Meta, condenada a pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios de Facebook en materia de privacidad

Un juez ha ordenado este miércoles a Meta a pagar a Nuevo México 25.000 millones de dólares después de que un jurado declarara a la empresa responsable de engañar a los usuarios sobre las políticas de privacidad y moderación de contenidos en Facebook.

El juez Francis Mathew ha dictado una sentencia que el fiscal general del estado de Nuevo México, Raúl Torrez, ha descrito como “uno de los veredictos estatales más cuantiosos, si no el mayor, contra una empresa en la historia de Estados Unidos”, informa AP.

Torrez ha afirmado que el veredicto debería servir de advertencia para las empresas tecnológicas y que Nuevo México seguiría exigiéndoles responsabilidades. “Esta sentencia debería ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley”, ha declarado Torrez en una rueda de prensa.

Según la Constitución de Nuevo México, las multas por infringir las leyes de protección del consumidor se destinan al gasto estatal en educación.

“Puede que hayamos pagado la construcción de colegios para los próximos 100 años”, ha señalado Torrez, quien reconoció que el dinero quedaría bloqueado si Meta recurre, algo que se espera.

En septiembre, el jurado declaró a Meta responsable de más de 43 millones de infracciones de las leyes de protección del consumidor de Nuevo México, cuando una consultora política, Cambridge Analytics, recopiló datos de usuarios de Facebook para generar anuncios políticos dirigidos de cara a las elecciones de 2016.

Otros 48 estados llegaron a un acuerdo con Facebook en un caso a escala nacional, pero Nuevo México optó por llevar a la empresa de redes sociales a los tribunales por su cuenta.

Los abogados de Nuevo México habían solicitado entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, argumentando que la empresa solo cambiaría sus prácticas con una suma que afectara al precio de sus acciones.

Los abogados de Meta defendieron que no se pagara más de 3.400 millones de dólares. Afirmaron que una indemnización diez veces superior a esa cifra, o incluso más, violaría el derecho al debido proceso, sería inconstitucional y no se mantendría en caso de recurso.

Meta argumentó que el estado no había demostrado que hubiera declaraciones engañosas sobre la privacidad ni que la moderación de contenidos hubiera perjudicado realmente a los habitantes de Nuevo México. Los intereses de la multa se acumularían durante el recurso, pero el número de infracciones de las que se acusa a Meta podría reducirse.

El abogado de Meta, Matt Nicholson, ha argumentado ante el tribunal que una suma de hasta 40.000 millones de dólares sería “escandalosa para la conciencia”, informa AP, mientras que una abogada de Nuevo México, Randi McGinn, instó a plantar cara a «los titanes tecnológicos que se creen intocables y que pueden hacer lo que les plazca».

El caso del estado se centró en las acusaciones de que Facebook engañó a los usuarios sobre una filtración de datos derivada de un test de personalidad de un tercero que recopiló datos de aproximadamente 87 millones de perfiles y los vendió a una consultora política, Cambridge Analytica, para generar anuncios personalizados.

Entre los clientes de la empresa, ahora desaparecida, se encontraba la campaña presidencial de Donald Trump de 2016.

Los abogados de Nuevo México argumentaron que toda la población del estado, y no solo los usuarios de Facebook, fue engañada por las declaraciones públicas de la empresa sobre la privacidad en la plataforma. Los abogados de Facebook alegaron que el estado no había demostrado que las personas se vieran realmente perjudicadas por estas declaraciones engañosas.

Los fiscales de Nuevo México también alegaron que Facebook permitió que proliferaran en la plataforma la desinformación y los contenidos violentos. Los abogados de la defensa negaron rotundamente las acusaciones, afirmando que las políticas de moderación de contenidos de la empresa son sólidas y que hay que tener en cuenta la libertad de expresión.

El jurado constata más de 43 millones de infracciones

Nuevo México ha sido el único estado que ha llevado a juicio el escándalo de Cambridge Analytica después de que otros 48 estados firmaran un acuerdo por valor de 18.000 millones de dólares en agosto.

Además de Nuevo México, Florida fue el único otro estado que no firmó el acuerdo, que incluía un compromiso para eximir a Meta de cualquier responsabilidad futura relacionada con la violación de la privacidad por parte de Cambridge Analytica.

Durante el juicio, los miembros del jurado evaluaron si Facebook había engañado a los usuarios en materia de privacidad y moderación de contenidos. Los fiscales estatales, sin embargo, argumentaron que las declaraciones de Facebook engañaron a toda la población de Nuevo México y que su alcance iba más allá de los usuarios de las redes sociales.

Al final, los miembros del jurado señalaron que la empresa había incurrido en 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México. Cada infracción conllevaba una sanción de hasta 5.000 dólares.

Los abogados de Facebook han alegado en posteriores escritos judiciales que las leyes estatales de protección del consumidor no se aplican a las personas de Nuevo México que no utilizaban la plataforma en ese momento.

Meta lo cuestiona todo

Al recurrir el veredicto del jurado, Meta podría reducir el número de infracciones y, por lo tanto, la sanción económica total. Los abogados de la empresa afirmaron que no tenía precedentes de que el Estado contabilizara el número de infracciones basándose en cuántas personas pudieran haber oído o visto las declaraciones engañosas de la empresa, argumentando que no había pruebas de que dichas declaraciones hubieran perjudicado a nadie.

Durante los alegatos finales, los abogados de Facebook señalaron que las pruebas del Estado estaban desactualizadas y que, a pesar de haber tenido cinco años para recabar material, Nuevo México solo encontró otro caso de filtración de datos.

En una de las pocas victorias de la defensa, los miembros del jurado consideraron que el Estado no había demostrado que Facebook hubiera realizado afirmaciones falsas sobre la eliminación de contenido perjudicial, incluida la desinformación sobre la pandemia de COVID-19.

El Estado afirmó que la empresa favorecía a determinadas cuentas y permitía que proliferara contenido violento o inexacto. La abogada Randi McGinn señaló en su alegato final en nombre del Estado que Facebook se lucraba con el contenido nocivo, algo que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, negó durante su declaración grabada en vídeo. Zuckerberg afirmó que la empresa debe encontrar un equilibrio cuidadoso entre la libertad de expresión y la moderación de contenidos.

Los abogados de Facebook afirmaron que la empresa ha adaptado sus políticas desde que se presentó la demanda del Estado en 2021 y que elimina el 99% del contenido que incumple las normas.