El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha rechazado íntegramente el recurso con el que el eurodiputado ultra Alvise Pérez pretendía evitar el rastreo de información clave sobre la financiación de la campaña tras la que concurrió a las europeas de 2024. En un auto del 30 de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor confirma el rastreo policial de los monederos virtuales de criptomonedas y los requerimientos de información dirigidos tanto a su partido como al Tribunal de Cuentas que había acordado a petición del PSOE, personado como acusación popular.

El magistrado afirma que son “informes necesarios para asegurar la investigación” abierta al agitador ultra por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas semanas antes de la campaña de los citados comicios. Entre esas tres diligencias está la petición de un informe a la Policía para analizar los tres monederos de criptomonedas que ese empresario, Álvaro Romillo, creó para que Alvise pudiera recibir donaciones anónimas que le permitieran eludir el control del Tribunal de Cuentas. Romillo está imputado en este caso y también por una supuesta estafa con criptomonedas.

El Supremo rechaza el argumento de la defensa del eurodiputado, que pretendía anular este rastreo alegando que el político nunca dispuso de la “frase semilla”, una especie de clave maestra que permite acceder a los fondos. Y que, en consecuencia, “nunca ostentó la titularidad, posesión ni capacidad de disposición sobre dichos activos”. Antes de recibir el dinero, Alvise trasladó al empresario sus “necesidades”, entre las que citaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña, tal y como recogen los mensajes intercambiados entre ambos y como reveló elDiario.es.

Entre las diligencias acordadas, el juez reclamó también al representante legal de Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido creado por Alvise, la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las europeas en 2024.

Asimismo, figura el requerimiento de información al Tribunal de Cuentas para que aporte el informe de fiscalización y toda la documentación presentada por la formación sobre esos comicios. El magistrado defiende que las tres diligencias acordadas se acomodan al “objeto de esta causa”, según la autorización otorgada por la Eurocámara. El pasado mayo, el Parlamento Europeo votó a favor de retirar la inmunidad a Alvise para que pueda ser juzgado por este caso.

Además, el instructor tiene pendiente decidir todavía si acuerda el rastreo de sus movimientos bancarios personales desde el año 2023, tal y como reclamó el PSOE. En su escrito, la defensa de Alvise sostiene que sería una diligencia “totalmente prospectiva” y pide acotarla, en todo caso, a las fechas de los hechos. Esto es, entre el 9 de abril y el 9 de junio de 2024. El eurodiputado alega que ese fue el período en el que estuvo operativa la agrupación de electores SALF, que se acabó registrando después como partido político con el mismo nombre.

A este respecto, el magistrado precisa que la solicitud del PSOE para revisar esas cuentas “no se ha resuelto aún”. Por otro lado, el instructor del Supremo también descarta la pretensión de Alvise de concluir de manera inmediata la instrucción y pasar directamente a la fase de juicio oral. En su recurso, su defensa aludía a la “pena de banquillo” por la “exposición pública” y “constante afectación personal” que supone cada actuación judicial para el eurodiputado.

Atestado de la Policía

Tal y como desveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las compañías del empresario Álvaro Romillo para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños.

En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario, publicadas por este periódico, revelan que Alvise dijo que necesitaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para afrontar gastos electorales e indemnizaciones por juicios. A cambio, prometió al empresario que legislaría a favor del sector de las criptomonedas, dado que confiaba en ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.

Tras la apertura de la causa, el juez ofreció a Alvise declarar de forma voluntaria. Lo hizo en julio del año pasado, cuando reconoció que cobró esos 100.000 euros en “fajos” de billetes guardados en una “maleta de deporte negra” como contraprestación por su participación en un “evento” sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid. Y que el objetivo era poder “tener un extra” para “afrontar” su vida debido a la promesa de sortear su salario, algo que solo ha hecho con dos mensualidades.

Un informe de la Policía aportado a la causa concluyó que “no hay dato alguno” en las conversaciones que ambos mantuvieron que corrobore que el dinero era el pago por un trabajo. El atestado califica de “veraz” la entrega de esos 100.000 euros y afirma que su “génesis” se produjo siempre “bajo la motivación subyacente de financiar parte de la campaña electoral a la que concurría la agrupación SALF a las elecciones del Parlamento Europeo ocurridas en junio de 2024”.

Según el informe, el interés del empresario estaba relacionado con sus “expectativas de negocio” de cara a “involucrar” a los seguidores de Alvise como clientes de sus negocios, si bien “siempre fue consciente” de que sus acciones “conducirían” a financiar al político.

La transcripción de la declaración de Alvise ante el juez del Supremo evidencia que el agitador de extrema derecha se vio en apuros cuando el instructor le pidió que detallara en qué había gastado el dinero recibido del empresario. Alvise afirmó que inicialmente guardó el dinero en su domicilio y que ya había utilizado aproximadamente la mitad, mientras que el resto se encontraba en un lugar “seguro”, aunque no en su casa. Explicó que destinó parte de esos fondos a lo que él definió como gastos personales, entre los que citó “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”.

Ante esta respuesta, el juez le preguntó si ese uso no podía considerarse, en realidad, como una actividad vinculada a su formación, lo que supondría un indicio de financiación ilegal de partidos políticos. Alvise lo negó y alegó que él tenía “tres vidas diferentes”. “Tengo la vida como eurodiputado y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y tengo que organizar un evento en un hotel (...) utilizo el dinero del partido convenientemente, según la ley de financiación de partidos políticos (...); y cuando tengo que hacer viajes personales a conocer gente antes siquiera de que tuviéramos confirmado el partido político —que es diferente a la agrupación de electores— (...) utilizo mi dinero privado”, afirmó.

Uno de los remolques que el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, utiliza en su recorrido por el territorio español entregando el sistema de extinción de incendios Eco Fire lleva visible el logo de la Diputación Provincial de Huesca (DPH). La presencia del distintivo puede apreciarse en un vídeo difundido por el eurodiputado en sus redes sociales, en el que aparece junto a uno de estos remolques durante una de las entregas de este producto. En la imagen se aprecia el remolque de color rojo donde unas letras indican que es un equipo antiincendios de primera intervención y debajo lleva colocados los logos de la DPH y Eco Fire.

Fuentes de la DPH han explicado a elDiario.es que el carro “no es propiedad de la Diputación”, sino del inventor del sistema Eco Fire, César Sallén, natural de Binéfar (Huesca). Según la institución provincial se trata del mismo remolque que se utilizó durante la presentación pública del proyecto en Torla, en 2024, cuando el dispositivo todavía no estaba en funcionamiento y al que, para ese acto, se le colocó una pegatina con el logotipo de la DPH.

La Diputación sostiene que el vehículo que aparece en los vídeos publicados por Alvise Pérez no forma parte de los medios con los que cuenta actualmente el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS). Desde la institución creen que el propietario del carro pudo haberlo cedido posteriormente y “ha olvidado” retirar la pegatina de la institución.

Actualmente, la Diputación Provincial de Huesca dispone de cinco remolques Eco Fire en servicio, distribuidos estratégicamente por el territorio para reforzar la primera respuesta ante incendios forestales. Estos están distribuidos en Beranuy, para cubrir la zona Norte-Oriental; en Torla y San Juan de Plan, en el sector Norte-Central; y en Hecho y Agüero para la zona Occidental.

Por ello, la DPH insiste en que ninguno de esos cinco remolques es el que aparece en las imágenes difundidas por el líder de SALF. Además, subrayan que el vehículo no es propiedad de la institución, pese a conservar un logotipo oficial que identifica al servicio provincial de incendios.

Iniciativa en redes sociales

En las últimas semanas y ante la oleada de incendios que asola España, Alvise Pérez ha convertido este sistema en una de sus iniciativas más visibles en redes sociales. A través de sus perfiles asegura estar distribuyendo miles de litros de Eco Fire a distintos municipios del país. El dirigente afirma que ha adquirido 5.000 litros para ampliar el reparto y está en constante coordinación con alcaldes y ayuntamientos afectados por el fuego. Unas afirmaciones cuya veracidad está siendo objeto de comprobación por distintos medios especializados en verificación, como Maldita.es.

El Eco Fire es un sistema de apoyo a la extinción de incendios diseñado por el binefarense César Sallén. El dispositivo combina un remolque con depósito y autobomba con un agente extintor que es entre 50 y 100 veces más eficaz que el agua en tareas de extinción.

El producto se utiliza para la creación de cortafuegos y como aislante térmico. Crea una barrera que dificulta la propagación de las llamas y reduce la transmisión del calor, permitiendo a los equipos de intervención aproximarse con mayor seguridad al foco del incendio. Su promotor sostiene que, además, es un producto ecológico, orgánico y biodegradable, cuyas propiedades permanecen activas hasta que se registran precipitaciones superiores a diez litros por metro cuadrado.

Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha acordado este martes cursar suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, en relación a la causa abierta contra él tras una querella del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de coacciones o amenazas condicionales.

Según recoge el auto del instructor, los hechos objeto de querella vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones del ultraderechista en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como “@Alviseperez”, canal que aparece públicamente asociado a su nombre desde, al menos, el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025. En esos mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante, José Ignacio Landaluce Calleja, instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos.

Tras destacar en el auto varios de los mensajes señalados, el instructor indica que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1.

Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas al ultra Alvise Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por delitos de financiación ilegal de partido y por delito electoral por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.

Aparte de esas cuatro causas, Alvise Pérez tiene actualmente abiertas en el Supremo otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de COVID del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos en relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

El Tribunal Supremo ha abierto una sexta causa penal contra el eurodiputado de extrema derecha Luis 'Alvise' Pérez, esta vez acusado de instigar desórdenes públicos en las protestas agrícolas de febrero de 2024. Unos días en los que el agitador y líder de Se Acabó La Fiesta no solo apoyó las manifestaciones y tractoradas sino que promovió, desde su canal de Telegram con cientos de miles de seguidores, el uso de “grava y estiércol” para lanzar a los antidisturbios, así como anunciar un plan para “dividir” a las unidades policiales durante las protestas en Madrid.

Los jueces de la Sala de lo Penal explican que estos mensajes van más allá de un “discurso crítico frente al Gobierno” una convocatoria de protestas, protegidos por la libertad de expresión, ideológica y la participación política. “Tal protección no se extiende, sin más, a los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas que, por su número, organización, finalidad y riesgo generado, pueden integrar los presupuestos de los desórdenes públicos agravados”, afirma el Supremo.

Se trata de la sexta causa penal abierta contra el hoy eurodiputado, que también está imputado por el acoso y hostigamiento a sus dos eurodiputados y a la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia, por amenazas al alcalde de Algeciras y también por financiar de forma supuestamente ilegal su campaña a las últimas elecciones europeas con 100.000 euros en efectivo.

En este caso la causa llegada desde un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid pone el foco sobre los mensajes que Alvise difundió en su canal de Telegram en febrero de 2024 sobre las protestas con las que los agricultores llevaron sus reclamaciones por la situación del sector hasta las puertas del Ministerio. Manifestaciones que en ocasiones se tradujeron en disturbios y en las que Alvise Pérez intentó capitalizar poco después de tener un papel protagonista en las concentraciones de la calle Ferraz de noviembre de 2022 y pocas semanas antes de anunciar que se presentaba a las elecciones europeas donde consiguió tres escaños.

Entre otros mensajes emitidos esos días en su canal de Telegram, el hoy líder de SALF instó a buscar “el colapso total, masivo y coordinado” de Madrid durante las protestas. “Prometemos un febrero de fuego”, afirmó. También urdió planes para “reaccionar de forma operativa” a la Policía Nacional para lanzar “pacíficamente” bolas de “barro y pintura” a los antidisturbios. Vídeos de las protestas muestran que fue golpeado por antidisturbios en las inmediaciones del estadio Metropolitano en Madrid.

Los jueces dejan la investigación en manos de Carmen Lamela y explican que no imputan a Alvise por los comentarios violentos que sus seguidores dejan en su canal, sino por sus propias arengas a bloquear carreteras y enfrentarse a la Policía Nacional. “La imputación provisional no descansa en esos comentarios ajenos, sino en las publicaciones atribuidas al canal y en su aptitud para incitar públicamente a conductas de bloqueo, colapso y enfrentamiento con los poderes públicos”.

La primera mitad de 2026 ha dejado malas noticias para Luis 'Alvise' Pérez y su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en casi todos sus frentes. La formación de extrema derecha se ha presentado a las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía sin conseguir ni un solo escaño autonómico, aunque quedándose cerca en Zaragoza. Todo mientras el Tribunal Supremo y el Parlamento Europeo han impulsado las cinco causas penales abiertas contra su líder. La Eurocámara le ha retirado la inmunidad en varias investigaciones, una de ellas la más grave de todas las que pesan sobre Alvise: la financiación supuestamente ilegal de su partido con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

El agitador de extrema derecha y eurodiputado llegaba al ciclo autonómico de la primera mitad de 2026 como una de las grandes incógnitas electorales. Lo que se jugaba era si la resaca de los más de 800.000 votos que consiguió en las europeas de 2024 le serviría para conseguir representación política en Aragón, Castilla y León o Andalucía. Su partido SALF, después de renunciar a las extremeñas de diciembre del año anterior, concurrió a todos los comicios con candidatos desconocidos hasta la fecha y con una campaña centrada, como todo lo relacionado con la formación, en el propio Alvise, sus mítines y su canal de Telegram.

Pero tras su triunfo en Europa dos años antes, el primer asalto de Alvise y SALF a las instituciones españolas se ha saldado con un total de cero escaños conseguidos. La primera cita con las urnas fue el 8 de febrero en Aragón, donde el partido de Alvise rozó el palo y se quedó a unos poco votos de conseguir un escaño por la provincia de Zaragoza. Con casi 20.000 votos en toda la comunidad, el 2,92% de sufragios en Zaragoza dejó a SALF a un suspiro de entrar en las Cortes de Aragón con su candidata Cristina Falcón.

Un mes después, el 15 de marzo, tampoco hubo suerte en Castilla y León. Después de presentar un programa electoral tan calcado al de Aragón que había olvidado retirar las alusiones a Aragón en el documento, los de Alvise se quedaron muy lejos de conseguir un procurador en las nueve provincias de la región. Con algo más de 17.000 votos en general y el 1,4% aproximado de los votos, SALF no se acercó a los porcentajes de representación pública, quedando por debajo del 1% en territorios como Soria. Los números de la aventura electoral de SALF en la Andalucía natal de su líder tampoco valieron un escaño en San Telmo, pero reflejaron una mayor implantación de los de Alvise en ese territorio. Con más de 105.000 votos y un 2,5% de los sufragios totales, la extrema derecha de Luis Pérez llegó al 3% en la provincia de Málaga. Números por debajo de los 180.000 votos que consiguió en Andalucía en las europeas de 2024, pero relevantes de cara a las elecciones generales de 2027 y en su pelea electoral con PP y Vox.

No todo fueron malas noticias para Alvise en este ciclo electoral autonómico de la primera mitad de 2026. Además de la constatación de que los éxitos políticos de su partido, a día de hoy, dependen casi en exclusiva de la figura de su líder, SALF firmó victorias sugestivas. Tuvo más votos que Podemos en Castilla y León y Aragón y más que el Partido Aragonés, un histórico de las Cortes que por primera vez desde su fundación se quedó sin representación. El líder del partido y eurodiputado siempre ha dicho que su gran objetivo es entrar en el Congreso y por ahora las encuestas del CIS tampoco son optimistas. El último barómetro del mes de mayo deja a SALF en un 2,4% de estimación de voto, bastante más que en abril (1,7%) y marzo (2,1%), pisando los talones a Podemos.

Suspendida la inmunidad de Alvise

El fracaso de Alvise ha fracasado en su intento de conseguir representación en estas tres elecciones autonómicas pero el líder de SALF mantiene el sillón de eurodiputado en Bruselas que consiguió en los comicios de 2024. Aunque en esa cita con las urnas consiguió más de 800.000 votos y tres escaños, su grupo ha quedado reducido a la mínima expresión con sus dos antiguos compañeros de bancada acusando a Alvise de acoso y hostigamiento. Una de las cinco causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra él en este 2026.

El primer semestre de 2026 tampoco deja un balance judicial positivo para Alvise y Se Acabó La Fiesta. El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad que protege al agitador de extrema derecha para que pueda sentarse en el banquillo del Supremo en Madrid en dos causas. Por un lado está el hostigamiento que promovió contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, difundiendo su foto en su grupo de Telegram, donde llegó a acumular más de 720.000 seguidores y hoy está por debajo de los 600.000 suscriptores. Pero también se ha dejado vía libre para que sea juzgado por la causa más grave que tiene abierta: la presunta financiación ilegal de su partido para las elecciones europeas.

Tal y como reveló elDiario.es, el empresario Álvaro Romillo –conocido como CryptoSpain y hoy en prisión provisional por el hundimiento de sus negocios– entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez un día antes del comienzo de la campaña electoral europea. En su declaración como imputado, Alvise reconoció haber recibido el dinero pero para compensar que iba a sortear su sueldo de eurodiputado, una de sus grandes promesas electorales que dejó de cumplir hace tiempo. Tras la concesión del suplicatorio por parte de Bruselas, el juez tendrá que decidir si el líder de SALF se sienta en el banquillo, algo que sucedería antes de las próximas elecciones generales en caso de llegar un auto de procesamiento próximamente.

Otras tres causas permanecen abiertas contra él en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, todas relacionadas con su faceta de agitador. Sigue imputado por promover el hostigamiento contra los dos eurodiputados de su antiguo grupo después de que no votaran lo que él quería en asuntos relacionados con el rearme. También se ha abierto una nueva causa contra él por amenazar a José Antonio Landaluce, alcalde de Algeciras, con publicar pruebas de “comportamientos deshonrosos” si no dimitía. Y sigue en tramitación desde hace más de cinco años la primera causa penal que se abrió contra él por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.

Varios sospechosos por la PCR

Ese caso es el más antiguo que afecta a Alvise y ha tenido un avance significativo en los últimos días. Después de varios años de instrucción, la Policía Nacional ha podido examinar la información llegada desde Twitter en Estados Unidos y ha llegado a una conclusión: no puede saber quién fue el difusor original del bulo.

El juez del Supremo pidió información sobre la cuenta de Alvise pero también sobre un usuario de X llamado “AsdeTrebolesB” que, según explica la Policía, publicó el documento “minutos” antes que el agitador ultra. Todos los datos apuntan a un vecino de Oviedo llamado Juan Antonio G.C, a tenor sobre todo de la dirección de email que había detrás de la cuenta hoy suspendida, y que se presentaba como afiliado a Vox además de otras cosas como “Asturiano y español. Antirojo y antiindepe. AntiPodemos. Antimachista y antifeminazi”.

Aún así, con esos datos, la Policía subraya que “no es posible” certificar la autoría de ese primer tuit con la falsa PCR de Illa, ni al candidato ni a su pareja. “No se puede establecer sin género de dudas que hayan sido ellos”. Falta, por ejemplo, datos sobre las direcciones IP o cuántas personas tenían acceso a esa cuenta de X.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por un caso de financiación ilegal.

Los europarlamentarios de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara que estudiaron este caso ya habían decidido la semana pasada que la protección de Alvise fuera suspendida por 20 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra.

Esta es ya la segunda vez que la Eurocámara acuerda por mayoría levantar la inmunidad a Alvise Pérez. En la anterior ocasión fue para que sea juzgado por el Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.

En el caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

Alvise contactó con Romillo, apodado 'CryptoSpain', para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio de 2025. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El Ministerio Público dejó claro que no se quedó convencido con las explicaciones de Alvise y explicó que había “indicios racionales de criminalidad”. En medio año de diligencias la Policía concluyó que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que pasó de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir que era para hacer frente al sorteo de su sueldo.

“Ocultando los gastos electorales”

La Fiscalía destacó que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, Se Acabó La Fiesta nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacó el dinero para financiar la candidatura.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. El juez acordó el procesamiento de Romillo y otros nueve procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores.

Además se le ha atribuido a Romillo un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros. El magistrado instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria” mediante “la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica” en los ejercicios 2023 y 2024.

En el caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

Otras causas pendientes de Alvise

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada contra el eurodiputado en el Supremo ha sido por parte del alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario por parte del político ultra contra el regidor.

El partido de Alvise Pérez se fue de vacío de las elecciones en Andalucía del pasado domingo. Es la tercera vez que Se Acabó la Fiesta no logra representación en unas elecciones autonómicas, pero en esta ocasión ha conseguido sumar más de 105.000 papeletas y un 2,5% del voto en la tierra del eurodiputado. Alvise lo ha celebrado apuntando a las generales: “Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”.

El partido de Alvise Pérez se va de vacío de las elecciones en Andalucía. Es la tercera vez que Se Acabó la Fiesta no logra representación en unas elecciones autonómicas, pero en esta ocasión ha conseguido sumar más de 105.000 papeletas y un 2,5% del voto en la tierra del eurodiputado. Pérez lo ha celebrado apuntando a las generales: “Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”

En las elecciones europeas de 2024, el partido de Alvise consiguió ser cuarta fuerza en esta comunidad con más de 180.000 papeletas (6.21%), 30.000 más que Sumar. Esta vez es la quinta fuerza en votos totales y le superan, además de PP, PSOE y Vox, también Adelante Andalucía (con el 9,58% de los votos y 386.000 sufragios) y Por Andalucía (más del 6% y 254.000).

La provincia en la que mejor le ha ido a la candidatura encabezada por Adrián Yacar ha sido Málaga, donde se ha hecho con el 3% de los sufragios. En cambio, su peor porcentaje está en Jaén, con el 1,6%.

En Sevilla ciudad, donde nació Pérez, es la sexta fuerza con casi 8.000 votos, muy lejos de Por Andalucía, quintos con 24.000.

Se Acabó la Fiesta ya rozó el escaño por Zaragoza con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia. Le fue peor en su segunda intentona, en Castilla y León, donde se quedó como sexta fuerza por número de votantes con más de 17.000 papeletas.

El eurodiputado tiene varios frentes judiciales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es.

Hace solo una semana, el Supremo pidió al Parlamento Europeo que le levantase la inmunidad para investigar la denuncia de acoso a sus dos eurodiputados. Ya se le ha retirado para que sea juzgado por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado rebajar de 20.000 a 10.000 euros la condena contra el eurodiputado Alvise Pérez por una publicación en X, antes Twitter, en la que se refería al exministro José Luis Ábalos como parte de una “mafia”. Un juzgado madrileño había condenado al agitador ultra por vulnerar su derecho al honor y una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, pero ahora los magistrados han estimado parte del recurso del agitador ultra y han revocado esta última. Todavía cabe recurso de casación ante el Supremo.

La publicación se produjo en 2020, cuando a Alvise Pérez todavía le quedaban cuatro años para que 800.000 votos le llevasen hasta el Parlamento Europeo. Pérez difundió varias fotografías del ministro en una cafetería con un hombre al que identificaba como un abogado —en realidad no era él, sino el director general de una empresa pública— y lo acompañó con la frase: “Se acabó el miedo ante la MAFIA que está llevando España a la ruina”. Un juzgado madrileño concluyó que el comentario buscaba “su desprestigio” y entendió que el encuentro “no tenía interés público alguno” al pertenecer al ámbito privado. En consecuencia, sentenció que debía abonar 10.000 euros de indemnización por vulneración de su derecho al honor y otros 10.000 por una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. En total, 20.000 euros.

La defensa de Pérez recurrió y argumentó que no era un encuentro privado entre dos amigos, sino “una reunión en horario laboral en día laborable” entre dos personas con relevancia pública. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que debe prevalecer el derecho al honor de Ábalos frente a la libertad de expresión del ahora eurodiputado porque “el juicio de valor debe emitirse sobre una base fáctica suficiente”, algo que en este caso no ocurrió. “Si los hechos denunciados y publicados hubieran sido ciertos, debería prevalecer la libertad de expresión frente al derecho del honor del demandante, pero concurren otras circunstancias que permiten valorar que en este caso concreto se produjo una intromisión ilegítima en el derecho al honor”, señalan.

La noticia que difundió era que “un abogado relacionado con casos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico” estaba “regañando al ministro”, algo que no se correspondía con la realidad. A esto se suma —añade la sentencia— que no llevó a cabo“ ninguna actuación razonable para comprobar la veracidad de estos hechos” antes de publicarlos en su cuenta e “incluso cuando se desmintió por otros medios” siguió manteniendo que la persona fotografiada era dicho abogado.

En cambio, la Audiencia de Madrid corrige la sentencia previa en cuanto al derecho a la propia imagen y considera que no se vulneró, aunque las fotografías fuesen obtenidas sin su consentimiento. La Sala mantiene que Ábalos en ese momento tenía un cargo en la Administración, estaba en un lugar abierto al público y las imágenes no estaban manipuladas. Y, según su criterio, su publicación “tenía interés informativo” en la medida en que “era la forma de acreditar los hechos que se denunciaban”.

“La difusión de estas fotografías que eran supuestamente la prueba en la que se fundaba su crítica política permitió al demandante acreditar la falta de veracidad de los hechos en los que se asentaba e identifica correctamente a la persona con la que se le había relacionado”, añade. De esta forma, deja sin efecto el pago de esa indemnización y se reduce a 10.000 euros el importe que debe abonar el demandado.

Un año agitado para Alvise

El Parlamento Europeo ha votado a favor de la retirada de su inmunidad para que la justicia española pueda continuar la investigación que le abrió el Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. También está pendiente la tramitación de otro suplicatorio por delito electoral y de financiación ilegal de partido político vinculados a la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña para las elecciones europeas.

Mientras navega por esta marejada judicial, Alvise Pérez ha probado suerte en las elecciones autonómicas. De momento no ha conseguido ningún asiento ni en Aragón ni en Castilla y León, aunque en el primer caso rozó el escaño por Zaragoza y logró 17.000 votos, solo mil menos que IU-Sumar. La siguiente parada es Andalucía, con un policía como candidato.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert. La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, donde se estudió el caso, había decidido la semana pasada que esta protección fuera suspendida al eurodiputado ultraderechista por 16 votos a favor y uno en contra.

En este caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

“Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, añadía el ultraderechista en uno de sus mensajes. La investigación constató que en dicho canal se realizaron hasta 1.500 comentarios “con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia”.

En la apertura de diligencias el Supremo apuntó que sus mensajes muestran “que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima”. Según argumentaron los jueces, este acoso se fundamentaba “a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto”.

Otras causas de Alvise en el Supremo

El Tribunal Supremo tienen otras cuatro causas abiertas contra el europarlamentario de ultraderecha. Por un lado, hay un caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, en el que el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Álvaro Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo es el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. Este caso también está siendo estudiado por la Eurocámara para decidir si levanta la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por el Supremo.

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada con el eurodiputado en el Supremo ha sido por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE contra él. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario del político ultra.

Alvise Pérez presentó el pasado 12 de octubre su candidatura a las elecciones generales de España, que están previstas para 2027. En este acto aseguró que las investigaciones del Tribunal Supremo son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha atribuido un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo, que se une a otros delitos por los que se encuentra procesado como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria”. Y precisa que habría sido en los ejercicios 2023 y 2024, “tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica”.

Calama indica que las cuotas supuestamente defraudadas del IRPF ascenderían a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024, mientras que del Impuesto sobre el Patrimonio se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 en 2024. A su juicio, “concurren los elementos subjetivos del delito, en tanto la conducta descrita revela la existencia de dolo defraudatorio”.

Habría consistido —indica— en “la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable, discrepancia interpretativa o negligencia, supuestos que carecen de relevancia penal”.

Mantiene a Romillo en prisión provisional

El juez también acuerda mantener todas las medidas cautelares acordadas para los procesados —Romillo y nueve personas más—, al no apreciar circunstancias para modificarlas.

Respecto al empresario, alias 'CryptoSpain' y que se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre por esta causa, mantiene esa medida para “evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva”, añadiendo que “el escaso tiempo transcurrido desde su adopción, apenas un mes, no determina por sí solo cambio alguno”.

Calama subraya que un informe de Hacienda es la “única diligencia de investigación practicada que supone la modificación de los hechos expresados” en el auto de procesamiento del pasado diciembre, que apreciaba presuntos delitos masa de estafa y organización criminal, a los que ahora añade el de contra la Hacienda Pública.

En dicha resolución, el magistrado calificó a Romillo como presunto cabecilla del entramado de la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión en criptomonedas.

Fue entonces cuando acordó el procesamiento de los diez procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores, entre ellos representados por Aránguez Abogados.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, para investigar la querella presentada contra él por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó contra él el PSOE. La querella que ahora ha admitido el alto tribunal se formuló por delito de coacciones y por delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario, y el Supremo, según indica en un auto, ha apreciado indicios de este segundo delito. El tribunal ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Antonio del Moral.

“El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales del artículo 169.1 del Código Penal”, señalan los magistrados.

Para el Supremo, de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que el querellado habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían al querellante comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión del querellante de su cargo de alcalde.

Según el auto, la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar, en este momento procesal, la concurrencia de los elementos objetivos característicos del artículo 169.1 del Código Penal, en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor.

Por el contrario, no aprecia indiciariamente acreditado el delito de coacciones de la querella, que exige una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación idónea para impedir o compeler. Añade que ello no excluye que el resultado de la instrucción pudiera eventualmente justificar una ulterior reconsideración en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, pero, en este estadio inicial, el encaje provisional más ajustado es el del art. 169.1 CP (delito de amenazas condicionales).

En consecuencia, apreciando la concurrencia de indicios cualificados y suficientes conforme al estándar reforzado exigido en causas contra aforados, la Sala procede a la admisión a trámite de la querella y la incoación del correspondiente procedimiento, “sin que ello suponga anticipar juicio alguno sobre la culpabilidad del querellado ni prejuzgar la definitiva calificación jurídica de los hechos, que quedará supeditada al resultado de la instrucción”, concluye la resolución.

Se trata de la quinta causa abierta por el Supremo al citado eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) en el último año. En dos de las cuatro que están ya abiertas el tribunal ha dirigido suplicatorio al Parlamento europeo para continuar con los procedimientos.

En el PP están contentos porque Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones en Castilla y León con dos escaños más, pero sobre todo, porque Vox venía a por todas pero solo sube un diputado. La noche electoral de este domingo dejó además lágrimas de alegría en la sede del PSOE. Los socialistas, que llevan 39 años en la oposición en Castilla y León, celebran como un triunfo haber pasado de 28 a 30 escaños después de dos sangrías consecutivas y recientes en Aragón y Extremadura. A su izquierda ninguna fuerza ha conseguido representación en las Cortes.  

Con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, analizamos quién sale mejor y quién peor de esta cascada de elecciones autonómicas que el PP quiso que fueran separadas pero revueltas, a un par de meses antes del final de este trayecto autonómico: Andalucía. Y nos preguntamos si hay más o menos opciones para un adelanto de las elecciones generales.

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido 24 horas después de las elecciones autonómicas en Castilla y León en que quieren entrar en los tres gobiernos autonómicos que están en el aire: el de María Guardiola en Extremadura, el de Jorge Azcón en Aragón y, ahora, también el de Alfonso Fernández Mañueco. Abascal ha cargado contra las negociaciones que lleva a cabo el PP en estos tres territorios y ha apuntado a Feijóo: “Mañueco dice una cosa y Feijóo la contraria. Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste (…) Yo tengo que decir a Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar en las tres regiones. Pero antes de afrontar eso, queremos una negociación medida a medida con plazos de cumplimiento”, ha repetido.

El líder de Vox lleva meses estirando el diálogo con el PP para no llegar a acuerdos en medio del carrusel electoral. Ahora, ha vuelto a decir que “lo importante es saber si hay espacio para un entendimiento en torno a un programa de gobierno” y, solo cuando eso se cumpla, se hablará de la entrada en ejecutivos de coalición. Cuestionado por los periodistas sobre si la decisión de formar coaliciones con el PP es firme, Abascal ha respondido: “Si hay un acuerdo programático medida a medida, sí. Si no, no”.

Feijóo ha salido a hablar casi a la vez que Abascal desde la sede nacional del PP para criticar el “bloqueo” de la extrema derecha y asegurar que ahora “corresponde” llegar a un entendimiento entre ambas fuerzas. “O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría o se hacen coaliciones de bloqueo con el sanchismo”, ha dicho el líder del PP.

Horas antes, el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, había señalado que una “buena base” para dialogar con Vox sería el documento que firmó en 2022 para formar un gobierno de coalición (y que acabó en fracaso), aunque ha dicho que su opción prioritaria es un ejecutivo en solitario. “Tenemos que hacer un proyecto de futuro y, por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace cuatro años entre el PP y Vox”, ha dicho en alusión al pacto que firmó entonces con el dirigente de Vox Juan García-Gallardo, por el que accedió al gobierno regional.

El candidato de Vox, Carlos Pollán, también ha arrancado su ronda de entrevistas de este lunes abierto a negociar. Pollán parece haber rebajado el tono con Mañueco, al que el jueves en el debate y también en el cierre de campaña — al igual que Abascal— exigían pedir perdón por decir que a Vox le gustaría “tirar seres humanos al mar”. Ya en ese momento, Abascal dijo que era “del género tonto” hacer esas acusaciones a Vox cuando, según todas las encuestas, iban a ser llave de gobierno.

La división de la extrema derecha fue una de las claves de los resultados electorales en Castilla y León. Vox mejoró sus resultados, pero se quedó lejos de las expectativas con 13 procuradores mientras que el PSOE no solo salvó los muebles sino que consiguió sumar dos asientos más en las Cortes. Los datos muestran que —a falta del recuento definitivo con el voto exterior— Vox se quedó cerca de arrebatar al PSOE tres escaños en tres provincias y los votos de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise, que se quedó sin representación, podrían haber sido claves de haber ido a parar al partido de Santiago Abascal.

En Zamora, Vox se quedó a 284 votos de arrebatarle un escaño al PSOE. En esa provincia SALF tiene 895 papeletas que se quedarán sin representación. En el caso de Valladolid, el escenario es muy parecido: la extrema derecha está a 1.698 votos de conseguir quitarle un asiento a los socialistas y allí la formación de Alvise suma en este momento 4.436 votos.

La batalla por el último escaño en Castilla y León 2026

Número de votos que necesita un partido para robar un escaño a la última candidatura que lo consiguió en cada provincia de las elecciones autonómicas de Castilla y León

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Es más difícil hacer esa traslación en el caso de Segovia, donde Vox está a 1.067 votos de arrebatarle el procurador al PSOE pero SALF tiene 1.195 papeletas. Suponiendo que todas ellas hubieran ido a parar a Vox en caso de no presentarse el partido de Alvise, Vox hubiera alcanzado ese escaño.

En total, 3.000 votos clave que podrían haber cambiado el resultado electoral. El PSOE no hubiera conseguido mejorar su marca sino que hubiese perdido un procurador, mientras que Vox se habría disparado con cuatro escaños más de los que tiene actualmente, en el escenario más favorable.

Alvise Pérez ha cargado contra Abascal precisamente por la “supuesta pérdida de escaños” de Vox: “Hace 18 meses dijiste que SALF con más de 800.000 votos era 'penoso y residual', y no te preocupaba. Hace 6 meses desautorizaste a Ignacio Garriga [secretario general de Vox] rechazando una reunión porque «Alvise cuanto más lejos mejor» (sic). Hoy me acusáis de vuestra supuesta pérdida de escaños, como si los votantes fueran vuestros o quisieran solo votarte a ti”, se queja el eurodiputado. Y añade: “¿Tantas décadas en el PP no te dejan ver con claridad que eres tú quien le está haciendo un favor a Sánchez, y no quienes hemos logrado imputar judicialmente a medio Gobierno?”.

El partido del agitador ultra Alvise Pérez vuelve a irse de vacío de unas elecciones autonómicas. Se Acabó La Fiesta (SALF) no ha logrado entrar en las Cortes de Castilla y León con el 1,40% de los votos con casi el 100% del escrutinio. Se ha quedado más lejos que en Aragón, donde rozó el escaño por Zaragoza. El escenario que dibujan las urnas es que, de nuevo, el PP es la primera fuerza pero va a necesitar a la extrema derecha de Vox para llegar a la mayoría absoluta. El PSOE revierte la tendencia de las elecciones de Aragón y Extremadura y, en este caso, no solo resiste sino que gana dos procuradores.

Estos resultados sitúan a SALF como sexta fuerza en Castilla y León por número de votantes con más de 17.000, pero en global tiene por delante a seis partidos: hay dos, Por Ávila y Soria Ya, que entran en las Cortes con menos sufragios totales. La formación de Alvise Pérez queda por delante de Podemos, que tiene 9.000 y el 0,74%, y por detrás de IU-Sumar, que tiene más de 27.000 papeletas y tampoco logra representación con el 2,23% de los sufragios. El partido de Alvise es quinta fuerza en las provincias de Valladolid, Salamanca, Segovia y Soria.

En las elecciones europeas de 2024, el partido de Alvise consiguió ser la cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4% de los votos, solo por detrás de PP, PSOE y Vox, aunque en esos comicios no participaban partidos regionalistas como UPL o Por Ávila. En esta comunidad SALF se hizo con casi 43.000 papeletas de las 800.000 que logró en todo el Estado.

Campaña accidentada con la mirada en las generales

La campaña de Se Acabó La Fiesta en Castilla y León, con la abogada Lucía Echevarrieta como candidata, empezó con un traspiés: el partido calcó el programa electoral de Aragón y se le olvidó borrar parte de las referencias a “los aragoneses”. En el documento se leían frases como “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para quien emprende” y “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”.

Las aventuras autonómicas del agitador ultra son la antesala a su expectativa de presentarse a elecciones generales, previstas para 2027. Su recetario toma como referentes a dirigentes ultras como el argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele y promete una deportación masiva de inmigrantes, la creación de una macrocárcel y bajadas de impuestos.

El eurodiputado tiene cuatro frentes penales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es. En enero, además, tuvo que declarar ante el Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso contra sus propios eurodiputados.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este martes la imposición de una sanción al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez Fernández 'Alvise' por grabar al eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar y lanzar comentarios despectivos contra él en redes sociales.

Metsola ha señalado que Alvise ha sido sancionado por “grabar durante una sesión plenaria a otro eurodiputado sin su consentimiento y posteriormente emitir el vídeo en las redes sociales con comentarios despectivos”.

La sanción contra el eurodiputado ultra será la pérdida de unos 3.500 euros, ya que consiste en la eliminación durante diez días del cobro de la dieta diaria, y una suspensión temporal para acudir al pleno de la Eurocámara durante cuatro días.

El Parlamento Europeo ya sancionó a Alvise por ocultar sus ingresos en su declaración de bienes después de tomar posesión como eurodiputado. La decisión de la presidenta de la Eurocámara fue suspender las dietas de estancia durante dos días, por lo que infringir el código de conducta solo le costó 700 euros. 

Alvise está a la espera de la resolución de la Eurocámara de dos procedimientos para decidir si pierde la inmunidad que le otorga su condición de parlamentario europeo, tras sendas peticiones del Tribunal Supremo.

Las causas por las que el Alto Tribunal ha pedido acabar con la inmunidad de Alvise son por acosar a la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València, a la que hostigó con varios mensajes en Telegram, y por financiación ilegal de su candidatura a los últimos comicios europeos.

Además, Alvise también tiene otras dos causas en el Supremo. Está acusado de acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, registró su participación para las elecciones de Castilla y León justo el último día del plazo legal: el 9 de febrero, un día después de los comicios autonómicos en Aragón. La sucesión de fechas es relevante para SALF, porque el “contrato electoral” —que ya ha eliminado de su web—, como así llaman a su programa, es prácticamente idéntico para ambas comunidades, hasta el punto de que se fusionan: “Castilla y León recuperará su orgullo y los aragoneses recuperarán las riendas de su destino. ¡Vamos a por ello, juntos!”.

Castellanos y leoneses orgullosos y aragoneses dueños de su destino: una aspiración muy noble la que propone SALF, si no fuera porque al equipo encargado de editar el programa electoral se le ha olvidado retirar el “aragoneses” hasta en trece ocasiones. Con una simple búsqueda con el comando Control+F en cualquier lector de PDF, el listado aparece. Tampoco han cambiado las fechas de las elecciones de Aragón, que fueron el 8 de febrero.

SALF ha arrastrado las cuestiones troncales de Aragón a los problemas de Castilla y León. Por ejemplo, en el apartado económico se afirma que “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para quien emprende”. Más adelante, al hablar de formación profesional, se propone adaptar la oferta a lo que demandan “las empresas aragonesas”.

En el bloque de servicios públicos, el documento recoge, aunque tachado, que entre un 5 % y un 10 % del “territorio aragonés” no dispone de conexión adecuada y asegura, además, que “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”. Se anuncia incluso la ampliación del transporte metropolitano en Zaragoza, Huesca y Teruel, ciudades que, salvo una fusión de autonomías, no forman parte de la comunidad a la que se dirige el programa.

En sanidad, la preocupación de Alvise pasa porque “ningún aragonés espere más de 30 días” por una consulta especializada, sin duda una meta que en todo el territorio nacional debería alcanzarse, pero no desde la Sacyl para Aragón. También se propone una historia clínica electrónica única para “todo el sistema público aragonés”, además de conciertos con “clínicas privadas aragonesas”. En materia de infraestructuras sanitarias, SALF promete acometer las obras pendientes, como el nuevo Hospital de Alcañiz, en Teruel.

“Defensa sin complejos del campo aragonés”

El programa de SALF incluye políticas centradas en el medio rural. En concreto, la “defensa sin complejos del campo aragonés” y la simplificación de “los trámites ante INAGA”, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Además, en la contratación pública también se priorizará el producto local aragonés. En materia de soberanía energética para Castilla y León, el partido de Alvise propone un “canon aragonés” para las empresas que quieran instalar parques eólicos o plantas fotovoltaicas.

En el programa de Alvise también hay medidas que confunden competencias y extralimitan las capacidades de las comunidades, como en materia de inmigración, cuando se anuncia un “mayor plan de deportación de inmigrantes ilegales” y la identificación y expulsión rápida de personas en situación irregular. Esta competencia es exclusiva del Estado, no de la Junta de Castilla y León.

También propone una tarifa autonómica del IRPF del 0 % para rentas inferiores a 35.000 euros. Las comunidades pueden modificar el tramo autonómico del impuesto, pero no eliminar el IRPF en su conjunto, al tratarse de un tributo estatal parcialmente cedido. Asimismo, plantea una reforma del Estatuto de Autonomía para introducir límites a la presión fiscal y al endeudamiento. El propio texto reconoce que ello requiere una ley orgánica en las Cortes Generales y, por tanto, una mayoría nacional.

Para Castilla y León, SALF presenta a la burgalesa Lucía Echevarrieta como candidata a la Presidencia de la Junta por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos. Además, SALF integrará a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, tras pedir más democracia interna.

El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por relacionar al diputado socialista Javier Alfonso Cendón con el conocido como 'caso Mediador', la presunta trama de corrupción que habría liderado el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, alias 'Tito Berni'. En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal no aprecia indicios de responsabilidad penal de 'Alvise', aforado por su condición de eurodiputado. El asunto fue elevado al Supremo por un juzgado de Castilla y León, después de que Cendón denunciase a 'Alvise'.

Lo hizo, en concreto, después de que el líder de Se Acabó la Fiesta publicase en su canal de Telegram un mensaje en el que “indirectamente se le vincula con el 'caso Mediador'”. “Tercera identidad: Javier Alfonso Cendón, Secretario General del PSOE en León, Diputado Nacional y portavoz de Ciencia e Innovación en el Congreso. Que divertido va a ser ir uno por uno”, escribió. El alto tribunal reconoce que el contenido de ese mensaje “puede ser considerado una fuente de afectación del buen nombre del denunciante y, en su caso, de responsabilidad, pero no penal”.

El Supremo considera que “la fórmula empleada es demasiado abierta y no precisa qué concreto comportamiento ilícito o reprochable se atribuye a Cendón, lo que impide formular un juicio de tipicidad que, aun provisorio, pueda resultar suficientemente consistente para decidir la apertura del proceso y, además, reclamar de la Cámara Europea autorización para someter al mismo al denunciado”. Es por eso que la Sala de lo Penal aclara que “la no incoación del proceso penal deja expedita la vía de ejercicio de acciones de naturaleza civil en defensa del derecho que se considere lesionado” el diputado del PSOE.

Este mismo jueves se ha conocido que el Supremo ha rechazado igualmente abrir una causa contra Alvise por la publicación de las conversaciones privadas que fueron intervenidas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el marco de la 'operación Kitchen'.

Según la misma Sala de lo Penal, la difusión de chats intervenidos judicialmente y expurgados puede justificar que se investigue el circuito de filtración y sus responsables “pero, en lo que se refiere al aforado, los elementos aportados no proporcionan, por sí solos, una base bastante” como para abrir una causa.

Cabe recordar que el Supremo ya tiene abiertas contra 'Alvise' cuatro causas: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

La titular del Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, Sonia Agudo Torrijos, ha imputado al agitador ultra Vito Quiles por difundir la dirección de la casa de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Vito Quiles, que fue en las listas del partido de Alvise Pérez en las elecciones europeas, está citado a declarar por un delito de revelación de secretos el próximo 7 de abril, según una resolución adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Corredor fue ministra de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Vito Quiles fue contratado por el PP para participar la semana pasada en el acto de cierre de campaña del partido en Aragón, donde intervinieron el candidato Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo. 

En su querella, Corredor denuncia que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. 

La querella aporta un informe de la seguridad de Red Eléctrica que confirma la presencia de Vito Quiles y la intervención de la Policía Nacional en el domicilio de Corredor el 30 de abril de 2025. La defensa de Vito Quiles, que ejerce el penalista Juango Ospina, considera que los hechos “no tienen relevancia penal” y ha reclamado el archivo de las diligencias. 

La jueza Sonia Agudo Torrijos, asumió la causa el pasado mayo y citó a declarar a Vito Quiles el 18 de septiembre. El agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al encontrarse en “paradero desconocido”, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación. Finalmente, el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer en noviembre para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”. 

La jueza de guardia acordó el pasado 8 de mayo el bloqueo provisional de los enlaces específicos en X y Telegram donde se revelaba el domicilio de Corredor. Pero los abogados de la presidenta de Red Eléctrica denunció que meses después las publicaciones seguían accesibles y acumulando visualizaciones. Reclamaron entonces que se le requiriera personalmente a Vito Quiles el borrado, pero la jueza rechazó la medida el pasado octubre al considerar que el bloqueo era una medida “suficiente”. 

Se Acabó la Fiesta, la formación del eurodiputado ultra Luis Pérez Fernández 'Alvise', se presentará a las elecciones de Castilla y León, según ha confirmado él mismo en su grupo de Telegram. Según adelantó hace unas semanas Burgos Noticias, la burgalesa Lucía Echevarrieta, será la candidata a la Presidencia a la Junta de Castilla y León por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos.

Además, SALF va a integrar a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León. Según ha anunciado, el presidente de Avanza en Libertad (que es la excisión de Vox), el procurador Javier Teira, su asociación se integrará en la candidatura del partido de Alvise para Castilla y León, por “tratarse de la única fuerza política que asume la aplicación del programa político que la entidad defiende”, como ha indicado en un comunicado.

Para Teira, que va de cabeza de lista por Salamanca, “lo importante es contar con fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León que estén dispuestas a defender los intereses de la región, más allá del puro tacticismo político para impulsar la carrera personal de sus líderes hacia la Moncloa”. Asimismo, también por la provincia de Burgos, la otra exprocuradora de Vox expulsada, Ana Rosa Hernando, formará parte de la lista que encabeza Echevarrieta.

Desde Avanza en Libertad han indicado que la integración en SALF como independientes pasa porque Alvise es el único que ha incorporado sus propuestas.

Después de obtener 17.000 votos en Aragón, y rozar el escaño en Zaragoza con el con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia para obtener un representante. El partido de Alvise intentará irrumpir en la escena política de Castilla y León. Eso sí, en esta Comunidad es el porcentaje de votos necesario para obtener un procurador para las Cortes es más complicado.

En las únicas elecciones en las que hasta la fecha ha participado el partido de Alvise, las Europeas del 2023, se quedaron como cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4,03% de los votos después de PP, PSOE y Vox, logrando 42.791 apoyos a su candidatura. Sus mejores números los obtuvo por las provincias de Valladolid (4,52%), Segovia (4,39%), Ávila (4,19%), León (4,02%), en unas elecciones sin presencia de fuerzas locales representativas como UPL o Por Ávila.

Pero el partido de Alvise debería subir sus apoyos, ya que en los repartos de procuradores por las provincias siempre son por encima del 5% en el mejor de los casos. En 2022, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, Ciudadanos obtuvo un procurador con el 6,91% de los votos —18.801 apoyos—.