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Interior asciende a un policía investigado por su presunta relación con la mafia china

El arresto e imputación de Gómez Gordo en 2012 no impidió que siguiera al frente del grupo que investiga delitos de la comunidad china en Madrid

La Audiencia Nacional debe resolver aún el recurso de Anticorrupción al archivo de la causa que dictó en agosto Andreu para él y otros ocho policías

La Fiscalía sostiene que recibió más de 6.000 euros en regalos y el magistrado, que son presentes "admitidos socialmente" y entregados a cambio de nada

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Policía, Ignacio Cosidó EFE

El policía Miguel Ángel Gómez Gordo ha estado tres años imputado por recibir favores de un presunto lugarteniente de Gao Ping. Y lo puede volver a estar: el juez Fernando Andreu  archivó el pasado agosto la causa contra él y otros policías, pero la Fiscalía  Anticorrupción ha recurrido la decisión del magistrado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hasta hace pocos meses, Gómez Gordo siguió ocupando el mismo puesto que cuando recibió presuntamente los regalos, la jefatura del Grupo V de la Brigada de Extranjería de Madrid, dedicado a investigar los delitos ocurridos en la comunidad china. Ahora ha superado las pruebas para convertirse en inspector jefe de la Policía Nacional y solo resta que complete el curso y jure el cargo, informaron a eldiario.es fuentes del Cuerpo.

El trato de la cúpula del Ministerio del Interior hacia Gómez Gordo dejó otro episodio recientemente. El comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, máximo responsable policial en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, firmó un escrito solicitando el archivo de la causa contra Gómez Gordo, a pesar de que éste no está a su mando, y sí los policías que recabaron los indicios contra él. Como comisario general de Policía Judicial, Sánchez Aparicio tiene a su mando la Unidad contra la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Un inspector puede ascender a inspector jefe por dos medios. Si ha cumplido cinco años como inspector debe someterse a unos exámenes psicotécnicos y a una entrevista. En el caso de que no haya alcanzado los cinco años hay pruebas psicotécnicas, un temario y supuestos prácticos. Esta segunda vía es la de Gómez Gordo. Sin entrar a valorar este caso en concreto, los sindicatos policiales vienen denunciando parcialidad en las pruebas. Tanto en la entrevista personal como en los supuestos prácticos, donde con los mismos resultados, unos policías son aprobados y otros suspendidos.

Gómez Gordo fue destinado a la comisaría de Centro en Madrid más de dos años después de su arresto e imputación en la Operación Emperador. Durante esos dos años siguió investigando presuntos delitos cometidos en el seno de la comunidad china, a pesar de que su imputación estaba relacionada con supuesto trato de favor otorgado a algunos de sus miembros, así como las prebendas que habría recibido de Yong Ping, alias ‘Miguel el Calvo’, uno de los presuntos cabecillas de la trama.

Sin embargo, el juez Andreu sobreseyó la causa después de retomarla el pasado verano. El magistrado instructor había renunciado por su relación de amistad con uno de los policías imputados en su momento, Carlos Salamanca. También con la oposición de Anticorrupción, la imputación contra Salamanca fue archivada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo, que desestimó el recurso. Tras el cierre definitivo de la causa contra Salamanca, Andreu volvió a hacerse con las riendas, incluida la pieza separada que afecta a los policías.

Para el juez Andreu, los indicios que presentó en su momento la Unidad de Asuntos Internos “se han desvanecido hasta el punto de desaparecer”. En el caso de Gómez Gordo, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional asegura en su auto, en el que arremete contra Asuntos Internos, que el policía no realizó ninguna gestión para la renovación de la documentación a una ciudadana china porque ésta acudió con cita previa a la comisaría y que el trato con ‘Miguel el Calvo’ se circunscribía a la información que el policía obtenía de este ciudadano chino.

Anticorrupción cifra en más de 6.000 euros los regalos que recibió el inspector jefe de Yong Ping. El chino regaló entradas al policía para el estadio Santiago Bernabéu en tres ocasiones. Asimismo, cambió un billete de turista que tenía el agente para volver de un viaje de trabajo a China por otro en primera clase que costeó de su bolsillo. Esos regalos, según el juez, “en ningún momento traspasan los límites admitidos socialmente” y, por tanto, no pueden considerarse delito. El recurso de Anticorrupción será resuelto por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que preside el magistrado Alfonso Guevara.

Un hermano, policía de Cospedal

Miguel Ángel Gómez Gordo es hermano de Andrés, otro policía de reciente notoriedad, al haber sido condecorado con la Medalla al Mérito Policíal con Distintivo Rojo el pasado septiembre. Andrés Gómez Gordo dejó la Policía para ser nombrado director de Análisis y Documentación del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. A pesar del título, Gómez Gordo ejerció como director de Seguridad y era habitual verle dirigiendo la escolta de la entonces presidenta autonómica. Poco antes de la derrota electoral de Cospedal, Andrés Gómez Gordó reingresó en la Policía y a los cinco meses ha sido condecorado con la 'medalla roja', pensionada de por vida con el 10% del sueldo.

Andrés Gómez Gordo fue destinado a un puesto de mando en la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), una de las que investigó a su hermano Miguel Ángel. A pesar del destino, Gómez Gordo no ha ejercido allí y se encuentra en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

Fuentes policiales aseguran Andrés Gómez Gordo trabaja en la DAO codo con codo con el comisario José Manuel Villarejo Pérez, célebre por la grabación a Ignacio González, su implicación en las maniobras de la DAO contra el proceso independentista catalán, la denuncia de una doctora –que le señala como el hombre le apuñaló por encargo y que él niega rotundamente-, su millonario patrimonio y las denuncias contra fiscales Anticorrupción, el CNI y periodistas, a los que acusa de formar una organización para perjudicarle y que  han sido rechazadas reiteradamente por los tribunales. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, destaca de Villarejo sus “relevantes servicios” al Estado.

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