El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado esta mañana en una entrevista en la cadena COPE que el juez del voto particular del caso de 'la manada', Ricardo González debería haber sido inhabilitado previamente por el CPGJ por tener un “problema personal”. El Consejo ha afirmado más tarde que no hay constancia de que dicho magistrado, que pedía la absolución para los acusados, tenga abierto ningún expediente ni investigación interna.

Esto ocurre después de que el ministro haya realizado cierto viraje en su opinión sobre la sentencia: comenzó calificando la sanción de 9 años a los cinco miembros del grupo de “alta”, pero el sábado se sorprendía de que los jueces no apreciasen intimidación ni violencia. Aunque este mismo lunes el exministro Margallo le ha descrito como una persona con “mesura”, Catalá, en el cargo desde 2014, ha intentado eludir responsabilidades y hablado de más en varias ocasiones. En unas, con información falsa o cayendo en contradicciones para, como le han acusado hoy, echar balones fuera. En otras, simplemente, apresurándose con tropiezos verbales.

Defensa de imputados

A veces estos errores se han producido en privado, como el sms que envió de agradecimiento a Ignacio González, tras éste, ya imputado, felicitarle por ser renombrado titular de Justicia a principios de noviembre de 2016 tras su periodo en funciones. “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”, le respondió en un mensaje que fue recuperado porque el teléfono del expresidente de la Comunidad de Madrid estaba pinchado.

Catalá, que en mayo de 2017 se convirtió en el primer ministro reprobado por el pleno de la Cámara de la democracia, ha mostrado simpatías por otros corruptos o incluso puesto de su lado, también de manera pública. Durante el 18º Congreso Nacional del PP, se reunió con Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia, un día antes de que el juez de Púnica emitiese un auto que le acusaba de cohecho, fraude y revelación de secretos. En una entrevista más adelante le quitó importancia a su caso y reprendió a las fiscales por haber discrepado del criterio de sus jefes, contrarios a acusar a Sánchez.

Días después redujo a “una mera investigación” el caso Auditorio, por el que el expresidente regional fue imputado. En esa misma época, Catalá acudió la celebración de cumpleaños de Manuel Torreblanca, un empresario condenado a dos años de cárcel por siete delitos fiscales.

Contradicciones con la libertad de prensa

Catalá ha incurrido, también, en varias contradicciones al pronunciarse sobre la libertad de prensa según el caso al que se refiera, en entrevistas o sede parlamentaria. Cuando el PP aprobó en la anterior legislatura la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger la imagen de los detenidos justo tras el arresto de Rodrigo Rato, afirmó que el derecho a la información no era “absoluto”. En esa etapa había llegado a proponer multar a los medios que publicasen filtraciones y “abrir el debate” para proteger la confidencialidad.

A finales de 2017, a las explicaciones que le pidió la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, sobre las conversaciones en el marco de la operación Lezo entre González y el exministro Eduardo Zaplana, argumentó que el Gobierno no se dedicaba al “cotilleo” ni a comentar “conversaciones privadas”. Apenas unos meses después, en febrero de 2018, su discurso acerca de esto cambió completamente. Pasó cuando se publicaron imágenes de mensajes entre Carles Puigdemont y el exconseller Jordi Comín. Sobre ello, Catalá aseguró que, en el conflicto entre el derecho a la intimidad y a la información, “suele prevalecer el derecho a la información”.

Acusaciones tras el fallecimiento de Rita Barberá

El mismo día de la muerte de Barberá, el 23 de noviembre de 2016, fue el titular de Justicia quien dijo que “cada uno tendrá sobre su conciencia las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y justificación”. La exalcaldesa de Valencia había fallecido de un infarto en Madrid a causa de lo que luego la autopsia reveló como una cirrosis hepática que derivó en un fallo multiorgánico. 

Catalá destacó de la senadora que fue una persona que trabajó “durante muchísimos años por el interés general y por el servicio público”. “Y por tanto yo lo que siento muchísimo es que haya tenido unos meses finales con tanta crítica injustificada en mi opinión. Yo he hablado siempre de la presunción de inocencia”, zanjó. Barberá había declarado dos días antes en el Tribunal Supremo como imputada en el caso Taula.

Defensa de la jueza homófoba María Elósegui

eldiario.es reveló a principios de este año informaciones sobre María Elósegui, la nueva jueza enviada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre ellas, que falseó su currículum afirmando que colaboró en la Ley de Igualdad de Zapatero –en cuya participación nadie la recuerda– o la vinculación que hizo durante años de homosexualidad y patologías en escritos, libros y conferencias. Tras ello, el ministro dijo que lo que molestaba de ella era que era mujer y creyente.

“No acabo de entender que les molesta; ¿que sea mujer?, ¿que no sea progresista?, ¿que tenga creencias religiosas?. ¿Van a seguir dando ustedes carnés de demócratas en este país?, ¿durante cuántos años más?”, les respondió al diputado socialista Artemi Rallo al ser cuestionado en el Congreso por el caso. Para Catalá, las críticas del PSOE a la jueza eran una “torpeza” y una “mezquindad”.

Apoyo a Gallardón nada más ser imputado

El pasado jueves, el mismo que se conocía la sentencia de 'la manada', volvía a mojarse a favor de un imputado: su predecesor, el dimitido Alberto Ruiz Gallardón. El ministro consideró que el también expresidente de la Comunidad de Madrid, citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional ese mismo día por supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación dentro del Canal de Isabel II en el año 2001, “podrá aclarar y aportar todas las pruebas” en la vía judicial.

Añadió que le ha “oído decir en ocasiones que la compra de la sociedad se hizo con total transparencia, con una valoración adecuada del coste de la sociedad y que tuvo sentido en términos de negocio para el Canal” y atribuyó el proceso “a la normal actuación de los tribunales”.

Caso LexNET

El caso LexNET es quizá el que más ha dado que hablar durante esta etapa de su Ministerio. En un principio, defendió el sistema tras el fallo que dio acceso a miles de archivos. “Es más seguro que un fax o una carta”, aseguró en el Congreso al comparecer un mes después por la brecha de seguridad en documentos de Justicia. Trató de minimizar los daños de aquel 27 de julio de 2017, reconociendo que “no es infalible”.

En noviembre, eldiario.es supo en exclusiva que en esta ocasión el ministro no había hablado de más sino ocultado información. Concretamente, que el error propició más de 400 descargas de documentos confidenciales a través de incursiones ilegales en buzones ajenos, incluidos de procesos judiciales. Solo lo mencionó en una reunión privada acaecida después de esa intervención parlamentaria de finales de verano.

Venezuela para responder por la corrupción en el PP

En febrero de 2018, Íñigo Errejón preguntó a Catalá en el Congreso si los procesos judiciales que afectan al PP impiden al Gobierno ejercer su labor. “Ustedes han presentado más recursos judiciales que proyectos de ley en esta cámara”, le recriminó el diputado de Unidos Podemos.

“Deberíamos garantizar que en España se aplica la presunción de inocencia y que esperamos a las sentencias” para tomar decisiones, le contestó entonces. A continuación, sacó a colación los falsos informes sobre la supuesta financiación de Podemos de origen en Venezuela para responder por la corrupción de su partido.

La organización Facua-Consumidores en Acción ve “extremadamente grave” que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareciera en el Congreso de los Diputados a finales de agosto para explicar el enorme agujero de seguridad de LexNETLexNET y ocultara la existencia de más de 400 descargas ilegales de datos altamente sensibles y secretos de los ciudadanos, a pesar de saber de ellas desde un mes antes.

Facua, en una nota de prensa difundida hoy, solicita al Ministerio de Justicia que identifique a los afectados por el acceso a sus datos de forma ilegal y se dirija a estos para que si hubieran padecido alguna clase de daño por el acceso de terceros a esa información altamente sensible de sus procesos judiciales, puedan ejercer su derecho a tomar medidas legales contra el Ejecutivo.

En su explicación el 31 de agosto, Catalá sólo desgranó que 49 usuarios de esa plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial lograron entrar en los buzones de sus compañeros, en los que los abogados y procuradores reciben documentos judiciales. Sin embargo, Catalá olvidó contar que el sistema de auditoría de la plataforma había detectado también que aprovechando el fallo de seguridad, algunos usuarios habían descargado ilegalmente ciertos documentos judiciales con información confidencial. 

Facua considera “gravísima” la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia al haber puesto en marcha un sistema con un enorme agujero de seguridad cuyas consecuencias serán difíciles de conocer y más aún que su mayor representante, Rafael Catalá, oculte el alcance real de las incursiones ilegales.

Con sólo cambiar el ID que le identifica, cualquier abogado o procurador podía publicar y acceder a todo tipo de documentos en causas ajenas así como notificar o borrar cualquier sentencia de la Administración de Justicia. Para FACUA es “un escándalo de enormes dimensiones” el hecho de que los usuarios de LexNET hayan podido acceder a todo tipo de datos de terceros: autos de jueces y escritos de abogados con información sobre sus clientes, además de documentación aportada por Policía y Guardia Civil sobre sus investigaciones para causas judiciales.

Rafael Catalá supo desde el primer momento que la brecha de seguridad de LexNET permitió la descarga de miles de documentos judiciales. Sin embargo, el ministro de Justicia decidió no ofrecer esta información en su comparecencia en el Congreso, y solo la trasladó en una reunión con algunos colectivos judiciales.

La información publicada por eldiario.es ha provocado indignación en el mundo judicial, que ve con sorpresa cómo el ministro decidió ocultar datos tan relevantes sobre el fallo informático del pasado 27 de julio, y que permitió la descarga de documentos con todo tipo de datos personales: médicos, financieros, de menores... En total, 432 expedientes sensibles.

La Unión Progresista de Fiscales asiste “con perplejidad” a cada nueva noticia sobre los problemas de LexNET. “El ministerio sabe que no sirve como sistema de trabajo y que además tiene graves problemas de seguridad. Nos preocupa como ciudadanos y como fiscales que circulen por ahí expedientes judiciales que son secretos”, asegura. Emilio Fernández, portavoz de esta asociación.

“El hecho es muy grave y nos llama la atención que el ministro no lo admitiese y que no hiciese referencia a esto en su comparecencia en el Congreso, da una idea del papel que le otorga al órgano legislativo, que por cierto ya lo reprobó”, recuerda.

Fernández se muestra también preocupado por que “documentos de procedimientos judiciales circulen por ahí a gusto de gente que ni siquiera son piratas informáticos”. “Nosotros hemos pedido al Fiscal General [José Manuel Maza] que traslade al ministro que LexNET no funciona y la vuelta a la Justicia de papel”, añade.

Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados, se muestra prudente, porque aún no hay un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de las descargas. Eso sí, incide en que se trata de un nuevo fallo de un sistema que viene dando problemas desde que se puso en marcha.

“Resulta paradigmático que el Consejo General del Poder Judicial firme un convenio con la Agencia Española de Protección de datos con el fin de que se respeten los datos personales en los juzgados y tribunales, y que sea el ministro de Justicia el que no haya dotado de suficiente seguridad el sistema informático”, comenta.

“Difícilmente puede otorgarse la tutela judicial de los ciudadanos con un sistema facilitado por el ejecutivo que supone un coladero para sus propios derechos”, señala, y apunta a que el origen hay que buscarlo en la escasa financiación.

Ana Fernández forma parte de la Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Reconoce que no su agrupación no ha sido informada. “No tenemos constancia de que se hayan producido esas descargas y nadie nos lo ha comunicado. Si fuese así, sería como si una persona entrase en un juzgado y se llevase fotocopias de 400 expedientes elegidos al azar”.

“Sería una vulneración del derecho a la intimidad de las personas si quienes las descargan no son parte de ese pleito”, comenta. En caso de que los abogados hayan descargado documentación sobre causas en las que están personados, no habría indefensión, dice, “porque antes o después va a conocer esa prueba”.

“Es como tirar expedientes de la seguridad social o historias clínicas a la basura. Es mucho más eso, el problema de proteger la falta de protección de la intimidad, que que alguien pueda obtener ventajas en un pleito por acceder a esta información, cosa que no parece”.

El Gobierno debe dejar de controlar LexNET

José Muelas fue uno de los primeros abogados en advirtir el fallo de seguridad de LexNET el pasado 27 de noviembre. “Es incomprensible, solamente una conveniencia política puede justificar eso”, dice en referencia a que el ministro optase por no revelar que se habían producido descargas.

Muelas recuerda que para acceder al buzón de otro abogado había que conocer su numeración en LexNET, lo que dejaba dos posibilidades: probar números al azar o ir “a tiro hecho” porque cuentas con esa información. Si se dio este último caso, alguien accedió a los buzones “desde dentro” del Ministerio, o con información filtrada.

Para Muelas, esto apoya más la reivindicación de que el Gobierno se desprenda de la gestión de la plataforma. “Hay que colocar LexNET fuera de manos del Ejecutivo, entregarla al Poder Judicial”, y añade que este episodio ha demostrado que no hay fiabilidad en los datos que ofrece Catalá, por lo que reclama una auditoría externa.

Además, señala al Consejo General de la Abogacía, que conoció las descargas pero no informó a los decanos de los colegios -Muelas es el decano del colegio de Cartagena-. “Es muy grave que abogacía no haya compartido esta información”, añade.

Datos médicos, fiscales y de menores

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) han pedido ya la dimisión del ministro. Su portavoz, Abigail Fernández, considera “gravísimo” que Catalá ocultase la información de las descargas durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y cree que esa omisión debe tener consecuencias. Hasta ahora “nadie ha asumido responsabilidades en primero persona, nadie ha dado la cara”.

Destaca la gravedad de que Catalá reconociese en privado una información que “no expuso en el Congreso”, y que se publica en los medios sin que el Ministerio haya decidido “sacarla a la luz”. Sobre las descargas, alerta de que puede haber información de todo tipo: “se ha tenido acceso a muchísimas resoluciones judiciales, muchísimos datos reservados, datos médicos, personales…información de todo tipo”.

Señala, en concreto que entre esa información puede haber resoluciones de juzgados de menores, con información extremadamente sensible. También hay documentación fiscal y económica de particulares y empresas, unos datos que los funcionarios de la administración de justicia tienen obligación de salvaguardar. El Ministerio no lo ha hecho, y la respuesta es “demandar a quien lo denuncia, no exponer las consecuencias”.

La portavoz de SISEJ no descarta que el fallo afecte a procedimientos judiciales cuando un tercero haya accedido a una causa en la que no está personas. Pone como ejemplo que las resoluciones tienen un plazo para recurrirse, y que con las intrusiones y descargas “esto se podría distorsionar”. “Catalá ha ocultado información al Congreso que luego ha trasladado en un ambiente privado. Es gravísimo”, zanja.

Unidos Podemos quiere que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explique por qué no informó al Congreso de que durante la crisis de seguridad de LexNET se produjeron más de 400 descargas ilegales de documentos sensibles.

En una batería de preguntas presentada en la cámara baja, Unidos Podemos recuerda que, según la información publicada por eldiario.es, el ministro no reveló durante su comparecencia en el Congreso la existencia de esas descargas. Habló de ellas en una reunión privada, en la que también elevó las intrusiones de 49 a 73.

El grupo parlamentario pide a Catalá que aclare los datos, y que explique a qué se debe “la disparidad en la narración” entre lo que contó en la Comisión de Justicia del Congreso y lo que luego reveló en una reunión privada.

Además, Unidos Podemos pide al ministro que aclare si tiene identificados a los autores de esos accesos ilegales y si el Gobierno mantiene que LexNET funciona “como una fortaleza”, o por el contrario admite que puede haber nuevas brechas de seguridad. La petición de información está firmada por los dos portavoces de Justicia, Eduardo Santos y Jaume Moya.

El sindicato de letrados pide su dimisión

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) ha reclamado este lunes la dimisión del ministro por ocultar que durante la crisis se seguridad de LexNET se produjeron más de 400 descargas ilegales de documentos judiciales.

Este sindicato asegura que “el ministro de Justicia debe hoy una explicación pública inmediata y rigurosa, pero considerando su trayectoria al frente de la cartera de Justicia, entendemos que se ha demostrado inadecuado para el cargo y reclamamos su cese inmediato”.

En un comunicado, el SISEJ apunta que se desconoce “qué motivó la brecha de seguridad, el alcance real de la misma y las actuaciones y decisiones tendentes a evitar otra situación semejante”.

“El Ministro oculta a los ciudadanos y a los Letrados de la Administración de Justicia, últimos responsables de las comunicaciones y la protección de datos en las oficinas judiciales, circunstancias sobre las que, al parecer, mantiene reuniones privadas”, añaden.

Además, señalan que “el gobierno de la Justicia no puede ejercerse en ámbitos pseudo privados ni de manera opaca, fuera de los canales preestablecidos de negociación, participación e información de todos los colectivos implicados, y en particular de los que tenemos competencias al respecto”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareció en el Congreso de los Diputados a finales de agosto para explicar que durante la brecha de seguridad de LexNET se habían producido accesos ilegales. Según su explicación, 49 usuarios de esa plataforma lograron entrar en los buzones de sus compañeros, donde abogados y procuradores reciben los documentos judiciales, mediante un sencillo proceso. Fue uno de esos letrados quien dio la voz de alarma y abrió una crisis en el ministerio.

Lo que no contó el ministro Catalá durante esa comparecencia es que el sistema de auditoría de la plataforma había detectado también que, aprovechando el fallo informático, algunos usuarios descargaron ilegalmente cientos de documentos judiciales con información confidencial. El ministro sí admitió después en una reunión privada, a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, que hubo más de 400 descargas ilegales de información sensible sobre procesos judiciales en buzones ajenos.

LexNET, el sistema que sirve para enviar documentos judiciales entre jueces y abogados, sufrió una brecha de seguridad a finales de julio que permitía a sus usuarios acceder a los buzones de otros compañeros cambiando datos de la URL. Quedaron al descubierto miles de documentos judiciales. La plataforma estuvo inactiva unos días hasta que se anunció que se habían solventado los problemas, pero siguió sufriendo caídas y fallos. No se volvió a dar, eso sí, un fallo que permitieran nuevas intrusiones.

Catalá compareció en el Congreso el 31 de agosto. Aseguró que el fallo se había solventado a las 16:25 de la tarde del mismo día 27 de julio. “Durante las dieciséis horas siguientes se reportaron 49 intentos de acceso a información de otros buzones, evidentemente intentos infructuosos y perfectamente identificados”, añadió. Sin embargo, en una reunión privada con representantes de colectivos judiciales celebrada una semana más tarde, el ministro reconoció que se habían producido más de 400 descargas ilegales de documentos sobre casos judiciales.

En ese encuentro participaron la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Javier San Martín, y el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez. Este último reunió la información que les había transmitido Catalá y la plasmó en un documento que envió a todos los miembros de su colectivo.

432 descargas y más intrusiones

Ese documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, señala que durante la reunión, el ministro informó de que 432 documentos judiciales fueron descargados ilegalmente de ficheros privados de abogados y procuradores. Además, Catalá también elevó los accesos ilegales de 49 a 73, tanto de abogados como de procuradores y graduados sociales.

Según ese documento, Catalá acudió a la cita acompañado de varios cargos del Ministerio y de dos asesores. “Nos han dado cuenta de que han existido 73 accesos indebidos con descargas de documentos, en las que también han intervenido abogados, procuradores y graduados sociales, habiéndose producido 432 descargas ilegales”, dice ese resumen de la reunión.

La intervención del ministro en ese encuentro desveló que durante la brecha de seguridad, usuarios de la plataforma descargaron información confidencial de sumarios judiciales secretos, algo que ni Catalá ni su departamento han admitido públicamente. Entre los documentos a los que pudieron acceder hay autos de jueces y escritos de abogados con información sobre sus clientes, además de documentación aportada por Policía y Guardia Civil sobre sus investigaciones para causas judiciales.

El documento también señala que el Ministerio se comprometió a facilitar “los nombres de todas estas personas que se han introducido ilegalmente en el sistema, a fin de adoptar las medidas judiciales, administrativas y disciplinarias oportunas”.

Estévez reconoció, en conversación con eldiario.es, que el ministro efectivamente les había hablado de descargas ilegales de documentos. “Se produjeron descargas, hubo personas que accedieron a buzones de otras personas y descargaron documentos, puede que para conocer datos de otros procesos o puede que para dejar claro la vulnerabilidad de la plataforma”, explica el presidente del Consejo General de Procuradores.

Justicia admite las descargas

Desde los colectivos de abogados y graduados sociales prefieren no dar detalles de la reunión y se limitan a comentar lo útil que fue ese encuentro, como también hizo Estévez. El Ministerio de Justicia emitió una nota tras la reunión en la que se recogía que el ministro había destacado “la normalidad en el funcionamiento del sistema LexNET”. Ninguna mención a las descargas.

Fuentes del Ministerio de Justicia admiten ahora que se produjeron descargas durante el fallo de seguridad de LexNET. Además, indican que se dieron durante la brecha del 27 de julio, porque los problemas posteriores de la plataforma, que se alargaron hasta septiembre, se debieron a ataques externos para tumbar el sistema, pero en ningún caso hubo robo de información.

Las mismas fuentes ministeriales aseguran que las descargas ilegales de documentos judiciales se detectaron a la par que los accesos indebidos. “LexNET cuenta con un sistema de auditoría que para cada acceso indebido señala quién lo ha realizado y qué acciones ha podido llevar a cabo”, apuntan.

En otras palabras, el Ministerio supo desde que se produjo la brecha de seguridad del pasado 27 de julio que algunos usuarios de LexNET habían descargado información confidencial. El ministro lo sabía cuando acudió a comparecer en el Congreso, pero no lo mencionó.

Según explican desde el Ministerio, Catalá no mencionó esos datos porque eran “provisionales” que no tenía sentido hacer públicos cuando se está elaborando un informe sobre el fallo de seguridad del 27 de julio. Ese informe, que aún no está terminado, recogerá un aumento del número de descargas, señalan. En la comparecencia “aportó los datos que podía aportar”, añaden.

El Ministerio también asegura que tenían pensado ofrecer los datos de descargas de documentos sensibles, pero que antes quieren hablar con los colectivos de profesionales afectados y con protección de datos. Sobre la disparidad entre el número de accesos (de 49 a 73) el ministerio asegura que el primero era un dato provisional, y que esos intentos de intrusión fueron aumentando con el paso de los días.

Además, inciden en que ese es el dato de intrusiones infructuosas tras solucionar el problema. El Ministerio aún está investigando las que se produjeron durante la brecha de seguridad y que permitieron las descargas. “LexNET ahora funciona como una fortaleza”, apunta.

El ministerio de Justicia ha pedido a los más de 140.000 abogados y procuradores de España que utilizan LexNET no actualizar sus equipos. Más concretamente, les pide “desactivar las actualizaciones automáticas en Java”, un componente para la web que permite ejecutar ciertas aplicaciones, como vídeos o galerías de imágenes.

En otras palabras, este componente es lo que hace que muchas páginas web funcionen. “Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas virtuales y utilizar servicios como, por ejemplo, cursos en línea, servicios bancarios en línea y mapas interactivos”, según su fabricante.

El ministerio de Rafael Catalá pide a los usuarios de LexNET que, en vista de la nueva versión de Java que se lanza este jueves 21 de septiembre, desactiven las actualizaciones automáticas. Para ello han elaborado un completo tutorial para Windows y para Mac.

En Twitter, los profesionales de la Justicia no dan crédito. Justicia corrobora que sí, que LexNET no funciona con el nuevo parche 1.9 de Java, lo que está obligando a los abogados y procuradores españoles a desproteger sus equipos.

La cuenta @LexNETenfurecido en Twitter se atreve a dar una explicación sobre por qué Justicia ha pedido que no se instale la nueva actualización.

Tener los equipos desactualizados significa que cualquier atacante externo puede encontrar una vulnerabilidad con la que penetrar en nuestro sistema. Por ejemplo, en febrero del 2016, el troyano bancario Adwind consiguió infectar a más de 440.000 ordenadores que corrían una versión desactualizada de Java. Un ejemplo similar lo tenemos en Citadel, otro troyano bancario que tuvo su pico de infecciones durante el año 2012.

LexNET, el sistema que utilizan más de 140.000 abogados y procuradores de toda España, ha vuelto a caerse, confirman varios abogados a eldiario.es. El sistema no permite el acceso, ni desde la versión de escritorio ni desde el navegador y lleva así toda la mañana. El Colegio de Procuradores de Córdoba informaba del fallo vía Twitter ya a las 8:17 horas de la mañana.

Esta caída del servidor viene apenas 18 días después de que la plataforma sufriera un ataque de denegación de servicio (DDoS) el día que los profesionales de la Justicia volvían al trabajo (1 de septiembre).

El abogado Sergio Carrasco explica a eldiario.es que “antes he probado un par de veces y sí, estaba caído”. Por su parte el decano de abogados del colegio de Cartagena, José Muelas, corrobora la versión de su colega y asegura que tiene noticias similares “de procuradores de Córdoba”. eldiario.es se ha puesto en contacto con el ministerio de Justicia sin, de momento, haber obtenido respuesta.

El ministro de Justicia Rafael Catalá, decía el pasado 31 de agosto que LexNET era una plataforma “segura” y abogaba por utilizarlo “de forma legal y ética”. Un día después, el sistema sufrió un ataque DDoS que sobrecargó los servidores, tumbándolo desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas del viernes 1 de septiembre.

“De hecho, aún siguen con el filtro de IPs extranjeras”, según Carrasco. Este filtro impide a cualquier dirección IP no nacional entrar a LexNET. El abogado explica que aunque “por suerte es la minoría”, algunos operadores de Internet aún ofrecen servicio con direcciones fijas “que salen como si estuvieran localizadas fuera. Es un mecanismo de bloqueo no muy adecuado”, sentencia.

Compañeros de profesión de los abogados comentan en Twitter que “LexNET lleva caído desde hace tres horas”. El mal ambiente es general, ya que cada vez más abogados y procuradores están lanzando mensajes contra la plataforma que administra Justicia.

“Parcheado y reparcheado”

Carrasco explica que LexNET “es un sistema infradimensionado que debe interoperar con múltiples servicios, y que ha sido parcheado y reparcheado, posiblemente sin contar con toda la documentación de su desarrollo”. El abogado ya predijo en El Confidencial tras el fallo de seguridad del 27 de julio que solo era “cuestión de tiempo” que hubiera “nuevos fallos”.

Miles de archivos de la Justicia española quedaron al aire aquel día en Internet. El decano del colegio de abogados de Cartagena, José Muelas, alertó del fallo al comprobar que, cambiando los números de las identificaciones de cada abogado en la barra de dirección del navegador, era posible acceder a las sentencias, sumarios y notificaciones de otros compañeros. Tras esa incidencia, el sistema ha sufrido varias caídas hasta finales de agosto.

“Basta un poco de carga para que el sistema se caiga”, continúa Carrasco. A finales de agosto, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 61,2 millones de euros para arreglar las deficiencias de LexNET. “Es algo más a medio plazo imagino, los nuevos servidores y centro de proceso de datos aún no están en funcionamiento, aunque primero habría que saber si el problema de hoy es exclusivamente de falta de recursos”, dice el abogado.

Apenas 24 horas después de que el ministro de Justicia Rafael Catalá defendiese en el Congreso Lexnet, el sistema se ha vuelto a caer. Catalá decía el jueves que Lexnet “es más seguro que un fax o una carta” e intentó minimizar los daños del error del pasado 27 de julio.

Este 1 de septiembre miles de abogados y procuradores españoles han vuelto al trabajo. LexNET es el programa que utilizan unos 140.000 profesionales de la Justicia en nuestro país y con el que comparten sentencias y notificaciones con los juzgados.

Abogados como Fabián Valero, miembro de la Brigada Tuitera, denunciaban a eso de las 11 de la mañana del viernes que el sistema estaba caído.

“Hace media hora, algunos usuarios me decían que funcionaba con lentitud”, explica a eldiario.es José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena. “Saber cuándo está colgado y cuándo no empieza a resultar difícil”, continúa. Esta mañana la cuenta de Twitter de LexNET, que administra Justicia, avisaba de que el acceso al sistema podía ser un poco más lento de lo habitual debido a la descarga de un applet (un componente, una extensión para el navegador).

Catalá, después de comparecer en el Congreso, escribió un tuit en el que abogada por utilizar LexNET “de forma legal y ética”. Un día después, el sistema se ha caído tras registrar problemas de conexión, lentitud y terminando con la expulsión de los usuarios de la red.

“El Gobierno, al parecer, lo que ha solucionado es el agujero que se detectó el 27 de julio. Pero lo que no ha arreglado han sido las fallas estructurales del programa. Es un software malo, por diseño y por concepto”, continúa Muelas.

A eso de las 13:30 horas, LexNET ha vuelto a estar operativo. Sin embargo, numerosos abogados y procuradores han mostrado su enfado públicamente en Twitter.

“El Gobierno tenía perfectamente claro que el 1 de septiembre volvemos a trabajar. No habrán asignado los recursos precisos para poder atender el sistema. No lo han dimensionado bien”, concluye Muelas.

Un fallo de seguridad permitió a los usuarios de Lexnet, la plataforma de intercambio de documentos judiciales, acceder a información de otros profesionales de la Justicia. Fue el 27 de julio y el ministro Rafael Catalá ha comparecido este jueves en el Congreso para rendir cuentas por lo sucedido. El titular de Justicia ha admitido que el sistema que usan abogados y procuradores para comunicarse con la administración de Justicia obligatoriamente desde enero de 2016 “no es infalible”, pero ha tratado de minimizar los daños de la brecha de seguridad que dejó al descubierto miles de documentos hace un mes.

“Lexnet es más seguro que un fax, una carta o que entregar un escrito en las ventanillas de los juzgados”, ha expresado el ministro, que ha insistido en que ni los sectores público y privado ni los ciudadanos están “libres” de los fallos de seguridad. “Definir lo que ha pasado como un caos hace un flaco favor a la Justicia”, se ha quejado.

Catalá ha comparecido en la Comisión de Justicia a petición propia y por la solicitud de los grupos de la oposición para rendir cuentas por el fallo informático que permitió a los usuarios de Lexnet acceder a documentos de otros registrados en la plataforma. El ministro ha puesto en valor todos los avances de modernización y digitalización del sistema judicial en los últimos años y, aunque ha reconocido que el sistema es “mejorable”, ha insistido en que Lexnet ha permitido que la Justicia sea “más segura y ágil” que en el pasado y ha puesto como ejemplo los expedientes que están en las estanterías o incluso en los suelos de las sedes judiciales. 

Respecto a la brecha del 27 de julio, Catalá ha reducido el fallo a una vuelta “al pasado”: “Se trataba básicamente de que un profesional de la Justicia podía acceder al buzón de otro profesional. Volvíamos al pasado de manera que alguien podía coger los papeles del casillero de otro sin que hubiese un control efectivo”.

Para Catalá, no era sencillo que los usuarios de la plataforma accedieran a la información de otros: “Había que empeñarse, no es fácil”. “Había que dar una serie de pasos que no están al alcance de cualquiera”, ha afirmado el ministro, que ha explicado que el usuario tenía que acceder autenticándose en la página con su certificado digital, que se emite a profesionales censados en los correspondientes colegios profesionales. Catalá ha enfatizado que los movimientos en ese sistema quedan registrados. Además, ha añadido que para acceder a la información de otros usuarios era necesario modificar la URL -dirección de la página web- bien fuera conociendo la de los otros profesionales o bien haciendo combinaciones aleatorias. 

El ministro ha restado importancia al tipo de documentación al que se podía acceder durante la vulnerabilidad y ha dejado claro que no se pudo llegar a la información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque estos no funcionan en Lexnet a través de Internet sino de sus propios sistemas de gestión. 

Catalá ha mostrado su indignación por que los profesionales de la Justicia trataran de acceder a la información de otros compañeros una vez se conoció que existía el fallo que lo permitía. “Conociéndose públicamente que el defecto fue subsanado a las 16:25 horas, se reportaron 49 intentos de acceso infructuosos en otros buzones. 49 profesionales de la Justicia intentaron acceder a otros buzones sabiendo que no es ni ético, ni legal -ha lamentado-. El sistema no es malo, malo será el que delinque y le enseña el camino a otro para delinquir”, ha dicho el ministro, que también ha informado de un intento de hackeo fallido al día siguiente. “No lo quisimos dar a conocer en ese momento porque hay un efecto llamada en este tipo de cuestiones”, ha zanjado.

El PSOE ha exigido que se depuren responsabilidades por lo que considera “un fallo gravísimo e inadmisible”. “Al reprobarlo el pasado 26 de mayo, le dijo la Cámara que es un mal político y hoy evidencia que también es un mal gestor”, le ha dicho el portavoz socialista, Artemi Rallo. En su contestación, Catala ha dicho que se exigirán responsabilidades, pero cuando concluya la auditoría interna que ha encargado en el ministerio. 

Unidos Podemos también ha censurado que el PP haya “convertido nuestra democracia en una anomalía” al ignorar la reprobación de Catalá. La portavoz del grupo confederal, María del Carmen Pita, ha calificado de “pésima” su gestión al frente del ministerio y ha asegurado que Lexnet está plagado de “errores, disfunciones y chapuzas”. Además, ha cuestionado que la plataforma esté en manos del Ejecutivo en vez de que dependa del Poder Judicial. Así, la portavoz ha asegurado que supone una quiebra de la separación de poderes. 

Ciudadanos también considera que el fallo del pasado día 27 de julio no es un problema aislado: “Llueve sobre mojado”, ha expresado el portavoz, Marcial Gómez. “Es cierto que necesitamos una herramienta (...) pero esta no funciona bien”, ha continuado el diputado de Ciudadanos, que ha denunciado que se hacen “parcheos”  “para solucionar los problemas estructurales y de diseño” de Lexnet.

En su réplica, Catalá ha insistido en que se ha hecho “una magnífica herramienta” pese a no ser “100% infalible”. El ministro ha recordado que los sistemas de otras administraciones, como en el sistema sanitario o tributario, también se producen este tipo de errores: “Todos tienen problemas y no por ello se ha producido este ataque a la reputación”.

Más de 35 millones de euros para servidores, almacenamiento y mejora del 'backup', otro 20 para arreglar los fallos de las aplicaciones informáticas y seis para que hagan lo propio las comunidades autónomas. El Ministerio de Justicia ha decidido responder a la enorme crisis que generó el agujero de seguridad de LexNet con una inversión millonaria, un nuevo intento de reimpulsar el 'papel cero', la propuesta estrella de Rafael Catalá.

La referencia del Consejo de Ministros -el documento que resume todos los acuerdos a los que llegan cada viernes los miembros del Gobierno- recoge esa nueva inversión para “mejoras informáticas en el ámbito del Ministerio de Justicia”. No se ha expuesto en la rueda de prensa posterior a esa reunión, en la que sólo ha comparecido Mariano Rajoy para referirse a los atentados en Catalunya.

La inversión anunciada este viernes supera los 60 millones de euros. Unos 36 millones serán para la compra de servidores “de alto y medio rendimiento”, para aumentar la capacidad de almacenamiento y para “la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de 'backup'”. El Ministerio reconoce que necesita una nueva inversión porque el proceso de digitalización de la Justicia ha supuesto “un gran crecimiento en el volumen de datos”.

Otros 19,1 millones se destinarán a mejorar las aplicaciones informáticas y las comunicaciones asociadas a ellas. “La finalidad es disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas”, afirma el Ministerio.

Esta es la parte que afecta directamente a plataformas como LexNet, que en julio sufrió una de esas “incidencias”. En concreto, un agujero de seguridad que tardó días en solucionarse permitía que los usuarios accediesen a miles de archivos, lo que obligó al Ministerio a cerrar el acceso a la aplicación que utilizan los abogados para recibir notificaciones sobre sus casos.

Un sistema de gestión procesal común

Por último, el Ministerio ha aprobado destinar seis millones de euros para que las comunidades autónomas inviertan en “la modernización tecnológica” de su administración de Justicia. El objetivo es que con ese dinero se financie la transición a un “sistema de gestión procesal común”, en lugar de la dispersión que existe actualmente.

Así, el Ministerio ha aprobado una lluvia de millones con la que trata de responder a la enorme crisis que generó el fallo informático de LexNet. Su brecha de seguridad reabrió el debate sobre el 'papel cero', una iniciativa de digitalización que aplauden jueces, fiscales y abogados, pero que todos coinciden que no se está aplicando correctamente.

Algunos de ellos contaban hace unas semanas a eldiario.es que en los juzgados, lejos de eliminarse el papel, este se ha incrementado. Un ejemplo es el aumento en un 30% los pedidos de material de oficina.

El anuncio llega unos pocos días antes de que Rafael Catalá tenga que comparecer en el Congreso por el fiasco informático que se produjo a finales de julio. Será durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, cuando el ministro podrá entonces exhibir esta inversión millonaria para responder a las críticas de la oposición por la gestión de esas crisis.

Sin embargo, la inversión no acabará con muchos de los problemas que denuncian jueces, fiscales y abogados. Por ejemplo, la disparidad de aplicaciones necesarias para sustituir el papel en los trámites procesales: una para las notificaciones a abogados, otra para jueces, una de documentación y gestión para fiscales y otra para acceder a expedientes judiciales completos, además de la que se utiliza para firmar digitalmente los documentos criticas de todos.

Sin debate sobre el control de los servidores

Además, Justicia no se plantea por el momento entrar en el otro gran debate que ha abierto el fallo de LexNet: el control por parte del Ministerio de las aplicaciones y terminales que usan jueces y fiscales. Hay plataformas que llevan años denunciando que una separación de poderes efectiva implica que el Gobierno no puede ser el responsable de almacenar millones de expedientes judiciales.

Tras el fallo de LexNet volvió la polémica. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, contaba a eldiario.es cómo tienen que lidiar con que, cada vez que se les falla un ordenador, sea un funcionario del ministerio de Justicia quien entre de manera remota a repararlo. “Los técnicos del Ministerio entran en nuestros ordenadores para repararlos y hacen lo que quieren”, explicaba.

Los más de 60 millones de euros no acabarán con ese debate. Las asociaciones judiciales siguen reclamando que se frene la iniciativa del 'papel cero' para repensar con calma los pasos a dar. Ninguna se opone a la digitalización de la Justicia, pero piden un plazo más amplio en su implantación y que esta no se imponga hasta que todas las aplicaciones funcionen correctamente.

El Ministerio de Justicia denunció el pasado martes al estudiante de ingeniería que había desvelado cuatro días antes el fallo de LexNET, según informa El Confidencial. Le acusan de “acceso irregular e ilegal” a sus sistemas y de “difundir el contenido a terceros”.

El denunciado, un joven de 20 años, se dio cuenta el jueves 27 de julio del grave error que había en el servidor de seguridad de Justicia. Avisó por Twitter al Ministerio y a la propia cuenta de soporte de LexNET. El organismo público hizo caso del aviso pero no contactó con él. El 'hacker' borró más tarde los tuits para evitar la difusión, descargó el contenido, que en ese momento tenía libre acceso, y lo compartió con varias personas.

El diario digital ha tenido acceso a un intercambio de emails entre el grupo de delitos telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia. En ellos, el pasado 31 de julio los primeros informaban a los segundos de que a través de su web de colaboración ciudadana se les había informado “de diversas vulnerabilidades en su web” que habían verificado.

20 horas después, Jesús Barba Lobatón, subdirector general adjunto de Nuevas Tecnologías, les agradecía “el apoyo y colaboración” e informaba de que la vulnerabilidad había sido resuelta. En el mismo correo, advertían de que “en el caso de que tengan acceso a la fuente de la vulnerabilidad, por favor recomiéndenle cautela en la divulgación de material del Ministerio de Justicia para evitar posibles acciones legales por parte del Ministerio”.

Horas después, la noche del martes 1 de agosto, el Ministerio dirigido por Rafael Catalá denunció a la fuente ante la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en la Comisaria de Canillas (Madrid), según cuenta El Confidencial.

LexNET, el sistema obligatorio que desde enero de 2016 utilizan más de 140.000 abogados y procuradores en España, tenía una grave brecha de seguridad que hasta las 15 horas del pasado 27 de juio permitía entrar “en la carpeta de cualquier caso de España”, según el decano del colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas. Quedaron al descubierto unos 11.000 documentos.

El Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá lleva desde el pasado jueves tratando de solucionar el fallo de seguridad de LexNET, la plataforma que usan abogados y procuradores para recibir notificaciones judiciales. Más allá de la enorme grieta que ha dejado al descubierto miles de documentos, la crisis ha reabierto el debate sobre el control que tiene el Gobierno y las distintas administraciones de las aplicaciones judiciales. Son sus técnicos los que acceden a las plataformas para repararlas, con acceso a documentación judicial, cuestionando el principio de separación de poderes.

El control no se limita a las aplicaciones. Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), alerta del riesgo que supone que los técnicos de Justicia accedan a los terminales de jueces y fiscales cada vez que tienen que hacer una reparación: “comprobamos cómo en los accesos remotos, los técnicos del Ministerio entran en nuestros ordenadores para repararlos y hacen lo que quieren, eso lo vemos, entras y ves que el ordenador no estaba como el día anterior y esto supone una perturbación”.

Es habitual que en las administraciones, como en las empresas privadas, los informáticos accedan por control remoto a los ordenadores que deben reparar. El problema surge cuando esos ordenadores manejan información sensible que afecta a quienes integran esas administraciones, sean el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias.

“Hay muchos asuntos, como los que maneja la Fiscalía Anticorrupción y otros, que sería mejor que estuviesen gestionados por la Fiscalía, por una entidad independiente, o incluso por el Congreso”, asegura Fernández. Otros fiscales comentan lo mismo: los técnicos del Ministerio acceden por control remoto a sus ordenadores cuando tienen que hacer reparaciones y en ocasiones les solicitan sus claves. Algunos se han negado a dárselas.

La tentación de “cotillear”

“El Ministerio controla los medios materiales, las aplicaciones, los navegadores que podemos utilizar, además del grueso denuesto trabajo”, denuncia Fernández, que advierte sobre el peligro de que alguien quiera enterarse sobre los detalles de un procedimiento aprovechando ese control: “puede haber interés de cotillear por parte de quien no está personado en una causa”.

Ese control es consecuencia de la digitalización de la Justicia, un camino tortuoso que se inició hace años y que no termina de cuajar. La cruzada del Gobierno para eliminar el papel en la administración de justicia se sustenta sobre una diversidad enorme de plataformas que sustituyen los trámites clásicos de la administración judicial.

Hay una para las notificaciones a abogados, otra para jueces, una de documentación y gestión para fiscales y otra para acceder a expedientes judiciales completos. A eso hay que añadir una herramienta para firmar digitalmente los documentos y por el camino se han quedado algunas aplicaciones desarrolladas que nunca llegaron a funcionar correctamente. Las comunidades autónomas que tienen competencias en Justicia han desarrollado sus propias aplicaciones.

“Vulnera el principio de separación de poderes”

El esfuerzo tecnológico y económico, que por ahora no ha conseguido eliminar el papel, lleva años provocando recelos sobre el control que tiene el Ministerio de todas esas aplicaciones. Solo Justicia conoce el código y son sus técnicos quienes se ocupan de reparar las plataformas cuando surgen grietas de seguridad como la de LexNET. Iniciativas como Denuncia LexNET, tras la que está el colectivo Brigada Tuitera, alertan de que “el diseño del Sistema LexNET vulnera el principio de la separación de poderes, la independencia judicial, el derecho a la defensa y la privacidad de los ciudadanos”.

José Muelas, abogado vinculado a Denuncia LexNET y quien detectó el fallo de seguridad, ha denunciado públicamente que “con frecuencia, quienes controlan los expedientes son precisamente las personas de quienes deberíamos defender esos expedientes”. “Ahora que es electrónico el expediente ya no está en el juzgado, está en servidores cuyo último responsable es el ministro”, dice en referencia a Rafael Catalá.

“Si la crisis de LexNET demuestra algo es que, en este tipo de materias, cuando se abusa del interés político propio el sistema entero puede acabar quebrando”, escribía Muelas hace unos días. Javier de la Cueva, abogado y también miembro de Denuncia LexNET, se expresaba en los mismo términos en su cuenta de Twitter, insistiendo en la necesidad de desvincular al Ministerio del control de estas aplicaciones judiciales.

“El problema son los hackers”

Juan Antonio Lozano, de Jueces para la Democracia (JpD), discrepa y no ve riesgo en el acceso a sus ordenadores o en que el Ministerio esté encargado del funcionamiento de las aplicaciones judiciales. Defiende que sea Justicia quien debe ocuparse de reparar las grietas de LexNET porque “es suyo, lo hizo el Ministerio”. “Justicia tiene sus competencias” sobre un sistema “de archivos compartidos, por lo que a través de él no pueden acceder a expediente judiciales completos”, explica.

Lozano recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que “el poder administrativo gestiona los medios materiales de la administración”, y que así sucede en el caso de la Justicia. No descarta que pueda abrirse un debate sobre si debería continuar este sistema, pero duda de que el Ministerio vaya a desprenderse del control de las aplicaciones. “El poder público se va a resistir a hacer dejación de esas competencias”, añade.

Además, discrepa de que ese control suponga un riesgo, porque el técnico que accede solo podría mirar unos pocos documentos, los últimos que se encuentre en la bandeja de entrada: “controlará un documento, si es que lo controla, ¿de verdad un funcionario se va a dedicar a rastrear miles de documentos?”.

Para Lozano los riesgos van más por el apartado de un posible ataque externo: “el problema son los hackers, si han entrado en el Pentágono, cómo no van a entrar en LexNET”. “Desde JPD estamos a favor de este tipo de sistemas porque agiliza, siempre nos quejamos de que la Justicia no está informatizada, no entiendo por qué nos ponemos en contra de un avance tecnológico”, añade. Comenta también que los abogados “están encantados con LexNET” y que si a los fiscales no les gusta es porque “les obliga a cumplir los plazos”.

Este medio ha intentado recabar la posición del Ministerio de Justicia, qué les parece las advertencias sobre el riesgo que implica que ellos controlen estas plataformas y si estarían dispuestos a debatir un posible traspaso de esas competencias a un ente independiente. Desde su departamento de prensa han asegurado “en estas fechas” no puede hacer una valoración como esta, de carácter político.

Son unos 11.000 documentos que ocupan 600 MB de información, pero pesan lo suficiente como para poner en entredicho toda la arquitectura técnica de los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia.

Según publica El Confidencial este miércoles, esa es la cantidad de datos que se ha filtrado más allá de los muros del departamento que administra Rafael Catalá y que incluye “parte del código fuente de LexNET, la intranet del Ministerio y hasta sus certificados digitales”.

El material se encontraba en un servidor del Ministerio de Justicia, al que se podía acceder a través de una URL no pública pero que estaba desprotegida en su totalidad. Para entrar, solo era necesario conocer la dirección de la página web.

“Me metí en Shodan y encontré una IP de Justicia no securizada. Entré y te daba acceso a un directorio, estaba abierto y sin contraseña”, explica al diario digital una de las personas que accedió a los archivos. Shodan es un buscador de objetos conectados al Internet de las Cosas (IoT).

Sin fallos por su parte, según Justicia

Por si eso fuera poco, también existen varias carpetas en las que se encuentra parte del código fuente de LexNET, la plataforma que utilizan más de 140.000 abogados y procuradores en nuestro país y que el jueves pasado sufrió un gravísimo fallo de seguridad.

“Está casi todo: la documentación oficial que explica paso a paso qué hace el código, los certificados del ministerio, los SSL, el código java, una carpeta 'webapp' con 3.000 archivos en 559 carpetas que contiene los CCS, las imágenes, el javascript... Si alguien quisiera replicar esto en local podría conseguir parte del sistema LexNet, analizar vulnerabilidades a placer y lanzar ciberataques contra esta infraestructura. Y, recordemos, esto estaba colgado en Internet sin control de acceso ni contraseñas para que cualquiera lo pudiera coger”, señala a El Confidencial una de las personas que ha tenido acceso a la información.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia reconoce la filtración y asegura que detectaron un acceso no autorizado en la tarde del pasado viernes 28 de julio. Después eliminaron los archivos uno a uno del servidor, pero ya era tarde.

El departamento añade que denunciarán a los supuestos responsables del acceso y considera que “no ha habido ningún fallo por nuestra parte, sino un delito de acceso ilícito a una web destinada a intercambio de datos dentro de la Administración pública”.

“Lo configuraron mal”

Entre los 11.000 documentos también se encuentran esquemas, manuales y dibujos que describen la arquitectura técnica de Orfila. Este sistema conecta conecta a Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil con los Institutos de Medicina Legal (IML) de España.

Es gracias a Orfila que los IML pueden desempeñar su trabajo para con la Administración. A través de este sistema se envían informes forenses, autopsias y pruebas médicas, por lo que huelga decir que todo ello tiene que poseer la máxima confidencialidad posible. Justicia asegura que no se ha desvelado ningún dato sensible ni de carácter personal.

“El problema es que lo configuraron mal. Se cargaban las cookies de permisos de administrador de forma automática y al volver a iniciar la página no te pedía contraseñas. Podías ver en tiempo real qué le pasaba al sistema y hasta modificar ciertos parámetros”, explica otra fuente al diario digital. A estas horas, los 600 MB de información ya no pueden encontrarse en Internet. Salvo en el ordenador de quien se los haya descargado previamente.

El principal problema de tener un código cerrado es que nadie puede comprobar (excepto su creador) si lo que dice hacer la aplicación realmente es así o si lo que hace, lo hace bien. A mayor transparencia, mayor capacidad del público, las organizaciones y los usuarios para descubrir fallos y auditarlos. Es por eso que nunca podremos saber si el grave error de seguridad que se produjo el jueves en LexNET llevaba ahí una hora, un día o un año.

El Ministerio de Justicia asegura a este diario que la última actualización (previa a la del jueves 27 de julio) se produjo el día 21 de este mes: “No se había visto nada en los controles previos”, dice el departamento. Fue el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, el primero que se dio cuenta de que cambiando el número de identificación en la barra de dirección del navegador, podía acceder al perfil de otro abogado. “Así, puedo entrar en la carpeta con el ID de la Guardia Civil, de la Policía o de lo que sea”, explica a eldiario.es.

“No se conoce el código fuente de LexNET, que es lo primero para poder editar el software”, continúa Muelas. “Tendríamos que tener acceso, por pura transparencia, para poder comprobar cuándo se ha producido el error que ha dado lugar a esto, porque podría llevar así un montón de tiempo”. En la misma línea se muestra el abogado Javier de la Cueva: “Si no tenemos el código no podemos saber cuánto tiempo llevaba el fallo”.

LexNET es el sistema obligatorio que desde enero del 2016 utilizan los más de 140.000 abogados y procuradores de España para presentar sus escritos y comunicarse con Justicia. Entre 2010 y 2016, LexNET costó al erario público 7,28 millones de euros; y eso sin contar los gastos de la anterior etapa (2000-2010), no publicados por el Ministerio.

Este jueves le fue descubierto un fallo de seguridad que permitía, a cualquier usuario, acceder a la carpeta de cualquier caso abierto en España. Por la tarde, tras un parón de algo más de una hora, Justicia “encendió” de nuevo el servidor. El viernes, el Ministerio ha anunciado que LexNET estará KO desde las 16:30 horas hasta las 8 de la mañana del próximo lunes “por tareas de mantenimiento técnico”.

LexNET, que ni siquiera permite enviar fotos a color, “es un programa muy viejo, que tiene fallas y que mantienen una decena de informáticos en algún lugar del Ministerio”, continúa Muelas. “Es un sistema obsoleto y a pesar de eso nos han metido a todos en este asunto. Hay que utilizar un [ordenador] sobremesa Windows con una versión antigua de navegador”, se queja el letrado.

Un programa para la Justicia que depende el Ejecutivo

Justicia comunicó el jueves que se había abierto una auditoría interna “para conocer los detalles que han provocado este incidente y exigir, en su caso, las posibles responsabilidades”. De la Cueva considera que se tendría que abrir una comisión de investigación “para saber exactamente las causas y las cuestiones que aún quedan por resolver”.

“¿De qué calidad es ese código que tiene estas vulnerabilidades que son tan absolutamente simples?”, se pregunta. El abogado exige una auditoría pública: “El código tiene que poderse auditar por parte de los ciudadanos, al igual que las leyes tienen que ser públicas, los códigos con los cuales se manejan nuestros derechos, también”.

El sistema de permisos de LexNET falló, ya sea por un error de programación o porque al instalar la nueva versión algo se desconfiguró. Sin embargo, el programa ha sido polémico desde sus inicios en enero del 2016. 

“¿Por qué el Ministerio tiene que tener bajo su control los expedientes judiciales? Esos expedientes debería custodiarlos el poder judicial, no el ejecutivo” dice Muelas, que también es miembro de la Brigada Tuitera, un “movimiento en defensa de la Justicia”, según su perfil en Twitter.

Muela, que asegura “tener constancia de que ya existen denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos” y otros miembros de la Brigada Tuitera consultados por este diario confirman que “valoraremos qué acciones tomar”. Por su parte, la AEPD señala que el Ministerio de Justicia ha comunicado lo sucedido a la Agencia y añaden que en el caso de recibirse alguna denuncia por los fallos que dejaron al descubierto datos de los usuarios de la plataforma, “se incorporarían a las actuaciones que, en su caso, se realicen”.

De la Cueva, que pertenece a la plataforma denuncialexnet.es, critica de forma similar el programa. En mayo del año pasado, además, denunció al Estado español ante la Unión Europa por LexNET. “Sería muy interesante saber cual es la opinión de la abogacía española y las opiniones de los colegios de abogados de España, que son los que también, con su complicidad, nos han metido en este desastre”.

“Queda mucho camino por recorrer”

Carmen Pérez Andujar, vicesecretaria de Medios Materiales y Tecnológicos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), explica a este diario que “queda mucho camino por recorrer hasta tener una verdadera Justicia Papel 0 [100% digital] y todo siempre es susceptible de mejora”.

A pesar de que algunas Comunidades Autónomas aseguraron no estar preparadas cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió la implementación total de LexNET en enero de 2016, Pérez Andujar cree que “lo que hace que la situación sea precaria es que la competencia en materia de Justicia está cedida a las CCAA”. Esto implica, según la vicesecretaria del CGAE, “que allí donde el Ministerio no tiene la competencia, el dotar de los medios necesarios a los Juzgados para que el sistema funcione depende de los presupuestos de cada CCAA”.

A diferencia de la Brigada Tuitera, que no ocultan valorar la situación, desde el CGAE creen que “deberían ser las personas que pudieran haber visto vulnerados sus datos o derechos, quienes procedan a ejercitar las acciones correspondientes”. De momento, además de la auditoría interna que va a llevar a cabo el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que investigará si la brecha de seguridad detectada en LexNET viola la Ley de Protección de Datos.

El Ministerio de Justicia atribuye a “un defecto en el control de accesos al sistema” el fallo que este jueves ha permitido que miles de casos abiertos en LexNET pudieran ser accesibles por los más de 140.000 procuradores y abogados registrados en el organismo.

LexNET es el sistema que utilizan los abogados y procuradores de España para presentar sus escritos y comunicarse con Justicia. El Ministerio explica que la vulnerabilidad venía ocasionada “por un error en la programación del código” y que ha sido arreglada “en un plazo inferior a 5 horas”.

El departamento de Justicia explica que al ir a poner en funcionamiento una nueva versión de LexNET, “que entre otras cuestiones atiende a las peticiones que los profesionales han realizado para disponer de acceso multibuzón y la práctica de sustituciones”, se ha identificado la vulnerabilidad.

Según el Ministerio, LexNET es una aplicación “destinada únicamente a la realización de comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración de Justicia” y que “en ningún caso permite el acceso a los expedientes judiciales”.

Justicia explica que ningún usuario no legítimo (nadie que no fuera un abogado o un procurador) ha tenido acceso a los casos. “Dichos sistemas dejan constancia de accesos indebidos por lo que de haberse producido llevaría consigo la exigencia de responsabilidades legales por un acceso no autorizado”.

El sistema, explica el Ministerio, cuenta con “un sistema de identificaciones basado en certificados electrónicos reconocidos y un procedimiento de codificación interno”. No obstante, Justicia no aclara el tiempo que la vulnerabilidad llevaba al aire y asegura haber abierto una auditoría interna “para conocer los detalles que han provocado este incidente y exigir, en su caso, las posibles responsabilidades”.

LexNET, el sistema obligatorio que desde enero de 2016 utilizan más de 140.000 abogados y procuradores en España, tenía una grave brecha de seguridad que hasta las 15 horas de este jueves permitía entrar “en la carpeta de cualquier caso de España”, según el decano del colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas. Él ha sido uno de los primeros en avisar de la vulnerabilidad a través de la red social Twitter.

El Ministerio de Justicia ha cerrado a las 15 horas del jueves el acceso a la plataforma “de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales”, según la web de la Administración de Justicia. Este diario se ha puesto en contacto con ese Ministerio para conocer el alcance del fallo pero por el momento se niegan a facilitar más información. “Lo grave es que todos los ficheros de la administración de la justicia española están al alcance de cualquiera”, explica el letrado a eldiario.es.

Según Muelas, el subdirector general del Ministerio de Justicia, José Luis Hernández, ha corroborado el fallo de seguridad en LexNET. Tras conocer el fallo, Justicia ha “desconectado” el servidor. “El problema es: ¿desde cuándo está esto así? ¿Cuánta gente más lo sabe?”, se pregunta el letrado.

LexNET es el sistema que utilizan los abogados y procuradores de España para presentar sus escritos y comunicarse con Justicia. “Hacen falta unas nociones de primero de hacker”, continúa Muelas, que se refiere así al nivel de conocimientos de informática necesarios para dar con el fallo. La vulnerabilidad permite a cualquier usuario de LexNET borrar, notificar o modificar los archivos en nombre de otro usuario.

“Se puede entrar en la carpeta de cualquier caso de España. Es decir: la Púnica, la Gürtel... y cuidado, porque aquí también está la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional”, dice el abogado. Todos ellos comunican a través de LexNET sus documentos judiciales (notificaciones, escritos y demandas).

El fallo permitiría ver, publicar, notificar o borrar cualquier sentencia de la administración de Justicia en el sistema. “Aquí lo peligroso es que la parte contraria te puede ver las cartas”, explica Muelas. “Yo me puedo meter en tu carpeta si tú eres abogado y de repente me notifico por ti una sentencia y la borro, haciendo que se te pase el plazo”, dice.

El decano también imagina otro supuesto: “Cualquier comunicación de los cuerpos y fuerzas del orden público con los juzgados. Si yo tengo acceso a verla, imagina lo que allí pueda haber”.

Hacia las 16:30 horas, LexNET ha comunicado en Twitter que el fallo ya había sido resuelto. “El servicio ya está funcionando con normalidad”

Un sistema con fallos y polémicas desde su nacimiento

Lexnet es la plataforma implantada por Justicia desde enero de 2016 que están obligados a utilizar los profesionales de la justicia (abogados y procuradores) para gestionar las notificaciones con los juzgados. Funciona con certificado y firma electrónica y cada usuario tiene su espacio para almacenar sus notificaciones y casos.

Desde la aprobación de la norma que hace obligatorio su uso, numerosos profesionales han denunciado no solo las deficiencias técnicas del sistema, que se sobrecarga y funciona con lentitud, sino también el hecho de que caiga bajo el paraguas del Ministerio de Justicia.

Abogados como el propio José Muelas denunciaron en su momento que el sistema ponía en peligro la separación de poderes, ya que el Ministerio tiene acceso a los expedientes judiciales que deberían, en su opinión, estar en manos del Consejo General del Poder Judicial. 

“El sistema LexNet es un ejemplo perfecto del concepto de Winner sobre sonambulismo tecnológico. Es una expresión nítida de la ausencia de reflexión sobre cómo debe diseñarse la separación de poderes en la era digital”. El ejemplo se refiere al concepto acuñado por el filósofo estadounidense Langdon Winner en 1978 para aludir a la falta de conocimientos tecnológicos básicos en aquellos líderes con responsabilidades de gobierno.

Javier de la Cueva utiliza este ejemplo en el escrito de la denuncia que presentó en la Comisión Europea contra España “por vulneración de la normativa europea” respecto a la implantación del sistema LexNet, el cual los profesionales del derecho, entre ellos lógicamente los abogados, están obligados a utilizar para realizar trámites en el desempeño de su profesión desde el 1 de enero de este año.

En su artículo, publicado en el portal Derecho de Internet, De la Cueva explicaba que, según su criterio, LexNet “vulnera gravemente el principio de la separación de poderes y los derechos fundamentales de quienes intervienen en un procedimiento judicial. Este problema ya se lo advertí en 2007 a un alto funcionario del Ministerio de Justicia. Su respuesta fue que primero sacarían adelante el sistema LexNet y que ya verían”.

Ante semejante respuesta cabe preguntarse si hubo algún tipo de comisión de expertos o algo similar para evaluar el impacto sobre los derechos esenciales de la ciudadanía. De la Cueva responde a eldiario.es: “No conozco ningún estudio público ni ninguna comisión sobre este tema, y, que yo conozca, tampoco se ha preguntado a los profesionales afectados por la implantación: asociaciones de jueces y magistrados, fiscales, abogados o procuradores”, y reitera: “En este caso se ha optado por un diseño tecnológico sin consultar con ninguno de los afectados, como si no existiera una infinita gama de otras posibilidades”.

Este abogado aclara que la denuncia ante la Comisión Europea es “la primera de las actuaciones legales. Ya se interpondrán los recursos que se están redactando para las instituciones de nuestro país”. También explica a este diario por qué considera que se ha producido una vulneración de los derechos más elementales: “De una tacada el poder Ejecutivo tiene en su poder datos del poder Judicial que le permite saber exactamente qué hace cada órgano judicial, quiénes intervienen en los litigios, qué categoría y qué tipo de asuntos defiende cada abogado”.

Separación de poderes, también en la gestión de la información

Con esto hace referencia a lo expresado por él en su artículo cuando dice que “el Ministerio de Justicia o las consejerías de las comunidades autónomas con competencias delegadas se encargan de gestionar una información que nunca tendría que salir de los cauces de comunicación entre el interesado y el órgano judicial”, y advierte de que “este diseño de arquitectura atenta contra lo que debe ser el Estado en el siglo XXI, donde el principio de separación de poderes implica una separación en la gestión de la información”.

En su texto no hay una especie de fobia o al menos de inercia a recelar de la tecnología, ya que anteriormente en una entrevista concedida a Silvia Font para Baquia abogaba por el sistema LexNet “en código abierto”, y animaba a que este criterio fuera “extensible a todas las aplicaciones que está desarrollando el Estado”. En esa misma entrevista señaló su preocupación por el uso de ActiveX para la identificación de los usarios, cuando, escribe Font, ha sido desarrollado por “una empresa con gravísimos fallos de seguridad”.

Aparte de presentar esta denuncia y ofrecer en su artículo un enlace a la plantilla para que cualquier usuario pueda interponer una denuncia de este tipo, por ahora De la Cueva no puede hacer mucho más en su día a día, como reconoce cuando desde eldiario.es se le pregunta por la actitud tomada en este contexto: “La que estoy llevando a cabo: utilizar el sistema LexNet, porque no tengo otra posibilidad física, e impugnarlo por los cauces jurídicos”.

Otro letrado que ha criticado públicamente la puesta en marcha de LexNet ha sido José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, en su blog. En el mismo hablaba de los siete pecados capitales de este sistema, y el primero de ellos para él era, de nuevo, que la separación de poderes queda en entredicho: “Dado que LexNet es un sistema que tiene acceso a todas las notificaciones que se producen en la práctica totalidad de los expedientes judiciales de España una medida básica de seguridad habría sido atribuir el control de sus infraestructuras al Consejo General del Poder Judicial”.

“Sin embargo, no se ha hecho así y se ha optado por colocar toda la infraestructura bajo el control del Ministerio de Justicia […]. Que los datos de la Administración de Justicia se encuentren bajo el control y la supervisión del poder Ejecutivo […] es algo que repugna al sentido común, y choca con las más elementales buenas prácticas”.

El segundo pecado capital estaría relacionado con “la opacidad” del sistema de acuerdo al criterio de Muelas, quien reta: “Trate usted de averiguar cómo funciona LexNet tras la pantalla. ¿Es un mero webmail? […] ¿Qué protocolos usa? He tratado estos días de averiguarlo sin demasiado éxito. La información técnica sobre LexNet no pasa de manuales de información al usuario y algún documento antiguo con visiones muy generales del sistema”.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, eldiario.es, pregunta a Muelas si ha habido algún progreso en este sentido desde que escribió la entrada: “No, el funcionamiento interno de LexNet es un misterio y el código fuente es hasta ahora desconocido”.

Y eso desemboca en el tercer pecado capital descrito por el decano: “LexNet aparece como un sistema no neutral y que solo parece entenderse bien con los productos de una única empresa: Microsoft”, por lo que, según él, el sistema de gestión “es viejo” al “hallar dificultades casi insalvables para operar en smartphones y tablets”. Por otra parte no dudó en calificarlo como “impuesto en especie” en tanto que “se obliga a los profesionales de la justicia […] a que destinen un importante número de horas a formarse sin que exista contraprestación alguna”.

Llegados a este punto, Muelas responde afirmativamente a eldiario.es cuando se le pregunta si de acuerdo con su propia experiencia, y con la de alguno de sus colegas, dicho aprendizaje les ha robado horas de ejercicio del verdadero objeto de su profesión: “Ciertamente, y no solo eso y lo que es peor, su funcionamiento inconsistente genera unos niveles de incertidumbre inaceptables. Por otro lado, este sistema ha convertido a España en una manta de retales donde para un procurador trabajar en Cantabria, por ejemplo, es como trabajar en el extranjero, con muchos sistemas de comunicación distintos e incompatibles entre sí”.

Los dos últimos pecados capitales apuntados por Muelas en la entrada tendrían que ver con la característica “discriminatoria” de LexNet como herramienta, puesto que“en algunos casos supone una brecha insalvable para determinados profesionales mayoritariamente veteranos”, y con el riesgo de “convertir en crónica la enfermedad tecnológica que acarrea. Lo provisional en España se vuelve eterno, y soluciones anticuadas y malas acaban pasando por modernas”.

José Muelas se muestra totalmente identificado con la denuncia presentada por Javier de la Cueva, de hecho ha anunciado en declaraciones a eldiario.es que “he distribuido un enlace a esa denuncia a los más de 20.000 firmantes de la petición de moratoria para que se unan a ella si lo desean”.

No se puede usar con smartphones y tablets

Según se recoge en una de las páginas oficiales, “LexNet se ha convertido en un instrumento de trabajo seguro tan habitual en el mundo de las comunicaciones judiciales como el teléfono, el fax o el correo electrónico”, y actualmente lo usan, entre otros, “órganos judiciales y Oficinas de Registro y Reparto, Procuradores y Colegio de Procuradores, Abogacía del Estado, Abogacías dependientes de la Abogacía del Estado, Fiscalías, Colegios de Abogados”. En el dosier sobre preguntas frecuentes del sistema, el Colegio de Abogados de Madrid confirma lo dicho por Muelas: “Es necesario tener un ordenador. Actualmente no es posible su uso con smartphones y tablets”.

Según continúa informando dicho colegio de abogados: “Es necesario disponer de un certificado digital importado en un dispositivo físico (tarjeta criptográfica) o un DNI electrónico”. La certificación del contenido del envío se lleva a cabo “con la firma electrónica de todo escrito y documento que se presente; los registros electrónicos emitirán un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, documento o comunicación de que se trate”.

También se menciona en el apartado “Software necesario” que es preciso emplear “sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de 32 bits” advirtiendo eso sí que “Windows XP no tiene soporte técnico por parte de Microsoft Word desde el 8 de abril de 2014, lo que supone que en caso de que aparecieran vulnerabilidades críticas todas las máquinas que lo ejecutan podrían verse afectadas”.

A pesar de funcionar solo con hardware propietario, José Luis Hernández Carrión, Subdirector General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia tras el cese en enero de 2016 de Luis Bustamante, salió al paso de la entrada del blog de José Muelas en un tuit donde afirmaba que el sistema “no es opaco”, y que “tiene una arquitectura muy robusta tecnológica [sic]”, prometiendo además enviarle un informe técnico “en unos días”. El abogado ha asegurado a eldiario.es que “ha pasado mucho tiempo, pero a día de hoy” este ingeniero no ha enviado el esperado informe. Este diario ha intentado contactar con Hernández Carrión sin resultado alguno al cierre de de esta información.

El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, ha acusado al PP de convertir al sistema LexNET, que funciona como plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales y diversos operadores, en un “caos”. De hecho, el socialista ha reconocido que la herramienta “pudo ser una buena idea”.

El socialista afirma que el Ejecutivo del PP ha implantado esta herramienta “a toda prisa sin haber dotado previamente a las comunidades autónomas de los medios adecuados para su adecuado desarrollo” y subraya la “apuesta absoluta” del PSOE por la digitalización en la Administración de Justicia, por la implantación de sistemas que incorporen las nuevas tecnologías y por la desaparición paulatina del papel. Sin embargo, recalca que el Gobierno de Rajoy “ha actuado desde la improvisación, sin contar con las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de justicia y sin haber realizado la pertinente dotación de medios técnicos y económicos para el correcto funcionamiento de este instrumento”.

El político tinerfeño sostiene que en estos momentos el sistema resulta “deficiente” y está generando una infinidad de quejas por parte de los operadores jurídicos, especialmente por los abogados y funcionarios de justicia, pues una medida prevista para agilizar la tramitación de expedientes se está convirtiendo en un auténtico infierno para estos profesionales.

También insiste en la falta de planificación del Ministerio en la implantación de esta plataforma, “de tal manera que el hecho de que no se haya dispuesto de un plazo suficiente de adaptación está ocasionando importantes deficiencias” y añade que la “chapuza” se agrava ante el hecho de que se haya implantado LexNET desde el Gobierno de España pero con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas, “sin haber transferido ni un solo céntimo más para su funcionamiento”

Gustavo Matos recuerda que, según los últimos cálculos, a Canarias se le deben más de 16 millones de euros por lo recaudado en su día por las famosas tasas judiciales. “Insistimos en la necesidad de que el Ministerio transfiera esas cantidades, que supondrían un recurso fantástico para poder avanzar en la apuesta por el papel cero con garantías de eficacia”.

Además, Matos ha mostrado su satisfacción por la aprobación por el pleno de la Cámara, pese al voto en contra del PP, a la PNL del PSOE por la que se solicita al Gobierno de España una moratoria en la aplicación del sistema hasta que esté debidamente ajustado y dotado de los medios suficientes para un correcto funcionamiento.

El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha afirmado este martes que “se ha contado con tiempo, recursos, información y herramientas suficientes para cumplir la obligación mínima impuesta para el 1 de enero” de aplicar el sistema LexNET para digitalizar la Justicia.

Ante la petición de una moratoria para la aplicación de este programa por parte del diputado regional del PSOE Gustavo Matos, el delegado del Gobierno ha expresado su sorpresa, ya que los datos sobre el primer mes de funcionamiento de este sistema confirman que en enero accedieron a LexNET 143.085 personas más que durante todo 2015 (el triple más).

Hernández Bento ha indicado que, cuando se pone en marcha una plataforma de esta envergadura, es posible que se produzcan incidencias iniciales hasta que se logre su total implantación y ha detallado que “en el primer mes de funcionamiento del sistema se ha registrado una tasa de incidencia del 0,051%”.

Según la Delegación del Gobierno, los datos del primer mes confirman también que en enero se han practicado 4.069.747 notificaciones electrónicas en toda España, un 13 % más que en el mismo periodo de 2015; se han presentado 79.717 escritos iniciadores y 381.489 escritos de trámite, frente a los 10.391 y 128.013 que se presentaron, respectivamente, el pasado año en las mismas fechas.

En enero, además, LexNET ha estado disponible para sus usuarios el 99,2% del tiempo.

Hernádez Bento ha querido recordar que el objetivo del “papel cero” en la Justicia quedó establecido en la Ley 18/2011 aprobada durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que fue aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios,

En esta ley se fijó un plazo de cinco años (hasta el 7 de julio de 2016) para que todas las administraciones públicas con competencias en materia de Justicia provean a los juzgados de herramientas para que la tramitación sea completamente electrónica.

Para ello, es “imprescindible” llevar a cabo el hito intermedio de obligado cumplimiento establecido a partir del pasado 1 de enero, que supone que a partir de esa fecha es obligatoria la comunicación electrónica entre los profesionales de la Justicia y los juzgados.

El delegado del Gobierno ha subrayado que en la tramitación en las Cortes Generales de esa Ley, el PSOE “quería que el 1 de enero de 2016 las obligaciones para los agentes y profesionales de la Justicia fueran mayores”.

Según Hernández Bento, el Ministerio de Justicia ha ido más allá de su obligación estricta, y ha puesto el sistema de comunicaciones electrónicas a disposición de todas las comunidades autónomas con competencias de manera gratuita.

Así, se ha puesto a disposición de todas las comunidades manuales, material formativo y su experiencia para garantizar el éxito del proyecto.

Asimismo, para la ampliación de LexNET a todo el territorio, el Ministerio de Justicia ha habilitado más de 125.000 buzones para profesionales y tras ofrecérselo a todas las CCAA, se han habilitado más de 500 buzones con el objetivo de que existan puntos por toda España donde presentar electrónicamente los escritos.

Añade que se ha ampliado la capacidad del buzón para permitir el envío de mensajes de hasta diez megas y se ha desarrollado la aplicación LexNETapp para ayudar a los profesionales a recibir de forma ágil y en tiempo real la información acerca de las notificaciones y escritos presentados a través de este sistema.

Para atender las incidencias de tipo tecnológico que puedan surgir en el uso de la herramienta LexNET, también se ha reforzado el equipo del Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Justicia, indica la nota.

Hernández Bento ha hecho hincapié en que ante la inminente entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Justicia informó con tiempo suficiente de sus medidas a las comunidades autónomas, con la que ha colaborado estrechamente, al igual que con los colectivos de profesionales y las instituciones con competencia en materia judicial.

Con las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, desde hace un año se han celebrado más de una treintena de reuniones en las que se ha abordado la hoja de ruta para impulsar las comunicaciones electrónicas desde el 1 de enero de este año.

Además, con el objetivo de ayudar en este proceso, el Ministerio de Justicia firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para la implantación del programa de reforma de la Administración de Justicia, por el que se asignaron en 2015 a las islas 347.594 euros para incrementar las dotaciones disponibles y lograr una justicia digital, abierta e innovadora.