El cierre de un centro de menores: la cesión estrella del PP a Vox en la Región de Murcia para pactar los presupuestos

Los presupuestos de 2025 en Murcia al dictado de la ultraderecha son ya una realidad tangible. Vox marca las directrices y las políticas al PP murciano sin necesidad de estar en el Gobierno. Ambas formaciones han tardado solo 24 horas, tras la reunión definitiva entre Fernando López Miras y José Ángel Antelo en que terminaron de juntar posturas, en firmar el documento donde se plasman los postulados, un total de 20, que van a dirigir las cuentas de la comunidad en los próximos meses. Los populares se han plegado a todas y cada una de las exigencias esgrimidas por los ultras en las últimas semanas. Entre ellas destaca la medida estrella, y también la más polémica: el cierre definitivo, que tendrá lugar después del verano, “antes del inicio del curso 2025/2026”, del centro de acogida de menores de la pedanía de Santa Cruz.

Si ayer López Miras comparecía ante la prensa con una media sonrisa y un tono de alivio y agradecía a José Ángel Antelo su predisposición para negociar, este viernes, en la firma, que ha tenido lugar en la Asamblea Regional, el portavoz popular, Joaquín Segado, y su homólogo de Vox, Rubén Martínez Alpañez, han mostrado una satisfacción plena. Especialmente el segundo. En la formación ultra saben, y así lo transmiten fuentes del partido de puertas para adentro, que Antelo ha ganado, que el PP ha cedido, aunque seis meses tarde, y que de ahora en adelante la realidad política en la Región será la que ellos han dibujado. Ahora esperan que el acuerdo hoy rubricado se cumpla en su totalidad, “coma por coma”, señalan. En la formación de Santiago Abascal manifestaban, ya desde el mes de marzo, que querían el “traje a medida”. Ahora, más confiados y con el traje hecho, Alpañez lo vindica: “Con Vox no se juega”.

El compromiso alcanzado por ambas formaciones implica no solo asumir el discurso xenófobo de la extrema derecha y rechazar el reparto de migrantes propuesto por el Ejecutivo central, sino también su desaprobación de las políticas verdes europeas y el impulso a una nueva reforma del Mar Menor, para la que los dos partidos han fijado una fecha límite: octubre de 2025. Asimismo, destaca la voluntad firme de retirar las subvenciones públicas a sindicatos y patronales con la modificación de la ley de Participación Institucional. La frase más repetida en el documento no es otra que “el Partido Popular se compromete a”. El acuerdo es una continuación más extensa del pacto de Gobierno que ambas formaciones suscribieron en septiembre de 2023 y rompieron en julio de 2024, precisamente por la acogida de niños y niñas migrantes que el PP ahora sí repudia.

Alta carga xenófoba

Los puntos que acaparan por encima del resto el contenido del documento están completamente influenciados por el cariz ideológico de Vox en materia migratoria. En primer lugar, en el punto número dos del pacto, el PP manifiesta “su contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España en las Comunidades Autónomas”. Murcia no va a recibir ningún migrante más y así lo expresa el texto. En la Región se pondrá en marcha, “con carácter inmediato”, un “protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se autoperciben como menores que incluirá pruebas médicas”.

Sin ir más lejos, anoche el presidente López Miras dejaba claro en un post en su cuenta de X, de nuevo, que “Vox ya advirtió hace un año” que la Región no podía “acoger a más migrantes”. Entonces aquella advertencia suscitó que los ultras salieran de forma abrupta del Ejecutivo. “Buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados regresen con sus familias y para que a los inmigrantes ilegales se les aplique la legislación vigente”, escribió el líder popular, satisfaciendo aún más el ego de sus socios.

La clausura del centro de acogida de Santa Cruz viene a continuación, justo debajo. La instalación, que actualmente cubre las necesidades de 60 menores, y que ha estado funcionando desde el año 2019 sin ningún problema, obtuvo cuando comenzaron las negociaciones presupuestarias el foco mediático de Vox, que puso sobre ella la sombra siempre esgrimida y nunca probada de la falta de seguridad y la alta tasa de delincuencia en personas con origen extranjero. Ahora, por compromiso del PP, el centro cerrará “antes del curso 2025/2026”. Joaquín Segado rebaja el tono, y sitúa el objetivo de la decisión en apostar por “un modelo de acogimiento más familiar y no en grandes centros”.

Asimismo, la Región de Murcia eliminará y devolverá “por incumplimiento” todas “las subvenciones que reciban ONG's que colaboren o se lucren con el tráfico ilegal de personas, trata de blancas o explotación infantil”.

El programa de enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí de los centros educativos murcianos también desaparecerá de un plumazo. Al menos en lo que a competencias autonómicas se refiere. El Ejecutivo de López Miras se ha comprometido a “no desarrollar ningún programa de fomento de la lengua árabe, tal y como sucede en otras comunidades autónomas”.

La reforma del Mar Menor, antes de octubre

El siguiente punto del documento deja atrás la carga xenófoba y se centra en el sector primario y en la agricultura. Y con ella, las políticas ecológicas europeas y el propio Mar Menor. Martínez Alpañez ha expresado orgulloso en la rueda de prensa posterior a la firma que “López Miras ha renunciado expresamente al Pacto Verde europeo”. “En los presupuestos de la Región de Murcia”, ha continuado, “no habrá ninguna partida relacionada con dicho pacto”.

“El Pacto Verde Europeo está perjudicando a nuestro sector agrario, a nuestro tejido productivo, y no podemos permitirlo”, sostuvo López Miras ayer, que se refirió a la “excesiva normativa sin sentido” que está teniendo como consecuencia el encarecimiento de los precios de los alimentos. Habló de simplificar esas condiciones y de imponer cláusulas espejo a los productos que lleguen de países extracomunitarios: “No puede ser que a nuestros agricultores se les exija cuestiones que no se les exigen a agricultores de terceros países y también, por supuesto, hay que reforzar el control en fronteras para los productos que entran en España y en la Unión Europea”.

El acuerdo presupuestario incluye partidas específicas para la agricultura y ganadería regionales por valor de ocho millones de euros. El sector primario murciano, y el Campo de Cartagena, tiene un peso específico en el anuncio concreto, y desde luego sorprendente, de una fecha fija para la reforma del Mar Menor. Ambas partes se han comprometido a “desarrollar las modificaciones legislativas necesarias para su protección” y a iniciar “el procedimiento de revisión y reforma de la ley antes de octubre de 2025”.

Vox siempre ha defendido un cambio normativo a la medida del lobby agrario, con el foco puesto en las aguas residuales y urbanas y no en la entrada de nitratos procedentes del campo a la laguna. Dicha reforma siempre suscitó tensiones y recelos entre ambas formaciones. Ahora los malos ratos parecen haber quedado atrás. Martínez Alpañez ha dejado entrever que el inicio real de dicha reforma, ya casi inminente, será bajo sus postulados. “Es perfectamente compatible el uso urbanístico, hotelero y agrícola con la conservación del Mar Menor”, ha expresado el portavoz ultra. Segado ha expresado, por su parte, que ambos se han comprometido a “no dar ni un paso atrás” en la defensa del ecosistema, sin entrar en más detalles.

Los sindicatos, sin subvenciones

La mano de la extrema derecha en el texto del acuerdo atañe también a los sindicatos y patronales empresariales. La voluntad de la formación ultra ha sido siempre suprimir la entrada de dinero público a dichas organizaciones. Así será. La futura modificación de la Ley de Participación Institucional que llevará a cabo el Consejo de Gobierno quitará el carácter imperativo de que los representantes sindicales y empresariales obtengan una inyección de dinero público en forma de subvención.

En concreto, el proyecto de presupuestos contemplará una “reducción de las aportaciones dirigidas a las Organizaciones Sindicales y Empresariales, que se suma a la rebaja del 25% que ya ha sido aplicada en el ejercicio 2024”. “PP y Vox se comprometen”, prosigue el texto, “a modificar la ley eliminando la obligatoriedad de consignación de partidas presupuestarias normativas”.

Otras medidas

En otro orden de medidas, muchas tienen que ver con la familia y por la apuesta de que ésta es, según ha expresado Alpañez, “el pilar fundamental de la sociedad”. El PP se ha comprometido a incorporar, en cada modificación normativa que se lleve a cabo en el Ejecutivo o en la Asamblea, “un informe de impacto familiar que evalúe la incidencia económica y social de dichas normas sobre la familia”.

En el contexto de emergencias, se destinarán 1,5 millones de euros a la construcción de un nuevo Centro Integral de Respuesta de Emergencias y Seguridad, y 5,5 millones de euros para la firma de un nuevo Acuerdo Marco en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Asimismo, el Gobierno autonómico, en una de las medidas más esgrimidas por José Ángel Antelo, “perseguirá la ocupación ilegal” y reforzará el compromiso en “la seguridad siudadana”, de manera que los policías locales de los municipios de la Región puedan “acceder a armas largas, pistolas taser y gas pimienta”.

Aquí puedes consultar el texto íntegro del pacto entre populares y ultraderechistas.

Después de seis meses sin presupuestos

Rubén Martínez Alpañez ha sido claro y no se ha dejado nada en la comparecencia posterior a la rúbrica. Con el acuerdo ya firmado, sabe que su formación ha obtenido lo que quería, aunque haya transcurrido para ello medio año. “El acuerdo firmado es prácticamente el mismo borrador de presupuestos que —en Vox— presentamos —al PP— en enero. Podrían haberse decidido entonces. Hemos perdido seis meses”.

Los presupuestos han llegado finalmente de un día para otro y tras un tira y afloja de acercamientos y puntos muertos que no parecía tener fin. El desbloqueo tuvo lugar después de un momento clave: el acuerdo suscrito en Baleares entre los mismos partidos hace justo una semana. Desde el bando de Santiago Abascal expresan que fue el PP murciano quien descolgó al fin el teléfono hace muy pocos días. Ahora, Martínez Alpañez vindica un tono de amenaza: “No nos va a temblar el pulso para acometer las acciones que consideremos oportunas se se incumple el acuerdo”. La formación ultra apela a la dimisión de consejeros si alguna medida no se lleva a cabo como ellos quieren, tal y como manifestó ayer Antelo. Pero ese punto en concreto no está recogido en el acuerdo.

Joaquín Segado, en la cara opuesta, afirma que la responsabilidad del PP era “tener presupuestos” en la comunidad, y claman que el acuerdo con los ultras “aportará estabilidad política y económica a la Región de Murcia”. Ambas formaciones afirman sin ápices de duda que la ley de presupuestos definitiva será aprobada a lo largo del mes de julio.

A partir de ahora espera un calendario extenso y tedioso. Los populares sacarán adelante el techo de gasto en el Consejo de Gobierno la próxima semana, que será de 6755 millones de euros, un 3,5% de incremento con respecto al año pasado. A continuación, comenzará el baile parlamentario: ese techo de gasto se someterá a votación en un pleno ordinario. Una vez aceptado, tendrá lugar la sucesión de comisiones en la Asamblea para acordar cada punto en la redacción de la ley de presupuestos, hasta que en otro pleno, que se celebrará ya en julio, al término de las comisiones, se apruebe la norma definitiva con los votos a favor de populares y Vox.

Hubo un momento, hace no muchas semanas, en que esta situación parecía lejana. La aprobación de los presupuestos otorgará al PP un bálsamo y un balón de oxígeno en una legislatura que se le había complicado tras la ruptura en San Esteban. Con las cuentas pactadas y rubricadas, los populares ya miran de cara a 2026, cuando solo faltará un año para las autonómicas. Ambas formaciones compiten por los escaños del espectro de la derecha murciana: el PP busca hacerse con la mayoría absoluta; Vox ansía seguir teniendo el mismo protagonismo, incluso más, que le está dando influir en las políticas regionales. Y todo sin estar en el Gobierno.