La Junta de Andalucía llevará hasta la última instancia judicial su intención de construir la gran depuradora para la zona norte de Málaga en Vega Mestanza, un terreno permeado por el río Guadalhorce que produce entre 1,5 y 2 millones de kilos de cítricos cada año desde hace casi un siglo. En el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la suspensión de la obra, razona que la falta de estudio del impacto ambiental que tendría la depuradora en las ubicaciones alternativas no puede suponer que se anule la decisión de ubicarla en Vega Mestanza.  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mandó parar máquinas cuando estas ya pisaban el terreno, el pasado junio, con el argumento de que la administración no se había tomado en serio la obligación de comparar el impacto ambiental que tendría la depuradora aquí con el que tendría en otros terrenos. Ahora, la Junta expone ante el Supremo que eso es un castigo demasiado grande, y que la ley no dice que haya que rechazar de plano un proyecto que no haya estudiado las alternativas desde el punto de vista ambiental.

Hacerlo es contrario al principio de proporcionalidad en la interpretación de la ley, dice la Junta en su recurso de casación, al que este medio ha tenido acceso. “Si los estudios preliminares sobre ubicación de una EDAR señalan una localización como la más idónea atendiendo a cualificadas exigencias técnicas de la misma, resulta de todo punto desproporcionada y carente de sentido la exigencia del análisis ambiental de cada una de las localizaciones descartables por su menor idoneidad técnica y por ende inviables”.

Una decisión tomada con criterios “exclusivamente económicos”

La sentencia dictada por el TSJA, el máximo órgano judicial andaluz, afeaba a la Junta que la decisión de colocar la depuradora en Vega Mestanza se tomara tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos”, ignorando en cambio el contraste desde el punto de vista ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga, cuando precisamente en esta materia prima la protección del medio ambiente.

Los magistrados subrayaban que se había omitido “todo estudio medio ambiental” de las otras ubicaciones posibles. Todas las alternativas se descartaban por razones relativas al coste de los colectores y las expropiaciones. “Debió completarse con un estudio de las alternativas posibles (...) que debe abarcar a si estas presentan desde el punto de vista medioambiental más o menos inconvenientes”.

La Junta se revuelve contra la consecuencia de la falta de comparativa ambiental aplicada por los jueces. Por el contrario, argumenta que la ley establece que la ubicación debe decidirse por “un análisis global multicriterio”, donde entran en juego aspectos económicos, sociales y ambientales, y que la falta de una comparativa ambiental no lleva necesariamente a la nulidad.

“La perspectiva medioambiental no constituye un criterio selectivo preferencial a imponer sobre cualquier otra consideración”, argumenta la letrada de la Junta, que concluye que, por tanto, no cabe consagrar “la necesidad, en todo caso y sin excepciones, de una comparativa desde dicha perspectiva de las distintas alternativas”.

Aguas residuales de 250.000 personas y multa de 1,3 millones al año

La depuradora de la zona norte de Málaga es esencial para cumplir con las obligaciones de depuración y dejar de verter aguas sucias al Guadalhorce. Está previsto que la EDAR Norte trate cada día alrededor de 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes. Una parte de ese volumen se derivará desde la depuradora del Guadalhorce, y otra parte se vierte actualmente sin depurar.

Esos vertidos están entre los que justifican la sanción impuesta a España por la Comisión Europea, ratificada por el Tribunal de Justicia Europeo en 2018. Cada año, Andalucía abona 1,3 millones de euros por incumplir las obligaciones de depuración aquí, en Barbate (Cádiz) y en Matalascañas (Huelva). “Esta obra cuenta con toda la tramitación ambiental. Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”, observó el consejero Ramón Fernández-Pacheco cuando comenzaron las expropiaciones.

Sin embargo, la necesidad de depuración ha topado con la resistencia para que se ponga aquí de vecinos y propietarios de la tierra, productiva y fértil. De la mano de una líder carismática e incansable, esgrimen argumentos económicos, de seguridad y ambientales para oponerse con todas sus fuerzas al proyecto. Es así como lograron la victoria ante el TSJA.

Es un desenlace insospechado hace cuatro años, cuando empezaron las movilizaciones de los vecinos. La suerte de Vega Mestanza parecía echada al menos desde 2009, cuando fue señalada por los alcaldes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Málaga, Cártama y Torremolinos como la ubicación idónea para una EDAR que dé servicio a la zona norte del área metropolitana de Málaga.

Tras años de parálisis, el Gobierno de Moreno retomó el proyecto, aprovechando los fondos recaudados con el canon del agua que los socialistas no habían gastado. Fue adjudicado por 106 millones de euros hace dos años a una UTE integrada por Sando, Dinotec y Aquambiente.

La Junta de Andalucía nunca ha escondido que la elección de la ubicación estaba tomada desde mucho antes del procedimiento de evaluación y en ella pesaban otros criterios distintos a los ambientales. “La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha subrayado hoy que la ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Málaga Norte en el Cortijo Mestanza está decidida desde el año 2009 y cuenta con la aprobación en sesión plenaria de los cinco ayuntamientos afectados, ya que reúne las condiciones técnicas más adecuadas para ubicar esta EDAR”, señalaba en una nota de prensa de 2022.

Alhaurín de la Torre pide a la Junta que retire el recurso

El lugar, que se inunda en cada episodio de lluvias intensas, es una fértil vega de mandarinos, limones y naranjos, explotada por los descendientes directos de la familia Mestanza desde que la compraron a la familia Larios. Para evitar el agua, se contempla que la instalación, de 13 hectáreas, quede elevada en unos cinco metros.

La oposición a la obra ha concitado una inusitada mezcla de intereses: en las concentraciones previas a la paralización se daban cita ecologistas, activistas y partidos de izquierda, simpatizantes de Vox y creyentes en los chemtrails. La semana pasada, el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (el municipio más afectado por cercanía, aunque la vega esté en Málaga) aprobó una moción para pedir a la Junta de Andalucía que retire el recurso. Votaron a favor el PSOE y Con Málaga, y se abstuvo el PP.

El recurso de casación está firmado por la letrada jefa de la delegación territorial de la Junta de Andalucía, y de cómo se resuelva dependerá no sólo lo que ocurra con esta depuradora, sino también el alcance que se le dé a un buen puñado de conceptos ambiguos (indeterminados) la Ley de Evaluación Ambiental, de 2013. Por ejemplo, la norma habla de “alternativas razonables estudiadas” o de “alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables”, pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Hasta dónde llega la “razonabilidad”?

La Guardia Civil está intentando localizar a un preso que estaba interno en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) y que se dio a la fuga tras ser atendido por una urgencia médica en un centro hospitalario de la capital malagueña tras haberse tragado un teléfono móvil.

Así lo han confirmado fuentes del cuerpo armado a Europa Press, que han detallado que la fuga del reo tuvo lugar el pasado domingo tras la urgencia, y que aún se continúa con las tareas de búsqueda.

Fuentes cercanas a la investigación del caso han precisado que el preso al que se sigue intentando localizar fue trasladado al hospital tras haberse tragado un teléfono móvil.

Según una información que publica en el diario 'Málaga Hoy', el ahora fugado ingresó en la cárcel el pasado jueves, 17 de abril, y el domingo comunicó a los servicios médicos de la cárcel que se había tragado un móvil, por lo que fue trasladado al Hospital Clínico de Málaga, donde comprobaron que así era. Una vez en la consulta médica, a pesar de que se le había desplazado con custodia de la Guardia Civil y grilletes puestos, emprendió la huida a la carrera.

El ritmo es constante, aunque irregular. Tap. Tap. Tap. Silencio. Tap. Tap. Es el sonido de los disparos, que se escucha con nitidez desde decenas de casas situadas en la urbanización Pinos de Alhaurín de Alhaurín de la Torre (44.057 habitantes, Málaga). Viene de Jarapalos, un histórico club de tiro que funciona desde hace casi 60 años a pesar de no tener licencia municipal y de que la Guardia Civil halló ingentes cantidades de plomo en los alrededores del campo hace apenas tres años.

Ahora, unas 70 familias de la urbanización Pinos de Alhaurín se han asociado para reclamar al menos el cumplimiento de la normativa acústica. Hay media decena de mediciones homologadas, hechas desde las casas más cercanas al club de tiro y encargadas por el ayuntamiento, la Junta de Andalucía y los propios vecinos, que acreditan que allí se supera ampliamente el límite, fijado en 60 decibelios.

Hace apenas unos días registraron 94, si bien con aplicaciones para el móvil. “Cuando se hace por una empresa homologada, los valores son similares”, subraya un vecino en su casa, desde donde se escuchan con claridad los disparos a pesar de estar a casi un kilómetro del campo de tiro. La actividad es diaria desde las 10 de la mañana hasta el anochecer, y solo se relaja ligeramente los lunes y los martes. Con las competiciones del fin de semana la molestia se multiplica. “Esto nos afecta en el día a día. Hay estudiantes que se tienen que ir a casa de su abuela porque no pueden concentrarse”, señala otro vecino.

Dice este hombre, que prefiere no dar su nombre por las posibles represalias, que hay asociados con sus casas a más de tres kilómetros del club de tiro, muestra de hasta dónde llega el ruido. Y que otros no se asocian porque prefieren evitar problemas. Las denuncias públicas les han supuesto amenazas por redes sociales. “Deberíamos ir a pegarlos [los tiros] en la misma puerta de los amargaossss”, se lee en uno de los comentarios a una publicación en Facebook.

El Ayuntamiento remite a la Junta de Andalucía

Las denuncias de los vecinos chocan con la resistencia del club y con una maraña administrativa que sirve a la Junta de Andalucía y al ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ambos gobernados por el PP, para pasarse la pelota sin resolver la cuestión. Sin embargo, tanto el consistorio como la Junta cuentan con mediciones propias en las que se constata que se superan los valores límite “en más de 6 dBA”, una infracción muy grave, según la normativa de contaminación acústica.

La Junta remitió su informe al ayuntamiento a finales de septiembre, recordándole que tiene competencias para la “protección contra la contaminación acústica en zonas urbanas”. Días después, requirió al club de tiro para que adoptara medidas correctoras. Y a finales de noviembre, solicitó a otro departamento que abriera un expediente sancionador.

Todo esto parece haber servido para poco: el club ignoró inicialmente a la Junta, que entonces propuso la clausura provisional de “toda actividad de tiro” hasta que “se ejecuten las medidas correctoras necesarias y eficaces para evitar tal situación”, según consta en una comunicación oficial dirigida a los vecinos el pasado 29 de enero, a la que este medio ha tenido acceso. Sin embargo, nunca se clausuró el club. Tan solo, y durante unos días, la cancha más cercana a las viviendas, de las cinco que hay. En Jarapalos se sigue tirando y, según las últimas mediciones, con los mismos niveles de ruido.

Nuevas mediciones concluyen que se siguen superando los límites

En el club se agarran a que han acometido una reforma en la cancha 1 para rebajar allí los niveles de ruido, consistente en techar con “paneles acústicos” la zona de disparo. Su presidente, Javier Moreno, declaró la semana pasada a Andalucía Directo que todo está bien y que solo esa pista está en periodo de prueba. Respecto a las cinco mediciones que arrojan un ruido por encima, “todas están mal hechas”. Otro de sus argumentos es que el club está allí desde mucho antes que las viviendas, y que el ayuntamiento debería responder por qué autorizó construcciones tan cercanas. Este medio ha intentado contactar con responsables del club en repetidas ocasiones, sin éxito.

Sin embargo, vecinos disponen de un informe certificado de afección acústica realizado mientras esa pista estaba cerrada, y el resultado sigue superando los límites, alcanzando entre 75 y 80 dBA según el punto de medición. También el consistorio midió a finales de enero en el resto de canchas, que superaron los niveles. Según el Ayuntamiento, el expediente se ha puesto en manos de la Junta, “que tendrá que ser la que decida al respecto”. “El Ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer y es el Gobierno autonómico el que debe adoptar las resoluciones de acuerdo a la ley”, insisten fuentes municipales.

Según el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012), superar los límites admisibles de ruido supone una falta muy grave, sancionable con entre 12.001 y 300.000 euros.

La Junta de Andalucía espera ahora a comprobar las medidas correctoras adoptadas por el club. “Se han autorizado tiradas para realizar las mediciones”, señala una fuente oficial de la delegación de la Junta. Los vecinos denuncian que los tiros son diarios.

Una investigación por contaminación

El club de tiro de Jarapalos es un establecimiento histórico de Alhaurín de la Torre que se ha visto envuelto en diversas polémicas en los últimos años. Funciona desde 1969. Lo hace sin licencia de actividad porque, según sus responsables, esta se perdió y ahora no aparece ni en el club ni en el ayuntamiento. “Las licencias para esas actividades las daba el gobernador civil de la época”, esgrimen desde el consistorio, donde explican que las varias mudanzas que han hecho en los últimos años dificultan también acceder a los expedientes de la época.

El club alberga competiciones nacionales de tiro al plato. También se tira al pichón, aprovechando que Andalucía es la única comunidad autónoma que lo permite. Por eso, de vez en cuando aparecen por la urbanización Pinos de Alhaurín decenas de palomas moribundas, que han sobrevivido por los pelos al disparo de perdigones y van a caer a los alrededores. Este medio también ha podido ver vídeos de viviendas de la zona de cuyas piscinas se sacan decenas de restos de proyectiles.

En 2019, el Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía sancionó al club con una multa y la advertencia de cierre por la acumulación de los perdigones en el arroyo y alrededores, la captación de aguas subterráneas mediante un pozo ilegal y el vertido de aguas residuales. Sin embargo, el expediente y las sanciones caducaron después de que no se recogieran las notificaciones en la sede del club.

En 2022, un juzgado de instrucción abrió diligencias para investigar la contaminación por el plomo, tras una denuncia de la Fiscalía. Decenas de toneladas cada año, además de hélices y platos de plástico y cartuchos. Tras acudir a la zona y tomar decenas de testimonios, el Seprona concluyó que se seguía vertiendo munición al cauce del arroyo La Breña (afluente del río Guadalhorce) “sin ningún tipo de control ni de gestión” y existía un “riesgo” para la calidad del suelo, las aguas subterráneas y la fauna y flora por la contaminación por plomo, un metal pesado, venenoso y no-degradable. Tres de las muestras sobrepasaban los niveles genéricos de referencia del reglamento de suelos contaminados, según el Instituto Nacional de Toxicología. Se encontraron efectos tóxicos en los ensayos, si bien leves.

La jueza llamó a declarar a los gestores del club, al alcalde Joaquín Villanova (PP) y a sus doce concejales del equipo de gobierno como investigados por la comisión de presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación, por la falta de licencia e informe de calificación ambiental. Sin embargo, acabó archivando el caso en diciembre de 2023 por entender que los efectos de la contaminación no estaban demostrados, y que, aunque no aparezca su licencia, el club opera legalmente.

El otro club de tiro que había en Alhaurín, ubicado en La Alquería, se cerró. Era de titularidad municipal. Jarapalo se define como “organización deportiva sin ánimo de lucro” dedicada exclusivamente al deporte del tiro en las modalidades de plato, hélices y tiro al vuelo. 

Desde 1969, en Jarapalos se tira con plomo. En este enclave de la Sierra de Mijas, en el municipio de Alhaurín de la Torre (41.868 habitantes), existe un club donde se tira al pichón, al plato y a lo que se ponga por delante. Se celebran aquí competiciones nacionales y han acudido tiradores de rango internacional. Sin embargo, a veces aciertan y otras no, de modo que decenas de miles de perdigones y cartuchos disparados al aire acaban en el suelo. Son decenas de toneladas de plomo al año.

El Seprona, la sección de la Guardia Civil que vela por el medio ambiente, cree que una parte de este metal acaba siendo arrastrado barranco abajo junto con hélices y platos, hasta contaminar el cauce de un arroyo que bordea el campo de tiro y, cuando lleva agua, es afluente del Guadalhorce. Esto ocurre sin que nadie haga nada. El club y el ayuntamiento ni siquiera pueden demostrar que exista licencia de actividad.

Por todo esto, un juzgado de instrucción de Málaga está investigando a los responsables del club y al equipo de gobierno de Alhaurín de la Torre (doce ediles), incluido el veterano alcalde Joaquín Villanova (PP). Tanto Villanova, regidor desde 1996, como sus concejales están llamados a declarar como investigados entre el 13 y el 15 de diciembre. También deberá acudir Marina Bravo, exconcejala de medio ambiente. Se investigan posibles delitos contra el medio ambiente y de prevaricación.

El juzgado quiere saber cómo es posible que no exista licencia y que el ayuntamiento no haga nada. No se trata de un papel más, puesto para obtenerla el club debería contar con un informe de calificación ambiental, negativo en las circunstancias actuales o que le obligaría al menos a adoptar medidas correctoras, como una malla que impidiera la caída de plomos al barranco.

Se da la circunstancia de que Villanova es el “responsable directo” del departamento de aperturas, lo que le otorga una responsabilidad directa en la concesión o no de la licencia y, en su caso, en exigir la regularización.

El alcalde ha emitido un comunicado, en cuyo primer punto acusa a la confluencia de izquierdas en el ayuntamiento de presentar una “denuncia falsa”. “Cuando abrió aquello yo tenía 5 años, en España gobernaba Franco y las licencias para esas actividades las daba el gobernador civil”, explica Villanova, quien asegura que las competencias del ayuntamiento en este tema son “muy limitadas”. El alcalde investigado llega incluso a exigir la dimisión de los denunciantes, a los que acusa de querer dañar su imagen.

Gestión de residuos “muy deficiente” en un afluente del Guadalhorce

El plomo es un metal pesado venenoso que no se degrada y que, por tanto, se acumula en el suelo. Cuando se generan altas concentraciones y pasa a la cadena alimentaria tiene efectos tóxicos. “Existe un peligro de contaminación de los acuíferos que hay bajo la sierra y surten a Coín, Alhaurín de la Torre o Mijas”, advierte Eduardo Sáez, concejal de la confluencia de izquierdas (integrada por un concejal de IU y otro independiente), que lleva años denunciando el asunto.

El informe del Seprona da cuenta de cómo durante años se ha contaminado con plomo en los alrededores del campo de tiro sin que ningún responsable municipal haya movido un dedo. Los investigadores creen que la gestión de estos residuos es “muy deficiente” y, en todo caso, no se limpia la zona del arroyo y su cauce, que está a apenas 300 metros de dos de las canchas de tiro.

Los investigadores acudieron al lugar y documentaron la situación con decenas de fotografías. También observaron varios montículos de tierra junto al arroyo, seco en ese momento. El encargado les explicó que los hacen los lugareños que recogen los plomos del cauce, “puesto que el club de tiro no los recoge”.

“Actualmente se sigue vertiendo la munición de plomo en el cauce del arroyo de la Breña SIN ningún tipo de control ni de gestión [en mayúsculas en el original]”, advierte el documento, al que ha tenido acceso este medio.

Los agentes tomaron siete muestras de tierra de diferentes puntos, y recabaron un informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología, al que también ha tenido acceso este medio. Ese informe señala que tres de las muestras sobrepasan los niveles genéricos de referencia del reglamento de suelos contaminados, y una muestra arroja efectos tóxicos en organismos calificados como “leves”. Los peritos concluyen que el plomo depositado en la zona “constituye un riesgo para la calidad del suelo, de las aguas subterráneas y puede afectar a la fauna y vegetación del lugar”.

“Las municiones pueden comenzar a liberar formas solubles (biodisponibles) de plomo debido a la oxidación del metal en estos medios por acción del agua de lluvia y el CO2 atmosférico”, recoge el informe, que señala que el plomo podría “incorporarse” a suelos, agua y sedimentos y acabar llegando a los seres vivos. El informe toxicológico advierte de que la cantidad de plomo que se ha encontrado en las capas más superficiales “supone un riesgo real para las aves”, y concluye que es “necesario e imprescindible” un plan de gestión y retirar periódicamente todos los residuos del lugar.

Sin licencia

Esta contaminación se ha producido sin documento alguno que ampare la actividad. El Seprona concluye que “no ha existido ni existe ninguna licencia y/o autorización municipal/de actividad en vigor” e imputa al equipo de gobierno que en abril de 2021 votara “en contra de ejercer su propia competencia a sabiendas de la injusticia que se estaba produciendo”. Esto, según los investigadores, podría constituir un delito de prevaricación, aunque para el alcalde no constituye ni siquiera una irregularidad. 

En 2017, la confluencia ya había intentado implicar al ayuntamiento en la búsqueda de una solución, pero ni el departamento de medio ambiente ni el de aperturas exigieron al club que regularizase la actividad “a sabiendas” de que no tenía licencia. “Se estaría permitiendo el funcionamiento ilegal de tal actividad, habiéndose omitido por parte de los responsables de tales departamentos las inspecciones necesarias”, dicen los investigadores, que achacan ahora al ayuntamiento la falta de vigilancia, control y sanción. “No se entiende (…) por qué motivo el ayuntamiento no ha ejercido debidamente su competencia”.

El Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que, “a sabiendas”, omitan la realización de “inspecciones de carácter obligatorio” de actividades contaminantes, así que los investigadores también aprecian indicios de delito medioambiental, no sólo en los responsables de la empresa, sino en la actuación de los concejales.

El alcalde, en Pleno: que no aparezca la licencia no quiere decir que no exista

El Seprona ha dado nombre a su investigación: Plumbum 2021. Pero en el origen está una denuncia de Fiscalía, a la que acudieron los concejales de la confluencia de izquierdas (antes, Adelante Alhaurín de la Torre), hartos de denunciar en vano la situación y la pasividad con la que el equipo de gobierno despachaba el asunto. En 2017 el Pleno aprobó por unanimidad que se realizase una inspección municipal de los terrenos afectados, pero nada se hizo. En 2021 volvieron a pedirlo, y esta vez el equipo de gobierno del PP votó en contra. Y entonces la confluencia llevó el tema a Fiscalía.

Javier Caravias, concejal del grupo, lamenta que durante muchos años se hayan ignorado sus denuncias, y avanza que exigirán la dimisión si, tras prestar declaración, el alcalde sigue investigado.

Este medio informó en septiembre de 2017 de la contaminación generada en el campo de tiro de Jarapalos. Ya entonces, el ayuntamiento y el club se encogían de hombros: la licencia no aparecía. El alcalde explicó en el Pleno que esto “no quiere decir que el club no la tenga”. “No tiene mucho sentido”, se sorprenden los investigadores. Ahora, el alcalde explica que el ayuntamiento ha hecho todo lo posible por encontrar los papeles, pero que ha cambiado mucho de sede, “con las consiguientes dificultades” para acceder a la licencia y documentación.

La Copa de la Reina 2020 de balonmano, que estaba prevista del 24 al 26 de abril en Alhaurín de la Torre (Málaga) y fue aplazada por la pandemia de coronavirus, se disputará del 4 al 6 de septiembre en esta localidad malagueña, según las previsiones de la organización de la fase final del torneo.

La Federación Andaluza de Balonmano informó en un comunicado de esta nueva fecha prevista para la celebración de la Copa de la Reina después de una reunión entre sus responsables, en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para la “reactivación del proyecto”.

“Si nada lo impide” y se cumplen las previsiones, indicó el organismo federativo, esta quincuagésima primera edición de la Copa supondrá “el pistoletazo de salida para la temporada 2020-2021 en el balonmano femenino español”, ya que la Liga Guerreras Iberdrola arrancará el 12 de septiembre, seis días después del final de la competición copera.

A partir del próximo lunes, añade el escrito, está previsto que continúen las reuniones entre todas las partes implicadas en la organización y también con la empresa encargada de la prevención de riesgos laborales para la protección de los participantes y los aficionados, así como para fijar el posible aforo máximo en el pabellón El Limón.

Los equipos participantes son el Rincón Fertilidad como anfitrión; el Super Amara Bera Bera, vigente campeón; Rocasa Gran Canaria, Liberbank Gijón, Mecalia Atlético Guardés, Aula Alimentos Valladolid, KH-7 Granollers y Balonmano Elche.

Ya están aquí. Han vuelto.

La reactivación económica, que por el momento solo está ocurriendo a escala macroeconómica y no tiene previsto alcanzar aún a las economías familiares tras la devastadora crisis de los últimos años, vuelve a basarse en el sector inmobiliario.

En España, con permiso de la hostelería, solo sabemos hacer dinero a golpe de hormigonera.

Es la primavera del ladrillo tras el largo invierno de la recesión.

Los inversores vuelven a apostar por la construcción y aflojan las carteras reactivando promociones, proyectos y licencias que ya vuelven a llenar nuestro paisaje de grúas.

Claro que es buena noticia para el sector y para los miles de empleos que van a recuperarse en torno a la Construcción, pero con un matiz: en muchos casos, los derechos y logros a los que hemos renunciado en este periodo de shock, no van a volver a regresar y los de siempre se van a aprovechar de ello. La crisis ha actuado a favor de “los mercados” y ha ajustado salarios y reducido derechos laborales que ahora casi nadie se va a atrever a levantar la voz para recordar que hay que recuperarlos.

Es el momento de los especuladores.

Es el neoladrillismo, término que acuñó Lopéz de Uralde, a principios de esta década cuando Aguirre, Gallardón y luego Botella mareaban la perdiz con sus fallidos Eurovegas y la candidatura Olímpica de Madrid. Consiguieron engañar a algunos algún tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y así les ha ido.

Y también es el momento de los alcaldes, que a pocos meses de las elecciones municipales están excitados con la cantidad de licencias de obras y planes urbanísticos que vuelven a aparecer sobre sus mesas, apresurándose además, a licitar y adjudicar todas las obras públicas posibles para poder inaugurarlas y sumarlas a su particular álbum de fotos de logros ajenos y promesas sin contrato, que llaman programa electoral. No es difícil imaginarse a mas de uno, junto a su arquitecto y su concejal de Urbanismo, frotándose las manos, con esa mirada de excitación que coloquialmente llamamos “estar cachondo”.

No es que no sea positivo que este sector de la economía funcione. Se trata de cómo va a funcionar, de qué modelo va a adoptar y de si hemos aprendido algo o volveremos a cometer los mismos errores.

Las perspectivas no son muy halagüeñas. La urgente necesidad de reactivar la economía parece que pone en segundo plano los riesgos que el crecimiento incontrolado y la explotación de los recursos arroja sobre nuestro entorno. Y no son solo riesgos a escala planetaria, que también. Tienen su reflejo en nuestro entorno mas cercano.

El caso de Alhaurín

Málaga y la Costa del Sol, siempre han sido el prefecto escenario para la burbuja. Y vuelven a serlo.

Tenemos el caso mas reciente de la construcción de la ciudad deportiva del Málaga CF en la playa del Arraijanal, zona de interés ecológico y arqueológico y la ultima playa sin construir de la capital. Ya están allí las máquinas excavadoras del Jeque al que el Ayuntamiento de Málaga dedicó una rotonda por su “desinteresada” inversión en el club de futbol que ahora va a descender a segunda división. Muchos creemos que será el primer paso para urbanizar toda la zona.

Pero para ejemplo Alhaurín de la Torre.

Uno de los pueblos que históricamente más ha crecido en todo el territorio nacional en base a la construcción de viviendas y la recalificación urbanística del suelo, fruto de una actuación política que ha mantenido a los mismos gobernantes durante las últimas décadas.

Aqui, los primeros acordes de esta nueva sinfonía del ladrillo ya empiezan a sonar. Llegan las obras, luego los vecinos, y las necesidades. La previsión municipal por el momento se ha traducido en el encargo de un nuevo salón de plenos, para dar cabida a más concejales, ante la posibilidad de pasar de 40 a 50 mil habitantes en unos meses.

Y con las licencias de obra vuelven a aparecer los sueños megalómanos, los proyectos faraónicos, los intereses y los fantasmas.

Atentos a cómo resucita el conflicto de las Canteras ahora que vuelven a ser negocio y no basta con explotarlas de tapadillo con la excusa de una falsa restauración o con nocturnidad y descaro del que no teme que le sancionen. Atentos a cómo se van a precipitar las cosas para que la Junta y el Ayuntamiento acuerden con los Canteros un nuevo plan que permita seguir extrayendo áridos en unas canteras clandestinas cerradas por el TSJA.

Atentos a cómo se van a intentar recuperar macroproyectos como la “Ciudad Aeroportuaria”, la operación de especulación inmobiliaria que hará millonarios a unos pocos y acabará con una de las zonas agrícolas e inundables mas fértiles del Bajo Guadalhorce, poniendo en peligro un tramo del rio donde anidan especies protegidas y en peligro de extinción, tal y como ha considerado el informe de la Delegación de medioambiente y un estudio de la Sociedad Española de Ornitologia (SEO Birdlife).

Atentos a viejos y nuevos proyectos, como el nuevo Campo de Golf con cientos de apartamentos en la zona de Comendador, al pie de la Sierra de Mijas, que consumiría el 30% del agua que actualmente consumimos en todo el municipio o a la inminente modificación del PGOU para permitir explotaciones turísticas en suelo rural y natural.

Y no, los ecologistas no están en contra del progreso ni de la economía. Simplemente sabemos que hay otras formas de gestionar los recursos y de crear riqueza.

Sabemos que si se vuelve al modelo de crecimiento que nos llevó a la crisis, el futuro es insostenible. Y no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde la perspectiva económica y social, y del empleo. Solo hay que recordar lo que ha pasado.

Pero es que, además tenemos una alternativa: cambiar crecimiento por desarrollo. Emprender una etapa de transición que apueste por modelos productivos y yacimientos de empleo sostenibles, y en algunos casos plantear parar las máquinas e incluso retroceder hasta donde sea necesario. Y eso no excluye en absoluto al sector de la construcción, que puede convertirse también en un yacimiento de empleo verde, solo hay que apuntar hacia una construcción más eficiente y respetuosa con el entorno. Hacia la rehabilitación, la optimización energética y de recursos, hacia el uso de materiales reciclables, hacia el urbanismo y la movilidad sostenibles.

Afortunadamente ni todos los alcaldes, ni todos los promotores-constructores son iguales. Con los segundos tenemos que conformarnos, y confiar en los que son éticos y legales, que los hay. Pero a los primeros, a los Alcaldes, podemos elegirlos con nuestro voto.

Se trata de apuntar bien, porque en ello nos va el futuro, y no dejarnos embriagar con la borrachera del ladrillo.

Juan Manuel Mancebo Fuertes es concejal en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y miembro de Electores-EQUO.

La organizadora asegura que sólo pretende visualizar la existencia de las tallas grandes porque "Málaga no evoluciona"

El evento recibe las críticas del grupo Electores-Equo, que lo considera un evento de "estética rancia y machista"

Para el ayuntamiento, que colabora con el certamen, se trata de una iniciativa con un fin "noble e integrador"

Alhaurín de la Torre va a celebrar un certamen de belleza para modelos de tallas grandes en cuya organización colabora el propio ayuntamiento. El certamen se denomina “Miss Fashion Curvy” y ha sido criticado por el grupo municipal Electores-Equo, cuyo portavoz lo considera un evento “de estética rancia y machista que exalta el concepto de la mujer como objeto”. Su organizadora, en cambio, asegura que sólo pretende visualizar la existencia de las tallas grandes en el mundo de la moda.

Iraya Villalba, que tiene 18 años, es la organizadora del encuentro. Ella ganó el concurso Modelos XL celebrado en julio del año pasado en 2016, tal y como se refleja en este reportaje de La Vanguardia. Villalba cree que “Málaga no evoluciona y no pasa de la 90-60-90”, una talla “para mujeres que no te encuentras en la calle”. Por eso decidió organizar el primer certamen de estas características en Málaga y trasladar a Alhaurín de la Torre la idea que vio en Barcelona.

El casting para el certamen, que se celebrará el 4 de enero, tuvo lugar el pasado 4 de noviembre y en él participaron 30 mujeres, que debían tener una talla 42-44 como mínimo, y entre 18 y 30 años. “Mi finalidad es que se visualice la talla grande en todo, en el mundo de la moda e incluso en el trabajo, porque muchas chicas no consiguen un trabajo por el tema de su talla”, explica Villalba. El certamen puntuará el físico, la personalidad y la simpatía. “Hay miss fotogenia, miss silueta y miss simpatía”, comenta la organizadora.

El ayuntamiento (Partido Popular) ha cedido un espacio para el casting y el certamen, y lo ha incluido en las celebraciones navideñas dentro del evento Alhaurín Crea Navidad. También está apoyándolo mediante publicidad en redes sociales y difusión de notas de prensa, y se baraja la posibilidad de que el alcalde Joaquín Villanova o el concejal Turismo formen parte del jurado. Sin embargo, fuentes cercanas al ayuntamiento aseguraron este martes que se está planteando modificar el evento para convertirlo en una pasarela.

El consistorio cree que con estos eventos se “rompen estereotipos” y colabora “con los objetivos de renovar los cánones tradicionales de belleza y concienciar a la ciudadanía”. Según Mario Pérez, concejal de Turismo, “el riesgo de anorexia y otras enfermedades existe y eventos como este sirven para luchar contra todo eso. No se trata solo de que estas jóvenes se sientan más o menos atractivas, sino que se sientan bien consigo mismas, que no tengan complejos”.

No lo ve de la misma forma Juan Manuel Mancebo, portavoz de Electores-Equo en el ayuntamiento, que escribió una entrada en su blog titulada “El alcalde que puntuaba a mujeres en traje de baño”. En aquel texto explicaba su opinión: “Hacer pasear a mujeres y puntuarles el cuerpo las convierte en objetos, cosificándolas y comercializándolas”.

“Da igual que el certamen se dedique a las chicas con tallas grandes, a las más bajitas o a las que tengan el pelo más o menos corto. Un concurso de belleza para mujeres con talla fuera de los cánones comerciales no reivindica su aceptación ni su normalidad en nuestra sociedad sino que las iguala con otras mujeres objeto”, argumenta Mancebo. El político opina que las mujeres posarán “para que les puntúen el cuerpo, no para que puntúen la ropa que llevan”. “No entiendo que igualar derechos signifique igualarte con mujeres objeto”, concluye. Para Mancebo, hay mucha diferencia entre un certamen de belleza y una pasarela de moda. “Aquí se evalúa el cuerpo femenino, no la ropa. Yo respeto el objetivo último de acercar gente fuera de los cánones al circuito, pero estoy en contra del circuito”, comenta el concejal a eldiario.es/Andalucía.

“Me parece un poco gracioso ese razonamiento, porque eso no lo hace con los concursos de miss y míster en la feria del pueblo”, replica la organizadora, que se pregunta: “¿Por qué ahora sí, cuando estoy intentando meter a la mujer de talla grande, que es la real, y no con las tallas llamadas regulares, que es cuando hacen daño?”. Según asegura, barajó la posibilidad de que también hubiera un certamen de hombres, pero se encontró con una respuesta muy escasa. Ella insiste en la intención de su propuesta: “Málaga no sabe lo que es la talla grande”.

Los terrenos que rodean el club de tiro Jarapalo, en Alhaurín de la Torre (Málaga), están contaminados con al menos 60 toneladas de plomo. Así lo admiten desde el propio club, que en mayo de este año contrató a una empresa para descontaminar los terrenos. Las desavenencias jurídicas con esa empresa, que denuncia una ruptura unilateral e injustificada del contrato por parte del club, han destapado la contaminación acumulada durante sus más de 40 años de existencia. Los grupos municipales IU-Los Verdes y Alhaurín Despierta-Equo presentaron este viernes una moción conjunta en la que piden que se inspeccione el lugar, se declare la contaminación del suelo, se descontamine y se sancione, si procede, al club. Los grupos políticos piden lo mismo para otro campo municipal de tiro, en terreno municipal.

Cuarenta años disparando a pichones y al plato han provocado que el terreno del campo de tiro esté hoy infestado del plomo de los balines, perdigones y los propios platos. María García, responsable de la empresa que el club contrató para descontaminar el terreno, calcula que hay aún unas 100 toneladas por recoger, basándose en los años y el tipo de uso y la superficie afectada. Sus trabajadores han recogido ya diecisiete toneladas, y al menos otras 4,5 han sido retenidas por el club, que ha resuelto el contrato por “pérdida de confianza”, según Pepe Sánchez, uno de sus integrantes y portavoz.

El club de tiro Jarapalo se encuentra en terreno forestal. Durante cuarenta años ha albergado campeonatos nacionales de tiro, incluyendo de tiro al pichón, tal y como informó en su día eldiario.es/Andalucía. Sin embargo, desde hace año y medio sólo alberga competiciones y entrenamientos de tiro olímpico y skeet, también de equipos internacionales. Todo ese plomo, disparado en jornadas de entrenamiento diario, está en la tierra. Una de las pistas linda con un barranco que desemboca en el cauce del arroyo de la Breña, afluente, cuando lleva agua, del río Guadalhorce. El plomo es un metal pesado venenoso que no se degrada y que, por tanto, se acumula en el suelo. Cuando se generan altas concentraciones y pasa a la cadena alimentaria tiene efectos tóxicos.

La Orden Ministerial sobre suelos contaminados que prepara el ministerio de Medio Ambiente incluye el tiro como actividad potencialmente contaminante del suelo. Según el proyecto de orden publicado por el Ministerio, “se ha podido comprobar empíricamente la existencia de elevadas concentraciones de contaminantes relacionados tanto con la munición como con los platos que sirven de blanco”. La norma recoge que los “hidrocarburos aromáticos policíclicos” (los platos están compuestos por elementos como brea o cadmio) y el plomo que genera la actividad de tiro pueden suponer un riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente.

La inclusión de la actividad entre aquellas contaminantes del suelo implicará que los titulares de suelos contaminados queden obligados a comunicar su situación, limpiarlo y restaurarlo, previa declaración de que está contaminado por parte de la comunidad autónoma. La limpieza y recuperación de los suelos contaminados corresponde a los causantes de la contaminación, según la ley 22/2011, que recoge el principio de quien contamina, paga.

Los grupos municipales de IU-Los Verdes y Alhaurín Despierta-Equo denuncian también que el club podría haber ejercido su actividad sin la preceptiva licencia. Según aseguran en su moción, el Ayuntamiento alega que no localiza el documento. Desde el club niegan que hayan funcionado sin licencia o que la actividad de limpieza no haya sido comunicada, aunque Sánchez remite a la Junta Directiva para obtener la documentación que lo acredite. Alhaurín de la Torre es un municipio donde varias canteras extrajeron árido durante décadas sin licencia alguna, hasta que los tribunales paralizaron la actividad.

El club y la empresa descontaminadora, enfrentados por el valor del plomo

Según explica Pepe Sánchez, el club lleva ya dos años intentando descontaminar sus terrenos, pero se ha encontrado con un sector donde campan empresas ilegales y sin las licencias preventivas. Contrató a María García, que acudió a Alhaurín el Grande con cuatro trabajadores a finales de junio y extrajo durante el mes de julio y los primeros días de agosto más de 20 toneladas, de las cuales ha retirado 17.

El sistema es el siguiente: los operarios protegen los plantones que haya en el terreno, lo alisan, pican la tierra hasta una profundidad de unos ocho o nueve centímetros y la amontonan barriendo “con un cepillo de plástico”. Entonces ese montón se somete a un doble cribado, con un último paso que María prefiere no desvelar. “Se hace todo a mano, es un trabajo muy laborioso”. Partiendo de lo que ya se ha cribado (el 15 o el 20% de la superficie), Sánchez cree que habrá otras cincuenta o sesenta toneladas, que María García eleva a cien.

Ella asegura que ha trabajado en otros ocho clubes de tiro, siempre sin queja. En esta ocasión, sin embargo, hay discrepancias de cómo interpretar el contrato en su parte económica. Una vez “rescatado” el plomo, este se traslada a una gestora que lo valoriza y paga un precio por él. En el contrato queda claro que por las primeras diez toneladas no debía abonarse cantidad alguna al club, que sin embargo pretende obtener un dinero por el plomo restante. María dice sentirse engañada, asegura que otros clubes nunca le han exigido pago alguno por retirar el plomo que generan y que rige el principio de quien contamina, paga.

El club, por su parte, alega una serie de incumplimientos y “pérdida de confianza” para resolver el contrato, y retiene desde hace semanas al menos 4.500 kilogramos (María dice que son 6.000). El club no tiene ánimo de lucro y pretende “reinvertir” lo que obtenga del plomo que ha generado. No obstante, Sánchez admite que detrás de todo hay un conflicto económico: “Lo único que ha ocurrido es que esta señora se ha llevado 17 toneladas y no nos ha pagado un duro, y el plomo se cotiza a 1.700 euros la tonelada… y en el Metal Exchange de Londres [el mayor mercado mundial de metales] a 2.200 euros”. Se trata de descontaminar, sí, pero el producto tiene “un valor importante”, dice Sánchez. García lo interpreta de otra forma: “Lo único que quieren es lucrarse con algo a lo que están obligados”.

El pasado 30 de Diciembre con “festividad y alevosía” entró en vigor via real decreto una modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, publicada por el Gobierno en BOE un día antes.  La experiencia en política municipal nos dice que cuando se publican en estas fechas, casi en tiempo de descuento, cambios en reglamentos u ordenanzas se consigue (y probablemente se busca) que pasen desapercibidas, que sus plazos de alegaciones se agoten sin que representantes políticos ni ciudadanos se percaten hasta que ya es demasiado tarde. Así se ha “ejecutado” más de una subida de impuestos, nombramientos o contrataciones que se han visto librados de la respuesta y polémica que se merecían.

Por su importantísima repercusión y las consecuencias que podrían derivarse de su puesta en marcha,  esta modificación en el reglamento que desarrolla la Ley de Aguas habría sido sin duda mucho mas contestada si no hubiese pasado tan desapercibida. Extraña que no haya llegado ya a los medios con titulares del tipo: Solo tres semanas después de las inundaciones el Gobierno modifica la ley para permitir construir en suelo inundable. Al contrario, han aparecido algunas referencias que mencionan las nuevas obligaciones que los promotores tendrán que cumplir para desbloquear muchas de las inversiones y promociones en terrenos inundables, asumiendo vía declaración responsable que “conocen los riesgos y se comprometen a trasladarlos a los posibles afectados”.

Pero no se engañen, la modificación es un regalo de Navidad del Gobierno central a los que tienen planeado construir polígonos, urbanizaciones y hasta ciudades aeroportuarias en zonas inundables, en muchos de los casos con la imprescindible complicidad de las administraciones locales dirigidas por personajes que aspiran a revivir los réditos políticos (y de otro tipo) de la burbuja inmobiliaria. No es difícil identificarlos, muchos de ellos han incluido estos macroproyectos y recalificaciones en sus programas electorales y culpan a otras administraciones a técnicos y ecologistas de bloquear sus futuras construcciones que “generarán miles de empleos y riqueza, que es lo que importa”.

Son los promotores y alcaldes que sueñan con convertir nuestras vegas y marismas, inundables por naturaleza, en centros comerciales y urbanizaciones de lujo, “aunque para ello haya que modificar el cauce de un río, elevar la cota de los terrenos o mandar a Doñana a los patos que molesten” (*) . Todo ello, claro está, a costa del erario público, porque construir en zonas inundables supondrá, como en tantas otras ocasiones, una transferencia de recursos públicos a lo privado.

Está todo previsto:

La “relajación” de los impedimentos legales, con modificaciones como esta del 30 diciembre, van a permitir desbloquear proyectos y construir en zonas inundables y darán paso a las recalificación de terrenos de uso agrícola a urbanos permitiendo el acceso de los inversores a zonas que hasta ahora habían quedado a salvo de la especulación inmobiliaria.

Luego vendrán las facilidades, bonificaciones y exenciones de impuestos para los empresarios, que ayudarán a reducir sus costes y cuadrar sus planes de inversión.

Enseguida aparecerán en los presupuestos las partidas millonarias y subvenciones de fondos públicos desde Ayuntamientos, Gobiernos autonómicos o la UE, que subvencionarán o costearán las faraónicas obras hidráulicas necesarias para que los proyectos sean viables y las empresas puedan implantar sus flamantes edificios en terrenos que ahora son inundables y carentes de infraestructuras. Obras públicas ejecutadas, por supuesto, por las grandes constructoras que ganarán los concursos y licitaciones e inflarán los presupuestos con sobrecostes millonarios para elevar la cota de terreno, construir diques de contención, viales y toda suerte de infraestructuras. Costes que no podrán soportar los pequeños propietarios que se verán obligados a renunciar o malvender sus terrenos a los bien informados compradores que ya llevan años en esas zonas acumulando metros.

Tampoco hay que descartar el posterior florecimiento del próspero sector de las puertas giratorias, que atravesaran con mucha probabilidad algunos de los que ahora gobiernan y cambian leyes, apostando ciegamente por estos proyectos, para acabar con despacho propio en alguna de las entidades de conservación, fundaciones o empresas que allí se ubiquen.

Y si al final, después de todo, aquello se inunda, los propietarios finales, ya legalmente advertidos, verán como sus seguros dan un paso atrás a la hora de las reclamaciones. Y lo que probablemente no verán será a los promotores e inversores que les vendieron los locales o casas a los que posiblemente tengan que acceder algún día en zodiac. Y claro, reclamarán a la Administración, que nuevamente irá, con el dinero de todos, a rescatarlos, a retirar el barro de sus casas y a limpiar las calles que un día fueron ricas huertas en tierra fértil, gracias a las periódicas crecidas naturales de nuestros ríos.

Pero atentos, inversores, promotores y especuladores de dentro y fuera de los Ayuntamientos, no se froten aun las manos. Aún hay margen para conseguir que desde las comunidades autónomas se establezcan mecanismos adicionales de protección y para que los Ayuntamientos apuesten por proyectos sostenibles libres de estos riesgos y consecuencias que hipotecan nuestro futuro.

No será fácil, pero al menos, es necesario que se conozca lo que está pasando y tomar nota, que tampoco queda tanto para las siguientes elecciones.

Juan Manuel Mancebo Fuertes es miembro de Electores-EQUO y concejal de la candidatura ciudadana Alhaurín Despierta en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

(*) Expresión literal del Alcalde de Alhaurín de la Torre ante la reclamación de este concejal en la oposición, de que el macroproyecto de ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre, actualmente frenado por los informes de inundabilidad de la Junta de Andalucía, respetase las zonas que afectan a especies en peligro de extinción y sus espacios de anidamiento en el bajo Guadalhorce.

Para ahorrar en la factura eléctrica Alhaurín de la Torre contratará un “servicio de gestor eléctrico” externo en el que gastará 120.000 euros en dos años. El adjudicatario, Grupo Ineda Electricidad, S. L., realizará funciones de “consultoría y gestoría eléctrica” porque, según el pliego de condiciones del contrato ofertado en enero, el Servicio Municipal de Electricidad del ayuntamiento no puede realizar esas tareas.

El pliego técnico recoge las funciones del adjudicatario: “Estudios de los suministros y verificación de la factura eléctrica”, “gestión de tramitaciones”, “gestión de reclamaciones y resolución de conflictos” y “asesoramiento técnico”. Los trabajos se refieren siempre al suministro eléctrico de titularidad municipal o “privada por interés social o municipal”. “Debido a la gran cantidad y diversidad de tipologías de los suministros eléctricos” que el ayuntamiento tiene contratados y a la “frecuente necesidad de nuevos suministros” el servicio municipal no puede asumir estas funciones, razona el pliego técnico.

Fuentes municipales oficiales aseguran que el municipio requiere “un control de la facturación, redactar informes de los suministros para posibles mejoras, supervisar lecturas, etc...”. “Alhaurín es un pueblo en constante crecimiento. Crece el pueblo y crece la red de electricidad y de iluminación pública”, explican. El municipio tiene unos 38.000 habitantes censados y consigna 2.223.140 euros para gasto eléctrico en sus últimos presupuestos. El contrato que ahora adjudica tiene una duración de dos años, prorrogable por otros dos.

La revisión de las facturas del alumbrado público, que consume habitualmente el grueso del suministro eléctrico municipal, es una de las tareas de los técnicos o funcionarios encargados del servicio eléctrico, que en Alhaurín de la Torre integran seis operarios y oficiales encargados del trabajo “a pie de calle”. El ayuntamiento justifica la externalización del servicio porque sus funcionarios “no pueden asumir también la carga de trabajo que suponen todos estos trámites de gestoría, consultoría, administración...”, y resalta el alto número de contratos de suministros suscritos (320, según fuentes oficiales) y la superficie de un municipio muy disperso, que abarca 84 kilómetros cuadrados.

Dudas sobre el proceso

La convocatoria de este concurso ya levantó críticas de la oposición a comienzos de año y debió ser corregida en junio después de que se estimara un recurso del grupo municipal Alhaurín Despierta, en el que alegaba que la información necesaria para elaboración las ofertas no era pública y denunciaba que quien la tuviera podría disponer de información privilegiada. El ayuntamiento colgó entonces en la web municipal algunos documentos relativos al consumo eléctrico municipal. En julio Juan Manuel Mancebo, portavoz de Alhaurín Despierta, publicó un tuit en clave en el que anunciaba el nombre del ganador, dos meses antes de que se abrieran los sobres. Acertó. Su grupo municipal ha recurrido la adjudicación ante el orden contencioso-administrativo.

Mancebo aseguró el miércoles que quería “dejar constancia de lo que es vox populi en el propio Ayuntamiento y en el sector de las empresas que podían licitar a este tipo de concursos: un posible trato de favor hacia un empresario”. El ayuntamiento emitió el miércoles por la tarde un comunicado rechazando cualquier irregularidad en el proceso y acusando al concejal de actuar “sin prueba alguna”. Según el alcalde, Joaquín Villanova, “las falsedades difundidas por este concejal son muy graves, en tanto que ponen en duda la profesionalidad e imparcialidad de los funcionarios y técnicos municipales”.

El proceso de adjudicación ha concluido de manera sui generis. Para concurrir era necesario presentar un “Proyecto de Gestión Eléctrica Integrada” que describiera los trabajos a realizar. Las dudas respecto a los datos que debía contener el proyecto motivó, precisamente, que en mayo se paralizase el concurso y volviera a convocarse, días después, con un pliego más claro. Sin embargo, finalmente ninguno de los proyectos presentados por las tres empresas se ha sido tenido en cuenta, porque la mesa de contratación ha excluido toda valoración técnica por entender que ninguna proponía actuaciones de mejora.

De esta forma, la adjudicación definitiva se ha basado únicamente en el criterio económico. Sin embargo, aunque sólo se ha valorado el criterio económico, no se ha producido baja alguna respecto al presupuesto base. Es decir: el importe máximo era de 120.000 euros, IVA incluido, y el contrato se ha adjudicado por esa cantidad exacta. Esto ha sido posible gracias a la figura del precio unitario: la adjudicataria prestará el servicio por 6 euros/hora más IVA, hasta agotar los 99.173,55 euros más IVA (120.000 en total) contemplados en la oferta. La reducción de los precios unitarios no supone, de esta forma, una baja en el precio final.

¿Cómo se determinarán las horas que deberá invertir Grupo Ineda en realizar cada uno de los trabajos? El pliego establece que el servicio municipal encargará, recibirá un presupuesto, lo aprobará y cursará una nota de pedido para cada trabajo, hasta el límite de 120.000 euros. El gasto final quedará por tanto en manos de los técnicos del ayuntamiento.

Un vídeo, que se reproduce editado junto a esta información, muestra máquinas y camiones trabajando en una de las canteras de Alhaurín de la Torre, cerradas para cualquier actividad desde abril de 2014. Los vídeos íntegros, a los que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, fueron entregados anónimamente a la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS), junto a un texto en el que se denuncia cómo las máquinas trabajan “de forma clandestina, con nocturnidad, arrancando material”.

La utilización del material de las canteras de Alhaurín, que surtieron de árido a la Costa del Sol durante el boom del ladrillo, está prohibida desde que expiró el Plan Especial de Restauración, el 28 de marzo de 2014. El plan, vigente durante siete años, no autorizaba la extracción sino sólo vender del árido (caliza dolomítica) obtenido de los trabajos para la restauración de la sierra, esquilmada durante más de treinta años sin que se hubiesen concedido nunca las licencias preceptivas.

El vídeo ha sido entregado de forma anónima junto a un texto en el que se denuncia que se está “extrayendo material de los frentes de cantera”. El metraje en bruto, sin sonido, fue grabado el 15 de julio de 2016, desde las 5:38 de la madrugada a las 7:22, y el 22 de julio, desde las 6:36 a las 7:45, según los datos sobreimpresionados en el propio vídeo. En los vídeos originales, que tienen cortes, se observa a una retroexcavadora y a un camión cargando el árido y desplazándose en el terreno de las canteras. Poco antes de las 8 de la mañana, con las primeras luces del día, el conductor del camión da por concluido el trabajo.

Pinos de Alhaurín carece de licencia para la extracción y comercialización del material extraído de la cantera, aunque puede tratar en su planta de machaqueo el árido obtenido en otros lugares. Pedro Caballero, uno de los dueños, asegura que sólo se realiza machaqueo y molienda de material de “estocaje” (almacenado con anterioridad) y proveniente de otras canteras. “No verá actividad de arranque en el frente de cantera”, asegura. Sin embargo, los trabajos documentados en el vídeo se realizan lejos de la planta de machaqueo y en una zona que no está de paso entre esa planta y la carretera.

“No tiene sentido subir el material de otro lugar para luego bajarlo”, opina Eduardo Sáez, portavoz de la PDSS, quien se pregunta por los motivos de realizar los trabajos de noche, con los riesgos y las molestias para los vecinos que eso supone. Según Caballero, de noche es “más económico” porque la tarifa energética es menor. Las máquinas estarían lejos de la planta de machaqueo para evitar los robos de gasoil que, dice, han sufrido.

La PDSS cree que el vídeo refuerza las denuncias que viene realizando desde hace años ante Seprona, la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. En esas denuncias ha aportado fotografías de máquinas que sirven para picar el mineral. Según Sáez, hay una “suma de evidencias”, insuficientes por separado pero concluyentes en conjunto.

Para el ayuntamiento, sin embargo, nunca quedó acreditado que se realizasen actividades de extracción. “Lo único que ha podido constatarse” es que el titular de la cantera “realiza actividades en la Planta de Tratamiento de áridos”, se lee en el Decreto de 19 de febrero de 2015 que daba respuesta a la denuncia. A esas resoluciones y la falta de denuncia por parte de Seprona se atiene Pedro Caballero, en conversación con este medio.

Se da la circunstancia de que el 18 de septiembre de 2014 el propietario de la cantera Pinos de Alhaurín solicitó al ayuntamiento que tramitara un Plan Especial que le permitiera utilizar el árido resultante de nuevos trabajos de restauración en la cantera. Sin embargo, el 5 de diciembre de ese mismo año solicitó su paralización, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio. Según los canteros, la suspensión se pidió para evitar que prescribiera la solicitud mientras la consejería de Medio Ambiente respondía sobre los requisitos técnicos. Un año y medio después, el procedimiento sigue en suspenso.

La PDSS ha entregado el nuevo vídeo tanto al Seprona como, este lunes, al consistorio. El vídeo ha aparecido también en la sede de algunos partidos políticos, como Alhaurín Despierta (Electores-Equo), muy crítico durante estos años con la actuación del gobierno municipal del PP en el asunto de la sierra. Un portavoz del ayuntamiento aseguró el jueves por la mañana que el alcalde ha dado nueva orden a la policía local para que inspeccione el lugar. Con el resultado de la inspección se dará cuenta a la Junta de Andalucía.

El árido ilegal que surtió el boom inmobiliario de la Costa del Sol

El árido ilegal que surtió el boom inmobiliario de la Costa del Solboom La actividad extractiva en la sierra de Alhaurín de la Torre, municipio colindante con Málaga capital, provocó una gran polémica a mediados de la pasada década, en plena burbuja inmobiliaria. Durante treinta años las empresas (entre otras, Sando e Italcementi) obtuvieron material de unas 100 hectáreas de monte sin tener licencia para ello y sin que el ayuntamiento se la exigiera.

El Tribunal Superior de Justicia confirmó en octubre de 2005 que era ilegal extraer árido de cuatro aquellas canteras (Taralpe, Pinos de Alhaurín, Retamero y Troconar). La resolución judicial, dictada a raíz de una denuncia formulada por la PDSS en 1999, generó huelgas y protestas de los trabajadores, que por entonces surtían a las constructoras de la Costa del Sol de un ingrediente indispensable para el mortero y el cemento. Los interesados difundieron la idea de que la sentencia llegaba a poner en peligro las infraestructuras de las que por entonces se estaba equipando la provincia, como el Metro de Málaga, los túneles del AVE, la ampliación del aeropuerto o el puerto de la capital. Estas y otras tantas obras se habían ejecutado hasta entonces con materiales extraídos ilegalmente.

El 13 de enero de 2006 la Junta de Andalucía, el ayuntamiento, las empresas y los sindicatos llegaron a un acuerdo: se restauraría y reforestaría el enorme boquete y el material resultante de abancalar el terreno podría venderse por las propias canteras condenadas. Se trataba, según aquel acuerdo marco, de devolver al entorno “su morfología física” procurando a la vez una solución al conflicto laboral. Transcurridos los siete años de vigencia del plan el porcentaje de restauración ronda el 10%, según reconoció el alcalde Joaquín Villanova recientemente.

Tan poco efecto ha tenido el plan que en un Pleno extraordinario celebrado el 29 de marzo de este año se aprobó crear una comisión técnica para estudiar nuevas fórmulas de restauración entre la Junta de Andalucía, los sindicatos, las empresas, el ayuntamiento y la PDSS. Pasados siete meses y medio desde aquel pleno la comisión no se ha puesto en marcha.

Colectivos animalistas, asociaciones ecologistas y representantes de Equo y Pacma protestaron a las puertas del club de Tiro Jarapalo en Alhaurín de la Torre durante la celebración del Master y Campeonato de España que se ha celebrado este fin de semana. Virginia Jimenez, de la 'Plataforma contra el Tiro de Pichon' y la asociación 'Amigos de las Palomas', ha leido un manifiesto en contra de la “matanza por diversión” que se produce en este torneo donde centenares de aves, principalmente palomas, “son mutiladas y proyectadas para luego ser abatidas por los disparos de los participantes.

La protesta, autorizada por la Dlegación de Gobierno, convocó a mas de 100 personas que participaron pacíficamente pese a las continuas provocaciones de algunos de los participantes que desde el interior del recinto, custodiado por la Guardia Civil y policía local, se mofaban y gesticulaban dirigiéndose a los activistas.

Los portavoces de EQUO en Málaga, Estela Martín y Paco Soler, declararon que EQUO continuará trabajando en las distintas instituciones y estudian acciones a nivel judicial para erradicar todas las prácticas que supongan maltrato animal y un menoscabo de los derechos de los animales.

Por su parte Juan Manuel Mancebo, concejal y portavoz de la candidatura ciudadana Alhaurín despierta en el Ayuntamiento, recordó que el próximo viernes defenderá en la sesión ordinaria del mes de octubre del Pleno del Ayuntamiento una moción solicitando la declaración del municipio como “amigo de los animales y contrario al maltrato animal” con la petición expresa de que se inicien los tramites para acabar con esta modalidad de tiro en Alhaurín.

Don Joaquín es el alcalde de mi pueblo, Alhaurín de la Torre. Pero podría serlo de cualquier otro. Es del Partido Popular, pero también podría ser (y de hecho lo fue) de cualquier otro de los grandes partidos.

Tiene otras características en común con el resto de alcaldes de su especie. A saber: su afición por las inauguraciones y boatos, por las grandes obras megalómanas y por las rotondas. También por repetir candidatura año tras año, evitando esa maldita palabra que es “sucesión” (de primarias ni les habléis, no fueron ese día a clase de democracia). Este, como otros, llevan casi 20 años en el poder, duplicando cargos e ingresos, (Alcalde-diputado a la vez, pasándose por “la rotonda” los estatutos de su propio partido) eso sí, siempre por que el “pueblo se lo pide”, y claro está, porque aun no ha nacido quien lo haga mejor que él.

Son los signos más visibles de un grupo de personas que han hecho de la política una forma de vida y de los Ayuntamientos la perfecta extensión de sus partidos para satisfacer sus intereses y los de los más cercanos. Son los neocaciques. Mas “caspa” que “casta”, matizando la expresión del “otro”.

Para entender cómo funcionan les cuento la metáfora de “la palmera”, otra de sus filias.

El de aquí, el de Alhaurín, ha convertido travesías y carreteras en avenidas de palmeras tropicales. (Imagínense yendo al Mercadona, rollo esa escena de Edy Murphy paseando en descapotable por Beverly Hills). Atrezzo de infraestructuras escaparate diseñadas por el departamento de obras que dirige el todopoderoso arquitecto y ejecutan a medias los servicios operativos municipales y alguna empresa que, en el mejor de los casos gana concursos con pliegos de condiciones a medida, o los evita a través de fraccionamientos en las adjudicaciones de los proyectos y contratos. Todo legal, eso si.

El que las palmeras de 8 metros, venidas de Egipto o sudamérica, traigan su propia plaga de bichos que las elimina periódicamente al no encontrar el parasito su depredador natural en nuestra latitud, es un problema menor, que para eso están los presupuestos municipales y las sustituciones con nocturnidad, eso si, para que el decorado permanezca listo cada mañana y nadie note el desvarío.

Las palmeras son demasiado altas, no dan sombra, no dan frutos, nos cuestan el dinero, como los alcaldes que las ponen.  Si las calles y barrios se poblaran de otros árboles y los ayuntamientos de otros políticos, ambos de escala más cercanas a las de la gente, todo sería distinto.

Esta mañana, muy temprano, han cambiado en Alhaurín la que podría ser la última de las palmeras de don Joaquín.

Solo hace falta que nos pongamos a plantar naranjos o manzanos, que nos dan sombra, comida y se acercan más a la realidad de nuestros pueblos y ciudades. Luego el domingo, ser conscientes de que tenemos una oportunidad histórica de cambiar a través de las urnas a esos políticos que gestionan ayuntamientos como plantan palmeras.

Es el momento de colocar a ciudadanos organizados en partidos o plataformas, que gestionen y diseñen nuestras ciudades y nuestro futuro pensando en la sombra y en los frutos que necesita la gente.

En mi pueblo se llaman Alhaurín Despierta, en otros lugares son Ganemos, Ahora, En Comú u otras denominaciones ya conocidas.

Son las candidaturas ciudadanas, organizadas por gente diversa que viene de distintos espacios pero que compartimos un mismo objetivo de participación, transparencia y justicia social.

Gente que, pese a no conocernos, tenemos más en común entre nosotros que con aquellos que nos gobiernan.

El domingo solo hay dos opciones, votar para que nos gobiernen o votar para gobernar. Palmeras o naranjos.

Si hasta ahora el alcalde de Alhaurín de la Torre no informaba en la web del Congreso de las retribuciones percibidas por su desempeño como regidor, el viernes evitó informar al municipio de parte de lo que cobra como diputado. Joaquín Villanova fue cuestionado en el Pleno por la información publicada por eldiario.es/andalucia el pasado 14 de agosto, en la que se mostraba que no figuran en el Congreso sus retribuciones por asistir a las reuniones de los órganos colegiados del municipio. En su respuesta en el Pleno, Villanova explicó por qué: dijo que lo cobran todos los alcaldes y que no declararlo fue un error de otra persona. A continuación, ofreció un ejercicio de transparencia a medias. Interrogado por sus ingresos totales, obvió incluir las dietas que recibe del Congreso por residir fuera de Madrid. En un año, 21.886 euros. Dijo cobrar algo más de 75.000 euros brutos, cuando sus ingresos totales, sumadas las dietas, rozan los 100.000.

Joaquín Villanova admitió ante el Pleno del Ayuntamiento que percibe retribuciones por asistir a los órganos colegiados municipales e informó de sus remuneraciones anuales tomando su declaración de IRPF: “Los ingresos totales del año brutos son 75.134,10 [euros], ingresos que suman lo que percibo como diputado en el Congreso más lo que percibo como indemnización en el Ayuntamiento de Alhaurín”. El alcalde fue tajante: “Brutos 75.000, netos 50.000. Eso es lo que cobro por ejercer de alcalde todo el año, todos los días. Y también por ser diputado en el Congreso. Eso es lo que percibo y eso es lo que hay”. Sin embargo, no informó al Pleno de percibir 1.823,86 euros que el Congreso abona mensualmente a los diputados no residentes en Madrid y 1.500 euros anuales en concepto de dietas percibidos del Ayuntamiento de Alhaurín. Estos ingresos no constan en la declaración de IRPF, que leyó, porque están exentos de tributación. Suman 23.386 euros más.

En conversación telefónica, Villanova confirma que no incluyó las dietas por ser diputado no residente en los ingresos de los que informó al Pleno. “Las dietas están exentas de IRPF”, justifica, e insiste en que ese dinero “se gasta: 600 euros de alquiler, 200 y pico a la semana en comer… ¿Qué quiere, que le enseñe el contrato de alquiler? No tengo que declarar algo que está exento de IRPF. ¿Cuánto vale comer en Madrid?”.

La polémica por su declaración de actividades

La polémica por las retribuciones de Joaquín Villanova surgió cuando este medio informó de que su ficha de declaración de actividades en la página del Congreso recoge que es alcalde “sin percibir ningún tipo de remuneración”, pese a que ingresa 277,17€ euros por pleno ordinario (uno al mes), 207,88 euros por comisión informativa permanente (suelen celebrarse unas tres al mes) y otros 277,17 euros por cada junta de gobierno local (cuatro al mes). El resto de alcaldes-diputados aclaran en su ficha que ingresan una retribución por acudir a los órganos colegiados de su Ayuntamiento.

El alcalde de Alhaurín de la Torre excusa ahora la falta de información de la web del Congreso por un error material cometido por el funcionario encargado de transcribir su declaración. “Eso no lo grabo yo, eso lo graba el funcionario”, dijo en el Pleno del Ayuntamiento. Desde Madrid, insistió en la explicación del error, que a día de hoy se mantiene: “Yo no he querido ocultar, ha habido un error. Cuando se hizo, yo puedo poner una cosa y después se puede escribir mal”. Y añadió el argumento de la legalidad: “¿Tiene algún interés para mí ocultar algo que está dentro de la ley?”

Villanova incluyó en su alegato ante el Pleno un recordatorio de lo que hace y no cobra por ser alcalde: “Ni por trabajar los domingos, ni los sábados, o ejercer la función de administrar a 600 funcionarios, ni por el presupuesto que puedo manejar; no se cobra nada por la responsabilidad de ser alcalde”. La renuncia al sueldo de alcalde es obligada porque la ley prohíbe cobrar dos salarios por el ejercicio de sendos cargos públicos, y Villanova optó por cobrar su sueldo de diputado, superior al sueldo de alcalde. Después, relacionó los cargos que acumula (además del de alcalde y diputado) sin percibir dinero por ello: cuatro vocalías, la presidencia del consejo rector de un organismo autónomo, la representación en dos consorcios públicos y la presidencia de una fundación medioambiental local. Entre cargo y cargo, Villanova añadía una frase: “Y tampoco cobro”. Por teléfono, remarca que gestiona un Ayuntamiento con más de 40 millones de presupuesto, del que percibe, dice, lo mismo que los concejales de la oposición: “Y a lo mejor tengo que hacer bodas los sábados o los domingos…”.

El portavoz del grupo municipal Electores-Equo había registrado tres preguntas relacionadas con los ingresos de Joaquín Villanova. Se da la circunstancia de que fue el propio alcalde quien tuvo que leer y responder las preguntas, porque la oposición al completo había abandonado sus asientos, en protesta por el hecho de que el regidor catalogase a un antiguo alcalde socialista como “franquista” y “fascista”.

La oposición de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha solicitado a Joaquín Villanova, alcalde de la localidad, que aclare qué tratamiento fiscal reciben las retribuciones que cobra por asistir a los plenos y otros órganos colegiados del Ayuntamiento. La oposición ha registrado la pregunta tras la respuesta dada por el conservador a la información publicada por este diario.

Villanova defiende en el comunicado que no recibe sueldo ninguno por su trabajo como alcalde y que sus únicos ingresos del Ayuntamiento proceden de “dietas o indemnización por asistencia a los órganos colegiados municipales a los que pertenece”.

El grupo municipal de Electores-Equo asegura que ni dietas ni indemnizaciones están sometidas a retenciones tributarias, pero que las retribuciones que perciben el resto de concejales por asistencia a plenos sí cuentan para la declaración del IRPF, aunque no cotizan a la Seguridad Social. “En caso de ser este el tratamiento fiscal de las percepciones del alcalde se trataría de una situación de favoritismo respecto al resto de la corporación”, denuncia Juan Manuel Mancebo, coportavoz y concejal de Electores.

Según la ley que regula el IRPF “las retribuciones satisfechas a los concejales constituyen rendimientos del trabajo para sus perceptores sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [...] con excepción de la parte de las mismas que el Ayuntamiento asigne para gastos de viaje y desplazamiento”.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, gobernado por Joaquín Villanova (PP), ha utilizado el cartel informativo de unas obras de pavimentado para señalar a sus adversarios políticos. El cartel, colocado en el acceso a una barriada, informa de que el PSOE, IU y UPyD votaron en contra de las obras y Electores-Equo (Eres) se abstuvo. Sin embargo, la información es incorrecta: ni PSOE ni IU votaron en contra, ni la votación se refirió a la ejecución de esas obras en concreto, sino a la modificación de dos partidas presupuestarias, que finalmente acabaron siendo consignadas para las obras en cuestión.

“Reurbanización Platero 1º. Aprobada en Pleno Municipal de 14 de marzo de 2014. Votos a favor: Partido Popular. Votos en contra: PSOE, UPyD, IU. Abstenciones: ERES”, resume el cartel de la obra, presupuestada en más de 350.000 euros. Es un caso excepcional de transparencia informativa sobre obras públicas, en el que la información va más allá de lo exigible. Pero la información, en este caso, es errónea, de modo que los partidos de la oposición han denunciado el uso de la cartelería informativa de obras públicas con fines electoralistas. “Es propaganda”, dice el PSOE. “Está hecho para hacer daño”, comenta Electores. Ni el PSOE ni IU votaron en contra de la propuesta en la que se enmarcan estas obras, sino que se abstuvieron, según consta en el acta del Pleno. “Nosotros tendemos por regla general abstenernos en los casos de modificaciones presupuestarias, porque dejas de invertir en un sitio para invertir en otro”, explica Micaela García, portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre.

García denuncia también que el cartel confunde deliberadamente qué se votó aquel día. “Lo que estábamos votando era un cambio de una partida”, explica Juan Manuel Mancebo, de Electores, “pero no era una partida finalista, para el asfaltado de tal calle. Nunca se votó acerca de asfaltar Platero”. “Nosotros reprochamos que cuando el alcalde hace modificaciones no especifica a qué obras se va a dedicar el dinero”, completa García.

UPyD: “No podemos aprobar una partida de 400.000€ si no se nos informa de dónde se van a realizar dichas obras”

UPyD fue el único partido que votó en contra de la modificación presupuestaria. Ayer publicó un comunicado dirigido a los vecinos de la zona afectada por las obras, en el que denuncia “las mentiras” del equipo de gobierno, la “utilización parcial que hacen de la información” y “cómo se gastan el dinero de nuestros impuestos de forma partidista y electoralista”. UPyD explica en su nota que el equipo de Gobierno llevó a Pleno una modificación de crédito, “sin informar a la oposición de a dónde va a ir ese dinero ni tampoco las obras que se van a realizar”: “Como comprenderán todos los vecinos, desde la oposición no podemos aprobar una partida de 400.000€ si no se nos informa de dónde se van a realizar dichas obras”. Según Juan Manuel Mancebo y Micaela García, la modificación de los presupuestos (aprobados en noviembre) es un instrumento de uso común en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Mancebo añade que en este ejercicio ronda ya el 20%. PSOE, IU y UPyD también protestaron en el Pleno por las “continuas modificaciones de crédito”.

El acta del Pleno de 14 de marzo no menciona en ningún momento las obras de reurbanización de la Barriada Platero. La propuesta de resolución recoge la siguiente descripción genérica de la modificación: “Reurbanización, mejora de pavimentos e infraestructuras de vías públicas”, por valor de 450.000 euros. Sin embargo, tres días después, el 17 de marzo, el PP emitió un comunicado reprochando el “inmovilismo” de los partidos de la oposición por “rechazar su apoyo a una modificación aprobada hoy y que beneficiará a numerosos vecinos para realizar obras muy demandadas”. En esa nota sí se recoge que la Barriada Platero se beneficiará de las obras.

El propio alcalde se negó en el año 2011 con carácter general a colocar carteles informando del coste y el plazo de ejecución de las obras del municipio, motivando su decisión en que sólo es obligatorio en las obras subvencionadas y en que el Ayuntamiento “no se gasta tanto dinero en publicidad”. “Los carteles valen mucho dinero y estamos en época de austeridad”, dijo en el Pleno de 10 de noviembre de 2011. Esa regla ha sido alterada ahora. Llegado el momento de ejecutar las obras, el Ayuntamiento señaló a todos los demás.

Las casetas de feria en Alhaurín de la Torre se han convertido, en apenas dos días, en un problema político y jurídico para el alcalde de la localidad y diputado en las Cortes, Joaquín Villanova. El Tribunal Supremo está investigando al regidor a propósito de la concesión de una caseta en el año 2005 y estudiará la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de Villanova y la entonces concejala de fiestas, Isabel Fraile, a quienes se acusa de conceder la caseta municipal a cambio de 3.600 euros en tiques de consumiciones. El lunes, dos días antes de que se conociera esta información, Electores Equo había denunciado que la caseta del Partido Popular para la Feria de San Juan de este año incumple ocho artículos de la ordenanza reguladora. Entre otros, el que prohíbe ceder su explotación de forma gratuita u onerosa. Con una diferencia de nueve años, la gestión de las casetas de feria por parte del PP y del Ayuntamiento vuelve a estar en entredicho.

Julián Sánchez Melgar, magistrado de La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, asume ahora una causa por unos hechos que se remontan al año 2005. El alcalde, Joaquín Villanova y la exconcejala Isabel Fraile están acusados de conceder la caseta municipal de aquel año obviando el cobro de la tasa establecida y el procedimiento de oferta pública, a cambio de tiques en consumiciones por valor de 3.600 euros. Del asunto se ocupó inicialmente el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga, pero el aforamiento de Villanova motivó que la causa fuera remitida a Madrid. Según la resolución dictada en su día por el Juzgado, citada por EFE, la omisión del cobro de la tasa supuso “que el municipio fuese privado de dicha cantidad, que podría ser considerada dinero público”. El fiscal solicitó en 2011 una pena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, seis meses de prisión y una multa de 1.800 euros para Villanova. Sin embargo, el procedimiento ante el juzgado malagueño se extinguió poco después, cuando estaba cerca de culminar: el alcalde obtuvo su escaño en las elecciones generales de noviembre de 2011, y en 2013 el fiscal solicitó el traslado de la causa por el aforamiento del nuevo diputado.

La caseta del PP en la feria 2014

Los hechos denunciados por Equo para la caseta del PP en la feria 2014 guardan algún paralelismo con el caso que estudiará el Tribunal Supremo. Equo denuncia que el Partido Popular cedió la explotación de la caseta que le había sido asignada a un bar local. Este año, la caseta del Partido Popular para las fiestas recién terminadas compartía logo con ese bar. Al lado izquierdo de las puertas de acceso, un panel del PP alhaurino; al lado derecho, el del bar de copas Moobi Café. “Os esperamos todos los días de viernes a martes en el real de la feria en la caseta que tenemos ubicada en el recinto ferial frente a los moraos, caseta PP”, publicó Moobi Café en su perfil de Facebook el pasado 19 de junio. A continuación, insistía en la localización: “Os nomino a que vengáis a la caseta del Moobi Alhaurín (caseta del PP) lo mejor de lo mejor!! Y lo sabes…”. Moobi Café difundió también un cartel donde se publicitaba con la frase “Moobi Café, caseta PP”.

El artículo 17 de la ordenanza que regula la instalación y funcionamiento de las casetas de feria (aprobada en 2007 por el mismo equipo de gobierno) prohíbe “expresamente” cualquier cesión (gratuita u onerosa) de las casetas, así como su cambio de denominación. Equo también denuncia que en esta caseta, que según la norma debía permitir el acceso libre y gratuito a cualquier persona, prohibía la entrada a menores y que incumplía las normas de seguridad, prevención de incendios y accesibilidad.

El PP de Alhaurín de la Torre se defendió ayer de las dos acusaciones en sendos comunicados. Acusó a Equo de actuar “por envidia y por venganza” y negó que haya cedido la explotación de su caseta a un tercero, sin explicar la publicidad y la presencia del logo del bar de copas. Respecto a la llegada de la causa contra Villanova al Tribunal Supremo, explicó que no se ha solicitado el suplicatorio (la petición que debería formular el órgano jurisdiccional al Congreso de los Diputados antes de juzgar al diputado) porque “solo se cuenta con indicios, y no hay formalizada ninguna acusación por parte de la Fiscalía adscrita a este Tribunal”. Villanova siempre ha defendido que el contrato era de tipo menor, no generaba tasa y podía ser adjudicado directamente. Un último paralelismo: en su nota, el alcalde acusa a la denunciante, la exportavoz de IU en el municipio, de actuar por “venganza personal”. Han pasado nueve años, pero las casetas de feria del PP de Alhaurín de la Torre vuelven a estar en entredicho.

La Fiscalía ha pedido diez meses de cárcel y dos años de inhabilitación por maltrato a un hombre que dejó morir a sus tres caballos impidiéndoles salir de su cuadra y a los que les había dejado sin agua. La Asociación CYD Santa María de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha conseguido que el Ministerio Público se haga eco de su denuncia y que pida una pena de prisión para el dueño de los animales.

Según informa El País en su edición de este miércoles, los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2013 en Coín (Málaga). La citada asociación fotografió las cuadras tras ser avisada por agentes de la Guardia Civil para que se hicieran cargo en su albergue del único caballo superviviente.

La crisis ha hecho que 110.000 caballos hayan sido llevados al matadero en España en el último año, según datos del Gobierno. El refugio malagueño de caballos ya había detectadado un “alarmante” aumento en el número de estos animales que llega a sus instalaciones víctimas del creciente abandono que está provocando la crisis. La adopción es la alternativa que ellos ofrecen. A estos animales se les añaden los abandonados y los sacrificados con los propios medios de sus dueños. “A pesar de estas cifras, ninguna Administración se ha sentado a estudiar una solución”, lamenta su portavoz.

Juan Martín Serón (1958) se presentó a España con una frase al aire de esas que buscan hacer equipo: “¡No vienen a por mí, vienen a por el PP!”. El alcalde Alhaurín el Grande (Málaga) lanzó su soflama mientras era conducido a un coche de la policía la tarde de su detención (18 de enero de 2007), acusado en el llamado 'Caso Troya' de prevaricación y cohecho pasivo, entre otros delitos. Seis años después, ratificada por el Tribunal Supremo la condena que le impuso la Audiencia Provincial, ha dicho lo siguiente: “No sabía que en España se podía condenar sin pruebas o con pruebas montadas artificialmente”. Martín mantiene su tesis y parece seguir teniendo quién le apoye: en las últimas elecciones municipales obtuvo más del 57% de los votos válidos.

Aquel día de 2007, Martín Serón llegó a la cumbre de su carrera política y al siguiente paso se despeñó. Horas antes de su detención había compartido mesa y mantel en Marbella con Mariano Rajoy, entonces secretario general del PP, Javier Arenas, expresidente del partido en Andalucía, y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Pero a Martín se le complicó la digestión y acabó pasando la noche detenido, acusado de una ristra de delitos urbanísticos de la que, al final, ha quedado probado uno: el de cohecho pasivo. Martín Serón y su concejal de urbanismo, Gregorio Guerra, exigieron un pago de 122.000 euros a un constructor como contrapartida para dar una licencia de obras. Fue el principio del fin del alcalde más combativo contra el zapaterismo, aquel modelo político liderado por “ese tío” que promovía “la destrucción de España y la falta de libertades”, según afirmó Martín después de su detención. Llegó, incluso, a llamar a la “revolución” y a pedir la expulsión de España del entonces presidente del Gobierno.

Martín Serón es economista de formación, y lleva desde 1995 formando parte del consistorio de Alhaurín el Grande, un municipio con algo más de 20.000 habitantes, a unos 30 kilómetros de Málaga. Estos 18 años los ha pasado en el PP, con una interrupción de apenas un año: en 1999 abandonó la formación para formar el Centro Alhaurino Democrático. Obtuvo tres concejales en las elecciones municipales de aquel año, formó gobierno con el PSOE y el 16 de julio de 2000 presentó una moción de censura conjuntamente con el PP. Martín Serón llegó al Pleno siendo concejal de Hacienda y salió con el bastón de mando tan agarrado que no lo soltará hasta la semana que viene, cuando empiece a hacerse efectiva la condena. En este tiempo, y de vuelta al PP, ganó en 2003, 2007 y 2011. Siempre con mayoría absoluta y con más del 55% de los votos emitidos a su favor.

Esa ha sido la partida de Martín Serón desde aquel furibundo pataleo: aglutinar a sus votantes y provocar adhesiones sobre la base de una supuesta persecución iniciada durante el apogeo del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. No fue el único que dijo aquello entre los acusados por corrupción en el Partido Popular, pero sí quien lo dijo más alto y más claro: “Se puede ir contra un alcalde; se puede ir contra un concejal; se puede ir contra un partido; pero contra un pueblo no se puede ir. La república bananera que Zapatero quiere instaurar… Eso es lo que está consiguiendo: la república bananera de Zapatero. Las personas honradas en la cárcel, y la ETA en la calle. ¡Ese es el tema!”.

El alcalde se sintió una especie de mártir (“tras mi detención, tiene que haber miles de alcaldes preocupados en toda España”, declaró a El País), y se revolvió contra las instituciones que él consideraba dominadas por el PSOE. “Tengan cuidado con la Policía, la Fiscalía y el PSOE”, llegó a decir. Si la finalidad era sentir el calor de sus conciudadanos, Martín Serón puede darse por satisfecho; si se trataba de desenmascarar una conspiración, solo consiguió aumentar la lista de enemigos, porque desaparecido Rodríguez Zapatero, la Audiencia Provincial le condenó y ahora es el Tribunal Supremo quien ratifica aquella condena. Al Alto Tribunal lo ha acusado este miércoles de tardar “cuatro meses en dilucidar la sentencia, cuando esta se lee en un rato”, antes de cargar contra Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado en el momento de su detención y presidente de la sala del Tribunal Supremo que ha dictado la sentencia.

Martín Serón se marcha cuando ya no le queda más remedio y no sabe si para siempre. “No sé lo que haré en un año, pero tengo derecho a volver desde el punto de vista legal y moral”, ha explicado en su despedida. El Supremo ha confirmado la condena de suspensión de empleo o cargo público por un año y a 200.000 euros de multa por un delito de cohecho, pero su defensa estudia recurrir al Tribunal Constitucional por una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Del PP se dará de baja, según ha anunciado.

En junio de 2007, con el caso en plena fase de instrucción, Celia Villalobos apoyó al alcalde en su propio feudo y acusó a la Fiscalía de persecución política. En 2012, con la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial aún caliente, Javier Arenas pidió “abrir un debate franco y sereno sobre la presunción de inocencia”. Martín Serón ha aclarado que no dimite, y ayer mismo Elías Bendodo, presidente del PP en Málaga, aclaró que el partido tomaría una decisión “en los próximos días”.

“Hemos podido meter la pata, nos habremos equivocado, pero la mano nunca la hemos metido. Nos han detenido, nos han registrado y no han encontrado absolutamente nada. Otra cosa es que a lo que hayan encontrado le quieran dar otra interpretación”, relató en su día el alcalde. “Este tipo de justicia no es justicia, es un auténtico desastre, un edificio en ruinas”, ha soltado antes de concluir: “Decidme si esto no tiene mucho que ver con la Inquisición”.

El alcalde de la localidad malagueña y diputado en el Congreso por el Partido Popular, Joaquín Villanova, no permite que se graben los plenos municipales.

"La interacción libre de ciudadanos informados constituye la esencia de la democracia, por lo que ésta no puede existir sin pluralismo informativo", afirma Juan Manuel Mancebo, concejal de Electores-Equo.

La formación asociada a Equo, Electores, ha iniciado acciones legales para que se repare lo que considera una “gravisima y reiterada violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos del municipio” de Alhaurín de la Torre (Málaga). En un comunicado, Electores-Equo informa de los los acontecimientos ocurridos en el pasado pleno del 9 de agosto en el Ayuntamiento, donde se produjo la expulsión de dos ciudadanos por intentar grabar el pleno y la prohibición a los vecinos que lo solicitaron y al propio concejal portavoz de la formación denunciante. El alcalde de Alhaurín de la Torre y diputado en el Congreso por el Partido Popular, Joaquín Villanova, no permite grabar los plenos, como ya informó en su momento eldiario.es/andalucia.

Electores-Equo informa de su intención de agotar todas las vías legales, tras meses de solicitudes y peticiones denegadas, empezando por la interposición de los correspondientes recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa, para lo que cuentan con la asistencia del letrado Oliver Roales, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho de la Información en la Universidad de Málaga.

Grabaciones de la expulsión presentadas como pruebas

Ademas de las reiteradas peticiones y negativas, correspondientemente registradas, han sido presentadas como pruebas videograbaciones de la propia expulsión donde queda constancia de unos hechos por parte del alcalde, Joaquín Villanova (PP), “claramente constitutivos de serias violaciones de derechos fundamentales, al impedírsele arbitrariamente, tanto al concejal, como al público asistente, poder acceder y difundir una información de carácter esencial para la ciudadanía”, indican en el comunicado, en el que incluyen el vídeo de la citada expulsión:

Electores considera que el derecho constitucional a la información es vital para la formación de una opinión pública libre, algo imprescindible para la democracia, y se ve en la obligación de defender este derecho por via judicial y prestar el apoyo legal a las denuncias que presenten a titulo particular los vecinos afectados.

“La interacción libre de ciudadanos informados constituye la esencia de la democracia, por lo que ésta no puede existir sin pluralismo informativo”, afirma Juan Manuel Mancebo, concejal de Electores-Equo, quien lamenta que la actitud del alcalde haya forzado la judicialización de esta petición ciudadana. “Hemos solicitado en una docena de ocasiones permiso para grabar, ofreciendo todas las garantías que la ley exige, y la respuesta del señor alcalde ha sido siempre negativa”, lamenta el concejal.

“Es un hecho muy grave, dada su condición de diputado, ya que el propio Gobierno confirmó recientemente este derecho en respuesta a una pregunta parlamentaria. Ademas, en el último pleno se expulsó y amenazó a dos ciudadanos con sanciones. No nos va a temblar el pulso en la defensa de los derechos y libertades de nuestros ciudadanos”, concluye el comunicado.