Una operación policial con decenas de agentes implicados condujo el 8 de julio de 2014 a la detención de 31 ciudadanos chinos en Madrid acusados de pertenecer a una “organización criminal” dedicada al blanqueo de capitales y al cobro de deudas con brutales palizas, según recogía la extensa nota de prensa. Nueve años después, la Audiencia Provincial ha absuelto a casi todos los acusados en una sentencia que describe cómo la Policía montó una gigantesca investigación “prospectiva” a partir de una denuncia por lesiones de un testigo protegido y que lo hizo con el apoyo de la Fiscalía y el aval de la jueza instructora. 

Hacía dos años que había caído la organización liderada presuntamente por Gao Ping, un empresario afincado en la Comunidad de Madrid, capaz de blanquear y escamotear al fisco cientos de millones de euros cada año a través de infinidad de comercios regentados por compatriotas. La investigación contra Gao Ping –aún hoy pendiente de juicio– hizo visibles los presuntos delitos cometidos en el seno de la comunidad china, mucho más cerrada que otras implantadas en España, de la que apenas trascendía algo de su funcionamiento interno. 

Cuando cayó Gao Ping, en octubre de 2012, la Policía ya investigaba a otra supuesta mafia china, la única capaz de hacer sombra al “emperador”, según crónicas periodísticas posteriores a su desarticulación. Esta otra banda estaría liderada por un tal Wenhai Ye Wang, alias Luis Ye, empresario que había sido detenido ya en 2011 por la Guardia Civil. Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción pondría por escrito que su banda y la de Gao Ping eran aliadas en la práctica de la extorsión a sus compatriotas. 

En 2019, cinco años después de la segunda detención de Luis Ye, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de acusación en el que solicitaba penas de entre 3 y 16 años de cárcel para 28 personas, con Wenhai Ye Wang a la cabeza. El Ministerio Público les acusaba de organización criminal, blanqueo de capitales, lesiones, amenazas y daños. 

La banda de Luis Ye habría utilizado la afición al juego de algunos de sus compatriotas para hacerles préstamos cerca de los casinos de Aranjuez y Torrelodones y cobrarles luego intereses de hasta el 10% por demora diaria. Si no pagaban eran apaleados, según la acusación. A partir de ahí, los procesados habrían montado un gran entramado de blanqueo de las ganancias, objetivo final de los investigadores. 

La sentencia dictada por la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 29 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, establece que toda la investigación parte de unos pinchazos telefónicos, propuestos por la Policía, apoyados por la Fiscalía de Madrid y avalados por la titular del Juzgado de Instrucción número 39, y que en ningún caso se podían dictar “a partir del único hecho cierto a investigar, la denuncia por un delito de lesiones” que había presentado un testigo protegido, confidente habitual de la Policía. 

Los jueces explican a la magistrada instructora que una sospecha policial, la del entramado que se escondería tras el delito de lesiones, no es un indicio que sostenga una investigación. “A nuestro parecer la inicial actividad instructora en sí resulta prospectiva, exagerada y no proporcionada”, resuelve el fallo.

“No está perfilado el número de acusados ni de teléfonos en ningún momento; la Policía carece de indicios corroboradores de la participación en los delitos de los investigados; no está justificada la extensión de la investigación a los parientes de Wenhai (Luis Ye) y tampoco de las empresas; las diligencias no están declaradas secretas y no existe constancia del cotejo de las conversaciones intervenidas [en dos dialectos chinos”, resume el tribunal la instrucción de la titular Juzgado número 39 de la capital, Belén Sánchez. 

El historial del policía Gómez Gordo

La magistrada actuó a partir de un atestado del Grupo V de la Brigada de Extranjería de Madrid, dedicado a investigar los delitos cometidos en el seno de la comunidad china, la mayor parte de ellos con compatriotas como víctimas. Al frente de ella estaba el entonces inspector Miguel Ángel Gómez Gordo, implicado y exculpado en dos casos; el primero, por participar en el secuestro de una ciudadana china, en el que llegó a ser juzgado y absuelto; y el segundo, por recibir regalos y prebendas de la organización de Gao Ping, aunque la causa contra él se archivó antes de llegar a juicio.

Mientras estuvo investigado por todos esos presuntos delitos y mucho después, hasta 2015, el inspector Gómez Gordo siguió al frente del grupo de la Policía dedicado a la comunidad china en Madrid. Incluso fue ascendido durante el mandato de Jorge Fernández Díaz a inspector jefe. Posteriormente fue destinado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el órgano central de su especialidad, y puesto al mando de una sección operativa, al frente de la que continúa.

En 2018, el jefe del Grupo que investigó a Luis Ye fue condecorado con una medalla al mérito no pensionada y ya ha comenzado a preparar su ascenso a comisario, aunque por el momento no ha superado el proceso. El apellido Gómez Gordo ha adquirido relevancia por la implicación de su hermano mayor, Andrés, en la operación para espiar a Luis Bárcenas con fondos reservados, en cuya pieza del caso Villarejo está procesado. Tras aquella decisión judicial, Andrés Gómez Gordo fue apartado temporalmente del Cuerpo.  

Pero los policías que idearon la operación no son los únicos que escapan a la fiscalización del trabajo que hace la sentencia. Dice la Sección 17 que la jueza Belén Sánchez no valoró los atestados policiales y se limitó a firmar las peticiones. “El auto no describe con claridad las razones de la gran cantidad de teléfonos intervenidos ni de sujetos a los que afecta, lo cual lo convierte en una resolución prospectiva que no describe la importancia de lo investigado”, añade.

Traducciones aproximadas del chino

Además, las transcripciones no fueron cotejadas por el secretario judicial y “muchas de ellas resultan improcedentes al haberse acordado sobre personas que nada tenían que ver con los hechos”, añade. “[Las intervenciones telefónicas] lesionan no solo el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones sino que, entendemos, no han sido objeto de control judicial, lo que las convierte en nulas de pleno derecho”, añade la sentencia.

En los atestados se llega a decir que, tras la intervención de un traductor, lo plasmado por la Policía presenta una “coincidencia esencial” con lo que realmente hablan por teléfono los investigados en dos dialectos chinos de las provincias de las que proceden. 

Los reproches a la actuación de la jueza Belén Sánchez continúan abarcando una queja recurrente de los abogados defensores sobre la pasividad con la que algunos instructores actúan, dando credibilidad a todo lo que les presenta la Policía sin mayor estudio. “El juez de instrucción hoy no se limita a ‘convalidar’ la petición policial; o a hacer de filtro para repeler abusos, abandonando en la policía la investigación y limitándose a recibir periódicamente cuenta por ‘exigencias del guion’. Es él quien realiza la injerencia, el responsable de la investigación, quien ha de dirigirla (…) no es un simple observador un árbitro que deja hacer y solo interrumpe cuando detecta una infracción o irregularidad”, resuelve la Audiencia Provincial. 

El itinerario de la Policía fue el siguiente: tras conseguir los pinchazos telefónicos de los investigados por la supuesta agresión denunciada por su confidente comienza a solicitar que se libren oficios a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, a los casinos de Torrelodones y de Aranjuez.

La jueza accedía y, de acuerdo a la nueva información de los órganos y empresas requeridas y a la de los pinchazos telefónicos, los policías pedían otras intervenciones telefónicas que también les eran concedidas. En los atestados policiales, reprocha la sentencia, se llega hablar de personas de origen chino “peligrosas”, sean o no investigados. 

Y tras dos años, la Policía considera que es necesario explotar la operación, detener a 31 de personas y practicar 21 registros. Sobre su petición, el apoyo que le dio Anticorrupción y la firma de la jueza, la Audiencia Provincial de Madrid considera que los agentes dejan “claro” en su petición que “después de dos años siguen investigando, buscando pruebas, indicios y justifican la entrada en los domicilios a los efectos de asegurar el objeto del delito”.

“A continuación elaboran un informe de imputación de hechos en donde se recogen los delitos de amenazas, blanqueo, coacciones y pertenencia a organización criminal. La Sala (el tribunal) considera que mezclan supuestos similares de denuncias de ciudadanos chinos que han resultado extorsionados por supuestos débitos de préstamos, que no son objeto de instrucción, reiteran las nueve vigilancias en los casinos realizadas, se remiten a operaciones similares contra organizaciones chinas y, finalmente reconocen que las intervenciones telefónicas han sido una vía para profundizar en el entramado financiero de When Hai”. 

La Policía Nacional exhibió en su nota de prensa fajos de billetes incautados en la operación, suma de lo recogido en la veintena de allanamientos. Sin embargo, el tribunal afirma que “salvo el hecho de que en dos de ellos que se encontró una cantidad de dinero relevante, en el resto las cantidades encontradas estaban dentro de lo que una economía media puede disponer en el domicilio, quedando sin interés el resto de lo hallado”.

La jueza que archivó la causa contra López Madrid en el 'caso Pinto'

La jueza Belén Sánchez ya archivó la causa de acoso de Javier López Madrid contra la doctora Pinto en base a unas maniobras policiales en las que participó el hermano del policía que impulsó el caso de Luis Ye. La Audiencia Provincial puso en duda los informes policiales que señalaban a la doctora y que la jueza Sánchez había dado por válidos. La magistrada propuso finalmente juzgar a López Madrid y al comisario Villarejo seis años después de la apertura de la causa. Fuentes jurídicas aseguran que mientras se instruía la causa contra la supuesta organización de Luis Ye la jueza soportaba la carga de trabajo de su juzgado y de otro en el que realizaba una suplencia. 

En el caso de la Fiscalía fue una de las fiscales asignadas al caso la que asumió las afirmaciones de la Policía para abrir la investigación y apoyó las mismas ante la jueza. Dos años después, a punto de explotar la operación, se hizo cargo la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, todos los acusados han resultado absueltos, incluido Luis Ye, excepto uno de ellos, que ha sido condenado a seis meses por un delito de amenazas continuadas y otro cuyo abogado pactó una condena menor por blanqueo.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto juicio oral contra el empresario chino Gao Ping y otras 102 personas, incluido el actor 'porno' Nacho Vidal, por la “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales que habrían desarrollado entre 2010 y 2012 a través de una macroorganización criminal en el llamado caso Emperador. Además, el magistrado ha impuesto a los principales investigados fianzas que superan los 103 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 ha acordado abrir juicio oral, conforme a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por delitos de organización criminal, cohecho, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, organización criminal, tenencia de moneda falsa y delito contra la propiedad industrial.

En el caso de Gao Ping, Lizhen Yang y Weizhen Yang, el juez ha impuesto a cada uno el pago de fianzas por más de 103 millones de euros en concepto de multas y costas, a los que deberán hacer frente en el plazo de diez días. Estos tres investigados, además, junto con otros diez, deberán garantizar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, la suma de 22,4 millones de euros.

El magistrado también ha reclamado a Vidal una fianza de más de 66 millones de euros, cantidad similar a la que ha exigido a la mayoría de los investigados, siendo la más pequeña de 7.680 euros. Solo ha eximido a unos pocos de este pago.

Anticorrupción pide 47 años de cárcel

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pidió para Gao Ping 47 años y tres meses de cárcel para y una multa de 77,5 millones de euros, mientras que para Nacho Vidal interesó 11 años de prisión y el pago de más de 50 millones de euros.

Además del presunto cabecilla y del actor 'porno', el Ministerio Público formuló acusación contra otras 105 personas, si bien Calama ha enviado a juicio a 103, indicando que contra cuatro de los señalados por Fiscalía no es posible proceder porque nunca han sido citados como imputados a lo largo de las pesquisas -Dengfeng Peng, Shanshan Gao, Salvador Yeshua Harari y Roie David Yonatan-.

En el auto de procesamiento dictado el pasado mes de marzo, el instructor reflejó “indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional encabezada por Ping Gao” y “compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados”.

El único objetivo de la red de Gao Ping, apuntaba Calama, era “llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas”.

Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.

Anticorrupción añadía en su escrito de acusación que el grupo habría recurrido a “la fuerza física o la violencia” para lograr sus objetivos. En este sentido, destacó que el propio Gao Ping sería el “responsable de impartir justicia”, ordenando acciones intimidatorias para que sus clientes pagasen los préstamos concedidos previamente.

El juez de la Audiencia Nacional José Calama ha dictado un auto en el que propone juzgar a 105 personas por su presunta vinculación con la red mafiosa de Gao Ping. Entre esos investigados figura un inspector jefe de la Policía Nacional, Miguel Ángel Gómez Gordo, que en estos momentos disfruta de un destino especial en Melilla al frente de la Brigada de Extranjería. Los hechos por los que el instructor de la Operación Emperador procesa a Gómez Gordo están relacionados con su etapa al frente del grupo dedicado a tratar los problemas de Extranjería de la comunidad china en Madrid. 

En aquella época, escribe el juez, Gómez Gordo “facilitaba, agilizaba y realizaba trámites de extranjería a cambio de dádivas y recompensas”. El magistrado Calama menciona tres conversaciones entre julio de 2010 y julio de 2012 con el propio Gao Ping, un gran empresario y presunto líder de una red criminal que defraudaba y blanqueaba cientos de millones de euros anuales. La última conversación telefónica, del 23 de julio de 2012, “evidencia que estuvieron juntos en Pekín”. El magistrado, de acuerdo al escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, también presenta como indicios documentos incautados en el despacho de Gao Ping. 

Asimismo, el juez Calama destaca una llamada a la esposa del líder de la red, Lizhen Yang, en el que el policía le avisa de que está en una de sus tiendas para comprar un bolso pero que no están ella ni su hermana. Los investigadores tenían intervenido el teléfono de la mujer y comprobaron cómo ella realiza una llamada a un empleado para advertirle de que no cobre a la pareja que va a visitar la tienda. En otra intervención telefónica, añade el auto, se pone de manifiesto que uno de los miembros de la trama china pide saltarse la espera en comisaría para unos trámites y otro contacto en el que parece desprenderse que Gómez Gordo es invitado a un espectáculo “donde pretenden regalarle dos cajas de vino”.

Gómez Gordo figuró como investigado en una pieza separada de la causa Emperador dirigida contra un grupo de funcionarios policiales. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó la causa contra él al considerar que los indicios que Asuntos Internos y Anticorrupción presentaban no eran constitutivos de delito. Esos indicios apuntaban igualmente a presuntas dádivas a miembros de la trama a cambio de favores. Gómez Gordo no llegó a sentarse en el banquillo y todos los policías juzgados resultaron absueltos. El archivo de la Sala de lo Penal se produjo con los mismos argumentos que esos jueces habían utilizado para procesar a Gómez Gordo.

Anticorrupción argumenta ahora que aquella investigación se ceñía a los vínculos del mando policial con Yongping Wu Liu y que ahora debe ser juzgado por su relación con otros presuntos miembros de la mafia china. El ahora inspector jefe, dicen los fiscales en un escrito del pasado mayo, “mantenía relación personal y directa con Yongping Wu Liu, pero también con otros investigados respecto de los cuales continúa esta causa: Gao Ping, Xianxian Yang, Yongping Xia, Lizhen Yang o Jaime Caballero”. “Dichas relaciones -añaden- eran absolutamente ajenas al desempeño laboral. Gómez, sin embargo, utilizaba su función de Policía para dar trato de favor a dichas personas investigadas (o a terceras designadas por éstas) y recibir dádivas de ellas”. El auto de pase a procedimiento abreviado es recurrible por las partes antes de que el juez dicte el de apertura de juicio oral.

Gómez Gordo resultó absuelto el pasado año después de ser juzgado junto a tres ciudadanos chinos por el secuestro de una compatriota de éstos. Según el relato de los hechos que hacía la acusación, la mujer fue secuestrada para intentar conseguir tres millones de euros que iban a ser sacados de España por otra banda. Cuando la mujer fue liberada resultó ser detenida en las inmediaciones del lugar de su cautiverio por dos subordinados de Gómez Gordo. La secuestrada acusaba al inspector jefe de estar aliado con la banda de secuestradores y de detenerla para que no pudiera denunciar. La Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial resolvió que aunque resultaba “creíble” el relato de la mujer no quedaba probado la participación en el mismo de los acusados. 

Pese a sus problemas con la justicia, la Dirección General de la Policía nunca ha actuado disciplinariamente contra Miguel Ángel Gómez Gordo. Antes de que se archivara la primera causa contra él por la mafia china, ascendió a inspector jefe y estuvo destinado en servicios centrales de la Comisaría General de Extranjería y Documentación. Le fue asignado un destino en Almería que no llegó a pisar gracias a la fórmula de la comisión de servicio, un mecanismo excepcional que otorga un destino provisional a un policía en función de una supuesta necesidad especial. Es el mismo procedimiento por el que fue destinado a Melilla, a petición propia, hace alrededor de un año. 

Hermano del policía asesor de Cospedal imputado en Kitchen

Miguel Ángel es el hermano menor de Andrés Gómez Gordo, el comisario imputado en el caso Villarejo por haber participado en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Otro de los investigados en esa causa, Enrique García Castaño, le ha señalado ante el juez como el autor del informe PISA con el que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz quiso acusar falsamente a Podemos de financiación ilegal. 

Andrés Gómez Gordo ha trabajado durante años fuera de la Policía siempre al servicio del PP y, especialmente, de María Dolores de Cospedal mientras ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Regresó a la Policía para gestionar la relación con el chófer de Bárcenas, al que conocía por haber trabajado junto a él para Francisco Granados, y a los seis meses de volver fue condecorado con una medalla pensionada. 

La Audiencia Nacional ha absuelto a los cinco agentes de la Policía Nacional, al policía municipal de Fuenlabrada (Madrid), al exjefe de prensa del Ayuntamiento madrileño de Coslada y a un ciudadano chino de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos por los que habían sido sentados en el banquillo en relación con la presunta trama del cerebro de la red de blanqueo de capitales que lideraba el empresario chino Gao Ping.

Anticorrupción había elevado al término del juicio su petición inicial de penas de cárcel para seis de los acusados en esta pieza separada del 'caso Emperador', y había solicitado penas de entre 1 y 9 años de cárcel para los agentes.

En esta pieza se habían investigado las relaciones y supuesta participación delictiva de los acusados con uno de los investigados en la causa principal, Youngpin Wu Liu. La sentencia lleva un voto particular de Ramón Sáez que considera que la actuación de tres de los policías podría considerarse revelación de secretos.

Después de analizar los hechos juzgados la Sala concluye que no ha quedado acreditado el delito de cohecho porque no consta dádiva o regalo recibido por ninguno de los acusados. En relación con el trafico de influencias y la revelación de secretos, la sentencia los descarta también al encuadrar los hechos en el marco de las funciones de vigilancia y seguridad propias de sus cargos.

Los absueltos son el comisario de Puente de Vallecas Patricio Rodríguez San Román; los inspectores jefes de la Brigada de Extranjería de Madrid, Ángel Luis Olmedo Ovejero y Miguel Ángel Gómez Gordo; Donoso Adán, destinado hasta 2012 en la Brigada de Extranjería de Fuenlabrada; Óscar García Frade, agente destinado en Fuenlabrada y Federico Sánchez de Frutos, inspector de policía en segunda actividad.

También han sido exonerados de cualquier responsabilidad criminal Mario José Selas Martínez, policía local de Fuenlabrada; el exjefe de Prensa del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) y Yongping Wu Liu, colaborador de Gao Ping que hacía de enlace con los policías según la acusación de Anticorrupción.

El ponente de la sentencia hecha pública este viernes, el magistrado Nicolás Poveda, hace constar los problemas de seguridad y de atracos que sufría la comunidad china erradicada en España, lo que determinaba el interés de los policías del área de extranjería en la seguridad de los ciudadanos chinos.

“Amistad” pero no favores

Tal situación, según la Sala, habría dado lugar a un acercamiento entre los empresarios de nacionalidad china y los miembros policiales que había llegado a generar entre los mismos una amistad que se prolongó en el tiempo, como un deber de información y de seguridad, ante una comunidad, la china, cuya importancia en numero y volumen de negocio era cada vez más relevante.

Durante su declaración en este juicio, que comenzó el pasado 4 de octubre, los policías acusados de favorecer presuntamente la trama de blanqueo de la red de Gao Ping, que es una pieza del conocido caso 'Emperador', negaron haber recibido regalos como entradas a partidos de fútbol en el Santiago Bernabéu o jamones a cambio de favores por parte del líder de la red o de su máximo colaborador Yongping Wu Liu.

La sentencia analiza a lo largo de 60 páginas las relaciones de cada uno de los agentes procesados con 'Miguel el Calvo' y concluye que “no consta dádiva o regalo recibido por ninguno de los acusados”, según vienen en reconocer los miembros de la Unidad de Asuntos Internos que declararon como testigos en el juicio.

Añade que “la existencia de una determinada problemática derivada de la comunidad china dedicada al comercio y al almacenaje de mercaderías en relación con los atracos que sufren, y su decisión de oponerse a los atracadores, habiendo sucedido casos de violencia con resultado de muerte sucedido en Granada, lo que es público y notorio, determinan el interés de los policías del área de extranjería en la seguridad de los ciudadanos chinos”.

Voto particular

En su voto particular, el magistrado Ramón Sáez crítica la sentencia por no dar respuesta a las pretensiones de las acusaciones y por cuanto se elude analizar la prueba documental en cuanto a las comunicaciones telefónicas entre los coacusados, tanto orales como por mensajes de texto, “a las que no se da tratamiento alguno, cuando toda la investigación se desarrolló a partir del examen de las conversaciones intervenidas en la pieza principal en las que aparecían como interlocutores agentes de los cuerpos de seguridad”.

Respecto a los regalos e invitaciones se dice, explica Sáez, que no fueron aceptadas y que no se ha acreditado su recepción, lo cual es contradictorio.

En este punto, añade el magistrado discrepante que el apartado de fundamentos jurídicos de la sentencia que debería contener el análisis de la prueba “se limita a resumir el resultado individual de cada una de ellas sin confrontar ni valorar en conjunto las mismas, obviando conversaciones y mensajes intervenidos, tan importantes en el caso”.

En cuanto a la calificación jurídica de los hechos, este juez muestra su desacuerdo con que la conducta de los acusados Rodríguez San Román, Donoso Adán y García Frade, consistente en el acceso indiscriminado a datos reservados registrados en ficheros, información que trasladaron a su amigo Wu Liu, sea “ penalmente irrelevante.

Año 2006. Una transferencia de 632.338,10 euros procedente de un banco en Suiza hace saltar las alarmas en el área de riesgos de La Caixa. Este es el momento inicial de una investigación que, tras diez años de trabajo desenredando una enorme maraña de sociedades y movimientos cruzados de dinero, ha enviado al responsable de esa gestión financiera a la cárcel acusado de blanqueo de capitales. Hablamos de Mario Conde.

En el auto que le envía a prisión redactado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quedan reflejados no solo los tejemanejes del expresidente de Banesto para gestionar el dinero a través de paraísos fiscales y entramados financieros, también el modus operandi con el que trabaja el Estado español para luchar contra el blanqueo de capitales.

El de Conde podría considerarse un caso de libro. Una operación sospechosa es detectada por una entidad financiera y esta da la alarma al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, Sepblac. Comienzan las pesquisas. En ese organismo, que trabaja bajo la cobertura física y logística del Banco de España, aunque legalmente está adscrito al Ministerio de Economía, se analizan miles de documentos, se cruzan datos de múltiples fuentes y cuando se tienen evidencias constatables de la existencia de delito, el caso pasa a manos de las fuerzas de seguridad especializadas en delitos económicos. La brigada de blanqueo de capitales de la UDEF o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil son los cuerpos que, junto a la Policía o la Agencia Tributaria, se encargan de abordar los casos más flagrantes de delitos financieros.

Pero mientras que la primera parte de este proceso funciona de forma ejemplar, España falla estrepitosamente en la segunda. Frente a un proceso de identificación y prevención de casos de blanqueo que ya es un modelo para otros países –fuentes consultadas aseguran que Reino Unido lo está copiando–, el engranaje se atasca cuando los culpables deben ser sancionados.

Que un caso de blanqueo acabe con sus responsables en la cárcel, como le ha ocurrido a Mario Conde, es algo casi excepcional en España. Así lo ha constatado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que vela por la supervisión del control del blanqueo de capitales en todo el mundo en su informe sobre España publicado en diciembre de 2014. Así, advierte de que “las penas de prisión que se imponen en España por blanqueo de capitales son excesivamente bajas”. Esto implica, según este organismo supervisor, que “el sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio para las organizaciones criminales, que más bien al contrario ven en España un lugar donde operar con poco riesgo”.

No es la primera vez que se cuestiona la eficacia de la Justicia española a la hora de penar los delitos relacionados con blanqueo. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones la OCDE y con especial intensidad en su informe 2013 dedicado al soborno y el cohecho. En él acusaba a España de inactividad. Aseguraba que no era coherente que un país de este tamaño hubiera realizado apenas siete investigaciones en 13 años y que ninguna de ellas terminara con condena firme.

España comenzó a tomarse en serio la lucha contra el blanqueo de capitales en 2010. Es el año en que se aprueba la Ley contra el Blanqueo de Capitales que se refuerza en 2014 con el pertinente reglamento. Desde entonces, España ha intensificado, entre otras muchas medidas, lo que podría denominarse una red de chivatos o colaboradores (obligados, eso sí) para facilitar la detección de casos de blanqueo en aquellos sectores de actividad que más relación pueden tener con el dinero negro. Cabe recordar que el blanqueo de capitales solo afecta a los bienes de origen ilícito, un paso más allá de la ocultación de bienes con ánimo defraudatorio.

Los 'sujetos obligados' del blanqueo

El nombre oficial de estos 'colaboradores' es el de 'sujetos obligados'. Los bancos y todo tipo de entidades financieras lo son desde hace años, pero la Ley de 2010 amplió la lista a joyeros, notarios, responsables de inmobiliarias, anticuarios, y así hasta 26 sectores susceptibles de ser utilizados como vía de blanqueo. Están obligados a llevar un registro de operaciones (tipificadas por ley) que deben reportar mensualmente al Sepblac, y además informar puntualmente de todas aquellas operaciones que presenten algún indicio de estar relacionadas con un caso de blanqueo.

“La simple sospecha ya es motivo para informar de un caso. Por lo que Sepblac se convierte en una esponja. Su efectividad se basa también en que le llega información por diversos canales y eso le permite identificar qué casos acumulan más denuncias de distintos sujetos obligados”, explica Víctor Altimira, socio abogado de Logic Data Consulting y presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac).

El refuerzo ha sido efectivo. Las operaciones sospechosas reportadas se han incrementado un 50% desde 3.171 en 2010 a 4.757 en 2015. En el caso de las sistemáticas, el aumento se ha casi cuadruplicado, subiendo un 186% desde 707.968 hasta las 2.027.008 en el mismo período.

El Sepblac tiene la complicada tarea de separar el polvo de la paja. Es decir, discernir si todo aquello que en principio es sospechoso efectivamente es la punta del iceberg de un delito, un fallo administrativo o un indicio fallido. El reto no es baladí. Como se pudo ver en el caso de caso de Gao Ping y en el de Mario Conde o como reflejan los Papeles de Panamá, la eficiencia a la hora de blanquear dinero se basa en crear complicadas tramas de empresas y testaferros.

En un primer nivel, esa labor recae en un equipo de 79 personas, la plantilla total del organismo, que hasta 2015 era de 54 personas. El Gobierno reforzó la cuantía disponible para el Sepblac recogida en los Presupuestos Generales de 2016 hasta los 14,46 millones de euros, frente a los 11, 09 millones del año anterior.

Desde el propio Sepblac explican que “para incrementar su efectividad centran las investigaciones en las comunicaciones basadas en indicios”. El número de informes de inteligencia financiera sobre comunicaciones sospechosas que el Sepblac ha remitido a las diferentes autoridades nacionales (desde Tribunales, Policía, Guardia Civil, Aduanas y hasta a la propia Agencia Tributaria) no ha parado de aumentar desde los 4.077 en 2010 hasta los 6.500 en 2015.

Pocas operaciones

Estas cifras descienden drásticamente cuando se analizan las investigaciones que reporta el Sepblac. “No se puede decir que las 71 investigaciones 'in situ' que hizo en 2015 o incluso las 90 de 2014 sean un dato para estar orgullosos. Habría que hacer muchas más, aunque solo fuera para que los posibles infractores tuvieran la sensación de que pueden ser pillados”, asegura María García, socia de Amber Legal & Business Advisors, y presidente de ASEBLAC, la Asociacion Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo en Cataluña. “Apenas han investigado cinco despachos de abogados y eso que GAFI ha advertido que este es el grupo de sujetos obligados que menos colabora con la Administración”.

Pero esta es una crítica que ya no debe recaer en este cuerpo de inteligencia financiera. “Quien decide si un caso es o no susceptible de ser sancionado administrativamente es la secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales”, explica Víctor Altimira. Es decir, un órgano ya totalmente dependiente del Ministerio de Economía. Es en esa comisión en la que se gestionan las sanciones administrativas.

Además estas sanciones podrían ser tan solo la punta del iceberg, puesto que, como recuerda María García, solo se hacen públicas las sanciones muy graves. Las graves solo se reflejan públicamente en caso de que el multado recurra la sanción. “No hay que ser un lince para adivinar que muchos sujetos obligados prefieren pagar la multa antes que recurrirla y verse ligado a este tipo de problemas en un documento público”, reconoce.

Parece claro que el engranaje de la lucha contra el blanqueo comienza a chirriar cuando los expedientes salen del Sepblac. Según los últimos datos publicados, el número de casos con condena firme por blanqueo de capitales fue en 2013 de 49, con un total de 116 implicados. Los motivos pueden ser muy variados, pero un exalto cargo de la lucha contra el blanqueo de capitales en España apunta a la propia concepción legal de proceso.

“En la Ley de 2010 queda muy claro que los informes de inteligencia financiera [del Sepblac] no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas”, advierte. Eso significa que aunque las pesquisas realizadas por el Sepblac sirvan de ayuda a las fuerzas de seguridad del Estado, éstas deben comprobar cada uno de los indicios apuntados.

“El sistema es muy garantista y conseguir pruebas irrefutables para sustentar un condena en los complicados entramados societarios, con múltiples testaferros y operaciones cruzadas que implican las operaciones de blanqueo no es ni fácil, ni rápido.”

Desde su llegada al Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar optó por contratar de forma reiterada a varias empresas del mismo dueño el transporte de las obras y los viajes que realizaba la exdirectora del museo. Si llevar las piezas de un lugar a otro era cosa del duopolio Logística del Arte, S. L. y Valtrans, S.L., los desplazamientos eran cosa de Viajes Sakvitur SL. Todas estas empresas son propiedad Enrique Martínez Murillo. Y dichas contrataciones están bajo sospecha en la causa que investiga los supuestos desmanes en el IVAM. 

Según las actas del consejo rector del museo a las que ha tenido acceso eldiario.es, la agencia de viajes que organizó la mayoría de trayectos durante la etapa de Císcar en el IVAM patrocinó una exposición en 2008. Se trata de la muestra 'Arte y deporte. Intinerancia', de 2008, a la que también contribuyó con 8.310,59 euros el Grupo Cano Automo, según dicha acta.

El patrocinio se aprobó sin preguntas por un consejo rector formado por Císcar, Rafa Miró, Ricardo Bellveser, Tomàs Llorens, José María Lozano, Felipe Garín, Francisco Calvo y Juan Carlos Lledó, que estaba como técnico. Ni la consellera de cultura Trini Miró ni los vocales Carlos Alberto Precioso, Luis Lobón, Paz Olmos y Ángel Kalenberg estuvieron presentes en aquellas reunión. 

Sin oposición a las compras a Gao Ping

Sin oposición a las compras a Gao PingEse mismo año en el Consejo Rector del IVAM aprobó la compra de 61 fotografías al supuesto capo de la mafia china, Gao Ping, investigado por blanquear presuntamente dinero a través de obras de arte. Según el acta, nadie dijo nada acerca de esa adquisición. Ese día estaban presentes Císcar, Precioso, Lobón, Miró, Olmos, Garín, Román de la Calle, Llorens y Kalenberg. Ni Bellveser ni Calvo acudieron. El documento oficial no refleja si la consellera de Cultura acudió al consejo. 

Caturla aprobó las primeras obras a Rueda

Caturla aprobó las primeras obras a RuedaTambién sin críticas y por unanimidad se aprobó la primera adquisición de la era Císcar de una obra de Gerardo Rueda. Se trataba de la pieza 'Gran Relieve', que tuvo un coste de 360.000 euros, según el acta. Entre los que aprobaron dicha compra se encuentra Máximo Caturla, uno de los presuntos cabecillas de la 'operación Taula' y que entonces ocupaba el cargo de secretario autonómico. A las obras compradas al hijo de Rueda se les cuestiona su autenticidad por parte del conservador del IVAM y su precio en el Informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

Como la de su marido preso por el fraude de las ayudas a la cooperación, Rafael Blasco, la trayectoria de Consuelo Císcar al frente de la gestión cultural y, en particular, del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), ha estado rodeada de sospechas. Imputada por la compra de obras de arte con sobrecostes de hasta el 1.500%, el escrito de la Fiscalía incluido en el sumario que ha adelantado Levante-EMV revela la adquisición de obras no originales en el último episodio de una carrera salpicada por excentricidades, proyectos ruinosos, desmanes y sombras de corrupción. 

Natural de Picanya, Consuelo Ciscar se crió en una familia acomodada que alumbró uno de los incombustibles de la política valenciana: su hermano Ciprià Císcar. De sus reuniones clandestinas, conoció a Blasco cuando él era un militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y ella regentaba una galería de arte que entonces plantaban cara a la censura. Ya en democracia, tras el paso de Blasco como conseller socialista y su caída en desgracia por un caso de corrupción que acabó archivado, realizaron un viaje ideológico que los situó en la órbita del PP. 

Císcar se convirtió en la apuesta del expresidente Eduardo Zaplana para dirigir las riendas de la cultura. En campaña electoral fue presentada como futura directora del IVAM, pero el primer conseller de Cultura de la época del PP, Fernando Villalonga, optó por Juan Manuel Bonet, un conocido crítico de arte, para dirigir la “joya de la corona” de la cultura valenciana del momento, una institución museística que se había situado en el circuito internacional.

Como compensación, Consuelo Ciscar ocupó el cargo de directora general de Museos, Promoción Cultural y Patrimonio y más tarde el de secretaria autonómica del ramo. Durante esa época ya impulsó proyectos que pese al bombo y plantillo no fueron el éxito que se proclamó, caso de la Bienal de Valencia; o terminaron con una deuda de 25 millones de euros. como la creada a espaldas del sector teatral y disuelta en 2013 Ciudad de les Artes Escénicas de Sagunto. 

Con la llegada de Francisco Camps a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Císcar cumplió con su sueño de dirigir el gran museo del arte valenciano: el IVAM. Su carácter controvertido y los excesos a la hora de adquirir obras empezaron desde el principio. También las sospechas. Desde su llegada se incrementaron las patrocinios privados de constructoras cuando su marido ocupaba la cartera de Territorio y Vivienda. 

Solo discutida por la Asociación Valenciana de Críticos de Arte o por el colectivo de Ex Amics de l'IVAM, desde su mandato se inflaron los datos de las visitas del museo para amagar su decadencia y se adjudicaron presuntamente muchos de los servicios a dedo. Dentro de los excesos de su gestión destacaron los múltiples viajes que hizo al extranjero con su camarilla. Uno de sus destinos favoritos fue China, país que le generó problemas al comprar el IVAM 61 fotografías en 2008 al presunto jefe de la mafia china, Gao Ping. Por ello, pagó 440.280 euros. Según publicó El País, el abogado que asesoró al presunto mafioso fue el hermano del crítico del arte que ejercía de crítico de la muestra que lo exhibió. 

El Informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana que sirvió de base para iniciar la causa ya advirtió de que entre las irregularidades más significativas estaba la adjudicación directa de los 'Cuadernos del IVAM' “sin motivar adecuadamente la específica necesidad”. Su coste fue de 2,3 millones de euros. Con sobrecostes considerables, una obra de Julio Quaresma es la que alcanza el más alto: del 1.500%. Quaresma enviaba los correos desde las Islas Caimán. 

Imputado casi todo el equipo de Císcar (Raquel Gutiérrez, Juan Carlos Lledó) que gestionaba las compras también se investigan las contrataciones a la agencia de viajes Sakvitur, S.L. y las de transportes de obras Logística del Arte, S. L. y Valtrans, S.L., todas ellas propiedad del investigado, Enrique Martínez Murillo. La revelación del pago de obras del artista Antonio Rueda -figura de referencia del expresidente José María Aznar- a su heredero muy por encima de su valor (más teniendo en cuenta que en su mayor parte fueron fundidas para ese encargo) y de testimonios que hablan de su control de todo en el IVAM son el penúltimo capítulo de una trayectoria marcada por los desmanes. 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que anule la exculpación que dictó el mes pasado a favor de un mando policial investigado por sus vínculos con la organización de Gao Ping. En el recurso de nulidad, los fiscales acusan a tres magistrados de la Sala de lo Penal de faltar a la verdad y de actuar “de forma descuidada o imprudente”.

El inspector Miguel Ángel Gómez Gordo era uno de los siete policías nacionales que se iban a sentar en el banquillo de los acusados por favorecer y/o obtener prebendas de Yongping Wu Liu, uno de los lugartenientes de Gao Ping. Sin embargo, el 10 de febrero pasado, la Sección Tercera se corrigió a sí misma y dictó el archivo provisional de la causa contra Gómez Gordo. Firmaban ese auto Juan Pablo González, como ponente; el presidente de la Sección, Alfonso Guevara; y Fermín Echarri.

Anticorrupción reacciona con el recurso de nulidad, en el que los fiscales Juan José Rosa y José Grinda analizan cada uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para exculpar al policía en la antesala del juicio oral, cuando ya se había dictado el procesamiento y la propia Fiscalía había presentado su escrito de acusación.

El auto de los tres magistrados justificaba la exculpación del policía en un “examen detallado de las transcripciones telefónicas a las que en su momento no se tuvo acceso”. Para los fiscales, la Sala “falta rigurosamente a la realidad de los hechos”, ya que en su escrito de acusación del 31 de agosto, seis meses antes, se habían incluido todas las grabaciones y los jueces habían podido valorarlas.

“No se puede decir, por no ajustarse a la verdad, que no se había tenido acceso hasta este momento a las transcripciones. Si la Ilustrísima Sala ya valoró esas transcripciones telefónicas, al estimar el recurso de apelación de la Fiscalía (…), no puede valorar de forma distinta ahora su contenido y menos aún decir que no se tuvo accesa a las mismas”, alega Anticorrupción.

En el auto exculpatorio, el ponente, Juan Pablo González, asumía los argumentos de la defensa del policía y negaba que constara en la causa que éste hubiera solicitado dinero al presunto mafioso chino (4.000 euros). A lo que Anticorrupción replica: “En ningún momento, ni lugar del escrito de recurso, el Ministerio Fiscal ha dicho que Miguel Ángel Gómez Gordo exigiera la entrega de dinero al imputado Yong Ping Wu Liu”.

Y añaden los fiscales: “Es una grave apreciación de la Ilustrísima Sala, sólo explicable por atender de forma descuidada o imprudente a la lectura del recurso tendencioso de la representación procesal de Miguel Ángel Gómez Gordo”. El escrito de la Fiscalía calculaba en 4.000 euros el beneficio que había recibido el policía por el cambio de billete efectuado por Yong Ping Wu Liu para que el inspector jefe regresara en primera clase de China.

Los fiscales no ahorran en calificativos al referirse a la Sala. “La resolución de 10 de febrero de 2016 incurre en graves defectos que hace que su contenido sea de todo tipo irracional, contradictorio y atentatorio contra el derecho a la tutela judicial efectiva”, concluyen. Y se preguntan por qué, si los jueces consideran que no hay indicios de criminalidad en la conducta del policía, dictan su archivo provisional y no el libre.

Anticorrupción eleva a más de 6.000 euros los regalos que recibió en especias el inspector jefe Miguel Ángel Gómez Gordo de Yong Ping. El ciudadano chino invitó al policía al estadio Santiago Bernabéu en tres ocasiones. Asimismo, cambió un billete de turista que tenía el agente para volver de un viaje de trabajo a China por otro en primera clase que costeó de su bolsillo, según la Fiscalía.

Los fiscales optan por presentar un recurso de nulidad al considerar que los jueces de la Audiencia Nacional han vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y han lesionado los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y al uso de medios de prueba pertinentes, así como “a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Los apellidos “Gómez Gordo” en la Policía

El exculpado era jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería de Madrid cuando estalló la operación Emperador, en octubre de 2012. Miguel Ángel Gómez Gordo fue el único policía nacional detenido entonces y continuó, a pesar de la imputación, durante dos años al frente del mismo grupo, dedicado a combatir la delincuencia en los círculos chinos de la Comunidad de Madrid.

El Ministerio del Interior ascendió a Gómez Gordo cuando aún estaba pendiente el recurso de la Fiscalía contra el archivo de su causa que dictó el juez Fernando Andreu. En la decisión del juez pesó el informe que presentó el máximo responsable de los policías anticorrupción en favor del policía, aun cuando para ello tuvo que contradecir a sus propios subordinados.

Su hermano es otro inspector jefe, Andrés Gómez Gordo, quien ha dejado la Policía de forma temporal en dos ocasiones para trabajar con el Partido Popular. La primera, en la Ciudad de la Justicia, el faraónico proyecto en el que el Gobierno de Esperanza Aguirre dilapidó 105 millones de euros. Con María Dolores de Cospedal fue nombrado director general de Documentación y Análisis aunque su ocupación fue la de jefe de seguridad de la presidenta castellano-manchega.

A los cinco meses de regresar a la Policía, Andrés Gómez Gordo fue condecorado con una medalla roja al mérito policial, esto es, remunerada. En la actualidad está destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Los presuntos tratos de un grupo de siete policías nacionales con la organización criminal dirigida por Gao Ping deben ser castigados con penas que suman 20 años de cárcel, según el escrito presentado este miércoles por la Fiscalía Anticorrupción. En la nómina de la mafia china había desde comisarios a policías ‘rasos’, que responderán en el banquillo por delitos de revelación de secretos, cohecho y tráfico de influencias.

Junto a estos siete policías nacionales será juzgado Yongping Wu Liu, alias ‘Miguel el Calvo’, uno de los máximos colaboradores de Gao Ping. Según el escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso eldiario.es, Yongping Wu Liu consiguió que los policías información reservada, tratos de favor e influencias “a cambio de varios obsequios”. Los fiscales Juan José Rosa y José Grinda piden para él siete años de cárcel.

El policía de mayor rango de cuantos se sentarán en el banquillo es el comisario Ángel Luis Olmedo Ovejero, jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía en Madrid cuando sucedieron los hechos. Olmedo, amigos y familiares visitaron los palcos del Santiago Bernabeú gratis en tres ocasiones, a costa de Yongping Wu Liu, alias 'Miguel el Calvo'.

Este presunto mafioso pidió a Olmedo la renovación del permiso de residencia de su hermana el 27 de abril de 2012. Ese mismo día, una subordinada del comisario utilizó sus claves para acceder a la base de datos de extranjeros, denominada Adexttra. La Fiscalía solicita para Olmedo dos años de cárcel por revelación de secretos y uno más por cohecho. Solo los policías pueden consultar este archivo, siempre con su clave de acceso.

A esos partidos de fútbol acudió también Miguel Ángel Gómez Gordo, jefe entonces del Grupo V de la Brigada de Extranjería. Gómez Gordo fue detenido en octubre de 2012, en la misma operación que Gao Ping. Ha estado imputado desde entonces, pero a pesar de ello, pasó otros dos años más al frente del grupo dedicado a combatir los delitos en la comunidad china en toda la Comunidad de Madrid.

Gómez Gordo fue ascendido a inspector jefe recientemente, cuando todavía estaba pendiente de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimara el recurso de Anticorrupción contra el archivo de la causa contra todos los policías decretado por el juez Fernando Andreu. El máximo responsable de la lucha anticorrupción de la Policía, el comisario Santiago Sánchez Aparicio, envió un escrito al juez Andreu solicitando que archivara la causa contra este agente. Los responsables de la investigación en la que se basa la acusación son subordinados de Sánchez Aparicio.

Miguel Ángel es además hermano de Andrés Gómez Gordo, un inspector jefe que ha dejado el Cuerpo en dos ocasiones para trabajar con el PP. Primero, en la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, en cuyo proyecto el Gobierno de Esperanza Aguirre dilapidó 105 millones de euros. Después, para ser el jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal, a pesar de que fue nombrado por la Junta de Castilla-La Mancha como director general de Documentación y Análisis. A los cinco meses de volver a la Policía, Andrés Gómez Gordo fue condecorado con una medalla al valor, pensionada. Su hermano se enfrenta ahora a un año de cárcel por cohecho.

Las notas de Gao Ping

La Policía encontró unas notas manuscritas de Gao Ping en el despacho del presunto líder de la trama. En ellas, el presunto cabecilla de la trama dividía en columnas sus contactos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en la policía de Extranjería de Madrid. Gordo y otro policía, el inspector Federico Sánchez de Frutos figuran en este último apartado. Para el segundo, la Fiscalía también solicita un año de cárcel.

Gestiones similares al resto de la presunta trama realizó el comisario Manuel Patricio San Román, en alquel entonces al frente de la comisaría del distrito de Villa de Vallecas. En concreto, el comisario consultó antecedentes y domicilio de un ciudadano chino y, a cambio, recibió “un jamón, una cajas de vino, entradas para los toros y entradas para el fútbol”. Se enfrenta a cuatro años de cárcel por revelación de secretos y uno más por cohecho.

El policía Blas Donoso trabajaba en la Brigada de Extranjería de la comisaría de Fuenlabrada. El nivel de colaboración de Donoso con la trama es tal que Anticorrupción lo considera “un subordinado” de 'Miguel el Calvo'. Además de gestiones relacionadas con la residencia para este presunto cabecilla y otros miembros de la trama, entre ellos la propia mujer de Gao Ping, Donoso llega a consultar en las bases la matrícula de un coche en el que unos hombres que se habían identificado como policías habían acudido a un local del ciudadano chino.

En el mismo centro policial que Donoso trabajaba el también procesado Óscar García Frade, quien también realizó consultas irregulares de forma continuada. Anticorrución pide cinco años de cárcel para él.

En esta pieza de la Operación Emperador se sentará también en el banquillo Mario José Selas Martínez, policia local de Fuenlabrada. Selas habría facilitado a Yongping Wu Liu información “confidencial” del departamento de Urbanismo de Fuenlabrada sobre expeidentes sancionadores y decretos de cierres realizados en las naves y locales del polígono de Cobo Calleja. Este agente local se enfrenta a la petición de pena más alta, siete años por los delitos continuados de revelación de secrtos, cohecho y tráfico de influencias.

Completa la nómina un asesor del alcalde de Fuenlabrada y jefe de prensa, Pablo García Lozano, para el que Anticorrupción solicita tres años de prisión.

Habrá quien trabaje en un banco y en su tiempo libre pertenezca a una organización criminal. Pero la Audiencia Nacional cree que los hay que pertenecen a la banda organizada durante su horario laboral en la entidad. También puede ocurrir que el presunto criminal y el banco donde trabaja tengan residencia en Suiza y las autoridades del país no consideren necesario tratar al primero como tal. Hasta aquí, y presuntamente, el caso de Marc Pérez, antiguo empleado del HSBC contra el que el juez Fernando Andreu cursó el 17 de febrero de 2014 sendas órdenes, europea (OED) e internacional (OID), de detención, ante las que el tribunal español no ha tenido respuesta alguna desde entonces.

Los investigadores españoles llegaron hasta la organización de Marc Pérez tirando del hilo de la operación Emperador. El grupo de chinos a las órdenes de Gao Ping era cliente de una organización internacional de blanqueo de capitales con sede en Suiza. Según la Policía española, Pérez es el “brazo ejecutor y verdadero ingeniero financiero” de la trama liderada por el ciudadano belga François Leiser, un anciano que lleva décadas cobrando un 2 o 3% de comisión a empresarios, aristócratas y profesionales liberales de todo el mundo a cambio de ocultar sus ingresos al fisco.

Para los investigadores, el puesto ejecutivo de Pérez en el HSBC era clave para poder articular la trama. Como declaró el también otrora empleado del banco Hervé Falciani a eldiario.es, los gestores del HSBC “son parte de la operativa del blanqueo y del fraude”. Pérez es el primer empleado de un banco suizo para el que la Audiencia Nacional pide la entrega e ingreso en prisión.

El HSBC es el quinto banco del mundo en gestión de patrimonios millonarios. Su papel en la ocultación de fondos y el blanqueo de capitales le costó en 2013 una multa de Estados Unidos de 1.470 millones de euros para evitar un proceso penal por blanqueo de capitales.

Marc Pérez tiene nacionalidad suiza y es empleado de banca, una suerte de escudo ante cualquier reclamación judicial fuera de sus fronteras. Así lo sabía la policía, la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez Fernando Andreu cuando dictó la OED y la OID contra Pérez. Los investigadores piensan que está en Suiza e interpretan el silencio de sus autoridades como un rechazo a las pretensiones españolas de entrega. Aun así, la iniciativa tiene utilidad: si Pérez pone un pie en el extranjero, solo un pasaporte falso de gran calidad le puede librar de la detención y entrega a España. Aquí le espera la prisión preventiva bajo la acusación de fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

El rol desempeñado por Pérez en la derivada de la operación Emperador refuerza la tesis de que bancos como el HSBC no son solo la cámara que esconde los millones ganados legalmente por millonarios de diferentes países. Como ejemplo, Malka Maman Levy, alias ‘La Reina’ o ‘La Sobrina’ para la Policía española. Ella es el nexo entre Leiser y Marc Pérez y los chinos que defraudaban en España hasta 300 millones de euros anuales. Esta mujer de origen israelí actuaba como una suerte de franquicia de los primeros en España. Su trabajo consistía en actuar de nexo entre millonarios españoles con cuentas en Suiza y comerciantes chinos con muchos billetes que querían hacer llegar a su país de origen sin que el fisco español metiera las narices.

Este método, conocido como “de compensación”, era uno de los varios que utilizaba la red de Gao Ping para blanquear sus ganancias sin declarar. Los chinos le entregaban a Malka Maman las bolsas con dinero, y sus cuentas en China recibían transferencias desde las cuentas opacas de los españoles en Suiza. Así, estos ganaban una comisión y disponían de dinero en efectivo sin necesidad de reingresar el dinero a España desde el país helvético, lo que podría provocar una investigación sobre su patrimonio. Según un informe de la Unidad de Delincuencia y contra el Crimen Organizado (UDYCO) incluido en el sumario de la operación Emperador, Marc Pérez hacía posible los pagos y cobros “transfronterizos” desde su puesto en el HSBC.

Decenas de españoles con cuentas en paraísos fiscales blanquearon dinero para la red de Gao Ping a través de esta trama. Por la Audiencia Nacional han desfilado empresarios de distintos sectores y hasta tres primas del rey Juan Carlos. Son los denominados “receptores” por los investigadores, frente a los chinos, que recibían el apelativo de “donantes”. Si alguno de ellos tenía cuenta en el HSBC durante la época a la que pertenecen los datos extraídos por Falciani, se conocerá en los próximos días con la publicación de la lista que está realizando un conjunto de medios a nivel internacional y elconfidencial.com y La Sexta en España.

El banco borra su rastro

La actitud de Suiza con Pérez ya la sufre España desde hace tiempo en el caso de François Leiser, el presunto jefe de la trama internacional de blanqueo: las autoridades helvéticas se niegan a extraditarlo. Lo único que consiguieron los investigadores de la operación Emperador es que el fiscal Jean Bernard Schmid interrogara a Pérez, Leiser y François Frederic Mentha en calidad de testigos. Mentha es empleado de otro banco, el Lombard Odier, y también participó en el movimiento de fondos del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Mientras, el HSBC ha borrado de su web cualquier rastro que le relacione con Pérez, que ya no está allí empleado.

La percepción en la Audiencia Nacional durante los últimos tiempos es que Suiza había mejorado algo su colaboración en las investigaciones por blanqueo de capitales, ya procedieran del narcotráfico, la corrupción u otro delito organizado. Sin embargo, actitudes como la mantenida con Pérez o la reciente denegación de pruebas en el caso Gürtel suponen un jarro de agua fría. En este último caso, las justicia federal suiza ha rechazado, por el momento, que los datos bancarios enviados a la Audiencia Nacional puedan ser utilizados en un juicio. Lo sorprendente es que, en su escrito, los jueces suizos hacen una valoración de los elementos de prueba e incluso respaldan el argumento del PP de que Bárcenas “actuó en detrimento” de la formación de Mariano Rajoy.

Este giro en la colaboración de Suiza coincide con el cambio en la Embajada española. En julio de 2014, el Gobierno nombró a un hombre de la total confianza de Mariano Rajoy como nuevo embajador: Bernardo de Sicart Escoda. Hasta que se mudó a Suiza, Bernardo de Sicart era el jefe de Protocolo de La Moncloa. Y durante los años de la presidencia de Aznar fue asesor de Mariano Rajoy en la vicepresidencia del Gobierno y en el Ministerio del Interior. Suiza es su primer destino como embajador.

La Audiencia Nacional quiere entre rejas al banquero suizo Marc Pérez. El juez Fernando Andreu dictó el 17 de febrero un auto de prisión contra él por los indicios que tiene de su pertenencia a una organización internacional de blanqueo de capitales descubierta durante la 'operación Emperador', informaron a eldiario.es fuentes jurídicas. Según la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, Pérez se servía de su puesto ejecutivo en el HSBC para facilitar transacciones bancarias que permitían hacer perder el rastro de la procedencia ilícita del dinero.

La ‘operación Emperador’ supuso, en octubre de 2012, el mayor golpe a una red de defraudación a la Hacienda española. El grupo, presuntamente liderado por el chino Gao Ping, comercializaba casi el 90% de los productos que sus compatriotas venden en los aproximadamente 18.000 bazares que hay repartidos por España. Pero a Gao Ping y el resto de miembros de la red no les gustaba pagar impuestos. Ni lo hacían al introducir los productos, ni declaraban el dinero que obtenían por ellos. El perjuicio a las arcas públicas era de entre 200 y 300 millones de euros anuales.

Tirando del hilo, los investigadores llegaron hasta una organización que tenía entre sus clientes a Gao Ping. Liderada por Malka Maman Levy, alias ‘La Reina’ o ‘La Sobrina’, este grupo posibilitaba una relación simbiótica entre los ricos españoles y los chinos, sin necesidad de que unos supieran de otros y al revés.

Los primeros tenían cuentas en Suiza con dinero que no querían declarar. Los segundos, dinero en efectivo para blanquear. Con la intermediación adecuada, los españoles recibían dinero en efectivo y a cambio movían sumas a China u otros paraísos fiscales a cambio de una comisión. Este sistema, denominado de compensación, era tan solo uno de los cinco métodos que la red de Gao Ping utilizaba para blanquear sus beneficios.

Maman Levy era, a su vez, una suerte de franquicia de la organización creada y liderada por el ciudadano belga Francois Leiser. Ya anciano, Leiser lleva décadas posibilitando que empresarios, aristócratas o profesionales liberales de todo el mundo puedan evitar contribuir al gasto público de sus países, a cambio de una comisión que oscila entre el 2 y el 3% de la cantidad blanqueada. Y en este diseño de la red, según la Policía española, resultaba clave Marc Pérez, “hombre de confianza” de Leiser y “brazo ejecutor y verdadero ingeniero financiero” de la trama de blanqueo.

A través de su puesto en el HSBC, Marc Pérez hacía posible los pagos y cobros “transfronterizos”, según recoge un informe de la Unidad de Delincuencia y contra el Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía.

Blanqueo para la clase alta

Decenas de españoles con cuentas en paraísos fiscales blanquearon dinero para la red de Gao Ping a través de esta trama. Por la Audiencia Nacional han desfilado empresarios de distintos sectores y hasta tres primas del rey Juan Carlos. Son los denominados por los investigadores como “receptores”, frente a los chinos, que recibían el apelativo de “donantes”. Los pinchazos telefónicos y seguimientos pusieron de manifiesto cómo destacados miembros de la clase alta recibían de manos de Maman Levy o sus lugartenientes bolsas repletas de billetes.

Los agentes saben que Pérez no está en España. El auto de prisión dictado por Andreu es el primer paso para la solicitud de extradición a Suiza, una decisión que se antoja casi imposible de adoptar, debido al blindaje que las autoridades helvéticas realizan sobre los empleados de su sistema bancario. De hecho, Suiza ya se negó a tomar medidas contra Leiser, Pérez y Francois Frederic Mentha –este último empleado del Lombard Odier que participó en movimientos de fondos de Luis Bárcenas-, cuando así se lo solicitó el juez Andreu y la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal suizo Jean Bernard Schmid se limitó a interrogar a los tres en calidad de testigos. Contra Leiser ya pesa una petición de extradición que Suiza se niega a tramitar.

En cualquier caso, uno de los responsables de la investigación en España se muestra satisfecho con el auto de prisión. “Vamos acotando el espacio alrededor de ellos”, dice respecto de los presuntos miembros de la trama de blanqueo internacional. Cuando Suiza responda sobre la localización de Marc Pérez, la Audiencia Nacional cursará una solicitud de extradición y la correspondiente orden de detención y entrega a efectos de la entrega que cursará Interpol. Pérez se arriesgará a ser detenido y entregado a España en cuanto ponga un pie fuera de Suiza.

Cambio de juez

La orden de extradición deberá ir firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien se hizo cargo el pasado abril del ‘caso Emperador’. Su primer instructor, Fernando Andreu, abandonó el caso el mes pasado al encontrarse indicios de corrupción contra un comisario de la Policía con el que mantiene una relación de amistad. Un mes y medio antes de abstenerse, dictó el auto de prisión contra Pérez, al considerar que existen indicios suficientes como para que aguarde en prisión la celebración del juicio.

Marc Pérez ya no es ejecutivo del HSBC. Es lo único que ha trascendido desde que se supiera de su implicación en la ‘operación Emperador’. El banco no facilita ninguna información sobre él y, como hacen todas las entidades en el país transalpino, ha borrado cualquier rastro del su ejecutivo de la Red. Solo las informaciones de medios españoles aluden a la figura del presunto cerebro financiero de la trama internacional de blanqueo.

El empresario chino Gao Ping ha sido durante años el gran conseguidor de la clase alta española. Gao Ping se valía de todo tipo de actores en su inmensa red de corrupción. Concejales que le facilitaran licencias a cambio de masajes felices en marisquerías chinas de Fuenlabrada, policías que hicieron la vista gorda en el aeropuerto para que ciudadanos chinos pasaran los controles sin problemas, o expertos banqueros que realizaban las transferencias bancarias a cuentas en el extranjero sin dejar rastro. Uno de esos importantes nombres escondidos en la enrevesada telaraña de favores, regalos y actividades ilícitas es el de François Leiser, el marchante de diamantes que opera en España desde hace 37 años y es un desconocido para el gran público.

Leiser ya apareció en la prensa española en 1977 por un caso de blanqueo de capitales. El diario ABC publicó entonces que el cambista belga era el principal responsable de una trama de contrabando de brillantes que servía para el blanqueo de dinero de los españoles acaudalados del momento. Cuatro décadas después, Leiser es el cabecilla de la trama de la que se servía Gao Ping y su entramado criminal para blanquear todo el dinero generado por la exportación fraudulenta de mercancía. Gao Ping era uno de sus mejores clientes.

La célula de blanqueo de capitales contaba además con un empleado del HSBC, Marc Pérez, que se encargaba de que todas las transferencias de cuentas de los empresarios españoles captados por la organización en España llegaran sin problemas a las cuentas chinas o indias a nombre del padre de Gao Ping. La relación de los comerciantes de diamantes de Amberes y el HSBC no se limita a esta colaboración esporádica entre estos dos miembros. Según publicó el diario flamenco De Tijd en octubre [1] [2], uno de cada cuatro comerciantes del sector del diamante en Amberes defraudaba el fisco belga con ayuda del HSBC. Al menos 193 comerciantes de diamantes enviaban así sus ingresos a paraísos fiscales.

Un blanqueador activo durante décadas

Las andanzas de Leiser son conocidas al otro lado del Atlántico también desde hace décadas. The New York Times recogió en 1986 la siguientes declaraciones del belga: “Esperamos que algunas personas inteligentes le digan a los investigadores que se calmen”. La frase del dueño de la empresa de cambio Kirscher & Co se refería a una investigación de las autoridades judiciales belgas por el blanqueo de capitales proveniente del comercio de oro y diamantes de más de 800 clientes por un valor de 1.000 millones de dólares [1]. Una práctica conocida y tolerada por las autoridades belgas por el gran volumen de negocio que el comercio de diamantes producía en Amberes, en aquel momento el 6,2% del Producto Nacional Bruto, además de emplear a 30.000 personas.

En un artículo en Der Spiegel de 1986 se narró de forma pormenorizada el escándalo de blanqueo que los comerciantes de diamantes organizaban desde Pelikaanstraat, la calle donde se sitúa la bolsa de diamantes de Amberes y la mayoría de los comercios de los tratantes de joyas. El diario alemán contó que la mitad del comercio de diamantes se centraba en Amberes, habiendo desplazado a ciudades como Johannesburgo o Nueva York, por las facilidades fiscales que las autoridades belgas ofrecieron a los comerciantes judíos tras la diáspora que habían ocasionado la persecución nazi y la Segunda Guerra Mundial. No es casualidad que el comercio de diamantes fuera una actividad habitual en tantos judíos europeos, ya que durante esos años era mucho más sencillo ocultar los diamantes en su huida para salvar el patrimonio. Esa característica de los diamantes facilitó a posteriori su uso para el blanqueo de capitales.

Con su empresa de cambio de divisas, con sedes en Amberes y Tel Aviv, Leiser ha hecho una gran fortuna que ha reinvertido en dos de sus grandes aficiones, los Ferrari y los caballos de competición, con varios a su nombre que gestiona con la empresa Pro Horse Internacional, con sede en Suiza. Es precisamente en esta actividad donde se le ha podido ver en alguna ocasión.

Dinero en paraísos fiscales

En la macrorredada de octubre de 2012 en la que se destapó la Operación Emperador, se constató en un primer momento que una trama de empresarios chinos traía a España más productos de los que declaraban, y posteriormente blanqueaban el dinero negro que generaban con ese excedente. La trama estaba encabezada por Gao Ping y su mujer, Lizhen Yang, se complementaba con la intervención de Isaac Cohen Atzban y Malka Maman Levy, que eran los encargados de captar a empresarios españoles para blanquear el dinero generado con las importaciones fraudulentas. Tras ellos Leiser y Marc Pérez orquestaban el blanqueo desde el extranjero.

Cohen Atzban era el cerebro de la célula de blanqueo en España, un español afincado en Melilla de origen israelí que tenía una pequeña oficina de cambio de divisas y dirigía las operaciones con la ayuda de Maman, su lugarteniente. La labor de Mamman, ciudadana de origen israelí, era la de buscar empresarios o gente con alto poder adquisitivo que tuvieran dinero en paraísos fiscales o bloqueado. Fue nacionalizada española en 1997. El azar la sitúa en el BOE junto a Raymond Nakachian, el empresario libanés que fue condenado en 1966 en Japón, precisamente, por contrabando de oro y diamantes.

Maman ofrecía grandes cantidades de dinero en efectivo a los empresarios y millonarios españoles por una comisión del 2% o el 3%. A cambio, ellos debían realizar una transferencia desde sus cuentas en los paraísos fiscales a las que Maman les indicaba en India, China o Israel. Con este modus operandi, la organización captó a multitud de empresarios y miembros de la aristocracia española. La lista es larga y ostentosa; María Illía García de Sáez Borbón, pariente del rey, recibió dos entregas en efectivo de la trama pero alegó ante el juez que desconocía que fuese ilegal. Junto a ella están imputadas su madre, María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, y su tía María Margarita.

También aparece en el listado Patxi Garmendia, propietario de la empresa Altube, dedicada a la cría de perdices rojas, gran amigo del rey y suministrador de estas aves a la Casa Real. Otros ilustres clientes de la trama de blanqueo de la célula hebrea que servía a Gao Ping fueron Antonio Banús Ferre, empresario y sobrino del promotor que dio nombre a Puerto Banús, y Enrique Lasarte, expresidente del Banco de Vitoria, exconsejero y vocal de la comisión ejecutiva de Antena 3 Televisión y exconsejero delegado de Banesto.

Las investigaciones sobre la red de blanqueo presuntamente ligada a Gao Ping han vuelto a desvelar su estrechísima conexión con los círculos de la alta sociedad española. Los seguimientos y pinchazos telefónicos ordenados por el juez han cazado al apoderado de una empresa que, según la información obrante en el Registro Mercantil, preside desde octubre de 2005 Fernando Sarasola, cuyo nombre no figura en el sumario: Grupo Salermar 98, dedicada la adquisición y gestión de valores mobiliarios. Escuchas y seguimientos han cazado al apoderado en lo que la transcripción de las conversaciones y la interpretación que la Policía hace de ellas indican que eran tratos para traer a España dinero en metálico procedente de paraísos fiscales y previo pago de la preceptiva comisión marcada por el entramado chino.

¿De quién era ese dinero y a cuánto ascendió? Los documentos consultados no lo precisan. Pero sí que al “entramado empresarial” al que pertenece Salermar 98 se le conocía en la red de blanqueo como “los de Génova”, la calle madrileña en cuyo número 15 se ubican Salermar y otra sociedad que, según el Registro Mercantil, está igualmente presidida por Fernando Sarasola y en la que consta como socio único, la inmobiliaria Fersamar SL. Cuando la Policía se refiere a “los de Génova” lo hace así: “Uno de los grupos de empresarios más prolíficos” en sus relaciones con la trama.

El nombre de Fernando Sarasola, famoso como hombre de negocios pero, sobre todo, como miembro de la jet madrileña, no aparece mencionado en los documentos del sumario a que ha tenido acceso este diario. Tan solo se repite el del apoderado de Salermar, José Antonio Gil González, a quien la Policía cita como “principal representante” de la empresa. Salermar 98 (mencionada erróneamente como Salemar en el sumario) y Fersamar no presentan cuentas al Registro Mercantil desde 2010. En esas últimas, referidas a 2009, ambas sociedades declararon pérdidas en sendos balances validados por Fernando Sarasola como presidente. El nombre de ambas apunta a que son un acrónimo de los apellidos familiares: Sarasola Lerchundi Marulanda la primera (Salermar) y Fernando Sarasola Marulanda (Fersamar), la segunda.

A tenor del sumario, el contacto con el grupo hispanoisraelí que supuestamente trabajaba con Gao Ping y se encargaba de la repatriación ilegal de fondos para clientes ricos en apuros se produjo a través de Fermín Lecanda Artiach. Considerado uno de los principales intermediarios de la llamada “trama hebrea”, Lecanda Artiach conoce desde hace al menos dos décadas a la familia Sarasola. Lecanda y Enrique Sarasola hijo, por ejemplo, fueron testigos en una boda celebrada en 1990. ¿Era Lecanda amigo también del apoderado José Antonio Gil? Nada sugiere que así sea o deje de serlo. Es, por tanto, una incógnita a quién se refieren Lecanda y su contacto en la trama de blanqueo, Malka Mamman, cuando, en una conversación telefónica intervenida, la prominente miembro de la trama hebrea dice a su interlocutor lo siguiente: “Enrique” [Lasarte, exconsejero delegado de Banesto con Mario Conde] no es como tu otro amigo de Génova, que es como un reloj suizo“.

A lo largo de una semana, este diario ha intentado sin éxito recabar la versión del apoderado de Salermar cuyas conversaciones fueron intervenidas por orden judicial, José Antonio Gil González. El apoderado atendió la primera llamada y colgó el teléfono en cuanto supo el motivo que la originaba: nunca más lo descolgó. Tampoco ha sido posible localizar a Fernando Sarasola, durante lustros rebautizado por la prensa del corazón como “Gigi”Gigi y quien según sus más recientes declaraciones públicas trata ahora de “solucionar problemas inmobiliarios”. Ayer, la persona que atendió el teléfono en el domicilio familiar aseguró que el empresario se encuentra de viaje pero facilitó un número de contacto con su equipo. En este caso, la mujer que levantó el teléfono lo volvió a colgar cuando la periodista le informó sobre las abundantes referencias que el sumario de la Operación Emperador contiene sobre Salermar 98 y le solicitó hablar con Fernando Sarasola para incluir sus opiniones sobre el asunto.

Sí fue posible conocer la versión del hermano más exitoso de la familia, Enrique Sarasola, propietario de la cadena de hoteles Room Mate. Según sus portavoces, Enrique Sarasola rompió por completo en 2005 con Salermar 98 y “las demás empresas” ligadas a su apellido y domiciliadas en el número 15 de la calle Génova de Madrid. “No tiene ninguna relación con los negocios de su hermano”, recalcaron los portavoces al tiempo que se declaraban incapaces de facilitar un móvil de contacto con Fernando Sarasola. Hasta 2002, Salermar 98 tuvo como presidente al fundador de la saga familiar, el célebre y ya fallecido empresario Enrique Sarasola Lerchundi.

El sumario del caso Gao Ping ya había destapado la relación de la policialmente llamada trama hebrea, centrada en el blanqueo de capitales, con empresarios de alto nivel y aristócratas. Fuentes del caso subrayaron a este diario que los nombres de todos ellos sólo quedaron plasmados en los informes policiales una vez que los investigadores constataron su verdadera identidad y obtuvieron indicios sólidos de su implicación en el caso. Así ocurrió, por ejemplo, con las hermanas Margarita e Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, parientes del rey pero no miembros de su círculo familiar directo. El juez comenzará en breve a citar a los clientes que traían dinero opaco a España, muy probablemente en calidad de imputados según quienes conocen el caso.

El sistema de repatriación ilegal de fondos funcionaba de forma sencilla: el cliente, siempre con algún depósito bancario en algún paraíso fiscal, comunicaba a la trama cuánto dinero quería en metálico. La red le facilitaba a renglón seguido un número de cuenta, generalmente localizada en China, a la que el cliente transfería desde el paraíso fiscal los fondos que deseaba recibir más la comisión estipulada. Una vez quedaba constancia de que el dinero había llegado a su cuenta de destino, los miembros de la trama hebrea le hacían la entrega en España: a domicilio muchas veces y, como en otros casos de corrupción, utilizando bolsas de plástico para esconder los billetes.

Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.

La salida de la cárcel de la cúpula de la trama Emperador, que se producirá en las próximas horas, llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación de otro detenido, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.

Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.