en su partido, imaginamos que no nos pedirá a todos los murcianos que mantengamos edificios con su nombre”. Morales, además, resaltó “la megalomanía que supone que un alcalde ponga su nombre a edificios públicos del municipio que él mismo gobierna”.

La moción de Ahora Murcia pedía también que la Comisión de Denominación de Calles asumiera la competencia en la nomenclatura de edificios municipales, espacios públicos e infraestructuras, y que este aspecto sea recogido asimismo en la Ordenanza o Reglamento que se va a elaborar en dicha comisión. “Esta petición del grupo municipal ha sido recogida por el Gobierno local en el proyecto de reglamento elaborado por la concejalía de Organización” apunta Morales, “lo que demuestra también lo pertinente de nuestra moción”.

“La denominación de calles, edificios municipales y espacios públicos hasta el momento se ha realizado sin criterios definidos, al arbitrio de las concejalías o del alcalde, y ello ha tenido como resultado que encontramos casos de nombres de dudosa ejemplaridad y poco edificantes como éste”, señala la portavoz, que afirma que espera que los dos edificios municipales, el Pabellón de Deportes de Alquerías y el Centro de Salud de Llano de Brujas, “corran la misma suerte que el sendero local y vean eliminado el nombre de Cámara”.

Ramón Salvador Águeda, el promotor ilicitano conocido como`El rey del ladrillo´ fletó un avión privado el 8 de julio de 2008 desde el aeropuerto alicantino de El Atlet con destino a Estambul durante cuatro días, cuyos pasajeros fueron el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, el exconcejal Antonio Sánchez Carrillo, el abogado Daniel Valenzuela y el actual concejal de Fomento, Roque Ortiz, con sus respectivas esposas. 

Una de las empresas de este promotor, Mirallevant, participó en el convenio urbanístico que el Ayuntamiento firmó en la zona norte y que permitió la remodelación del Teatro Circo, investigada en el caso Umbra. 

Precisamente, ese viaje se realizó dos meses antes de que se aprobara definitivamente el plan parcial del convenio del Teatro Circo. El fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano publicó estos datos en el escrito enviado el lunes al juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia para que se abra una pieza separada que investigue dicho viaje. 

El caso Umbra trata de esclarecer el supuesto trato de favor que algunos grandes promotores habrían recibido años atrás por parte del Ayuntamiento de Murcia. Lozano ha recibido este ´chivatazo´ del fiscal de la Audiencia Nacional, donde se ha investigado a Águeda por la denuncia que puso el FROB por el Banco de Valencia y Bancaja.

Este empresario ya saltó a la palestra en julio de 2013, cuando se publicaron las fotografías de una fiesta que había organizado en 2004 en su yate en Denia con el exconcejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena; el jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, y el ingeniero de origen italiano e intermediario en operaciones inmobiliarias Renato del Noce, y sus respectivas mujeres.

El Ministerio Fiscal considera que se debe aclarar si los matrimonios, que según sus cálculos debieron pagar 15.000 euros por ese viaje, desembolsaron el dinero de su bolsillo.

En el caso de que fuera un regalo habrían cometido cohecho y deben declarar en el juzgado como imputados. El fiscal recuerda que Águeda regaló relojes y viajes en yate al exconcejal Fernando Berberena.

Lozano también quiere investigar la relación entre otra empresa del promotor ilicitano y una firma de la que forman parte Sánchez Carrillo y Carlos Valcárcel, hermano del presidente Valcárcel.

Además, el fiscal llama la atención en el documento sobre las cacerías por África en las que participaron el que fuera gerente de Urbanismo Alberto Guerra, también imputado en el caso Umbra, Valenzuela y Carrillo.

El portavoz de C´s en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, señaló en relación al auto que llevará a juicio oral al exalcalde del PP Miguel Ángel Cámara, que “son una mala noticia para Murcia, pues es lamentable tener que soportar ver el nombre de Murcia manchado por el que fuera 20 años su alcalde. Esta situación perjudica la imagen de nuestra tierra y de los murcianos que son personas honradas y trabajadoras”.

Asimismo, para Mario Gómez, “todas estas circunstancias y situaciones de corrupción que impregnan al Partido Popular son inadmisibles, y de manera irresponsable la trasladan a la Administración”.

“Reclamamos que los culpables paguen por sus actos en los tribunales. Ahora es el momento para que el alcalde José Ballesta facilite la labor judicial y la justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias en el proceso abierto contra Miguel Ángel Cámara”, añadió Gómez. 

Gómez también ha manifestado que “es capital si deseamos regenerar la política, que se faciliten explicaciones, se investigue y se depuren responsabilidades, adoptando las medidas necesarias”.El edil de la formación naranja ha recordado que “Cámara dimitió por exigencia de Ciudadanos y lo hizo a última hora e intentando poner condiciones”. 

Nacho Tornel ha dicho este jueves, el mismo día en el que Miguel Ángel Cámara ha acudido a los juzgados para prestar declaración sobre el derribo de la guardería de La Paz, que el exalcalde popular de Murcia “está entorpeciendo la labor de la Justicia al asegurar que desconoce quién ordenó el derribo de la escuela infantil de La Paz en 2007”.

El concejal de Cambiemos Murcia ha recordado que antes de que tuviera lugar el derribo, “el promotor inmobiliario José López Rejas, imputado al igual que Cámara en el caso, señaló el solar que ocupaba la guardería como el espacio ideal para iniciar el proyecto de recuperación de La Paz”.

Tornel ha opinado que las declaraciones del exregidor de Murcia han añadido “más confusión” al caso, que “lejos de resolverse y cerrarse, adquiere una mayor dimensión porque mañana puede ser derribada otra escuela municipal y el alcalde de turno alegar que él no ha sido”. A su juicio, Cámara debería haber comparecido en sede judicial “hace mucho tiempo” y de manera voluntaria, ya que fue el “máximo responsable” como regidor en aquel de momento, de la decisión de derribar el centro educativo municipal.

El edil ha recordado que la guardería no se demolió porque tuviera problemas, sino porque el PP “había hecho varias promesas de fechas concretas para el inicio de la rehabilitación del barrio, y como no las cumplieron derribaron el centro al objeto de prolongar una mentira extendida en el tiempo”.

La gestión municipal en torno a la recuperación de La Paz “siempre ha bordeado lo legal”, ha explicado Nacho Tornel, y ha recordado que dos meses antes del derribo, el Ayuntamiento disolvió el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles “sin ningún motivo” y “con el fin de que los grupos municipales representados en ese órgano no pudieran denunciar la demolición”.

“También desde el equipo de Gobierno se fuerzan informes de funcionarios que en ningún momento argumentan ni reclaman esta actuación en la guardería, y posteriormente, en Junta de Gobierno, se toma la decisión de tirarla sin que este tema fuera un asunto del orden del día”, ha relatado el portavoz de Cambiemos Murcia.

Además, Tornel ha calificado de “inconcebible” el hecho de que nadie dé el nombre de quien ordenó la demolición, a excepción de un funcionario municipal que señaló directamente a la Alcaldía: “No se puede justificar esta situación porque el hecho de que nadie sepa nada es sinónimo de que se está ocultando la verdad”, ha sostenido.

Esta situación, en opinión de la formación municipalista, sitúa al equipo de Gobierno actual frente al reto de evaluar el perjuicio que ha supuesto la pérdida de una escuela infantil que fue levantada por los vecinos, y años después derribada por el Ayuntamiento, así como “restituir el daño hecho por el equipo de Gobierno, con Cámara a la cabeza, en anteriores legislaturas”.

La dimisión del secretario general del PP murciano y exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, se ha formalizado este domingo, una vez que el sábado tuvieron lugar las constituciones de los ayuntamientos. Cámara presentó el pasado viernes su carta de dimisión al presidente del partido en la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aunque condicionó formalizarla “a todos los efectos” a que los candidatos del PP recibieran los apoyos necesarios en aquellos municipios en los que la suya hubiera sido la lista más votada. Y aunque no se ha dado ese apoyo en todos los casos, Valcárcel ha aceptado la renuncia.

Una de las condiciones que Ciudadanos exigió del PP para empezar a negociar su apoyo a las investiduras de los alcaldes, y también del candidato popular a presidir el Gobierno regional, fue que apartara a los imputados de sus cargos institucionales o de partido.

Las miradas se centraron de manera especial en tres casos: María Antonia Conesa, exalcaldesa de Fuente Álamo e imputada en el caso Pagamenta, que se dio de baja en el PP pero no renunció a su acta de concejal; el exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, imputado en el caso Novo Carthago desde hace un año y que dimitió el pasado martes, aunque su cese no se publicó en el BOE hasta este sábado; y el exsecretario general del PP murciano y exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, imputado en el caso Umbra y que, dando una vuelta de tuerca, puso condiciones a la condición de su renuncia.

Miguel Ángel Cámara explicaba en su carta de dimisión: “Como me comprometí, cumplo; me alegraré de que por mí podamos seguir teniendo alcaldes”, arrogándose el mérito de que el PP accediera a un buen número de alcaldías, y quién sabe si también a la Presidencia de la Región de Murcia. Tras hacerse pública la 'dimisión condicionada' de Cámara, el líder de Ciudadanos en la Región, Miguel Sánchez, respondió a través de la red social Twitter que “hay que ser elegante hasta para dimitir”.

Sin embargo desde el PP murciano tienen una visión diferente, y en un comunicado remitido este domingo a los medios, han remarcado que la dimisión de Cámara, como la de los otros miembros de su formación que han renunciado a sus cargos en los últimos días, sirve “para facilitar la gobernabilidad del Partido Popular en distintas instituciones de la Región de Murcia”, con lo que Cámara “vuelve a dar un ejemplo de responsabilidad y compromiso con su partido y su Región”. Además, han agradecido la labor de Miguel Ángel Cámara en el partido “y en beneficio de la sociedad, desde su responsabilidad al frente de la alcaldía de Murcia”. Cámara lleva imputado en el caso Umbra desde 2012.

El 'Camarato'

Miguel Ángel Cámara nació en la vecina localidad de Orihuela, en Alicante, en 1955. Tras estudiar Química en la Universidad de Murcia y obtener el doctorado en esa misma institución docente, Cámara tuvo una fugaz experiencia como profesor titular de Química Agrícola en la UMU. En 1983 se afilió a Alianza Popular y desde el año siguiente comenzó a ocupar cargos en el partido: responsable de la Comisión Regional de Educación, secretario de Acción Local, vicepresidente de la Junta Local y secretario de Organización, hasta su gran salto en 1990.

Ese año es elegido secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, cargo que ha ejercido durante 25 años, hasta este mes de junio de 2015. Y tras desempeñar otras funciones en el ayuntamiento de Murcia, finalmente es elegido alcalde en 1995 por mayoría absoluta, derrotando al último alcalde socialista que dirigió el ayuntamiento de la capital autonómica, José Méndez.

Con varias infraestructuras construidas en el periodo del PSOE y recién estrenadas, como el Palacio de Congresos o el Palacio de Deportes, el mandato de Cámara comenzó apuntando a grandes proyectos como una Ciudad de las Ciencias, la creación del gran Parque Este, la construcción del tranvía y la expansión de Murcia hacia el norte, elementos ligados a la apertura de varios centros comerciales y al nuevo estadio de fútbol del Real Murcia.

Umbra, la sombra de la sospecha

Precísamente por los convenios urbanísticos suscritos por el ayuntamiento para la zona norte de la ciudad, se inició el llamado caso Umbra, ‘sombra’ en italiano: a dicho nombre responde la operación por presunta corrupción urbanística más importante del municipio, en el que están imputadas una treintena de personas, entre ellas Miguel Ángel Cámara desde 2012, así como el empresario madrileño y propietario del Real Murcia, Jesús Samper, y otros cargos públicos de la Administración local.

El pasado día 11 de junio, el Juzgado de Instrucción que desde 2008 investiga el caso, acordó transformar las diligencias abiertas en una pieza separada en procedimiento abreviado, lo que puede suponer que Cámara y Samper acaben sentándose en el banquillo.

Tras dejar el cargo de secretario general del PP de la Región de Murcia y concluir su periodo como alcalde de la capital autonómica, Miguel Ángel Cámara ha pedido el reingreso como profesor de Química en la UMU.

De este modo, Cámara da una nueva vuelta de tuerca a la situación política regional y a la suya propia, como alcalde en funciones de la capital autonómica y como secretario general del partido en la Región de Murcia, al plantear una 'dimisión por fases' que tiene el mismo motivo como punto de partida y como punto de llegada: que los candidatos del PP logren “los apoyos suficientes” para gobernar en los municipios murcianos donde los necesiten.

En una breve carta remitida al presidente de su partido en la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que recoge el diario La Opinión, Miguel Ángel Cámara explica que formalizará “a todos los efectos” su renuncia a la Secretaría General del Partido Popular murciano “desde el momento en que se produzca la elección o proclamación como alcaldes o alcaldesas de los candidatos del PP en aquellos municipios donde fuese necesario”.

Esta misma semana, y a preguntas de los periodistas, Cámara afirmó que no sería un obstáculo para que su compañero Pedro Antonio Sánchez fuera investido presidente de la Región de Murcia con el apoyo de Ciudadanos, partido que a su vez ya le había pedido al PP que apartara a los imputados de sus cargos institucionales u orgánicos.

Miguel Ángel Cámara, que ha sido alcalde de Murcia durante veinte años y es secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, se encuentra imputado en el caso Umbra, que investiga posibles irregularidades en los convenios urbanísticos del norte de la ciudad.

Ciudadanos deberá valorar ahora el último movimiento de Cámara, que se une al hecho de que la dimisión del delegado del Gobierno en Murcia, imputado en el caso Novo Carthago, no se ha hecho aún efectiva, y a que la alcaldesa de Fuente Álam, imputada en el caso Pagamenta, se ha dado de baja en el PP pero no ha renunciado a su acta de concejal. El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, firmó en la mañana del viernes el documento por la regeneración que le planteó C's como condición previa a cualquier tipo de negociación, y que implicaba la destitución de todos los imputados de sus cargos institucionales o de partido.

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha acordado que se continúe la tramitación de la pieza separada Convenio Nueva Condomina por el procedimiento abreviado contra el alcalde de Murcia en funciones y secretario general del PP murciano, Miguel Ángel Cámara, y contra el empresario madrileño y propietario del Real Murcia, Jesús Samper, por los posibles delitos de uso de información privilegiada y prevaricación, además de contra Pedro Lorenzo Morillas Sánchez y Joaquín Peñalver Motas por el delito de prevaricación.

Con el auto notificado este jueves, el juez ha abierto la fase intermedia, previa a la eventual fase de juicio oral, y ha concretado los indicios de comisión de delitos, que de acuerdo a las diligencias practicadas y siempre presuntamente, entiende que existen contra cada uno de los imputados. Igualmente, en la parte dispositiva de la resolución se ha rechazado la cuestión de prescripción alegada por la defensa de Miguel Ángel Cámara. 

De la citada resolución se ha dado traslado al Ministerio Fiscal y demás acusaciones personadas, para que, en su caso, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. El auto concluye añadiendo que la resolución no es firme y que cabe recurso de reforma ante el juzgado que la dictó, o recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. En el caso Umbra se investigan posibles irregularidades en los convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad.

Miguel Ángel Cámara, secretario general del PP de la Región de Murcia y alcalde en funciones del Ayuntamiento de la capital autonómica, ha declarado en una entrevista en el matinal de la Cadena Cope que “hará todo lo que tenga que hacer”, y que no será “ningún obstáculo” para la llegada de Pedro Antonio Sánchez a la Presidencia del Gobierno Regional. A preguntas del periodista Antonio Díaz Montoro, Cámara ha añadido más tarde: “Si depende de mí, desde luego, el PP gobernará en la Región de Murcia y en la mayoría de los ayuntamientos, que es lo que quiere la mayoría de los murcianos que nos han dado su confianza”.

La dimisión como secretario general del PP murciano es uno de los requisitos que Ciudadanos ha puesto para comenzar a dialogar sobre un posible acuerdo de investidura a Pedro Antonio Sánchez en la Asamblea Regional. Los populares necesitan del apoyo de C's en una primera votación, o de su abstención en la segunda para revalidarse como partido de gobierno.

Sobre la difícil relación entre PP y Ciudadanos en el ámbito regional, y sobre las exigencias del partido de Miguel Sánchez, Miguel Ángel Cámara ha asegurado: “No creo que esto sea un chantaje, es una negociación”, pero también ha señalado que todas estas peticiones nacen del PSOE, que de lo único que habla es “de todos contra el Partido Popular, y de desalojar al PP”; ninguna formación, a excepción de su partido, ha dicho, está hablando de lo que “realmente es importante para la Región, como es la defensa de las oportunidades de empleo, del agua y las infraestructuras”.

Miguel Ángel Cámara preside este miércoles su último pleno como alcalde del Ayuntamiento de Murcia, un cargo al que accedió al ganar por mayoría absoluta en 1995 y en el que ha permanecido durante veinte años. Desde 2012 se encuentra imputado en el caso Umbra, que investiga los convenios urbanísticos del norte de la ciudad.

En un tono totalmente 'mitinero', el ex rector de la UMU y candidato a la alcaldía de Murcia, Pepe Ballesta, se ha dirigido a los poco más de 800 militantes y simpatizantes del PP que no han llenado el pequeño Pabellón Cagigal

Tras abrir el acto Ramon Luis Valcárcel haciendo alusión a su familia, al bautizo de su segundo nieto y a “la modesta contribución” que, según ha dicho el expresidente, hizo al desarrollo de Murcia, el candidato a la alcaldía de la capital regional ha subido la temperatura acto de campaña de los populares al que también ha acudido el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Ballesta ha dado las gracias a Rajoy “por lo que ha hecho por España”, y respecto a Valcárcel, se ha referido a su entrega: “Ramon Luis, no es que te hayas dejado la piel por Murcia, es que te has dejado el alma”. “Cientos de miles de murcianos te quieren porque has sido el mejor presidente de la historia de la Region de Murcia”, ha manifestado Ballesta, para inmediatamente hablar de Miguel Ángel Cámara: “Me lo has puesto muy difícil Miguel Ángel, me has marcado la senda que he de seguir y espero tenerte a mi lado”.

El candidato a la alcaldía de Murcia ha mostrado su pasión por Murcia y ha llamado al “arremangamiento”, palabra inexistente en el diccionario de la Real Academia. “No es el momento de bajar los brazos ante progresistas de salón”, ha señalado Ballesta, para acabar añadiendo: “No vamos a aguantar lecciones de nadie, vamos a seguir trabajado por esta tierra con honradez y honestidad”.

La defensa de Miguel Ángel Cámara ha presentado con fecha 3 de marzo de 2015, un recurso de apelación en el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, contra la formación de una pieza separada del caso Umbra concerniente sólo al convenio de Nueva Condomina, mediante una resolución dictada por el juez Castillejos en el auto de fecha 25 de febrero de 2015.

El recuso se ha presentado, según el escrito, por entender que “todavía se está a la espera de lo que diga la Audiencia Provincial sobre la solicitud de nulidad” efectuada por el alcalde de Murcia “sobre algunas de las actuaciones de la causa, y el alcance que pudiera tener sobre las pruebas efectuadas mientras se dictó periodo de secreto sumarial”.

José María Caballero Salinas, abogado del alcalde de Murcia. argumenta la indefensión de éste de seguir adelante el juez en su intención, por considerar que “hasta que no se resuelva lo anterior, nada determinante puede suceder en este proceso judicial”, que recordemos, investiga la supuesta corrupción urbanística en la zona norte del municipio de Murcia.

Además de alegar lo anteriormente dicho, también se solicita en el recurso del alcalde que “se transcriban las declaraciones efectuadas por los imputados para conocer el contenido de lo actuado”, y se recuerda al instructor “la solicitud hecha con anterioridad de prescripción, en todo lo relativo al convenio Nueva Condomina”

Señala el abogado de Cámara que “al margen de la existencia de delito alguno en la tramitación del convenio Nueva Condomina, todas las fases del mencionado convenio se realizaron en los años 1999, 2000 y 2001, no habiéndose dirigido el procedimiento contra él hasta el año 2012”, fecha en la que según se afirma en el recurso, “habría transcurrido en exceso el plazo previsto, y por tanto, en el caso de que se hubiese cometido algún tipo de infracción penal, ésta habría prescrito”.

El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha acordado crear una pieza separada dentro del caso Umbra en el que se investigan, entre otros, los presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, que pudieran derivarse de la tramitación de los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio de Murcia.

En concreto se trata de la Pieza Separada Convenio 12/2001 Nueva Condomina, con hechos referentes al período 1999-2003, que según se recoge en la resolución, “parece no precisar la espera de otras diligencias que se han señalado para marzo de 2015 y que no son de su materia”.

“Se trata de hechos cuya investigación está prácticamente finalizada respecto de los que, por tanto, no resultan predicables las ventajas que sobre la instrucción conjunta se ha expuesto anterioridad, cuyo enjuiciamiento independiente se vería claramente facilitado y agilizado sin generar riesgo de ruptura de continencia de la causa”, motiva el instructor.

Esta pieza se dirige contra Jesús Samper Vidal, Pedro Morillas Sánchez, Joaquín Peñalver Motas y Miguel Ángel Cámara Botía. El resto de imputados en el proceso principal, según la parte dispositiva del auto, “no son parte en esta pieza por carecer de legitimación, debiendo abstenerse de presentar escritos”. El auto concluye recordando que se trata de una resolución recurrible en reforma ante el juzgado que la dicta, y en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.

Como viene siendo habitual, y mientras no se dé a conocer el nombre de los candidatos a las alcaldías de Murcia y Cartagena, y a la Presidencia de la Región, tanto Cámara, como Garre y el resto de dirigentes regionales del PP tendrán que enfrentarse a las preguntas reiteradas: ¿Quiere optar usted a la reelección?

A ello hay que sumar la 'rumorología' que, interesada o no, se desliza en los corrillos día sí, día también. Este miércoles, Miguel Ángel Cámara ha desmentido que se haya despedido de nadie en su reciente visita a Madrid, y lo ha hecho momentos antes de asistir a la inauguración de las XIV Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado de la UCAM.

“Es verdad que últimamente cerramos temas en Madrid, de financiación y relacionados con las corporaciones locales, pero es por eso por lo que me desplazo mucho a la capital de España, aunque sigo en Murcia y seguiré, y no es mi intención de despedirme en estos momentos de nadie”, ha zanjado.

Sobre si le gustaría repetir en el cargo, ha manifestado que espera seguir y que la salud le acompañe. “Estoy haciendo lo que estoy haciendo y ya veremos”, ha dicho. Igualmente, ha dejado claro que en el Pleno de este jueves no tiene intención alguna de anunciar nada en este sentido.

Cámara, que también es secretario general del PP de la Región de Murcia, ha vuelto a recordar que los candidatos de las capitales de provincia y de la comunidad es una decisión que corresponde al Comité Electoral Nacional, y que él mientras se dedica “a resolver problemas y proponer iniciativas para que Murcia continúe avanzando”.

El alcalde también ha mostrado su satisfacción por el archivo de la causa de la guardería de La Paz, recordando que fue una denuncia “por parte de IU, una denuncia política”, ya que, ha explicado, las decisiones que se habían tomado fueron “de acuerdo a lo manifestado en la legislación vigente”.

Finalmente, sobre la citación de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, como imputada por el caso 'Novo Carthago' de presunta corrupción urbanística, ha sostenido que ha hablado con ella y que espera que esto “contribuya a acelerar a que su situación se clarifique”, porque la actuación del Consistorio “creo que es totalmente correcta”.

La concejala socialista Mar Rosa ha reiterado que Cámara debe dimitir cuanto antes tras conocerse que el fiscal ha pedido su imputación dentro de las diligencias para esclarecer el derribo de la antigua escuela infantil de La Paz. “Una segunda imputación sería totalmente insostenible para el Ayuntamiento, ya que, a su responsabilidad en el caso Umbra, ahora la Fiscalía le señala en un caso del que el Gobierno municipal se estaba lavando las manos”. Esta mañana, el concejal de Izquierda Unida-Verdes, Nacho Tornel, ha incidido en que la imputación del alcalde de la ciudad es “la única conclusión posible” para el caso.

En la misma línea que PSOE e IU-V se ha expresado Rubén Juan Serna, candidato a alcalde de Murcia por UPyD: “Volvemos a reclamar al alcalde Cámara que deje el cargo de forma voluntaria y se defienda fuera de la institución para no mancharla más”. Serna ha añadido que incluso existe la posibilidad de presentar una moción de censura contra Cámara, “si hubiese concejales responsables dentro de las filas del Partido Popular”, para sumar votos y de ese modo “retirarle el bastón de mando”.

Por su parte, Miguel Ángel Cámara ha defendido el derribo de la guardería del humilde barrio murciano de La Paz amparándose en la existencia de informes y recomendaciones de los técnicos, y ha vuelto a cargar contra la Fiscalía de Murcia, como ya hicieran días atrás varios miembros de su partido. Tales expresiones han llevado a los fiscales murcianos a reclamar respeto a su labor y a rechazar injerencias políticas.

De ese modo, siguen produciéndose reacciones a la petición de imputación para el alcalde de Murcia que ha hecho el fiscal, en relación al derribo de la guardería pública del barrio murciano de La Paz. La causa, que se reabrió hace un año en el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia a petición del propio fiscal y de la Audiencia Provincial, trata de averiguar si hubo delito en el proceso seguido para la demolición de la escuela infantil, sobre cuyo solar se iba a iniciar un proyecto inmobiliario. Tal y como contó eldiario.es Región de Murcia en un reportaje, el proyecto está hoy estancado por falta de financiación.

“Ya era hora”

La concejala socialista Mar Rosa ha expresado de manera tajante que “ya era hora de que se esclarezca la responsabilidad del derribo de la guardería”, porque a su juicio, “a tenor de los hechos y de las declaraciones de los responsables del PP que han pasado ante el juez, da la impresión de que la escuela infantil se había suicidado ella solita”.

Entre los imputados en la causa se encuentran Fernando Berberena, exconcejal de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, que declaró ante la juez hace un mes y al que el fiscal acusa de prevaricación administrativa; Francisco Porto, que por entonces era presidente del Patronato de Escuelas Infantiles; Pilar Megía, que era la responsable del área de Educación y Personal del ayuntamiento de Murcia, y José Antonio Peñaranda, jefe de las Escuelas Infantiles, que emitió un informe en el que se señalaba que el inmueble ya vacío corría el peligro de ser ocupado ilegalmente.

Mar Rosa ha explicado que “el PP intenta esconder su culpa con maniobras judiciales”, pero que “lo que no pueden esconder es que en 2007, cuando se produjo el derribo, gobernaban en La Glorieta y sólo ellos pueden ordenar su demolición”.

La edil del PSOE ha querido recordar también que la antigua guardería pública de La Paz fue premiada dos veces a nivel nacional, y que fue construida gracias a la participación ciudadana durante los gobiernos socialistas: “Mientras los socialistas construimos, el PP y Cámara destruyen”, ha sentenciado Rosa.

Además, Mar Rosa ha insistido en que “el tiempo está desmontando el proyecto faraónico de Cámara y López Rejas para La Paz, mientras el barrio está cada vez más degradado y la calidad de vida de los vecinos ha empeorado”.

Un proyecto polémico para un barrio deprimido

El proyecto inmobiliario, promovido por el empresario López Rejas, pretendía duplicar el número de viviendas del barrio de La Paz hasta 3.000 –en un primer momento planteó hacer 4.000-, 'regalar' a los vecinos una casa nueva el doble de grande, y vender la otra mitad de los pisos nuevos. Todas las viviendas, las pertenecientes a los 1.500 antiguos propietarios y las 1.500 de los nuevos compradores, se repartirían en 62 edificios de entre 5 y 30 plantas.

Los vecinos, cansados de la degradación física del barrio y del abandono de las instituciones -se trata de una de las áreas más humildes de la capital regional, a pesar de su céntrica ubicación-, acogieron con entusiasmo el proyecto. Aunque algunas organismos como el Colegio de Ingenieros de Caminos mostraron sus dudas, el ayuntamiento aprobó el Avance de la Modificación nº 93 del Plan General en el Ámbito de Suelo Urbano del Barrio de La Paz, y más tarde se autorizó el derribo de la guardería pública del barrio para que sobre su solar dieran comienzo las obras. Desde 2007, los niños y niñas están desplazados a unos barracones provisionales a las afueras del barrio.

La petición de imputación para el alcalde de Murcia por parte del fiscal, en el caso del derribo de la guardería pública de La Paz, ha sido analizada en pocas palabras por parte de Miguel Ángel Cámara

Izquierda Unida-Verdes considera que la imputación de Cámara es "la única conclusión posible"

En declaraciones recogidas por el diario la Verdad, Miguel Ángel Cámara ha recurrido a la misma lectura que hace pocas fechas hizo el consejero de Edudación y Cultura, Pedro Antonio Sánchez, al conocer la querella presentada contra él por la Fiscalía de Murcia: que no cree en las causalidades. Y todo ello, tan solo un día después de que los fiscales murcianos se reunieran y mostraran su rechazo a las ingerencias políticas en su labor, defendieran su independencia y reclamaran respeto.

Así, si Cámara ha defendido hoy, en relación al caso del derribo de la guardería pública de La Paz para llevar a cabo un proyecto inmobiliario, que “todos los acuerdos que se tomaron por parte del ayuntamiento están conformados en un expediente, con los informes de expertos de los diferentes servicios”, el concejal de IU-Verdes de Murcia, Nacho Tornel, ha explicado que “hay hechos” en este proceso que son “incontestables”, como “la inexistencia de informes que argumenten el traslado y derribo del centro educativo y la celeridad con la que se produjeron los hechos”.

“De hecho, es imposible que ningún funcionario público en su sano juicio pudiera rubricar un informe en ese sentido, avalando una ilegalidad manifiesta”, ha añadido el concejal de Izquierda Unida, para quien la petición del fiscal de imputar en este caso al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, “es la única conclusión posible tras el desaguisado monumental que se urdió para llevar a cabo esta actuación absolutamente irregular”.

La equis en la orden de derribo

“No existe una orden escrita asumida por nadie, ni nadie de los llamados a declarar recuerda de dónde partió la orden de derribo del edificio, ni quién la rubricó, salvo uno de ellos, que señala que la orden vino directamente de la Alcaldía”, ha argumentado Nacho Tornel, para después lanzar varias preguntas al aire: “¿Quién podría, con una orden o autorización meramente verbal, dar paso a la destrucción de un bien patrimonial del Ayuntamiento, eludiendo todos los procedimientos legales y formales? ¿Cómo es posible que el alcalde de Murcia no haya tomado él mismo la iniciativa de investigar los hechos denunciados, de los que es responsable en última instancia? ¿Admite el alcalde que se derribe una escuela municipal sin que nadie haya dado la orden y tramitado el expediente necesario? ¿No es él el primer interesado en aclarar esa barbaridad?”.

“Desde el primer momento, Izquierda Unida-Verdes denunció la completa arbitrariedad de los criterios y del procedimiento seguidos en esta actuación, ajenos al sentido de la política como servicio a los trabajadores de esta ciudad”, ha explicado Tornel. A su juicio, “privar a los vecinos de La Paz de un centro de interés levantado por ellos mismos en su barrio y dificultar aún más a las familias trabajadoras su derecho a la protección y a la educación de sus hijos, es el gran mérito del PP y de Miguel Ángel Cámara, y todo bajo las directrices de negocio privado de un empresario cuyo único interés era vaciar el barrio y convertirlo en su mina de oro particular”.

Para acabar, Izquierda Unida-Verdes ha expresado su respeto por el proceso judicial y por las garantías de todos los implicados.