La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este miércoles que “la aplicación europea de verificación de edad está técnicamente lista y pronto estará disponible para los ciudadanos”. Von der Leyen ha asegurado que “la aplicación permitirá a los usuarios tener que demostrar su edad al acceder a plataformas digitales, del mismo modo que las tiendas solicitan una prueba de edad para comprar bebidas alcohólicas”.

“Europa ofrece una solución gratuita y fácil de usar que puede proteger a nuestros niños de contenidos dañinos e ilegales. Ya hay varios Estados miembros están avanzando rápidamente: Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda están a la vanguardia y planean integrar la aplicación en sus carteras digitales nacionales. Espero que más Estados miembros y el sector privado se sumen, para que muy pronto todos los ciudadanos puedan utilizarla”, ha comentado Von der Leyen.

La Unión Europea está manteniendo un duro pulso con las plataformas digitales por sus incumplimientos de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA), que ha llegado a convertirse en un problema diplomático ya que la mayoría de los gigantes tecnológicos son estadounidenses o chinos y cuentan con el respaldo de sus respectivos gobiernos.

La aplicación de verificación de edad era una propuesta largamente esperada para frenar el acceso de menores a las redes sociales y plataformas digitales, que no han terminado de ofrecer soluciones que permitan una verificación real de la edad de los usuarios.

La presidenta de la Comisión ha detallado que la aplicación europea de verificación de edad se caracteriza porque “es fácil de usar”. Hay que descargar la aplicación, “se configura con el pasaporte o el documento de identidad y luego se demuestra la edad al acceder a servicios en línea”. Von der Leyen asegura que la aplicación “respeta los estándares de privacidad más altos del mundo, de manera que los usuarios podrán demostrar su edad sin revelar ninguna otra información personal, Es completamente anónima para que los usuarios no pueden ser rastreados”.

Un aspecto relevante que ha destacado la presidenta de la institución europea es que la aplicación se ha construido completamente sobre código abierto. “Esto significa que cualquier país podrá utilizarla y lo más importante: las plataformas digitales podrán apoyarse fácilmente en esta aplicación de verificación de edad, por lo que ya no habrá excusas”.

Reunión para la prohibición de redes sociales a menores

El anuncio coincide con la videoconferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, que tendrá lugar este jueves con vistas a una mayor coordinación entre los países europeos que trabajan en la prohibición de las redes sociales a menores. Moncloa ha confirmado que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La cita también contará con la participación de otros mandatarios como el primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, según el Elíseo. Asimismo, Bruselas también ha confirmado la participación de la presidenta de la Comisión Europea. El objetivo de la videoconferencia es fraguar una mejor coordinación de los esfuerzos que están acometiendo algunos Estados miembro para restringir el acceso de los menores a las redes sociales.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un procedimiento sancionador contra un directivo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por la exposición de datos confidenciales de empleados en la intranet de la compañía que desveló elDiario.es en febrero de 2025.

La propuesta de sanción, todavía por determinar, podría alcanzar un máximo de 300.000 euros porque Antifraude considera “muy grave” la presunta infracción cometida, al haber vulnerado las garantías de confidencialidad y anonimato de una persona informante de la propia OAC.

Son varios los empleados de TMB que, durante los últimos años, han pedido amparo a Antifraude para obtener su protección como informantes de presuntos casos de corrupción. Algunos de ellos lo hicieron tras alertar de la propia brecha de seguridad en la intranet, otros tras denunciar o investigar a altos directivos por presunto acoso laboral.

La posible multa se dirige contra el director del área jurídica y de buen gobierno, también imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.

La propuesta de sanción se suma a la cuantiosa multa que la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) pretende imponer a la compañía por los mismos hechos. En el caso de la APDCat, la sanción podría llegar a 15 millones de euros. 

Desde TMB señalan que el afectado presentará alegaciones ante la Oficina Antifraude, recuerdan que la brecha ocurrió hace más de un año, aseguran que lo pusieron en contacto de las autoridades, y achacan el fallo a un “error” del “proveedor externo” que se encargaba de la gestión del sistema informático.

Datos sensibles a la vista

Tal y como desveló este periódico hace un año, un error en la configuración de la intranet de TMB permitió que cualquiera de los casi 9.000 empleados de la compañía pudiera acceder, y descargar, cientos de gigas de información sensible de algunos de sus compañeros.

La información accesible, en algunos supuestos, era altamente confidencial e incluía expedientes de la propia Oficina Antifraude, denuncias al Canal Ético de la empresa, actas del Consejo de Administración, expedientes de Fiscalía, demandas laborales, informes de riesgos psicosociales, correos electrónicos…

También estaba expuesta otra información comprometedora del departamento de recursos humanos y del de compliance como por ejemplo grabaciones de testigos entrevistados durante la instrucción de un caso de acoso laboral.

Los empleados de TMB también podían consultar datos de familiares de los demás empleados, contratos de trabajo, solicitudes de baja, informes y diagnósticos médicos, denuncias policiales, sentencias judiciales, actas de conciliación en despidos o incluso convenios reguladores de regímenes de separación conyugal.

La propuesta de sanción de Antifraude supone un elemento más en la crisis de reputación que vive TMB: a los problemas derivados de la brecha de seguridad se le suma la imputación de hasta cinco altos directivos en juzgados penales por dos presuntos delitos de acoso laboral.

En las dos querellas por presunto acoso laboral que han presentado contra estos cinco directivos también se ha incluido la mencionada brecha de seguridad, ya que los datos de las dos denunciantes y toda la documentación de las investigaciones internas de sus casos estuvieron al descubierto durante meses.

El uso de servicios digitales forma ya parte de nuestro día a día. El correo electrónico, la mensajería instantánea o el almacenamiento en la nube se han convertido en herramientas básicas que se utilizan de forma casi automática, muchas veces sin pararnos a pensar qué ocurre con los datos que vamos generando. Plataformas como Gmail, WhatsApp o Google Drive han crecido precisamente por lo sencillo que resulta usarlas, aunque al mismo tiempo han puesto sobre la mesa el debate sobre la privacidad.

Más allá del aspecto técnico, la cuestión también tiene un componente legal importante. No solo influye dónde se guardan los datos, sino también las leyes que afectan a la empresa que ofrece el servicio. En algunos casos, aunque la información esté almacenada en servidores situados dentro de la Unión Europea, si la compañía es de origen estadounidense puede estar sujeta a normas como la CLOUD Act, que permite a las autoridades de Estados Unidos solicitar acceso a determinados datos gestionados por sus empresas, incluso aunque estén fuera del país.

Esto choca directamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que establece límites más estrictos sobre cómo se puede tratar la información personal. En la práctica, esto significa que dependiendo del servicio que se utilice, el nivel de control real sobre los datos puede variar. En respuesta a esta situación, han ido apareciendo alternativas europeas que funcionan bajo la legislación comunitaria o en países con marcos de privacidad más exigentes, con la idea de reforzar la protección de la información de los usuarios.

ProtonMail, Tutanota y Soverin como alternativas europeas al correo electrónico

El correo electrónico sigue siendo uno de los servicios más delicados dentro del uso diario de internet, ya que es la puerta de entrada a cuentas personales, registros y distintas plataformas. Gmail se integra dentro de un ecosistema que puede analizar información asociada a los mensajes, como los metadatos, con distintos objetivos relacionados con el servicio.

En este contexto, una de las alternativas europeas más conocidas es ProtonMail, con sede en Suiza. Este servicio utiliza cifrado de extremo a extremo de manera automática, lo que hace que solo emisor y receptor puedan leer el contenido de los correos. La propia empresa no tiene acceso a los mensajes, ya que no dispone de las claves necesarias para descifrarlos. Además, opera bajo la legislación suiza, que es especialmente estricta en materia de privacidad.

Otra opción es Tutanota, desarrollada en Alemania. Su enfoque también se basa en el cifrado, pero amplía la protección a elementos que en otros servicios suelen quedar fuera, como el asunto del correo o la lista de contactos. Con esto se reduce la cantidad de información que puede utilizarse para crear perfiles basados en los hábitos de uso de los internautas.

Dentro de este mismo grupo aparece Soverin, una alternativa de origen neerlandés pensada para quienes buscan una identidad digital más independiente. Permite usar dominios personalizados y establece de forma contractual que no se realiza ningún tipo de explotación de datos. A diferencia de los servicios gratuitos, funciona mediante suscripción, lo que elimina la necesidad de financiarse a través de publicidad o análisis de información personal.

Threema, una alternativa a la mensajería instantánea

La mensajería instantánea es uno de los servicios que más información genera en el día a día. WhatsApp es la aplicación más extendida en todo el mundo, pero su integración dentro de un gran grupo tecnológico como Meta, también propietaria de Facebook e Instagram, implica la gestión de metadatos relacionados con el uso de la plataforma.

Como alternativa, Threema, desarrollada en Suiza, propone un modelo distinto. Para empezar, no pide vincular la cuenta a un número de teléfono ni a un correo electrónico. En su lugar, asigna un identificador aleatorio, lo que permite chatear sin necesidad de compartir datos personales básicos.

Además, todos los mensajes están protegidos con cifrado de extremo a extremo y sus servidores se encuentran en Suiza. Funciona con un pago único, así que no depende de recopilar información para financiarse. Aunque no tiene el mismo nivel de uso que otras aplicaciones, su planteamiento está pensado para generar la menor cantidad posible de datos durante las conversaciones.

Nextcloud como opción europea para el almacenamiento en la nube

El almacenamiento en la nube es otra de esas piezas clave cuando se habla de datos personales. Plataformas como Google Drive permiten guardar documentos y archivos sin ocupar espacio en el dispositivo, pero a cambio suponen dejar esa información en manos de terceros.

Frente a esto, una de las opciones europeas más conocidas es Nextcloud, desarrollada en Alemania. No es solo un servicio para guardar archivos, sino que también permite trabajar con ellos y compartirlos. Su principal diferencia está en que el usuario puede decidir dónde se almacenan los datos: desde proveedores dentro de Europa hasta servidores propios. Esto hace que sea más fácil saber dónde está la información y quién puede acceder a ella.

Estas alternativas muestran que poco a poco está cambiando la forma en la que se entienden los servicios digitales. Ya no se trata solo de que funcionen bien o sean cómodos, sino también de qué pasa con la información que utilizan y bajo qué leyes se protege. Aunque todavía no tienen el mismo uso que las plataformas más populares, cada vez hay más interés en este tipo de herramientas por parte de quienes quieren tener un mayor control sobre sus datos.

La Comisión Europea ha concluido este jueves una investigación en la que señala que las webs pornográficas Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos vulneran la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no proteger a los menores frente a sus contenidos. Aunque en sus Términos de Servicio afirman que son plataformas son solo para adultos, los cuatro sitios permiten que los menores accedan simplemente haciendo clic en un punto de confirmación de que tienen 18 años o más. la investigación de la Comisión contra XVideos, XNXX, Pornhub y Stripchat se puso en marcha el 27 de mayo de 2025.

En este sentido, la Comisión considera que la “autodeclaración” no es una medida eficaz y señala que otras medidas de mitigación adicionales, como el desenfoque de páginas, advertencias de contenido y etiquetas de “Restringido a adultos”, tampoco previenen efectivamente que los menores accedan a contenido perjudicial.

Las conclusiones de Bruselas añaden que “Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no identificaron ni evaluaron con la debida diligencia los riesgos que sus plataformas suponen para los menores”. Pero hay más, Bruselas apunta a que “incluso cuando se identificaron riesgos, no realizaron una evaluación exhaustiva, pues no emplearon metodologías objetivas ni completas”. Ahora bien, la Comisión apunta que las webs pornográficas pusieron “un énfasis desproporcionado en aspectos centrados en el negocio, como el daño reputacional, en lugar de centrarse en los riesgos sociales para los menores, tal como exige la DSA”.

Además, la Comisión resalta que en sus evaluaciones de riesgo, “Stripchat, XVideos y XNXX tergiversaron o no tuvieron en cuenta sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos de la infancia y herramientas de verificación de edad”. En esta fase, la Comisión considera que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos deben implementar sistemas de verificación de edad que respeten la privacidad para proteger a los menores frente a contenidos nocivos.

Si las conclusiones de la Comisión se confirman se podría poner una multa proporcional a la infracción, que en ningún caso excederá el 6% del volumen de negocios anual mundial del proveedor. La Comisión también puede imponer pagos periódicos coercitivos para obligar a las plataformas a cumplir. Las páginas web porno no publicitan normalmente sus datos de facturación, pero en 2024 el sector del entretenimiento para adultos informó que tenía una valoración de 97.000 millones de dólares.

Apertura de investigación contra Snapchat

Por otro lado, la Comisión Europea ha abierto una investigación contra la aplicación de mensajería Snapchat por el incumplimiento de las normas de protección infantil en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA). La apertura de la investigación se basa en los informes de evaluación de riesgos de Snapchat en 2023, 2024 y 2025. En las peticiones a la empresa de tecnología se pedían detalles sobre el sistema de verificación de edad, así como sobre las medidas adoptadas para impedir que los usuarios accedan a productos ilegales, como drogas, o que los menores accedan a productos con restricción de edad, como los vapeadores. Según la propia aplicación de mensajería contaría con cuatro millones de usuarios en España y aproximadamente 93,7 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea, según datos de 2024.

Bruselas asegura que Snapchat podría haber vulnerado la DSA “al exponer a menores a intentos de captación con fines de explotación (”grooming“), a reclutamiento para actividades delictivas, así como a información sobre la venta de bienes ilegales, como drogas, o productos con restricción de edad, como vapeadores y alcohol”.

“Desde la captación y la exposición a productos ilegales hasta las configuraciones de cuenta que ponen en riesgo la seguridad de los menores, Snapchat parece haber pasado por alto que la Ley de Servicios Digitales exige altos estándares de seguridad para todos los usuarios. Con esta investigación, examinaremos de cerca su cumplimiento con nuestra legislación”, ha explicado Henna Virkkunen, Vicepresidenta Ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.

Hasta en cinco puntos la Comisión acusa a la aplicación de mensajería de incumplir las norma europea sobre servicios digitales. Según los propios términos de Snapchat, los usuarios deben tener al menos 13 años para utilizar la plataforma, pero la Comisión sospecha Snapchat sunicona con una autodeclaración “insuficiente” como mecanismo de verificación de edad, lo que “no impide que menores de 13 años accedan al servicio, ni permite evaluar adecuadamente si los usuarios son menores de 17 años”, necesario para garantizar una experiencia adaptada a la edad. Además, Además, la Comisión sospecha que la herramienta para que los usuarios informen a Snapchat de la presencia de menores de 13 años en el servicio “no está disponible dentro de la aplicación”.

La Comisión también acusa a Snapchat de “no proteger adecuadamente a los menores frente al contacto con usuarios con intenciones dañinas, como la explotación sexual o el reclutamiento para actividades delictivas”.

Por otro lado, Snapchat “no ofrece niveles suficientes de privacidad, seguridad y protección para los menores”, ya que “niños y adolescentes son recomendados automáticamente a otros usuarios mediante el sistema 'Find Friends', y al crear una cuenta, los usuarios no reciben orientaciones adecuadas sobre las funciones de privacidad y seguridad, ni explicaciones claras sobre cómo ajustar la configuración de la cuenta.

Según la ley europea, las plataformas digitales “deben mitigar los riesgos sistémicos derivados de su servicio. La Comisión apunta que Snapchat incumple esta obligación”. Por ejemplo, sus herramientas de moderación de contenidos “no parecen ser eficaces para impedir la difusión de información que dirige a los usuarios hacia la compra de productos ilegales, como drogas, o productos con restricción de edad, como vapeadores y alcohol”. Asimismo, la plataforma no parece impedir de manera eficaz que los usuarios, incluidos niños y adolescentes, accedan a este tipo de contenidos.

Finalmente, la Comisión sospecha que los “mecanismos actuales para notificar contenidos ilícitos no son ni fácilmente accesibles ni fáciles de usar y que podrían emplear los llamados «patrones oscuros» en su diseño. A lo que hay que añadir que Snapchat ”no informa adecuadamente a los usuarios sobre las posibilidades de recurso, incluido el sistema interno de tramitación de reclamaciones de la propia plataforma“. Con esta investigación, Bruselas podrá adoptar medidas coercitivas contra la aplicación.

Tomar la decisión de abandonar una red social, no solo va de reducir el tiempo de pantalla, también es un paso hacia una mayor privacidad digital. Sin embargo, es pertinente plantearse qué pasa con todo el contenido que hemos compartido a lo largo de los años.

Al solicitar la eliminación permanente de tu cuenta de Instagram o Facebook, ambas redes pertenecientes al gigante Meta, tus fotos y vídeos no se borran inmediatamente: hay un primer plazo de 30 días, aunque el contenido no es público, por si decides cancelar la solicitud y recuperar tu perfil.

“El proceso de eliminación puede tardar hasta 90 días desde su comienzo”, informa la empresa, que también advierte en su web que ese contenido puede permanecer almacenado durante ese periodo “para poder recuperarlo en caso de una catástrofe, un error de software u otros posibles acontecimientos que causen una pérdida de datos”.

“Y nos tenemos que fiar de que las borren pasado ese tiempo”, apunta Borja Adsuara, abogado especializado en derecho digital, en referencia a esa información que, aunque ya no sea pública, se mantiene almacenada.

Además, existe un riesgo que escapa al control personal o de la plataforma: si otros usuarios descargaron tus fotos antes de que cerraras la cuenta o las republican, el rastro digital persiste.

“Se puede reclamar a la propia red social, o incluso a la Agencia Española de Protección de Datos, si son imágenes sensibles, alegando que no se ha autorizado la redifusión de esos contenidos, que ya han sido eliminados”, indica Adsuara. “Pero en la práctica, si un usuario se las ha descargado, es muy difícil impedir que las vuelva a publicar y puede eludir su responsabilidad haciéndolo desde cuentas anónimas”, advierte.

Ante el adiós definitivo

Para poder llevar a cabo la eliminación de una cuenta es imprescindible haber iniciado sesión. Si hay imágenes o contenidos que no queremos que estén presentes en la plataforma, lo más fácil es que los eliminemos nosotros mismos si están en nuestro propio perfil.

Si no es el caso, el abogado explica que la mejor opción es “reclamar directamente a Meta a través de los procedimientos de reclamación internos, pero te pondrán en la cola de las reclamaciones y, si no es un contenido sensible, tardarán en darte una respuesta, porque tienen que hacer una revisión humana”.

Antes de la eliminación, también existe la posibilidad de descargar una copia de tus fotos y publicaciones, ya que una vez que se elimine perderás el acceso a esta herramienta de exportación.

Si quieres tomarte un tiempo, pero no estás seguro de querer borrar tu cuenta por completo, también puedes optar por desactivarla temporalmente. En ese caso toda tu información permanecerá simplemente oculta hasta que decidas reactivarla iniciando sesión de nuevo.

Adsuara es tajante sobre la mejor forma de proteger nuestras imágenes en redes: “No publicarlas, porque, una vez que las publicas, pierdes el control sobre ellas”. El experto subraya que incluso ni las cuentas privadas están completamente a salvo. “Publicar con la configuración privada no impide que uno de tus seguidores las descargue y las redifunda fuera de ese círculo. Es lo que pasa muchas veces con las fotos en grupos de WhatsApp privados”, incide.

Era un secreto a voces en el sector, aunque no por anticipado deja de ser un cambio potencialmente trascendental para el futuro de los servicios de inteligencia artificial. OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, ha anunciado que su popular herramienta incluirá anuncios próximamente y ha publicado las directrices en las que se basará esta publicidad. Afectará tanto al modelo gratuito como a la suscripción “Go”, que en España cuesta 9,99 euros al mes. Las pruebas comenzarán “en las próximas semanas” en Estados Unidos.

“Al principio, probaremos los anuncios al final de las respuestas en ChatGPT, cuando haya un producto o servicio patrocinado relevante según la conversación. Los anuncios estarán claramente etiquetados y separados de las respuestas orgánicas”, ha explicado la empresa en un comunicado.

OpenAI, que en octubre reestructuró su matriz para dejar de depender de la organización sin ánimo de lucro que la fundó, asegura que los patrocinadores no influirán en las respuestas de la inteligencia artificial. “Puedes confiar en que las respuestas de ChatGPT se basan en lo que es objetivamente útil y nunca en la publicidad”, afirma en su comunicado.

Esta posible dependencia era el motivo por el que Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, siempre se mostró contrario a que la publicidad fuera un modelo de negocio viable para los servicios de inteligencia artificial. “La combinación de anuncios con IA me resulta especialmente inquietante”, afirmaba en mayo de 2024, asegurando que la publicidad sería “el último recurso” para ChatGPT. “Odio los anuncios”, insistía.

El peligro de la manipulación

El uso de los datos personales para orientar el comportamiento o mantener la atención de los usuarios de redes sociales ha sido uno de los campos más estudiados de la sociedad digital en los últimos años. Un área en la que los especialistas temen que ahora haya que incluir también a la IA, el mismo motivo por el que Altman la definía como “inquietante”.

“Como expertos en seguridad y científicos de datos, vemos estos ejemplos como presagios de un futuro en el que las empresas de IA obtengan beneficios manipulando el comportamiento de sus usuarios en favor de anunciantes e inversores”, destacan en un informe publicado en The Conversation Bruce Schneier y Nathan Sanders, de la Universidad de Harvard.

“También es un recordatorio de que el tiempo para reconducir el desarrollo de la IA, alejándolo de la explotación privada y orientándolo al beneficio público, se agota rápidamente”, añaden.

Quizá consciente de las preocupaciones que generaría sobre la posibilidad de manipulación, OpenAI destaca en su comunicado que no llevarán a cabo este tipo de prácticas. “No optimizamos el tiempo que pasas en ChatGPT. Priorizamos la confianza del usuario y la experiencia de uso por encima de los ingresos”, afirman.

Los científicos, no obstante, avisan que se debe tener en cuenta que el potencial de la IA en este sentido es mucho mayor que el de las plataformas tradicionales. “Tiene el potencial de influir en tu forma de pensar, en tus patrones de gasto e incluso en tus creencias personales de maneras mucho más sutiles”, resumen Schneier y Sanders. Un chatbot no se limita a “filtrar contenido estático”, sino que puede abordar “preguntas, preocupaciones e ideas específicas”, por lo que “su potencial de influencia es mucho mayor”.

“El problema no es la tecnología en sí”, remarcan los autores, sino “las prioridades de las corporaciones que poseen estas plataformas y en cuyo beneficio operan. Hay que ser conscientes de que no tienes control sobre qué datos se introducen en la IA, con quién se comparten ni cómo se utilizan. Conviene tenerlo presente cuando conectas dispositivos y servicios a plataformas de IA, les haces preguntas o consideras comprar o hacer las cosas que te sugieren”, concluyen.

Dudas de privacidad

“También es importante que sepas que tus datos y conversaciones están protegidos y no se venden a los anunciantes”, reza el comunicado de OpenAI. La privacidad y la protección de datos es el principal ángulo de preocupación de los expertos sobre el anuncio, puesto que los chats de IA tienen un potencial mucho mayor de extracción de datos que las redes sociales.

“Observando lo que están haciendo, todo apunta a que de lo que estamos hablando aquí es de reproducir todo lo que hicimos mal con las redes sociales”, avisaba Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School en un reportaje de elDiario.es sobre la posibilidad de que ChatGPT incluyera publicidad: “¿Qué son las redes sociales en realidad? Son máquinas de capturar datos para luego venderlos al mejor postor. ¿Qué pasa si en lugar de simplemente dar me gusta o poner un comentario, lo que haces es estar todo el día hablando con esa máquina? Pues que le das todos los datos del mundo”.

En los últimos meses, OpenAI ya había llevado a cabo movimientos que parecían destinados a aumentar la cantidad de datos que extrae de sus usuarios. El último, de este enero, fue la activación de una herramienta para dar consejos de salud a través de ChatGPT. La compañía anima a los clientes a compartir con ella sus documentos médicos así como los datos recogidos por otras apps de salud, como las propias de relojes electrónicos.

Sobre esta cuestión, OpenAI afirma que este tipo de información sensible quedará fuera del análisis publicitario en un primer momento. “Durante la prueba, no mostraremos anuncios en cuentas donde el usuario nos indique que no los desea o cuando estimemos que tiene menos de 18 años, y evitaremos que aparezcan cerca de temas sensibles o regulados, como la salud, la salud mental o la política”, expone.

Las agencias de protección de datos de la Unión Europea llevan más de dos años y medio investigando el uso de datos personales por parte de ChatGPT. En un expediente conjunto lanzado en abril de 2023, los reguladores están analizando si la absorción de información pública para su entrenamiento, entre la que había datos personales, así como el tratamiento de las conversaciones, se ajusta a las leyes comunitarias.

1,2 billones comprometidos

La decisión llega en un momento crítico del desarrollo. En el último año, OpenAI se ha lanzado a la construcción de centros de datos hiperescala y la contratación a terceros de una gran potencia de cómputo para poder seguir mejorando ChatGPT. Sus compromisos de gasto se han elevado hasta los 1,2 billones de euros (1,4 trillones de dólares en la medida anglosajona) hasta 2033. Un plan que contrasta con el hecho de que la empresa no ha tenido nunca beneficios y no espera contar con ellos hasta, al menos, 2030.

La inmensa hipoteca que cae sobre OpenAI llevó a su directiva financiera a afirmar que el Gobierno de EEUU debería actuar como “respaldo” de su deuda, ya que esa capacidad de cómputo se podría considerar una infraestructura crítica del país en su carrera con China por dominar la IA. Las declaraciones provocaron un escándalo, con políticos tanto republicanos como demócratas criticando que la compañía privada intentara dictar la política de gasto nacional, comprometiendo cifras similares al PIB de muchos países, y luego pidiera la seguridad federal para mitigar el riesgo para sus inversores.

La polémica obligó a Altman a corregir a su directora financiera y asegurar que OpenAI “debería quebrar” si no puede asumir sus deudas. Con todo, la situación evidencia el momento de incertidumbre que atraviesa la compañía, especialmente en lo referente a su negocio corporativo.

Actualmente, existen dudas de que la inteligencia artificial generativa actual pueda llevar a cabo automatizaciones amplias del empleo. El premio Nobel de Economía de 2024, Daron Acemoglu, estima que menos del 5% de las tareas laborales de los países desarrollados se verán afectadas por esta tecnología. Los primeros estudios sobre proyectos que la han desplegado en empresas afirman que más del 90% no están ofreciendo retornos claros de la inversión.

El Gobierno quiere incluir la generación de imágenes o vídeos falsos de otras personas con inteligencia artificial en el catálogo de delitos contra el honor. Estos contenidos, conocidos como deepfakes, están suscitando una considerable alarma social y protestas de las personas afectadas. Según los datos que maneja Naciones Unidas, “hasta el 95% de los deepfakes son imágenes pornográficas no consentidas, y el 99% de las víctimas son mujeres”. El Consejo de Ministros aprobará este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley con el que pretende poner coto a esta actividad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha enviado un aviso este martes: manipular la imagen de otras personas con IA, especialmente si implica “desnudez añadida” o “contenido íntimo sintético”, ya puede acarrear multas por violar las leyes de privacidad o incluso delitos recogidos en el Código Penal.

Así lo ha expresado en un documento que detalla los riesgos “visibles e invisibles” de los deepfakes. La Agencia recuerda que cualquier imagen, vídeo o audio que permita identificar a una persona, ya sea por su rostro, voz, tatuajes o entorno, constituye un dato personal. Por tanto, su tratamiento mediante IA está sujeto a la normativa de protección de datos con independencia del realismo del resultado.

El regulador de la privacidad, de hecho, ya ha dictado resoluciones sancionatorias por este tipo de actividades. Fue en noviembre cuando la Agencia impuso la primera sanción en este sentido. En aquel caso, la resolución condenó a los padres de un menor que había creado imágenes de sus compañeras de instituto desnudas con IA a pagar 2.000 euros por violación de su privacidad. Se trataba de una sanción derivada del escándalo de Almendralejo, en el que se compartieron fotografías falsificadas de niñas menores de edad en grupos de mensajería, y que salió a la luz en septiembre de 2023.

Con todo, esta actividad ha vuelto a disparar la indignación en estos primeros días de 2026 debido a la inteligencia artificial de Elon Musk. El magnate permitió que Grok, como se llama su modelo generativo, creara este tipo de contenidos falsificados (en este caso, mostrando a las mujeres en bikini o lencería) y los publicara en abierto en X, su red social. Múltiples países europeos y la propia UE ya investigan lo sucedido. “Es ilegal, espantoso y repugnante”, declaró un portavoz comunitario.

Sexualización y humillación

En su guía de riesgos, la AEPD advierte de que el daño para la víctima de un deepfake “puede ser equivalente y en algunos casos mayor que en el caso de una imagen o un vídeo real”. Especialmente, cuando se producen situaciones de sexualización, humillación o la atribución de hechos falsos que resultan socialmente creíbles.

Además de lo que otros pueden ver al difundirse el contenido, el regulador de privacidad pone el foco en los peligros ocultos para la privacidad de los deepfakes, como “la pérdida efectiva de control” sobre su propia imagen, que puede distribuirse fácilmente en redes donde los usuarios no conocen el contexto de si es real o no. Además, una vez que la imagen se sube a una de estas plataformas, se crea un archivo que se guardará en sus bases de datos y unos metadatos (información sobre esas imágenes, como autor, fecha, formato, ubicación, etc.) que podrían llevar a la identificación de la persona que aparece en el deepfake.

“Es cierto que muchas plataformas de IA generativa incorporan mecanismos técnicos para limitar la generación de contenidos claramente lesivos”, reconoce la AEPD. “Estas medidas hacen que muchos contenidos notoriamente dañinos no lleguen a generarse, pero no garantizan que desaparezcan todos los riesgos”, añade en la guía. Fuentes del organismo aseguran que este lleva semanas trabajando en el documento y que sus recomendaciones van más allá de lo sucedido con la IA de Elon Musk en X.

Ante esta realidad, la AEPD recomienda extremar la prudencia y recalca que el uso irreflexivo de estas herramientas para “usos considerados banales o lúdicos” (como filtros o animaciones) puede dejar de considerarse una actividad “estrictamente doméstica” si el contenido se difunde de forma masiva o impacta gravemente en la vida profesional o personal del afectado, lo que puede acarrear sanciones. En los casos más graves, pueden existir “indicios de delito” que hagan que el organismo derive el caso ante autoridades policiales y judiciales.

Finalmente, la Agencia subraya que el uso de esta tecnología es especialmente peligroso cuando se trata la imagen de menores de edad o personas vulnerables. En los supuestos en los que se produzca una pérdida de control o un daño reputacional intenso, el organismo insta a los afectados a presentar una reclamación ante la Agencia, que cuenta con herramientas como el Canal Prioritario, una vía de urgencia que permite la retirada de determinados contenidos sexuales, violentos o vejatorios en 24 horas.

La tecnológica OpenAI ha lanzado un apartado específico de salud en ChatGPT y ha animado a los usuarios a compartir sus documentos médicos y datos de aplicaciones como Apple Health. ChatGPT Health, que aparece como una pestaña en la barra del menú del 'chatbot', solo está disponible para un pequeño grupo de usuarios en Estados Unidos y otros países no europeos, pero OpenAI planea ofrecerlo en el sistema operativo iOS y su web en las “próximas semanas”.

Según un comunicado de la empresa de inteligencia artificial (IA), la salud es uno de los principales temas de consulta en ChatGPT y este servicio, que ha creado en colaboración con médicos, tendrá “protecciones adicionales y por capas diseñadas específicamente” para este ámbito por cuestión de privacidad. El servicio “está diseñado para apoyar, no reemplazar, a los servicios médicos” y “no está pensado para hacer diagnósticos o tratamientos”, destaca la empresa, que pretende “ayudar” a los usuarios con sus preguntas de salud para que estén más “informados y preparados”.

En ese sentido, invita a los usuarios a compartir los historiales médicos y aplicaciones de salud como Apple Health, Function o MyFitnessPal, para “entender resultados de pruebas”, preparar visitas médicas, obtener consejos de dieta o ejercicio, o comparar seguros según “patrones” de salud. La empresa señaló que la información compartida en Health y sus “recuerdos” nunca pasarán a los chats generales de ChatGPT, y de manera similar, estos chats generales no pueden acceder al contenido dentro del apartado de salud.

También se pueden ver y “eliminar” esos “recuerdos” de salud, especifica. Según OpenAI, 230 millones de personas en todo el mundo hacen preguntas de salud y bienestar a ChatGPT cada semana.

La decisión llega en un momento estratégico para la empresa, que está valorando utilizar los datos personales de los usuarios para incluir anuncios segmentados en sus servicios. “Probablemente exista algún producto publicitario interesante que podamos desarrollar y que sea beneficioso para el usuario”, declaró a finales de 2025 Sam Altman, director ejecutivo de la compañía.

Recoger la documentación bancaria y el DNI en el domicilio del cliente, perderlos por el camino y no darse cuenta hasta que el usuario protesta. Y cuando protesta, pasarse medio año preguntando a la empresa de mensajería equivocada. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 500.000 euros a ING tras confirmar que la entidad carecía de medidas básicas para rastrear la documentación sensible que mueve fuera de sus oficinas.

Todo comenzó con una solicitud para darse de alta como cotitular en la cuenta de su pareja. Siguiendo instrucciones del banco, una empresa de mensajería recogió en el domicilio de un cliente un sobre con los datos para llevar a cabo el trámite. La documentación nunca llegó a los sistemas de ING.

En el paquete se encontraban copias del DNI por ambas caras, datos financieros como el número de cuenta bancaria, su domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil, información sobre su vida laboral, así como su firma original.

Datos que aunque ING argumentó que no son “sensibles” (categoría en la que entran aquellos referentes a la ideología, creencias religiosas u orientación sexual), la AEPD recalca que el hecho de perderlos todos juntos lo convierte en “especialmente” peligroso. Contar con esa información permite a un delincuente “construir un perfil completo y detallado” de la víctima para cometer abusos, ya que “conlleva un elevado riesgo de suplantación de identidad, daños patrimoniales o afectación al derecho al honor”, recalca en su resolución.

Con todo, lo que ha motivado la contundencia de la sanción no es el extravío en sí, sino el caos administrativo que lo siguió. A pesar de que el cliente alertó de la situación al banco hasta en cuatro ocasiones durante el mes siguiente a enviar la documentación, ING se limitó a abrir incidencias internas sin investigar a fondo qué había sucedido con sus datos, instándole a que la enviara de nuevo.

Según consta en la resolución, los avisos del afectado provocaron que el banco se pusiera en contacto repetidamente con su proveedor logístico habitual, la empresa Sending, para localizar el envío. El problema es que, para ese porte específico, se había contratado a otra compañía distinta, Dynamic. Fue el propio cliente el que avisó de ello en sus alertas al banco, suministrando tanto el nombre de la empresa que había recogido el paquete como incluso el del mensajero que se lo había llevado.

Pese a los avisos del afectado, ING no contactó a la empresa correcta durante más de siete meses. Tampoco lo consideró como una posible brecha de seguridad que podría causar daños al cliente. Cuando lo hizo, fue debido a que la AEPD ya se había puesto en contacto con la entidad para recabar información sobre lo sucedido después de que el cliente presentara una reclamación oficial.

“Error humano” frente a fallo sistémico

En sus alegaciones ante el regulador, la entidad intentó justificar el incidente como una anécdota estadística. ING expuso que el extravío afectaba a un porcentaje insignificante de su operativa (un “0,0029% del total de recogidas y envíos”), por lo que atribuyó lo sucedido a un “error humano puntual” de la empresa de transporte, defendiendo que el banco no podía ser responsable de un fallo del mensajero.

La AEPD no ha aceptado esta versión. El regulador de la privacidad subraya que el banco, como responsable de los datos cedidos por el cliente, debe vigilar en todo momento qué ocurre con ellos. Si en el proceso de tratamiento subcontrata a un tercero, debe vigilar qué hace esa empresa con la información en todos los pasos del proceso. “Al responsable le corresponde verificar que las medidas implementadas por el encargado siguiendo sus instrucciones funcionan, aun cuando ING asegure que los protocolos y procedimientos definidos por la red de mensajería son 'responsabilidad exclusiva' de dichas empresas”, zanja.

Más grave aún para el organismo regulador es la ausencia de mecanismos de alerta. El contrato firmado entre el banco y la paquetera no incluía herramientas para localizar un envío en un momento dado. “ING carecía de mecanismos de alerta temprana que permitieran detectar posibles brechas de datos personales”, destaca la resolución, señalando que el banco solo tuvo conocimiento del fallo “a través del propio afectado” y “no supo identificar al encargado al que encomendó la recogida de la documentación”.

Si el sobre está cerrado

En sus últimas alegaciones, ING argumentó que “la documentación se encontraba en un sobre cerrado”. Por ello, justifica que no hay constancia de que su contenido haya caído en manos de terceros y, por tanto, confirmación de la existencia de la brecha de seguridad.

Este argumento tampoco ha servido para esquivar la sanción. La AEPD recuerda que la pérdida de control sobre datos críticos como una fotocopia completa del DNI junto a un número de cuenta bancaria genera un riesgo severo para el ciudadano, independientemente de si se confirma o no el acceso indebido. “La combinación de este tipo de datos personales eleva significativamente el nivel de riesgo”, recuerda el regulador.

Estos motivos han derivado en una infracción grave de las leyes de privacidad por falta de medidas de seguridad adecuadas. La sanción original de medio millón de euros se ha visto reducida finalmente a 400.000 euros, dado que ING ha optado por reconocer su responsabilidad y abonar la multa voluntariamente, renunciando a litigar en los tribunales, lo que le permite acogerse a una reducción del 20%.

“Respetamos y acatamos la resolución de la AEPD, con quien colaboramos activamente en línea con nuestros compromisos con la protección de los datos de nuestros clientes”, ha expresado una portavoz de la entidad en un comunicado enviado a elDiario.es. “Se trató de un caso puntual y excepcional derivado de la pérdida de documentación por parte de una empresa de mensajería. No obstante, hemos revisado y reforzado nuestros procesos con este tipo de proveedores para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y privacidad”, concluye.

TikTok ha reanudado las transferencias de datos personales de sus usuarios europeos hacia China. Así lo ha alertado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) este lunes, que destaca que la red social continúa transfiriendo información a terceros países, incluido el gigante asiático, a pesar de que estas prácticas “ya fueron analizadas por parte de las autoridades europeas, que concluyeron que no cumplían con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)”, lo que le valió una multa de 530 millones de euros.

El origen de esta situación se remonta a abril de este año, cuando la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), la autoridad principal que vigila a la plataforma al estar su sede europea en Dublín, impuso dicha sanción y ordenó detener los envíos de información tras una investigación coordinada con el resto de agencias europeas. Sin embargo, la compañía recurrió la decisión ante la justicia irlandesa, que el pasado noviembre acordó levantar temporalmente la prohibición de transferir los datos a la espera de dictar una sentencia definitiva.

Este permiso provisional concedido por el tribunal está condicionado a que la tecnológica cumpla con unas obligaciones específicas de transparencia. Por ello, TikTok ha comenzado a informar a los usuarios europeos sobre cómo se tratan sus datos personales y sobre la existencia del procedimiento judicial en curso. TikTok tiene más de 200 millones de usuarios en Europa, unos 23,5 millones de ellos en España, según datos oficiales de la plataforma.

La AEPD aclara que, aunque el bloqueo de las transferencias se encuentre en suspenso de forma cautelar, la valoración legal de los reguladores “sigue vigente”. Las autoridades europeas insisten en que enviar esta información a China incumple la normativa comunitaria, por lo que la legalidad de la operativa de la red social continúa estando cuestionada.

Desde TikTok recalcan que están “en total desacuerdo” con la resolución emitida por la autoridad irlandesa, por lo que celebra la decisión del tribunal y ha reactivado el envío de datos. “TikTok se toma muy en serio la protección de datos y la privacidad de los usuarios”, asegura la red social, indicando que ha realidado una “inversión de 12.000 millones de euros en la seguridad de los datos europeos”. “En nuestra opinión, ofrece garantías inigualables para los datos de los usuarios europeos”, asegura.

“Valorar si desean continuar”

Ante este escenario, el organismo español considera “esencial” que los ciudadanos, y especialmente los más jóvenes, dispongan de información clara sobre el destino de su información. Entre sus recomendaciones, la Agencia aconseja “revisar la configuración de privacidad de las aplicaciones y comprobar los permisos concedidos, como el acceso a la cámara, el micrófono, los contactos o la ubicación”, o “actuar con prudencia respecto a la información que se comparte a través de aplicaciones y redes sociales, evitando la difusión de datos sensibles”.

Además, el regulador de la privacidad español va un poco más allá y sugiere a los usuarios que abandonen la plataforma. De esta forma, la AEPD recomienda “valorar si desean continuar utilizando un servicio cuando existen transferencias de datos a países que no ofrecen un nivel de protección equivalente al europeo”.

Con esta advertencia, el organismo recuerda que cuando la información personal se almacena en bases de datos de terceros países fuera del bloque comunitario, pasa a quedar bajo la jurisdicción local. En el caso de China, esto puede implicar el acceso total a esa información por parte del Gobierno o el Ejército Popular de Liberación, puesto que la ley les permite reclamar a las compañías tecnológicas cualquier activo que tengan a su disposición en base a los intereses del Estado. Aunque no existen pruebas de que se hayan producido acceso a las bases de datos de TikTok, el marco legal chino lo permite.

Este tipo de accesos no contemplados en la regulación europea fueron los que motivaron al Tribunal de Justicia de la UE a invalidar por dos veces el tratado de transferencias de datos que la Comisión Europea había establecido con Estados Unidos. El actual también está siendo analizado por los magistrados tras una denuncia del mismo abogado que consiguió la anulación de los dos anteriores.

¿Por qué un grupo de personas muy ricas y poderosas consiguen que millones les obedezcan? Hoy en día, una minoría oligárquica gobierna porque posee una riqueza extrema. El Laboratorio de la Desigualdad Mundial elabora cada año un informe global en el que señalan que en torno al 10% más rico se lleva más de la mitad de todos los ingresos del mundo, mientras que la mitad más pobre de la población obtiene menos del 10%. Sí, has leído bien.

¿Y por qué nadie se rebela? ¿No es asombroso? El filósofo escocés David Hume lo veía así, decía: “Nada parece más sorprendente para quienes consideran los asuntos humanos con ojo filosófico que la facilidad con la cual los muchos son gobernados por los pocos; y la sumisión con la cual los hombres entregan sus propios sentimientos y pasiones a los de sus gobernantes”. Dicho de otro modo, ¿por qué si los privados de riqueza son muchos más, aceptan su dominación? Más de 250 años después, ya no solo entregamos sentimientos y pasiones, sino sobre todo nuestros datos y nuestra privacidad.

Por suerte hay escritoras que siguen observando con ojo filosófico, el porqué de este comportamiento humano. Una de las más destacadas es Belén Gopegui, con quien hablamos en este episodio. 

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Hace tres años, OpenAI era una organización prácticamente desconocida para el gran público que aspiraba a contrarrestar el poder de los gigantes de Silicon Valley. Hoy, es la startup más valiosa de la historia, superando los 500.000 millones de dólares. Tres años en los que la compañía dirigida por Sam Altman ha pasado de presentarse como un laboratorio tecnológico que trabajaba por el bien de la humanidad a convertirse en una empresa privada con agenda geopolítica propia, con acceso masivo a información personal de millones de personas y trato preferente con los poderes públicos.

La periodista estadounidense Karen Hao ha cubierto esta transformación para medios como el Wall Street Journal o el MIT Technology Review. En su libro El Imperio de la IA. Sam Altman y su carrera por dominar el mundo (editorial Península), Hao ha investigado cómo OpenAI y la industria de la IA han pasado a funcionar con una lógica imperial: colonizan recursos, extraen datos de los usuarios y explotan mano de obra precaria en el Sur Global para alimentar una maquinaria que, denuncia, está “acelerando el retroceso democrático en todo el mundo”.

En esta entrevista con elDiario.es, Hao describe a OpenAI, los secretos de su líder y la burbuja financiera y de expectativas que está impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial.

Cuenta en el libro que, en sus orígenes, OpenAI se veía a sí misma como la “anti-Google”. ¿En qué consistía esa visión de empresa inicial?

En realidad creo que la visión de la compañía en aquel entonces era similar a la que es hoy: OpenAI siempre ha querido dominar el desarrollo de la IA y ser el líder número uno en esta tecnología. En ese momento, Google era el único actor al que valía la pena vencer, así que se veían a sí mismos como su único competidor, y a Google como el único al que debían intentar superar. Por eso se concibieron a sí mismos como la anti-Google que iba a representar todo lo que Google no era. Otra razón por la que hicieron eso fue porque era una táctica de reclutamiento. Inicialmente, para construir un laboratorio de IA líder, el principal cuello de botella era el talento, por lo que querían averiguar cómo conseguir que la gente dejara Google y se uniera a OpenAI, o eligiera OpenAI sobre Google si se postulaban para trabajar en ambas empresas. Así que lo plantearon todo como: “bueno, Google es de código cerrado, nosotros seremos abiertos; Google trabaja con fines de lucro, nosotros seremos sin fines de lucro”. La idea era: si quieres crear productos para un megagigante, bien, ve a Google, pero si vienes a OpenAI, podrás cambiar el mundo.

¿Cómo se ven dentro de OpenAI esas contradicciones respecto a la visión inicial, con la transformación en una empresa privada con ánimo de lucro? ¿Crees que puede haber alguien que piense que al final se han convertido en todo aquello que prometieron cambiar?

Sí, por supuesto, OpenAI aparentemente ha revertido por completo todo lo que dijo que sería. Ahora es, obviamente, una empresa con fines de lucro en lugar de una organización sin ánimo de lucro, y la startup más valiosa del mundo en este momento, con una valoración de 500.000 millones de dólares. También se ha vuelto hipersecreta, aunque originalmente dijo que sería transparente. Así que, en esas formas más superficiales, ha cambiado por completo. Y, sin embargo, sigue persiguiendo exactamente lo mismo que en aquel entonces, que es dominar el desarrollo de la IA. Sam Altman ha dicho muchas veces que es importante tener grandes convicciones en un objetivo particular, pero que debes ser flexible con tus tácticas. Y eso es esencialmente lo que está haciendo con OpenAI; alta convicción en los objetivos, pero flexible en las tácticas. El objetivo final es el dominio, y las tácticas han cambiado de sin fines de lucro a con fines de lucro.

OpenAI también se ha vuelto una empresa hipersecreta, aunque originalmente dijo que sería transparente

Otra de las cosas que dijeron que nunca harían sería vender los datos personales de la gente. ¿Cree que también lo terminarán haciendo?

Sí. Además, técnicamente, ya están ganando dinero con los datos de la gente, en el sentido de que ya están utilizando los datos de las personas para entrenar las próximas generaciones de sus modelos de IA. Modelos que luego venden a través de suscripciones. Pero hablando más concretamente del negocio de la publicidad digital, vemos que OpenAI está preparándose también para la publicidad. Están añadiendo un feed algorítmico a ChatGPT, lanzaron Sora 2, una aplicación como TikTok con el contenido generado por IA, y básicamente están creando espacios, superficies, en las que pueden empezar a insertar anuncios. Y eso creo que conducirá al 100% a que utilicen los datos de los usuarios para averiguar cómo segmentar mejor esos anuncios.

ChatGPT ha cumplido tres años recientemente. Usted ya cubría la industria de la inteligencia artificial antes de su salida a luz: ¿cómo cree que ha evolucionado ChatGPT y el sector de la IA en estos tres años?

El mundo ha cambiado. Ahora todo el mundo habla de IA, y todo el mundo tiene una concepción de la IA como ChatGPT, por lo que todas estas empresas y todos estos países se apresuran a intentar crear su propia versión de ChatGPT, olvidando todos los demás tipos de tecnologías, incluso otras tecnologías de IA que no son chatbots. Y la otra forma en que el mundo ha cambiado es, como expongo en mi libro, en que estas multinacionales ahora son como imperios. Están extrayendo una cantidad extraordinaria de recursos, explotando una cantidad extraordinaria de mano de obra y participando en actividades por todo el mundo de formas que no benefician en nada a la mayoría de las personas. De esta forma, otra de las cosas que han cambiado es que estas empresas están siendo otro acelerador más en la tendencia de retroceso democrático en todo el mundo. Creo que estos imperios están contribuyendo activamente a esa tendencia.

Las empresas de IA están participando en todo tipo de actividades que no benefician a las personas

Al principio parecía que ChatGPT era el centro de toda la industria, hoy parece solo uno más.

Sí, creo que ChatGPT definitivamente está siendo... hay muchos más competidores ahora que están tratando de comerse el dominio del mercado de ChatGPT. Por supuesto, tenemos a Gemini, tenemos a Claude de Anthropic y también vemos más empresas que comienzan a inclinarse hacia aplicaciones especializadas en lugar de solo estos chatbots; Anthropic enfocándose realmente en la generación de código, en lugar de ser solo una herramienta puramente genérica orientada al consumidor. O Google, enfocándose más en la empresa en lugar de apoyar a las labores de las personas. ChatGPT también está teniendo su propia transformación, inicialmente la gente pensaba que era más una herramienta de búsqueda, pero hemos visto esta tendencia realmente preocupante donde más y más personas comienzan a considerar a ChatGPT como un terapeuta, un mentor o un amante. Es algo que OpenAI no ha evitado, más bien se ha estado inclinando hacia eso también. Eso es una evolución de la que tendremos que estar muy pendientes en los próximos años.

¿Cómo explicaría a la gente cómo es Sam Altman?

Es un tipo extremadamente carismático que entiende muy, muy bien la psicología humana. Es capaz de decirle a la gente lo que necesita escuchar para motivarla a unirse a cualquier misión que él esté tratando de perseguir. Eso incluye conseguir que los inversores le den mucho dinero o conseguir que la gente se convierta en empleada de sus empresas. Así que es tanto un talento singular para la recaudación de fondos como un reclutador muy, muy bueno. Y no es solo porque entiende la psicología humana, también porque es muy bueno contando esas grandes historias sobre el futuro y la IA, que son atractivas y que hacen que la gente quiera darle más y más recursos para lograrlo.

Altman es un tipo extremadamente carismático que entiende muy, muy bien la psicología humana. Es capaz de decirle a la gente lo que necesita escuchar para motivarla a unirse a cualquier misión

¿Lo compararía con alguna figura histórica, o quizá con alguna otra persona de la industria digital?

Bueno, él mismo ha hablado de cómo le encantaba leer un libro de citas de Napoleón. Y lo que sacó de ese libro fue que Napoleón era un conocedor extremadamente bueno de la psicología humana, y usó eso para ganar mucho poder. Así que creo que los paralelismos se escriben solos.

Personalmente, usted que ha podido investigar en profundidad al personaje, ¿se siente cómoda con el hecho de que Altman se convierta en uno de esos emperadores de las grandes tecnológicas? ¿Con que acumule tanto poder e influencia?

No me siento cómoda con que nadie ocupe tanto poder sin rendición de cuentas. En el libro critico a Altman y su enfoque, pero no creo que el problema se resolviera si simplemente cambiáramos a Altman por otra persona. Porque el sistema de poder todavía existe, donde quienquiera que se siente en esa mesa puede tomar decisiones que afectan a la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Y esos miles de millones de personas no tienen voz sobre si les gustan esas decisiones o no. Para mí, es mucho más preocupante, no que Altman esté al timón, sino que exista incluso este rol que pueda permitir a alguien ejercer esa cantidad de influencia a nivel mundial.

Una de las tácticas que Altman y OpenAI utilizan a menudo para convencer a otros de que inviertan en sus proyectos es la Inteligencia Artificial General, es máquina consciente y capaz de mejorarse a sí misma que podría superar a la humanidad. Usted ha tenido un acceso privilegiad a la compañía: desde dentro, ¿creen de verdad que la IA general es posible e incluso cercana?

Esto fue lo que más me sorprendió de mi investigación: yo pensaba que era solo una herramienta de marketing, pero en realidad hay facciones muy poderosas dentro de estas empresas y dentro de la industria en general que realmente creen que la IA general es posible y que es inminente. Y creo que eso es lo que hace que este ecosistema sea tan fascinante y complejo, porque tienes a las personas que empujan hacia este objetivo por una fe sincera y luego tienes a las personas que lo están aprovechando políticamente para protegerse de la regulación y usarlo como un truco de marketing.

Esto fue lo que más me sorprendió de mi investigación: yo pensaba que el discurso sobre la IA general era solo una herramienta de marketing, pero en realidad hay facciones muy poderosas dentro de estas empresas y dentro de la industria en general que realmente creen que la IA general es posible y que es inminente

Menciona la “fe sincera” de esas personas de la industria tecnológica. En los últimos tiempos se está hablando mucho más de la tecnorreligión de Silicon Valley, esa creencia casi religiosa en la tecnología digital como solución a todos los problemas de la sociedad. ¿Cree que esa fe está influyendo en todo esto?

Creo que tiene una influencia extraordinaria, sí. Y es parte de la razón por la que creo que la analogía con los imperios también es muy relevante, porque la mayoría de los imperios históricos también fueron impulsados en su expansión por creencias religiosas. Lo interesante es que en esta religión hay dos facciones. Las personas que piensan que necesitamos pisar el acelerador porque la IA general nos llevará al cielo y solo nos traerá utopía y bienestar; y luego las personas que piensan que nos llevará al infierno si la desarrolla la persona equivocada. Y en el libro digo que estas son dos caras de la misma moneda, porque en realidad solo están leyendo de la misma Biblia con diferentes interpretaciones, de la misma manera que hay muchas facciones del cristianismo, algunas que leen la Biblia enfocadas en llegar al cielo y otras que leen la Biblia enfocándose en el hecho de que hay un infierno.

Entre esas personas hay científicos como Ilya Sutskever, ex jefe Científico de OpenAI, una de las mentes de referencia sobre IA. ¿Tienen un discurso serio realmente en torno a este tema? Sutskever, por ejemplo, afirma que la IA general ayudará a contrarrestar el cambio climático, pero a la vez dicen que si llega, el planeta pasaría a estar completamente cubierto de centros de datos en pocos años. No parece muy congruente.

Creo que Sutskever y algunos de estos otros investigadores de IA tienen mucha coherencia en cuanto a su teoría de la investigación de IA. Pero, ya sabes, no son exactamente expertos en otras cosas, así que ahí es donde la coherencia podría desmoronarse: cuando empiezan a hablar de cómo interactúa con el mundo real. Pero para Sutskever, él siempre ha creído muy firmemente que el cerebro es un motor estadístico y que las redes neuronales son una representación precisa de cómo funciona el cerebro. Él siempre ha pensado que mientras podamos meter más y más datos en estas redes neuronales, eso conducirá a la recreación de la inteligencia humana. Dio una charla el año pasado en la que mostró unos papers sobre cómo el tamaño del cerebro se correlaciona con la inteligencia de la especie. Su teoría es que simplemente tienes que construir un cerebro más grande y entonces obtienes un sistema más inteligente. El problema es, por supuesto, que en realidad no sabemos si eso es cierto, si las redes neuronales realmente modelan el cerebro y si el tamaño del cerebro es realmente lo único que conduce a más inteligencia, pero esa es la creencia de Sutskever y por eso ha centrado toda su investigación en esto.

Esa es la teoría de Sutskever, y tras la publicación de su libro OpenAI se ha embarcado en proyectos de inversión faraónicos para generar más capacidad de cómputo. ¿Cree que ese escalado masivo es el camino correcto para llegar a la IA General?

Para mí, la razón por la que no deberíamos estar escalando es en realidad una cuestión más fundamental que simplemente si nos llevará a la IA general. No creo que debamos intentar llegar a la IA general, independientemente de si podemos llegar allí, porque el propósito de construir tecnologías es servir a las personas, no reemplazar a las personas. Y la búsqueda de la IA general es en última instancia lograr una inteligencia a nivel humano y automatizar muchas de las cosas que la gente puede hacer. Así que sí, encuentro que toda esta empresa de escalado es innecesaria para lograr la IA general y también inmoral, porque no deberíamos estar intentando lograrla en primer lugar. Además, está conduciendo a una cantidad extraordinaria de degradación ambiental y daño a la salud pública de las personas, en un momento en que en realidad ya no tenemos mucho tiempo para resolver la crisis climática.

Encuentro que toda esta búsqueda de la IA general es inmoral, no deberíamos estar intentando lograrla. Conduciendo a una cantidad extraordinaria de degradación ambiental y daño a la salud pública de las personas, en un momento en que ya no tenemos mucho tiempo para resolver la crisis climática

Por cosas como esta, ¿cree que la confianza general sobre OpenAI podría cambiar rápidamente entre el público general? Con el resto de tecnológicas hemos visto el proceso de cómo empiezan viéndose como disruptivas y luego su mala imagen las lleva incluso a cambiarse el nombre, como Facebook y Meta. Parece que eso está sucediendo a toda velocidad con OpenAI.

Sí, creo que ya ha sucedido. No creo que OpenAI tenga ya una reputación muy positiva en muchos lugares. En EEUU hay muchos padres, por ejemplo, que se han enfadado mucho con la empresa debido a los impactos en la salud mental que estas herramientas están teniendo en los niños. Hay muchas comunidades de clase trabajadora que están realmente enfadadas por los centros de datos que están llegando a sus comunidades. Hemos visto un cambio dramático en la opinión pública solo en los últimos meses, y creo que eso va a continuar, porque lo que pasa con el imperio es que, a medida que continúa su construcción, continuará extrayendo y explotando a más y más comunidades. Y eso es lo que va a llevar a que cada vez más y más de ellas se vuelvan contra la empresa.

En el libro también trata en detalle la explotación sistémica de trabajadores para entrenar a los modelos, como el caso de Mofat en Kenia. Sobre cómo el modelo de negocio de OpenAI depende del capitalismo del desastre.

Sí, en este caso todas las empresas, no solo OpenAI, cuando entrenan sus modelos de IA, requieren contratar a decenas de miles de trabajadores de todo el mundo, y esto es algo que existía antes de ChatGPT. Existen firmas de terceros que hacen el trabajo de conectar a empresas como OpenAI con estos trabajadores. Son plataformas que tratan de buscar la mano de obra más barata en el mercado global. De lo que se dieron cuenta es que la mejor manera de encontrar la mano de obra más barata es ir a los lugares más pobres y desesperados del mundo. Inicialmente, eso fue Venezuela, donde la economía estaba en un estado desastroso, pero la población también estaba altamente educada y tenía alta conectividad. A medida que la economía de Venezuela comenzó a recuperarse ligeramente, el trabajo se trasladó a otros lugares más desfavorecidos durante la pandemia, cuando otros países estaban cayendo en picado, como Kenia. La historia de Mofat ilustra una vez más la lógica del imperio, porque OpenAI es una empresa valorada en 500.000 millones de dólares y, sin embargo, contratan trabajadores para realizar un trabajo esencial para el éxito de ChatGPT pagándoles solo unos pocos dólares la hora. Muchos de ellos terminaron psicológicamente devastados por este trabajo y sus familias se desmoronaron. Así funciona el capitalismo de desastre en muchos sentidos.

OpenAI es una empresa valorada en 500.000 millones de dólares y, sin embargo, contratan trabajadores para realizar un trabajo esencial para el éxito de ChatGPT pagándoles solo unos pocos dólares la hora

Esas personas cuentan con muy poca formación sobre cómo entrenar a la IA. ¿Es posible que los modelos tengan más alucinaciones o sean más imprecisos por esta situación?

Es una pregunta interesante. Creo que los modelos son más imprecisos principalmente porque las empresas en realidad no enfatizan la precisión. Hemos visto que las actualizaciones de los modelos de OpenAI a veces se vuelven menos precisas a medida que avanzan las nuevas generaciones de GPT. Así que no creo que esté necesariamente ligado a los trabajadores en sí; son principalmente los incentivos de las empresas, así como la tecnología misma. Esta es una tecnología probabilística, por lo que es inherentemente propensa a errores. Es imposible garantizar que vaya a decir lo correcto el 100% de las veces.

¿Cree que hay una burbuja en la inteligencia artificial?

Creo que hay una gran burbuja. No veo cómo estas empresas van a ser capaces de cumplir sus compromisos o averiguar cómo obtener un retorno de sus inversiones. OpenAI ha comprometido 1,4 billones de dólares de gasto en los próximos años y ha generado, como máximo, unos 20.000 millones en ingresos. Esa es una brecha extraordinaria y OpenAI se está quedando sin ideas para cerrarla. Intentaron el modelo de suscripción y encontraron que aproximadamente solo el 5% de los usuarios están dispuestos a pagar. Ahora se están preparando para la publicidad, pero el mayor negocio publicitario de la historia fue Google, y Google el año pasado ganó menos de 300.000 millones en ingresos publicitarios, así que eso todavía no cierra la brecha. Y luego ves a OpenAI tratando de rociar el mercado con todos estos lanzamientos de productos, como un navegador, el TikTok de IA... pero estos lanzamientos no están cuajando. Tanto con el navegador como con el TikTok de IA, se volvieron virales al principio, pero en realidad están cayendo bastante rápido después en términos de adopción de usuarios. Así que simplemente no hay un modelo de negocio viable ahí.

Tanto OpenAI como el resto de empresas de IA están tratando de hacer que el Gobierno de EEUU no pueda dejarlas caer haciéndole dependiente de su tecnología

¿Cree que una de las estrategias de Altman es precisamente hacer que OpenAI sea “demasiado grande para caer”, llegando a múltiples acuerdos con gobiernos e industria?

Absolutamente. Hay un análisis realmente genial escrito por un ex colega mío en el Wall Street Journal que habla de esto, donde explicaba cómo OpenAI está atando su destino a todos los principales actores tecnológicos que actualmente están manteniendo a flote la economía de EEUU. Se ha atado a Nvidia, a Oracle, a Microsoft. Cuando miras la economía de EEUU, actualmente solo está sobreviviendo y yendo bien gracias a las empresas de IA. OpenAI y las otras empresas que están tratando de hacerse demasiado grandes para caer de dos maneras: una, haciendo que la economía de EEUU dependa de si a estas empresas les va bien o no, ya que cuando eso sucede, el gobierno de EEUU siempre es más propenso a querer intervenir y rescatar a una empresa que pueda causar el colapso de toda la economía. Y dos: están tratando de hacerse demasiado grandes para caer vendiendo sus tecnologías al gobierno, para hacer que el gobierno dependa de sus plataformas. Todas ellas están participando en esta especie de estrategia de dos frentes para evitar caer si explota la burbuja.

Se acabó el periodo de gracia. Desde este martes 16 de diciembre, Meta ha activado oficialmente su maquinaria para monetizar las conversaciones que los usuarios mantienen con su inteligencia artificial. A partir de hoy, todas las interacciones con los asistentes de IA en sus plataformas pasan a convertirse en datos comerciales que alimentan su algoritmo publicitario.

Hasta ahora, la corporación no utilizaba los mensajes de los usuarios con Meta AI, como el chat integrado en WhatsApp, para personalizar los anuncios que estos veían en el resto de plataformas. A partir de hoy, esa barrera cae. La tecnológica ha integrado estas interacciones en el mismo paquete de datos que el historial de navegación o los “me gusta” en sus redes.

“Por ejemplo, si chateas con Meta AI sobre senderismo, podríamos saber que te interesa, igual que si publicas un reel [un vídeo corto de Instagram] sobre senderismo o le das ”me gusta“ a una página relacionada. Como resultado, podrías empezar a ver recomendaciones de grupos de senderismo, publicaciones de amigos sobre rutas o anuncios de botas de montaña”, detalla la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

En su comunicado, Meta justifica su decisión con el argumento de que “muchas personas esperan que sus interacciones hagan que lo que ven sea más relevante”. “Al igual que otros servicios personalizados, adaptamos los anuncios y el contenido que ves en función de tu actividad, garantizando que tu experiencia evolucione a medida que cambian tus intereses”, continúa.

El negocio publicitario de la compañía se basa en configurar amplias bases de datos personales a partir de miles de señales de comportamiento de sus usuarios. Desde las páginas que siguen o los contenidos con los que interactúan, hasta inferencias sobre sus intereses, sus hábitos de consumo o sus momentos vitales. Con esta información, los anunciantes pueden dirigir sus campañas a personas con una alta probabilidad de estar interesadas en un producto o servicio. La incorporación de las conversaciones con la IA añade una nueva fuente de señales, mucho más rica y explícita, a ese sistema de segmentación.

Un analista de mercado en tiempo real

Meta, que ha quedado rezagada respecto a otras desarrolladoras de IA como OpenAI (ChatGPT) o Google (Gemini), es la primera que da el paso definitivo para utilizar las conversaciones con estos sistemas para extraer datos publicitarios. No obstante, incluso la propia OpenAI ha abierto la puerta a ese modelo de negocio en los últimos tiempos ante las dificultades para consolidar una línea de beneficios estable basada en el uso corporativo de la IA.

Se trata de una situación que preocupa a los especialistas, debido a que los chats con la inteligencia artificial son una herramienta de extracción de datos personales mucho más poderosa que las propias redes sociales de Meta o el buscador de Google, las dos multinacionales que dominan la publicidad digital. “Todo apunta a que estamos montando un complejo industrial como el de las redes sociales, pero peor aún”, explicaba Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School, en un reciente reportaje de este medio.

“¿Qué son las redes sociales en realidad? Son máquinas de capturar datos para luego venderlos al mejor postor. ¿Qué pasa si en lugar de simplemente dar me gusta o poner un comentario, lo que haces es estar todo el día hablando con esa máquina? Pues que le das todos los datos del mundo”, continuaba el experto.

En el caso de Meta, la medida afectará a las interacciones con su IA en todas sus plataformas. También a aquellas realizadas desde las Meta Ray-Ban, las gafas de la compañía con cámaras, micrófonos y altavoces pensadas para retransmitir en tiempo real y diseñadas, precisamente, para ser utilizadas a través de comandos de voz.

El único límite será el chat de WhatsApp con Meta AI. Si un usuario no tiene vinculada su cuenta de WhatsApp con las de Facebook o Instagram en su “Centro de Cuentas”, las conversaciones que mantenga con la IA dentro de la aplicación de mensajería no se utilizarán para personalizar los anuncios en las otras redes sociales.

La compañía también ha comunicado que, como obliga la Unión Europea, los datos sensibles no se utilizarán para el perfilado publicitario. “Cuando las personas conversan con Meta AI sobre temas como sus opiniones religiosas, orientación sexual, opiniones políticas, salud, origen racial o étnico, creencias filosóficas o afiliación sindical, no utilizamos esos temas para mostrarles anuncios”, avanza.

Adiós al Metaverso

El movimiento para convertir su IA en una herramienta más para la extracción de datos personales llega justo cuando Zuckerberg ha decidido empezar a cortar el grifo de lo que un día creyó que sería el futuro de su corporación. Según fuentes internas citadas por Bloomberg, Meta planea recortar los recursos destinados al Metaverso hasta un 30% el próximo año, con una ronda de despidos que podría ejecutarse tan pronto como en enero.

El proyecto del Metaverso, que llegó a propiciar el cambio de imagen de marca de la compañía de Facebook a Meta, era ese universo virtual que prometía trabajo, ocio y socialización en 3D mediante realidad virtual. Tras miles de millones invertidos, sigue siendo un proyecto con baja adopción y resultados muy por debajo de los objetivos que Zuckerberg comunicó inicialmente.

La división Reality Labs de Meta, encargada de desarrollarlo, acumula pérdidas superiores a los 70.000 millones de dólares desde 2021. Unos recursos que ahora se destinarán a otros proyectos como las gafas de realidad aumentada que Zuckerberg presentó en septiembre. Un dispositivo que también se basa en las interacciones con la inteligencia artificial que, desde hoy, Meta utilizará para nutrir su negocio publicitario.

A diferència d'altres pobles de Mallorca, a penes hi ha trànsit per a accedir a Santa Eugènia, on transcorre un matí tranquil típic d'entre setmana. Enclavat a l'interior de l'illa, aquesta localitat de poc més de 1.800 habitants viu aquests dies, no obstant això, un debat inesperat: la presència, tal com va revelar la setmana passada elDiario.es, de més de mig centenar de càmeres de vigilància la proliferació de les quals ha despertat opinions oposades entre els seus veïns. Mentre uns qüestionen la transparència, la ubicació i la proporcionalitat dels dispositius, que operen sense que la seva legalitat estigui del tot clara, uns altres consideren necessaris aquests artefactes per a garantir la seguretat d'un poble que, segons al·lega l'alcalde i consta a la memòria d'activitats de les policies locals de Balears relativa a 2024, compta amb tan sols dos agents municipals.

“Els caps de setmana només hi ha un policia. Ni Guàrdia Civil ni res”, comenta Ramón, qui atén a aquest periòdic mentre pren un cafè recolzat a la barra d'un dels pocs bars del municipi, poc acostumat a ser escenari de controvèrsies tecnològiques. Preguntat pel renou generat en els últims dies, afirma que no veu “gens dolent” en el fet que les càmeres abundin, a diferents altures, a la via pública del nucli urbà. “No és necessari que ocorri gens greu, basta que un cotxe et pegui en el retrovisor i no et deixin ni un paperet”, afegeix aquest vilatà, qui assegura que “molts veïns ni siquera sabien que hi havia càmeres. Ara porten diversos dies comentant el tema pel renou generat per les notícies. La gent del poble no parla de les càmeres”.

El bar està regentat per Álex i Samanta, els qui, igual que Ramón, creuen pertinents els dispositius davant la manca d'efectius policials. “Aquí ens van entrar a robar, però no arribem a veure qui era perquè anava tapat. També s'han produït altres robatoris. Aquestes càmeres són necessàries, no són per a mirar la gent”, defensen.

“Bastaria que n’hi hagués una a cada entrada del poble”

Caminant pels carrers de Santa Eugènia, un altre veí, Onofre, opina el contrari: “Bastaria que hi hagués una a cada entrada del poble”. Segons la seva opinió, els arguments oferts per l'alcalde sobre la falta d'agents municipals “són excuses”, atès que, en la seva opinió, “la criminalitat no ha augmentat. De tant en tant hi ha hagut algun robatori, però res més”. El resident es mostra, sobretot, indignat amb els punts on estan instal·lats alguns dels dispositius: “Prop del col·legi, de la piscina... Per a mi és molt lleig”.

Marga, una altra veïna, es mostra, de nou, a favor de la implantació d'aquests artefactes: “Fa un parell d'anys no hi havia punts. A la meva mare li van cremar el cotxe i ningú es va adonar. I ni li ho van pagar”. Més enllà de la seva experiència personal, al·lega que les càmeres permeten regular el trànsit del municipi: “En teoria has d'anar a 30, però molta gent va a 50 o 60 i no passa res”.

“Mentre les càmeres no s'utilitzin malament i hi hagi un motiu, no m'afecten”

Altres veus reclamen més informació i transparència mentre expressen la seva confusió: “No era conscient que hi hagués tantes càmeres”, assegura Carol, qui, amb tot, assegura no sentir-se “vigilada”. “Potser el rebombori generat en els últims dies ha magnificat la sensació d'alarma”. Alguns asseguren que no han percebut canvis en el seu dia a dia i que la presència dels dispositius, encara que cridanera, no interfereix en la seva rutina ni els preocupa especialment. “Mentre no s'utilitzin malament i hi hagi un motiu, tampoc m'afecta”, apunta una altra resident.

Per part seva, un altre resident que opta per mantenir el seu anonimat assenyala que prefereix no pensar que camina “sentint que està sent controlat”, encara que reclama més transparència i una justificació més sòlida que la de ser una mesura dissuasiva davant l'escassetat d'agents. Uns altres assumeixen la presència d'aquests dispositius com a part d'una tendència general cap a una major vigilància en els espais públics.

Un altre resident que opta per mantenir el seu anonimat assenyala que prefereix no pensar que camina "sentint que està sent controlat", encara que reclama més transparència i una justificació més sòlida que la de ser una mesura dissuasòria davant l'escassetat d'agents

Tal com ha pogut comprovar aquest mitjà, les terrasses dels tres bars del poble —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— es troben videovigiladas, amb càmeres apuntant directament a les taules i zones de reunió. En tot just quatre carrers —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles i carrer de l’Església— hi ha 25 càmeres. Els dispositius s'alimenten directament de la xarxa d'enllumenat públic i molts d'ells manquen de qualsevol cartell de senyalització que adverteixi de la seva presència. Els pocs que exhibeixen l'avís resulten estar completament obsolets: remeten a lleis derogades, ometen la identificació de la Policia Local com a destinatària de les imatges i no especifiquen el termini de conservació, entre altres informacions rellevants.

Fonts solvents i coneixedores del sistema van apuntar a aquest periòdic que l'alcalde tindria accés directe a les gravacions des del seu ordinador personal, un extrem que el primer edil ha negat rotundament. Les mateixes veus apunten que la infraestructura permetria la visualització multipantalla en temps real, encara que només una anàlisi forense dels seus equips podria determinar si aquesta funció està activa i si també s'ha habilitat la captació d'àudio. De confirmar-se, els terminals que permeten visualitzar les imatges no estarien sota la custòdia exclusiva de la Policia Local, com exigeix la llei.

La legislació espanyola en matèria de captació d'imatges per part de les administracions públiques és clara i restrictiva. Qualsevol ajuntament que desitgi col·locar càmeres a la via pública ha d'obtenir autorització prèvia del delegat del Govern. La norma obliga a justificar la necessitat del sistema, la seva proporcionalitat i el seu impacte sobre els drets fonamentals. Cap punt de vigilància pot activar-se sense aquest permís exprés i amb una fi degudament acreditada.

El Consistori, dirigit pel socialista Pep Lluís Urraca, qui va rebutjar en un primer moment fer declaracions i va remetre qualsevol resposta a l'empresa GrupoX3, amb la qual té contractat el servei de delegat de protecció de dades, assenyala, no obstant això, que només la Policia Local té accés a les càmeres i que ell només les visualitza en cas de que hagi de signar informes on, per exemple, s'afirmi que en el Punt Verd “s'han tirat residus on no toca”. El primer edil assegura que són una mesura dissuasiva i que els ciutadans “poden estar tranquils”, atès que les imatges s'esborren periòdicament.

Urraca afirma que, quan va arribar al Consistori després del govern del PP, hi havia més d'una vintena de càmeres instal·lades, que totes actualment estan fora de servei, que “sempre es posen a petició de Policia Local” i que, en el cas que apuntin a bars, estan pixelades. Tal com va posar de manifest a elDiario.es, la immensa majoria de dispositius són de trànsit i altres es troben en zones on hi ha aglomeracions i flux de gent per festes o ‘tardeos’. Així mateix, aclareix que han estat pagats amb una subvenció del Govern, és a dir, que no han costat diners públics del Consistori.

Mentrestant, Santa Eugènia sembla atrapada entre dues realitats: la necessitat real de vigilar per falta de recursos policials, segons l'ajuntament, i la inquietud d'uns altres que expressen alguns residents. Amb tot, la situació transcendeix el debat local: fins a on pot arribar la vigilància en nom de la seguretat?

A diferencia de otros pueblos de Mallorca, apenas hay tráfico para acceder a Santa Eugènia, donde transcurre una mañana tranquila típica de entre semana. Enclavado en el interior de la isla, esta localidad de poco más de 1.800 habitantes vive estos días, sin embargo, un debate inesperado: la presencia, tal como desveló la semana pasada elDiario.es, de más de medio centenar de cámaras de vigilancia cuya proliferación ha despertado opiniones encontradas entre sus vecinos. Mientras unos cuestionan la transparencia, la ubicación y la proporcionalidad de los dispositivos, que operan sin que su legalidad esté del todo clara, otros consideran necesarios estos artilugios para garantizar la seguridad de un pueblo que, según alega el alcalde y consta en la memoria de actividades de las policías locales de Balears relativa a 2024, cuenta con tan solo dos agentes municipales.

“Los fines de semana solo hay un policía. Ni Guardia Civil ni nada”, comenta Ramón, quien atiende a este periódico mientras toma un café acodado a la barra de uno de los pocos bares del municipio, poco acostumbrado a ser escenario de controversias tecnológicas. Preguntado por el revuelo generado en los últimos días, afirma que no ve “nada malo” en el hecho de que las cámaras abunden, a distintas alturas, en la vía pública del casco urbano. “No es necesario que ocurra nada grave, basta que un coche te pegue en el retrovisor y no te dejen ni un papelito”, añade este lugareño, quien asegura que “muchos vecinos ni siquiera sabían que había cámaras. Ahora llevan varios días comentando el tema por el revuelo generado por las noticias. La gente del pueblo no habla de las cámaras”.

El bar está regentado por Álex y Samanta, quienes, al igual que Ramón, creen pertinentes los dispositivos ante la carencia de efectivos policiales. “Aquí nos entraron a robar, pero no llegamos a ver quién era porque iba tapado. También se han producido otros robos. Estas cámaras son necesarias, no son para mirar a la gente”, defienden.

“Bastaría que hubiera una en cada entrada del pueblo”

Caminando por las calles de Santa Eugènia, otro vecino, Onofre, opina lo contrario: “Bastaría que hubiera una en cada entrada del pueblo”. En su opinión, los argumentos ofrecidos por el alcalde acerca de la falta de agentes municipales “son excusas”, dado que, en su opinión, “la criminalidad no ha aumentado. De vez en cuando ha habido algún robo, pero nada más”. El residente se muestra, sobre todo, indignado con los puntos en los que se encuentran instalados algunos de los dispositivos: “Cerca del colegio, de la piscina... Para mí es muy feo”.

Marga, otra vecina, se muestra, de nuevo, a favor de la implantación de estos artilugios: “Hace un par de años no había tantos. A mi madre le quemaron el coche y nadie se dio cuenta. Y ni se lo pagaron”. Más allá de su experiencia personal, alega que las cámaras permiten regular el tráfico del municipio: “En teoría tienes que ir a 30, pero mucha gente va a 50 ó 60 y no pasa nada”.

“Mientras las cámaras no se usen mal y haya un motivo, no me afectan”

Otras voces reclaman más información y transparencia mientras expresan su confusión: “No era consciente de que hubiera tantas cámaras”, asegura Carol, quien, con todo, asegura no sentirse “vigilada”. “Quizás el alboroto generado en los últimos días ha magnificado la sensación de alarma”. Algunos aseguran que no han percibido cambios en su día a día y que la presencia de los dispositivos, aunque llamativa, no interfiere en su rutina ni les preocupa especialmente. “Mientras no se usen mal y haya un motivo, tampoco me afecta”, apunta otra residente.

Por su parte, otro residente que opta por mantener su anonimato señala que prefiere no pensar que camina “sintiendo que está siendo controlado”, aunque reclama más transparencia y una justificación más sólida que la de ser una medida disuasoria ante la escasez de agentes. Otros asumen la presencia de estos dispositivos como parte de una tendencia general hacia una mayor vigilancia en los espacios públicos.

otro residente que opta por mantener su anonimato señala que prefiere no pensar que camina "sintiendo que está siendo controlado", aunque reclama más transparencia y una justificación más sólida que la de ser una medida disuasoria ante la escasez de agentes

Añade que la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y que otros están en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Tal como ha podido comprobar este medio, las terrazas de los tres bares del pueblo —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— se encuentran videovigiladas, con cámaras apuntando directamente a las mesas y zonas de reunión. En apenas cuatro calles —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles y carrer de l’Església— hay 25 cámaras. Los dispositivos se alimentan directamente de la red de alumbrado público y muchos de ellos carecen de cualquier cartel de señalización que advierta de su presencia. Los pocos que exhiben el aviso resultan estar completamente obsoletos: remiten a leyes derogadas, omiten la identificación de la Policía Local como destinataria de las imágenes y no especifican el plazo de conservación, entre otras informaciones relevantes.

Fuentes solventes y conocedoras del sistema apuntaron a este periódico que el alcalde tendría acceso directo a las grabaciones desde su ordenador personal, un extremo que el primer edil ha negado tajantemente. Las mismas voces apuntan que la infraestructura permitiría la visualización multipantalla en tiempo real, aunque solo un análisis forense de sus equipos podría determinar si esta función está activa y si también se ha habilitado la captación de audio. De confirmarse, los terminales que permiten visualizar las imágenes no estarían bajo la custodia exclusiva de la Policía Local, como exige la ley.

La legislación española en materia de captación de imágenes por parte de las administraciones públicas es clara y restrictiva. Cualquier ayuntamiento que desee colocar cámaras en la vía pública debe obtener autorización previa del delegado del Gobierno. La norma obliga a justificar la necesidad del sistema, su proporcionalidad y su impacto sobre los derechos fundamentales. Ningún punto de vigilancia puede activarse sin ese permiso expreso y con un fin debidamente acreditado.

El Consistorio, dirigido por el socialista Pep Lluís Urraca, quien rechazó en un primer momento hacer declaraciones y remitió cualquier respuesta a la empresa GrupoX3, con la que tiene contratado el servicio de delegado de protección de datos, señala, sin embargo, que solo la Policía Local tiene acceso a las cámaras y que él sólo las visualiza en el caso de que tenga que firmar informes donde, por ejemplo, se afirme que en el Punto Verde “se han tirado residuos donde no toca”. El primer edil asegura que son una medida disuasoria y que los ciudadanos “pueden estar tranquilos” dado que las imágenes se borran periódicamente.

Urraca afirma que, cuando llegó al Consistorio tras el gobierno del PP, había más de una veintena de cámaras instaladas, que todas actualmente están fuera de servicio, que “siempre se ponen a petición de Policía Local” y que, en el caso de que apunten a bares, están pixeladas. Tal como puso de manifiesto a elDiario.es, la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y otros se encuentran en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Mientras tanto, Santa Eugènia parece atrapada entre dos realidades: la necesidad real de vigilar por falta de recursos policiales, según el ayuntamiento, y la inquietud de otros que expresan algunos residentes. Con todo, la situación trasciende el debate local: ¿hasta dónde puede llegar la vigilancia en nombre de la seguridad?

Santa Eugènia és un petit municipi de l’interior de Mallorca amb poc més de dos mil habitants, envoltat de camps de vinyes i camins rurals. Viu al marge del turisme, cosa poc habitual a l’illa. Aquesta aparença tranquil·la contrasta amb una realitat inquietant: en recórrer el centre del poble, és possible observar desenes de dispositius de videovigilància instal·lats a baixa altura a fanals, pals d’enllumenat i façanes, orientats cap a carrers, places i, fins i tot, terrasses de bars.

Han estat els mateixos treballadors i veïns del poble qui, els darrers anys, han alertat de la proliferació de càmeres. elDiario.es ha pogut localitzar sobre el terreny més de mig centenar de dispositius actius i visibles, molts d’ells sense senyalització, que conformen un sistema de vigilància sense precedents en un municipi d’aquestes dimensions. El desplegament s’hauria duit a terme de manera paulatina i sense constar en expedients públics, cosa que suggereix una expansió silenciosa i sense control administratiu.

Sorprèn que tots els carrers i accessos a Santa Eugènia estiguin sota vigilància constant, segons ha pogut comprovar elDiario.es després del seu recorregut pel municipi. Aquesta cobertura garanteix que rostres i matrícules puguin ser identificats pràcticament en qualsevol desplaçament dins o cap al nucli urbà. Un altre detall significatiu és que les terrasses dels tres bars del poble —Can Topa, S’Estació i L’Escargot— també es troben videovigilades, amb càmeres que apunten directament a les taules i zones de reunió. En només quatre carrers —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de s’Aljub, carrer de ses Escoles i carrer de l’Església— hi ha 25 càmeres.

Els dispositius s’alimenten directament de la xarxa d’enllumenat públic. D’altra banda, molts d’ells manquen de qualsevol cartell de senyalització que advertesqui de la seva presència i els pocs que en tenen resulten estar completament obsolets: remeten a lleis derogades, ometen la identificació de la Policia Local com a destinatària de les imatges i no especifiquen el termini de conservació, entre altres informacions rellevants.

El batle i la seva 'finestra indiscreta'

Segons fonts solvents i coneixedores del sistema, el batle tindria accés directe a les gravacions des del seu ordinador personal, un extrem que el primer edil no ha volgut confirmar ni negar. Aquestes mateixes veus apunten que la infraestructura permetria la visualització multipantalla en temps real, encara que només una anàlisi forense dels seus equips podria determinar si aquesta funció està activa i si també s’ha habilitat la captació d’àudio. De confirmar-se, els terminals que permeten visualitzar les imatges no estarien sota la custòdia exclusiva de la Policia Local, com exigeix la llei.

Las 50 cámaras ilegales instaladas en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Llogaret de Ses Coves

Plaça d,es Puget

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Las 50 cámaras ilegales instaladas

en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Plaça d,es

Puget

Llogaret de Ses Coves

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Tot apunta que la xarxa de videovigilància desplegada al cor de Mallorca opera de manera clarament desproporcionada, fins al punt d’haver convertit aquest petit municipi en un dels llocs més vigilats d’Europa. Segons les comparatives disponibles, la densitat de càmeres en aquesta localitat és excepcional fins i tot a escala internacional. Amb un mínim de 50 terminals per poc més de 2.000 habitants, el municipi arriba a una ràtio aproximada de 21 per cada mil veïns. A Madrid la xifra ronda les 4,4; a Londres, 13; a Moscou, 19; i a Seül, 24, segons l'estudi The World’s Most Surveilled Cities, publicat per Comparitech el 2023.

Delegació del Govern no les ha autoritzat

El Consell de Mallorca ha aclarit a elDiario.es que aquesta institució no té cap càmera dins el casc urbà del poble. Per la seva banda, Delegació del Govern ha confirmat a aquest mitjà que no consta cap autorització ni supervisió sobre el sistema de videovigilància de Santa Eugènia en els darrers vuit anys. “No hem tingut cap sol·licitud de renovació ni d’instal·lació de càmeres de l’Ajuntament”, assenyalen des de l’organisme.

La Llei Orgànica 4/1997, que regula l’ús de videocàmeres per part de les Forces i Cossos de Seguretat en espais públics, estableix que la instal·lació de càmeres fixes requereix autorització de Delegació del Govern. La validació depèn de l’informe previ de la Comissió de Garanties, presidida pel president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i formada pel fiscal superior, l’Advocacia de l’Estat i un representant del Ministeri de l’Interior. Els ajuntaments han de presentar la sol·licitud amb informes policials que justifiquin la necessitat; la comissió avalua i el delegat del Govern resol.

L’aprovació el 2021 d’una nova llei de prevenció d’infraccions penals va obrir el debat sobre si aquesta norma deixava sense efecte la regulació de 1997. En territoris com Balears, la interpretació jurídica fou que la llei de 2021 substituïa l’anterior, cosa que traslladava la competència als ajuntaments. “El judici de proporcionalitat corresponia al Consistori i no era necessari passar per Delegació”, expliquen les mateixes fonts.

El febrer de 2025, l’Advocacia de l’Estat aclareix en un informe que la llei de 1997 continua vigent i que la instal·lació de càmeres fixes segueix depenent de la validació de Delegació del Govern. Després d’aquesta conclusió, l’organisme a les Illes Balears comunica l’agost als ajuntaments que totes les càmeres instal·lades entre 2021 i 2025 s’han de regularitzar. “Quan s’aprova en ple o per decret de batlia la instal·lació de càmeres, l’autorització dura un any. En vèncer aquest termini, han de demanar renovació”, recorden des de Delegació.

Un mes després, l’Ajuntament de Santa Eugènia envià un correu electrònic per demanar com podien adequar les càmeres. “Digueren que remetrien un informe, però el que arriba és una nota informativa. És un document que cita normatives i llista ubicacions amb una justificació mínima. Els explicàrem que això no pot sostenir la renovació de càmeres fixes i detallàrem com han de procedir, amb exemples d’altres ajuntaments. Des de llavors, no hem rebut més comunicacions ni han presentat res al registre”, assenyalen les mateixes fonts.

L’Ajuntament, dirigit pel socialista Pep Lluís Urraca, rebutja fer declaracions i remet qualsevol resposta a l’empresa GrupoX3, amb la qual té contractat el servei de delegat de protecció de dades. La companyia, consultada per elDiario.es, es limita a citar la Llei 19/2013 de transparència, que fixa un termini mínim d’un mes per respondre, malgrat que la consulta realitzada no s’ajusta a una petició d’informació sotmesa a aquest procediment.

Sense concurs públic

El sistema de videovigilància municipal està format per una desena de zones de gravació, amb diversos dispositius per emplaçament, cosa que elevaria el total a més de cinquanta terminals connectades a un panell de control presumptament allotjat als ordinadors de l’Ajuntament. Tot i que l’accés hauria d’estar restringit als equips de la Policia Local, en aquest cas també s’hauria habilitat accés des de l’ordinador personal del batle, segons sostenen aquestes tres fonts de solvència.

La contractació de l’empresa encarregada de la instal·lació de les càmeres s’ha fet sense que consti concurs públic. Al Portal de Transparència municipal no hi figura cap referència a licitacions, contractes o resolucions relacionades amb la xarxa de videovigilància ni amb els seus costos d’instal·lació o manteniment. Tot i que no s’han fet públics els costos oficials, fonts del sector estimen que cada dispositiu tendria un preu aproximat de 1.600 euros, en funció del proveïdor i de les característiques tècniques del model.

En aquest cas, només consta un acord oficial —aprovat el 8 de gener de 2020 en el ple municipal— relatiu a la instal·lació de tres càmeres de trànsit amb finalitats de control d’accés i seguretat viària. Des de llavors no s’ha registrat cap menció a l’ampliació del sistema. Tampoc figuren contractes ni adjudicacions en el Portal de Transparència que justifiquin l’expansió de la xarxa.

Les actes del ple no recullen debats sobre la instal·lació, supervisió o ampliació del model municipal de control audiovisual, ni informes tècnics o jurídics que avalin el seu funcionament. Aquesta absència de deliberació política i administrativa contrasta amb la dimensió del desplegament, que s’estén pràcticament per tot el nucli urbà.

“No és un xec en blanc”

La legislació espanyola en matèria de captació d’imatges per part de les administracions públiques és clara i restrictiva. Qualsevol ajuntament que vulgui col·locar càmeres a la via pública ha d’obtenir autorització prèvia del delegat del Govern. La norma obliga a justificar la necessitat del sistema, la seva proporcionalitat i el seu impacte sobre els drets fonamentals. Cap punt de vigilància es pot activar sense aquest permís exprés i amb una finalitat degudament acreditada.

El procediment legal exigeix, a més, diversos passos previs: l’elaboració d’un informe tècnic per part de la Policia Local, un dictamen jurídic municipal que avali la legalitat del tractament d’imatges i l’avaluació de la Comissió de Garanties de Videovigilància de Balears, encarregada de verificar que el projecte respecta la intimitat de les persones i els principis del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Només després de completar aquestes fases es pot emetre l’autorització administrativa i procedir a la instal·lació.

Elena Gil, advocada de dret digital i fundadora de Data Guardians Advocats, aclareix que, fins i tot en aquelles càmeres en què no hi ha gravació i només es permet el visionat en temps real, els dispositius estan sotmesos a la normativa de protecció de dades. “L’autorització de Delegació del Govern té una durada d’un any i es va renovant, no és un xec en blanc”, afegeix. L’advocada explica que aquestes càmeres han d’estar instal·lades en espais públics i que no estan pensades per “gravar sons”.

Una vegada instal·lades, els ajuntaments han de complir amb certes obligacions documentals, en les quals han d’“analitzar” i “deixar per escrit quin és el risc que es pretén cobrir i quin és l’impacte”. “Les càmeres al carrer solen tractar dades a gran escala i ser una observació sistemàtica. Això fa que siguin especialment sensibles i, per això, han d’estar especialment justificats els motius pels quals tu vols omplir un lloc de càmeres. A més, les zones videovigilades han d’estar senyalitzades”, explica Gil.

Què passa després amb aquesta gravació? Segons l’experta, les imatges s’han de suprimir en el termini d’un mes, llevat que les autoritats tinguin constància que existeix un fet concret que necessiti ser vigilat o supervisat. En aquest cas, és possible augmentar-ne la duració, però “amb l’única finalitat de la vigilància i únicament per a l’enviament a les Forces i Cossos de Seguretat o als jutges i tribunals”.

Poder polític i control digital

Pep Lluís Urraca (Madrid, 1969) representa una nova generació de batles socialistes a la Part Forana de Mallorca. El 2015 s’incorporà a l’Ajuntament de Santa Eugènia com a regidor del PSOE i, quatre anys després, es convertí en el primer batle socialista del municipi gràcies a un pacte amb l’agrupació local FEIM-Santa Eugènia.

El 2023 aconseguí majoria absoluta —amb sis regidors davant tres del PP— i fou investit batle per segona vegada, ja sense necessitat de pactes. Des del març de 2025 compagina la batlia amb la Secretaria de Política Municipal del PSIB-PSOE, un càrrec que el situa a la direcció autonòmica del partit, molt pròxim a l’entorn de Francina Armengol.

“És una xarxa desproporcionada”

El manteniment d’aquesta macroxarxa de càmeres està vigent sota el mandat d’Urraca, malgrat que el batle nega tenir cap tipus d’informació al respecte. A partir de la informació publicada per elDiario.es, l’advocada Gil observa “una desproporció” al poble i apunta que “no s’han seguit els mecanismes per autoritzar les càmeres i considerar que són proporcionals i justes”. A més, assenyala que els dispositius han d’estar senyalitzats i que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) té models de cartells.

Més enllà del cas concret d’aquest municipi, Gil lamenta que els ciutadans puguin arribar a acceptar una “vigilància massiva”: “És un problema que es va agreujant a poc a poc. Comencem a normalitzar el fet d’estar vigilats en diferents àmbits, tant per empreses com per l’Estat, cosa que atempta contra tot tipus de principis. Hem de tenir moltíssim de compte amb generalitzar aquest tipus de pràctiques”.

Mentrestant, la vida a Santa Eugènia discorre amb la calma de sempre, entre camps de vinyes, carrers estrets, places assolellades i rutines que amb prou feines canvien. Però, sota aquesta aparença de quietud, un poble sencer podria estar sent observat des d’un despatx municipal, a través d’un sistema de videovigilància inèdit a Espanya.

Durante casi dos décadas, Silicon Valley operó bajo la premisa de que la tecnología avanza más rápido que la ley y, por tanto, las reglas del mercado tradicional no podían aplicarse a la economía de plataformas. El mantra de “muévete rápido y rompe cosas” de Mark Zuckerberg se convirtió en la declaración de intenciones no solo para Facebook, sino para toda la naciente industria digital.

Una de las regulaciones que se rompieron, al menos tal y como la prensa las entendía hasta entonces, fueron los derechos de autor. Los medios tradicionales, cuyo negocio dependía del soporte físico, vieron cómo sus informaciones eran replicadas en redes y agregadores a cambio de unos ingresos publicitarios residuales. Su respuesta fue utilizar el copyright para reclamar dinero a esas plataformas. La estrategia fracasó a escala global.

En España, la industria de las cabeceras impresas contó con la complicidad institucional. En 2014, lograron que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyera en la ley de propiedad intelectual una nueva tasa para cobrar cada vez que uno de sus artículos fuera referenciado en las plataformas. Se llamó canon AEDE, por la Asociación de Editores de Diarios Españoles, la patronal que agrupa a los grandes grupos editoriales españoles tradicionales como el grupo Prisa (El País, La SER), Unidad Editorial (El Mundo, Expansión, Marca) o Vocento (ABC, las principales cabeceras regionales).

AEDE esperaba recaudar hasta 80 millones al año con el canon, pero, en la práctica, generó menos de medio millón en los siete años en los que estuvo activo. El motivo fue que Google, que se suponía que iba a ser el principal pagador de la tasa a través de Google News, consideró la legislación obsoleta y retiró el servicio de España. Su desaparición supuso un golpe para todos los medios españoles, también para los nativos digitales que se posicionaron contra el canon, al perder el acceso al principal quiosco virtual del momento.

Esta semana ha habido un nuevo capítulo en esta saga. AEDE, renombrada a AMI (Asociación de Medios de Información), ha conseguido una victoria en los tribunales que tendrá eco en toda Europa. Y no ha sido a través de la propiedad intelectual, sino de otra regulación redactada, esta vez sí, con el mundo digital y la economía de plataformas en mente: la protección de datos.

Un dopaje desleal

Facebook se movió rápido y rompió cosas. Meta, su sucesora, está viendo cómo los reguladores rompen su modelo de negocio. Una fecha clave en ese proceso es diciembre de 2022. Entonces, el Comité Europeo de Protección de Datos estipuló que la extracción de datos personales para segmentar la publicidad que hacía la corporación de Mark Zuckerberg era ilegal según las normas europeas. Y lo había sido desde 2018, cuando entraron en vigor dichas normas.

En enero de 2023, Meta recibió una multa de 390 millones de euros de la agencia de protección de datos irlandesa por este motivo. La multinacional cambió sus términos legales y durante años todo quedó en una de tantas sanciones que reciben los de Zuckerberg de este organismo, criticado por su permisividad con los gigantes tecnológicos a que se establecen en su territorio y codirigido por una exdirectiva de Facebook. Sin embargo, la multa ha terminado abriendo la puerta a un movimiento mucho más trascendental.

Con la resolución del Comité Europeo en la mano, AMI se presentó en un tribunal de lo Mercantil de Madrid. Alegó que si Meta había estado mejorando la personalización de sus anuncios con datos obtenidos de manera ilícita, entonces había tenido una ventaja competitiva injusta con los medios de comunicación que también compiten en el mercado publicitario. Siguiendo sus propias cuentas, pidió una indemnización de 551 millones de euros por el dinero que sus cabeceras habían dejado de ganar por culpa de las prácticas de Meta.

Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española

Sentencia AMI vs Meta

Este jueves, el juez le ha dado la razón. El tribunal ha condenado a Meta por competencia desleal y le ha ordenado pagar a los medios reclamantes 479 millones de euros más otros 60 en intereses. “Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española”, refleja la sentencia.

Esos datos supusieron un dopaje que no tuvieron sus competidores. “La ventaja competitiva consiste en que Meta, a través de sus servicios Instagram y Facebook, cuenta con una gran cantidad de datos de cada uno de sus usuarios activos, incomparablemente superior a la cantidad de datos con la que cuenta la prensa digital. Esto le permite hacer una publicidad personalizada mucho más directa y eficaz que la que puede hacer la prensa digital”, desglosa el juez.

Una cuenta por omisión

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. Meta ha anunciado que lo hará, en sus dos vertientes fundamentales. “No estamos de acuerdo con la sentencia del tribunal y la recurriremos. Se trata de una demanda infundada que carece de pruebas del supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente cómo funciona el sector de la publicidad online”, adelantó en un comunicado enviado a este medio.

La multinacional cita las dos vertientes fundamentales de la resolución. Una es la cuantía de la indemnización, en la que el juez ha asumido plenamente lo exigido por AMI debido a que el gigante de las redes renunció a presentar pruebas de que esos cálculos eran exagerados. “La representación procesal de Meta debía extinguir, impedir o enervar esta pretensión y para ello tenía plena facilidad probatoria, pues tiene muy fácil el acceso a las cuentas de Meta en España en el periodo relevante. Sin embargo, no lo ha hecho”, le afea el juez.

AMI interpreta la negativa de Meta como una asunción de que la cuantía solicitada debería haber sido incluso mayor. No obstante, la opacidad de la multinacional hace que este sea uno de los elementos más susceptibles de ser alterados por las instancias superiores de justicia. Fuentes judiciales consultadas avisan que, incluso aunque la condena se ratifique, pasarán varios años antes de que el dinero llegue a los medios.

Rivales directos

Con todo, es el fondo de la sentencia el que reordena el tablero digital. Al condenar a Meta por competencia desleal, el tribunal asume que medios de comunicación y plataformas digitales compiten por el mismo mercado publicitario. Que son competencia directa, pero que Meta jugaba con las cartas marcadas.

Se trata de algo que los editores de los medios de comunicación llevaban años reclamando, al denunciar que habían quedado a merced de gigantes estadounidenses como la propia Meta o Google como meros proveedores de contenidos. Gigantes que pueden cerrarles la llave del tráfico y, por tanto, de los ingresos, con tan solo pulsar un botón, a pesar de que compiten en el mismo mercado.

Meta rechaza de plano esta posibilidad. Asegura que la idea de que existe una “unidad de mercado” en la publicidad online no refleja la realidad del sector y que no es posible asumir que cualquier aumento de sus ingresos se produzca a costa de reducir los de los medios de comunicación. En una explicación que pide que no sea citada textualmente, dice que esa visión no tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión que ha realizado a lo largo de los años en herramientas y tecnología para mejorar la eficacia de su servicio publicitario.

Esa defensa, sin embargo, choca con la nueva doctrina que se está abriendo paso en Europa. Bruselas acaba de abrir una investigación contra Google precisamente por abusar de su posición para asfixiar los ingresos de la prensa, penalizando en el buscador a aquellos medios que incluyen contenidos de socios comerciales. “Puede afectar a la libertad de los editores para llevar a cabo negocios legítimos”, advierte la Comisión Europea.

El nuevo marco entre medios y gigantes

Aún está por ver el recorrido que esta sentencia tendrá en España, puesto que podría hacerse más grande. Fuentes de CLABE (Club Abierto de Editores), la patronal que integran buena parte la mayoría de medios nativos digitales españoles —como elDiario.es— avanzan que están estudiando diversas posibilidades, como personarse en las próximas instancias judiciales.

Todo el proceso se encuadra en un movimiento más grande, pero no solo por la citada investigación de la UE. La pasada primavera, un grupo de 67 grupos mediáticos franceses demandó a Meta inspirándose por la acción de AMI. Ahora, su victoria podría hacer que demandas como estas se repliquen contra los gigantes tecnológicos por todo el continente.

Las reacciones a esta impugnación general del statu quo entre los medios y las plataformas podrían ser imprevistas. En 2014, Google News se retiró de España para no pagar el canon AEDE. Meta hace tiempo que cortó relaciones con los medios, pero en otros países ha llegado a bloquear todos los enlaces de noticias en protesta por regulaciones que no la satisfacían, como Canadá o Australia. Actualmente, la corporación tampoco permite la publicidad política en la UE, negándose a aceptar las nuevas normas que la regulan.

Las grandes tecnológicas cuentan con otro último recurso. Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con tomar represalias contra los países que intenten “sacar dinero” a sus corporaciones mediante impuestos digitales o multas antimonopolio. Si el conflicto escala, la batalla por la supervivencia de los medios dejará de ser solo una disputa mercantil para convertirse en una pieza más en el tablero de la guerra comercial.

Santa Eugènia es un pequeño municipio del interior de Mallorca con algo más de dos mil habitantes, rodeado de campos de viñedos y caminos rurales. Vive al margen del turismo, algo poco habitual en la isla. Esa apariencia tranquila contrasta con una realidad inquietante: al recorrer el centro del pueblo, es posible observar decenas de dispositivos de videovigilancia instalados a baja altura en farolas, postes de alumbrado y fachadas, orientados hacia calles, plazas e, incluso, terrazas de bares.

Han sido los propios trabajadores y vecinos del pueblo quienes, en los últimos años, han alertado de la proliferación de cámaras. elDiario.es ha podido localizar sobre el terreno más de medio centenar de dispositivos activos y visibles, muchos de ellos sin señalización, que conforman un sistema de vigilancia sin precedentes en un municipio de estas dimensiones. El despliegue se habría llevado a cabo de forma paulatina y sin constar en expedientes públicos, lo que sugiere una expansión silenciosa y sin control administrativo.

Sorprende que todas las calles y accesos a Santa Eugènia estén bajo vigilancia constante, según ha podido comprobar elDiario.es tras su recorrido por el municipio. Otro detalle significativo es que las terrazas de los tres bares del pueblo —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— también se encuentran videovigiladas, con cámaras apuntando directamente a las mesas y zonas de reunión. En apenas cuatro calles —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles y carrer de l’Església— hay 25 cámaras.

Los dispositivos se alimentan directamente de la red de alumbrado público. Por otra parte, muchos de ellos carecen de cualquier cartel de señalización que advierta de su presencia y los pocos que lo exhiben resultan estar completamente obsoletos: remiten a leyes derogadas, omiten la identificación de la Policía Local como destinataria de las imágenes y no especifican el plazo de conservación, entre otras informaciones relevantes.

El alcalde y su 'ventana indiscreta'

Según fuentes solventes y conocedoras del sistema, el alcalde tendría acceso directo a las grabaciones desde su ordenador personal, un extremo que el primer edil ha negado tajantemente. Esas mismas voces apuntan que la infraestructura permitiría la visualización multipantalla en tiempo real, aunque solo un análisis forense de sus equipos podría determinar si esta función está activa y si también se ha habilitado la captación de audio. De confirmarse, los terminales que permiten visualizar las imágenes no estarían bajo la custodia exclusiva de la Policía Local, como exige la ley.

Las 50 cámaras ilegales instaladas en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Llogaret de Ses Coves

Plaça d,es Puget

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Las 50 cámaras ilegales instaladas

en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

Antiguo punt verd

ses Coves - Sta. María

ses Alqueríes

Plaça d,es

Puget

Llogaret de Ses Coves

Bares

Nuevo punt verd

Zona escuela

Sineu - Algaida

Camí llogaret de Ses Olleries

FUENTE: ALBERTO FRAILE

Todo apunta a que la red de videovigilancia desplegada en el corazón de Mallorca opera de forma claramente desproporcionada, hasta el punto de haber convertido este pequeño municipio en uno de los lugares más vigilados de Europa. Según las comparaciones disponibles, la densidad de cámaras en esta localidad es excepcional incluso a escala internacional. Con un mínimo 50 terminales para poco más de 2.000 habitantes, el municipio alcanza una ratio aproximada de 21 por cada mil vecinos. En Madrid la cifra ronda las 4,4, en Londres, 13, en Moscú, 19 y en Seúl, 24, según el estudio The World’s Most Surveilled Cities, publicado por Comparitech en 2023.

El Ayuntamiento: “Las cámaras están fuera de servicio”

El Ayuntamiento, dirigido por el socialista Pep Lluís Urraca, rechazó en un primer momento hacer declaraciones y remitió cualquier respuesta a la empresa GrupoX3, con la que tiene contratado el servicio de delegado de protección de datos. Tras la publicación del artículo, Urraca ha afirmado a elDiario.es que solo la Policía Local tiene acceso a las cámaras y que él sólo las visualiza en el caso de que tenga que firmar informes donde, por ejemplo, se afirme que en el Punto Verde “se han tirado residuos donde no toca”. El primer edil asegura que son una medida disuasoria en un municipio que solo cuenta con dos agentes de Policía Local y que los ciudadanos “pueden estar tranquilos” porque las imágenes se borran periódicamente.

Urraca afirma que, cuando llegó al Consistorio tras el gobierno del PP, había más de una veintena de cámaras instaladas, que todas actualmente están fuera de servicio, que “siempre se ponen a petición de Policía Local” y que, en el caso de que apunten a bares, están pixeladas. Añade que la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y que otros están en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Delegación del Gobierno no las ha autorizado

El Consell de Mallorca ha aclarado a elDiario.es que esta institución no tiene ninguna cámara en el casco urbano del pueblo. Por su parte, Delegación del Gobierno ha confirmado a este medio que no consta ninguna autorización ni supervisión sobre el sistema de videovigilancia de Santa Eugènia en los últimos ocho años. “No hemos tenido ninguna solicitud de renovación ni de instalación de cámaras del Ayuntamiento”, señalan desde el organismo.

La Ley Orgánica 4/1997, que regula el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en espacios públicos, establece que la instalación de cámaras fijas requiere autorización de Delegación del Gobierno. La validación depende del informe previo de la Comisión de Garantías, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y compuesta por el fiscal superior, la Abogacía del Estado y un representante del Ministerio del Interior. Los ayuntamientos deben presentar la solicitud con informes policiales que justifiquen la necesidad; la comisión evalúa y el delegado del Gobierno resuelve.

La aprobación en 2021 de una nueva ley de prevención de infracciones penales abrió el debate sobre si esta norma dejaba sin efecto la regulación de 1997. En territorios como Balears, la interpretación jurídica fue que la ley de 2021 sustituía a la anterior, lo que trasladó la competencia a los ayuntamientos. “El juicio de proporcionalidad correspondía al Consistorio y no era necesario pasar por Delegación”, explican las mismas fuentes.

En febrero de 2025, la Abogacía del Estado aclara en un informe que la ley de 1997 sigue vigente y que la instalación de cámaras fijas continúa dependiendo de la validación de Delegación del Gobierno. Tras esa conclusión, el organismo en las Illes Balears comunica en agosto a los ayuntamientos que todas las cámaras instaladas entre 2021 y 2025 deben ser regularizadas. “Cuando se aprueba en pleno o por decreto de alcaldía la instalación de cámaras, la autorización dura un año. Al vencer ese plazo, tienen que pedir renovación”, recuerdan desde Delegación.

Un mes después, el Ayuntamiento de Santa Eugènia envió un correo electrónico para preguntar cómo podían adecuar las cámaras. “Dijeron que remitirían un informe, pero lo que llega es una nota informativa. Es un documento que cita normativas y lista ubicaciones con una justificación mínima. Les explicamos que eso no puede sostener la renovación de cámaras fijas y detallamos cómo deben proceder, con ejemplos de otros ayuntamientos. Desde entonces, no hemos recibido más comunicaciones ni han presentado nada al registro”, señalan las mismas fuentes.

Urraca confirma este extremo: “Enviamos un informe a Delegación del Gobierno y nos respondieron que teníamos que matizar ciertos aspectos del documento que no eran correctos. Desde agosto las cámaras están paradas. La Policía Local ha hecho un informe interno”. Sin embargo, el alcalde no puede especificar cuántas cámaras están instaladas en el municipio. Sobre la falta de peticiones de renovación a Delegación de Gobierno antes de 2021 –las cámaras tienen que ser renovadas cada año–, el primer edil afirma que no tiene “conocimiento ni argumentos”.

Sin concurso público

La contratación de la empresa encargada de la instalación de las cámaras ha sido realizada sin que conste concurso público. En el Portal de Transparencia municipal no figura ninguna referencia a licitaciones, contratos o resoluciones relacionadas con la red de videovigilancia ni con sus costes de instalación o mantenimiento. Aunque no se han hecho públicos los costes oficiales, fuentes del sector estiman que cada dispositivo tendría un precio aproximado de 1.600 euros, en función del proveedor y las características técnicas del modelo.

En este caso, solo consta un acuerdo oficial —aprobado el 8 de enero de 2020 en el pleno municipal— relativo a la instalación de tres cámaras de tráfico con fines de control de acceso y seguridad vial. Desde entonces no se ha registrado ninguna mención a la ampliación del sistema. Tampoco figuran contratos ni adjudicaciones en el Portal de Transparencia que justifiquen la expansión de la red.

Las actas del pleno no recogen debates sobre la instalación, supervisión o ampliación del modelo municipal de control audiovisual, ni informes técnicos o jurídicos que avalen su funcionamiento. Esta ausencia de deliberación política y administrativa contrasta con la dimensión del despliegue, que se extiende por prácticamente todo el núcleo urbano. Sobre la falta de contratos en el Portal de Transparencia, Urraca señala: “Cuando ha hecho falta una cámara, se ha hecho un informe de necesidad y se ha comprado”.

“No es un cheque en blanco”

La legislación española en materia de captación de imágenes por parte de las administraciones públicas es clara y restrictiva. Cualquier ayuntamiento que desee colocar cámaras en la vía pública debe obtener autorización previa del delegado del Gobierno. La norma obliga a justificar la necesidad del sistema, su proporcionalidad y su impacto sobre los derechos fundamentales. Ningún punto de vigilancia puede activarse sin ese permiso expreso y con un fin debidamente acreditado.

El procedimiento legal exige, además, varios pasos previos: la elaboración de un informe técnico por parte de la Policía Local, un dictamen jurídico municipal que respalde la legalidad del tratamiento de imágenes y la evaluación de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Balears, encargada de verificar que el proyecto respeta la intimidad de las personas y los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Solo tras completar esas fases puede emitirse la autorización administrativa y proceder a la instalación.

Elena Gil, abogada de derecho digital, fundadora de Data Guardians abogados, aclara que, incluso en aquellas cámaras en las que no existe grabación y solo se permite el visionado en tiempo real, los dispositivos están sometidos a la normativa de protección de datos. “La autorización de Delegación del Gobierno tiene una duración de un año y se va renovando, no es un cheque en blanco”, añade. La abogada aclara que estas cámaras deben estar instaladas en espacios públicos y que no están pensadas para “grabar sonidos”.

Una vez instaladas, los ayuntamientos deben contar con ciertas obligaciones documentales, en las cuales deben “analizar” y “dejar por escrito cuál es el riesgo que se pretende cubrir y cuál es el impacto”. “Las cámaras en la calle suelen tratar datos a gran escala y ser una observación sistemática. Esto hace que sean especialmente sensibles y, por ello, tienen que estar especialmente justificados los motivos por los que tú quieres llenar un sitio de cámaras. Además, las zonas videovigiladas tienen que estar marcadas”, explica Gil.

¿Qué pasa después con esta grabación? Según la experta, las imágenes deben ser suprimidas en el plazo de un mes, salvo que las autoridades tengan constancia de que existe un hecho en concreto que necesite ser vigilado o supervisado. En este caso, es posible aumentar la duración, pero “con la única finalidad de la vigilancia y únicamente para el envío a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a jueces y tribunales”.

Poder político y control digital

Pep Lluís Urraca (Madrid, 1969) representa a una nueva generación de alcaldes socialistas en la Part Forana de Mallorca. En 2015 se incorporó al Ayuntamiento de Santa Eugènia como concejal del PSOE y, cuatro años después, se convirtió en el primer alcalde socialista del municipio gracias a un pacto con la agrupación local FEIM-Santa Eugènia.

En 2023 obtuvo mayoría absoluta —con seis regidores frente a tres del PP— y fue investido alcalde por segunda vez, ya sin necesidad de pactos. Desde marzo de 2025 compagina la alcaldía con la Secretaría de Política Municipal del PSIB-PSOE, un cargo que lo sitúa en la dirección autonómica del partido, muy próximo al entorno de Francina Armengol.

“Es una red desproporcionada”

En base a la información publicada por elDiario.es, la abogada Gil observa “una desproporción” en el pueblo y apunta que “no se han seguido los mecanismos para autorizar las cámaras y considerar que son proporcionales y justas”. Además, apunta que los dispositivos tienen que estar señalizados y que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene modelos de carteles.

Más allá del caso concreto de este municipio, Gil lamenta que los ciudadanos puedan llegan a aceptar una “vigilancia masiva”: “Es un problema que se va agravando poco a poco. Empezamos a normalizar estar vigilados en distintos ámbitos, tanto por empresas como por el Estado, lo cual atenta a todo tipo de principios. Debemos tener muchísimo cuidado con generalizar este tipo de prácticas”.

Tras el escandaloso robo del Louvre hace semanas trascendió, entre otras carencias de seguridad, que la contraseña del sistema de videovigilancia del mundialmente famoso museo era ‘Louvre’. Puede parecer una broma, pero hagamos introspección: ¿cumplen nuestras contraseñas con los mínimos de seguridad que recomiendan los expertos?

16 caracteres

“Para crear una contraseña segura hay que hacer una combinación de letras, dígitos y símbolos y yo no confiaría en una de menos de 16 caracteres”, valora Adrián Portas, ingeniero especializado en redes y seguridad. “A día de hoy creo que las que son de 12 o más cortas pueden romperse medianamente fácil en algún hackeo”, explica.

“También evitaría utilizar palabras o datos personales. Mucha gente pone el nombre de su perro, de su calle, de sus hijos... este tipo de información la obviaría porque si alguien te conoce y quiere entrar en cualquiera de tus cuentas, podría utilizar unas combinaciones de palabras que más o menos lleven a adivinar tu contraseña”, advierte Portas, que añade que el error más común que cometemos es reutilizar una misma contraseña en diferentes ámbitos.

Claves únicas

“Me ha pasado a mí también, pero si reutilizas tu contraseña en dos, tres, cuatro páginas y se vulnera alguna de esas páginas, mucha de tu información quedará descubierta, y es algo que puede pasar”, reconoce el experto. “Entre utilizar palabras personales y reutilizar la misma contraseña, creo que es mayor error la reutilización, sobre todo en el correo, porque a través del correo pueden acceder a todos los sitios en los que estás registrado”, decide.

Un baúl de contraseñas

Otra de las recomendaciones del experto en seguridad es utilizar un gestor de contraseñas: “Yo recordaría muy pocas contraseñas, la del correo y poco más. El resto, aleatorias, no las escribiría ni en las notas del móvil, ni en un cuaderno, ni dejarlas guardadas en un navegador, hay algunas aplicaciones, por ejemplo, Bitwarden o Keepass, en las que puedes guardar tus contraseñas”.

“Lo que hay que hacer es [proteger] muy bien la contraseña de ese gestor. Bitwarden, por ejemplo, lo puedes tener online en web, por lo que se recomendaría un factor de doble autenticación o algún mecanismo más de protección, así aunque descifraran tu contraseña no deberían poder acceder”, detalla Portas. 

Ante la duda, cambiar

Y ¿qué podemos hacer si nos llega un aviso de que nuestra contraseña se ha vulnerado o sospechamos que se ha podido filtrar? Lo primero y más importante es cambiarla. “Si no sabemos cuál se ha filtrado o simplemente tenemos una sospecha, yo las cambiaría todas y cerraría la sesión de todos los sitios donde la tenga iniciada”, señala el experto, con la opción que suele haber de ‘cerrar sesión en todos los dispositivos’. 

“Si una página ha sufrido un hackeo, aunque tu contraseña no haya sido filtrada, habría que cambiarla también porque tarde o temprano van a descubrir esa contraseña, porque han robado lo que se llama un ”hash“, que es un valor que pone en riesgo tu contraseña”, señala Portas. “A título personal poco más puedes hacer, si eres una empresa y se han filtrado informaciones de tus usuarios ya tienes otras responsabilidades legales”, matiza.

El ingeniero recomienda que el cambio se haga cada seis meses o, a lo sumo, cada año: “Depende un poco de la cantidad de contraseñas y lo seguras que puedan ser, pero no las alargaría mucho más y tampoco las acortaría mucho más”. 

Cambiarlas con demasiada frecuencia, si no se hace de manera segura, advierte Portas, tampoco es útil. “A nivel de empresa, muchas veces cuando te obligan a cambiar la contraseña cada tres meses o cada mes, mucha gente pone la misma contraseña con dos o tres cosas cambiadas, y si te han robado alguna de las contraseñas y descubren el patrón es fácil que lleguen a las contraseñas nuevas”, destaca Portas.

La palabra simplificación se ha convertido en la llave mágica para la rebaja de exigencias a las empresas en la UE. Con la excusa de la competitividad y por la presión de la Administración de Donald Trump en su defensa de las grandes tecnológicas estadounidenses, la Comisión Europea ha rebajado las normas de privacidad de manera que las empresas tecnológicas podrán utilizar datos personales para entrenar sus modelos de Inteligencia Artificial (IA) sin necesidad de pedir consentimiento o se retrasa un año y medio la la normativa para los sistemas de IA de alto riesgo, es decir, por ejemplo las prácticas en las que se utiliza esta tecnología para crear vídeos en los que se falsifican declaraciones de una persona.

La ONG austriaca Noyb, uno de los mayores grupos activistas, junto a 127 organizaciones civiles calificó en una carta las propuestas de la Comisión Europea como “el mayor retroceso de los derechos digitales fundamentales en la historia de la UE”.

En los últimos años la UE se había caracterizado por ser la Administración pública que ponían en marcha leyes para garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de las compañías tecnológicas, especialmente en el ámbito de la privacidad, pero la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y las presiones con su política comercial de aranceles ha provocado que la Comisión Europea caiga en una dilución de la regulación.

Ya en abril, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, advirtió a la UE de que asumirían como hostil una regulación excesiva de la IA: “Necesitamos regímenes regulatorios internacionales que fomenten la creación de tecnología de IA en lugar de asfixiarla, y necesitamos que nuestros amigos europeos, en particular, miren hacia este nuevo horizonte con optimismo en lugar de temor”.

Para entender el desafío, las grandes tecnológicas de EEUU invierten 115.000 millones en I+D en 2025, más de la mitad del presupuesto de toda la UE. Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft han disparado sus inversiones para construir una nueva ventaja en el mercado de la inteligencia artificial y no están dispuestas a que las regulaciones de la Comisión bloqueen sus proyectos en la UE. Meta ya avisó de que no firmaría el código de prácticas de la comisión para modelos de IA.

“Adaptar las prácticas sin alterar el mercado”

Con la relajación de las normas, los proveedores de IA generativa, que producen contenido (texto, vídeos, imágenes, sonidos) que ya estén en el mercado van a beneficiarse de un periodo en los que no tendrán que cumplir la normativa “para adaptar sus prácticas dentro de un tiempo razonable sin alterar el mercado”.

Ahora se conoce que tienen una moratoria de 16 meses para seguir actuando sin tener que seguir una regulación más estricta. Lo que hasta ahora la UE había designado como prácticas de alto riesgo con el uso de la IA queda en barbecho las restricciones para la utilización de inteligencia artificial para evaluar la idoneidad de una persona cuando pide un préstamo, para calificar exámenes o para la contratación de personas.

La Comisión Europea ha justificado este retraso para que pueda “confirmar que los estándares y herramientas de apoyo necesarios están disponibles, proporcionando a las empresas las herramientas de apoyo que necesitan”.

Agustín Reyna, director general de la Organización Europea de Consumidores BEUC, ha comentado que los cambios de la normativa que propone la Comisión “plantea serias preocupaciones en cuanto a la privacidad y protección en línea de los consumidores. En lugar de proporcionar simplificación para los europeos, el texto presenta un debilitamiento de las normas de privacidad de la UE y un retraso sustancial y socavamiento de las normas de IA que beneficiarán principalmente a las grandes empresas tecnológicas no europeas”.

Por otro lado, con la excusa de que se van a ahorrar al menos 225 millones de euros al año, se extiende la relajación de la normativa a las pequeñas y medianas empresas, que incluyen a las compañías de mediana capitalización, lo que se esconde ahora con una reducción de requisitos de documentación técnica.

Respecto a la obligación de las tecnológicas de informar a los usuarios sobre el procesamiento de sus datos, la nueva regulación relaja el procedimiento de manera que no hará falta si se entiende que el ciudadano ya tiene la información de la utilización de sus datos, salvo en información de alto riesgo o que se vaya a transferir a terceros.

Además, la nueva normativa propone “modernizar las reglas de las cookies (pequeño archivo de un sitio web que guarda la información sobre la navegación del usuario) para mejorar la experiencia de los usuarios en línea”. Según una funcionaria de la Comisión, “los ciudadanos están fatigados de tantas preguntas sobre la utilización de cookies”.

De esta manera, las nuevas enmiendas “reducirán la cantidad de veces que aparecen los anuncios de permiso de cookies y permitirán a los usuarios indicar su consentimiento con un solo clic y guardar sus preferencias de cookies a través de la configuración central de preferencias en navegadores y sistemas operativos”.