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Juristas feministas: “Catalá elude su responsabilidad y hace pasar por algo personal el machismo en la justicia”

Miles de personas se concentran frente al Ministerio de Justicia en Madrid contra la sentencia de 'la manada'

Marta Borraz

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado esta mañana que “todos saben” que Ricardo González, el magistrado que dictó un voto particular en el caso de 'la manada' pidiendo su absolución, tiene “algún problema singular”. Algo que, según Catalá, debería haber llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a actuar “preventivamente”.

Los colectivos feministas acogen con asombro e indignación estas declaraciones sobre el juez que vio sexo consentido en la agresión a la joven porque “es una manera de intentar desviar la atención totalmente”, dice Marisa Fernández, abogada e integrante de Dones Juristes. “Son declaraciones insólitas en un ministro de Justicia, que está alejando la responsabilidad y provocando un enfrentamiento con el CGPJ”, añade.

Para esta jurista, no debe eludirse que el voto particular, que asegura que los gestos de la denunciante se corresponden con expresiones de placer, “es humillante y degradante”, pero “está intentando poner el foco en ello, que es terrible, y no en el contenido de la sentencia”. “El problema es la gran brecha entre la concepción social y cómo se aplica la ley”, explica. La Audiencia Provincial de Navarra dictó el pasado jueves el fallo que condena a los cinco integrantes de 'la manada' a nueve años de cárcel por abuso sexual y no por agresión, que exige “violencia e intimidación”.

La fiscal Inés Herreros coincide en señalar que las declaraciones de Catalá “no sólo son un ataque intolerable a la división de poderes, impropio de una democracia avanzada”, sino que asegura “que está intentando eludir su responsabilidad” alejando el foco del funcionamiento de la justicia y de las políticas públicas: “Esto con un Pacto de Estado contra la Violencia de Género parado, una Ley Orgánica de protección de las víctimas sin presupuesto y sin invertir en formación en perspectiva de género para la carrera judicial. También debe asumir responsabilidades propias”.

La también miembro de la Unión Progresista de Fiscales interpreta lo que ha dicho el titular de Justicia como una manera de “hacer pasar por algo personal lo que es un problema estructural, que es la incidencia del machismo en la justicia”.

La reforma del Código Penal

El contenido del voto particular de Ricardo González es, para Alba Pérez, miembro de la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas, “terrorífico”, pero “¿a qué se refiere el ministro?, se pregunta. ”Está claro que el magistrado tiene un problema, ha quedado evidenciado“, pero ”tampoco podemos perder de vista que es el sistema judicial el que falla, que tiene una visión androcéntrica y que no es algo puntual“.

Desde la organización Women's Link coinciden en reivindicar la formación en perspectiva de género en la justicia porque “es un déficit estructural”, en palabras de la abogada Estefanny Molina, que hace hincapié en que el Gobierno tiene la responsabilidad de aplicar el el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer, ratificado por España en 2014. El llamado Convenio de Estambul exige la ampliación del concepto de violencia sobre las mujeres –y una legislación y tratamiento acorde con ello– a otros tipos más allá de la pareja o expareja, como sería el caso de 'la manada'.

Los colectivos feministas piden “sosiego y reflexión” ante la reforma del Código Penal que anunció en Consejo de Ministros el Ejecutivo el pasado viernes: “Se debe reformar, claro, pero el problema va más allá. Con este mismo Código Penal la sentencia debería haber sido diferente”, zanja Marisa Fernández.

Por su parte, Montse Pineda, experta en violencia sexual y coordinadora de la organización Creación Positiva, pone el énfasis en que se trata “de un conjunto de problemas” que pasan por “un Código Penal arcaico” además de “un sistema judicial que se estructura en base de lógicas de clase y patriarcales, sin formación ni estructura especializada en violencia sexual, con investigaciones basadas en la prueba física y recomendaciones sobre estereotipos que no se cumplen”, concluye.

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