Umbra: la sombra de la sospecha sobre el alcalde

Umbra significa ‘sombra’ en italiano, nombre al que responde la operación por el caso de presunta corrupción urbanística más importante del municipio de Murcia y en el que están imputadas una treintena de personas. Entre ellas, el alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, el exconcejal de urbanismo Fernando Berberena, el exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, la práctica totalidad de los técnicos responsables de la Gerencia de Urbanismo, empresarios como Jesús Samper –presidente del Real Murcia-, figuras de reconocido prestigio social como el exconsejero de Cultura del Gobierno regional y ahora presidente del Real Casino de Murcia, Juan Antonio Megías, abogados urbanistas y un ingeniero italiano, Renato de Nocce, presente en muchas de las operaciones realizadas en la última década en materia urbanística en el término municipal de Murcia, y cuyo país de origen inspiraría el nombre que se dio a esta causa judicial.

El 5 de octubre de 2010 dio comienzo la Operación Umbra con los registros efectuados por la UCO de la Guardia Civil en las dependencias municipales de la Gerencia de Urbanismo de la capital regional, y en diversos despachos profesionales y viviendas de Murcia y Madrid.

Dirigida por el juez David Castillejos, magistrado instructor del juzgado nº 8 de Murcia, a instancias de la Fiscalía del TSJ, el caso Umbra investiga seis convenios urbanísticos suscritos sobre 9.959.946 metros cuadrados para la construcción de 120.000 viviendas en la zona norte de la ciudad, por los que las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar unos 500 millones de euros, con la consiguiente y presunta malversación de caudales públicos.

La clave sería la valoración a la baja de los terrenos por parte de la Concejalía de Urbanismo, que situó el precio en 120 euros por metro cuadrado, lo que quedaba muy por debajo los 600 euros por metro cuadrado que fijaba el mercado. De ese modo, el 10% del aprovechamiento urbanístico pagado por los promotores de los convenios habría sido muy inferior a lo que correspondería.

El primer convenio, conocido como Nueva Condomina (17-7-2001) fue promovido por Sport Management and Project y el Real Murcia SAD. Lo firmó Jesús Samper, dueño del Real Murcia desde 1999, para construir 4.000 viviendas y un centro comercial a cambio de levantar un nuevo estadio de futbol para la ciudad. La presunta malversación se estima entre 106,5 y 92,7 millones de euros.

El segundo convenio (7-10-2005) fue impulsado por empresarios locales propietarios de suelo –AgrumExport, Ageco, Euroland e Inveralrahu- en una zona aledaña a Nueva Condomina, y acordó la rehabilitación del Real Casino de Murcia –monumento declarado BIC, situado en el centro de la capital y objeto de miles de visitas turísticas- además de la construcción de 18 polideportivos, a cambio de la posibilidad de construir 2.000 viviendas. Las obras del Casino se valoraron en 10 millones de euros, mientras que con los 6 millones que se recibieran en metálico se construirían las instalaciones deportivas. En este caso se pudo producir una malversación de unos 282,7 millones de euros.

El tercero de los convenios (3-7-2006) acordó la rehabilitación del Teatro Circo de Murcia, segundo teatro de la ciudad, que estaba en estado prácticamente de ruina. Fue promovido por Urbamur 2003 SL, Visionaria SL y Obralia del Sureste SL. La presunta malversación se estima en 49,5 millones de euros.

A estos tres hay que añadir tres convenios más: uno firmado con el empresario Manuel Nicolás García (27-6-2006), promovido por Nicolás y Bienert SL y con una malversación estimada en 35,5 millones de euros; otro con varias empresas (7-7-2006) promovido por Lo Navarro de Murcia SA, Profusa, Mirallevant SL y Actividades e Inversiones Futuras 3000, con una presunta malversación que se estima en 61,7 millones de euros; y el último (10-7-2006) acordado con las empresas Urbamur, Castillo de Larache SL, Fadesa Inmobiliaria SL, Desarrollos Urbanos SL, Mediterráneo Hispagroup SA, Tricinter Albamur SL y Andrés Muñoz Cánovas, que pudo dar lugar a una malversación estimada en 138,2 millones de euros.

Un largo proceso de instrucción

Pasado el tiempo, y durante la instrucción, se ha sabido que existe un protocolo privado anterior a la firma del convenio Nueva Condomina entre Jesús Samper y el alcalde de Murcia, que aseguraba la viabilidad del proyecto al empresario madrileño antes de su tramitación; que, coincidiendo con la aprobación del convenio del Teatro Circo, el exconcejal de Urbanismo habría recibido diversos regalos, entre ellos relojes de alta gama y obras de arte por importe superior a 85.000 euros, y que además existen fotografías del mismo en el yate del promotor Ramón Salvador acompañado del ingeniero italiano Renato de Nocce, jugando al dominó y de travesía; y que este ingeniero, además de cobrar dos millones de euros por las obras de rehabilitación del Casino, habría emitido facturas falsas a una empresa sin haber realizado ésta trabajo alguno conocido ni tener trabajadores.

El 28 de diciembre, una vez levantado el secreto que pesaba sobre la investigación del patrimonio del alcalde de Murcia, se ha conocido que Miguel Ángel Cámara y su familia han pasado de tener 57.435 euros en el banco en el año 2002 a disponer de 554.698 euros a finales de 2011, incremento que también pudo deberse al ingreso en sus cuentas del dinero resultante de la venta de unos terrenos del suegro de Cámara a las empresas Titobio y Programa 2010, vinculadas respectivamente a dos implicados en el caso: Joaquín Peñalver –exjefe de Planeamiento urbanístico-, y el promotor Ramón Salvador. Por otra parte, y además de estos importantes depósitos bancarios, el alcalde de Murcia posee cuatro viviendas y cuatro plazas de garaje, y estuvo dos años sin sacar dinero ni por ventanilla ni por cajeros automáticos, según el auto del juez instructor.

En los últimos días se ha levantado también el secreto del sumario sobre un registro llevado a cabo en la sede de Construcciones Villegas, empresa que llevó adelante las obras de restauración del Casino de Murcia, a la búsqueda de pruebas que demuestren el pago de comisiones de por lo menos 200.000 euros a políticos locales.

Las diligencias continúan abiertas a la espera de las conclusiones del fiscal Juan Pablo Lozano y del juez Castillejos, que tiene que determinar la naturaleza de los delitos cometidos –si es que se ha cometido alguno por parte de los imputados-, y fijar la fecha de un juicio que va a poner sobre la mesa toda la gestión del urbanismo en Murcia por parte del Partido Popular, una gestión que tiene sobre sí la sombra de la sospecha y que ha sido dirigida desde el Ayuntamiento bajo el control de su secretario general, Miguel Ángel Cámara, durante 20 años de mayoría absoluta.