La contabilidad del grupo parlamentario del PP en las Corts Valencianes sufrió en el año 2023 un desfase de 317.000 euros. Así lo refleja el informe de la Intervención de la cámara del que se dio cuenta recientemente en la mesa que la gestiona, según refleja el acta a la que tenido acceso elDiario.es (documento al final de la información).

Los grupos parlamentarios reciben una subvención por parte de Les Corts en concepto de gastos de funcionamiento que pueden emplear tanto para contratar personal eventual –asesores– como para comprar material que necesiten durante la legislatura.

Existen tres tipos de ayudas, dos variables y otra fija. La fija la perciben todos los partidos y es de 10.500 euros al mes. Mientras que las variables cambian en función de la representación: 1.400 euros por el número de diputados que tenga el grupo y 1.100 euros por cada parlamentario también para contratar personal. Con estas cifras, el PP, con 40 diputados percibe 110.500 euros cada mes en la presente legislatura; con 31 diputados el PSPV cobra mensualmente de la Cámara alrededor de 88.000 euros; Compromís, con 15 escaños, recibe 48.000 euros; y Vox, con 13 representantes, cobra 43.000 euros al mes.

Según el informe de la Intervención, “efectuado el examen de las cuentas justificativas correspondientes al ejercicio 2023, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el control financiero de las mismas realizado por la Intervención de Les Corts, se desprendía provisionalmente una obligación de reintegro a favor de Les Corts por importe de 317.564,43 euros; el día 10 de marzo de 2025, el Grupo Parlamentario Popular ingresó en la tesorería de Les Corts 234.000 euros”.

El día 25 de marzo de 2025 tuvo entrada en el registro un escrito suscrito por el Síndic del Grupo Parlamentario Popular en el que exponía que solicitaba: “Que se permita realizar una dotación más acorde a la realidad legal en lo que al fondo de indemnizaciones de personal respecta. La validación del contrato suscrito entre el PPCV y un tercero que desde el Grupo Parlamentario se pone a disposición de la Intervención y los Servicios Jurídicos competentes, tras la comprobación de que se corresponde con lo establecido en el convenio entre el partido político y el grupo parlamentario. Respecto a la partida de gastos excepcionales recogida en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2023 entregado, se admita la aclaración de que ésta se destina a hacer frente a las obligaciones fiscales del Grupo Parlamentario Popular XI Legislatura, respecto al personal subrogado”.

Con todo, según el documento, “examinados los referidos informes por la Mesa de Les Corts, cabe concluir que, de acuerdo con las normas precedentes, deducida la cantidad ingresada en la tesorería de la que inicialmente establecía el informe de la Intervención que debía reintegrar a Les Corts, queda pendiente de reintegro a la cámara la cantidad de 83.564,43 euros”, por lo que se acuerda “iniciar expediente de reintegro por el grupo Parlamentario Popular a la Tesorería de Les Corts”.

Al respecto, fuentes de los populares han informado de que el informe no es definitivo y se han presentado alegaciones dentro del plazo de 15 días estipulados. Según han explicado, el motivo del desfase es que las Corts obliga a hacer una dotación de fondo de despidos de personal y el grupo popular hizo de golpe toda la de la legislatura en vez de hacerlo de manera anual: “Nosotros la dotamos conforme a lo que dice la ley sobre los despidos. Entendemos que lo que dicen las Corts es insuficiente”.

Después de una manifestación masiva este fin de semana que ha exigido la dimisión del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, comenzamos una nueva semana en la que los equipos de rescate siguen intentando localizar a los desaparecidos tras las riadas de la DANA, que oficialmente ha dejado ya 222 muertos.

Este lunes, el Gobierno ha anunciado un nuevo paquete de medidas de 3.765 millones de euros por la DANA, con permisos retribuidos y restricciones al despido. En total, las ayudas aprobadas por el Ejecutivo ya alcanzan los “14.373 millones” de euros, según ha destacado el presidente en rueda de prensa.

Además, hoy publicamos esta exclusiva: la subcontrata que gestiona el 112 fue avisada a las 18:10 de que se mandaría la alerta, aunque finalmente esta no se envió hasta las 20:11. Las dudas de la consellera y la ausiencia de Mazón la retrasaron dos horas.

La Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest dimarts que assumirà l'organització del Premi Guillem Agulló que lliuraven les Corts Valencianes i que ha estat recentment suprimit per PP i Vox. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que es faran càrrec del guardó fins que el parlament valencià decidisca recuperar-lo.

La decisió, ha assegurat Plaja, es fa d'acord amb la família de Guillem Agulló i amb els impulsors del premi. Des del seu assassinat el 1993 a les mans d'un neonazi, aquest jove de Burjassot s'ha convertit en un símbol de l'antifeixisme. “Som conscients que és més que un guardó, per la qual cosa representa la seua figura per a la lluita antifeixista”, ha manifestat la portaveu del Govern català.

El premi es va començar a lliurar des de les Corts Valencianes el 2016 per iniciativa del llavors president de la institució, Enric Morera, i va rebre el suport de tota la Cambra, inclòs el PP. El premi ha anat destinat des d'aleshores a persones i col·lectius que destaquen pel seu activisme contra els delictes d'odi.

“Vuit anys després que el ple de les Corts Valencianes llegira la declaració institucional per recuperar la seua memòria, ara una majoria parlamentària a qui molesten les reivindicacions antifeixistes ha decidit eliminar un premi que és un símbol contra el racisme, la xenofòbia i els delictes d'odi”, ha lamentat Plaja. Amb la mateixa finalitat, però celebrat a Catalunya, el premi comptarà amb un jurat que inclourà la família d'Agulló, el mateix expresident de les Corts Enric Morera, o l'exdiputat de la CUP David Fernández.

L'oposició a les Corts Valencianes, formada per PSPV i Compromís, s'ha mostrat indignada per la supressió del premi. La decisió, a proposta de Vox, ha coincidit a més amb l'agressió a un casal antifeixista a Castelló que ha deixat un home de 32 anys a la UCI.

La Generalitat de Catalunya ha anunciado este martes que asumirá la organización del Premio Guillem Agulló que entregaba las Cortes Valencianas y que ha sido recientemente suprimido por PP y Vox. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que se harán cargo del galardón hasta que el parlamento valenciano decida recuperarlo. 

La decisión, ha asegurado Plaja, se hace de acuerdo con la familia de Guillem Agulló y con los impulsores del premio. Desde su asesinato en 1993 a manos de un neonazi, este joven de Burjassot se ha convertido en un símbolo del antifascismo. “Somos conscientes que es algo más que un galardón, por lo que representa su figura para la lucha antifascista”, ha manifestado la portavoz del Govern. 

El premio se empezó a entregar desde las Cortes Valencianas en 2016 por iniciativa del entonces presidente de la institución, Enric Morera, y recibió el apoyo de toda la Cámara, incluido el PP. El premio ha ido destinado desde entonces  a personas y colectivos que destacan por su activismo contra delitos de odio. 

“Ocho años después de que el pleno de las Cortes Valencianas leyera la declaración institucional para recuperar su memoria, ahora una mayoría parlamentaria a la que molestan las reivindicaciones antifascistas ha decidido eliminar un premio que es un símbolo contra el racismo, la xenofóbia y los delitos de odio”, ha lamentado Plaja. Con la misma finalidad, pero celebrado en Catalunya, el premio contará con un jurado que incluirá la familia de Agulló, el propio expresident de las Cortes Enric Morera, o el exdiputado de la CUP David Fernández.

La oposición en las Corts Valencianes, formada por PSPV y Compromís, se ha mostrado por su parte indignada por la supresión del premio. La decisión, a propuesta de Vox, ha coincidido además con la agresión a un casal antifascista en Castellón que ha dejado a un hombre de 32 años en la UCI.

Juan Bordera es actualmente diputado en Las Cortes valencianas por Compromís. Sacó el escaño en las últimas elecciones autonómicas de mayo. Pero, antes de la votación, llevaba “al menos 15 años” siendo activista por el clima. Este martes se supo que la Fiscalía le pide una pena de cárcel de 21 meses junto a otros 14 manifestantes de Rebelión por el Clima. Ellos habían lanzado agua coloreada a la fachada del Congreso de los Diputados en abril de 2022 para pedir a los gobernantes que se tomen en serio la crisis climática y dejen de esconder la cabeza debajo de la tierra. La Fiscalía considera que es un delito de daños a los bienes históricos.

Bordera cuenta a la salida de un pleno de la Asamblea autonómica que no se arrepiente de la acción. “¿Arrepentirme? Es un honor”, contesta rápido a la espera de que el juez decida si los sienta finalmente en el banquillo. Para él se está jugando “la supervivencia de la raza humana”.

21 meses de cárcel no son ninguna broma. ¿Qué sensación se le queda a uno en el cuerpo al ver el escrito de la Fiscalía?

Pues que la justicia ya no es que sea ciega... la situación no puede ser más grave: el cambio climático se está acelerando, pero de una manera que yo creo que está dejando sorprendida hasta a una muy buena parte de la comunidad científica. Porque hay que resaltar que aquel día no éramos cuatro activistas. Ahí estaba Fernando Valladares, estaba Jorge Riechmann... Hay autoras del IPCC como Jules Steinberger o científicos de la NASA como Peter Kalmus que también están siendo parte de estas acciones con Rebelión Científica. Es el colmo intentar encarcelar por una supuesta acción de daños que no es tal.

Ustedes aseguran que los desperfectos al edificio no fueron tales...

La limpieza tardó 15 minutos en hacerse. Hubo un testimonio del primer perito en la vista oral que dijo que no había producido ningún daño. Esto lo queremos remarcar mucho. No solo no hicimos ningún daño, sino que estábamos allí para proteger hasta el propio edificio porque, al final, las consecuencias del cambio climático no van a dejar indemnes ni a la democracia, ni a nada ni a nadie. Y ya estamos cerca de un punto de no retorno. Oye, si a las pocas personas que nos atrevemos a hacer algo más que escribir algún artículo científico –que no hay que dejar de hacerlo, pero que está claro que con eso no basta–, nos llevan a prisión...

No solo no hicimos ningún daño, sino que estábamos allí para proteger hasta el propio edificio porque, al final, las consecuencias del cambio climático no van a dejar indemnes ni a la democracia, ni a nada ni a nadie

¿Se puede trazar un paralelismo entre su situación y la de otras protestas que hemos visto, como la batería de jornadas delante de la sede del PSOE por el acuerdo de investidura?

Hay que tener mucho cuidado con esa comparación, pero es verdad que ha sido muy diferente el trato de la Policía y del Estado en general. ¡Y de los medios de comunicación! El problema ahí es que, al final, se crea una cortina de humo con el supuesto problema de la amnistía, el golpe de Estado...para tapar el verdadero problema que es que el sistema actual no funciona para poner a salvo la vida, que es lo que reconocen los científicos del más alto nivel que está ocurriendo.

¿Qué le han dicho en su grupo parlamentario?

Apoyo total. Este miércoles un diputado del PP ha sacado a pasear un panfleto con la noticia y lo ha magnificado. Todos los compañeros de Compromís se han levantado y se han puesto a aplaudir. Los diputados del PSOE también han venido a felicitarme. Y esta es una batalla que tenemos que dar.

¿A cuál se refiere?

Normalizar que, ante una situación que se está dejando pudrir, hay que hacer algo que llame la atención. Y que eso es un aliado. Igual que las sufragistas o los Panteras Negras hicieron sus cosas para que todos y especialmente todas ganaran derechos, a los activistas nos toca llamar un poco la atención aun a riesgo de pasar un mal trago como el que he pasado en el Parlamento o tener que ir a juicio que, evidentemente, no va a ser bonito.

¿Puede servirles para dar la vuelta a la situación y utilizar el proceso de altavoz?

Totalmente. De hecho, esa era la idea cuando nos juntamos allí [en el Congreso] con científicos del más alto nivel –que estamos hablando de personas que publican en las revistas más prestigiosas–. Cuando te presentas con esa gente no vas a hacer vandalismo, lo que estás buscando es hacer aikido al sistema para que se vea, como mínimo, obligado a cuestionarse lo que está haciendo al respecto de una emergencia. Nadie de los que estuvimos allí pensábamos que en 2023 íbamos a batir todos los récords. Nos estamos yendo ya por el desagüe.

A los activistas nos toca llamar un poco la atención aun a riesgo de pasar un mal trago como el que he pasado en el Parlamento o tener que ir a juicio que, evidentemente, no va a ser bonito

Un año de alarmas encadenadas...

En Catalunya están a punto de declarar la emergencia por sequía, aquí en la Comunitat Valenciana ha habido incendios criminales. Un reciente estudio de la Unión Europea que pienso citar en las Corts –porque este miércoles, a pesar de sacar la noticia contra mí no me han dado la palabra– dice que, por ejemplo, en el caso de la Comunitat Valenciana los daños por el cambio climático van a suponer mil millones de euros al año. Esto no va solo de salvar a las ballenas o solo de dinero: va de vidas de las personas. De trabajadores y trabajadoras que se van a ver cada vez más expuestas a fenómenos extremos.

¿Ve su proceso como un aviso: “Cuidado que podemos daros fuerte”?

Evidentemente. Ellos usan todas las armas que tienen a su disposición para criminalizar este tipo de protestas porque saben que son efectivas y nosotros tenemos que intentar usar todas las armas mediáticas que nos proporciona hacer este tipo de actos, aunque van en nuestra contra en lo personal porque nos ponen en problemas legales, problemas de gestión, de conflictos laborales para el futuro... pero tenemos que hacerlas porque suponen un un pulso –entre comillas–.

También se están dando algunas sentencias judiciales a favor de los que demandan más acción contra el cambio climático de sus gobiernos como en Portugal...

Cuando hacemos una acción luego hay que defenderla al máximo posible, pero también ir demandando, para conseguir el efecto contrario a lo que buscan en nuestro caso. Es decir, nos intentan criminalizar la protesta, nosotros vamos a seguir también peleando y planteando querellas criminales a las empresas y a los políticos responsables de no hacer nada.

¿Les supone un lastre en el día a día todo el proceso judicial que usted y sus compañeros están pasando?

Solo puedo hablar por mí y es un honor el estar en este tipo de situaciones porque creo que cuando, en el futuro, miremos estas acciones –de aquí a 10 o 15 años– y veamos lo que no se ha hecho, vamos a juzgarlas, como mínimo, como algo totalmente acertado. Se van a ver como '¡qué razón tenían! ¡Qué poco caso les hicimos! ¡Ojalá hubiéramos hecho más por haber ayudado a esta gente!“

Mucha gente nos comenta que qué valientes somos y querrían estar con nosotros, pero no todo el mundo tiene la situación para para hacer este tipo de cosas. Creo que cada vez hay más apoyos a este tipo de acciones

Y en el día a día, pues sí, supone las molestias de tener que hablar con abogados, reuniones, llamadas, gente que se preocupa, amigos o familia que de repente ven alguna noticia. Pero bueno, contra eso no puedes hacer nada más que gestionarlo lo mejor posible y saber que estaba implícito en el lío.

¿Se arrepiente alguna vez?

No, no.. Esto va a ser considerado como algo necesario e incluso que, a lo mejor, nos quedamos cortos. Mucha gente nos comenta que qué valientes somos y querrían estar con nosotros, pero no todo el mundo tiene la situación para para hacer este tipo de cosas. Creo que cada vez hay más apoyos a este tipo de acciones.

¿No ve un riesgo en perder apoyo social al subir el listón?

A veces caemos en la trampa de la espectacularización: la siguiente tiene que ser más que la anterior y, en ocasiones, no todas son defendibles al 100%, pero juntar a la comunidad científica ante un parlamento pacíficamente, echarle un líquido que es remolacha para que en 15 minutos venga un equipo de limpieza y lo quite fácil es simplemente mandar un mensaje.

¿Lo entenderá, si finalmente hay juicio, el tribunal?

No solo es respetable, sino totalmente defendible como algo necesario ante una inacción de hoy que está manchada con la sangre de la gente de mañana. Y más visto el nivel de acción en España que está en una situación particularmente jodida. Estamos hablando de un país que es frontera con el desierto, que tiene sequía, una parte grande de su territorio en riesgo de desertificación y que, además, al no estar en el centro del poder, va a ser sacrificada. Nosotros deberíamos ser mucho más activos que otros. En todo caso, acciones como la nuestra son bastante inevitables porque son la respuesta de una sociedad ante un riesgo de extinción, a un riesgo de, como mínimo, empobrecimiento literal de la vida.

Entonces ¿periplos como el suyo están promoviendo más activismo?

Sí, sí. Hay diferentes colectivos que han replicado estas acciones en todos los países en los que al menos tenemos una cierta libertad. El cambio climático va cogiendo inercia y se acelera. No solo creo que se van a aplaudir este tipo de acciones, sino que si la respuesta sigue siendo así de mala, las reacciones se irán incrementando en cuanto a potencial de gente que participa y del riesgo que asuman para ejecutarlas.

¿Ve un riesgo de regresión en la acción climática entre los jóvenes?

Si eso se está dando, tendrá mucho que ver con que haya una serie de panfletos –me refiero a ejemplos como OKdiario– que sirven de ciénaga para que luego las redes sociales tengan material que difundir. Esto está llegando a los jóvenes y se equipara ese tipo de discurso de similares engendros con el de, por ejemplo, Fernando Valladares. Y el problema está ahí. O sea, no nos equivoquemos: yo creo que ahí habría que ser muy claros: o se endurecen los castigos a quienes siembran de bulos que literalmente están llenando de mierda los cerebros de la gente joven acerca de problemas tan graves como el cambio climático o la violencia hacia la mujer o la supervivencia de la raza humana, o lo que tenemos es el bulofascismo que le llaman algunos. 

Compromís quiere un pacto con el PP y el PSPV para la renovación de organismos estatutarios en la Comunitat Valenciana. La formación valencianista aboga por seguir la estrategia del cordón sanitario y abordar las votaciones sin la ultraderecha, argumentando que no se cree las instituciones autonómicas.

El Parlamento valenciano pendiente abordar la renovación de los organismos estatutarios, que en algunos casos llevan más de un año en funciones. Son el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura, el Consell de Transparencia y la Sindicatura de Comptes, organismos consultivos y auditores del trabajo de la Administración pública valenciana. La renovación de los organismos requiere un pacto entre al menos tres grupos parlamentarios y los dos bloques ideológicos, dado que ninguno supera ni los dos tercios ni los tres quintos de la Cámara necesarios para aprobar a los nuevos componentes.

En la última semana el grupo parlamentario popular ha ido trasladando al resto de formaciones su interés en retomar las negociaciones, que quedaron paralizadas tras el plantón de este mismo grupo en las últimas reuniones. Socialistas y valencianistas les acusaron de bloquear las instituciones, a semejanza del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años en interinidad. Ahora, con la mayoría de la derecha en la Cámara, el PP quiere retomar la cuestión y la oposición denuncia que ahora sí tengan prisa.

En este contexto, el portavoz de Compromís de las Corts Valencianes, Joan Baldoví, considera que “habrá que hablar con quienes se creen las instituciones”, excluyendo a la formación de ultraderecha Vox, socios del PP, del futurible acuerdo. Baldoví asegura que “Compromís no votará a un candidato de Vox” en los órganos consultivos, remitiéndose además a los antecedentes de la formación ultra en los altos cargos. El parlamentario valencianista considera que Vox “será el que no va a estar” en el acuerdo “si es coherente con todo aquello que dice”, en referencia a su posición contraria al Estado autonómico.

Los valencianistas han planteado al PSPV una negociación conjunta de los entes estatutarios, aunque aún está en fase embrionaria. Además, reprochan al PP que “no tenía ninguna prisa cuando era preceptiva su renovación” y ha señalado que “siempre le choca su hipocresía y desfachatez” a la hora de “hablar de las renovaciones cuando ”las ha impedido hace apenas unos meses y siguen impidiéndolas en el estado español“.

El presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, considera que la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso del PP es una vulneración de la separación de poderes, “anómala” en una democracia. “Estamos hablando de utilizar el Tribunal Constitucional como mecanismo para conseguir fines legislativos que no se obtienen mediante mayorías parlamentarias y se imponen por personas que no han presentado su renuncia a cargos caducados”.

El presidente del Parlamento valenciano ha comparecido este martes antes del pleno de debate de los presupuestos para mostrar su apoyo a los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Ánder Gil, “en defensa de la autonomía parlamentaria y el poder legislativo”, que representan las cámaras estatales y autonómicas. “La separación de poderes es en lo que se fundamenta nuestra democracia”, ha apuntado Morera, en referencia al fallo del Constitucional sobre un procedimiento legislativo en tramitación.

El presidente de las Corts Valencianes recuerda que los parlamentos “rigen su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado, el asesoramiento de nuestros letrados y el cumplimiento de nuestro reglamento, qué es en sí mismo ley”, al tiempo que critica que la decisión de los magistrados conservadores abre la puerta a escenarios excepcionales, como que diputados tránsfugas puedan paralizar procedimientos legislativos. “El Tribunal Constitucional ha suspendido un procedimiento legislativo en curso, una situación que históricamente no se había producido con anterioridad. Hemos asistido a recursos contra leyes aprobadas en nuestros parlamentos que han bloqueado su aplicación, pero nunca una valoración de las mismas con anterioridad a su debate”, ha expuesto Morera.

Esta decisión, tomada por magistrados con su mandato vencido, como apuntó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “posibilita la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa dejándola al alcance de un solo diputado si interpone antes un recurso de amparo. Incluso se podría llegar a interrupciones de procesos legislativos mediante recursos de diputados que no pertenecen a ningún grupo parlamentario y tienen el derecho a conservar su acta”.

El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado por mayoría una proposición no de ley que reclama al Gobierno de España que realice los cambios legales oportunos para regular y facilitar el uso del cannabis con fines terapéuticos, así como autorizar el autocultivo para uso personal, dándole un estatus legal protegido.

De este modo, la Cámara valenciana sigue los pasos dados en el Parlamento de Cantabria, que en abril del año pasado se convirtió en la primera comunidad autónoma en cursar una reivindicación en esta misma línea al Ejecutivo central.

Aquella iniciativa, que tuvo como principal ariete al diputado popular, Eduardo Van den Eynde, enfermo de cáncer y firme defensor de la legalización del cannabis, fue consensuada por todos los grupos políticos y salió adelante por unanimidad. 

Sin embargo, a diferencia de la votación que se celebró en el antiguo Hospital de San Rafael, en las Cortes Valencianas el PP ha votado en contra de la proposición no de ley al considerar que hace “apología” del consumo de esta droga y abre la puerta para el cultivo y uso del cannabis en el ámbito lúdico. La medida fue acordada por PSPV, Compromís y Podemos y encontró el respaldo de Ciudadanos. Así, el resultado ha sido de 68 votos a favor y 28 en contra.

En concreto, el texto aprobado en la comunidad valenciana pide al Gobierno central facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis bajo indicación y supervisión médica; regular las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de este producto y la posterior utilización medicinal, y establecer puntos de venta controlados. 

Igualmente, acuerda la creación de una comisión que estudiará la función del autocultivo y de las asociaciones de cannabis como herramienta de reducción de riesgos asociados al consumo y como alternativa a los problemas derivado de la prohibición de las drogas, así como los beneficios sociales que puede comportar en el ámbito de la salud, la recaudación sanitaria y la creación de puestos de trabajo.

Finalmente, el Parlamento Valenciano también insta a todas las asociaciones cannábicas de la Comunitat a establecer mecanismos de autorregulación, reglamentos internos y códigos de buenas prácticas, y a mantener una estrecha colaboración con la Administración mientras no haya un marco legal que regule su actividad.

El debate

En el turno de intervenciones, el diputado de Podemos, Antonio Montiel, ha justificado la necesidad de plantear ahora un debate como este, que ya se ha producido en otros países como Holanda, Portugal, Uruguay o Canadá, ante “el fracaso de las políticas prohibicionistas de cannabis” y las evidencias científicas que apuntan a que alguno de sus componentes tiene efectos terapéuticos testados para tratar enfermedades como el alzheimer, la epilepsia, el dolor crónico, el asma o el autismo.

También ha incidido en que el consumo de alcohol y tabaco está permitido y hay 20.000 y 50.000 muertes anuales asociadas a ellos, respectivamente, y ha remarcado que se podrían recaudar con el cultivo de cannabis 1.500 millones de euros el próximo año en impuestos, además de los beneficios en la lucha contra el tráfico ilegal y la delincuencia organizada.

El socialista Ignacio Subías, médico, ha indicado que aunque no fume eso no le impide “abrir la mirada” y ver que el cannabis tiene efectos positivos, por ejemplo, para combatir náuseas, crisis convulsivas o epilepsia, y ha incidido también en que la prohibición ha sido “ineficiente” y tan solo “ha creado un mercado ilegal y enormes ganancias”, por lo que “es hora de afrontar el tema de manera racional”.

Josep Nadal (Compromís) ha defendido que garantizar ese suministro terapéutico “es cuestión de derechos humanos”, evitando que “se les mire como si fueran auténticos narcotraficantes”, y desde Ciudadanos, Juan Córdoba, ha subrayado la diferencia entre el uso recreativo y terapéutico y ha defendido la necesidad de dar respuesta a esa necesidad de consumo encuadrado en el ámbito sanitario, con supervisión y “producto de suficiente calidad”.

Por su parte, el popular José Juan Zaplana, ha criticado que se intente “disfrazar” el verdadero interés con un debate “sanitario y humanitario” y  ha enumeroad los efectos del consumo, como la alteración de la memoria, percepción distorsionada, enfermedades broncopulmonares o algunos tipos de cáncer. “Es una droga, no es un prejuicio, genera dependencia, atenciones en urgencias y en ocasiones la muerte”, ha sostenido.

Hoy por hoy, conforme están las leyes, el acta de senadora le pertenece a la señora Barberá, pero desde el jueves por la noche, el parlamento valenciano, que fue el que la eligió como senadora de representación territorial, ha dicho que no nos representa

Con una propuesta de resolución clara y concisa de todos los grupos parlamentarios de les Corts Valencianes, el pasado jueves por la noche aprobamos, por unanimidad, en el transcurso del Debate de Política General de la Comunitat Valenciana el siguiente texto: “Les Corts Valencianes instan a la Sra. Rita Barberá Nolla, designada senadora territorial por el Grupo Parlamentario Popular en virtud de la resolución 6/IX, sobre la designación de senadores y senadoras en representación de la Comunitat Valenciana, a renunciar al acta de senadora para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianas y valencianos”.

Claro y conciso. Se podrán hacer muchos argumentos y dar muchas vueltas. Está claro que hoy por hoy y conforme están las leyes, el acta de senadora le pertenece a la señora Barberá, pero desde el jueves por la noche, el parlamento valenciano, que fue el que la eligió como senadora de representación territorial, ha dicho que no nos representa. Que no puede presentar ninguna iniciativa en nombre del pueblo valenciano porque esta senadora, desde este momento, se representa a sí misma, no lo hace al conjunto de la ciudadanía valenciana.

Por esta razón de peso, quiero mantener una reunión de trabajo con el Sr. García Escudero, presidente del Senado. Para introducir también un debate en beneficio de nuestra ya no tan joven democracia que se siente sometida a una prueba de esfuerzo permanente por el tsunami de corrupción institucional, aquí con más fuerza que otros lugares. En mi Parlamento empezó a ser evidente para el gran público con los trajes-regalo de Camps, como pieza separada del caso Gürtel, pero parece que venía de lejos y era más prolija la cosa.

Por este motivo, para fortalecer la democracia, debemos plantearnos si a los representantes públicos que ya no lo son –en este caso de manera evidente– les corresponde la eliminación de los medios materiales y salarios públicos después de finalizar su mandato político y si hay que romper con el blindaje jurídico que impide su cese.

Porque a la Sra. Barberá se le ha acabado el mandato, si quieren antes del plazo previsto. Incluso se lo ha caducado la formación que la propuso. Poco que discutir por tanto. Y, si no representa, no debe tener capacidad de iniciativa parlamentaria, como los diputados no adscritos, ni medios materiales a su alcance, lo que incluye un sueldo público. Hay estudiar una modificación legal o reglamentaria que permita su cese en el cargo o si la ley lo impide, reducirlo a la mínima expresión.

Porque de lo que se trata es de representar. De ajustarse al encargo que recibieron de los electores los representantes, y ella ya no lo es. Ha perdido la autonomía personal para decidir cómo ejercía esa función. No ha sido elegida en una lista de un partido. La quiere revocar en el cargo el mismo cuerpo de diputados y diputadas que pueden realizar una moción de censura al President Puig.

Si podemos censurar a la máxima autoridad de la Comunidad Autónoma, ¿por qué no se puede plantear que se pueda censurar a una persona elegida para representarnos en el Senado que ha perdido la confianza hasta de aquellos que la propusieron? Abro el debate.

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá comunicó ayer formalmente a través de una nota pública de poco más de un folio su decisión de convertirse en tránsfuga en el Senado. Lo remarcó escribiéndolo en mayúsculas en el punto quinto de su comunicado en el que anunciaba su salida del PP: “Expreso mi voluntad de NO DIMITIR del Senado y de permanecer en él, tal como me ampara la ley porque de lo contrario podría entenderse como una asunción de responsabilidad”.

El párrafo de la exregidora invoca la doctrina del Tribunal Constitucional que le faculta para conservar su acta en la Cámara Baja durante los próximos tres años hasta que Las Cortes Valencianas (si no se disuelven antes) elijan a otros seis representantes en el Senado. La jurisprudencia está del lado de la exalcaldesa: el escaño pertenece a la persona, no al partido. Lo dice con estas palabras el Constitucional en una sentencia dictada en 1983 en la que Cristina Almeida y otros concejales del Partido Comunista recurrieron en amparo para mantener sus cargos institucionales: “Una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes le votaron sino de todo el cuerpo electoral, y titulares por tanto, de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de entidades que no son órganos del Estado, en el sentido del término”.

A esa doctrina se apuntó también ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, cuando advirtió a la salida de la presentación de un libro de su compañero Luis de Guindos, que “el escaño es algo personal y debe ser ella quien decida”.

Pero por mucho que la ley faculte a Barberá para ocupar ese escaño en representación de la Comunidad Valenciana, el Pacto Antitransfuguismo firmado por el Partido Popular y el PSOE califica a los cargos públicos que abandonan la disciplina de los partidos como tránsfugas. Su destino más probable, cuando por fin el Senado reciba la notificación de que abandona el PP, es el Grupo Mixto, donde Barberá compartirá previsiblemente escaño con Ciudadanos, Convergencia Democrática de Cataluña, Coalición Canaria, Compromís, Foro Asturias, UPN, Agrupación Socialista de La Gomera, Bildu y Nueva Canaria.

El primero en advertir a la exalcaldesa que no es bienvenida es el grupo de Compromís. Su senador Carles Mulet aseguró a Europa Press que sería “una barbaridad” que llegase al Grupo Mixto. “Tiene narices”, añadió.

La presión para que abandone llegó también de sus excompañeros de partido. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, advirtió: “Es una persona que ha hecho una gran gestión para la ciudad de Valencia pero en política hay que estar sumando”.

Entretanto, el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, anunció este miércoles que promoverá una reprobación en la Cámara autonómica para evidenciar que la exalcaldesa de Valencia no comete un acto de transfugismo solo con el PP sino con el Parlamento valenciano que fue quien la eligió como senadora en representación de la comunidad. Morera prometió “medidas institucionales” para evitar que Barberá conserve su escaño, “algo que la ciudadanía no va a aceptar”. Anticipó que buscará una reunión con el presidente del Senador, Pío García Escudero.

Fuentes del Senado aseguraron a eldiario.es que el Parlamento valenciano no tiene competencias para revocar el nombramiento de Barberá, cuyo mandato expira solo cuando se disuelvan Las Cortes valencianas.

Unión política para que las sociedades musicales sean declaradas como Bien de Interés Cultural (BIC). Esa es la reivindicación que plantea la Federación de Sociedades Musicales de las Comunidad Valenciana (FSMCV) a los diferentes partidos que componen el arco parlamentario. Y lo hacen, de  nuevo, a colación de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Podemos para ello.

El diputado autonómico de la formación morada y expresidente de la FSMCV, Josep Francesc Almería, presentó durante el mes de agosto una PNL en ese sentido. Y ahora, la Federación presiona a todos los grupos políticos para que la propuesta sea ratificada el próximo martes, día que las Cortes debatirán la cuestión. “Serviría para dar protección a un movimiento asociativo único”, ha reivindicado Pedro Rodríguez, presidente del ente que aglutina al 50% de sociedades musicales de España.

“La fuerza del proyecto de los sociedades musicales, los informes, apoyos y justificación para que sean declaradas BIC son inapelables”, ha insistido. De hecho, la Federación cuenta desde 2008 con seis informes favorables al respecto. También tiene el apoyo de prestigiosas instituciones y de 284 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, un 52% del total de los municipios valencianos.

El colectivo agrupa a 547 sociedades musicales de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Cuentan en total con una masa de socios de 200.000 personas, 40.000 músicos integrados y 60.000 alumnos en escuelas musicales.

Frente a esos números, la propuesta impulsada por los liderados en la Comunidad Valenciana por Antonio Montiel, incluye, además, que la Federación sea declarada BIC. La razón: “Es la entidad protectora de este patrimonio cultural valenciano”, ha defendido el diputado podemita.

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha dicho hoy que en dos años sólo ha recibido “un papel” judicial desde Mallorca y fue el que le citó para declarar como testigo en la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado sábado por el caso Nóos, pues no es parte en el proceso y no tiene acceso a las providencias.

Camps ha hecho estas declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts Valencianes, donde ha acudido a participar en la votación para elegir al director general de Radiotelevisión Valenciana, para que se entienda “el proceso de estas últimas semanas”.

“No entiendo tampoco el tsunami mediático que siempre que pasa alguna cosa alrededor mío ocurre, pero es lo que hay, no se puede hacer otra cosa”, ha manifestado Camps, quien ha expuesto su versión de los hechos y no ha respondido a ninguna pregunta de los periodistas.

“No soy parte del proceso, y por tanto no tengo acceso a ningún tipo de papel, ni de autos, providencias o cualquier otra circunstancia que ocurre en el propio procedimiento”, ha indicado Camps, quien ha aclarado, para que no se confunda “a la opinión pública”, que no tiene “conocimiento al minuto de todo lo que va ocurriendo”.

“Es importante que todo el mundo sepa que del juzgado sólo me ha llegado en dos años un sólo papel, y fue el martes de la semana pasada por la tarde”, cuando le informaron de que tenía que acudir como testigo a la Ciudad de la justicia el sábado, y que tenía la prerrogativa de hacerlo como escrito, ha indicado.

Según Camps, la citación para declarar se la entregó en su despacho del Consell Jurídic Consultiu el martes por la tarde una inspectora de policía “muy amable”, y a la mañana siguiente llamó por teléfono personalmente al Juzgado de Instrucción de Palma para preguntar cómo tenía que cumplimentar tanto la recepción de la citación como la petición de hacerlo por escrito.

La secretaria judicial de Palma, “una señora encantadora”, le explicó cómo hacerlo y media hora después envió por fax al juzgado su escrito, en el que a petición de la secretaria judicial incluyó un lugar de citación, su despacho en el CJC, ha relatado.

Además, ha indicado que se le dijo “con mucha cordialidad y mucha cortesía” que estuviera “atento” porque en las horas siguientes se emitiría una providencia sobre si se aceptaba o no su petición, como así ocurrió al final de la semana, cuando se informó de que el expresident no acudiría a declarar al juzgado porque lo haría por escrito.

Camps ha resaltado que esa misma providencia reclamaba a las partes acusadoras, la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias, que en los cinco días siguientes al 18 de noviembre remitieran al juez las preguntas que querían formularle.

“Pensé que obviamente yo ya no tenía que estar esperando nada más que el que me enviasen desde el juzgado de Mallorca las preguntas por correo, me imagino que certificado”, ha indicado el expresident, quien ha añadido que cuando vea esas preguntas elaborará un informe que se enviará también por correo certificado.

Camps ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) determinó antes del verano que no había indicios para imputarle, y ha señalado que de los tribunales y los juzgados solo le gusta hablar en esos sitios.

El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este jueves por unanimidad una propuesta en la que pide al Gobierno central el cierre “definitivo y permanente” del almacén de gas submarino Castor, así como su posterior desmantelamiento, porque considera que su puesta en funcionamiento “no ofrece ninguna certeza ni seguridad de que no se vuelvan a reproducir terremotos, ni se puede garantizar la seguridad ciudadana”, informa Europa Press.

Así consta en una enmienda transaccional que han firmado los cuatro grupos parlamentarios tras una proposición no de ley presentada por el PP y sendas enmiendas de Compromís y EUPV. En el texto aprobado por unanimidad, el parlamento autonómico también insta al Consejo a que, en caso de comprobarse posibles negligencias en la tramitación del proyecto Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), “se exijan y depuren todo tipo de responsabilidades, tanto a la empresa concesionaria como a las autoridades que participaron en la resolución que autorizó el mismo”.

El PP había presentado una proposición no de ley en la que instaba al parlamento autonómico a expresar su respaldo y apoyo a “la paralización indefinida y el cese inmediato” del proyecto Castor de Vinaròs (Castellón), “mientras no se garantice la seguridad ciudadana”. Por su parte, Compromís y EUPV han defendido sendas enmiendas en las que solicitaban al Gobierno el cierre definitivo de la instalación por los seísmos registrados en la zona.

La diputada de EUPV Marina Albiol, antes de alcanzarse el acuerdo, ha resaltado que se tienen que depurar “responsabilidades de todo tipo”, ya que considera que “las responsabilidades son compartidas entre el Misterio y el Consejo, entre el PP y el Partido Socialista”. Asimismo, ha exigido “el cierre definitivo y desmantelamiento del almacén y de la planta”, ya que entiende que “nunca se debería de haber instalado”.

El parlamentario 'popular' Mariano Castejón le ha respondido que “la declaración ambiental del Consejo la otorgó el Gobierno socialista”, y ha destacado que la proposición no de ley del PP “deja muy claro que la puesta en marcha de esta planta no puede ser incondicional”, pero ha instado a dejar a que los expertos determinen los resultados de los estudios.

Por parte de Compromís, el diputado Josep Maria Pañella ha defendido su enmienda que, según ha indicado, “propone lo que ayer se aprobó en la Diputación de Castellón”, por lo que considera que si el PP no quiere probarla es porque “está jugando al gato y al ratón”.

Mariano Castejón le ha respondido que las medidas puestas en marcha por el Consell son “correctas” y que la propuesta del grupo popular “va en la línea de dar seguridad a los pueblos del norte de Castellón”.

Responsabilidad política

Respecto al grupo socialista, el parlamentario Francesc Signes, que ha intervenido tras alcanzarse el acuerdo unánime, ha valorado que haya habido consenso sobre este tema que, a su juicio, es “lo que la sociedad y los municipios afectados estaban esperando”. Por ello, ha agradecido a todos los grupos “este ejercicio de responsabilidad política”, y ha resaltado que “no hay interés económico o empresarial que esté por encima del interés de las personas”.