La organización de consumidores FACUA-Consumidores en Acción (Facua) ha realizado un estudio a lo largo de 2022 sobre el precio del consumo de agua doméstica en 57 ciudades españolas: incluyendo a todas las capitales de provincia, capitales de comunidades cuando no coincidan con las primeras (Santiago y Mérida), ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo, ya que tienen mayor población que sus capitales.

En el estudio se ha analizado durante un año el coste de los consumos en una vivienda modelo de tres habitaciones por dos rangos: 9 m³ y 13 m³, debido a que se pagan distintos cánones impositivos según rangos de consumo.

Por otro lado, se ha tenido en cuenta si el contador es de 13 milímetros (mm) o de 15 mm, pues a pesar de que los fabricantes de contadores, informes técnicos del Canal de Isabel II y varios dictámenes de la consejería de Industria de la Junta de Andalucía aseguran que no implica diferencias de consumo, las ciudades de Albacete, Castellón, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Madrid, Valencia y Santa Cruz de Tenerife, sí discriminan facturas e importes según el tipo de contador.

Las ciudades más caras

Con enormes diferencias según se trate de una ciudad u otra (hasta un 434,8% entre la más cara y la más barata), el informe destaca que Valencia (modelo mixto de gestión) es la ciudad más cara “de las 57 analizadas en el caso de los contadores de 13 milímetros, sin importar el consumo: 29,01 euros para 9m³ y 36,51 en el caso de 13 m^3”.

Las siguientes son, para un consumo de 9 m³:

Si el consumo es de 13 m³:

Si el calibre del contador es de 15 milímetros, Ceuta (con gestión pública) pasa a ser la ciudad más cara y relega a Valencia al segundo puesto, y lo hace tanto para consumos de 9 m³ (33,38 euros ) como para consumos de 13 m³ (38,66 euros).

Por detrás de Ceuta, en 9 m³:

En el caso de un consumo de 13 m³:

Las ciudades más baratas

En cuanto a las ciudades que presenta facturas menos caras, lidera la tabla León con un modelo de gestión mixta del agua, tanto en consumos de 9 como 13 m³.

En concreto, tiene un precio de 6,24 euros para un consumo de agua de 9m³ cúbicos al mes, con independencia de si el calibre es de 13 o 15 mm. La tarifa pasa a ser de 8,77 euros si el consumo sube a 13m³.

Para un consumo de 9 m³, independientemente del calibre del contador, le siguen:

Para un consumo de 13 m³:

*Según el calibre del contador sea de 13 o 15 mm.

Reivindicaciones de Facua

Facua reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras “den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas”. Por otro lado, también pide una norma marco que regule aspectos básicos del servicio como son “estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación”.

La organización también lamenta la inexistencia de “un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa”.

Facua reclama que en los impuestos aplicados por tramos de consumo se refleje el número de habitantes de cada hogar para ponderar el consumo por habitante y así poner en claro el despilfarro de hogares con pocos habitantes y un alto consumo por habitante.

“Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo”, valora la entidad con sede central en Sevilla.

Finalmente, pide que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos y denuncia que “aún son pocos los municipios que no realizan cortes de suministro a aquellos hogares que no pueden afrontar el pago del recibo por no contar con recursos económicos suficientes”.

En este sentido Facua reivindica un “suministro mínimo vital que garantice el acceso al agua corriente a todos los hogares”.

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Es evidente que no corren los mejores tiempos para el despilfarro energético, tampoco para el de recursos limitados como el del agua. Con la sequía que estamos pasando, con una inflación del 7,5 en febrero y con una guerra en Europa oriental que afecta a uno de los principales proveedores de energía a Occidente, es más que probable que la escalada de precios en nuestras facturas sea importante en los próximos meses, si no en los próximos años.

Es por ello que debemos empezar a acostumbrarnos a ejercer prácticas de ahorro domésticas, tanto de hábitos como de estrategias que puedan hackear nuestras fuentes de suministro: en este caso algo tan sencillo como añadir un ahorrador de agua a los grifos del baño y la cocina, puede ser una excelente idea.

En esencia, lo que hacen estos dispositivos es mezclar el agua con el aire con el fin de aumentar la presión de salida de agua por el caño, de modo que tenga un mayor impacto físico en la limpieza y dilución de la suciedad, así como en la impregnación de superficies, pero se haga utilizando menos agua.

Adicionalmente también disponen de distintos sistemas de dispersión del agua, ya sea en forma de ducha, en chorro directo u otros. El objetivo final no es otro que el ahorro al emplear menos agua para conseguir los mismos efectos.

También algunos modelos añaden capacidad de orientación del chorro en la dirección deseada, de modo que se pueda aplicar este con mayor eficiencia a su función final, y por tanto con menos desperdicio de agua.

Por otro lado, los ahorradores de agua no tienen un precio elevado, ni son en exceso aparatosos, y se colocan en la rosca del extremo del caño del grifo sin mayores complicaciones. A continuación detallamos tres modelos interesantes.

Mijia 360° Giratorio Aireador de Grifo

Este aireador ahorrador está equipado con un adaptador de cinco boquillas, adecuado para grifos tradicionales en el mercado. Se puede ajustar a dos modos de flujo de agua diferentes: flujo de burbujas suaves o rociado fuerte en ducha. Simplemente hay que girar la sección de la boquilla para ajustar el flujo de agua desde el modo de flujo de burbujas suaves al modo de ducha.

El cuerpo principal del aireador de grifo está hecho de cobre de alta calidad antimicrobiano, por lo que impide el crecimiento de bacterias y es resistente al desgaste. Se combina con anillos de sellado de goma y no pierde agua, gracias a 22 capas galvánicas que resisten la corrosión.

Qoosea Aireador

Hecho de ABS y material plástico, que no es fácil de oxidar, es especialmente adecuado para lavar los platos a mano, pero también evita que el agua a alta presión salpique a la persona que usa el fregadero.

Con un cabezal de pulverización de doble función, puede ajustar el agua entre la corriente aireada y el potente pulverizador, con lo que se puede ahorrar un 30% más de agua. Tiene dos botones para cambiar de tipo de chorro.

Esufeir aireador 720º

Grifo universal con filtro antisalpicaduras que nos permite ajustar el ángulo libremente para lavar fácilmente la cara o enjuagarnos la boca. Es una pieza ideal tanto para grifos de cocina como de baño. 

Cuidado: el aireador se adapta a la mayoría de los grifos de fregadero con un diámetro interior de 24 mm o un diámetro exterior de 22 mm, pero no a todos, por lo que es necesario comprobar el tamaño y el tipo del grifo antes de ordenar.

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En España, el agua de grifo se puede beber en la mayoría de lugares. Salvo pequeñas excepciones, en nuestro país el agua es segura. Eso no evita que, en algunos hogares, podamos encontrarnos con jarras que tienen una especie de embudo que filtra el agua. Si el agua es potable, ¿qué utilidad tienen?

La realidad es que, a pesar de su potabilidad, el sabor del agua puede variar mucho entre unas regiones u otras. Por eso, puede que sea más habitual ver este tipo de jarras purificadores en Alicante -donde se descalifica-, que en Madrid. 

Antes de entrar en detalle sobre en qué consiste este tipo de recipientes, hay que aclarar que estas jarras no potabilizan el agua. Es decir, no podemos coger agua no potable (como la de un río) y purificarla hasta el punto de que se pueda beber -para esto, existen pastillas potabilizadoras-.

Qué es una jarra con filtro

Una jarra purificadora, o con filtro/filtrante, es un recipiente que cuenta con un filtro en su interior, de manera que se le echa agua dentro y, al servirla, esta pasa por él y se limpia. Ahora bien, si no potabiliza el agua, ¿qué hace exactamente?

Básicamente, la “mejora”. Este tipo de jarras suelen tener la capacidad de quitar restos de cloro y restos que pueda contener el agua -pequeños metales, nitratos, etc.-. La mayoría de jarras purificadores son capaces de limpiar parte del cloro y los objetos más grandes, mientras que solo algunas purifican el agua “por completo”.

Si no potabilizan el agua, ¿para qué sirven?

Las jarras purificadores, en realidad, se utilizan para mejorar el sabor del agua. Es decir, es una manera casera de tener agua mineral.

A algunas personas nos gusta disponer de botellas de agua mineral en nuestra casa, ya sea para preparar el café por la mañana o porque nos guste más beber este tipo. Para este perfil, las jarras con filtro pueden suponer un gran ahorro porque evitamos estar comprando constantemente botellas. Además, generamos menos residuos plásticos.

Ahora bien, sí es cierto que los filtros deben cambiarse cada mes o mes y medio y estos deben ser retirados al contenedor orgánico. Estos, en general, pueden ser de carbón activado o resinas de intercambio iónico.  Los de carbón son los más generales, mientras que los de resina están centrados en hacer más suave el agua.

Algunos modelos recomendados

Amazon Basics

Una jarra de 2,3 litros de agua con capacidad para filtrar 1,4 litros que cuenta con un indicador electrónico que nos avisa cuando hay que cambiar el filtro. Además, es compatible con diferentes cartuchos, por lo que no tenemos que comprar siempre los mismos.

Según el fabricante, “es recomendable para aguas duras”.

Brita Marella Jarra

Al igual que el anterior modelo, la jarra de Brita permite acumular hasta 1,4 litros de agua filtrada con una capacidad total de 2,4 litros. Los filtros, de la tecnología propia MAXTRA+, reducen la presencia de cloro, metales e incluso, la cal -aunque en menor medida-.

El filtro, por su parte, es de carbón activo con cáscaras de coco naturales. Puede ser una gran opción para lugares de costa.

Philips - AWP2935

Y la opción más barata para quienes busquen una jarra purificadora para, por ejemplo, utilizar con su cafetera italiana. El recipiente de Philips tiene capacidad para 2,6 litros totales y 1,5 litros de agua filtrada. Según el fabricante, el cartucho microXclean tiene una duración aproximada de 300 botellas de agua o 30 días en tiempo.

Al igual que la primera opción, cuenta con un temporizador digital para saber cuándo hay que cambiarlo.

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El intento de Barcelona para municipalizar el agua, las ayudas para garantizar el derecho a la vivienda y subvenciones para cooperación internacional. Son las tres patas de la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) contra la alcaldesa, Ada Colau. El documento, al que ha accedido elDiario.es, incluye tanto subvenciones como críticas políticas al consistorio por “asesorar” a okupas, un extremo que ya descartó la Justicia al archivar otra querella contra la alcaldesa.

El texto de la querella, de 67 páginas, empieza con un repaso a la vida política reciente de la alcaldesa –activista en el observatorio DESC; portavoz de la PAH; primera edil de Barcelona– para justificar que las subvenciones concedidas responden “a la relación personal y profesional” entre la alcaldesa y los responsables de las entidades sociales, pese a que todas ellas ya recibían fondos durante el mandato de Xavier Trias (CiU).

La asociación querellante, que se caracteriza por su opacidad y ha rechazado concretar quién es su presidente y su presupuesto, cifra en “un importe aproximado de 80 millones de euros” las subvenciones supuestamente fraudulentas. Sin embargo, la suma de las subvenciones que la asociación detalla en el apartado de la querella dedicado a “concreción del hecho delictivo” se reduce a 2,1 millones.

De los 25 expedientes de subvenciones y expedientes detallados en la querella, el primero de ellos –una subvención de 120.000 euros al observatorio Desc– se otorgó cuatro días antes de que Colau fuera nombrada alcaldesa en 2015. Siete subvenciones a Enginyers Sense Fronteres, que ascienden a 287.000 euros, versan sobre la municipalización del agua que intentó el consistorio y frustró el Tribunal Supremo, además de un proyecto para “desmontar la impunidad” de las empresas de agua y energía.

La querella, firmada por una abogada de Granada, mantiene que el consistorio carecía de competencias para otorgar estas subvenciones, si bien el Tribunal de Cuentas ya resolvió, al archivar parte de una denuncia de Agbar, que el consistorio tenía “plena legitimidad” para plantear un régimen de gestión directa del agua “a nivel municipal barcelonés”.

No es la única resolución reciente que la ATCD obvia en su querella. El texto reitera expedientes que ya fueron incluidos en una denuncia el año pasado contra Colau que la Fiscalía investigó y archivó al no apreciar delito alguno. El abogado Àlex Solà, que ejerce la defensa de Colau junto a la penalista Olga Tubau, ha tildado de “acto de mala fe procesal importante” el hecho que la querella oculte el carpetazo fiscal del pasado mes de julio a la investigación de las subvenciones a entidades sociales.

Los convenios firmados con el el Observatorio DESC, Enginyers Sense Fronteres, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para ayudar a personas vulnerables también forman parte de la querella. Se trata en realidad de un convenio bianual de 240.00 euros iniciado en 2014 por el Ayuntamiento de Xavier Trias (CiU) que Colau renovó en tres ocasiones –dos por 324.600 euros y una por 420.286 euros.

“Uno de los comunes denominadores de las entidades era la pretendida defensa de derechos y las remunicipalizaciones de servicios, entre otras”, mantiene la querella. Respecto a uno de estos convenios el texto resalta que la intervención municipal cuestionó cinco de sus aspectos, pero olvida que no informó en contra de la subvención.

Lo detalló el fiscal en el archivo de las pesquisas: la intervención puso de manifiesto “cinco motivos de irregularidad” en la subvención al Observatorio Desc que fueron “subsanados” por la entidad. “Se continuó la tramitación del expediente una vez comprobada la corrección de las modificaciones exigidas”, resolvió el fiscal, que apuntó a que las subvenciones podían contener irregularidades administrativas pero en ningún caso suponer delitos del Código Penal.

Tras citar parcialmente el contenido de los informes de intervención y obviar que no fueron negativos, la querella de la ATCD arremete con dureza contra los dictámenes de la intervención, que juzga “timoratos” además de considerar que “pecan de excesiva prudencia y no inciden en el presunto y posible carácter delictivo de la práctica”.

Otras de las subvenciones denunciadas por la ATCD tratan sobre un proyecto del Observatorio Desc sobre los fondos buitre y su impacto en el derecho a la vivienda, un informe sobre “derechos sociales en peligro” y otras dos iniciativas en defensa del derecho a la vivienda. Hay también tres subvenciones a Ecologistas en Acción y Enginyers Sense Fronteres por estudios del impacto de la emergencia climática en el puerto y el aeropuerto y sobre el cambio climático.

La okupación, en la querella

Los querellantes consideran irregular la concesión de subvenciones directas a entidades para proyectos en los que el consistorio tiene competencias compartidas con otras administraciones, como es el caso de la vivienda. Y en una crítica política a la alcaldesa, argumentan que mientras la Fiscalía persigue la okupación de viviendas, el consistorio destina dinero público “a asesorar a los autores de tales conductas de manera organizada”, algo que a su juicio vulnera la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El tercer bloque de subvenciones lo integran proyectos de cooperación internacional para los que el Ayuntamiento, según la ATCD, no tiene competencias, algo que en realidad sí contempla la Carta Municipal de Barcelona. Se trata, entre otros, de un proyecto de Enginyers Sense Fronteres en Maputo (Mozambique) –“que ni siquiera fue colonia española”, dice la querella– y de otro de la entidad Alternativa Internacional con Pueblos Indígenas sobre justicia de género en las comunidades peruanas.

Al margen de lograr la citación como investigada de la alcaldesa del próximo 4 de marzo, la querella también plantea al juez instructor un desfile de concejales y exediles de los comuns, que de momento el juez no ha acordado. La ACDT quiere que comparezcan ante el instructor, bien como testigos o bien como investigados, dos interventores municipales; las exconcejalas Gala Pin y Laia Ortiz; los actuales ediles Eloi Badia y Laura Pérez; la asesora en Vivienda Vanesa Valiño; y la directora del Observatori Desc, Irene Escorihuela.

El gobierno municipal ha avanzado este viernes que prestará toda la colaboración con la Justicia y ha confiado en un archivo del caso, en línea con lo ocurrido con la investigación de la Fiscalía. El concejal de derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha hecho hincapié en la opacidad de la ATCD y su actividad centrada en pleitos contra la gestión pública del agua en Barcelona y Valladolid. “Parece que a la ATCD no le preocupen las subvenciones sino el debate sobre la gestión pública del agua”, ha aseverado Serra. El letrado Solà ha concluido: “La querella es una acción legal con la que sencillamente se pretende la declaración como investigada de la alcaldesa”. Ocurrirá el próximo 4 de marzo.

En 1967 se creó el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia tras la unión de diecinueve municipios vizcaínos y la desaparecida Corporación Administrativa Gran Bilbao. Con los años, distintos municipios se han ido sumando hasta que 97 de los 112 pueblos existentes forman parte de él. Los últimos en unirse -desde el inicio de 2022- han sido los 16 municipios del Consorcio de Aguas de Busturialdea, tras una fusión que ha generado rivalidades entre los ayuntamientos a favor, gestionados por el PNV y los que se han posicionado en contra, como Ea, Muxika y Ajangiz, de EH Bildu. Carranza es uno de los pocos municipios que no se abastece del agua gestionada por el Consorcio. En su lugar, gestiona con sus propios medios las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, algo que, según denuncia su alcalde independiente Raúl Palacio, hace que la Diputación de Bizkaia no destine el mismo dinero público a su ayuntamiento que a los que sí que conforman el Consorcio de Aguas.

Un documental de la productora independiente Ecoperiodismo revela los entresijos de las operaciones que han tenido lugar en los últimos años para crear “el monopolio del negocio del agua en Bizkaia”. “Monopolia”, como se titula la película, está dirigida por el periodista especializado en medio ambiente, Ricardo Gamaza, y, en ella, participan alcaldes como Palacio, la alcaldesa de Ea, Iratxe Arriola, expertos como el profesor e investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) David Hoyos, el catedrático también de la UPV/EHU Iñaki Antigüedad y ecologistas como Alfonso Caño, entre otros. Según denuncia Gamaza con su documental, el interés del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia con hacerse con la gestión del agua radica en un intento de tener “un control político y económico” de todo el territorio.

“El Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, que a pesar de tener titularidad pública tiene un comportamiento de empresa privada, tiene dos objetivos con estas operaciones. Por un lado, el control político. Le cortan el grifo de las subvenciones económicas a todos los ayuntamientos que no tienen el color político del PNV. Como controlan la Diputación, el Gobierno vasco y la Agencia Vasca del Agua (URA), presionan a los ayuntamientos a entrar al Consorcio porque si no, no reciben ningún dinero público. Esto roza la prevaricación porque están utilizando una institución pública para usos partidistas. Por otro lado está el control económico. Más de la mitad del dinero del Consorcio va a parar a subcontratas que la mayoría son multinacionales del agua”, explica a este periódico Gamaza.

El documental propone 'la diversificación de las fuentes de abastecimiento a nivel local' frente a las grandes infraestructuras

Su documental también critica que, desde el punto de vista medioambiental, el hecho de que el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia -el cual se rige por una asamblea general en la que están representados todos los ayuntamientos que lo integran, además de la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco- dependa en un 70% de embalses del Zadorra, como el pantano de Ullibarri-Ganboa, puede llegar a tener “consecuencias ambientales negativas”. “Una de las cuestiones claves que marca la Directiva Marco del Agua es que la unidad de gestión es la cuenca. En Bizkaia prácticamente las cuencas coinciden con las comarcas, la gestión que se hace entonces, es por cuencas hidrográficas. Lo que quiere hacer el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia es saltarse ese concepto, que es esencial para la gestión del agua. Eso tiene consecuencias ambientales. Ellos lo que plantean es traerse la mayoría del agua del Zadorra desde el embalse de Ullibarri-Ganboa, que pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro. Ambientalmente el problema es que si te tienes que traer el agua desde lejos eso obliga a crear nuevas infraestructuras y aumentar el coste energético para poder moverla de un sitio a otro. Las canalizaciones, en el caso por ejemplo de Busturialdea, van a tener que tocar un espacio que es reserva de la biosfera. Otro problema todavía peor es el abandono de los recursos propios, por eso la Directiva Marco de Agua recomienda que se tienda a la cercanía del recurso. Si tienes el recurso, úsalo. Hay que potenciar los pequeños recursos del territorio”, señala el periodista que como solución propone “la diversificación de las fuentes de abastecimiento a nivel local y la protección de las cuencas vertientes a embalses”.

Según publica la Agencia Vasca del Agua (URA) Zadorra está compuesto por los embalses alaveses de Ulibarri-Ganboa, Urrunaga y Albina. Se trata de la mayor reserva de agua dulce de Euskadi y cuenta con con una capacidad de almacenamiento de 220 hm³ de agua, con lo que abastece de agua a la mitad de la población vasca. Tanto Vitoria como lo que se conoce como Gran Bilbao (que incluye una veintena de municipios que se encuentran a los lados del río Nervión) se abastecen del agua que se sustrae de esos embalses. Estos últimos también reciben agua del embalse de Undurraga, en Zeanuri.

Gamaza, en su documental denuncia que los costes económicos de llevar el agua desde Álava hasta Bizkaia mediante un trasvase obligando a crear grandes infraestructuras dotadas de largas canalizaciones, se perciben en las facturas que le llegan a la ciudadanía. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que se menciona en el documental, “la factura del agua en Bilbao es un 66% más cara que en Donostia y un 55% más cara que en Vitoria. Una diferencia que va a más cada año porque la factura del agua en la capital vizcaína fue del 9,9% desde 2016, mientras que en ese tiempo la alavesa subió solo un 1,7% y en la guipuzcoana se redujo un 3,5%”.

La 'aventura americana' del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Más allá de las operaciones realizadas en los últimos años para tener el control de las aguas en Bizkaia, el documental viaja hasta el pasado del Consorcio, cuando en 1999 se hizo cargo a través de la empresa Uragua, compuesta por el Consorcio, Iberdrola y BBK, del saneamiento y abastecimiento de las aguas de 1,7 millones de personas de Buenos Aires en Argentina y de otros 375.000 habitantes de Punta del Este, Maldonado y Piriápolis, en Uruguay. En 2004 se aprobó un referéndum en Uruguay con el que el 60% de los uruguayos respaldó la llamada Reforma Constitucional en Defensa del agua, que consideraba el agua como un derecho humano, para que su gestión se realizase a partir de ese momento exclusivamente de forma “pública, participativa y sustentable”. A raíz de eso y de que el propio Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia admitiese que Uragua era inviable “económica y financieramente” en un informe publicado por El País en 2003, la conocida popularmente como 'aventura americana' vizcaína acabó.

En Uruguay privatizaron el agua, pero hubo un movimiento social muy activo que terminó en un referéndum con el que incluyeron el derecho al agua dentro de su Constitución

“Nos sorprendió mucho descubrir cómo Aguas de Bilbao se coaligaba con Iberdrola para montar una empresa privada en Uruguay para privatizar el agua de los uruguayos y uruguayas. ¿Qué pinta una empresa pública de aguas de Bilbao en Uruguay? Esto se ha contado poco. Nosotros localizamos en Uruguay a la activista que luchó por la defensa del agua, Adriana Marquisio, y nos contó que jamás pensaron que se tratara de una empresa pública, puesto que su comportamiento era de privada. A ellos les privatizaron el agua, pero hubo un movimiento social muy activo que terminó en un referéndum con el que incluyeron el derecho al agua dentro de su Constitución”, indica Gamaza.

Por ello, uno de los objetivos de este documental es “que la gente sepa cómo le afecta que el control del agua se lleve a cabo con criterios mercantiles”. A pesar del resultado de su investigación, Gamaza no busca plantear un panorama “desalentador” al público, sino “de esperanza” porque “se puede revertir la situación”. Como ejemplo de ello, además del de Uruguay, pone los casos de París o Valladolid. “París, que tenía el agua privada, hizo un proceso de remunicipalización y la gestión volvió a ser pública. Aquí, en España, ha pasado en Valladolid, que es el ejemplo de cómo se ha conseguido revertir la situación. Cuando el agua ha vuelto a ser pública, su precio ha bajado porque dejas de pagar cuestiones como las subcontratas”, señala el periodista.

Tras el estreno este martes en Bilbao de “Monopolia”, la película se proyectará en las próximas semanas en Gernika y Bermeo y viajará próximamente a Madrid, Sevilla y Montevideo, en Uruguay. El documental forma parte de una serie titulada ‘Cloacas: los negocios sucios del agua’, que comenzó en 2018 con la película ‘Trileros del agua’. Según confirma Gamaza, la serie la compondrán un total de seis documentales entre los que incluirá uno centrado en la gestión del las aguas de Canal de Isabel II y otro sobre el agua embotellada.

La denuncia de Agbar contra Ada Colau pierde fuelle. El Tribunal de Cuentas ha archivado la parte de la denuncia de la multinacional relativa a los estudios realizados por el consistorio para municipalizar el agua, que ascendían a casi 900.000 euros, y solo mantendrá abierta la causa contable por las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona a entidades sociales –si bien no concreta qué cuantía investiga– y por una ayuda de 15.000 euros a los promotores de la consulta ciudadana sobre la gestión del servicio.

La denuncia de Agbar del pasado mes de abril fue el último episodio de una guerra del agua que la multinacional ganó después de que el Tribunal Supremo frustrara en 2019 la municipalización del servicio pretendida por el consistorio. Para Agbar, los estudios técnicos y jurídicos encargados por el Ayuntamiento en 2017 para la transición hacia la gestión pública del agua en la ciudad suponían un “perjuicio” a las arcas públicas ya que la competencia sobre el servicio no es municipal sino del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El Tribunal de Cuentas en cambio niega la mayor y avala la competencia del consistorio para encargar los estudios. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el consejero de cuentas Felipe García concluye que el Ayuntamiento de Barcelona tiene “plena legitimidad” para plantear un régimen de gestión directa del agua “a nivel municipal barcelonés”.

En consecuencia, el Tribunal de Cuentas concluye que ninguno de los estudios encargados por el consistorio supone “infracción contable o presupuestaria” por parte de la alcaldesa, Ada Colau, el concejal de Transición Ecólogica, Eloi Badia, el gerente de la concejalía y la interventora municipal, todos ellos denunciados por Agbar. “No se observa daño alguno en los fondos municipales”, apostilla el auto, que es recurrible. Los informes avalados por el Tribunal de Cuentas tuvieron un coste total de 858.635,08 euros.

El Ayuntamiento ha celebrado la decisión del Tribunal de Cuentas porque supone un rechazo de plano a la mitad de las pretensiones de Agbar. Es decir, que el órgano fiscalizador no ve necesidad ni de investigar parte de la denuncia. Con todo, el Tribunal de Cuentas sí mantendrá abierta una causa contable por una subvención de 15.000 euros y las subvenciones a entidades sociales que también son objeto de unas diligencias de la Fiscalía de Barcelona. A diferencia de la reciente resolución sobre el procés, la causa sobre las subvenciones municipales del Tribunal de Cuentas se encuentra en un estado muy inicial y está lejos de terminarse.

El Ayuntamiento ve un “primer revés” a Agbar

“El Tribunal de Cuentas establece de forma clara y contundente que el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias sobre la municipalización del agua y refuerza la línea de trabajo de los últimos años”, asevera el concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, que ve en la resolución del ente contable un “primer revés” a Agbar.

El consistorio confía además en que el resto de responsabilidades contables que la multinacional atribuye a la alcaldesa queden descartadas en la fase de instrucción ya que se trata de subvenciones justificadas. La denuncia no cifra el concreto perjuicio de las subvenciones, sino que considera que serán un menoscabo a las arcas públicas “todas aquellas subvenciones que no hayan tenido un resultado tangible que pueda justificar el aumento exponencial y manifiestamente desproporcionado de su financiación”.

En su auto, el Tribunal de Cuentas aboga por investigar si el “aumento de financiación” a las entidades sociales ha podido conllevar una vulneración de la normativa presupuestaria al apreciar “indicios de responsabilidad contable”. Agbar hizo hincapié en que, durante el mandato de CiU en Barcelona, Enginyers sense Fronteres recibió subvenciones por valor de 271.437 euros –que no fueron investigadas– mientras que entre 2016 y 2018, ya con Colau como primera edil, ascendieron a 852.633 euros.

Las subvenciones que el consistorio ha otorgado a entidades sociales como la PAH también forman parte de la investigación de la Fiscalía de Barcelona a raíz de la denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, entidad vinculada a Societat Civil Catalana y presidida por Ramón de Veciana, candidato de UPyD a la presidencia de la Generalitat en 2015. A día de hoy la Fiscalía mantiene abiertas sus diligencias –algo habitual tras recibir la denuncia de un particular– y todavía está estudiando la cuestión antes de decidir si archiva la denuncia o remite una querella al juzgado.

La guerra del agua de Barcelona tiene una nueva batalla. La Sociedad General de Aguas de Barcelona, Agbar, ha llevado ante el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Barcelona por el proceso de municipalización del agua que intentó el consistorio de Ada Colau, frustrado por la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la empresa mixta creada entre la multinacional y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El Tribunal de Cuentas ha dado traslado de la denuncia a la Fiscalía y el consistorio antes de decidir si sigue adelante con el procedimiento.

En su denuncia, adelantada por El Mundo, Agbar cifra “de manera aproximada” en 875.293,54 euros el “perjuicio” ocasionado a las arcas públicas. Dentro de esa cifra Agbar incluye un encargo específico del Ayuntamiento de 2017 a varios despachos para un análisis jurídico y de infraestructuras sobre la municipalización del agua que costó 358.710 euros, pero también “distintos trabajos realizados en el ámbito 'agua'” por valor de 499.925,08 euros y que la multinacional vincula con la municipalización.

Entre las decenas de estudios denunciados por Agbar figuran un inventario de la red de distribución del agua potable de Barcelona, un informe para detectar las necesidades de inversión en la red de agua potable de la ciudad, otro sobre demandas futuras de agua o la valoración de activos de Agbar dentro del municipio, así como un estudio sobre hábitos de consumo de agua potable en las casas.

A criterio de Agbar, todos estos estudios vulneraron la normativa contable, pues los encargó el Ayuntamiento de Barcelona cuando la competencia en materia de agua recae en el AMB y no en el consistorio. Destaca Agbar que el Ayuntamiento asumió “costes manifiestamente innecesarios que suponen una duplicación de esfuerzos financieros”, pues el servicio de abastecimiento de agua ya viene siendo prestado por el AMB.

El tercer bloque de la denuncia de Agbar consiste en las subvenciones que el Ayuntamiento de Barcelona otorgó a “asociaciones afines a la ideología municipalizadora”, como Enginyers sense Fronteres. La denuncia no cifra el concreto perjuicio de las subvenciones, sino que considera que serán un menoscabo a las arcas públicas “todas aquellas subvenciones que no hayan tenido un resultado tangible que pueda justificar el aumento exponencial y manifiestamente desproporcionado de su financiación”.

Asimismo, la empresa incluye en el menoscabo de fondos públicos los 15.000 euros que el consistorio dedicó a fomentar la recogida de firmas para celebrar una consulta sobre la municipalización del agua que no se llegó a celebrar. Todo ello forma parte, denuncia la empresa, de la estrategia municipal para crear un “clima denigratorio” contra Agbar en el proceso fallido de municipalización. Para la multinacional el conflicto en Barcelona se enmarca en “un fenómeno ideológico global llamado remunicipalización”, que a su juicio se caracteriza por “una oposición frontal a cualquier presencia de iniciativa económica privada en la prestación de servicios públicos en general y en los de agua en particular”.

El Ayuntamiento tilda la denuncia de “ataque a la democracia”

El concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, ha avanzado que el consistorio colaborará con toda la documentación que le pueda requerir el Tribunal de Cuentas y ha defendido la legalidad de todas las subvenciones y estudios encargados. “Se quiere poner en marcha una máquina del fango para ensuciar la gestión municipal y no permitiremos este ataque al prestigio de la ciudad”, ha denunciado Serra.

El concejal ha lamentado que la denuncia de Agbar pretenda “poner en entredicho” las actuaciones del gobierno municipal para llevar a cabo la municipalización del agua, uno de los objetivos que los 'comuns' llevaban en el programa electoral, por lo que ha tildado la demanda de la multinacional de “ataque a la democracia y al gobierno municipal”.

En 2015, la revista Global Water Intelligence publicó un llamativo editorial que llevaba por título 'Exorcismo a la palabra que empieza por R'. La revista, dedicada a las empresas de agua, denunciaba la “farsa” de permitir que “la propaganda mal documentada de un par de ONG” interfiriera en los intereses del sector privado en el negocio. ¿Y cuál era esa palabra impronunciable, capaz de provocar una reacción tan defensiva? 'Remunicipalización'. O lo que es lo mismo: que las autoridades locales recuperen la propiedad de bienes y servicios privatizados.

La revista defendía que “era posible que personas informadas con responsabilidades en el sector se tomaran en serio” esta peligrosa idea, debido a todos los “argumentos válidos y racionales que respaldan la participación del sector privado” en el suministro de agua.

El artículo no lo decía, pero estaba implícito en su ataque: en la batalla por la propiedad del agua, el sector privado parece estar retrocediendo. Solo en Francia se han producido al menos 110 remunicipalizaciones en servicios de agua y saneamiento desde el año 2000.

En 2008, el ayuntamiento de París recuperó el agua de manos del sector privado: consiguieron un ahorro de 35 millones de euros en el primer año, redujeron las tarifas un 8%, reinvirtieron los beneficios en obras de mantenimiento –en lugar de repartirlos entre los accionistas– y ampliaron el acceso gratuito a los servicios de agua y saneamiento para los habitantes de la capital francesa.

La agencia municipal, Eau de Paris, instaló incluso fuentes gratuitas de agua con gas. Tal vez suene como una idea cómica francesa, pero lo cierto es que no costó mucho y tuvo una gran repercusión medioambiental por los miles de botellas de plástico que se evitaron. También sirvió para demostrar un punto importante: cuando la infraestructura urbana pertenece al sector público y no a empresas con afán de lucro, todo el mundo puede disfrutar de sus beneficios y no solo los accionistas.

Más de 1.400 remunicipalizaciones desde el 2000

Es difícil imaginar un eslogan pegadizo con la palabra remunicipalización. Tal vez es algo extraño y aburrido –devolver infraestructura a la gestión pública no es lo que se considera una política 'sexy'– pero lo cierto es que la remunicipalización es cada vez más popular en todo el mundo. Desde Ámsterdam, el centro de estudios Transnational Institute (TNI) lleva años hablando del tema: en El futuro es público, su último informe, registra más de 1.400 remunicipalizaciones en más de 2.400 ciudades de 58 países desde el año 2000.

Los programas de asistencia social en Selangor (Malasia), las viviendas privatizadas de Berlín, el servicio de recogida de basuras en Winnipeg (Canadá) o la limpieza del transporte público en Seúl son algunos de los casos que recoge el informe.

El estudio está lleno de historias de éxito: los chilenos disfrutan de medicinas radicalmente más baratas desde que se crearon 40 nuevas farmacias públicas en el país; en Chattanooga (Tennessee), los 141 nuevos proveedores públicos de telecomunicaciones están llevando Internet a lugares donde las empresas privadas habían decidido que no valía la pena; y en la ciudad búlgara de Dobrich ha habido un recorte del 47% en el consumo de electricidad para el alumbrado público desde que el servicio pasó a manos públicas en 2018 y las autoridades locales instalaron bombillas LED de alta eficiencia energética.

Los beneficios de la remunicipalización se dividen en dos grandes categorías. En primer lugar, sirven para corregir lo que no funcionaba en las ciudades tras décadas de privatización, explotación de beneficios y generación de desperdicios. En segundo, para forjar un nuevo sentido del bien público.

Según Cat Hobbs, de la organización de Oxford We Own It [Nos pertenece], “la privatización y la subcontratación de los últimos 30 o 40 años han fracasado”: “Tiende a costarnos más, recibimos peores servicios, tenemos menos control sobre ellos, y tienen menos responsabilidad democrática frente a nosotros, los ciudadanos”, explica.

En su opinión, también es “una cuestión moral”. “A menudo hablamos de monopolios naturales como el agua, donde la competencia no tiene sentido y donde el mercado no debe entrar. Cuando decimos que hay que poner a la gente por delante de los beneficios, todo el mundo lo entiende”, indica.

La alternativa, apunta, es un sistema en el que la propiedad pública local proporcione a las comunidades mejores trabajos y más estables, priorizando la sostenibilidad antes que los dividendos para accionistas. Desde la asistencia social hasta las bibliotecas o la recogida de basura, la privatización ha reducido estos servicios hasta la médula.

El caso de Reino Unido

La remunicipalización podría sonar bien en el Reino Unido del Brexit. “Sabemos que una parte del Brexit tiene que ver con que la gente quiere que las decisiones se tomen cerca de su lugar de residencia”, dice Hobbs. “Se trata de un sentido de responsabilidad, de soberanía económica, y de recuperación del control”.

¿Por qué no ayudar a la gente a “recuperar el control”, trascendiendo el referéndum de 2016 sino del voto y mirando cómo votó durante las últimas elecciones británicas? Tal vez la remunicipalización sirva para responder algunas de las preguntas que se están haciendo ahora los laboristras sobre los núcleos perdidos, sobre la reconstrucción del área ciudadana, y del sentido de comunidad local y participativa en las ciudades postindustriales.

Según Hobbs, “limitarse a entregar los servicios públicos a la multinacional capaz de hacerlo de la forma más barata no es una forma de demostrar que se valora a nuestras comunidades”. Considera que es algo “fundamental” para tener “una sociedad decente”.

Un fenómeno global

La remunicipalización es un movimiento local pero también un fenómeno global, con ayuntamientos progresistas de todo el mundo intercambiando mejores prácticas así como ideas radicalmente nuevas. Este intercambio es el brazo político de la organización Fearless Cities [Ciudades sin miedo] y el libro del mismo nombre, que aglutina el creciente movimiento municipalista.

La mejor manera de entender Fearless Cities es como un programa que trata de recuperar parte del territorio perdido a manos de la ortodoxia privatizadora que comenzó a extenderse por el mundo en la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Instituciones como el FMI, la OMC y el Banco Mundial están detrás de las privatizaciones y de las duras condiciones de unos préstamos que fomentaban la venta de activos públicos.

Hasta que llegó la crisis financiera mundial de 2008 y resquebrajó la idea de que el sector privado era la mejor opción posible para las ciudades. Es revelador que la primera respuesta política a la crisis comenzara en 2011 con el movimiento Occupy en espacios públicos de ciudades como Atenas, Madrid, Londres y Nueva York. Estos 'movimientos de las plazas' pronto encontraron su expresión política a nivel nacional en partidos nuevos como Podemos y como Syriza, o en el ascenso de políticos como Bernie Sanders y Jeremy Corbyn.

No es casualidad que los mayores éxitos se hayan dado en las ciudades donde comenzaron: la recuperación de bienes públicos se ha hecho en ayuntamientos con gobiernos que vienen de esos movimientos en la calle. En 2015 llegaron al poder las nuevas “plataformas municipales” a las ciudades de Barcelona, Madrid, Cádiz y Valencia, entre otras; y en España, el informe El futuro es público registra 119 casos de remunicipalizaciones (solo aventajada por Estados Unidos y por Francia), entre servicios de energía, basuras, funerarios y de comedores escolares. Como en Francia, destaca la devolución del agua a la gestión pública. Bajo el lema 'Aigua és Vida', en Cataluña ha habido 27 remunicipalizaciones desde 2010.

A veces, la manera más fácil de terminar con la privatización es simplemente 'municipalizando', sin el prefijo 're'. Se trata de crear una nueva organización pública que se enfrente al cartel existente. Decididas a mejorar la autosuficiencia y la sostenibilidad medioambiental, Ada Colau y su movimiento político 'Barcelona en Comú' llevan luchando contra las corporaciones energéticas desde su elección como alcaldesa en 2015. En junio de 2019, la empresa del ayuntamiento Barcelona Energía comenzó a suministrar electricidad a partir de energía 100% renovable a instalaciones y edificios del ayuntamiento de Barcelona así como a 20.000 hogares. Actualmente es la más grande de su tipo en España, está instalando paneles solares en los tejados de edificios públicos y espera seguir creciendo.

Según Sol Trumbo, especialista en remunicipalización del centro de estudios TNI, este tipo de acción local “es la mejor manera de concretar la necesidad de defender los servicios públicos”. En su opinión, centrarse en las posibilidades de cambio a nivel municipal tiene varias ventajas estratégicas, especialmente para los partidos de izquierda.

“Si uno se enfrenta al pensamiento y los dogmas neoliberales, es mucho más difícil encontrar una posición clara sobre asuntos tan complejos como la pertenencia a la UE o a la OTAN”, sostiene. “Pero si tu debate político gira en torno a preguntas sobre si hay suficientes parques, si funciona o no el transporte público o si hay demasiados coches en las calles, las preguntas son realmente tangibles y cercanas a la gente, por lo que es más fácil para los políticos progresistas dar respuesta”.

Los temas deberían ser aún más cercanos. La remunicipalización no es simplemente una complicada transferencia de activos que pasan de propiedad privada a pública, un cambio de papeles que para el común de los ciudadanos pasa inadvertido. Por el contrario, su objetivo es aumentar la participación en la toma de decisiones, impulsar la democracia local y la energía ciudadana, y hacer que los servicios sean más justos y accesibles.

“En estos momentos de incertidumbre política y desconfianza, que las cosas sean locales y próximas es algo realmente útil”, defiende Trumbo. “¿Qué mejor manera de reconstruir la comunidad, las conexiones entre las personas y el orgullo de un lugar? Brindo por ello con mi agua con gas gratuita”.

Traducido por Francisco de Zárate.

Había sido uno de los mayores chascos del mandato de Ada Colau como alcaldesa: el plenario del Ayuntamiento de Barcelona tumbó su primera multiconsulta, que tras un proceso de participación ciudadana debía preguntar a todos los barceloneses sobre la municipalización del agua y sobre el cambio de nombre de la plaza dedicada al esclavista Antonio López. Medio año después, el consistorio ha conseguido el apoyo de la mayoría de partidos para recuperarla, pero la votación deberá celebrarse durante el próximo mandato, puesto que no hay tiempo material para organizarla antes de las elecciones de mayo.

La multiconsulta ha vuelto este viernes al plenario municipal después de que los servicios jurídicos del consistorio admitieran el recurso de reprobación contra la votación del pasado 10 de abril -cuando se rechazó la consulta- presentado por las entidades impulsoras de ambas preguntas. El informe de los servicios jurídicos constata que, de acuerdo con el reglamento de participación, los partidos solo podían emitir un voto contrario al trámite de la multiconsulta no por razones políticas, sino sólo si consideraban que era contraria al ordenamiento jurídico.

Si en aquella ocasión PDeCAT, PSC y CUP votaron 'no', ahora han optado los dos primeros por abstenerse y los terceros por sumarse a ERC y BComú en el 'sí'. PP y Ciudadanos han vuelto emitir un voto contrario.

La alcaldesa, Ada Colau, ha celebrando la decisión, aunque ha lamentado que la aprobación de la multiconsulta se haya retrasado, en su opinión por la presión de Agbar, que es quien gestiona el agua en la ciudad y con la que el Ayuntamiento mantiene un conflicto abierto en varios frentes. “Es muy arrogante creer que, por gastarse millones de euros en campañas de comunicación, podrían pararlo”, ha criticado la alcaldesa.

En el plano político, la multiconsulta sigue adelante, pero en el plano jurídico podría quedar encallada, puesto que ha llegado a acumular 14 recursos en contra de su reglamento y organización. Según datos del Ayuntamiento, ocho han sido resueltos ya a favor de sus intereses, cinco quedan pendientes y en solo una el juez dictó medidas cautelares para paralizar la adjudicación de los servicios técnicos de la votación.

En el caso de la pregunta sobre Antonio López, lo que preguntará a los barceloneses es si quieren que este esclavista deje de dar nombre a una plaza en Barcelona para que su puesto lo ocupe Idrissa Diallo, el joven guineano que murió el 5 de enero de 2012 mientras permanecía encerrado en el CIE de la Zona Franca.

La consulta sobre la municipalización del agua en Barcelona, enterrada por la oposición a Ada Colau en el último pleno del Ayuntamiento, podría resurgir tras un periplo administrativo impulsado por las entidades sociales. Un órgano consultivo que supervisa el reglamento de participación ciudadana ha dictaminado que los votos negativos de CUP y PDeCAT no se ajustaron a la norma, con lo que el consistorio se plantea si puede retomar la iniciativa.

Lo que ha hecho de entrada es pedir a ambas formaciones que “rectifiquen” su posición, en palabras del teniente de alcaldía Jaume Asens. La CUP ya dejó entrever que podría planteárselo, pero el PDeCAT por ahora no lo contempla. Al ser solo consultivo el informe de la Comisión de Amparo que cuestiona la votación, en el Ayuntamiento asumen que no pueden forzar ningún cambio, pero esperan otra vía: el recurso de reposición que van a interponer las entidades sociales.

Aigua és Vida, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la productora Metromuster, impulsoras de las primeras preguntas de la multiconsulta –que debía preguntar sobre la gestión del agua y también sobre el cambio de nombre de la plaza Antonio López–, presentarán un recurso de reposición contra la votación del pleno que obligará a los servicios jurídicos del consistorio a pronunciarse. Con ello, Barcelona en Comú sí cree que se podría repetir el pleno.

¿Cuál es el incumplimiento en el pleno?

¿Por qué la Comisión de Amparo considera que los votos negativos de PDeCAT y CUP “contravinieron” el Reglamento de Participación Ciudadana? Según su texto, cuando se tramita una consulta a propuesta de iniciativas ciudadanas –con la pertinente recogida de mínimo 15.000 firmas–, lo que pueden hacer los grupos en el pleno es votar solo 'sí' o abstención. Si quieren votar 'no', deben hacerlo alegando que las preguntas no se adecuan al ordenamiento jurídico.

Ante esto, la Comisión de Amparo interpreta que los votos negativos de PSC, Ciudadanos y PP sí tuvieron este carácter jurídico, mientras que los de PDeCAT y CUP no. De hecho, en el caso de estos últimos fue evidente durante el debate que su 'no' se debía a que consideraban que Colau tenía que municipalizar el agua por iniciativa propia y no esperando a una consulta ciudadana. Los únicos que votaron a favor de las preguntas fueron BComú y ERC (y la CUP en la de la plaza Antonio López).

Los frentes judiciales de la multiconsulta

El rechazo de los partidos a la multiconsulta fue la puntilla a una iniciativa de participación ciudadana que acumula una decena de recursos por distintas vías judiciales y administrativas. Algunos de ellos interpuestos por Agbar, que a través de su participación mayoritaria en una empresa mixta es la que gestiona el agua no solo en Barcelona, sino en más de veinte municipios del área metropolitana.

El único pronunciamiento judicial por ahora ha sido a instancias de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATQD), que denunció vulneración de derechos fundamentales en la cesión de datos del padrón municipal a una empresa externa para celebrar la consulta. El juez ordenó al Ayuntamiento paralizar la adjudicación que incluía el contrato para el voto electrónico.

El Gobierno municipal de Barcelona tardará en digerir el doble 'no' que se llevaron dos de sus proyectos estrella de la legislatura: el tranvía y la multiconsulta. Esperado el primero, el segundo fue un duro golpe para la alcadesa Ada Colau, que cargó duramente contra los grupos al considerar que priorizaron sus intereses de partido frente al de las entidades sociales, que recogieron más de 15.000 firmas para que se preguntara a los barceloneses sobre la municipalización del agua y el cambio de nombre de la plaza Antonio López por Idrissa Diallo.

En una publicación en su Facebook, Colau califica de “actitud irresponsable” la de algunas formaciones al oponerse a las preguntas, y añade: “El colmo fue ver a partidos independentistas que se han llenado la boca con el derecho a decidir, votar en contra de una consulta con garantías impulsada por la ciudadanía”. La alcaldesa les acusa de “hacer el juego” a Agbar, la empresa que controla la gestión del agua en la ciudad a través de una firma mixta en la que tiene mayoría.

“La multinacional contó con varios grupos de la oposición (PDCAT, Ciudadanos, PSC, PP y CUP) que le hicieron el juego, y vetaron una iniciativa ciudadana que había recogido 26.000 de manera ejemplar, cumpliendo el reglamento aprobado recientemente por los mismos grupos municipales”, lamenta Colau, que ya en el pleno se dirigió especialmente a la CUP. “Si algún día tenían que demostrar que eran un instrumento para los movimientos sociales era hoy”, les espetó.

La CUP –que votó 'sí' a la pregunta sobre Diallo– justificó su 'no' a la consulta sobre el agua argumentando que el Ayuntamiento puede abrir el proceso de municipalización sin necesidad de someterlo a votación. Aun así, días después reconocieron haberse equivocado “en el sentido de su votación”. Según informaron, interpretaron la votación del pleno como un posicionamiento político, cuando debía ser un aval o rechazo a la base jurídica del procedimiento.

Al final, solo ERC votó a favor de ambas preguntas de la multiconsulta. El resto de partidos la consideraron una “chapuza” y acusaron a Barcelona en Comú de haber utilizado a las entidades para sus fines.

Con su publicación en Facebook, Colau vuelve a evidenciar el pulso que mantiene con Agbar para abrir un proceso de municipalización del agua. La multiconsulta –su reglamento y el proceso de recogida de firmas– ha recibido en pocos meses una decena de recursos por distintas vías, algunos de los cuales han sido impulsados por la empresa que lleva el agua a las casas de los barceloneses.

“Esta multinacional parece que tampoco quiere que los barceloneses sean consultados sobre si prefieren una gestión pública del agua, como ya ocurre en otras capitales europeas como París, y han interpuesto una batería de recursos y denuncias para evitar que los vecinos de Barcelona se expresen en una consulta”, critica la alcaldesa, que recuerda que la justicia tumbó la creación de la empresa mixta formada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Agbar. La decisión fue recurrida por la empresa y está pendiente de sentencia firme.

Una vez notificada la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre Aguas de Alcázar, y que abre la vía a su posible remunicipalización, la empresa privada Aqualia -que forma parte de la nueva empresa mixta- está analizándola y valorando la preparación de un recurso de casación contra la misma.

Según apunta la compañía, la sentencia considera suficientemente acreditado que en el momento de la celebración del pleno municipal del 24 de julio de 2014 por el que se 'privatizó' Aguas de Alcázar, concurría la “urgencia” dado que esta última se encontraba “en una situación de crisis, al encontrarse en causa legal de disolución, al superar ampliamente las deudas acumuladas su patrimonio”.

Igualmente, interpreta que la sentencia “declara nulo” el contrato por razones formales, pero no porque el Tribunal considerare que el contrato en sí o la creación de una sociedad mixta fuera ilegal. “Es más, fue precisamente la entrada de Aqualia en la sociedad, mediante la creación de la Empresa Mixta y el préstamo de Aqualia a la misma, junto con el rigor presupuestario y una gestión profesional, lo que ha hecho posible que Aguas de Alcázar Empresa Mixta sea hoy una empresa solvente capaz de atender todos sus compromisos”, apunta la empresa.

Asimismo, considera que esa era la “única solución legal para salvar Aguas de Alcázar”, y que “ni mucho menos fue un regalo”, lo que demuestra que sólo una empresa se presentara al concurso, cuando en procesos similares suele haber hasta seis licitadores. Añade que una eventual resolución del contrato por parte del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan colocará al Consistorio en una posición en la que van a tener que asumir “una deuda muy importante, de 24 millones de euros”, para devolver lo que Aqualia entregó para “sanear la sociedad municipal que estaba quebrada”. De hecho, acusa al Ayuntamiento de utilizar la gestión del agua como “herramienta política”.

“La resolución supondría además empeorar la situación crítica inmediatamente anterior a la transformación de Aguas de Alcázar Empresa Municipal en Empresa Mixta”, subraya Aqualia, e informa de que actualmente los servicios relacionados con el ciclo hidráulico se prestan con normalidad, las tarifas están congeladas, y la Empresa Mixta Aguas de Alcázar es “solvente financieramente”. 

La actual Corporación Municipal, concluye, ha actuado, en este recurso y en otros relacionados con esta cuestión, movida por “intereses políticos, completamente respetables”, pero que “podrían comprometer gravemente la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, el futuro de los habitantes de Alcázar y el futuro de los empleados de Aguas de Alcázar Empresa Mixta”.

Era la primera vez que el Ministerio de Hacienda se personaba en una causa de remunicipalización del agua (14 localidades han recuperado la gestión) y, hasta el momento, el departamento que gestiona Cristóbal Montoro ha perdido su segunda batalla frente al Ayuntamiento de Valladolid. El pasado mes de mayo, el juzgado de lo Contencioso número 3 desestimaba su petición de adopción de medidas cautelares que instaban a la paralización del acuerdo de Pleno, y ahora rechaza “íntegramente” su recurso, si bien no hay condena en costas y cabe nuevo recurso en el plazo de 15 días.

El Ministerio de Hacienda señalaba en primer lugar que una de las memorias presentadas por el Ayuntamiento para recuperar la gestión del agua no estaba firmada. Para el juez, es un hecho irrelevante puesto que aunque “no está materialmente firmado, sí se identifica a su autora”, y además hay otro informe posterior que sí está firmado por ella. Ello “permite entender” que la falta de firma “no tiene ninguna consecuencia jurídica con trascendencia para decidir sobre lo pretendido por la Administración demandante”.

Sobre el incumplimiento del artículo 85 de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), la sentencia subraya que “desde el punto de vista formal, hay que señalar que consta, y así se considera, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85,2 de la LBRL” dado que existe una memoria y se ha recabado y emitido informe del Interventor General del Ayuntamiento. Precisa además que también “cumple con lo exigido en el artículo 85,2 citado debiendo tenerse en cuenta que el artículo al que se ha hecho mención persigue, ante todo, evitar decisiones irracionales y no justificadas posibilitando una decisión que, sobre un modelo teórico, ofrezca garantías de mayor sostenibilidad y eficiencia sin que ello impida la realización de los controles posteriores sobre el funcionamiento de la opción elegida y, en su caso, la adopción de las medidas correctoras que procedan para mantener los criterios de mejor eficiencia y sostenibilidad”.

Así, destaca la descripción detallada del estado del servicio en el momento en el que se asumió la remunicipalización “tanto en lo que se refiere a las instalaciones como a su funcionamiento y a la necesidad de inversiones a realizar tomando como plazo el de 15 años así como también a los medios de financiación a utilizar”. Recuerda el juez la referencia que se hace respecto al déficit de inversión acumulada en los últimos años y la necesidad de invertir 232.000.000 de euros (sin IVA)“ a lo largo de los próximos 15.

El modelo elegido “no tiene ninguna incidencia negativa sobre el sistema de pago a proveedores del Ayuntamiento ni tampoco respecto al cumplimiento del plazo de pago descartándose que el Ayuntamiento asuma unos compromisos económicos de futuro en los términos que se señalan en el escrito de demanda”.

Otra de las alegaciones de Hacienda era los límites de contratación de personal. Sobre esto, la sentencia establece que el acuerdo impugnado no adopta ninguna decisión sobre contratación de personal, se considera que los límites establecidos en las Leyes de Presupuestos sobre la contratación de personal no constituyen un impedimento para hacer eficaz el acuerdo adoptado ni, por lo tanto, hacen que dicho acuerdo carezca, por imposibilidad de llevarlo a cabo, de la sostenibilidad y eficiencia exigidas por la Ley. Además, el Ayuntamiento acreditado que existe un acuerdo de la entidad pública empresarial creada sobre subrogación de trabajadores de la antigua concesionaria. En este sentido, recuerda que se  adopta la decisión en mayo de 2017, cuando no se aplican los límites de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Hay que tener en cuenta, además, que la contratación del gerente se ha tenido que llevar a cabo después del día 1 de enero de 2017 y antes del día 29 de junio del mismo año fechas en las que no existían límites derivados de la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), aseguró que el Ayuntamiento “ha hecho las cosas perfectamente” y comentó que el Ministerio de Hacienda no estaba “quedando muy bien” al recurrir una decisión que afecta a la gestión del Ayuntamiento. “El Ministerio está más a que los ayuntamientos externalicen sus servicios y se apoyen en empresas privadas”. La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez (Valladolid Toma La Palabra), celebró la “buena noticia” y destacó que el juzgado había fallado que “el Ayuntamiento procedió como debía proceder”. Esta desestimación se suma a la del Tribunal Superior de Justicia que se conoció la semana pasada, y que desestimó la demanda de la hasta hace poco concesionaria, que solicitaba la paralización de la gestión pública del agua

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha estimado el recurso de la ex concejala de Alcázar de San Juan Ana Belén Tejado y ha abierto la vía para la remunicipalización de Aguas de Alcázar. La alcaldesa, Rosa Melchor ha dado la enhorabuena a todos los vecinos de Alcázar “porque hoy se ha dado un paso más por la remunicipalización”.

Asimismo, la alcaldesa del Consistorio alcazareño ha dicho que “desde el principio hemos continuado trabajando para remunicipalizar este servicio. Desde el día de hoy se conoce de forma no oficial, no hemos visto el fallo en detalle, no sabemos exactamente los contenidos pero sí sabemos la apelación presentada por la ex concejal socialista”, ha dicho.

El fallo es favorable y “es un paso más encaminado a resolver problemas de la financiación de Aguas de Alcázar. Era una sentencia muy deseada y esperada, nos ayuda a seguir avanzando”. En este sentido, ha dicho que “nosotros creíamos que había causas objetivas más que suficientes para que se hubiese ganado, puesto que era un defecto de forma”.

Si el fallo es completamente favorable tal y como en apariencia se supone, “eso será una buena nueva para todos aquellos que desde el principio hemos estado intentando recuperar Aguas de Alcázar”. En cuanto a las consecuencias directas de este fallo, la alcaldesa ha señalado que “soy muy cauta, pero entiendo que no es lo mismo la responsabilidad que se tiene siendo la alcaldesa que un ciudadano de la calle. Nuestras opiniones están siempre basadas en el asesoramiento técnico de los juristas que trabajan en y para el Ayuntamiento”.

Ha expresado querer ver el fallo con detalle y estudiarlo. “Si éste responde a las pretensiones de la demandante, eso supondría que podríamos empezar el procedimiento de liquidación”, ha dicho Melchor. En este sentido, ha dicho que “no voy a hablar de plazos, pero esperemos resolver el contrato que nosotros entendemos que nunca se debió firmar”.

Aqualia tiene la vía abierta para recurrir ante el Supremo

Aqualia tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo: “Estamos en un Estado de Derecho y es su decisión. Este es un paso más, importante, pero en efecto no hay ningún paso definitivo en sí mismo, sino que lo que hace es contribuir a que el proceso siga adelante”.

Del mismo modo que contribuyó la primera sentencia favorable sobre la vulneración de derechos fundamentales, “del mismo modo que la demanda del actual portavoz del equipo de Gobierno, este paso nos acerca más porque habla del pleno en el que se ratifica la adjudicación”, ha dejado claro Melchor.

En cuanto a las demás causas, la única que hay abierta es la demanda que presentó el portavoz del Gobierno. “Aunque el fallo en votación del consejo consultivo fue desfavorable al proceso de remunicipalización, sí que hubo dos votos particulares. Por tanto, entendimos que hay mucho que hablar. En derecho, dos y dos no son cuatro. No es una ciencia exacta, está sujeta siempre a la interpretación de jueces, abogados y fiscales”. De este modo, está ese procedimiento abierto y “estamos recopilando la documentación necesaria para abrir el proceso de lesividad”, ha recordado.

“Montoro ataca la autonomía municipal a través de su nueva propuesta de presupuestos”. Así de contundente se mostraba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la presentación de los presupuestos generales del Estado de 2017. Colau acusaba al ministro de Economía, Cristóbal Montoro, de “frenar” la autonomía de los consistorios y también las municipalizaciones, cortando las alas a ayuntamientos como el de Barcelona, que cerró su ejercicio 2016 con un superávit de 100 millones de euros.

La realidad es que la Ley Montoro, aprobada en 2013 como ley de Estabilidad Presupuestaria, o los Presupuestos Generales no son la única traba que el Gobierno de Barcelona ha encontrado para tirar adelante las municipalizaciones e internalizaciones prometidas durante su campaña. La negociación política en el pleno del Ayuntamiento ha barrado también las intenciones de Colau. Sin ir más lejos, dicha oposición ha tumbado recientemente su funeraria pública y aprieta por otros procesos como el de la asunción municipal de los empleados de BTV.

De hecho, la guerra por la incorporación a la plantilla municipal de los trabajadores de la televisión local Barcelona Televisió –177 afectados– hace meses que colea, y promete seguir haciéndolo. Según declara un portavoz municipal a este medio “las reuniones con trabajadores siguen produciéndose” aunque los mismos trabajadores, y también partidos como la CUP de Barcelona, han denunciado en reiteradas ocasiones las carencias del proceso de internalización. Tanto es así que los empleados de BTV criticaron la modificación del contrato programa entre el Ayuntamiento y la sociedad municipal Información y Comunicación de Barcelona (ICB) para la gestión la televisión local, aprobado en el último pleno de 2016.

El documento preveía la contratación directa de los 177 trabajadores de los servicios informativos y técnicos hasta ahora subcontratados por BCN Audiovisual (filial del grupo Lavinia). Los trabajadores de BTV lamentaron que el gobierno municipal internalizara sólo los servicios informativos y técnicos, dejando fuera los programas que se puedan encargar a empresas del mercado audiovisual. Según los empleados, esa diferenciación entre informativos y programas es “del todo ficticia” y no cubre a los miembros de la plantilla afectados.

También el pleno de Barcelona, con una aritmética endiablada que dificulta los consensos, se puso de acuerdo recientemente en un punto que ERC y la CUP pretendían desembocase en municipalización: los partidos tuvieron a bien analizar la posibilidad de internalizar el servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento. Pero este proceso se encuentra en dique seco.

El pleno aprobó la medida tras constatarse un presunto fraude en el servicio de 3,3 millones de euros, que fueron reclamados a FCC –empresa encargada de la recogida– por parte del consistorio. ¿Cuál es la causa de la paralización del proceso de estudio de la municipalización? Según fuentes del consistorio, el contrato vigente impide más maniobras en esa dirección, si bien se ha abierto un expediente sancionador por el fraude.

Agua pública: el objetivo más ambicioso

La gestión pública del agua es una de las máximas del Gobierno de BComú desde que llegara al poder en mayo del 2015. Se han producido pasos esa dirección, aunque el camino se prevé largo. “Estamos elaborando todos los estudios previos para trabajar hacia ese objetivo”, destaca una fuente municipal. Agbar ya le ha puesto un precio: 1.000 millones.

La municipalización del agua tiene el apoyo del plenario y de un informe –encargado por el mismo consistorio– que afirmaba que Agbar había prestado el servicio de aguas en la capital catalana “en una situación de precariedad”. El estudio ponía en duda la existencia de una concesión a Agbar para prestar el suministro de agua en la ciudad y señalaba que en el año 2003 la empresa tendría que haber devuelto a la capital catalana “todas las instalaciones, bienes y materiales”. Agbar rechazó los argumentos esgrimidos en el informe y añadió que partes del mismo no se ajustaban a algunas consideraciones de la sentencia del TSJC que anuló la empresa mixta.

Con el encargo del informe por parte del Ayuntamiento, Colau dio un paso para analizar la gestión del agua a nivel municipal. En dicho camino municipal Barcelona no estará sola: hace unos días se creó una red catalana de ciudades que también apuestan por la gestión pública del agua. Más allá de eso, el consistorio ha movido ficha fuera del ámbito local para encontrar aliados que potencien sus posibilidades de éxito: la capital catalana se ha adherido a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, y también al grupo europeo que trabaja en la línea de la gestión pública del agua, la Aqua Publica Europea.

Algunos éxitos: SARA, PIAD y 'escoles bressol'

El año pasado finalizó el proceso de internalización de dos servicios de atención a mujeres: es el caso de los Puntos de Información de Atención a las Mujeres (PIAD) y el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA), que sumaron al erario municipal hasta 55 trabajadores entre los dos.

Concretamente se subrogaron a 21 personas con contrato indefinido que trabajaban en los 11 PIAD de la ciudad y los trabajadores de los SARA (30 indefinidos y 4 interinos). El consistorio espera actualmente la homologación de las condiciones de estos empleados.

Los que ya fueron homologados en sueldo y condiciones laborales este pasado mes de abril fueron los educadores de escoles bressol (escuelas de primera infancia) cuya internalización fue anunciada hace prácticamente un año. Dos de las tres escuelas se encuentran en el distrito de Gràcia y la otra en el de Sant Andreu.

En términos de soberanía municipal, el mismo mes de abril Barcelona aprobó crear la eléctrica pública más grande del Estado para dar luz a 20.000 hogares. Según los planes de Colau, Barcelona Energia suministrará electricidad en un principio al Ayuntamiento y a diferentes empresas municipales para luego abrirse a los particulares en 2018.

El Ayuntamiento de Valladolid tiene varios frentes judiciales abiertos por haber recuperado la gestión del agua que, durante 20 años, estuvo en manos de una empresa privada. La gestión municipal del agua será efectiva si los tribunales no lo impiden el próximo 1 de julio.

Antes tendrá que superar los recursos de la concesionaria, Aguas de Valladolid, de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), de la Asociación de Empresas Gestoras del Agua (AGA) y del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, el último en sumarse, a través de la Abogacía del Estado, a la ofensiva judicial que pretende paralizar la iniciativa. Entre las voces en contra, aunque sin sumarse al recurso, está también la de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, que considera que la decisión afecta negativamente a empresas locales y a los ciudadanos.

En realidad, la iniciativa del Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra –IU, Equo y colectivos sociales– y con el apoyo de Sí se Puede –participada por Podemos–, no es nueva en España. Otras 14 localidades han renunciado a la gestión privada desde 2007. Sin embargo, es la primera vez que el Ministerio de Hacienda presenta batalla. La explicación puede estar en que Valladolid, con más de 300.000 habitantes, es la mayor ciudad que ha remunicipalizado su servicio de agua. Por detrás, está La Línea de la Concepción (Cádiz), con poco más de 63.000.

La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, considera que la personación de Hacienda en el caso, que incluso ha pedido como medida cautelar que se suspenda el acuerdo del Pleno del 30 de diciembre, tiene como objetivo amedrentar a otros ayuntamientos que quieren recuperar la gestión pública del agua. “En los últimos tiempos nos hemos reunido con los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o A Coruña, para compartir la experiencia. Entendemos que las empresas privadas o las organizaciones empresariales emprendan las acciones legales oportunas, pero no que se persone Hacienda y cuestione la autonomía de los ayuntamientos. Lo que parece es que está a favor de la empresa privada”, declara.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo que lleva el caso se pronunciará sobre esa petición de medidas cautelares en cuestión de semanas. Pero, mientras tanto, el Ayuntamiento de Valladolid continúa trabajando para que el próximo 1 de julio la gestión del agua pase a manos municipales.

No está siendo fácil. Por el momento el Consistorio ha abierto un expediente a la concesionaria, Aguas de Valladolid, porque se les está negando información sobre el número de trabajadores y la masa salarial de la empresa, ya que pretenden subrogarlos cuando asuman la gestión.

La petición de información está respaldada por el artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que establece que el Ayuntamiento tiene la potestad de fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio y la documentación relacionada con el objeto de la concesión.

Hasta el momento, según Sánchez, las relaciones con Aguas de Valladolid habían sido “buenas”, pero también es cierto que en los últimos 20 años ha habido una docena de conflictos en los tribunales, con 10 de esos pleitos resueltos a favor del Ayuntamiento.

Sánchez no tiene ninguna duda de que esta vez el Ayuntamiento también recibirá el respaldo judicial. “Estamos muy tranquilos porque hay mucho trabajo detrás de esta decisión. Para decidir si recuperábamos la gestión del agua convocamos una mesa técnico política que indicó que podría afrontarse. Pero es que además nos apoya tanto la Intervención Municipal como la Asesoría Jurídica, formada por profesionales en los que confiamos plenamente”, comentó.

Con los estudios realizados, el Ayuntamiento comprobó que en los últimos 19 años, el anterior equipo de Gobierno no había invertido lo que estaba previsto para el mantenimiento de las instalaciones y redes, por lo que existe un déficit acumulado de 96 millones de euros. El Ayuntamiento actual prevé una inversión de 178 millones en los próximos 20 años para renovar elementos de la red obsoletos o en estado deficiente.

Según Sánchez, la entidad pública empresarial es la que garantiza la ejecución de todas las inversiones necesarias para el ciclo integral del agua con la menor subida de tarifa y con excedente de tesorería a partir del séptimo año. La subida se quedaría en un 0,97%. Con una empresa mixta o una concesión sería necesario subir las tarifas un 1,83% o un 2,2%, respectivamente. La razón es muy obvia: al existir participación privada tiene que haber un beneficio para la empresa. Pero una empresa pública no busca beneficios y además cuenta con una bonificación de entre el 99% y el 100% en el Impuesto de Sociedades.

Cada año, el día 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. Una iniciativa de las Naciones Unidas que pretende llamar a la atención sobre la problemática general del líquido elemento. En Castilla-La Mancha se ha convertido en uno de los argumentos sociales, económicos y políticos más destacados en los últimos años.

El actual Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha convertido en bandera regional, en particular, a cuenta del trasvase Tajo-Segura. No es ninguna novedad. La guerra del agua con Levante se mantiene abierta desde hace más de tres décadas. Y fue lo que terminó enterrando la reforma del Estatuto de Autonomía que propuso el presidente castellano-manchego José María Barreda en el año 2010.

Castilla-La Mancha quiso blindar jurídicamente una reserva de agua de 4.000 hectómetros cúbicos que el PP tumbó por la presión del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, con el apoyo de la entonces presidenta del PP castellano-manchega, Dolores de Cospedal. Era ya secretaria general del PP pero no evitó que Mariano Rajoy se decantara por los intereses de la Región de Murcia, granero de votos para los 'populares' gracias, precisamente, al apoyo de un sector económico agrario que fue creciendo gracias al agua del Tajo.

Castilla-La Mancha proponía en noviembre de 2016 un Pacto Nacional del Agua con perspectiva de Estado y en el que se escuchase a todas las administraciones, incluidas las comunidades autónomas. Durante la VI Conferencia de presidentes autonómicos el pasado enero, el presidente regional Emiliano García-Page se mostraba dispuesto a hablar de agua, pero no solo de la del Tajo, sino de la de otros ríos, del agua del mar y de las desaladoras, cuando su homólogo murciano, Pedro Antonio Sánchez, habló de impulsar el debate sobre la escasez de agua en algunos territorios.

La falta de agua es una de las reivindicaciones de organizaciones agrarias como ASAJA que el próximo 6 de abril se manifestará ante las sedes de los gobiernos central y regional. El secretario de este sindicato en Castilla-La Mancha, José María Fresneda asegura que el agua sólo sirve para hacer “política destructiva y un debate perenne”.

“Se promueve un gran pacto nacional desde hace casi una década que nunca se ha tenido voluntad de realizarse”. Lamenta que se generen “grandes y falsas expectativas en proyectos que siempre desvanecen. Además, las inversiones en infraestructuras son nulas y, sin embargo, son absolutamente necesarias para distribuir el agua de donde excede a donde escasea”, apunta.

El agua y el desarrollo económico

Este fin de semana los municipios ribereños a la cabecera del Tajo se movilizan en contra de los trasvases. Dicen estar hartos del “expolio” que dura ya varias décadas y no ven posibilidades de potenciar su propia economía. ASAJA asegura que cuentan “con todo su apoyo” y dirige sus críticas tanto al Gobierno central del PP como al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha. “Solo se dedica -se refiere a la Junta- a decir públicamente que va a hacer un recurso pero no hace nada más”. Consideran el trasvase “una barbaridad y una injusticia”.

Ecologistas en Acción, por su parte, contempla el agua como “moneda de cambio” tanto en lo político como en lo económico. El Pacto Nacional del Agua, asegura la responsable de Agua de la organización, Erika González, “nos da bastante miedo cuando se habla de solidaridad y de cubrir déficits en determinadas regiones porque suena a trasvase”. Un temor que apunta a que el modelo del acueducto Tajo-Segura pueda reproducirse en otras regiones españolas.

“El trasvase no tiene ninguna viabilidad ni técnica, ni económica y mucho menos ambiental. No resuelve la escasez de agua en determinadas regiones sino un cambio de planificación productiva que reduzca los usos económicos del agua”, sostiene González. “En el mismo momento en el que se aprueba un trasvase se multiplica la demanda de agua ante la expectativa de que va a haber más recursos”.

“También se habla ahora de cómo incorporar el derecho humano al agua a la legislación española”, explica Erika González. Pero su gestión es un proceso que se complica debido al desigual reparto de competencias institucionales: el abastecimiento humano y el saneamiento corresponde a los ayuntamientos. La depuración es cosa de las Comunidades Autónomas y después están los ríos y sus cuencas que dependen del Gobierno central, recuerda la organización ecologista.

ASAJA quiere más tierras de regadío

A vueltas con el agua, este jueves se celebrará en las Cortes regionales un debate general, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los regadíos en Castilla-La Mancha.

José María Fresneda, de ASAJA, pide dotación presupuestaria para elaborar un informe que contemple la posibilidad de que la región disponga de 1.500 hectómetros cúbicos más procedentes de aguas superficiales o subterráneas. Su intención es que se puedan crear 500.000 hectáreas nuevas de regadío en 20 años. Una propuesta que ya se ha trasladado a los tres grupos políticos en el Parlamento regional.

En el otro lado, Ecologistas en Acción acusa a los “lobbies agrarios” de practicar una agricultura intensiva poco compatible con la disponibilidad de agua en la región y acusan a ASAJA de intentar una “reconversión encubierta” de regadíos en Las Tablas de Daimiel. Fresneda elude la cuestión a preguntas de eldiarioclm.es

La remunicipalización del servicio de agua

Otra batalla es la que tiene que ver con el modelo de gestión del agua en los municipios. En este Día Mundial del Agua, la Red de Agua Pública (RAP), propone “un modelo público, democrático y transparente del ciclo urbano del agua”. Erika González es miembro de esta red que, en su opinión, “está creciendo” debido, entre otras cosas, a los procesos de remunicipalización del servicio de aguas.

En Castilla-La Mancha el caso más significativo en es el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que en la presente legislatura inició el proceso de remunicipalización - el servicio lo gestiona Aguas de Alcázar- tras el cambio de Gobierno local. La reversión de la gestión hacia lo público no ha llegado a producirse.

La Red Agua Pública (RAP) denuncia los intentos de impulsar la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, “a pesar de que cada vez con más nitidez se está demostrando que no buscan mejorar los servicios, sino la financiación extraordinaria de los ayuntamientos a través de los cánones concesionales”. Creen que se sientan así las bases de “casos de corrupción vinculados a la gestión del ciclo urbano del agua por parte de empresas privadas”.

Las consecuencias de la privatización, aseguran, han sido “peores servicios, subidas tarifarias desproporcionadas, precarización de las condiciones laborales de trabajadores, deterioro de los ecosistemas que proporcionan agua, despilfarro y opacidad en la gestión”, situando los servicios privatizados “al margen de los mecanismos de control democráticos”.

Nuevo episodio en la batalla por la gestión del agua en Catalunya. Esta vez, en forma de movilización ciudadana. Una multitud –incluidos un centenar de entidades, sindicatos y partidos políticos– ha tomado las calles de Terrassa para reclamar la municipalización de este servicio. Tras el lema Se escribe agua y se lee democracia ha avanzado una marcha que ha servido sobre todo para dar apoyo al ayuntamiento de la ciudad –la cuarta catalana en población–, que trata de recuperar, con los tribunales de por medio, la gestión del agua en manos de la empresa Mina Pública d'Aigües Terrassa desde hace 75 años. 

La protesta ha recurrido el tramo que separa la Estación Nord del Ayuntamiento, y ha hecho parada frente a la sede de la empresa Mina, donde se ha leído el manifiesto. La marcha la han convodado la entidad Aigua és Vida y la Mesa del Agua de Terrassa, y ha contado con la participación de líderes políticos como Joan Tardà (ERC), Xavier Domènech (En Comú Podem), Núria Parlon (PSC) o Anna Gabriel (CUP), que han arropado al consistorio egarense, encabezado por el socialista Jordi Ballart, que denunció en su día haber recibido amenazas por querer municipalizar el agua. 

Más allá de Terrassa, el conflicto por la gestión del agua en Catalunya tiene dos grandes frentes abiertos a nivel autonómico y metropolitano, ambos judicializados y pendientes de sentencia del Tribunal Supremo. Uno afecta a Aigües Ter Llobregat (ATLL), de la que dependen más de cuatro millones de catalanes, cuya privatización impulsado por el Govern de CiU fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por irregularidades en el proceso. El otro es el de la empresa mixta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), cuya concesión a Agbar también censuró el Alto Tribunal catalán. 

El conflicto que mantienen grandes empresas privadas con las administraciones públicas catalanas por la gestión del agua tiene dos grandes frentes en los ámbitos autonómico y metropolitano: el que afecta a Aigües Ter Llobregat (ATLL) y a la empresa mixta del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ambos pendientes de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo. Sin embargo, en los últimos meses la guerra del agua ha cobrado intensidad a nivel local. El Ayuntamiento de Terrassa, la cuarta ciudad más poblada de Catalunya, quiere recuperar la gestión del agua en el municipio, que lleva 75 años en manos de Mina, grupo liderado por Agbar.

Todas las miradas están centradas en la manifestación convocada para este domingo por parte de casi un centenar de partidos y entidades. Bajo el lema “Se escribe agua y se lee democracia”, la marcha quiere mostrar su apoyo al consistorio que encabeza Jordi Ballart (PSC) en su plan para recuperar la gestión pública del servicio. Ada Colau o Gabriel Rufián han animado públicamente a participar en la manifestación.

El conflicto entre el Ayuntamiento y Mina está enquistado y judicializado. Ambas partes reconocen que el diálogo está roto actualmente y no esconden que serán los tribunales los que tendrán la última palabra sobre la municipalización del servicio, algo por otro lado habitual en estos casos. Mientras el Ayuntamiento apuesta por una gestión 100% pública, la empresa quiere seguir prestando el suministro, por ejemplo a través de una empresa mixta con participación municipal.

El contrato de concesión del suministro de aguas de Mina con el Ayuntamiento de Terrassa se firmó en 1941 y terminó el pasado mes de diciembre. El pleno municipal aprobó entonces revertir los bienes de Mina al consistorio y aplicar a la empresa una prórroga forzosa del servicio hasta junio de este año. Las medidas recibieron el visto bueno de 20 de los 27 ediles del consistorio (PSC, Terrassa en Comú, ERC-MES y CUP).

La empresa recurrió los dos acuerdos, como ya había hecho con la designación del experto en gestión pública Joan Gaya como comisionado del agua al entender que su trayectoria denotaba falta de objetividad e imparcialidad a favor del modelo público. El TSJC todavía tiene que pronunciarse sobre todos los recursos.

¿En qué estado se encuentra concretamente la municipalización? El primer teniente de alcalde, Alfredo Vega (PSC), explica que la liquidación de la concesión con Mina está aprobada “formalmente” pero no se ha conseguido “materialmente”. “El Ayuntamiento ya tendría que estar llevando la dirección de la empresa y esto no se está produciendo”, reconoce. El motivo, denuncia Vega, es que Mina no tiene una “actitud colaboradora” y no entrega toda la información que le ha requerido el consistorio, como por ejemplo el detalle de las nóminas de cada uno de los 125 trabajadores de la empresa.

Desde Mina rechazan que pongan trabas al Ayuntamiento. El director general de Mina, Josep Lluís Armenter, explica que la empresa podría incurrir en una infracción si entregase directamente al consistorio (en vez de a una empresa municipal) datos “privados” sobre el know-how de la empresa o “sensibles” como el detalle de las nóminas o las domiciliaciones bancarias de los clientes. El posicionamiento de la empresa cuenta con el respaldo de la Agencia Catalana de Protección de Datos. “Hemos entregado todos los datos de forma agregada”, añade.

El coste de liquidar la concesión

Vega explica que la compañía tiene que proporcionar datos para que el Ayuntamiento pueda calcular el coste final de liquidar la concesión. En este sentido, Vega contempla tres escenarios posibles: que la liquidación no tenga coste alguno para las dos partes o que, por contra, Mina o el consistorio tengan que pagar.

“En los números finales seguramente habrá discrepancias y el asunto terminará en manos de un juez”, asevera Vega, que, con todo, niega que el consistorio tenga que afrontar una indemnización millonaria. “No contemplamos un escenario como el que dice Mina en el que el Ayuntamiento tenga que pagar 60 millones para gestionar el servicio”, asegura. En cualquier caso, Vega da por descontado que el Ayuntamiento ampliará otros seis meses más la prórroga forzosa del servicio, por la que municipalización no se consumaría hasta, como mínimo, el año que viene.

Armenter, por su lado, todavía ve margen para llegar a un acuerdo y pide al Ayuntamiento que estudie su propuesta de crear una empresa mixta con una “participación equilibrada” entre consistorio y empresa. “El Ayuntamiento no va ni contra Mina ni contra nadie. Sólo reclamamos la libertad y la autonomía de los poderes públicos para decidir cómo gestionar los servicios básicos, y en este caso creemos en la gestión pública del agua”, responde Vega.

Vega reconoce que el caso de Terrassa, la cuarta ciudad catalana, con 215.000 habitantes, puede marcar un precedente en la tendencia a la municipalización que se ha instalado en los ayuntamientos. Mina, la empresa más antigua del Registro Mercantil, presta el servicio desde hace más de un siglo. Se constituyó en 1842 y en 1941 logró la concesión que finalizó el año pasado y que ha abierto la caja de los truenos. Agbar es el socio industrial de la empresa con un 35% de su capital, mientras que el resto se lo reparten los miembros del consejo de administración y unos 500 accionistas minoritarios. Mientras Ayuntamiento y Mina mantienen su conflicto, la ciudadanía dirá la suya este domingo en las calles de Terrassa.

Remunicipalización, esa palabra que suena tanto últimamente y que muchos se empecinan en encorsetar en una dimensión técnica que les permite argüir que los procesos que se dan no siempre son una remunicipalización, porque, o bien no siempre se recupera la gestión, o bien se refieren a una titularidad que nunca dejó de ser pública.

Sin embargo, remunicipalizar, sobre todo en materia de agua urbana, es un concepto que remite a una idea de modelo de gestión de unos bienes básicos que deben dejar de estar en esferas de mercado para recuperar su vínculo con la vida, con las personas. En palabras de Harvey se trata de establecer una relación social colectiva y no mercantilizada con determinado bien común. Por lo tanto, no sólo se trata de recuperar una gestión pública al uso, sino que se trata de abrir espacios en las instituciones como una vía hacía una sociedad más democrática.

Esto se detecta desde las primeras experiencias que tuvieron lugar a principios de la década de los 2000 en América Latina (Bolivia, Argentina, Uruguay o Brasil). El caso más paradigmático en aquel entonces fue el de Bolivia con la “Guerra del Agua”, una respuesta popular frente a unas políticas económicas que se basaban -y se siguen basando- en el neoextractivismo y las relaciones coloniales. En los distintos casos surgidos, el escenario sirvió para promover cambios en el modelo de gestión que a su vez estaban vinculados con el afán de cambiar aspectos de la sociedad.

Ya en su origen aparecen elementos como la importancia de una gestión localizada, con un interés en la sostenibilidad ecológica a partir de la noción de agua como bien común y una gestión pública plena que permita la inclusión de formas de gestión más colectivas. Estos elementos se han ido introduciendo en distintos lugares, también en ciudades europeas como París, Nápoles, Berlín o más recientemente Montpellier.

La remunicipalización en Catalunya

En Catalunya el gran impulso a la remunicipalización viene de la mano de la crisis desatada a finales del 2008 que tres años más tarde dio pie al 15-M. Sin esta sucesión de acontecimientos no se podrían explicar el auge del municipalismo, ni la entrada de nuevas formaciones políticas en los gobiernos municipales, ni la proliferación de grupos, como la Taula de l’aigua, que creen que hay que trabajar para mejorar la sociedad y las condiciones de vida de las personas y para quienes, el agua, como bien común, es una puerta de entrada para la recuperación del control sobre aquellos bienes que son básicos para el desarrollo de la vida.

Este contexto también contribuyó al desencanto institucional, abriendo una crisis de representatividad y un afán de no querer volver a perder el control sobre aquellos aspectos fundamentales. Aquel sentir se ha traducido en el anhelo por “recuperar”: recuperar formas pasadas de toma de decisiones, que no siempre se han vivido, pero que se perciben como válidas y necesarias para retomar el camino hacia una democracia que sea de verdad. En este recuperar el control, toman fuerza las ideas principales de la remunicipalización como el control social ciudadano en la toma de decisiones, herramientas como las auditorias ciudadanas o la transparencia, en un espacio cercano y concreto: el municipio.

A priori, la escala municipal permite romper con la distancia y el aislamiento que caracteriza las instituciones. Por su cercanía con las problemáticas y situaciones del día a día, permite un trabajo estrecho y humano, a partir del cual producir en clave de territorio entendido como espacio de vida. Por ello la remunicipalización del agua conecta con las ganas de recuperar autonomía municipal.

Sin embargo, la remunicipalización es un espacio sobre todo de barreras, tanto externas como internas. Todo el potencial y aspiraciones de transformación social que permite este espacio que se abre, convive con una tensión entre objetivos y posibilidades. Las barreras externas son las propias de una estructura institucional marcadamente jerarquizada que en los últimos 200 años ha buscado socavar la autonomía municipal. Este proceso continúa vivo y en los años recientes se han sumado otro tipo de medidas que limitan aun más las empobrecidas competencias municipales, como la conocida Ley Montoro -LRSAL- con la que además se busca reconvertir la vida política y social a una especie de reducto economicista. O la situación de las poblaciones que pertenecen al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que través del artículo 14 de la Ley de la MAB de 2010, perdieron sus competencias en materia de agua. Estas limitaciones son parte de los objetivos concretos a alcanzar.

Pero hay también las barreras internas. Estas son las más difíciles de detectar, de manejar y las que pueden suponer el cambio real. Nos referimos a la tensión entre el anhelo de transformación social y la imposibilidad de trascender el universo posibilista. No se trata tanto de moverse estratégicamente, sino del decalage existente entre el discurso y la asunción real de las aspiraciones. La tensión entre el descrédito y la desconfianza hacia unas instituciones que parece que no cumplen con su función social, y a la vez, la asunción de las estructuras tal y como están, en un sentido ontológico y de riesgo. Como una contradicción que genera incomodidad y que se resuelve por la vía de los caminos de lo posible, por miedo a lo desconocido y al cuestionamiento más profundo en la propuesta.

Terrassa, la puerta de entrada

Este compendio de contradicciones, que se dan en el espacio de la remunicipalización, donde todo es posible, es observable en la idiosincrasia actual de la ciudad de Terrassa. En esta ciudad vallesana el pasado 9 de diciembre de 2016 finalizó una concesión del año 1941. Mediante esta concesión se retornaba la empresa Mina Pública de Terrassa S.A. -antes llamada Sociedad General Mina de Terrassa- a sus antiguos propietarios, la familia Galí. Esta compañía de aguas siempre se ha hecho cargo del suministro del agua de la ciudad. Se creó en 1842 a raíz del auge industrial y es la sociedad mercantil más antigua del Estado. Este hecho es un indicativo de que en Terrassa, a través de la remunicipalización de este servicio, lo que se produce es un cambio social e histórico de gran calado.  

Esta hazaña está siendo posible por la correlación de actores que se ha dado en los años recientes. La crisis puso su granito de arena, generando una situación de pauperización de la vida de los egarenses. En este contexto se creó la Taula de l’aigua, que desde el 2014, ha hecho trabajo de hormiguita codo con codo con las entidades de la ciudad y que, en el marco de las elecciones municipales de mayo del 2015, promovió el Pacto Social por el agua. TeC, CUP y ERC-MES lo firmaron y entraron a formar parte del pleno con la recuperación del servicio como punto del programa. Esta alineación de factores encontró otro: un contrato que era antiguo y estaba llegando a su fin. La tensión final ha favorecido el posicionamiento público del alcalde de la ciudad, Jordi Ballart.

Siendo la cuarta ciudad de Catalunya en población, puede ser la primera ciudad del Estado Español en la que se incorporen elementos nuevos en el modelo de gestión. La remunicipalización en Terrassa permitirá reconfigurar la gestión del servicio desde el ciclo urbano del agua que incluye el abastecimiento, pero también el saneamiento, el mantenimiento de los ríos y escorrentías o el drenaje para alimentar los niveles freáticos.

Con esta remunicipalización, se abre la posibilidad de incorporar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones mediante la constitución de un espacio permanente para el avance en el conocimiento y la creación de propuestas, que pueden ser elaboradas de forma conjunta entre ciudadanía, administración, técnicos y centros de investigación. Un espacio inspirado en el Observatorio de l’Eaux de Paris que puede hacer que Terrassa marque un antes y un después en la naturaleza y la comprensión de la estructura de la administración pública, tanto en sus formas de trabajo, como en su relación con el territorio.

Así pues, la suma de la dimensión poblacional, su área de influencia geográfica (colindando con el área metropolitana de Barcelona), la posibilidad de generar nuevas estructuras para la gestión, aunado a la dimensión simbólica, social e histórica de cambio, hacen que Terrassa se haya convertido en la antesala de lo que pueda acontecer en la zona que rodea la capital catalana.

Por todo ello, la Taula de l’aigua y Aigua és Vida, junto con organizaciones políticas, sindicales y asociativas del ámbito catalán, llaman a una movilización el día 19 de marzo en Terrassa bajo los lemas “Gestión Pública y democrática del agua” y “se escribe agua, se lee democracia”, en un acto de demanda colectiva de más democracia.

A las puertas de un gran reto

El 19 de marzo no sólo se relaciona con la situación local de Terrassa, sino con el anhelo de recuperar el gobierno sobre la gestión, por parte de los municipios, con el fin de introducir elementos de democratización que incluyan a la ciudadanía en los espacios de toma de decisiones.

El trasfondo de esta movilización es una muestra pública del deseo y la posibilidad de cambios sobre las instituciones, acerca de la comprensión sobre lo público y lo común, sobre el papel de las personas en los espacios institucionales, o sobre quién debe estar en ellos. Un intento de apropiación del espacio local a través de la gestión del servicio de agua de las ciudades.

En definitiva, la remunicipalización nos habla del reto que tenemos en frente como sociedad para dar profundidad a los cambios necesarios para transitar hacia otros modelos institucionales, otras formas de vida que busquen un acercamiento a los ideales de equidad y justicia social.