Set mesos després de la DANA del 29 d’octubre passat, per fi, el Govern de Mazón ha adjudicat el contracte per a la posada en marxa d’un procés de digitalització en la depuradora més gran de l’àrea metropolitana de València que permetria “crear sistemes d’alerta primerenca davant inundacions urbanes durant episodis de pluja, mitjançant la vigilància de nivells en punts clau de les xarxes de sanejament i drenatge urbà” a més de l’“ús de sistemes de previsió meteorològica”.

L’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) de la Generalitat Valenciana va resoldre el 23 de maig passat adjudicar el contracte, licitat per procediment d’urgència, a Global Omnium Medio Ambiente SL, l’empresa que va obtindre millor puntuació. Una de les tres licitadores va ser exclosa del procés d’adjudicació per haver presentat una oferta amb una baixa desproporcionada.

L’Epsar va penjar dimarts en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la resolució d’adjudicació, firmada pel secretari autonòmic d’Infraestructures, Javier Sendra, que depén del conseller Vicente Martínez Mus. Entre els motius que justifiquen la urgència, l’entitat pública autonòmica al·legava les “raons d’interés públic” per a l’execució “ràpida” del contracte.

L’adjudicació, per un import total de 431.926 euros, té finançament d’un Perte del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Sistema d’alerta primerenca

El projecte es va anunciar originalment el 18 de gener de 2024 per Salomé Pradas, consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori llavors i actualment la principal investigada en la causa de la DANA. Es va licitar el 29 de novembre passat, coincidint amb el primer mes de la catàstrofe.

El projecte, que pretén “servir de suport en la presa de decisions”, inclou la sensorització i la digitalització de l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) de Pinedo II i Quart-Benàger amb els “objectius concrets”, entre altres, de “crear sistemes d’alerta primerenca davant inundacions urbanes durant episodis de pluja, mitjançant la vigilància de nivells en punts clau de les xarxes de sanejament i drenatge urbà” i l’“ús de sistemes de previsió meteorològica”.

Siete meses después de la DANA del pasado 29 de octubre, por fin, el Gobierno de Mazón ha adjudicado el contrato para la puesta en marcha de un proceso de digitalización en la mayor depuradora del área metropolitana de València que permitiría “crear sistemas de alerta temprana frente a inundaciones urbanas durante episodios de lluvia, mediante la vigilancia de niveles en puntos clave de las redes de saneamiento y drenaje urbano” además del “uso de sistemas de previsión meteorológica”.

La Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Generalitat Valenciana resolvió el pasado 23 de mayo adjudicar el contrato, licitado por procedimiento de urgencia, a Global Omnium Medio Ambiente SL, la empresa que obtuvo mejor puntuación. Una de las tres licitadoras fue excluida del proceso de adjudicación al haber presentado una oferta con una baja desproporcionada.

La EPSAR colgó este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público la resolución de adjudicación, firmada por el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, que depende del conseller Vicente Martínez Mus. Entre los motivos que justifican la urgencia, la entidad pública autonómica alegaba la las “razones de interés público” para la “pronta” ejecución del contrato.

La adjudicación, por un importe total de 431.926 euros, cuenta con financiación de un PERTE del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sistema de alerta temprana

El proyecto fue anunciado originalmente el 18 de enero de 2024 por Salomé Pradas, entonces consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio y actualmente la principal investigada en la causa de la DANA. Fue licitado el pasado 29 de noviembre, coincidiendo con el primer mes de la catástrofe.

El proyecto, que pretende “servir de apoyo en la toma de decisiones”, incluye la sensorización y digitalización de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Pinedo II y Quart-Benàger con los “objetivos concretos”, entre otros, de “crear sistemas de alerta temprana frente a inundaciones urbanas durante episodios de lluvia, mediante la vigilancia de niveles en puntos clave de las redes de saneamiento y drenaje urbano” y el “uso de sistemas de previsión meteorológica”.

El Gobierno de Carlos Mazón ha licitado un contrato, por procedimiento abierto y de tramitación urgente, para la puesta en marcha de un proceso de digitalización en la mayor depuradora del área metropolitana de València que permitiría “crear sistemas de alerta temprana frente a inundaciones urbanas durante episodios de lluvia, mediante la vigilancia de niveles en puntos clave de las redes de saneamiento y drenaje urbano” además del “uso de sistemas de previsión meteorológica”, según indica la documentación de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Generalitat Valenciana consultada por elDiario.es.

El proyecto, anunciado el pasado 18 de enero por Salomé Pradas, entonces consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, se licitó por 503.357,68 euros el 29 de noviembre, coincidiendo con el primer mes de la catastrófica DANA.

Pradas, máxima responsable del negociado de Emergencias durante la DANA, presumió el pasado 18 de enero del proyecto, financiado con fondos europeos a través del Ministerio de Transición Ecológica. El president Carlos Mazón, afirmó Pradas, “ha hecho del agua uno de los ejes de nuestra acción política durante esta legislatura”.

Sin embargo, Salomé Pradas pasó a ocuparse de la cartera autonómica de Justicia e Interior tras la salida de Vox del Consell el pasado mes de julio. Su sustituto en la conselleria, Vicente Martínez Mus, volvió a anunciar, el pasado 30 de agosto, el proyecto de digitalización y sensorización de los sistemas de saneamiento en las estaciones depuradoras de Pinedo II y Quart-Benàger.

Sin embargo, el anuncio de licitación se retrasó hasta el pasado 29 de noviembre. Los pliegos y la declaración de urgencia se publicaron en la Plataforma de Contratación este lunes. El departamento que dirige Vicente Martínez Mus no ha contestado las preguntas de este diario. El conseller popular aseguró en agosto que el sistema licitado permite conocer “la calidad de los vertidos, especialmente durante los episodios de lluvias, garantizando así una mejor protección del ecosistema acuático”.

El proyecto incluye la sensorización y digitalización de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Pinedo II y Quart-Benàger con los “objetivos concretos”, entre otros, de “crear sistemas de alerta temprana frente a inundaciones urbanas durante episodios de lluvia, mediante la vigilancia de niveles en puntos clave de las redes de saneamiento y drenaje urbano” y el “uso de sistemas de previsión meteorológica”.

El proyecto pretende “servir de apoyo en la toma de decisiones”, según indica un técnico del departamento de Proyectos, Obras y Explotaciones en el informe justificativo de la necesidad e idoneidad del contrato.

A la EDAR de Pinedo II, con una capacidad de tratamiento de diseño de 200.000 metros cúbicos al día, llegan aguas residuales de tres colectores del área metropolitana de València, entre ellos el colector oeste que capta el mayor volumen procedente precisamente de las localidades afectadas por la DANA: Picassent, Beniparrell, Albal, Catarroja, Alfafar, Massanassa, Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Llocnou de la Corona y las pedanías del sur de València (La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo).

Las depuradoras y colectores de gran parte del área metropolitana de València fueron afectados de pleno por la DANA. Los contratos de emergencia de la EPSAR (de los cuales 34 millones de euros han ido a parar a empresas vinculadas a la financiación de la 'caja B' del PP) preveían un plazo de ejecución de las obras de reparación de la depuradora de Pinedo de 11 meses y, en el caso de Quart-Benàger, de año y medio.

Mejor predicción en “situaciones de emergencia” e “inundaciones”

Los pliegos del nuevo contrato, firmados el pasado 19 de noviembre por el vicegerente de la EPSAR, Roberto Juan Mateu, detallan que “cuando las EDAR experimenten un aumento repentino en el caudal de agua residual”, tanto por “fuertes lluvias” como por “cualquier otra razón”, existe un riesgo de que el sistema de tratamiento “no pueda manejar toda el agua entrante de manera efectiva”.

Así, la sensorización y monitorización en la red de colectores permiten “implementar estrategias de control de desbordamiento en un punto de alivio para evitar daños en el equipo de la planta o vertidos de aguas sin tratar al medio ambiente”. Es decir, exactamente lo que ha pasado tras la DANA del pasado 29 de octubre.

De hecho, los pliegos afirman que la digitalización del sistema de alivio “permitirá un seguimiento y predicción más efectivos en situaciones de emergencia, como las inundaciones”.

El 'software' de predicción de riesgos hidrológicos

Esta licitación tardía de la EPSAR se suma al sistema informático “avanzado de seguimiento y ayuda a la decisión de los riesgos derivados de las inundaciones” formalizado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) después de haber mantenido el proceso de adjudicación parado durante 10 meses, tal como informó este diario.

Este 'software' de predicción del comportamiento de los riesgos meteorológicos e hidrológicos para la AVSRE no estuvo operativo durante la DANA, ya que la formalización del contrato se hizo el pasado 26 de octubre, tres días antes de la catástrofe.

La consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha comparecido este miércoles en las Corts valencianes para explicar por qué la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) no saca a concurso dos plazas de enchufados en la época del PP pese a que lo recomienda la Abogacía de la Generalitat. Cebrián ha explicado que están siendo “prudentes” para no vulnerar derechos laborales de estos trabajadores, uno concejal del PP en Aldaia y otra contratada por uno de los cabecillas de Emarsa y que ahora es la secretaria del consejo de administración. Una tercera plaza cuestionada por Ciudadanos, partido que ha solicitado la comparecencia, la ocupa una prima hermana del eurodiputado del PP Esteban González Pons.

La consellera de Medio Ambiente ha defendido que la Epsar y su gerente, Enrique Lapuente, trabajan en una nueva Relación de Puestos de Trabajo que debe “poner orden” a los años de gestión del PP en los que se contrató a dedo toda la plantilla de la entidad. “Esos puestos se dotaron hace diez años o más y han generado desigualdades salariales que provienen de esas provisiones y no lo hemos cambiado por las restricciones del Gobierno. Estamos poniendo orden en la entidad con diálogo con los trabajadores” ha explicado.

La consellera también ha tenido que contestar a la petición de una trabajadora de la Epsar que pidió que se sacaran a concurso las plazas de tres enchufados del PP y que la entidad le ha denegado. El diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo le ha recriminado que tardaran un año y siete meses en contestar a la empleada y le ha recordado que hasta la Sindicatura de Greuges se quejó. Cebrían ha reconocido que “han alargado los plazos”, pero que contestaron a la institución consultiva que cerró la queja. La denunciante ha presentado en marzo de este año un recurso ante el contencioso-administrativo contra la Epsar al considerar que la decisión de mantener a los enchufados del PP le perjudica.

Más duro ha sido el diputado de Podemos Antonio Montiel, quien ha censurado a la consellera porque el gerente de la Epsar no ha sido “contundente” en el control de la entidad en la que la trama Emarsa saqueó  11 millones de euros entre 2004 y 2009. Los tres puestos de trabajo en cuestión fueron provistos por el procesado José Juan Morenilla y su sucesor, Juan Luis Martínez Muro, les consolidó el puesto de trabajo. “Estamos ante una decisión que debía haber obligado a la Epsar a abrir una investigación interna. Los más razonable habría sido poner orden en la entidad”, ha asegurado Montiel.

“Me preocupa que tenga que dar usted explicaciones de estas personas contratadas a dedo. ¿No creen que están siendo poco contundentes y al final ustedes acaben quedando como responsables de la basura generada? ¿No será que hay un pacto de silencio en el interior de la Epsar y los cargos intermedios quieren taparse los unos y los otros para tapar la basura de hace diez años?”, se ha preguntado Montiel, que ha continuado insistiendo: “¿Por qué no se abre una información reservada sobre esta situación? ¿Por qué no salen las plazas a concurso a la mayor brevedad? ¿Por qué no se ha abierto una investigación sobre los nombramientos de 2013? ¿Por qué no se está actuando?”.

La consellera no ha contestado a ninguna de estas preguntas y ha asegurado que con la RPT que se aprobará todo se solucionará. Casi tres años de gestión de Compromís en la Epsar y continúan en los puestos de responsabilidad quienes nombró José Juan Morenilla, a punto de enfrentarse a la sentencia de Emarsa en la que se podría enfrentar a 14 años de prisión por saquear la entidad que ahora presiden Cebrián.

Podem, por medio de su diputado Antonio Montiel, ha solicitado la comparecencia en las Corts de Enrique Lapuente, gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), para explicar y rendir cuentas de las irregularidades puestas de manifiesto en el informe de auditoría sobre los contratos de emergencia en la gestión de la Epsar entre 2001 y 2010, así como sobre la situación actual de la entidad y sobre cuál es la política de personal y el plan de actuación de la empresa pública para el periodo 2018-2019.

Según explica Montiel, las conclusiones del Informe definitivo de la Intervención general sobre los contratos de emergencia celebrados por la Epsar y las actuaciones de esta empresa pública en la gestión del pabellón valenciano en la Expo de Zaragoza 2008 y en la 32ª Edición de la Copa del América señalan un “abuso” de las contrataciones de emergencia, la selección a dedo de terceros contratistas y sobrecostes “no suficientemente justificados”.

Por otra parte, recuerda el diputado morado que se apunta a que los trabajos ejecutados por cuenta de la Generalitat en tanto la “limpieza del campo de regatas de la Copa América” como el “acondicionamiento, explotación y desmontaje del pabellón de la CV en Expo Zaragoza 2008”, no entraban dentro del objeto social de la empresa pública, “y además se señala que en ambas contrataciones se produjeron incrementos de gasto y llamativas incongruencias de facturación”.

Según la auditoría, la Generalitat Valenciana, con Francisco Camps al frente, pagó gastos relacionados con estos dos eventos con cargo al recibo del agua de los valencianos. Concretamente, se han detectado más de 15 millones de euros que fueron sufragados a cuenta de la Entidad de Saneamiento de Aguas pese a que el canon es un “ingreso finalista” que debe ser destinado “exclusivamente” a pagar unos gastos concretos.

No hubo compensación de la conselleria

“Lo más sorprendente de todo es el hecho de que la conselleria no abonase nunca a la Epsar ninguna compensación por los trabajos realizados para actuaciones que no eran de su competencia y para las que hubo de recurrir a contratar a empresas terceras, lo que induce a pensar que se podrían haber desviado fondos procedentes del canon de saneamiento recaudado a los vecinos sujetos a este impuesto autonómico”, denuncia Montiel.

A su juicio, “dada la gravedad del contenido del informe de la Intervención conocido ahora y, especialmente, de las extravagantes explicaciones formuladas por escrito por el actual gerente de la Epsar”, parece “más que justificado pedir aclaraciones acerca de lo ocurrido y de las medidas internas adoptadas por la nueva dirección de la empresa pública”.

Además, Podem solicitará a la conselleria copia de los documentos administrativos en los que parecen sustentarse los encargos de la Generalitat a la Epsar, así como otros extremos relacionados con las alegaciones formuladas en mayo de 2017 por el actual gerente ante el informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana.

Podem, per mitjà del seu diputat Antonio Montiel, ha sol·licitat la compareixença en les Corts d'Enrique Lapuente, gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), per a explicar i rendir comptes de les irregularitats posades de manifest en l'informe d'auditoria sobre els contractes d'emergència en la gestió de l'Epsar entre 2001 i 2010, així com sobre la situació actual de l'entitat i sobre quina és la política de personal i el pla d'actuació de l'empresa pública per al període 2018-2019.

Segons explica Montiel, les conclusions de l'Informe definitiu de la Intervenció general sobre els contractes d'emergència celebrats per l'Epsar i les actuacions d'aquesta empresa pública en la gestió del pavelló valencià en l'Expo de Saragossa 2008 i en la 32ª Edició de la Copa de l'Amèrica assenyalen un “abús” de les contractacions d'emergència, la selecció a dit de tercers contractistes i sobrecostos “no suficientment justificats”.

D'altra banda, recorda el diputat morat que s'apunta al fet que els treballs executats per compte de la Generalitat tant en la “neteja del camp de regates de la Copa Amèrica” com el “condicionament, explotació i desmuntatge del pavelló de la CV en Expo Zaragoza 2008”, no formen part de l'objecte social de l'empresa pública, “i a més s'assenyala que en ambdues contractacions es van produir increments de despesa i cridaneres incongruències de facturació”.

Segons l'auditoria, la Generalitat Valenciana, amb Francisco Camps al capdavant, va pagar despeses relacionades amb aquests dos esdeveniments amb càrrec al rebut de l'aigua dels valencians. Concretament, s'han detectat més de 15 milions d'euros que van ser sufragats amb compte a l'Entitat de Sanejament d'Aigües malgrat que el cànon és un “ingrés finalista” que ha de ser destinat “exclusivament” a pagar unes despeses concretes.

No va haver-hi compensació de la conselleria

“El més sorprenent de tot és el fet que la conselleria no abonara mai a l'Epsar cap compensació pels treballs realitzats per a actuacions que no eren de la seua competència i per a les quals va haver de recórrer a contractar a empreses terceres, la qual cosa indueix a pensar que es podrien haver desviat fons procedents del cànon de sanejament recaptat als veïns subjectes a aquest impost autonòmic”, denúncia Montiel.

Al seu parer, “donada la gravetat del contingut de l'informe de la Intervenció conegut ara i, especialment, de les extravagants explicacions formulades per escrit per l'actual gerent de l'Epsar”, sembla “més que justificat demanar aclariments sobre l'ocorregut i de les mesures internes adoptades per la nova direcció de l'empresa pública”.

A més, Podem sol·licitarà a la conselleria còpia dels documents administratius en els quals semblen sustentar-se els encàrrecs de la Generalitat a l'Epsar, així com altres extrems relacionats amb les al·legacions formulades al maig de 2017 per l'actual gerent davant l'informe de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.

El judici del cas Emarsa ha quedat vist per a sentència després de set anys d'instrucció. En l'última declaració dels acusats, fins a quatre dels principals processats han mostrat el seu penediment i han demanat perdó. Es tracta de l'exgerent Esteban Cuesta, l'exdirector financer Enrique Arnal i els empresaris Sebastián García Martínez i Jorge Ignacio Roca.

Per la seua banda, José Juan Morenilla, l'exalt càrrec de la Generalitat del PP investigat, ha tornat a defensar la seua innocència: “S'ha truncat una carrera professional de trenta anys. Mai no es podrà reparar el meu honor”.

El més contundent en la seua declaració ha sigut Roca, que ha dit que mentre uns altres segueixen en el carrer, ell porta dos anys i mig i catorze dies en la presó, privat de llibertat i sense veure als seus tres fills. L'empresari li ha dit al tribunal: “Dues de les persones que s'han portat el noranta per cent dels diners no han sigut jutjats en en aquest procés”. Es tracta dels empresaris José Luis Sena i Joan Borrás.

Roca ha revelat que ell era 'el gordito' que apareixia en els enregistraments entre diversos acusats, a qui li volien “penjar el mort”.

Tots els acusats que han parlat han apel·lat a la benevolència del tribunal i han assegurat que els set anys d'instrucció els han arruïnat la vida. Un exemple d'això ha sigut Esteban Cuesta. “No he passat ni un sol dia en què no m'haja penedit. Torne a demanar perdó al poble valencià i a tots als que he fallat”, ha sentenciat l'exgerent de l'empresa pública.

El juicio del caso Emarsa ha quedado visto para sentencia después de siete años de instrucción. En la última declaración de los acusados, hasta cuatro de los principales procesados han mostrado su arrepentimiento y han pedido perdón. Se trata del exgerente Esteban Cuesta, el exdirector financiero Enrique Arnal y los empresarios Sebastián García Martínez y Jorge Ignacio Roca.

Por su parte, José Juan Morenilla, el exalto cargo de la Generalitat del PP investigado, ha vuelto a defender su inocencia: “Se ha truncado una carrera profesional de treinta años. Nunca se va a poder reparar mi honor”.

El más contundente en su declaración ha sido Roca, quien ha dicho que mientras otros siguen en la calle, él lleva dos años y medio y catorce días en la cárcel, privado de libertad y sin ver a sus tres hijos. El empresario le ha dicho al tribunal: “Dos de las personas que se han llevado el noventa por ciento del dinero no han sido juzgados en en este proceso”. Se trata de los empresarios José Luis Sena y Joan Borrás.

Roca ha revelado que él era 'el gordito' que aparecía en las grabaciones entre varios acusados, al que le querían “colgar el muerto”. 

Todos los acusados que han hablado han apelado a la benevolencia del tribunal y han asegurado que los siete años de instrucción les han arruinado la vida. Un ejemplo de ello ha sido Esteban Cuesta. “No he pasado ni un sólo día en el que no me haya arrepentido. Vuelvo a pedir perdón al pueblo valenciano y a todos a los que he fallado”, ha sentenciado el exgerente de la empresa pública.

El secretario general del PSPV en l’Horta Sud, miembro del Consejo de Administración de la Epsar y alcalde de Albal, Ramón Marí ha asegurado que las informaciones que confirman una vez más que “el PP ha sido el enemigo número uno de la gestión pública en la Comunitat Valenciana”. “Se saltaron todos los sistemas de contratación y de control público en su obsesión de alcanzar ese falso esplendor con el que durante años trataron de tapar el saqueo de las arcas públicas”, ha denunciado Marí.

Para el dirigente socialista ha quedado más que demostrado que el PP utilizó la Entidad de Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) para “pagar sus saraos y chiringuitos”. “No lo decimos los socialistas”, -ha apuntado Marín- “es el informe de una auditoría el que afirma que más de 15 millones de euros de la Epsar se destinaron a pagar los gastos de la Copa América y la Expo de Zaragoza”. En este sentido ha incidido en que es el propio informe el que recoge que “existe una falta de control sobre la gestión de los pagos”.

Por todo ello Marí ha denunciado la “hipocresía e irresponsabilidad que siempre ha mostrado el PP quien no tuvo ningún pudor en subir los impuestos de los recursos básicos como el agua para pagar sus despilfarros”. Una actitud que, tal y como ha denunciado Marí, “hoy se vuelve a repetir ya que el PP de Bonig y Rajoy se dedica a obstaculizar leyes, como la de pobreza energética y de la función social de la vivienda, que únicamente pretenden cubrir necesidades básicas de los colectivos más vulnerables”.

Gestión del exgerente

Respecto a la gestión del exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, Ramón Marí ha recordado que los informes que hoy se conocen ponen de manifiesto cuáles fueran sus prácticas al frente de la entidad pública. “La credibilidad de Morenilla y sus compinches es cero” ha señalado Marín para quien hoy “es ya un símbolo de la corrupción del PP”.

Sobre sus últimas declaraciones, Marí le ha instado a que “deje de hacer el ridículo con comunicados amenazantes que a estas alturas solo producirían sonrojo si no fuera por la gravedad del caso y vergüenza ajena de quien debía servir a los ciudadanos y según todos los indicios se sirvió así mismo”. Finalmente ha recordado que es la fiscalía quien le pide 10 años de prisión por el caso Emarsa.

El consejo de administración de la Epsar (Entidad de Saneamiento de Aguas) abordó hace unos días las auditorías realizadas sobre los contratos de emergencia celebrados por esta sociedad pública entre 2001 y 2010 -bajo gobiernos del Partido Popular-, unos informes solicitados en marzo de 2016 al objeto de fiscalizar los expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia para determinar si existen en ellos irregularidades que pudieran suponer indicios de delito.

Estas auditorías explican cómo en un informe de la jefa del área económico-financiera de la Epsar de junio de 2016 se afirmaba “con rotundidad” que 7.587.920,88 euros de los gastos generados por contratos derivados de la realización de la Copa del América de 2007 habían sido financiados “por el canon de saneamiento”, es decir, con cargo al recibo del agua. Y todo ello, “sin que hasta el momento la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana haya recuperado importe alguno”, y lo mismo sucede con los 7.764.393,07 euros abonados con motivo de la Expo Zaragoza 2008. Ambos eventos tuvieron lugar con Francisco Camps al frente de la Generalitat, mientras que se da la circunstancia de que en los últimos años de gestión de los populares, el canon del agua subió un 3,1% en 2012, un 20% en 2013, un 10% en 2014 y un 3% en 2015.

El escrito de los auditores recuerda que el canon es un “ingreso finalista” que debe ser destinado “exclusivamente” a sufragar unos gastos concretos, mientras que la gerencia de la entidad sólo certifica que estos gastos fueron ejecutados con cargo al patrimonio de la Epsar, sin poder identificar el origen de las partidas destinadas a la ejecución de actuaciones relacionadas con la Copa del América o la cita de Zaragoza. Considera, así mismo, que existe una “falta de control” sobre la gestión de los pagos, que provienen de una “caja única” que no separa los ingresos procedentes del canon de saneamiento, principal fuente, del resto. 

Actuaciones de emergencia

Entre 2001 y 2015 la Epsar llevó a cabo 57 actuaciones de emergencia -entre ellas las relacionadas con la Copa del América 2007 y con la Expo de Zaragoza de 2008- con un coste inicial estimado próximo a 80 millones de euros y cuyo coste final ascendió a más de 109 millones. Estas actuaciones de emergencia suponen un diez por ciento del volumen total de obra ejecutada por la Epsar en este periodo.

Respecto al contrato de la Copa del América, el Ayuntamiento de Valencia solicitó a la conselleria de Infraestructuras, con fecha de diciembre de 2005, que la Epsar llevara a cabo “acciones de limpieza del campo de regatas” por un coste final de 7.587.920,88 euros, un contrato en cuya facturación se han “constatado irregularidades y falta de control suficiente en la validación de facturas”, así como un exceso de facturación de unos 77.000 euros.

En el caso de la Expo de Zaragoza, conselleria encomendó a la Epsar (en febrero de 2007) una serie de actuaciones “que no guardaban relación con su objeto social”, unos trabajos que debían ser supervisados por la propia Generalitat. “El control ejercido por la conselleria no fue el exigido en el encargo”, apunta el informe de la auditoría, que además añade: “Epsar desarrolló funciones propias de un órgano de control y agente financiador”, como es el caso del acondicionamiento y explotación del pabellón y el restaurante de la Comunitat Valenciana. Finalmente, se tuvieron que acometer “sucesivas subcontrataciones” que encarecieron el coste final en “al menos 773.757,58 euros”.

Posible fraude

El pasado mes de julio, el Consell conoció el informe de la Intervención de la Generalitat que se detectaba un fraude próximo a los 2,5 millones de euros de la Epsar en estos dos eventos. Se refería a dos incrementos próximos a los 800.000 euros por subcontratas en la Expo de Zaragoza y un aumento de gasto de 933.000 euros en la limpieza del campo de regatas de la Copa del América por “necesidades nuevas” no justificadas, así como el exceso de facturación de 76.671,84 euros.

También en relación a la Expo de Zaragoza, la Conselleria de Territorio ya advertía en junio de 2016 del gasto de 80.600 euros en hoteles -64.000 euros en tres habitaciones alquiladas de forma permanente durante los tres meses que duró la cita y que permanecieron vacías la mayoría de días- y en catering. También se abonaron 1.200 euros en cinco habitaciones VIP y otros 7.900 euros en otras 25 estancias.

El consell d'administració de l'Epsar (Entitat de Sanejament d'Aigües) va abordar fa uns dies les auditories realitzades sobre els contractes d'emergència celebrats per aquesta societat pública entre 2001 i 2010 -sota governs del Partit Popular-, uns informes sol·licitats al març de 2016 a fi de fiscalitzar els expedients tramitats pel procediment d'emergència per a determinar si existeixen irregularitats que pogueren suposar indicis de delicte.

Aquestes auditories expliquen com en un informe de la cap de l'àrea economicofinancera de l'Epsar de juny de 2016 s'afirmava “amb rotunditat” que 7.587.920,88 euros de les despeses generades per contractes derivats de la realització de la Copa de l'Amèrica de 2007 havien sigut finançats “pel cànon de sanejament”, és a dir, amb càrrec al rebut de l'aigua. I tot açò, “sense que fins al moment l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana haja recuperat cap quantitat”, i el mateix succeeix amb els 7.764.393,07 euros abonats amb motiu de l'Expo Zaragoza 2008. Tots dos esdeveniments van tenir lloc amb Francisco Camps al capdavant de la Generalitat, mentre que es dóna la circumstància que en els últims anys de gestió dels populars, el cànon de l'aigua va pujar un 3,1% en 2012, un 20% en 2013, un 10% en 2014 i un 3% en 2015.

L'escrit dels auditors recorda que el cànon és un “ingrés finalista” que ha de ser destinat “exclusivament” a sufragar unes despeses concretes, mentre que la gerència de l'entitat només certifica que aquestes despeses van ser executades amb càrrec al patrimoni de l'Epsar, sense poder identificar l'origen de les partides destinades a l'execució d'actuacions relacionades amb la Copa de l'Amèrica o la cita de Saragossa. Considera, així mateix, que existeix una “falta de control” sobre la gestió dels pagaments, que provenen d'una “caixa única” que no separa els ingressos procedents del cànon de sanejament, principal font, de la resta.

Actuacions d'emergència

Entre 2001 i 2015 l'Epsar va dur a terme 57 actuacions d'emergència -entre elles les relacionades amb la Copa de l'Amèrica 2007 i amb l'Expo de Saragossa de 2008- amb un cost inicial pròxim a 80 milions d'euros i el cost final dels quals va ascendir a més de 109 milions. Aquestes actuacions d'emergència suposen un deu per cent del volum total d'obra executada per l'Epsar en aquest període.

Respecte al contracte de la Copa de l'Amèrica, l'Ajuntament de València va sol·licitar a la conselleria d'Infraestructures, amb data de desembre de 2005, que l'Epsar duguera a terme “accions de neteja del camp de regates” per un cost final de 7.587.920,88 euros, un contracte en la facturació del qual s'han “constatat irregularitats i falta de control suficient en la validació de factures”, així com un excés de facturació d'uns 77.000 euros.

En el cas de l'Expo de Saragossa, la conselleria va encomanar a l'Epsar (al febrer de 2007) una sèrie d'actuacions “que no guardaven relació amb el seu objecte social”, uns treballs que havien de ser supervisats per la pròpia Generalitat. “El control exercit per la conselleria no va ser l'exigit en l'encàrrec”, apunta l'informe de l'auditoria, que a més afig: “Epsar va desenvolupar funcions pròpies d'un òrgan de control i agent finançador”, com és el cas del condicionament i explotació del pavelló i el restaurant de la Comunitat Valenciana. Finalment, es van haver d'escometre “successives subcontractacions” que van encarir el cost final en “almenys 773.757,58 euros”.

Possible frau

El passat mes de juliol, el Consell va conèixer l'informe de la Intervenció de la Generalitat que es detectava un frau pròxim als 2,5 milions d'euros de l'Epsar en aquests dos esdeveniments. Es referia a dos increments pròxims als 800.000 euros per subcontractes en l'Expo de Saragossa i un augment de despesa de 933.000 euros en la neteja del camp de regates de la Copa de l'Amèrica per “necessitats noves” no justificades, així com l'excés de facturació de 76.671,84 euros.

També en relació a l'Expo de Saragossa, la Conselleria de Territori ja advertia al juny de 2016 de la despesa de 80.600 euros en hotels -64.000 euros en tres habitacions llogades de forma permanent durant els tres mesos que va durar la cita i que van romandre buides la majoria de dies- i en catering. També es van abonar 1.200 euros en cinc habitacions VIP i altres 7.900 euros en altres 25 estades.

“Es donarà complida resposta als plantejaments que el Síndic de Greuges ha realitzat en relació a l'Epsar”, ha assegurat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, qui no ha qüestionat la labor del gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals, Enrique Lapuente, a qui no obstant açò ha evitat mostrar el seu suport: “Estem esbrinant, quan ho sapiem tot, analitzarem i veurem”. El dictamen, segons ha explicat Oltra, és “molt recent” per a prendre qualsevol tipus de decisió.

La sindicatura critica durament en un demolidor informe a Lapuente per la seua opacitat. L'escrit censura que el gerent -a qui el defensor del poble valencià va enlletgir fa uns mesos que l'Epsar pague més a homes que a dones per realitzar el mateix treball- no haja lliurat determinada informació que li va ser sol·licitada, de manera que ha demorat més d'any i mitjà la resposta al recurs d'una treballadora que va sol·licitar al novembre de 2015 que es traguen a concurs tres llocs de treball coberts a dit en l'etapa del PP.

Aquestes ocupacions -un d'ells càrrec directiu- els ocupen Patricia Stuyck Pons -cosina de l'eurodiputat valencià Esteban González Pons-, el regidor del PP d'Aldaia Héctor Ferrandis i la secretària de l'actual Consell d'Administració, Sabela García.

La sol·licitud va ser denegada el 12 de gener de 2016 pel gerent de l'Epsar, entitat depenent de la conselleria de Medi ambient que dirigeix Elena Cebrián. El 16 de març, la treballadora va presentar el recurs d'alçada que 19 mesos després encara no ha sigut contestat, la qual cosa ha provocat l'informe de la sindicatura. L'escrit desqualifica l'actuació d'aquest organisme: “Ni és eficaç, ni eficient, ni transparent, ni evidencia la voluntat de col·laboració de l'administració afectada”.

“Se dará cumplida respuesta a los planteamientos que el Síndic de Greuges ha realizado en relación a la Epsar”, ha asegurado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien no ha cuestionado la labor del gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, Enrique Lapuente, a quien no obstante ha evitado mostrar su apoyo: “Estamos averiguando, cuando lo sepamos todo, analizaremos y veremos”. El dictamen, según ha explicado Oltra, es “muy reciente” para tomar cualquier tipo de decisión.

La Sindicatura critica duramente en un demoledor informe a Lapuente por su opacidad. El escrito censura que el gerente -a quien el defensor del pueblo valenciano afeó hace unos meses que la Epsar pague más a hombres que a mujeres por realizar el mismo trabajo- no haya entregado determinada información que le fue solicitada, de modo que ha demorado más de año y medio la respuesta al recurso de una trabajadora que solicitó en noviembre de 2015 que sacará a concurso tres puestos de trabajo cubiertos a dedo en la etapa del PP.

Estos empleos -uno de ellos cargo directivo- los ocupan Patricia Stuyck Pons -prima del eurodiputado valenciano Esteban González Pons-, el concejal del PP de Aldaia Héctor Ferrandis y la secretaria del actual Consejo de Administración, Sabela García.

La solicitud fue denegada el 12 de enero de 2016 por el gerente de la Epsar, entidad dependiente de la conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián. El 16 de marzo, la trabajadora presentó el recurso de alzada que 19 meses después todavía no ha sido contestado, lo que ha provocado el informe de la sindicatura. El escrito descalifica la actuación de este organismo: “Ni es eficaz, ni eficiente, ni transparente, ni evidencia la voluntad de colaboración de la administración afectada”.

Un gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) ha reiterado este lunes durante la vista por el caso Emarsa lo que ya han manifestado algunos testigos e investigados: “Pensábamos que Emarsa era poco eficiente y que había sueldos muy elevados”.

Este testigo se ha pronunciado así en el juicio por la pieza principal del caso Emarsa, procedimiento en el que se ha investigado un presunto desfalco de alrededor de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo. Para este lunes también estaba previsto que testificaran el exvicealdalde de Valencia Alfonso Grau y el empresario José Luis Sena, quien se quedó fuera de este procedimiento y será juzgado en una pieza independiente por la supuesta estafa en la empresa pública.

El testigo que ha comparecido esta mañana ha explicado que ocupó durante una etapa el cargo de gerente de Epsar en Valencia y que en diferentes ocasiones hablaban de sacar a concurso la depuradora de Pinedo porque tenía unos costes “bastante altos” y el servicio “no era demasiado bueno”, ha dicho. “No lo hicimos porque no teníamos competencia. No dependía de nosotros”, ha aseverado. Ha indicado que “a menudo” pedían más dinero desde Emarsa para mantener Pinedo y ha dicho que en “alguna ocasión” se dio, “cuando era justo”, ha apostillado.

No obstante, tenían la sensación de que Emarsa era “poco eficiente” y que tenía sueldos “muy elevados”, que además se sufragaban “con dinero público”. En una ocasión, según ha manifestado, desde la Epsar se vieron obligados a abonar la factura de luz de Emarsa porque la empresa eléctrica amenazó con cortar el suministro: “Y hubiera sido un desastre”, ha aseverado. “Siempre aparecían allí -en la empresa pública- más costes de los que debería haber”.

PSPV i Compromís volen liquidar l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar) per les seues vinculacions amb el cas Emarsa, per la falta de control i pels constants casos de nepotisme i portes giratòries que inunden les seues dependències. Els socialistes volen una fusió entre l'entitat i la direcció general d'Aigua -triada pel PSPV- mentre que la coalició pretén crear una Agència Valenciana de l'Aigua que incremente les seues competències a tot el cicle integral de l'aigua. Les negociacions seran dures perquè cap dels dos partits que sostenen el Consell vol perdre el seu poder en un sector estratègic alhora que opac.

El que tenen clar tots dos partits és que la situació en l’Epsar és insostenible. El nou gerent de l'entitat pública, Enrique Lapuente, manté en els seus llocs a tota la direcció de l'anterior etapa popular. La majoria van ser nomenats per Juan Luis Martínez Muro, gerent de l'entitat entre 2011 i 2015 encara que van entrar a treballar en l’Epsar sense cap procés de selecció i de la mà de José Juan Morenilla (gerent entre 1999 i 2011), un dels principals acusats en el saqueig de la depuradora de Pinedo. Martínez Muro va deixar la Epsar i va tornar al seu lloc de treball en Proaguas Alicante, una societat pública depenent de la Diputació d'Alacant i el treball de la qual amb la Epsar s'ha disparat en els últims dos anys. 

Un germà de Martínez Muro, Miguel Ángel, va treballar per a l’Epsar fins a març d'enguany a través de l'empresa Red Control-Laboratorios Tecnológicos de Levante, encara que segons la societat, l'adjudicació dels contractes de control de fangs es va produir el 2009, abans que Martínez Muro arribara a l'entitat pública. De vinculació familiar entre empleats i exempleats va la història d'Antonio Basiero, membre del departament d'obres i explotacions de l’Epsar i responsable de supervisar les depuradores de Castelló i les seues comarques. Curiosament, el seu nebot Luis Basiero és cap d'Explotació i coordinador tècnic de l'àrea de sanejament de l'empresa Facsa, que explota la majoria de plantes de la zona Nord de la Comunitat Valenciana. L'oncle ha de fiscalitzar el treball de l'empresa del nebot.

Cridanera, com menys, és la relació de l'empresa Facsa amb la Epsar. La signatura de la família Gimeno de Castelló va fitxar José Juan Morenilla quan va eixir de l’Epsar en 2011 per l'escàndol d'Emarsa. Contractat com a director general i per un salari superior als 100.000 euros, va treballar 11 mesos per a l'entitat pública fins que es va complicar encara més la seua situació processal -ara està assegut en el banc dels acusats-. En la seua etapa com a gerent de l’Epsar, Facsa hi va rebre nombrosos contractes amb l'entitat pública per a l'explotació de depuradores.

L'actual secretària del consell d'administració designada a dit pel gerent, Sabela García, va entrar a l'entitat després d'abandonar Pavasal. L’empresa Pavasal també treballa per a l'entitat pública i ha rebut numerosos contractes. Com Sabela García, molts empleats de l'entitat vénen directament del sector privat, cosa que el Consell bipartit vol erradicar funcionaritzant aquestes competències.

Família política

En l’Epsar també hi ha un altre tipus de relacions familiars particulars, però aquesta vegada del món de la política. La cap del departament Jurídic de l’Epsar és Patricia Stuyck Pons, cosina germana de l'eurodiputat del PP Esteban Gonzáles Pons. Regidor del PP d'Aldaia és Héctor Ferrandis, que treballa en el departament de contractació de l'entitat. En tots dos casos, el gerent Enrique Lapuente ha matingut la seua confiança. De fet, l’ha mantinguda en la desena de càrrecs de l'entitat.

PSPV y Compromís quieren liquidar la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) por sus vinculaciones con el caso Emarsa, por la falta de control y por los constantes casos de nepotismo y puertas giratorias que inundan sus dependencias. Los socialistas quieren una fusión entre la entidad y la dirección general de Agua -elegida por el PSPV- mientras que la coalición pretende crear una Agencia Valenciana del Agua que incremente sus competencia a todo el ciclo integral del agua. Las negociaciones serán duras porque ninguno de los dos partidos que sostienen el Consell quiere perder su poder en un sector estratégico a la vez que opaco.

Lo que tienen claro ambos partidos es que la situación en la Epsar es insostenible. El nuevo gerente de la entidad pública, Enrique Lapuente, mantiene en sus puestos a toda la dirección de la anterior etapa popular. La mayoría fueron nombrados por Juan Luis Martínez Muro, gerente de la entidad entre 2011 y 2015 aunque entraron a trabajar en la Epsar sin ningún proceso de selección y de la mano de José Juan Morenilla (gerente entre 2002 y 2011), uno de los principales acusados en el saqueo de la depuradora de Pinedo. Martínez Muro dejó la Epsar y regresó a su puesto de trabajo en Proaguas Alicante, una sociedad pública dependiente de la Diputación de Alicante y cuyo trabajo con la Epsar se ha disparado en los últimos dos años.

Un hermano de Martínez Muro, Miguel Ángel, trabajó para la Epsar hasta marzo de este año a través de la empresa Red Control-Laboratorios Tecnológicos de Levante, aunque según la sociedad, la adjudicación de los contratos de control de lodos se produjo en 2009, antes de que Martínez Muro llegara a la entidad pública. De vinculación familiar entre empleados y exempleados va la historia de Antonio Basiero, miembro del departamento de obras y explotaciones de la Epsar y responsable de supervisar las depuradoras de Castellón y sus comarcas. Curiosamente, su sobrino Luis Basiero, es jefe de Explotación y coordinador técnico del área de saneamiento de la empresa Facsa, que explota la mayoría de plantas de la zona Norte de la Comunitat Valenciana. El tío debe fiscalizar el trabajo de la empresa del sobrino.

Llamativa, cuanto menos, es la relación de la empresa Facsa con la Epsar. La firma de la familia Gimeno de Castelló fichó a José Juan Morenilla cuando salió de la Epsar en 2011 por el escándalo de Emarsa. Contratado como director general y por un salario superior a los 100.000 euros, trabajó 11 meses para la entidad pública hasta que se complicó todavía más su situación procesal -ahora está sentado en el banquillo-. En su etapa como gerente de la Epsar, Facsa había ganado numerosos contratos con la entidad pública para la explotación de depuradoras.

La actual secretaria del consejo de administración designada a dedo por el actual gerente, Sabela García, entró a la entidad tras abandonar Pavasal en 2008. Esta empresa trabaja para la entidad pública en obras de construcción, pero no en depuración pese a haber concurrido a la mayoría de concursos. Como Sabela García, muchos empleados de la entidad vienen directamente del sector privado, algo que el Consell bipartito quiere erradicar funcionarizando estas competencias.

Familias políticas

En la Epsar también hay otro tipo de relaciones familiares particulares, pero esta vez del mundo de la política. La jefa del departamento Jurídico de la Epsar es Patricia Stuyck Pons, prima hermana del eurodiputado del PP Esteban Gonzáles Pons. Concejal del PP de Aldaia es Héctor Ferrandis, que trabaja en el departamento de contratación de la entidad. En ambos casos, el gerente Enrique Lapuente dijo mantener su confianza en ellos. De hecho, la mantiene en todos los directivos, cuyos cargos ha respetado en sus dos años al frente de la entidad de saneamiento.

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) té els dies comptats. La Conselleria de Medi Ambient vol posar fi a la societat instrumental que gestiona les 470 depuradores de la Comunitat Valenciana per recuperar-ne el control funcional després d’anys de sospites de corrupció i problemes tècnics i administratius en la gestió. Gràcies a haver-se unflat els preus que l’Epsar pagava per la depuració d’aigües de la planta de Pinedo, la trama Emarsa –jutjada en aquests moments a l’Audiència Provincial de València– va poder desviar més d’11 milions d’euros del tractament de llots durant l’etapa del PP.

Fonts de la Conselleria han indicat a eldiario.es que el Govern valencià prepara una llei per a abans de final d’any que fusionarà l’Epsar amb la Direcció General de l’Aigua. De moment, el departament que dirigeix Elena Cebrián està estudiant els diferents models de gestió que hi ha a Espanya per a incrementar el control sobre un sector, el sanejament d’aigua, a què es dedica cada any més de 230 milions d’euros de diners públics. I és que des de la seua fundació en l’etapa del Consell d’Eduardo Zaplana, l’entitat mai no ha estat subjecta a la fiscalització de la Intervenció General i l’Advocacia de la Generalitat. Només la Sindicatura de Comptes du a terme treballs de fiscalització sobre la seua contractació cada any i no poques vegades va alertar de problemes en la contractació.

El seu gerent entre el 1999 i el 2011, José Juan Morenilla, és un dels principals imputats en el cas Emarsa per la presumpta desviació de diners pel tractament de llots. A pesar d’aquesta ombra de sospita sobre la gestió i la denúncia del PSPV a la Fiscalia el 2013 sobre contractació irregular –que va ser arxivada–, l’actual gerent, Enrique Lapuente, ha mantingut el mateix equip directiu que en l’etapa popular. Lapuente tampoc ha fet un treball d’“alçar estores” en una entitat que va ser instrument de finançament irregular d’una presumpta trama corrupta. La gestió i el servei és el primer, és la tesi del gerent que constantment denuncia la falta de personal en l’entitat. L’Epsar té entre 40 i 45 treballadors.

A preguntes d’eldiario.es, el director general de l’Aigua, Manuel Aldeguer, va explicar que el 15 de juny passat es va convocar una reunió amb experts de totes les comunitats autònomes per a conéixer els distints models de gestió del sanejament d’aigües que es duen a terme a Espanya. “L’Epsar està desfasada en molts casos, sobretot pel que fa al control de l’administració”, va assegurar Aldeguer.

L’Epsar no està formada per funcionaris, sinó per personal extern a la Generalitat que, en alguns casos molt cridaners i com va denunciar la Sindicatura de Comptes, no va passar cap procés de selecció. La forma jurídica de l’entitat permet “agilitzar” els processos de contractació a costa de la transparència.

A més, la majoria dels càrrecs directius actuals provenen d’empreses adjudicatàries d’obres i explotacions de l’entitat. A tall d’exemple, la secretària del consell d’administració designada a dit pel gerent actual, Sabela García, va entrar a l’entitat després d’abandonar Pavasal. L’encarregat de supervisar les depuradores de la zona de Castelló, Antonio Basiero, prové de Facsa, que opera el 98 % de les plantes de les comarques del nord de la Comunitat Valenciana que ara vigila.

El 28 de juliol passat, el ple del Consell va aprovar la creació del lloc de sotsdirector general de Personal i Règim Econòmic i Financer de l’Epsar. En realitat un lloc de funcionari encastat en l’entitat per a “reforçar” la direcció de l’empresa pública fins que se’n produïsca la liquidació en fusionar-se amb la Direcció General de l’Aigua. Aquesta figura es va crear, segons la versió oficial de la Conselleria, per les dificultats administratives que té l’entitat per a expropiar terrenys per a construir-hi depuradores.

També és cert que, per primera vegada des de la seua creació, un funcionari públic de carrera entrarà en la gestió del dia a dia de l’Epsar. La Conselleria i altres càrrecs polítics formen part del consell d’administració, encara que alguns consellers consideren que aquest control és insuficient, per la qual cosa el nou sotsdirector general de Personal i Règim Econòmic i Financer serà els ulls i les orelles del departament d’Elena Cebrián en l’Epsar.

Però l’elaboració de la llei no serà un camí de roses en la Conselleria. De fet, no és la primera topada que tenen l’Epsar i la Direcció General de l’Aigua per les tensions del mestissatge del Consell. La Direcció General està gestionada pel PSPV i el gerent de l’Epsar el va nomenar Compromís, concretament Els Verds-Equo. Caldrà veure en les competències que es fusionaran quant de poder manté cada un dels socis del Govern valencià.

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) tiene los días contados. La Conselleria de Medio Ambiente quiere acabar con la sociedad instrumental que gestiona las 470 depuradoras de la Comunitat Valenciana para recuperar el control funcional tras años de sospechas de corrupción y problemas técnicos y administrativos en su gestión. Gracias a haberse hinchado los precios que la Epsar pagaba por la depuración de aguas de la planta de Pinedo, la trama Emarsa –juzgada en estos momentos en la Audiencia Provincial de València- pudo desviar más de 11 millones de euros del tratamiento de lodos durante la etapa del PP.

Fuentes de la conselleria han indicado a eldiario.es que el Gobierno valenciano prepara una ley para antes de final de año que fusionará la Epsar con la Dirección General del Agua. De momento, el departamento que dirige Elena Cebrián está estudiando los diferentes modelos de gestión que existen en España para incrementar el control sobre un sector, el saneamiento de agua, al que se dedica cada año más de 230 millones de euros de dinero público. Y es que desde su fundación en la etapa del Consell de Eduardo Zaplana, la entidad nunca ha estado sujeta a la fiscalización de la Intervención General y la Abogacía de la Generalitat. Sólo la Sindicatura de Comptes realiza trabajos de fiscalización sobre su contratación cada año y no en pocas ocasiones alertó de problemas en la contratación.

Su gerente entre 1999 y 2011, José Juan Morenilla, es uno de los principales imputados en el caso Emarsa por el presunto desvío de dinero por el tratamiento de lodos. Pese a esta sombra de sospecha sobre la gestión y la denuncia del PSPV a la fiscalía en 2013 sobre contratación irregular –que fue archivada-, el actual gerente, Enrique Lapuente, ha mantenido el mismo equipo directivo que en la etapa popular. Lapuente tampoco ha realizado un trabajo de “levantar alfombras” en una entidad que fue instrumento de financiación irregular de una presunta trama corrupta. La gestión y el servicio es lo primero, es la tesis del gerente que constantemente denuncia la falta de personal en la entidad. La Epsar tiene entre 40 y 45 empleados.

A preguntas del diario.es, el director general del Agua, Manuel Aldeguer, explicó que el pasado día 15 de junio se convocó una reunión con expertos de todas las comunidades autónomas para conocer los distintos modelos de gestión del saneamiento de aguas que se realizan en España. “La Epsar está desfasada en muchos casos, sobre todo en cuanto al control de la administración”, aseguró Aldeguer.

La Epsar no está formada por funcionarios sino por personal externo a la Generalitat que, en algunos casos muy llamativos y como denunció la Sindicatura de Comptes, no pasó ningún proceso de selección. La forma jurídica de la entidad permite “agilizar” los procesos de contratación a costa de la transparencia.

Además, la mayoría de los actuales cargos directivos provienen de empresas adjudicatarias de obras y explotaciones de la entidad. A modo de ejemplo, la secretaria del consejo de administración designada a dedo por el actual gerente, Sabela García, entró a la entidad tras abandonar Pavasal. El encargado de supervisar las depuradoras de la zona de Castelló, Antonio Basiero, proviene de Facsa, que opera el 98 % de las plantas de las comarcas del Norte de la Comunitat Valenciana que ahora vigila.

El pasado 28 de julio, el pleno del Consell aprobó la creación del puesto de subdirector general de Personal y Régimen Económico y Financiero de la Epsar. En realidad un puesto de funcionario empotrado en la entidad para “reforzar” la dirección de la empresa pública hasta que se produzca su liquidación al fusionarse con la Dirección General del Agua. Esta figura se creó, según la versión oficial de la Conselleria, por las dificultades administrativas que tiene la entidad para expropiar terrenos para la construcción de depuradoras.

También es cierto que, por primera vez desde su creación, un funcionario público de carrera entrará en la gestión del día a día de la Epsar. La conselleria y otros cargos políticos forman parte del consejo de administración, aunque algunos consejeros consideran que este control es insuficiente por lo que el nuevo subdirector general de Personal y Régimen Económico y Financiero será los ojos y oídos del departamento de Elena Cebrián en la Epsar.

Pero la elaboración de la ley no será un camino de rosas en la conselleria. De hecho, no es el primer encontronazo que tienen la Epsar y la Dirección General del Agua por las tensiones del mestizaje del Consell. La dirección general está gestionada por el PSPV y el gerente de la Epsar lo nombró Compromís, concretamente Verds-Equo. Habrá que ver en las competencias que se fusionarán cuánto poder mantiene cada uno de los socios del Gobierno valenciano.

El cost d'explotació de les 482 depuradores públiques que finança l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), va ser de 135,79 milions el 2016, segons ha informat aquest divendres la Conselleria de Medi ambient.

L'Epsar, dependent de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, ha publicat per primera vegada en la seua pàgina web el cost de funcionament de les plantes depuradores, l'empresa explotadora de cada instal·lació i la manera en què es financen.

Segons ha destacat la conselleria, “aquesta iniciativa se situa en la política de transparència aplicada per l'actual equip de gestió, que va marcar un punt d'inflexió en l'engegada del portal Epsar Oberta, al maig de 2016”.

El finançament de les plantes depuradores d'aigües residuals té tres modalitats: el finançament directe de les instal·lacioens que gestiona la mateixa Epsar, el finançament ordinari i el finançament per conveni.

A la gestió directa va destinar l'Epsar el 2016 un total de 78.88 milions d'euros. Al finançament ordinari va destinar 5,35 milions. I al finançament per conveni, 51,56 milions d'euros.

El coste de explotación de las 482 depuradoras públicas que financia la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), fue de 135,79 millones en 2016, según ha informado este viernes la Conselleria de Medio Ambiente.

La Epsar, dependiente de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, ha publicado por primera vez en su página web el coste de funcionamiento de las plantas depuradoras, la empresa explotadora de cada instalación y el modo en que se financian.

Según ha destacado la conselleria, “esta iniciativa se sitúa en la política de transparencia aplicada por el actual equipo de gestión, que marcó un punto de inflexión en la puesta en marcha del portal Epsar Oberta, abierto ya en mayo de 2016”.

La financiación de las plantas depuradoras de aguas residuales tiene tres modalidades: la financiación directa de las instalaciones que gestiona la propia Epsar, la financiación ordinaria y la financiación por convenio.

A la gestión directa destinó la Epsar en 2016 un total de 78.88 millones de euros. A la financiación ordinaria destinó 5,35 millones. Y a la financiación por convenio, 51,56 millones de euros.