La formación política que encabeza el polémico Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), ha asegurado este viernes que ya dispone de los avales necesarios para poder concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre en Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real.

Este viernes ha visitado Guadalajara donde SALF dice haber “triplicado” el número de avales.

La provincia se convierte, ha explicado la formación en un comunicado, “en una de las primeras de España en lograrlo”, mientras que Ciudad Real y Cuenca “también superan con holgura sus objetivos” y por eso presumen de que “Castilla-La Mancha se está convirtiendo en territorio ardilla”, un sobrenombre que se han puesto a sí mismos los seguidores del eurodiputado ultra, según comentaba el enlace Ppovincial de SALF en Guadalajara, Héctor Zamborain Rodríguez.

“Estamos hartos de que nos roben. Estamos hartos de pagar impuestos”, ha sido uno de los argumentos esgrimidos hoy por Alvise Pérez en la céntrica plaza de Santo Domingo de la ciudad, aunque no ha aclarado cómo se sostendrán los servicios públicos sin pagar impuestos.

También ha reclamado para su formación el voto de los jóvenes a los que ha pedido que “se impliquen también en sus universidades”.

En el día de ayer también sucedió una reunión de afiliados a SALF en Albacete, donde se ha iniciado un proceso interno para la creación de distintos grupos de trabajo. Desde la formación, apuntan que la nueva organización contará con responsables de acción política municipal y provincial, secretaría, logística, redes y comunicación. Además, este 17 de octubre se encontrarán en la capital albaceteña para recoger avales en la Plaza del Altozano.

El domingo, día 18 de octubre, visitará Toledo. Estará en la Plaza de Zocodover a partir de las 12.00 horas, donde también quiere recoger avales.

El eurodiputado presidente de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, ha elegido Castilla-La Mancha para su agenda de los próximos días con la intención de recoger firmas para concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre. Todo ello pese a las causas judiciales que tiene pendientes, como aforado, en el Tribunal Supremo. La formación de extrema derecha se presentó o a las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía sin conseguir ni un solo escaño autonómico.

En primer lugar, visitará Guadalajara este viernes, 16 de octubre. Estará en la Plaza de Santo Domingo de 12.00 a 13.00 horas, mientras que la mesa informativa sobre su formación política estará activa desde las 11.00 hasta las 15.00 horas. Según afirma el propio partido, está recibiendo una “avalancha de mensajes y llamadas de vecinos” para que acuda a esta ciudad.

Con motivo de esta visita, SALF destaca tres de las propuestas que lleva a las elecciones generales “con más impacto” en Guadalajara: el IRPF exento hasta 35.000 euros, cero impuestos en la compra de la primera vivienda e incentivos para repoblar los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Posteriormente, el domingo, día 18 de octubre, visitará Toledo. Estará en la Plaza de Zocodover a partir de las 12.00 horas, donde también quiere recoger avales.

Ambas visitas forma parte de la gira que el presidente de SALF recorre estos días por toda España bajo el lema ‘España aFirma’, con paradas también en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Algeciras, Almería, Murcia, Valencia, Valladolid y León.

SALF dice que hay “expectativa”

El secretario de Organización de SALF, Yeray Iglesias, ha destacado la “expectativa” que ha generado la parada toledana: “La acogida en Toledo se espera excelente. Hay una expectativa muy alta por el cariño que los ciudadanos hacen llegar a Alvise a través de las redes, y el domingo van a poder trasladárselo en persona y, de paso, poner su firma”.

Aparte de estos actos, el partido ha iniciado su implantación en la provincia de Ciudad Real mediante agrupaciones locales en la capital y en municipios como Puertollano, Almadén, Tomelloso, Alcázar de San Juan, Almadén y Valdepeñas.

Esta agrupación provincial busca tres objetivos inmediatos: abrir el proceso de afiliación y voluntariado en los 102 municipios de la provincia, crear las agrupaciones locales en las cabeceras de comarca y abrir una oficina de atención al afiliado y al vecino en Ciudad Real capital.

“Ciudad Real es una provincia clave, olvidada por el bipartidismo durante décadas pese a ser motor agroalimentario y energético de España. Venimos a escuchar, no a prometer. A fiscalizar cada euro público”, ha señalado Esteban Gomez-Cambronero Sánchez-Camacho, coordinador provincial de SALF en Ciudad Real.

Alvise Pérez tiene actualmente cinco de causas judiciales pendientes en el Tribunal Supremo, entre ellas, por presunta financiación ilegal de su partido, presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert y a sus propios eurodiputados, y presunta revelación de secretos. Al ser eurodiputado, es aforado, pero la Eurocámara ya aprobó levantarle la inmunidad en dos de las cinco causas.

El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena impuesta al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, a pagar 10.000 euros de indemnización al jefe superior de Policía de Canarias por intromisión ilegitima en sus derechos a la intimidad personal y la propia imagen con la publicación de un mensaje en Telegram.

La sentencia se refiere a la difusión en la cuenta @AlvisePerez en Telegram, el 1 de marzo de 2023, de un mensaje que contenía la foto de Jesús María Gómez Martín junto al extracto de su currículum extraído de la página oficial de la Policía y otra imagen del jefe policial con su pareja sentimental posando frente a un espejo.

Junto a esa imagen se publicaba el siguiente comentario: “Aquí tenéis al Jefe Superior de Policía de Canarias recientemente nombrado por el PSOE junto a otra foto de alguien que ¿parece su gemelo? Fue ascendido tras el escándalo de las maletas de Delcy y Ábalos (durante el cual era el responsable del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas aquella noche). Adivinad en qué Tribunal está su hermana. No es personal, políticos y mercenarios. Tan sólo estoy mandando un mensaje: Vamos a por vosotros. Mañana, más”.

La publicación fue vista por decenas de miles de personas y tuvo más de 670 comentarios, muchos de ellos “insultantes y vejatorios”, señala el Supremo.

Un juzgado de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria consideró que el eurodiputado había cometido una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad personal y la propia imagen del jefe policial y le declaró además responsable de los daños a su honor ocasionados por los comentarios de terceros a su publicación.

Por todo ello le condenó a retirar la publicación, publicar la sentencia e indemnizar al perjudicado con 10.000 euros, en una resolución que fue íntegramente confirmada por la Audiencia Provincial.

Ahora el Supremo convierte en firme esa sentencia al inadmitir el recurso de casación interpuesto por el condenado al que además impone el pago de las costas del proceso.

“Defendemos a los animales, la naturaleza y los derechos humanos con la ley en la mano”, es lo primero que se lee al entrar en la web de Zeolandia. “Escritos que llegan al Ministerio y obtienen respuesta. Para eso existe Zeolandia”.

Dicho y hecho: la polifacética asociación, con sede en Almería, ha sido aceptada por el juez de la Audiencia Nacional como acusación popular en la investigación de la entrada de migrantes en Ceuta. Eso sí, aún necesita presentar la habitual fianza.

“Quien manda aquí tiene cuatro patas”, exponen también. Zeolandia, que también ofrece adopciones de animales, ofrece dos organigramas: uno en el que sus cargos son los perritos Chispito, Chocolatina y Ladri y otro en el que la presidenta es Inmaculada Jaén, el vicepresidente Alexia Aneas y la secretaria Dunia Esther Blanco.

No es la primera vez que esta organización se persona en algún caso judicial mediático: el pasado junio hicieron lo propio en el de Leire Díez y a principios de agosto denunciaron ante la Comisión Europea la “inacción” del Gobierno en la crisis de Ceuta. Además, en 2024 la asociación Liberum, cuyos abogados son Jaén y Aneas, se personó en el caso Koldo.

¿Quiénes es Inmaculada Jaén, la presidenta de esta asociación que también se ha quejado a Interior por las condiciones de los perros de la Guardia Civil en las bases de Bailén y Barajas? Según su web, es “Licenciada en Derecho y diplomada en Relaciones Laborales. Fue árbitra de fútbol federada y entrenadora personal. Sabe lo que es decidir bajo presión. Preside Zeolandia y se persona en los tribunales en asuntos de interés general”. Este domingo, además, acudió a la manifestación por las colonias de gatos.

Además de todo esto, Jaén ha estado implicada en política. Apareció como la última de la lista del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) para las elecciones municipales de Cádiz de mayo de 2015. En los comicios europeos de junio de 2024 fue candidata de Iustitia Europa y ya en mayo de 2026 encabezó la lista por Almería de Se Acabó La Fiesta, el partido de Alvise Pérez.

Si bien no se conoce el programa de SALF en materia de medio ambiente (ni en ninguna otra), en septiembre de 2024 Pérez votó en el Parlamento Europeo en contra de dar subvenciones europeas al toro de lidia, por considerar que no se debe destinar dinero público a un espectáculo de “brutalidad, crueldad y tortura” animal. SALF, por cierto, se ha quedado fuera de la causa de Ceuta, en la que acusaban al Rey de Marruecos por crímenes de lesa humanidad porque, según el auto, “no aporta la menor justificación ni explicación”.

Más de medio año después de la crisis interna de Vox, con implosiones en Madrid, la Región de Murcia y Castilla y León, Santiago Abascal aún no ha conseguido recoger todos los escombros. Después de que Vox expulsase del partido a su antiguo presidente provincial y portavoz del grupo en el Parlamento murciano, José Ángel Antelo, el diputado no ha abandonado su escaño en la Asamblea Regional. Permanece en el Grupo Mixto junto a otra desencantada de la formación de extrema derecha, Virginia Martínez.

Frente a otros residuos que los de Abascal han logrado depurar del resto de parlamentos regionales, Antelo y Martínez representan en Murcia la fragmentación de la extrema derecha y tienen el potencial de cambiar el tablero político de la Comunidad. El PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, podría desembarazarse de la dependencia que hasta ahora ha mantenido con Vox. “Con la implosión de Vox, se abren las posibilidades de negociación a Fernando López Miras. El PP es el principal beneficiario en el corto plazo de esta escisión del partido de Vox”, apunta el director técnico del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) de la Universidad de Murcia (UMU), Alberto Mora.

“Vamos a un modelo de final de legislatura más transaccional, con una negociación casi iniciativa por iniciativa. Tanto a Vox como a Antelo se les plantea un reto porque, por un lado, tienen que diferenciarse entre ellos, y por otro tienen que conseguir ser visualizados por parte de la opinión pública como partidos posibilistas, de gestión”, abunda.

De esta forma, podríamos estar ante unas negociaciones presupuestarias muy diferentes a las del pasado ejercicio. Entonces el proceso fue agónico, sellado en junio, y los populares tuvieron que ceder, concesión tras concesión, para contentar a los de Abascal, siendo las más polémicas el cierre de un centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz y la eliminación de subvenciones a sindicatos y patronal.

“Tanto Antelo como Vox tienen que sacar rédito en este proceso de negociación, ya sea con una modificación de la Ley del Mar Menor o con cuestiones vinculadas a la seguridad y la migración. Tienen que sacar partido, pero no pueden ser especialmente incisivos o duros en el proceso de negociación con el Gobierno regional porque tienen que competir entre ellos”.

Por su parte, el codirector del CEMOP, Ismael Crespo, duda de que López Miras se arriesgue a negociar con Antelo: “Sacar los presupuestos adelante con Antelo tendría un coste político muy bajo. El problema es que al año siguiente, el PP gobierna con Vox. No le conviene enfadarlos [a los de Abascal]”. “Tampoco creo que vaya a haber presupuestos, no le veo sentido. Sería una negociación que se comería prácticamente todo el primer cuatrimestre del año próximo, le darían el dominio de la actualidad a Vox. El PP se quedaría recibiendo golpes y desgaste parlamentario”.

¿Cuánto le queda a Antelo en el Parlamento murciano?

Posiblemente, el principal factor que disuade a López Miras de negociar con Antelo es que duda de su supervivencia. “Habrá que ver si Antelo logra finalmente cristalizarse en un nuevo partido político o en una agrupación de electores, y presentarse a las elecciones”, señala Mora.

“Pero no es solamente crear un partido político y crear estructuras, es tener las élites suficientes para poder conformar una candidatura y tener cierta vertebración territorial. Y eso es difícil”, describe el politólogo. “Para tener una plataforma tiene que haber una coalición detrás, tanto económica como social. Y no veo incentivos en los sectores que están apoyando a la extrema derecha en la Región de Murcia para cambiar los huevos de cesta”, observa Crespo.

Incluso si Antelo consiguiera crear una formación política solvente, debería enfrentarse a la aritmética electoral. “De crear un partido, se abre otro de análisis político porque tendría que alcanzar el 3% de los votos en la Región de Murcia. No es sencillo, tendría que conseguir en torno a unos 20.000 votos aproximadamente”, cuantifica Mora. “Es verdad que Antelo parte de una posición, digamos, ciertamente ventajosa, al haber liderado Vox durante un tiempo y tener niveles de conocimiento razonablemente altos”.

El último barómetro del CEMOP, con muestras que se tomaron hasta el 6 de febrero, tan solo unas semanas antes de que Antelo fuera expulsado de Vox, el político quedó en segundo puesto en los índices de conocimiento del candidato y valoración, con casi un 62% de conocimiento y una nota de 3,5 sobre 10. Respecto a la evaluación que realizaban sus propios votantes, empató con López Miras con un 6,6: “[Antelo] está en una posición favorable para empezar a competir, porque el nuevo liderazgo de Vox todavía está por configurarse”, analiza Mora.

Por su parte, el codirector del CEMOP no observa estos datos con tanto optimismo. “El PSOE había cambiado de líder. Entonces [Francisco Lucas Ayala] era una persona un poco más desconocida. Antelo llevaba muchos años bregando y María Marín [Podemos] suele mantener esos índices”, recuerda, concluyendo que no ve signos de que Antelo vaya a consolidar una posición si no tiene ayuda externa.

Mientras, conviene recordar que Antelo no se ha pronunciado sobre su voluntad de constituir un partido político. “Espinosa de los Monteros ya comentó que se estaba planteando hacer una plataforma entre algo de lo que quedaba por ahí de Ciudadanos y Vox. Una opción para ellos sería que utilicen Murcia como experimento, lanzando una plataforma aquí”, teoriza Crespo. Pero el tiempo, recuerda el politólogo, “se les va agotando”.

Alvise, ¿competencia de Vox en Murcia?

Mientras que Antelo —por el momento— no tiene plataforma ni apoyos, hay una formación que ya ha obtenido resultados. “No descarto que Alvise vaya a rozar la entrada en la Asamblea Regional”, apunta Crespo.

Tal y como recuerda el politólogo, el partido de Alvise, Se Acabó La Fiesta (SALF), obtuvo buenos resultados en ecosistemas políticos similares al de Murcia. “Almería es un referente para nosotros porque se comporta de forma muy parecida a Murcia. En esta provincia Alvise ha conseguido el 2,9% de voto en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía”, señala. “En Aragón obtuvo 17.000 votos. Si tenemos en cuenta que Murcia tiene una mayor concentración de territorio urbano, Aragón tiene la misma población electoral que Murcia [poco más de un millón]. Alvise sacó 17.000 votos, que fue el 2,7%”.

Mientras que, tal y como recuerda Crespo, Antelo necesitaría de los apoyos tradicionales para prosperar como partido, la formación se mueve por unos códigos novedosos que podrían garantizarle votos también en la Región de Murcia: “Alvise vive en un ecosistema diferente, de Telegram y redes sociales. No necesita el apoyo de, por ejemplo, un empresario. Le veo con más posibilidades”.

¿Qué papel asume el PP?

El pasado 27 de agosto, López Miras abrió el curso político murciano con un duro discurso antimigratorio llegando a pedir la intervención militar: “Pido al presidente del Gobierno, ante su pasividad e inacción y comprobando que la situación está lejos de estar controlada, que active los medios necesarios, incluso los militares”.

“Da la sensación de que, digamos, el PP ha recuperado cierta iniciativa en esos espacios o esos temas de discusión en la agenda política. También es verdad que la agenda mediática y la agenda pública en general están condicionadas por estas cuestiones y ha dejado de estar a la expectativa de por dónde va Vox”, observa Mora.

Referirse a una embarcación con migrantes a bordo como una “narcolancha” o describir a sus ocupantes como “encapuchados” son términos que se estrenaron en esa comparecencia del presidente murciano. Pero la estrategia detrás de este vocabulario, tal y como indica Crespo, viene de Madrid: “El Partido Popular de la Región de Murcia vive sobre la base de los argumentarios del PP nacional de Génova. No creo que tenga un discurso propio y menos en temas nacionales como la inmigración”.

“Quizá nos puede sorprender un poco más porque López Miras suele ser más cauto en este tipo de cuestiones. Pero creo que está repitiendo una estrategia del Partido Popular: endurecer su discurso para asemejarse a Vox en los puntos de anclaje que tiene con el voto, los de inmigración y seguridad”, abunda. Para el codirector del CEMOP, esta estrategia de los populares viene tarde: “La batalla por el tema de la inmigración y la seguridad ya está perdida. El votante de centro moderado, con este tipo de discursos, se aleja del voto al PP”.

“Yo mandé mi currículum y ellos decidieron ponerme el número dos de la lista”, cuenta Diego Solier. Un resultado electoral inesperado, una tormentosa ruptura con Se Acabó La Fiesta (SALF) y una denuncia por acoso contra Luis 'Alvise' Pérez después, este eurodiputado de 46 años sin experiencia previa en política será una de las personas con mayor capacidad de influencia sobre la próxima gran infraestructura tecnológica del continente.

Solier será el ponente principal de CADA, siglas en inglés de la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial. Es la norma que debe establecer el marco para la construcción masiva de centros de datos en Europa. Desde su posición, Solier será el arquitecto principal de la posición del Parlamento Europeo y una figura central del proceso legislativo. La negociación sobre qué incentivos tendrán las empresas para construir estas infraestructuras, su gasto energético, su impacto medioambiental o su independencia de los gigantes tecnológicos de EEUU pasará por sus manos.

Una responsabilidad que contrasta con una trayectoria política poco convencional. Solier, ingeniero informático, llegó al Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de 2024. Unos comicios en los que SALF consiguió tres diputados tras protagonizar un vertiginoso ascenso en las encuestas. Con una campaña centrada únicamente en la figura del agitador ultra, el partido fue el sexto más votado de España, a menos de medio punto del cuarto puesto.

El resultado le granjeó tres representantes en la Eurocámara y sorprendió incluso a su propio líder, que ha admitido que conoció personalmente a Solier poco antes de la cita con las urnas. Hoy esa campaña está siendo investigada por el Tribunal Supremo, después de que saliera a la luz que Álvaro Romillo, un empresario de las criptomonedas al que Alvise llegó a promocionar en un acto multitudinario en Madrid, le entregó 100.000 euros en metálico, dos semanas antes de las elecciones. Este agosto los magistrados han desestimado el intento de Alvise para impedir el rastreo de otros tres monederos de criptomonedas que Romillo creó para que el agitador pudiera recibir donaciones anónimas.

El “músculo”

La alianza de Alvise con Solier y Nora Junco, la otra eurodiputada de SALF, duraría poco. La relación había sido complicada desde el principio, asegura Solier (“Se dedicaba a hacer vídeos de risa”, lo que alejaba a “la gente seria”, explica), pero todo se precipitó en abril de 2025. Entonces, el agitador insinuó que sus compañeros habían sido comprados por el lobby armamentístico a raíz de su voto a favor de destinar 800.000 millones de euros para el rearme europeo, algo a lo que Alvise se oponía.

“Yo no puedo controlar, no sé si han venido lobbies por detrás y me han comprado un eurodiputado mío, yo sé lo que voto yo. Te viene un lobby armamentístico a cenar contigo y te deja un maletín al lado y se levanta y se va”, declaró el líder ultraderechista. En esa misma intervención, Alvise hizo un llamamiento directo a sus seguidores para localizarlos y “poner el pie en nuestro cuello y aplastarnos”, denuncia Solier en conversación con elDiario.es, negando las acusaciones sobre soborno.

El ataque hizo que los dos eurodiputados de SALF se desligaran de Alvise, le denunciaran por acoso y se unieran a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo de Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia. Solier asegura que ese salto tuvo muy poco impacto en su proyecto político, puesto que “la gente que estuvo detrás” de la candidatura de Alvise “sigue trabajando” con ellos.

“Nosotros nunca hemos pertenecido a ningún partido político. Fuimos parte de una agrupación de electores que es verdad que estuvo liderada por una persona. Pero para que él se presentara a unas elecciones europeas, hubo gente trabajando para que eso pasara. Esa gente sigue trabajando con Nora Junco y Diego Solier. Los que pusieron el músculo, la idea, la ideología, hasta el nombre de la agrupación y el logo, siguen estando con nosotros”, asegura el eurodiputado.

Solier prefiere no dar nombres ante las preguntas de este medio. “Son gente que estuvo detrás. A mí, por ejemplo, me contactó una persona del mundo tecnológico con la que había trabajado en algunos proyectos, una persona de mi confianza con una mente brillante, que me dijo: 'Mira Diego, estamos, estoy diseñando esto y estamos buscando a gente profesional que ame a su país'. Tras hablarlo con mi familia, decidimos dar el paso”, continúa el eurodiputado.

Pese a ese distanciamiento, Solier sigue expresando posiciones cercanas a SALF en aspectos como las vacunas. Según El Confidencial, durante la pandemia escribió en la red entonces conocida como Twitter comentarios como “díganme si está justificada la vacunación masiva e indiscriminada de niños, jóvenes y aun de menos jóvenes”, o acusando al Gobierno imponer una “dictadura” por las medidas de confinamiento.

Hoy esos comentarios no aparecen en su perfil. Solier niega a este medio ser “antivacunas”, sino “un defensor de la libertad”. “No me gusta obligar a la gente a vacunarse. Que cada uno decida qué es lo mejor para uno mismo, para su familia”, afirma, revelando que él se puso las vacunas contra el covid pero sus hijos, no.

“Alianzas” con los gigantes de EEUU y energía nuclear

Antes de esa llamada, Solier era el responsable global de la infraestructura informática de Attindas, una multinacional especializada en productos para la incontinencia, como pañales para adultos e infantiles. Cuenta con más de 2.000 empleados y fábricas en España, Suecia, Italia y EEUU. El eurodiputado, cuyo currículum en la web oficial del Parlamento Europeo está en blanco, acumula más de 20 años de experiencia en puestos relacionados con IT corporativo.

Defiende que ha sido esta trayectoria el motivo por el que ha sido elegido por los ultraconservadores de ECR para la ponencia de CADA. En el Parlamento Europeo, las ponencias para las diferentes regulaciones se reparten en un sistema de subastas, en las que cada partido tiene tantos puntos como eurodiputados. Cuando logran la ponencia de un determinado dosier, escogen al eurodiputado que se encargará de ella mediante procedimientos internos.

Así es como Solier ha llegado a CADA. El eurodiputado se encuentra en “período de escucha”, pero avanza algunos de los puntos clave que marcarán la primera redacción de esta importante ley, como la defensa de la energía nuclear y las “alianzas” con las multinacionales tecnológicas de EEUU.

El eurodiputado admite la “incertidumbre” que existe en muchos sectores sobre la proliferación de los centros de datos. Sin embargo, expone que para desarrollar su propia inteligencia artificial, “Europa necesita unos recursos de computación de los que ahora mismo carece”. “CADA pretende ayudar a que esa industria que necesitamos se pueda desarrollar”, algo que, a su juicio, se conseguirá “simplificando la normativa” y “consiguiendo que venga capital para invertir”.

La norma debe ayudar a que las empresas europeas crezcan, “ganando en soberanía, pero no aislándonos”, pide. Sostiene que ganar autonomía “no significa aislarnos del mundo” sino retener el “poder de decisión” cuando los estados europeos realmente lo requieran. Para Solier, no deben tratarse igual los sistemas críticos de defensa de un país que la información corporativa estándar de los mercados privados, la cual debería poder seguir alojándose en las plataformas que resulten más competitivas.

Tenemos que tejer alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos

“CADA propone distintos niveles de soberanía y según el tipo de dato y el tipo de inteligencia artificial, podrá estar alojado en un nivel diferente. Pero eso tenemos que hacerlo en paralelo con las alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos. Tenemos que tejer esas alianzas a la vez que trabajamos en generar un ecosistema de innovación 100% europeo”, resume.

Una política que deberá complementarse con el otro gran reto de la redacción de CADA: la energía. El eurodiputado defiende la energía nuclear para potenciar la IA, como está haciendo EEUU, y critica el plan de cierre de centrales del Gobierno, que ya ha quedado cuestionado con la prórroga hasta 2030 de la planta de Almaraz, en Cáceres. “Hay que revisar ese calendario de cierre nuclear que no nos beneficia para nada”.

“No es que yo sea pronuclear o no, lo que estoy es en contra de eliminar tecnologías que se han declarado oficialmente a nivel europeo como eficientes y verdes”, afirma, apuntando a otros países europeos: “En Alemania, por ejemplo, se han dado cuenta del tema nuclear y están desarrollando planes para abrir centrales nucleares”.

Aunque el calendario oficial para la tramitación de la ley sigue pendiente de que la comisión parlamentaria correspondiente formalice el nombramiento de todos los “ponentes en la sombra” (como se denomina a los representantes del resto de partidos que estarán en contacto directo con Solier), el eurodiputado avanza a este medio que su objetivo es conseguir la luz verde del Parlamento Europeo para “junio o julio del año que viene”, dejando el texto listo para arrancar las negociaciones de los trílogos con los Gobiernos europeos.

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha rechazado íntegramente el recurso con el que el eurodiputado ultra Alvise Pérez pretendía evitar el rastreo de información clave sobre la financiación de la campaña tras la que concurrió a las europeas de 2024. En un auto del 30 de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor confirma el rastreo policial de los monederos virtuales de criptomonedas y los requerimientos de información dirigidos tanto a su partido como al Tribunal de Cuentas que había acordado a petición del PSOE, personado como acusación popular.

El magistrado afirma que son “informes necesarios para asegurar la investigación” abierta al agitador ultra por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas semanas antes de la campaña de los citados comicios. Entre esas tres diligencias está la petición de un informe a la Policía para analizar los tres monederos de criptomonedas que ese empresario, Álvaro Romillo, creó para que Alvise pudiera recibir donaciones anónimas que le permitieran eludir el control del Tribunal de Cuentas. Romillo está imputado en este caso y también por una supuesta estafa con criptomonedas.

El Supremo rechaza el argumento de la defensa del eurodiputado, que pretendía anular este rastreo alegando que el político nunca dispuso de la “frase semilla”, una especie de clave maestra que permite acceder a los fondos. Y que, en consecuencia, “nunca ostentó la titularidad, posesión ni capacidad de disposición sobre dichos activos”. Antes de recibir el dinero, Alvise trasladó al empresario sus “necesidades”, entre las que citaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña, tal y como recogen los mensajes intercambiados entre ambos y como reveló elDiario.es.

Entre las diligencias acordadas, el juez reclamó también al representante legal de Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido creado por Alvise, la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las europeas en 2024.

Asimismo, figura el requerimiento de información al Tribunal de Cuentas para que aporte el informe de fiscalización y toda la documentación presentada por la formación sobre esos comicios. El magistrado defiende que las tres diligencias acordadas se acomodan al “objeto de esta causa”, según la autorización otorgada por la Eurocámara. El pasado mayo, el Parlamento Europeo votó a favor de retirar la inmunidad a Alvise para que pueda ser juzgado por este caso.

Además, el instructor tiene pendiente decidir todavía si acuerda el rastreo de sus movimientos bancarios personales desde el año 2023, tal y como reclamó el PSOE. En su escrito, la defensa de Alvise sostiene que sería una diligencia “totalmente prospectiva” y pide acotarla, en todo caso, a las fechas de los hechos. Esto es, entre el 9 de abril y el 9 de junio de 2024. El eurodiputado alega que ese fue el período en el que estuvo operativa la agrupación de electores SALF, que se acabó registrando después como partido político con el mismo nombre.

A este respecto, el magistrado precisa que la solicitud del PSOE para revisar esas cuentas “no se ha resuelto aún”. Por otro lado, el instructor del Supremo también descarta la pretensión de Alvise de concluir de manera inmediata la instrucción y pasar directamente a la fase de juicio oral. En su recurso, su defensa aludía a la “pena de banquillo” por la “exposición pública” y “constante afectación personal” que supone cada actuación judicial para el eurodiputado.

Atestado de la Policía

Tal y como desveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las compañías del empresario Álvaro Romillo para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños.

En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario, publicadas por este periódico, revelan que Alvise dijo que necesitaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para afrontar gastos electorales e indemnizaciones por juicios. A cambio, prometió al empresario que legislaría a favor del sector de las criptomonedas, dado que confiaba en ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.

Tras la apertura de la causa, el juez ofreció a Alvise declarar de forma voluntaria. Lo hizo en julio del año pasado, cuando reconoció que cobró esos 100.000 euros en “fajos” de billetes guardados en una “maleta de deporte negra” como contraprestación por su participación en un “evento” sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid. Y que el objetivo era poder “tener un extra” para “afrontar” su vida debido a la promesa de sortear su salario, algo que solo ha hecho con dos mensualidades.

Un informe de la Policía aportado a la causa concluyó que “no hay dato alguno” en las conversaciones que ambos mantuvieron que corrobore que el dinero era el pago por un trabajo. El atestado califica de “veraz” la entrega de esos 100.000 euros y afirma que su “génesis” se produjo siempre “bajo la motivación subyacente de financiar parte de la campaña electoral a la que concurría la agrupación SALF a las elecciones del Parlamento Europeo ocurridas en junio de 2024”.

Según el informe, el interés del empresario estaba relacionado con sus “expectativas de negocio” de cara a “involucrar” a los seguidores de Alvise como clientes de sus negocios, si bien “siempre fue consciente” de que sus acciones “conducirían” a financiar al político.

La transcripción de la declaración de Alvise ante el juez del Supremo evidencia que el agitador de extrema derecha se vio en apuros cuando el instructor le pidió que detallara en qué había gastado el dinero recibido del empresario. Alvise afirmó que inicialmente guardó el dinero en su domicilio y que ya había utilizado aproximadamente la mitad, mientras que el resto se encontraba en un lugar “seguro”, aunque no en su casa. Explicó que destinó parte de esos fondos a lo que él definió como gastos personales, entre los que citó “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”.

Ante esta respuesta, el juez le preguntó si ese uso no podía considerarse, en realidad, como una actividad vinculada a su formación, lo que supondría un indicio de financiación ilegal de partidos políticos. Alvise lo negó y alegó que él tenía “tres vidas diferentes”. “Tengo la vida como eurodiputado y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y tengo que organizar un evento en un hotel (...) utilizo el dinero del partido convenientemente, según la ley de financiación de partidos políticos (...); y cuando tengo que hacer viajes personales a conocer gente antes siquiera de que tuviéramos confirmado el partido político —que es diferente a la agrupación de electores— (...) utilizo mi dinero privado”, afirmó.

Uno de los remolques que el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, utiliza en su recorrido por el territorio español entregando el sistema de extinción de incendios Eco Fire lleva visible el logo de la Diputación Provincial de Huesca (DPH). La presencia del distintivo puede apreciarse en un vídeo difundido por el eurodiputado en sus redes sociales, en el que aparece junto a uno de estos remolques durante una de las entregas de este producto. En la imagen se aprecia el remolque de color rojo donde unas letras indican que es un equipo antiincendios de primera intervención y debajo lleva colocados los logos de la DPH y Eco Fire.

Fuentes de la DPH han explicado a elDiario.es que el carro “no es propiedad de la Diputación”, sino del inventor del sistema Eco Fire, César Sallén, natural de Binéfar (Huesca). Según la institución provincial se trata del mismo remolque que se utilizó durante la presentación pública del proyecto en Torla, en 2024, cuando el dispositivo todavía no estaba en funcionamiento y al que, para ese acto, se le colocó una pegatina con el logotipo de la DPH.

La Diputación sostiene que el vehículo que aparece en los vídeos publicados por Alvise Pérez no forma parte de los medios con los que cuenta actualmente el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS). Desde la institución creen que el propietario del carro pudo haberlo cedido posteriormente y “ha olvidado” retirar la pegatina de la institución.

Actualmente, la Diputación Provincial de Huesca dispone de cinco remolques Eco Fire en servicio, distribuidos estratégicamente por el territorio para reforzar la primera respuesta ante incendios forestales. Estos están distribuidos en Beranuy, para cubrir la zona Norte-Oriental; en Torla y San Juan de Plan, en el sector Norte-Central; y en Hecho y Agüero para la zona Occidental.

Por ello, la DPH insiste en que ninguno de esos cinco remolques es el que aparece en las imágenes difundidas por el líder de SALF. Además, subrayan que el vehículo no es propiedad de la institución, pese a conservar un logotipo oficial que identifica al servicio provincial de incendios.

Iniciativa en redes sociales

En las últimas semanas y ante la oleada de incendios que asola España, Alvise Pérez ha convertido este sistema en una de sus iniciativas más visibles en redes sociales. A través de sus perfiles asegura estar distribuyendo miles de litros de Eco Fire a distintos municipios del país. El dirigente afirma que ha adquirido 5.000 litros para ampliar el reparto y está en constante coordinación con alcaldes y ayuntamientos afectados por el fuego. Unas afirmaciones cuya veracidad está siendo objeto de comprobación por distintos medios especializados en verificación, como Maldita.es.

El Eco Fire es un sistema de apoyo a la extinción de incendios diseñado por el binefarense César Sallén. El dispositivo combina un remolque con depósito y autobomba con un agente extintor que es entre 50 y 100 veces más eficaz que el agua en tareas de extinción.

El producto se utiliza para la creación de cortafuegos y como aislante térmico. Crea una barrera que dificulta la propagación de las llamas y reduce la transmisión del calor, permitiendo a los equipos de intervención aproximarse con mayor seguridad al foco del incendio. Su promotor sostiene que, además, es un producto ecológico, orgánico y biodegradable, cuyas propiedades permanecen activas hasta que se registran precipitaciones superiores a diez litros por metro cuadrado.

Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha acordado este martes cursar suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, en relación a la causa abierta contra él tras una querella del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de coacciones o amenazas condicionales.

Según recoge el auto del instructor, los hechos objeto de querella vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones del ultraderechista en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como “@Alviseperez”, canal que aparece públicamente asociado a su nombre desde, al menos, el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025. En esos mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante, José Ignacio Landaluce Calleja, instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos.

Tras destacar en el auto varios de los mensajes señalados, el instructor indica que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1.

Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas al ultra Alvise Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por delitos de financiación ilegal de partido y por delito electoral por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.

Aparte de esas cuatro causas, Alvise Pérez tiene actualmente abiertas en el Supremo otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de COVID del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos en relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

El Tribunal Supremo ha abierto una sexta causa penal contra el eurodiputado de extrema derecha Luis 'Alvise' Pérez, esta vez acusado de instigar desórdenes públicos en las protestas agrícolas de febrero de 2024. Unos días en los que el agitador y líder de Se Acabó La Fiesta no solo apoyó las manifestaciones y tractoradas sino que promovió, desde su canal de Telegram con cientos de miles de seguidores, el uso de “grava y estiércol” para lanzar a los antidisturbios, así como anunciar un plan para “dividir” a las unidades policiales durante las protestas en Madrid.

Los jueces de la Sala de lo Penal explican que estos mensajes van más allá de un “discurso crítico frente al Gobierno” una convocatoria de protestas, protegidos por la libertad de expresión, ideológica y la participación política. “Tal protección no se extiende, sin más, a los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas que, por su número, organización, finalidad y riesgo generado, pueden integrar los presupuestos de los desórdenes públicos agravados”, afirma el Supremo.

Se trata de la sexta causa penal abierta contra el hoy eurodiputado, que también está imputado por el acoso y hostigamiento a sus dos eurodiputados y a la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia, por amenazas al alcalde de Algeciras y también por financiar de forma supuestamente ilegal su campaña a las últimas elecciones europeas con 100.000 euros en efectivo.

En este caso la causa llegada desde un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid pone el foco sobre los mensajes que Alvise difundió en su canal de Telegram en febrero de 2024 sobre las protestas con las que los agricultores llevaron sus reclamaciones por la situación del sector hasta las puertas del Ministerio. Manifestaciones que en ocasiones se tradujeron en disturbios y en las que Alvise Pérez intentó capitalizar poco después de tener un papel protagonista en las concentraciones de la calle Ferraz de noviembre de 2022 y pocas semanas antes de anunciar que se presentaba a las elecciones europeas donde consiguió tres escaños.

Entre otros mensajes emitidos esos días en su canal de Telegram, el hoy líder de SALF instó a buscar “el colapso total, masivo y coordinado” de Madrid durante las protestas. “Prometemos un febrero de fuego”, afirmó. También urdió planes para “reaccionar de forma operativa” a la Policía Nacional para lanzar “pacíficamente” bolas de “barro y pintura” a los antidisturbios. Vídeos de las protestas muestran que fue golpeado por antidisturbios en las inmediaciones del estadio Metropolitano en Madrid.

Los jueces dejan la investigación en manos de Carmen Lamela y explican que no imputan a Alvise por los comentarios violentos que sus seguidores dejan en su canal, sino por sus propias arengas a bloquear carreteras y enfrentarse a la Policía Nacional. “La imputación provisional no descansa en esos comentarios ajenos, sino en las publicaciones atribuidas al canal y en su aptitud para incitar públicamente a conductas de bloqueo, colapso y enfrentamiento con los poderes públicos”.

La primera mitad de 2026 ha dejado malas noticias para Luis 'Alvise' Pérez y su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en casi todos sus frentes. La formación de extrema derecha se ha presentado a las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía sin conseguir ni un solo escaño autonómico, aunque quedándose cerca en Zaragoza. Todo mientras el Tribunal Supremo y el Parlamento Europeo han impulsado las cinco causas penales abiertas contra su líder. La Eurocámara le ha retirado la inmunidad en varias investigaciones, una de ellas la más grave de todas las que pesan sobre Alvise: la financiación supuestamente ilegal de su partido con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

El agitador de extrema derecha y eurodiputado llegaba al ciclo autonómico de la primera mitad de 2026 como una de las grandes incógnitas electorales. Lo que se jugaba era si la resaca de los más de 800.000 votos que consiguió en las europeas de 2024 le serviría para conseguir representación política en Aragón, Castilla y León o Andalucía. Su partido SALF, después de renunciar a las extremeñas de diciembre del año anterior, concurrió a todos los comicios con candidatos desconocidos hasta la fecha y con una campaña centrada, como todo lo relacionado con la formación, en el propio Alvise, sus mítines y su canal de Telegram.

Pero tras su triunfo en Europa dos años antes, el primer asalto de Alvise y SALF a las instituciones españolas se ha saldado con un total de cero escaños conseguidos. La primera cita con las urnas fue el 8 de febrero en Aragón, donde el partido de Alvise rozó el palo y se quedó a unos poco votos de conseguir un escaño por la provincia de Zaragoza. Con casi 20.000 votos en toda la comunidad, el 2,92% de sufragios en Zaragoza dejó a SALF a un suspiro de entrar en las Cortes de Aragón con su candidata Cristina Falcón.

Un mes después, el 15 de marzo, tampoco hubo suerte en Castilla y León. Después de presentar un programa electoral tan calcado al de Aragón que había olvidado retirar las alusiones a Aragón en el documento, los de Alvise se quedaron muy lejos de conseguir un procurador en las nueve provincias de la región. Con algo más de 17.000 votos en general y el 1,4% aproximado de los votos, SALF no se acercó a los porcentajes de representación pública, quedando por debajo del 1% en territorios como Soria. Los números de la aventura electoral de SALF en la Andalucía natal de su líder tampoco valieron un escaño en San Telmo, pero reflejaron una mayor implantación de los de Alvise en ese territorio. Con más de 105.000 votos y un 2,5% de los sufragios totales, la extrema derecha de Luis Pérez llegó al 3% en la provincia de Málaga. Números por debajo de los 180.000 votos que consiguió en Andalucía en las europeas de 2024, pero relevantes de cara a las elecciones generales de 2027 y en su pelea electoral con PP y Vox.

No todo fueron malas noticias para Alvise en este ciclo electoral autonómico de la primera mitad de 2026. Además de la constatación de que los éxitos políticos de su partido, a día de hoy, dependen casi en exclusiva de la figura de su líder, SALF firmó victorias sugestivas. Tuvo más votos que Podemos en Castilla y León y Aragón y más que el Partido Aragonés, un histórico de las Cortes que por primera vez desde su fundación se quedó sin representación. El líder del partido y eurodiputado siempre ha dicho que su gran objetivo es entrar en el Congreso y por ahora las encuestas del CIS tampoco son optimistas. El último barómetro del mes de mayo deja a SALF en un 2,4% de estimación de voto, bastante más que en abril (1,7%) y marzo (2,1%), pisando los talones a Podemos.

Suspendida la inmunidad de Alvise

El fracaso de Alvise ha fracasado en su intento de conseguir representación en estas tres elecciones autonómicas pero el líder de SALF mantiene el sillón de eurodiputado en Bruselas que consiguió en los comicios de 2024. Aunque en esa cita con las urnas consiguió más de 800.000 votos y tres escaños, su grupo ha quedado reducido a la mínima expresión con sus dos antiguos compañeros de bancada acusando a Alvise de acoso y hostigamiento. Una de las cinco causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra él en este 2026.

El primer semestre de 2026 tampoco deja un balance judicial positivo para Alvise y Se Acabó La Fiesta. El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad que protege al agitador de extrema derecha para que pueda sentarse en el banquillo del Supremo en Madrid en dos causas. Por un lado está el hostigamiento que promovió contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, difundiendo su foto en su grupo de Telegram, donde llegó a acumular más de 720.000 seguidores y hoy está por debajo de los 600.000 suscriptores. Pero también se ha dejado vía libre para que sea juzgado por la causa más grave que tiene abierta: la presunta financiación ilegal de su partido para las elecciones europeas.

Tal y como reveló elDiario.es, el empresario Álvaro Romillo –conocido como CryptoSpain y hoy en prisión provisional por el hundimiento de sus negocios– entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez un día antes del comienzo de la campaña electoral europea. En su declaración como imputado, Alvise reconoció haber recibido el dinero pero para compensar que iba a sortear su sueldo de eurodiputado, una de sus grandes promesas electorales que dejó de cumplir hace tiempo. Tras la concesión del suplicatorio por parte de Bruselas, el juez tendrá que decidir si el líder de SALF se sienta en el banquillo, algo que sucedería antes de las próximas elecciones generales en caso de llegar un auto de procesamiento próximamente.

Otras tres causas permanecen abiertas contra él en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, todas relacionadas con su faceta de agitador. Sigue imputado por promover el hostigamiento contra los dos eurodiputados de su antiguo grupo después de que no votaran lo que él quería en asuntos relacionados con el rearme. También se ha abierto una nueva causa contra él por amenazar a José Antonio Landaluce, alcalde de Algeciras, con publicar pruebas de “comportamientos deshonrosos” si no dimitía. Y sigue en tramitación desde hace más de cinco años la primera causa penal que se abrió contra él por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.

Varios sospechosos por la PCR

Ese caso es el más antiguo que afecta a Alvise y ha tenido un avance significativo en los últimos días. Después de varios años de instrucción, la Policía Nacional ha podido examinar la información llegada desde Twitter en Estados Unidos y ha llegado a una conclusión: no puede saber quién fue el difusor original del bulo.

El juez del Supremo pidió información sobre la cuenta de Alvise pero también sobre un usuario de X llamado “AsdeTrebolesB” que, según explica la Policía, publicó el documento “minutos” antes que el agitador ultra. Todos los datos apuntan a un vecino de Oviedo llamado Juan Antonio G.C, a tenor sobre todo de la dirección de email que había detrás de la cuenta hoy suspendida, y que se presentaba como afiliado a Vox además de otras cosas como “Asturiano y español. Antirojo y antiindepe. AntiPodemos. Antimachista y antifeminazi”.

Aún así, con esos datos, la Policía subraya que “no es posible” certificar la autoría de ese primer tuit con la falsa PCR de Illa, ni al candidato ni a su pareja. “No se puede establecer sin género de dudas que hayan sido ellos”. Falta, por ejemplo, datos sobre las direcciones IP o cuántas personas tenían acceso a esa cuenta de X.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por un caso de financiación ilegal.

Los europarlamentarios de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara que estudiaron este caso ya habían decidido la semana pasada que la protección de Alvise fuera suspendida por 20 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra.

Esta es ya la segunda vez que la Eurocámara acuerda por mayoría levantar la inmunidad a Alvise Pérez. En la anterior ocasión fue para que sea juzgado por el Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.

En el caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

Alvise contactó con Romillo, apodado 'CryptoSpain', para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio de 2025. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El Ministerio Público dejó claro que no se quedó convencido con las explicaciones de Alvise y explicó que había “indicios racionales de criminalidad”. En medio año de diligencias la Policía concluyó que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que pasó de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir que era para hacer frente al sorteo de su sueldo.

“Ocultando los gastos electorales”

La Fiscalía destacó que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, Se Acabó La Fiesta nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacó el dinero para financiar la candidatura.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. El juez acordó el procesamiento de Romillo y otros nueve procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores.

Además se le ha atribuido a Romillo un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros. El magistrado instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria” mediante “la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica” en los ejercicios 2023 y 2024.

En el caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

Otras causas pendientes de Alvise

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada contra el eurodiputado en el Supremo ha sido por parte del alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario por parte del político ultra contra el regidor.

El partido de Alvise Pérez se fue de vacío de las elecciones en Andalucía del pasado domingo. Es la tercera vez que Se Acabó la Fiesta no logra representación en unas elecciones autonómicas, pero en esta ocasión ha conseguido sumar más de 105.000 papeletas y un 2,5% del voto en la tierra del eurodiputado. Alvise lo ha celebrado apuntando a las generales: “Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”.

El partido de Alvise Pérez se va de vacío de las elecciones en Andalucía. Es la tercera vez que Se Acabó la Fiesta no logra representación en unas elecciones autonómicas, pero en esta ocasión ha conseguido sumar más de 105.000 papeletas y un 2,5% del voto en la tierra del eurodiputado. Pérez lo ha celebrado apuntando a las generales: “Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”

En las elecciones europeas de 2024, el partido de Alvise consiguió ser cuarta fuerza en esta comunidad con más de 180.000 papeletas (6.21%), 30.000 más que Sumar. Esta vez es la quinta fuerza en votos totales y le superan, además de PP, PSOE y Vox, también Adelante Andalucía (con el 9,58% de los votos y 386.000 sufragios) y Por Andalucía (más del 6% y 254.000).

La provincia en la que mejor le ha ido a la candidatura encabezada por Adrián Yacar ha sido Málaga, donde se ha hecho con el 3% de los sufragios. En cambio, su peor porcentaje está en Jaén, con el 1,6%.

En Sevilla ciudad, donde nació Pérez, es la sexta fuerza con casi 8.000 votos, muy lejos de Por Andalucía, quintos con 24.000.

Se Acabó la Fiesta ya rozó el escaño por Zaragoza con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia. Le fue peor en su segunda intentona, en Castilla y León, donde se quedó como sexta fuerza por número de votantes con más de 17.000 papeletas.

El eurodiputado tiene varios frentes judiciales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es.

Hace solo una semana, el Supremo pidió al Parlamento Europeo que le levantase la inmunidad para investigar la denuncia de acoso a sus dos eurodiputados. Ya se le ha retirado para que sea juzgado por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado rebajar de 20.000 a 10.000 euros la condena contra el eurodiputado Alvise Pérez por una publicación en X, antes Twitter, en la que se refería al exministro José Luis Ábalos como parte de una “mafia”. Un juzgado madrileño había condenado al agitador ultra por vulnerar su derecho al honor y una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, pero ahora los magistrados han estimado parte del recurso del agitador ultra y han revocado esta última. Todavía cabe recurso de casación ante el Supremo.

La publicación se produjo en 2020, cuando a Alvise Pérez todavía le quedaban cuatro años para que 800.000 votos le llevasen hasta el Parlamento Europeo. Pérez difundió varias fotografías del ministro en una cafetería con un hombre al que identificaba como un abogado —en realidad no era él, sino el director general de una empresa pública— y lo acompañó con la frase: “Se acabó el miedo ante la MAFIA que está llevando España a la ruina”. Un juzgado madrileño concluyó que el comentario buscaba “su desprestigio” y entendió que el encuentro “no tenía interés público alguno” al pertenecer al ámbito privado. En consecuencia, sentenció que debía abonar 10.000 euros de indemnización por vulneración de su derecho al honor y otros 10.000 por una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. En total, 20.000 euros.

La defensa de Pérez recurrió y argumentó que no era un encuentro privado entre dos amigos, sino “una reunión en horario laboral en día laborable” entre dos personas con relevancia pública. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que debe prevalecer el derecho al honor de Ábalos frente a la libertad de expresión del ahora eurodiputado porque “el juicio de valor debe emitirse sobre una base fáctica suficiente”, algo que en este caso no ocurrió. “Si los hechos denunciados y publicados hubieran sido ciertos, debería prevalecer la libertad de expresión frente al derecho del honor del demandante, pero concurren otras circunstancias que permiten valorar que en este caso concreto se produjo una intromisión ilegítima en el derecho al honor”, señalan.

La noticia que difundió era que “un abogado relacionado con casos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico” estaba “regañando al ministro”, algo que no se correspondía con la realidad. A esto se suma —añade la sentencia— que no llevó a cabo“ ninguna actuación razonable para comprobar la veracidad de estos hechos” antes de publicarlos en su cuenta e “incluso cuando se desmintió por otros medios” siguió manteniendo que la persona fotografiada era dicho abogado.

En cambio, la Audiencia de Madrid corrige la sentencia previa en cuanto al derecho a la propia imagen y considera que no se vulneró, aunque las fotografías fuesen obtenidas sin su consentimiento. La Sala mantiene que Ábalos en ese momento tenía un cargo en la Administración, estaba en un lugar abierto al público y las imágenes no estaban manipuladas. Y, según su criterio, su publicación “tenía interés informativo” en la medida en que “era la forma de acreditar los hechos que se denunciaban”.

“La difusión de estas fotografías que eran supuestamente la prueba en la que se fundaba su crítica política permitió al demandante acreditar la falta de veracidad de los hechos en los que se asentaba e identifica correctamente a la persona con la que se le había relacionado”, añade. De esta forma, deja sin efecto el pago de esa indemnización y se reduce a 10.000 euros el importe que debe abonar el demandado.

Un año agitado para Alvise

El Parlamento Europeo ha votado a favor de la retirada de su inmunidad para que la justicia española pueda continuar la investigación que le abrió el Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. También está pendiente la tramitación de otro suplicatorio por delito electoral y de financiación ilegal de partido político vinculados a la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña para las elecciones europeas.

Mientras navega por esta marejada judicial, Alvise Pérez ha probado suerte en las elecciones autonómicas. De momento no ha conseguido ningún asiento ni en Aragón ni en Castilla y León, aunque en el primer caso rozó el escaño por Zaragoza y logró 17.000 votos, solo mil menos que IU-Sumar. La siguiente parada es Andalucía, con un policía como candidato.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert. La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, donde se estudió el caso, había decidido la semana pasada que esta protección fuera suspendida al eurodiputado ultraderechista por 16 votos a favor y uno en contra.

En este caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

“Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, añadía el ultraderechista en uno de sus mensajes. La investigación constató que en dicho canal se realizaron hasta 1.500 comentarios “con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia”.

En la apertura de diligencias el Supremo apuntó que sus mensajes muestran “que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima”. Según argumentaron los jueces, este acoso se fundamentaba “a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto”.

Otras causas de Alvise en el Supremo

El Tribunal Supremo tienen otras cuatro causas abiertas contra el europarlamentario de ultraderecha. Por un lado, hay un caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, en el que el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Álvaro Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo es el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. Este caso también está siendo estudiado por la Eurocámara para decidir si levanta la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por el Supremo.

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada con el eurodiputado en el Supremo ha sido por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE contra él. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario del político ultra.

Alvise Pérez presentó el pasado 12 de octubre su candidatura a las elecciones generales de España, que están previstas para 2027. En este acto aseguró que las investigaciones del Tribunal Supremo son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha atribuido un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo, que se une a otros delitos por los que se encuentra procesado como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria”. Y precisa que habría sido en los ejercicios 2023 y 2024, “tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica”.

Calama indica que las cuotas supuestamente defraudadas del IRPF ascenderían a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024, mientras que del Impuesto sobre el Patrimonio se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 en 2024. A su juicio, “concurren los elementos subjetivos del delito, en tanto la conducta descrita revela la existencia de dolo defraudatorio”.

Habría consistido —indica— en “la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable, discrepancia interpretativa o negligencia, supuestos que carecen de relevancia penal”.

Mantiene a Romillo en prisión provisional

El juez también acuerda mantener todas las medidas cautelares acordadas para los procesados —Romillo y nueve personas más—, al no apreciar circunstancias para modificarlas.

Respecto al empresario, alias 'CryptoSpain' y que se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre por esta causa, mantiene esa medida para “evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva”, añadiendo que “el escaso tiempo transcurrido desde su adopción, apenas un mes, no determina por sí solo cambio alguno”.

Calama subraya que un informe de Hacienda es la “única diligencia de investigación practicada que supone la modificación de los hechos expresados” en el auto de procesamiento del pasado diciembre, que apreciaba presuntos delitos masa de estafa y organización criminal, a los que ahora añade el de contra la Hacienda Pública.

En dicha resolución, el magistrado calificó a Romillo como presunto cabecilla del entramado de la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión en criptomonedas.

Fue entonces cuando acordó el procesamiento de los diez procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores, entre ellos representados por Aránguez Abogados.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, para investigar la querella presentada contra él por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó contra él el PSOE. La querella que ahora ha admitido el alto tribunal se formuló por delito de coacciones y por delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario, y el Supremo, según indica en un auto, ha apreciado indicios de este segundo delito. El tribunal ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Antonio del Moral.

“El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales del artículo 169.1 del Código Penal”, señalan los magistrados.

Para el Supremo, de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que el querellado habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían al querellante comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión del querellante de su cargo de alcalde.

Según el auto, la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar, en este momento procesal, la concurrencia de los elementos objetivos característicos del artículo 169.1 del Código Penal, en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor.

Por el contrario, no aprecia indiciariamente acreditado el delito de coacciones de la querella, que exige una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación idónea para impedir o compeler. Añade que ello no excluye que el resultado de la instrucción pudiera eventualmente justificar una ulterior reconsideración en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, pero, en este estadio inicial, el encaje provisional más ajustado es el del art. 169.1 CP (delito de amenazas condicionales).

En consecuencia, apreciando la concurrencia de indicios cualificados y suficientes conforme al estándar reforzado exigido en causas contra aforados, la Sala procede a la admisión a trámite de la querella y la incoación del correspondiente procedimiento, “sin que ello suponga anticipar juicio alguno sobre la culpabilidad del querellado ni prejuzgar la definitiva calificación jurídica de los hechos, que quedará supeditada al resultado de la instrucción”, concluye la resolución.

Se trata de la quinta causa abierta por el Supremo al citado eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) en el último año. En dos de las cuatro que están ya abiertas el tribunal ha dirigido suplicatorio al Parlamento europeo para continuar con los procedimientos.

En el PP están contentos porque Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones en Castilla y León con dos escaños más, pero sobre todo, porque Vox venía a por todas pero solo sube un diputado. La noche electoral de este domingo dejó además lágrimas de alegría en la sede del PSOE. Los socialistas, que llevan 39 años en la oposición en Castilla y León, celebran como un triunfo haber pasado de 28 a 30 escaños después de dos sangrías consecutivas y recientes en Aragón y Extremadura. A su izquierda ninguna fuerza ha conseguido representación en las Cortes.  

Con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, analizamos quién sale mejor y quién peor de esta cascada de elecciones autonómicas que el PP quiso que fueran separadas pero revueltas, a un par de meses antes del final de este trayecto autonómico: Andalucía. Y nos preguntamos si hay más o menos opciones para un adelanto de las elecciones generales.

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido 24 horas después de las elecciones autonómicas en Castilla y León en que quieren entrar en los tres gobiernos autonómicos que están en el aire: el de María Guardiola en Extremadura, el de Jorge Azcón en Aragón y, ahora, también el de Alfonso Fernández Mañueco. Abascal ha cargado contra las negociaciones que lleva a cabo el PP en estos tres territorios y ha apuntado a Feijóo: “Mañueco dice una cosa y Feijóo la contraria. Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste (…) Yo tengo que decir a Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar en las tres regiones. Pero antes de afrontar eso, queremos una negociación medida a medida con plazos de cumplimiento”, ha repetido.

El líder de Vox lleva meses estirando el diálogo con el PP para no llegar a acuerdos en medio del carrusel electoral. Ahora, ha vuelto a decir que “lo importante es saber si hay espacio para un entendimiento en torno a un programa de gobierno” y, solo cuando eso se cumpla, se hablará de la entrada en ejecutivos de coalición. Cuestionado por los periodistas sobre si la decisión de formar coaliciones con el PP es firme, Abascal ha respondido: “Si hay un acuerdo programático medida a medida, sí. Si no, no”.

Feijóo ha salido a hablar casi a la vez que Abascal desde la sede nacional del PP para criticar el “bloqueo” de la extrema derecha y asegurar que ahora “corresponde” llegar a un entendimiento entre ambas fuerzas. “O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría o se hacen coaliciones de bloqueo con el sanchismo”, ha dicho el líder del PP.

Horas antes, el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, había señalado que una “buena base” para dialogar con Vox sería el documento que firmó en 2022 para formar un gobierno de coalición (y que acabó en fracaso), aunque ha dicho que su opción prioritaria es un ejecutivo en solitario. “Tenemos que hacer un proyecto de futuro y, por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace cuatro años entre el PP y Vox”, ha dicho en alusión al pacto que firmó entonces con el dirigente de Vox Juan García-Gallardo, por el que accedió al gobierno regional.

El candidato de Vox, Carlos Pollán, también ha arrancado su ronda de entrevistas de este lunes abierto a negociar. Pollán parece haber rebajado el tono con Mañueco, al que el jueves en el debate y también en el cierre de campaña — al igual que Abascal— exigían pedir perdón por decir que a Vox le gustaría “tirar seres humanos al mar”. Ya en ese momento, Abascal dijo que era “del género tonto” hacer esas acusaciones a Vox cuando, según todas las encuestas, iban a ser llave de gobierno.

La división de la extrema derecha fue una de las claves de los resultados electorales en Castilla y León. Vox mejoró sus resultados, pero se quedó lejos de las expectativas con 13 procuradores mientras que el PSOE no solo salvó los muebles sino que consiguió sumar dos asientos más en las Cortes. Los datos muestran que —a falta del recuento definitivo con el voto exterior— Vox se quedó cerca de arrebatar al PSOE tres escaños en tres provincias y los votos de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise, que se quedó sin representación, podrían haber sido claves de haber ido a parar al partido de Santiago Abascal.

En Zamora, Vox se quedó a 284 votos de arrebatarle un escaño al PSOE. En esa provincia SALF tiene 895 papeletas que se quedarán sin representación. En el caso de Valladolid, el escenario es muy parecido: la extrema derecha está a 1.698 votos de conseguir quitarle un asiento a los socialistas y allí la formación de Alvise suma en este momento 4.436 votos.

La batalla por el último escaño en Castilla y León 2026

Número de votos que necesita un partido para robar un escaño a la última candidatura que lo consiguió en cada provincia de las elecciones autonómicas de Castilla y León

Actualiza los datos

Es más difícil hacer esa traslación en el caso de Segovia, donde Vox está a 1.067 votos de arrebatarle el procurador al PSOE pero SALF tiene 1.195 papeletas. Suponiendo que todas ellas hubieran ido a parar a Vox en caso de no presentarse el partido de Alvise, Vox hubiera alcanzado ese escaño.

En total, 3.000 votos clave que podrían haber cambiado el resultado electoral. El PSOE no hubiera conseguido mejorar su marca sino que hubiese perdido un procurador, mientras que Vox se habría disparado con cuatro escaños más de los que tiene actualmente, en el escenario más favorable.

Alvise Pérez ha cargado contra Abascal precisamente por la “supuesta pérdida de escaños” de Vox: “Hace 18 meses dijiste que SALF con más de 800.000 votos era 'penoso y residual', y no te preocupaba. Hace 6 meses desautorizaste a Ignacio Garriga [secretario general de Vox] rechazando una reunión porque «Alvise cuanto más lejos mejor» (sic). Hoy me acusáis de vuestra supuesta pérdida de escaños, como si los votantes fueran vuestros o quisieran solo votarte a ti”, se queja el eurodiputado. Y añade: “¿Tantas décadas en el PP no te dejan ver con claridad que eres tú quien le está haciendo un favor a Sánchez, y no quienes hemos logrado imputar judicialmente a medio Gobierno?”.