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El gerente de Compromís en la Epsar defiende sobrecostes y obras sin control de su predecesor juzgado por corrupción

La consellera Elena Cebrián y el gerente de la Epsar, Enrique Lapuente.

Sergi Pitarch

El gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) nombrado por Compromís, Enrique Lapuente, no levantará las alfombras de la entidad que ahora dirige y que, según la fiscal del caso Emarsa, fue saqueada por una trama de corrupción con la presunta connivencia de uno de sus predecesores en la gerencia, José Juan Morenilla.

Pero Lapuente no solo ha dejado claro ya que no tirará de la manta sino que se ha convertido en el principal valedor de la gestión de Morenilla, al menos en la defensa de su gestión en la contratación de obras de emergencia y en el pago del pabellón valenciano para la Expo de Zaragoza -con un sobrecoste de casi 800.000 euros- y la limpieza del campo de regatas de la Copa América, con un gasto de un millón más de lo previsto.

El Consejo de Administración de la Epsar acordó en marzo de 2016 solicitar una auditoría sobre los contratos de emergencia celebrados por la entidad desde 2001 a 2010, la época en que estuvo gestionada por José Juan Morenilla, para quien la fiscal pide diez años de prisión. La intención de estas actuaciones era determinar si existen en ellos irregularidades que a su vez pudieran suponer indicios de delito.

Así y según las auditorías definitivas entregadas al consejo de administración, los interventores de la Generalitat han detectado numerosas salvedades sobre estos contratos de emergencia -una figura que se debería utilizar solo en catástrofes naturales y problemas de seguridad nacional-. De hecho, la Epsar utilizó esta figura legal entre 2001 y 2010 en 56 ocasiones con un montante de 109 millones de euros y unos sobrecostes del 37,35 %. Entre 2011 y 2016 esta figura solo se ha usado en una ocasión y la obra acabó costando menos de lo que se presupuestó.

Pese a estas llamativas cifras y la excepcionalidad de la figura de la contratación por emergencia, el actual gerente defiende que el abuso de esta manera de contratar en la etapa de Morenilla estaría convenientemente justificada. De hecho, la Epsar intenta rebatir todas las críticas de los interventores y justifica, incluso, que las contratistas que realizaron las obras de emergencia cobraran los gastos generales como si de una licitación normal se tratara, algo que cuestiona la legislación y los fiscalizadores públicos.

Los interventores consideran algunos gastos elevados y hasta “desproporcionados” en favor del contratista, pero Lapuente los justifica con todo tipo de argumentos y excusas para salvar la cara de los anteriores gestores -en muchos casos los mismos que ahora- y de la empresas concesionarias. Todo está bien para el nuevo gerente que no ha cambiado ni a uno solo de los cargos directivos que heredó de la etapa del PP.

En sus alegaciones, Lapuente también justifica los sobrecostes en los trabajos que la Epsar realizó para la Copa América en 2007 y para la Expo de Zaragoza en 2008. Los interventores aseguran en su informe que podrían haberse facturado trabajos no realizados en la limpieza del campo de regatas por la falta de control. En total, más de 127.000 euros cobrados de más. Pero Lapuente defiende a los contratistas y anteriores gestores y acusa a los auditores de hacer afirmaciones “poco realistas” y que todo se habría hecho correctamente.

En total, este servicio de la Epsar a la Copa América tuvo un incremento respecto al coste inicial de 933.237,24 euros, según los interventores sin justificiación suficiente.

La Epsar, que debe gestionar las depuradoras públicas, también se utilizó para pagar el pabellón de la Comunitat Valenciana en la Expo de Zaragoza 2008. Los auditores públicos encuentran todo tipo de salvedades y sobrecostes pero Lapuente también justifica y defiende todos y casa uno.

Los interventores revelan en su informe que la contratista a la que se adjudicó el contrato para montar el pabellón no cumplía las características técnicas y tuvo que subcontratar casi la totalidad de las obras, por lo que se generaron unos sobrecostes de más de 700.000 euros. La actual Epsar también justifica estas actuaciones. Los auditores censuran que la contratación unitaria limitó la libre concurrencia, pero el actual gerente defiende el proceso porque se realizó igual que si de la construcción de una depuradora se tratara.

La nueva Epsar realiza una defensa cerrada de la etapa de Morenilla.

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