El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha atribuido un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo, que se une a otros delitos por los que se encuentra procesado como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria”. Y precisa que habría sido en los ejercicios 2023 y 2024, “tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica”.

Calama indica que las cuotas supuestamente defraudadas del IRPF ascenderían a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024, mientras que del Impuesto sobre el Patrimonio se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 en 2024. A su juicio, “concurren los elementos subjetivos del delito, en tanto la conducta descrita revela la existencia de dolo defraudatorio”.

Habría consistido —indica— en “la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable, discrepancia interpretativa o negligencia, supuestos que carecen de relevancia penal”.

Mantiene a Romillo en prisión provisional

El juez también acuerda mantener todas las medidas cautelares acordadas para los procesados —Romillo y nueve personas más—, al no apreciar circunstancias para modificarlas.

Respecto al empresario, alias 'CryptoSpain' y que se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre por esta causa, mantiene esa medida para “evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva”, añadiendo que “el escaso tiempo transcurrido desde su adopción, apenas un mes, no determina por sí solo cambio alguno”.

Calama subraya que un informe de Hacienda es la “única diligencia de investigación practicada que supone la modificación de los hechos expresados” en el auto de procesamiento del pasado diciembre, que apreciaba presuntos delitos masa de estafa y organización criminal, a los que ahora añade el de contra la Hacienda Pública.

En dicha resolución, el magistrado calificó a Romillo como presunto cabecilla del entramado de la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión en criptomonedas.

Fue entonces cuando acordó el procesamiento de los diez procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores, entre ellos representados por Aránguez Abogados.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, para investigar la querella presentada contra él por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó contra él el PSOE. La querella que ahora ha admitido el alto tribunal se formuló por delito de coacciones y por delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario, y el Supremo, según indica en un auto, ha apreciado indicios de este segundo delito. El tribunal ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Antonio del Moral.

“El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales del artículo 169.1 del Código Penal”, señalan los magistrados.

Para el Supremo, de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que el querellado habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían al querellante comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión del querellante de su cargo de alcalde.

Según el auto, la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar, en este momento procesal, la concurrencia de los elementos objetivos característicos del artículo 169.1 del Código Penal, en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor.

Por el contrario, no aprecia indiciariamente acreditado el delito de coacciones de la querella, que exige una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación idónea para impedir o compeler. Añade que ello no excluye que el resultado de la instrucción pudiera eventualmente justificar una ulterior reconsideración en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, pero, en este estadio inicial, el encaje provisional más ajustado es el del art. 169.1 CP (delito de amenazas condicionales).

En consecuencia, apreciando la concurrencia de indicios cualificados y suficientes conforme al estándar reforzado exigido en causas contra aforados, la Sala procede a la admisión a trámite de la querella y la incoación del correspondiente procedimiento, “sin que ello suponga anticipar juicio alguno sobre la culpabilidad del querellado ni prejuzgar la definitiva calificación jurídica de los hechos, que quedará supeditada al resultado de la instrucción”, concluye la resolución.

Se trata de la quinta causa abierta por el Supremo al citado eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) en el último año. En dos de las cuatro que están ya abiertas el tribunal ha dirigido suplicatorio al Parlamento europeo para continuar con los procedimientos.

En el PP están contentos porque Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones en Castilla y León con dos escaños más, pero sobre todo, porque Vox venía a por todas pero solo sube un diputado. La noche electoral de este domingo dejó además lágrimas de alegría en la sede del PSOE. Los socialistas, que llevan 39 años en la oposición en Castilla y León, celebran como un triunfo haber pasado de 28 a 30 escaños después de dos sangrías consecutivas y recientes en Aragón y Extremadura. A su izquierda ninguna fuerza ha conseguido representación en las Cortes.  

Con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, analizamos quién sale mejor y quién peor de esta cascada de elecciones autonómicas que el PP quiso que fueran separadas pero revueltas, a un par de meses antes del final de este trayecto autonómico: Andalucía. Y nos preguntamos si hay más o menos opciones para un adelanto de las elecciones generales.

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido 24 horas después de las elecciones autonómicas en Castilla y León en que quieren entrar en los tres gobiernos autonómicos que están en el aire: el de María Guardiola en Extremadura, el de Jorge Azcón en Aragón y, ahora, también el de Alfonso Fernández Mañueco. Abascal ha cargado contra las negociaciones que lleva a cabo el PP en estos tres territorios y ha apuntado a Feijóo: “Mañueco dice una cosa y Feijóo la contraria. Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste (…) Yo tengo que decir a Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar en las tres regiones. Pero antes de afrontar eso, queremos una negociación medida a medida con plazos de cumplimiento”, ha repetido.

El líder de Vox lleva meses estirando el diálogo con el PP para no llegar a acuerdos en medio del carrusel electoral. Ahora, ha vuelto a decir que “lo importante es saber si hay espacio para un entendimiento en torno a un programa de gobierno” y, solo cuando eso se cumpla, se hablará de la entrada en ejecutivos de coalición. Cuestionado por los periodistas sobre si la decisión de formar coaliciones con el PP es firme, Abascal ha respondido: “Si hay un acuerdo programático medida a medida, sí. Si no, no”.

Feijóo ha salido a hablar casi a la vez que Abascal desde la sede nacional del PP para criticar el “bloqueo” de la extrema derecha y asegurar que ahora “corresponde” llegar a un entendimiento entre ambas fuerzas. “O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría o se hacen coaliciones de bloqueo con el sanchismo”, ha dicho el líder del PP.

Horas antes, el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, había señalado que una “buena base” para dialogar con Vox sería el documento que firmó en 2022 para formar un gobierno de coalición (y que acabó en fracaso), aunque ha dicho que su opción prioritaria es un ejecutivo en solitario. “Tenemos que hacer un proyecto de futuro y, por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace cuatro años entre el PP y Vox”, ha dicho en alusión al pacto que firmó entonces con el dirigente de Vox Juan García-Gallardo, por el que accedió al gobierno regional.

El candidato de Vox, Carlos Pollán, también ha arrancado su ronda de entrevistas de este lunes abierto a negociar. Pollán parece haber rebajado el tono con Mañueco, al que el jueves en el debate y también en el cierre de campaña — al igual que Abascal— exigían pedir perdón por decir que a Vox le gustaría “tirar seres humanos al mar”. Ya en ese momento, Abascal dijo que era “del género tonto” hacer esas acusaciones a Vox cuando, según todas las encuestas, iban a ser llave de gobierno.

La división de la extrema derecha fue una de las claves de los resultados electorales en Castilla y León. Vox mejoró sus resultados, pero se quedó lejos de las expectativas con 13 procuradores mientras que el PSOE no solo salvó los muebles sino que consiguió sumar dos asientos más en las Cortes. Los datos muestran que —a falta del recuento definitivo con el voto exterior— Vox se quedó cerca de arrebatar al PSOE tres escaños en tres provincias y los votos de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise, que se quedó sin representación, podrían haber sido claves de haber ido a parar al partido de Santiago Abascal.

En Zamora, Vox se quedó a 284 votos de arrebatarle un escaño al PSOE. En esa provincia SALF tiene 895 papeletas que se quedarán sin representación. En el caso de Valladolid, el escenario es muy parecido: la extrema derecha está a 1.698 votos de conseguir quitarle un asiento a los socialistas y allí la formación de Alvise suma en este momento 4.436 votos.

La batalla por el último escaño en Castilla y León 2026

Número de votos que necesita un partido para robar un escaño a la última candidatura que lo consiguió en cada provincia de las elecciones autonómicas de Castilla y León

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Es más difícil hacer esa traslación en el caso de Segovia, donde Vox está a 1.067 votos de arrebatarle el procurador al PSOE pero SALF tiene 1.195 papeletas. Suponiendo que todas ellas hubieran ido a parar a Vox en caso de no presentarse el partido de Alvise, Vox hubiera alcanzado ese escaño.

En total, 3.000 votos clave que podrían haber cambiado el resultado electoral. El PSOE no hubiera conseguido mejorar su marca sino que hubiese perdido un procurador, mientras que Vox se habría disparado con cuatro escaños más de los que tiene actualmente, en el escenario más favorable.

Alvise Pérez ha cargado contra Abascal precisamente por la “supuesta pérdida de escaños” de Vox: “Hace 18 meses dijiste que SALF con más de 800.000 votos era 'penoso y residual', y no te preocupaba. Hace 6 meses desautorizaste a Ignacio Garriga [secretario general de Vox] rechazando una reunión porque «Alvise cuanto más lejos mejor» (sic). Hoy me acusáis de vuestra supuesta pérdida de escaños, como si los votantes fueran vuestros o quisieran solo votarte a ti”, se queja el eurodiputado. Y añade: “¿Tantas décadas en el PP no te dejan ver con claridad que eres tú quien le está haciendo un favor a Sánchez, y no quienes hemos logrado imputar judicialmente a medio Gobierno?”.

El partido del agitador ultra Alvise Pérez vuelve a irse de vacío de unas elecciones autonómicas. Se Acabó La Fiesta (SALF) no ha logrado entrar en las Cortes de Castilla y León con el 1,40% de los votos con casi el 100% del escrutinio. Se ha quedado más lejos que en Aragón, donde rozó el escaño por Zaragoza. El escenario que dibujan las urnas es que, de nuevo, el PP es la primera fuerza pero va a necesitar a la extrema derecha de Vox para llegar a la mayoría absoluta. El PSOE revierte la tendencia de las elecciones de Aragón y Extremadura y, en este caso, no solo resiste sino que gana dos procuradores.

Estos resultados sitúan a SALF como sexta fuerza en Castilla y León por número de votantes con más de 17.000, pero en global tiene por delante a seis partidos: hay dos, Por Ávila y Soria Ya, que entran en las Cortes con menos sufragios totales. La formación de Alvise Pérez queda por delante de Podemos, que tiene 9.000 y el 0,74%, y por detrás de IU-Sumar, que tiene más de 27.000 papeletas y tampoco logra representación con el 2,23% de los sufragios. El partido de Alvise es quinta fuerza en las provincias de Valladolid, Salamanca, Segovia y Soria.

En las elecciones europeas de 2024, el partido de Alvise consiguió ser la cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4% de los votos, solo por detrás de PP, PSOE y Vox, aunque en esos comicios no participaban partidos regionalistas como UPL o Por Ávila. En esta comunidad SALF se hizo con casi 43.000 papeletas de las 800.000 que logró en todo el Estado.

Campaña accidentada con la mirada en las generales

La campaña de Se Acabó La Fiesta en Castilla y León, con la abogada Lucía Echevarrieta como candidata, empezó con un traspiés: el partido calcó el programa electoral de Aragón y se le olvidó borrar parte de las referencias a “los aragoneses”. En el documento se leían frases como “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para quien emprende” y “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”.

Las aventuras autonómicas del agitador ultra son la antesala a su expectativa de presentarse a elecciones generales, previstas para 2027. Su recetario toma como referentes a dirigentes ultras como el argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele y promete una deportación masiva de inmigrantes, la creación de una macrocárcel y bajadas de impuestos.

El eurodiputado tiene cuatro frentes penales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es. En enero, además, tuvo que declarar ante el Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso contra sus propios eurodiputados.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este martes la imposición de una sanción al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez Fernández 'Alvise' por grabar al eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar y lanzar comentarios despectivos contra él en redes sociales.

Metsola ha señalado que Alvise ha sido sancionado por “grabar durante una sesión plenaria a otro eurodiputado sin su consentimiento y posteriormente emitir el vídeo en las redes sociales con comentarios despectivos”.

La sanción contra el eurodiputado ultra será la pérdida de unos 3.500 euros, ya que consiste en la eliminación durante diez días del cobro de la dieta diaria, y una suspensión temporal para acudir al pleno de la Eurocámara durante cuatro días.

El Parlamento Europeo ya sancionó a Alvise por ocultar sus ingresos en su declaración de bienes después de tomar posesión como eurodiputado. La decisión de la presidenta de la Eurocámara fue suspender las dietas de estancia durante dos días, por lo que infringir el código de conducta solo le costó 700 euros. 

Alvise está a la espera de la resolución de la Eurocámara de dos procedimientos para decidir si pierde la inmunidad que le otorga su condición de parlamentario europeo, tras sendas peticiones del Tribunal Supremo.

Las causas por las que el Alto Tribunal ha pedido acabar con la inmunidad de Alvise son por acosar a la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València, a la que hostigó con varios mensajes en Telegram, y por financiación ilegal de su candidatura a los últimos comicios europeos.

Además, Alvise también tiene otras dos causas en el Supremo. Está acusado de acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, registró su participación para las elecciones de Castilla y León justo el último día del plazo legal: el 9 de febrero, un día después de los comicios autonómicos en Aragón. La sucesión de fechas es relevante para SALF, porque el “contrato electoral” —que ya ha eliminado de su web—, como así llaman a su programa, es prácticamente idéntico para ambas comunidades, hasta el punto de que se fusionan: “Castilla y León recuperará su orgullo y los aragoneses recuperarán las riendas de su destino. ¡Vamos a por ello, juntos!”.

Castellanos y leoneses orgullosos y aragoneses dueños de su destino: una aspiración muy noble la que propone SALF, si no fuera porque al equipo encargado de editar el programa electoral se le ha olvidado retirar el “aragoneses” hasta en trece ocasiones. Con una simple búsqueda con el comando Control+F en cualquier lector de PDF, el listado aparece. Tampoco han cambiado las fechas de las elecciones de Aragón, que fueron el 8 de febrero.

SALF ha arrastrado las cuestiones troncales de Aragón a los problemas de Castilla y León. Por ejemplo, en el apartado económico se afirma que “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para quien emprende”. Más adelante, al hablar de formación profesional, se propone adaptar la oferta a lo que demandan “las empresas aragonesas”.

En el bloque de servicios públicos, el documento recoge, aunque tachado, que entre un 5 % y un 10 % del “territorio aragonés” no dispone de conexión adecuada y asegura, además, que “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”. Se anuncia incluso la ampliación del transporte metropolitano en Zaragoza, Huesca y Teruel, ciudades que, salvo una fusión de autonomías, no forman parte de la comunidad a la que se dirige el programa.

En sanidad, la preocupación de Alvise pasa porque “ningún aragonés espere más de 30 días” por una consulta especializada, sin duda una meta que en todo el territorio nacional debería alcanzarse, pero no desde la Sacyl para Aragón. También se propone una historia clínica electrónica única para “todo el sistema público aragonés”, además de conciertos con “clínicas privadas aragonesas”. En materia de infraestructuras sanitarias, SALF promete acometer las obras pendientes, como el nuevo Hospital de Alcañiz, en Teruel.

“Defensa sin complejos del campo aragonés”

El programa de SALF incluye políticas centradas en el medio rural. En concreto, la “defensa sin complejos del campo aragonés” y la simplificación de “los trámites ante INAGA”, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Además, en la contratación pública también se priorizará el producto local aragonés. En materia de soberanía energética para Castilla y León, el partido de Alvise propone un “canon aragonés” para las empresas que quieran instalar parques eólicos o plantas fotovoltaicas.

En el programa de Alvise también hay medidas que confunden competencias y extralimitan las capacidades de las comunidades, como en materia de inmigración, cuando se anuncia un “mayor plan de deportación de inmigrantes ilegales” y la identificación y expulsión rápida de personas en situación irregular. Esta competencia es exclusiva del Estado, no de la Junta de Castilla y León.

También propone una tarifa autonómica del IRPF del 0 % para rentas inferiores a 35.000 euros. Las comunidades pueden modificar el tramo autonómico del impuesto, pero no eliminar el IRPF en su conjunto, al tratarse de un tributo estatal parcialmente cedido. Asimismo, plantea una reforma del Estatuto de Autonomía para introducir límites a la presión fiscal y al endeudamiento. El propio texto reconoce que ello requiere una ley orgánica en las Cortes Generales y, por tanto, una mayoría nacional.

Para Castilla y León, SALF presenta a la burgalesa Lucía Echevarrieta como candidata a la Presidencia de la Junta por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos. Además, SALF integrará a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, tras pedir más democracia interna.

El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por relacionar al diputado socialista Javier Alfonso Cendón con el conocido como 'caso Mediador', la presunta trama de corrupción que habría liderado el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, alias 'Tito Berni'. En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal no aprecia indicios de responsabilidad penal de 'Alvise', aforado por su condición de eurodiputado. El asunto fue elevado al Supremo por un juzgado de Castilla y León, después de que Cendón denunciase a 'Alvise'.

Lo hizo, en concreto, después de que el líder de Se Acabó la Fiesta publicase en su canal de Telegram un mensaje en el que “indirectamente se le vincula con el 'caso Mediador'”. “Tercera identidad: Javier Alfonso Cendón, Secretario General del PSOE en León, Diputado Nacional y portavoz de Ciencia e Innovación en el Congreso. Que divertido va a ser ir uno por uno”, escribió. El alto tribunal reconoce que el contenido de ese mensaje “puede ser considerado una fuente de afectación del buen nombre del denunciante y, en su caso, de responsabilidad, pero no penal”.

El Supremo considera que “la fórmula empleada es demasiado abierta y no precisa qué concreto comportamiento ilícito o reprochable se atribuye a Cendón, lo que impide formular un juicio de tipicidad que, aun provisorio, pueda resultar suficientemente consistente para decidir la apertura del proceso y, además, reclamar de la Cámara Europea autorización para someter al mismo al denunciado”. Es por eso que la Sala de lo Penal aclara que “la no incoación del proceso penal deja expedita la vía de ejercicio de acciones de naturaleza civil en defensa del derecho que se considere lesionado” el diputado del PSOE.

Este mismo jueves se ha conocido que el Supremo ha rechazado igualmente abrir una causa contra Alvise por la publicación de las conversaciones privadas que fueron intervenidas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el marco de la 'operación Kitchen'.

Según la misma Sala de lo Penal, la difusión de chats intervenidos judicialmente y expurgados puede justificar que se investigue el circuito de filtración y sus responsables “pero, en lo que se refiere al aforado, los elementos aportados no proporcionan, por sí solos, una base bastante” como para abrir una causa.

Cabe recordar que el Supremo ya tiene abiertas contra 'Alvise' cuatro causas: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

La titular del Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, Sonia Agudo Torrijos, ha imputado al agitador ultra Vito Quiles por difundir la dirección de la casa de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Vito Quiles, que fue en las listas del partido de Alvise Pérez en las elecciones europeas, está citado a declarar por un delito de revelación de secretos el próximo 7 de abril, según una resolución adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Corredor fue ministra de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Vito Quiles fue contratado por el PP para participar la semana pasada en el acto de cierre de campaña del partido en Aragón, donde intervinieron el candidato Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo. 

En su querella, Corredor denuncia que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. 

La querella aporta un informe de la seguridad de Red Eléctrica que confirma la presencia de Vito Quiles y la intervención de la Policía Nacional en el domicilio de Corredor el 30 de abril de 2025. La defensa de Vito Quiles, que ejerce el penalista Juango Ospina, considera que los hechos “no tienen relevancia penal” y ha reclamado el archivo de las diligencias. 

La jueza Sonia Agudo Torrijos, asumió la causa el pasado mayo y citó a declarar a Vito Quiles el 18 de septiembre. El agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al encontrarse en “paradero desconocido”, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación. Finalmente, el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer en noviembre para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”. 

La jueza de guardia acordó el pasado 8 de mayo el bloqueo provisional de los enlaces específicos en X y Telegram donde se revelaba el domicilio de Corredor. Pero los abogados de la presidenta de Red Eléctrica denunció que meses después las publicaciones seguían accesibles y acumulando visualizaciones. Reclamaron entonces que se le requiriera personalmente a Vito Quiles el borrado, pero la jueza rechazó la medida el pasado octubre al considerar que el bloqueo era una medida “suficiente”. 

Se Acabó la Fiesta, la formación del eurodiputado ultra Luis Pérez Fernández 'Alvise', se presentará a las elecciones de Castilla y León, según ha confirmado él mismo en su grupo de Telegram. Según adelantó hace unas semanas Burgos Noticias, la burgalesa Lucía Echevarrieta, será la candidata a la Presidencia a la Junta de Castilla y León por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos.

Además, SALF va a integrar a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León. Según ha anunciado, el presidente de Avanza en Libertad (que es la excisión de Vox), el procurador Javier Teira, su asociación se integrará en la candidatura del partido de Alvise para Castilla y León, por “tratarse de la única fuerza política que asume la aplicación del programa político que la entidad defiende”, como ha indicado en un comunicado.

Para Teira, que va de cabeza de lista por Salamanca, “lo importante es contar con fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León que estén dispuestas a defender los intereses de la región, más allá del puro tacticismo político para impulsar la carrera personal de sus líderes hacia la Moncloa”. Asimismo, también por la provincia de Burgos, la otra exprocuradora de Vox expulsada, Ana Rosa Hernando, formará parte de la lista que encabeza Echevarrieta.

Desde Avanza en Libertad han indicado que la integración en SALF como independientes pasa porque Alvise es el único que ha incorporado sus propuestas.

Después de obtener 17.000 votos en Aragón, y rozar el escaño en Zaragoza con el con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia para obtener un representante. El partido de Alvise intentará irrumpir en la escena política de Castilla y León. Eso sí, en esta Comunidad es el porcentaje de votos necesario para obtener un procurador para las Cortes es más complicado.

En las únicas elecciones en las que hasta la fecha ha participado el partido de Alvise, las Europeas del 2023, se quedaron como cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4,03% de los votos después de PP, PSOE y Vox, logrando 42.791 apoyos a su candidatura. Sus mejores números los obtuvo por las provincias de Valladolid (4,52%), Segovia (4,39%), Ávila (4,19%), León (4,02%), en unas elecciones sin presencia de fuerzas locales representativas como UPL o Por Ávila.

Pero el partido de Alvise debería subir sus apoyos, ya que en los repartos de procuradores por las provincias siempre son por encima del 5% en el mejor de los casos. En 2022, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, Ciudadanos obtuvo un procurador con el 6,91% de los votos —18.801 apoyos—.

La primera aventura autonómica de Luis 'Alvise' Pérez ha acabado en fracaso. Se Acabó la Fiesta (SALF) se ha quedado fuera de las Cortes de Aragón, pese a que ha rozado el escaño por Zaragoza con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia. El vencedor de las elecciones ha sido el PP pero pierde dos diputados y dependerá de Vox, que duplica sus escaños, en un calco de lo ocurrido en Extremadura hace dos meses.

La estrategia de SALF pasaba por alcanzar un buen resultado en Zaragoza con Cristina Falcón como cabeza de lista. En esta circunscripción les fue bien en las europeas de 2024 con casi 20.000 votos, y este domingo se ha quedado a las puertas con más de 14.000 papeletas y el 2,9%.

En conjunto, sus resultados lo sitúan por delante de PAR y Podemos: SALF se ha hecho con más de 17.000 votos en total en las elecciones frente a los 8.000 de PAR y 6.000 de Podemos. IU-Sumar está por encima, pero solo por mil papeletas. SALF ha celebrado el resultado, pese a no entrar en las Cortes, porque “triplica y destroza a Podemos, supera a Teruel Existe en la capital y se sitúa al borde de conseguir escaño en Zaragoza”.

La segunda intentona electoral de SALF en su corta historia ya no tenía el factor sorpresa que le llevó a convencer a 800.000 votantes para hacerse con tres escaños en las elecciones europeas. Desde entonces Alvise ya solo tiene un escaño en el Parlamento Europeo —el suyo— después de que sus eurodiputados le hayan denunciado por acoso, también quedó lejos la promesa de sortear su sueldo cada mes y la lista de frentes judiciales no deja de aumentar.

La compaña de Cristina Falcón ha tenido poco impacto y, de hecho, el momento más relevante de estas semanas lo protagonizó Alvise al ser llamado a declarar ante el Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso contra sus propios eurodiputados. Allí aprovechó para enseñar su próximo libro y hacer campaña: “Creo que vamos a cambiar el gobierno de Aragón dentro de muy poco. Permitidme agradecer a todo el pueblo de Aragón su excelente y masiva acogida”.

La formación de Alvise está estudiando presentar candidaturas a las elecciones autonómicas en Castilla y León, y en octubre apuntó ya a su intención de lanzarse a por las generales, con la sombra de varios juicios planeando sobre él. El eurodiputado tiene cuatro frentes penales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es.

— Estoy aquí un día laborable, a las 12 y pico de la mañana, en Zuera, he visto la sede del PSOE y digo 'voy a entrar a saludar'. Y digo, ¡ay!, si está cerrada. ¿Cómo se me ocurre a mí que en la sede del PSOE estén trabajando en jornada laboral? Qué cosas, ¿eh, Cristina?

— ¡En plena campaña electoral!

La conversación entre risas grabada para redes sociales el pasado martes, 27 de enero, entre Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), y la cabeza de lista en Aragón, Cristina Falcón, sintetiza la campaña electoral de la formación ultra: ajena a la realidad aragonesa, envuelta en el frío invernal y con recurrentes píldoras de demagogia. Lo cierto es que en ese momento la sede socialista estaba cerrada... porque todos los afiliados del partido en esta localidad de menos de 10.000 habitantes se encontraban en sus trabajos, como es lógico en un día laborable.

La primera irrupción de Alvise en unas elecciones autonómicas está dejando un sabor tan insípido como la propia campaña electoral del 8F. Pese a sus habituales extravagancias, las convocatorias de SALF han naufragado. Los mensajes del eurodiputado, que difunde principalmente a través de redes como su canal de Telegram o su cuenta de Tik Tok, apenas han tenido trascendencia.

El único titular que ha recibido fue cuando, al cubrir la radiotelevisión autonómica aragonesa uno de sus actos debido al reparto de tiempos establecido por la Junta Electoral, los periodistas fueron increpados, lo que motivó una queja del Colegio de Periodistas de Aragón.

Para colmo, entre medias Alvise se ha visto obligado a acudir al Tribunal Supremo para declarar por la denuncia interpuesta contra él por los otros dos eurodiputados de SALF, que le acusan de los presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. Al salir, el polemista se limitó ante los medios a vender su último libro.

Como compensación, el eurodiputado ha recibido el apoyo de la asociación ultra HazteOír, que ha paseado un autobús por la capital aragonesa con críticas a Vox y pidiendo indirectamente el voto para SALF por su postura declarada contra el aborto.

Acto central en plena plaza del Pilar, pero sin lleno

El acto central de SALF tuvo lugar el pasado domingo en plena Plaza del Pilar de Zaragoza y sirvió para evidenciar que, al menos en el plano físico, el tirón de Alvise flojea.

Doscientas cuarenta sillas, dispuestas en dos hileras, aguardaban a los asistentes. El mitin, anunciado para las 11.30 horas, comenzó con veinte minutos de retraso, lo que aprovecharon los asistentes para ir ocupando unos huecos que no se llenaron. Algunos curiosos se quedaron de pie, a la expectativa.

La candidata aragonesa subió al escenario sin despertar un entusiasmo visible. En apenas ocho minutos, Falcón despachó su intervención, apoyándose en los habituales ejes discursivos de la formación: seguridad y la familia, retorno de los tres millones de españoles que viven fuera y lanzó guiños a colectivos como autónomos, agricultores, policías o maestros; estos últimos, con especial énfasis, dado su perfil como directora de un colegio público en Zaragoza.

Le siguió el propio Alvise, recibido con una reacción más educada que fervorosa. En su discurso no faltó el “ruido político”, los medios de comunicación “subvencionados” –una “aberración moral y antidemocrática” por invisibilizar a su formación– o una diatriba contra la partitocracia.

La estrategia de SALF es alcanzar la cifra de 15.000 votos en Zaragoza, ciudad donde recibió un gran apoyo en las europeas. A partir de ese número de sufragios tendría opciones de obtener un escaño, aunque las últimas encuestas le sitúan lejos de ese privilegio. Aun así, Alvise aprovechó para arengar a los presentes a votar, asegurando que el 8F “daremos el mayor golpe estatal”.

Después, en su discurso deshilachado llegó el turno de “los asesinados por la incompetencia de Óscar Puente”, de anuncios de un gran plan de deportación de inmigrantes ilegales o de reducir el número de políticos. “¡A la mierda las ideologías, queremos soluciones!”, proclamó. Tampoco faltaron las dudas sobre el sistema electoral y el envío de papeletas a los domicilios a través de Correos.

Tampoco en el otro gran acto de la formación, el 18 de enero en Zaragoza, colgó el cartel de 'no hay billetes', aunque en ese caso el auditorio era más amplio: el World Trade Center, donde esa misma mañana los populares Jorge Azcón y Alberto Núñez-Feijóo habían llenado hasta la bandera.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha denunciado públicamente este lunes las dificultades, los insultos y las situaciones de hostigamiento sufridas por varios profesionales de la información mientras cubrían un acto de Se Acabó la Fiesta (SALF) celebrado este domingo en Zaragoza. El encuentro contó con la participación del líder de la formación, Alvise Pérez, y de la candidata en la comunidad, Cristina Falcón.

Los periodistas desplazados para informar del evento, en el marco de la cobertura electoral que corresponde legalmente a esta formación tras sus resultados en las elecciones europeas y su concurrencia a los comicios autonómicos, fueron increpados de forma reiterada por parte de asistentes, lo que impidió el normal desarrollo de su trabajo.

Durante el momento destinado a la atención a medios, varios profesionales de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) recibieron insultos continuos como “mierdas”, “vendidos”, “hijos de puta” o “asco”, además de gritos constantes que llegaron a provocar la interrupción hasta en tres ocasiones las declaraciones previstas, y que hizo prácticamente inaudible la intervención del portavoz del acto.

Pese a los intentos del personal de organización por reducir el volumen de los gritos, los insultos continuaron, acompañados de consignas dirigidas directamente a los periodistas cuestionando su trabajo y su presencia en el acto. Como consecuencia, los profesionales tuvieron que realizar el canutazo en condiciones claramente inadecuadas, con personas gritando a escasos metros y limitando la grabación a apenas 40 segundos, al no poder prolongarse la situación.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha querido mostrar su “apoyo y solidaridad con los compañeros y compañeras afectados” y ha exigido “respeto al trabajo periodístico, que es un pilar esencial del derecho a la información y de la democracia”.

Asimismo, el Colegio reclama que se aleje a los profesionales de la polarización política y del señalamiento, recordando que los periodistas no son parte de los actos ni de los mensajes que cubren, sino que cumplen con su obligación de informar a la ciudadanía con criterios profesionales.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha comparecido como investigado en el Tribunal Supremo y ha negado haber acosado o promovido el hostigamiento hacia sus dos eurodiputados, aunque ha reconocido ser el autor de los mensajes de Telegram que investiga el juez. “Creo que va a archivarse”, se ha limitado a decir antes de empezar a promocionar un libro ante las cámaras y hacer campaña electoral de cara a los comicios de Aragón.

“Por respeto al juez, no puedo hablar, tiene carácter reservado, estoy súper convencido de mi inocencia”, ha dicho Alvise Pérez, negando de forma velada las acusaciones de acoso que pesan sobre él. Guillermo Ruiz, abogado de los dos eurodiputados denunciantes, ha explicado a las puertas del Supremo que ellos discrepan de que los mensaajes de Alvise respondan a un simple conflicto político entre parlamentarios. “Hubo amenazas y han tenido que cambiar de vida por no enfrentar directamente con este señor. Lo haremos valer en el futuro en el procedimiento”.

Alvise ha aprovechado para sacar un ejemplar de su próximo libro, que según dice “ya está en preventa”, y hacer campaña. “Creo que vamos a cambiar el gobierno de Aragón dentro de muy poco. Permitidme agradecer a todo el pueblo de Aragón su excelente y masiva acogida”.

Esta causa por acoso y hostigamiento es una de las cuatro diligencias penales que el Supremo mantiene abiertas contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta' además de varios pleitos civiles que tramitan distintos juzgados y tribunales. Distintos jueces de la Sala de lo Penal también le investigan por promover un acoso similar contra la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemeia y, finalmente, por financiar su campaña de las últimas elecciones europeas con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

La causa por el supuesto acoso a sus eurodiputados, que tiene como instructor a Manuel Marchena, arrancó hace varias semanas. Hace unos días el instructor tomó declaración a los dos eurodiputados que denunciaron por su acoso a su antiguo líder: Diego Solier y Nora Junco. Ante Marchena, según fuentes jurídicas, ambos ratificaron sus acusaciones y aseguraron que sus datos personales –por ejemplo, su teléfono móvil– fueron filtrados a miles de personas en pleno conflicto con Alvise.

Estas mismas fuentes otorgan poco recorrido a esta causa antes de que Marchena decida si el caso es enviado a juicio o si se archiva. El magistrado tendrá que analizar, entre otros aspectos, si los mensajes que Alvise lanzó contra sus eurodiputados en Telegram y en diversas entrevistas alcanzan la categoría de acoso y si el aluvión de mensajes, insultos y amenazas que recibieron condicionó su día a día de alguna manera.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez afronta el desembarco de su partido en el tablero nacional en medio de una tormenta judicial. El líder y único activo político de Se Acabó La Fiesta declara este lunes en el Tribunal Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso y hostigamiento contra sus propios eurodiputados. Se trata de uno de sus cuatro frentes penales que despega en plena campaña de unas elecciones aragonesas en las que, por ahora, el CIS no otorga ni un escaño a sus candidatos y que vienen marcadas por la tragedia ferroviaria en Adamuz.

El agitador de extrema derecha arrancó este viernes su campaña aragonesa con su candidata Cristina Falcón y usando un martillo para romper un muro en el que habían pegado fotos de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García o la candidata socialista Pilar Alegría, entre otros. En plena campaña electoral tendrá que viajar a Madrid para comparecer el lunes por la mañana ante Manuel Marchena bajo una acusación que apunta directamente a la gestión interna de su partido: sus dos eurodiputados le acusan de promover el acoso y hostigamiento contra ellos en su canal de Telegram.

Diego Solier y Nora Junco acudieron hace unos días al Tribunal Supremo para certificar el fallecimiento de la aventura europea de Se Acabó La Fiesta más allá del proyecto personal de Alvise. Ante Marchena los dos ratificaron sus acusaciones contra él aunque fuentes conocedoras del interrogatorio acotan a este periódico la intensidad de sus comparecencias. El delito de acoso por el que está acusado requiere, por ejemplo, que las vidas de las víctimas se haya visto condicionada de alguna manera. La Fiscalía, explican estas mismas fuentes, renunció a hacer preguntas a Junco después del primer interrogatorio de Solier.

La imagen de ambos entrando y saliendo del Tribunal Supremo ilustra la descomposición interna de una plataforma electoral creada a toda velocidad para las últimas elecciones europeas y que ahora, ya constituida en partido, pretende dar el salto a la política autonómica en Aragón. No había pasado ni un año desde los comicios cuando Alvise Pérez especuló públicamente con que sus dos eurodiputados, Nora Junco y Diego Solier, hubieran podido votar de una determinada manera sobre el rearme porque habían sido comprados por el lobby armamentístico. El líder de SALF escaló sus acusaciones y especulaciones ante su audiencia de más de 650.000 personas en Telegram y sus dos eurodiputados, que no tardaron en dejarle solo en Bruselas para sumarse al grupo de Giorgia Meloni, terminaron acudiendo al Tribunal Supremo a denunciarle.

El agitador acudirá este lunes al Supremo con la idea de solicitar el archivo de esta causa contra él. Una citación judicial en plena campaña aragonesa que habría levantado en armas a cualquier partido político, pero que Alvise Pérez convierte en un escaparate. En una de sus últimas comparecencias en el Tribunal Supremo no dudó en enfrentarse a los periodistas para acabar gritando: “Medios subvencionados, parásitos, criminales de la mafia de la información”. Una estrategia desarrollada por Vox cuando multiplicó su exposición pública gracias a la causa judicial contra el procés, pero con un cambio: los de Santiago Abascal ejercían la acusación y Luis 'Alvise' Pérez es el acusado.

Las encuestas, por el momento, no dan a 'Se Acabó La Fiesta' representación en las próximas elecciones aragonesas del 8 de febrero. Y el partido, de reciente creación y sin más altos cargos conocidos que el propio Alvise, se presenta con su líder sumido en un oleaje constante de causas judiciales que él atribuye al “lawfare de la partitocracia” pero que responden a episodios de presunto acoso e incluso a financiación ilegal.

Los 100.000 euros en efectivo

La acusación más grave que pesa sobre Alvise Pérez es la de financiación ilegal. Tal y como reveló elDiario.es, el agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas. Un día antes de echarse a la carretera, Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo. Un acto que, un año y medio después, se ha traducido en una causa abierta por el Tribunal Supremo contra él.

El agitador de extrema derecha nunca ha negado la entrega, si bien ha dado una explicación que, por el momento, no ha convencido al juez Julián Sánchez Melgar. Ha asegurado que fue un pago que le hizo Romillo por servicios relacionados con su participación en actos de su plataforma y que usó el dinero para “capitalizarse a nivel personal” porque una de sus grandes promesas electorales era sortear su sueldo, algo que realizó durante unos pocos meses.

Las causas que más abundan contra Alvise, sin embargo, tienen que ver con el hostigamiento que promueve continuamente contra sus rivales políticos en su canal de Telegram, donde llegó a atesorar más de 720.000 seguidores y ahora mismo tiene algo menos de 649.000. Lleva varios años imputado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia para dar a entender que había acudido a un debate electoral contagiado de coronavirus. También está investigado por promover un acoso similar contra la fiscal valenciana Susana Gisbert.

El líder de SALF ha esquivado otras acusaciones penales. Por ejemplo, el Supremo rechazó su imputación por su papel en las protestas de noviembre de 2023 en la calle Ferraz de Madrid, así como por incitar al odio difundiendo la identidad de detenidos en Bilbao o bulos racistas sobre la muerte del joven Álvaro Prieto en Sevilla. Tampoco ha prosperado la acusación contra él por difundir una fotografía de una de las hijas de Pedro Sánchez en su canal.

El exasesor de Ciudadanos y Toni Cantó también acumula varias condenas judiciales por la vía civil, algunas de ellas ya firmes y otras pendientes de revisión por el Tribunal Supremo. En el capítulo de las condenas firmes están los 7.000 euros que debe pagar a la periodista Ana Pastor. En el de las condenas pendientes de ratificación hay indemnizaciones para Manuela Carmena (5.000 euros) y José Luis Ábalos (80.000 euros).

El Tribunal Supremo ha llamado a declarar al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para el próximo lunes por el acoso y hostigamiento que supuestamente promovió contra sus propios eurodiputados. El magistrado Manuel Marchena, que hoy también toma declaración a los afectados, ha certificado que el propio líder de 'Se Acabó La Fiesta' se ha ofrecido a comparecer voluntariamente en una de las múltiples causas judiciales que hay abiertas contra él.

Este lunes, según apuntan fuentes jurídicas, tanto Nora Junca como Diego Solier han ratificado sus acusaciones de acoso y revelación de secretos contra él.

El diputado de extrema derecha está acusado de promover el hostigamiento contra Diego Solier y Nora Junco después de que votaran en un sentido contrario al suyo en debates parlamentarios en Bruselas sobre el rearme. En vídeos y entrevistas, Alvise llegó a especular con la posibilidad de que hubieran sido comprados por el lobby armamentísico y escribió varios mensajes contra ellos en su canal de Telegram, donde a día de hoy acumula casi 650.000 seguidores pero llegó a tener más de 720.000 suscriptores.

Marchena toma declaración a los dos eurodiputados afectados desde primera hora de esta mañana. Solier y Junco, que rompieron con Alvise y forman parte de otro grupo conservador en Bruselas, denunciaron que recibieron amenazas de todo tipo y que sus datos personales llegaron a filtrarse entre los seguidores de su antiguo colaborador.

El magistrado preguntó a Alvise si estaba dispuesto a declarar de forma voluntaria, sin necesidad de esperar a un suplicatorio, y ha fijado para el 26 de enero su comparecencia después de su respuesta afirmativa. El líder de 'SALF', que ya como partido se presentará a las elecciones aragonesas, tiene varias causas penales abiertas en el Supremo: por financiar su campaña europea con 100.000 euros en efectivo que le entregó 'CryptoSpain', por promover el acoso a una fiscal y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia.

Por la vía civil, además, el eurodiputado ha sido condenado a indemnizar con distintas cantidades a personas como la periodista Ana Pastor, la exalcaldesa Manuela Carmena o el exministro José Luis Ábalos por la difusión de bulos o por vulnerar su honor, intimidad e imagen en distintos mensajes de Twitter y Telegram.

La formación del eurodiputado ultra Luis Pérez Fernández 'Alvise' estudia la presentación de candidaturas a las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se celebrarán con toda probabilidad el próximo 15 de marzo, fecha máxima para la cita tras el final de la legislatura. 'Se Acabó La Fiesta' presentó de forma sorpresiva candidaturas a las elecciones autonómicas de Aragón que se celebrarán el 8 de febrero tras haber renunciado a la convocatoria electoral de Extremadura que se celebró el 21 de diciembre.

Todavía no hay una decisión oficial, pero, según publicó Burgos Noticias, la burgalesa Lucía Echevarrieta, que forma parte como vocal de la Ejecutiva del partido de 'Se Acabó La Fiesta', se perfila como la candidata a la Presidencia a la Junta de Castilla y León por el partido ultra.

Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos. El proyecto de SALF pasa primero por las elecciones de Aragón y luego ya tomar la decisión definitiva sobre si presentarse en Castilla y León, aunque el calendario electoral más probable no deja demasiado margen. Si las elecciones se convocan el último día posible, 20 de enero, la presentación de candidaturas sería entre el 5 y el 10 de febrero, con la cita en Aragón en medio el día 8.

En el caso de Castilla y León, la Ley Electoral permite que con un 3% de los votos válidos emitidos —la suma de los votos a candidatura y el blanco— se pueda acceder al reparto de un procurador y no el 5% que se marca para otro tipo de elecciones, como las municipales o como ocurría en Extremadura.

En las únicas elecciones en las que hasta la fecha ha participado el partido de Alvise, las Europeas del 2023, se quedaron como cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4,03% de los votos después de PP, PSOE y Vox, logrando 42.791 apoyos a su candidatura. Sus mejores números los obtuvo por las provincias de Valladolid (4,52%), Segovia (4,39%), Ávila (4,19%), León (4,02%), en unas elecciones sin presencia de fuerzas locales representativas como UPL o Por Ávila.

Pero el partido de Alvise debería subir sus apoyos ya que en los repartos de procuradores por las provincias siempre son por encima del 5% en el mejor de los casos. En 2022, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, Ciudadanos obtuvo un procurador con el 6,91% de los votos —18.801 apoyos—.

El propio Alvise, al hacerse públicas las listas de Aragón, explicó que se presentaba como respuesta al “vacío, el desprecio y el silencio” de Vox ante su propuesta de hacer un “frente común transitorio contra Pedro Sánchez” en Extremadura.

El objetivo, según el europarlamentario, es “usar sus propias reglas contra ellos, destrozarles el tablero y forzar elecciones generales, porque el verdadero voto útil es mandar a los criminales a prisión”. Alvise tratará de captar el voto antisistema con la posibilidad más fuerte en Zaragoza, provincia donde obtuvo el 5,24% de los votos. El líder de SALF tiene en estos momentos pendiente que el Europarlamento levante su inmunidad para imputarle en dos procesos: financiación ilegal y delito electoral y por hostigar a una fiscal de València, además de tener abiertas otras investigaciones como el presunto acoso a sus excompañeros de filas en el parlamento europeo.

'Se Acabó La Fiesta' tiene señalado en su agenda de eventos del 2026 un acto en Valladolid el próximo 24 de enero dentro de su gira llamada 'Unidos Por España', que tendrá lugar en la Feria de Valladolid.

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la investigación contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por el supuesto acoso denunciado por Nora Junco y Diego Solier, parlamentarios que concurrieron con él en la lista de 'Se Acabó La Fiesta'. El magistrado Manuel Marchena ha citado a declarar a ambos afectados el próximo 12 de enero, ha puesto en marcha los trámites para pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y, además, ha preguntado a Alvise Pérez si está dispuesto a declarar voluntariamente como ha sucedido en otras causas abiertas contra él.

La plataforma SALF encabezada por Alvise Pérez consiguió tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas, Nora Junco y Diego Solier, en unos comicios en los que consiguió 800.000 votos. Los conflictos internos empezaron poco después, cuando el propio Alvise especuló con que sus dos parlamentarios hubieran sido comprados por el lobby armamentístico por no votar igual que él en varios procesos relacionados con el rearme en el Parlamento Europeo.

Junco y Solier abandonaron SALF para integrarse, como independientes, en el grupo que encabeza el partido de la italiana Giorgia Meloni. En paralelo, anunciaron su intención de denunciar a su antiguo líder por haber promovido el acoso contra ellos a través de sus declaraciones, vídeos, entrevistas y sus mensajes en Telegram donde atesora algo más de 650.000 seguidores en la actualidad. El Supremo abrió la causa contra Alvise a principios del pasado mes de octubre y el instructor, Manuel Marchena, ha puesto la investigación en marcha: ha llamado a declarar a los dos afectados, ha pedido autorización a la eurocámara para proceder penalmente contra él y le ha dado la oportunidad de declarar voluntariamente.

Esta causa por revelación de secretos y acoso contra sus propios eurodiputados se convirtió en la cuarta causa judicial abierta contra el líder de SALF, que hace dos meses lanzó su candidatura a las próximas elecciones generales. También está imputado por la financiación de su plataforma con 100.000 euros en efectivo que le entregó 'CryptoSpain', por promover el acoso a una fiscal en València y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia. Los jueces han rechazado imputarle por otras acusaciones como promover altercados en la calle Ferraz o difundir bulos racistas sobre la muerte de un joven en Sevilla.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo, como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda el procesamiento de Romillo y de otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, imponiendo a todos ellos una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros.

Fue el pasado 7 de noviembre cuando el juez Calama envió a prisión provisional sin fianza a Romillo al apreciar riesgo de fuga, una decisión confirmada por la Sala de lo Penal este mismo mes de diciembre. En su auto, el juez se reafirma y confirma que éste seguirá en prisión.

El magistrado, que aprecia la comisión de delitos masa de estafa y organización criminal, ha abierto además una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según el juez, Romillo, alias 'Cryptospain', “movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo”.

Dicha organización estaba integrada por el propio Romillo y por el resto de investigados que, “bajo las instrucciones de su líder, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos”.

Relojes, coches de lujo y oro

El objeto de la organización criminal, según el instructor, consistía en la “apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable”. “A través de dicha web se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores. Entre esos productos u obras, como las llamaban, se encontraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos”, sostiene el juez.

El magistrado explica que los inversores, “confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 por ciento, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión”.

Romillo, continúa el juez, “ejercía un control directo sobre las operaciones, coordinando la captación de fondos, la manipulación de la información ofrecida en la plataforma y la distribución de los beneficios ilícitos entre los integrantes de la organización”.

185 millones de estafa a miles de inversores

Como consecuencia de estas actuaciones, indica el auto, 3.062 inversores resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Para conseguir su objetivo, Romillo disponía de diferentes canales de comunicación como TikTok o YouTube a través de los cuales realizaba vídeos relacionados con productos financieros, criptomonedas, elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. El juez destaca que, dentro de su estrategia de marketing, también organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos como 'Alvise' Pérez.

El juez atribuye a los investigados el delito masa de estafa por cuanto idearon un negocio de tipo piramidal en el que el dinero recaudado a través de la plataforma no se destinaba a la compra del bien al que supuestamente debía dirigirlo, “sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo”. “Es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude”, indica.

De esta forma, señala la resolución, “el comportamiento de Álvaro Romillo fue engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria”.

El otro delito que el juez atribuye a los investigados, el de organización criminal, se constata en la existencia de un entramado constituido en torno a la figura de Romillo, que lidera la organización y de la que el resto forman parte ejecutando “distintas tareas operativas necesarias para el funcionamiento de la escenificación que han puesto en marcha con el fin de acaparar ingentes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener una gran rentabilidad”.

De forma paralela, el juzgado abre una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo, ya que esa parte del procedimiento se encuentra en un “estado incipiente dadas su mayor complejidad y la necesidad de recurrir a la emisión de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación”.

La resolución da cuenta del entramado societario diseñado y dirigido por Romillo, que contaría con “52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones”, entre las mismas República Dominicana, Singapur, Hong Kong, Tailandia o Malta.