Aunque la consejera ha insistido en que su proyecto de ley de Policía Foral no es “la ley Beaumont”, lo cierto es que el texto puede terminar asociado permanentemente al apellido de la titular de Interior porque ha conseguido varios récord: el de poner a todos los sindicatos del cuerpo policial autonómico en su contra, el de que toda la cúpula policial presentase su dimisión de forma simbólica, o el de ser el texto legal que más prórrogas ha conseguido en su trámite parlamentario en lo que va de legislatura. Lamentablemente para María José Beaumont, la única consejera del Gobierno que preside Uxue Barkos cuyo nombre fue propuesto por EH Bildu, su ley de Policía Foral también lleva camino de hacerse con otro triste récord, el de ser la primera ley del cuatripartito que fracase en el Parlamento por no sumar, ni siquiera, los votos de todos los socios que sustentan el Gobierno de Barkos.

En el departamento que dirige Beaumont aún no han tirado la toalla, y queman su penúltimo cartucho antes del día 31 de septiembre, fecha en la que el texto seguirá con su suspendido trámite parlamentario. En un texto que ha hecho llegar a los cuatro socios del Gobierno, Interior considera que, si la ley de su consejera resulta rechazada y Policía Foral sigue regulándose por la normativa vigente, el desarrollo del cuerpo policial autonómico tendría que enfrentarse a serias dificultades. Entre otras advertencias, Interior señala que podría ser necesario derivar ciertos servicios que ahora presta Policía Foral a otros cuerpos policiales que también operan en Navarra, como Policía Nacional o Guardia Civil.

Concretamente, y de mantenerse vigente la actual ley, Interior vaticina importantes problemas para que Policía Foral pueda seguir asumiendo investigaciones por delitos graves o pueda seguir haciéndose cargo del servicio de asistencia a las víctimas de la violencia de género.

La razón que ve Interior para estas dificultades que anuncia radica en la actual ley de Policía vigente en Navarra, aprobada hace tan solo dos años con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar e Izquierda Unida, establece para los agentes de la Policía Foral la misma jornada laboral que la que rige para el resto de funcionarios públicos. Esta circunstancia no tiene en cuenta establecer una jornada laboral específica para determinadas unidades policiales, recuerda Interior, lo que se traduce en la práctica en un notable incremento de las horas extraordinarias que se trabajan en determinadas unidades policiales. La mayoría de estas horas extra no se cobran, sino que los agentes disfrutan de tiempo libre a cambio de esa jornada extra, con lo que se resta operatividad al cuerpo, concluye Interior.

Antes de conocer este informe, Izquierda Unida anunció que no apoyará el proyecto de ley de Beaumont mientras la norma no consiga el respaldo sindical. Algo que está muy lejos de suceder, después de meses de fallidas negociaciones, concentraciones y manifestaciones de policías forales exigiendo a la consejera Beaumont mayor capacidad de diálogo o los comunicados con los que se anunció el fin de las negociaciones, en los que todos los sindicatos coincidieron en criticar los “malos modos” de la titular de Interior.

También Podemos debe decidir este fin de semana el sentido de su voto. Su parlamentario Carlos Couso anunció hace meses que la formación morada apoyaría la enmienda a la totalidad del texto que ha presentado el PSN si Beaumont no acordaba el contenido de la ley con los sindicatos policiales. Está por ver si el cambio en la dirección interna de Podemos supone también variar esta postura que anunció Couso. En cualquier caso, se apruebe o no su ley, Beaumont ya ha dejado claro a sus socios que será necesario modificar la jornada laboral de los policías forales si no quieren que otros cuerpos policiales terminen haciendo su trabajo en Navarra.

El Gobierno foral mueve ficha en la partida que juegan los grupos del cuatripartito para investigar la financiación de la planta de purines de Ultzama. La consejera de Interior, María José Beaumont, anuncia que el Ejecutivo emprende acciones legales contra las personas jurídicas responsables de la planta de biometanización, al considerar que se produjo “una doble financiación” durante la construcción de las instalaciones. El Gobierno considera que pudieron cometerse delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación y estafa. Los responsables del proyecto fueron cargos públicos de UPN. Beaumont ha restado importancia al hecho de que Fiscalía haya dado carpetazo a la investigación: “No es una resolución judicial, y por lo tanto, no cierra la puerta a que se puedan emprender acciones legales”, ha señalado la consejera.

El Gobierno quiere aclarar si las sociedades ‘Bioenergía Ultzama’ y ‘Leveger’ actuaron conforme a derecho al recibir subvenciones públicas para la construcción y explotación de la planta de purines. En opinión del Ejecutivo, la doble financiación se produjo porque el Ayuntamiento de Ultzama, gobernado por UPN, recibió subvenciones del departamento de Desarrollo Rural y, por el mismo proyecto, la empresa Bioenergía Ultzama las recibió desde el departamento de Desarrollo Económico.

El vicepresidente Manu Ayerdi ha sido el encargado de explicar la operativa que, a juicio del Gobierno, llevaron a cabo entre las citadas empresas y el Consistorio de Ultzama para lograr esa duplicidad de subvenciones: El coste del proyecto se había cifrado en algo más de tres millones de euros, pero Bioenergía Ultzama habría pagado 1,14 millones de euros más de lo presupuestado. Este sobrecoste se habría abonado al Ayuntamiento, que transfirió dicho dinero a la empresa Levenger, encargada del suministro e instalación de la maquinaria, para pasar el 100% de los gastos de construcción a otros proveedores. Al parecer, para realizar esta operación no se modificó el proyecto de inversión que se presentó para la obtención de las subvenciones públicas.

Ayerdi ha querido dejar claro que las acciones legales que emprende ahora contra los responsables jurídicos de estas entidades no tienen por objeto recuperar el dinero que se pagó en subvenciones. De hecho, el departamento de Desarrollo Rural ya reclamó en marzo la devolución de 216.000 euros y otros 44.000 de intereses sin éxito, y volvió a reclamar casi un millón de euros por incumplimiento de la inversión en diciembre, pero la empresa Biometanización Ultzama se encuentra en situación de concurso de acreedores.

La consejera de Presidencia y la delegada del Gobierno en Navarra se han citado acompañadas por representación de Interior, la Policía Foral, la Guardia Civil y la Policía

Y, por fin, tuvo lugar el primer encuentro. La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Foral, Carmen Alba, han mantenido este miércoles una reunión de trabajo. Ambas representantes ya habían intercambiado reproches en torno a la presencia en Navarra de fuerzas de seguridad como la Guardia Civil y la Policía Nacional y por el hecho de que Beaumont pidiera una reunión antes con los mandos de ambos cuerpos que con la propia Alba. Esa reunión, por cierto, acabó suspendiéndose.

Así, en este primer encuentro entre ambas responsables, celebrado en la sede de la Delegación, Alba y Beaumont han abordado la posibilidad de establecer limitaciones temporales de velocidad en carreteras que presenten una elevada circulación de ciclistas, tal y como se recoge en una instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT). Asimismo, ambas partes han coordinado actuaciones con motivo de las obras de instalación de un sistema automático de advertencia de peligro en la intersección de la N-113 (kilómetro 78), diseñadas también por la DGT, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

La reunión fue solicitada por la consejera Beaumont el pasado 4 de noviembre. La consejera ha estado acompañada por el director general de Interior y por el jefe de la Policía Foral, y la delegada del Gobierno, por su parte, por el secretario general de la Delegación del Gobierno, el coronel de la Guardia Civil, y el jefe superior de Policía. Asimismo, para tratar los asuntos relativos al tráfico se ha incorporado la jefa provincial de Tráfico en Navarra.

La reacción del partido regionalista llega poco después de conocerse que el actual Gobierno no tiene previsto recurrir la sentencia del TSJN que invalida los trámites de la cantera de Zilbeti

UPN no hace mención expresa a esa sentencia ni a una indemnización anterior de Salud por otro caso, pero sí exige conocer por qué el Ejecutivo no ve motivos para recurrir determinadas demandas "sin contar con los informes de los servicios jurídicos"

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha solicitado al Gobierno de Navarra una serie de documentos “a la vista de que, en determinados procedimientos judiciales en los que el Gobierno de Navarra es parte, figura como demandante o demandada la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, u otros integrantes del despacho profesional en el que ha desempeñado su labor hasta su integración en el Gobierno”. Y, aunque no los menciona expresamente, la formación se refiere por ejemplo a la sentencia sobre la mina de Zilbeti y a una indemnización por el suicidio de una paciente del Complejo Hospitalario de Navarra.

La reacción de UPN llega tras conocerse esta misma semana que el Gobierno Foral no tenía previsto por ahora recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre la cantera de Zilbeti, que falló contra los procedimientos realizados por los anteriores gabinetes forales, encabezados por UPN. Organizaciones demandantes como la coordinadora Monte Alduide y la Sociedad Española de Ornitología, SEO/Birdlife, consideraron que esa sentencia está blindada y, pese a que la empresa responsable del proyecto minero, Magnesitas de Navarra, sí se ha mostrado partidaria de recurrir, confiaron en que el actual Gobierno no lo hiciera.

Se da la circunstancia de que en este proceso como abogado de la coordinadora figura José Luis Beaumont, hermano de la consejera Beaumont, y ambos conocidos antes de la llegada de esta a la consejería por, por ejemplo, su participación en la coordinadora contraria al embalse de Itoiz. En este caso, UPN ha reaccionado solicitando el listado completo, desde el 1 de julio de 2014 hasta la fecha, de los procedimientos judiciales pendientes (o en fase de recurso), así como de todos aquellos en los que figura como demandante la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia u otros letrados del despacho profesional al que pertenecía.

Igualmente, el parlamentario regionalista señala en un comunicado que “existen algunas sentencias relativas a demandas al Gobierno de Navarra y que, entre las demandantes, se encuentra una consejera del Gobierno de Navarra”. Por ello, Sánchez de Muniáin ha registrado una pregunta oral en pleno para saber por qué “se ha apresurado” la consejera portavoz, Ana Ollo, a anunciar que no ve por el momento motivos para recurrir a pesar, según asegura UPN, de que “aún no cuenta con los informes correspondientes de los servicios jurídicos del Gobierno”.

En ningún punto de la nota de prensa, eso sí, UPN hace mención expresa al caso de Zilbeti, ni tampoco a otro anterior y también reciente, en el que también hubo una sentencia favorable para las personas defendidas por José Luis Beaumont. En este caso, según se recoge en la sentencia, la jueza condenó a Salud a indemnizar con 209.569 euros a la familia de una paciente que se suicidió y estaba ingresada en la Unidad Psiquiátrica del Hospital de Navarra.

(Edición actualizada).

¿Ampliar las plazas fijas para Bomberos de la Oferta Pública de Empleo soluciona el problema? Puede ser un primer paso, según apuntan fuentes de la plantilla, pero las mismas fuentes insisten en que las necesidades de personal continúan. Representantes del Cuerpo se reunieron la semana pasada con la consejera de Interior, María José Beaumont, para trasladarle la, en su opinión, problemática del servicio. Y estas fuentes insisten en que esta en medida, que consiste en convertir las 30 plazas de la OPE en fijas (antes eran 10 fijas y 20 eventuales) es un paso que ven con buenos ojos, pero que no solventará el “agujero” que, según han denunciado con insistencia, tiene la plantilla. Calculan que ahora se necesitarían otros 26 efectivos para que ningún parque navarro (son 12) amaneciera sin cumplir la dotación mínima, y advierten de que en 2017 esa cifra aumentará hasta los 50.

Estas reivindicaciones se sucedieron durante la pasada legislatura. Desde la plantilla y la Comisión de Personal criticaron que, en 2014, hubo 177 días en los que los parques navarros amanecieron con una dotación menor a la establecida y que, después, a través de los traslados entonces promovidos por la Agencia Navarra de Emergencias (ANE), esa cifra se redujo a 107 días. Con todo, este sistema de mover efectivos de un parque a otro no convence a la plantilla, que también critica el envejecimiento del personal o la reducción de las horas de formación, entre otras cuestiones. Por el contrario, el entonces responsable de la ANE, Eradio Ezpeleta, defendió el buen funcionamiento del servicio, aseguró que Navarra necesitaba 347 efectivos para cubrir las 52 plazas diarias necesarias “y tenemos casi 20 más”, recalcó, y aseguró que la movilidad era un sistema más efectivo de organizar las dotaciones disponibles. Después, trascendió que responsables de Guardia, Oficiales y Suboficiales de la Dirección de Dirección, Prevención, Extinción y Salvamento de Navarra (los siguientes en el mando tras la Jefatura de Bomberos) escribieron una carta, dirigida al entonces consejero Javier Morrás, para alertarle del peligro que supone la falta de efectivos.

Al final de la legislatura, se previó dentro de la OPE anunciada por el Gobierno Foral (y a la que se tildó, por los tiempos en los que fue anunciada, de electoralista) diez puestos fijos para Bomberos, pero desde la plantilla criticaron que se quedaran muy cortos. Y, ahora, el nuevo Gobierno Foral ha decidido incluir finalmente 30 plazas fijas (sumando las 20 eventuales, que pasan a ser fijas, a a las diez fijas ya anunciadas), según confirmó el Ejecutivo a través de un comunicado, a pesar de que el plazo de inscripción terminó el pasado 9 de julio. Este cambio ya ha sido criticado por el sindicato Afapna, que a través de una nota ha advertido de que ya ha informado al Defensor del Pueblo de que esta modificación se produjo fuera del marco legal, por lo que ha pedido su nulidad: “No nos oponemos a este aumento, sino al modo en que esto se ha hecho”. El sindicato cree que, de haberse sabido que el número de vacantes era mayor, podría haber habido más solicitudes.

Más dotación presupuestaria

Fuentes de la plantilla, por su parte, insisten en que, más allá de esta convocatoria, el problema aún requiere de nuevas actuaciones. Recuerdan que entre el propio proceso de OPE y la formación posterior, pueden pasar dos ejercicios hasta disponer de esas 30 personas y, mientras, aseguran que “el agujero” en la plantilla se mantiene: en julio, por ejemplo, estiman que hubo 26 días de inicio con algún parque bajo mínimos, una cifra que se redujo a alrededor de 15 jornadas tras los habituales traslados de efectivos.

De ahí que desde el cuerpo se reunieran con la consejera para encontrar una solución para esta problemática, especialmente de cara a 2016. “Todas las medidas que se puedan implantar son muy malas (como adelantar jornadas, ampliar las horas extra, cerrar alguno de los parques o bajar los mínimos; cuestiones, especialmente las dos últimas, muy criticadas) pero hay que estudiar qué se puede hacer para cubrir esos mínimos”, afirman las mismas fuentes. Desde el Departamento, por su parte, se muestran abiertos a estudiar soluciones, pero aún no se pronuncian, a la espera de completar su organigrama. La solución del problema a corto plazo se presenta complicada, y a medio/largo exige un compromiso presupuestario, y ahora están por ver las cuentas que manejará el área de Presidencia y Función Pública.

El ministro de Interior asegura que la Guardia Civil y la Policía Nacional "van a seguir en Navarra cumpliendo sus funciones igual que hasta ahora, con lealtad institucional".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este jueves que no es “acertado” situar “al frente de una consejería tan sensible como Interior” a una persona “propuesta o impuesta por Bildu”, en referencia a María José Beaumont. Y ha echado en falta una mayor “sensibilidad y mano izquierda” por parte del Gobierno navarro encabezado por Uxue Barkos.

Así lo ha comentado en Vitoria, en el acto de toma de posesión del general de brigada Félix Jesús Blázquez González como nuevo jefe de la 11º Zona de la Guardia Civil del País Vasco. El ministro ha añadido, no obstante, que “respeta” las decisiones de los ciudadanos navarros y del Parlamento foral de la Comunidad foral.

Fernández Díaz ha asegurado que la Guardia Civil y la Policía Nacional “van a seguir en Navarra cumpliendo sus funciones igual que hasta ahora, con lealtad institucional”.

Además, ha afirmado que las relaciones con la Policía foral de la Comunidad, que depende del Departamento de Interior navarro, “no se verán afectadas” si los dirigentes políticos de dicho cuerpo policial “actúan desde la lealtad institucional y el pleno respeto a la legalidad”.

La nueva consejera navarra de Interior afirma tras su toma de posesión que le importan "muy poquito" las palabras de Fernández Díaz sobre su negativa al traspaso de competencias a Navarra.

Defiende que entre la Policía Foral, la Nacional y la Guardia Vicil "tiene que haber coordinación mientras no haya un trapaso de competencias más completas a Navarra".

La nueva consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha afirmado que le importa “muy poquito” lo que diga el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre el traspaso de nuevas competencias a Navarra por “una razón que entiende todo el mundo, que va a durar cuatro días”. “Entre que nos situemos en verano un poco con lo que tenemos que hacer, hay elecciones, y lo que está claro es que este ministro del Interior no va a estar, con lo cual lo relativizo y ya está”, ha expuesto Beaumont preguntada por los periodistas, tras su toma de posesión, por la negativa de Fernández Díaz a transferir a la Comunidad Foral las competencias de tráfico y políticas penitenciarias.

Sobre este tema, la nueva consejera navarra, que fue propuesta por EH Bildu, ha confiado “plenamente” en que a lo largo de esta legislatura “consigamos el traspaso de competencias porque nos lo merecemos, en nuestro Amejoramiento está establecido y es cuestión de negociarlo”.

Preguntada por si plantea un repliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Navarra, Beaumont ha contestado que “para nada” y, sobre cómo van a ser las relaciones entre la Policía Foral con las otras policías, ha afirmado que “van a depender de cómo quieren que sean las otras policías”. “Tienen que ser de coordinación mientras que no haya un traspaso de competencias más completas a Navarra”, ha sostenido.

Además, Beaumont ha comentado a los periodistas que este mismo miércoles mantuvo una reunión “cordial” con el jefe de la Policía Foral y Seguridad Ciudadana y ha querido dejar claro que en todas las áreas que dirige ella “va a contar con todos los que existen”. “Todavía no hay decisiones definitivas sobre nombramientos de cargos, en cuanto pueda voy a contar con todo el personal que existe”, ha agregado.

Sobre la Policía Foral, Beaumont se ha marcado como objetivo “articular la expansión presencial y funcional de la misma”, ya que, según ha dicho, “con ese acercamiento real a los ciudadanos se conseguirá primero mejorar las expectativas que cualquier ciudadano pueda tener de su policía más propia y más próxima, y además relativizar y minimizar los efectos de las manifestaciones casi apocalípticas que se han venido realizando sobre la nula colaboración estatal en esta función”.

“Los ciudadanos navarros sabrán apreciar, porque es lo que les importa, que la Policía Foral tiene como objetivo esencial, al punto de ser su primera y última razón de ser, servir a todas las personas de esta Comunidad, con independencia de cualquier condición que más allá de eso tengan”.

Defenderá lo público

Por otro lado, la nueva consejera ha afirmado que siendo su “seña de identidad” la “defensa de la tierra, de las causas justas, de los público frente a lo privado, y desde mis convicciones abertzales, republicanas, de izquierdas y feministas”, va a trabajar por “una administración pública eficaz y transparente”.

Según ha expuesto, una premisa de la consejería que dirige “va a ser la defensa a ultranza de lo público”, diseñando una Administración cuyo “primer y último fin sea servir a los ciudadanos, que son los que con el pago de sus impuestos la sustentan”.

“Se va a poner toda la carne en el asador para implementar todas y cada una de las medidas que en su conjunto contribuyan no sólo a evitar cualquier episodio de posibles corruptelas, sino también a convencer a los ciudadanos que esa va a ser una realidad y un presencia esencial en la forma de gobernar”, ha garantizado.

En este sentido, ha apostado por “primar estrategias de racionalizar los recursos con los que cuenta la Administración, evitando gastos superfluos y en el fondo innecesarios para los ciudadanos, con mayor razón en una situación de escasez de los recursos públicos”.

Objetivos en Justicia

En materia de Justicia, Beaumont ha asegurado que escuchará y atenderá “las reivindicaciones que provienen del sector” porque “parece evidente que esas reivindicaciones están directamente relacionadas con la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia”.

“Hablaré con todo el personal adscrito a la Consejería integrado por casi 3.000 personas a quienes pido desde aquí y ahora un poquico de paciencia porque debe entender que me tengo que organizar”, ha afirmado.

El nuevo Gobierno Foral sigue quemando etapas. Una vez solventado el pleno de investidura y la toma de posesión de Uxue Barkos como presidenta de Navarra, la primera nacionalista al frente de la Comunidad Foral, llega el momento del gabinete. Las consejeras y consejeros del ejecutivo del llamado gobierno del cambio tienen previsto hacerse cargo de sus carteras desde este jueves a las 12:00 horas en un acto que tendrá lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra. A falta de que se cierren los nombres de los directores generales, paso también clave (está por ver si los partidos que han apoyado la investidura de Barkos también influyen en esas decisiones), el proceso sigue adelante. Y la polémica en torno a la consejería de Interior, también.

Hasta el momento, UPN en Navarra y el PP de forma nacional han sido quienes más han cargado contra la decisión de Barkos de aceptar la propuesta de EH Bildu de Mª José Beaumont, abogada vinculada a la Coordinadora de Itoiz (crítica con la presa), como responsable de la Consejería de Presidencia, Función Pública, Justicia e Interior. El propio presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha asegurado esta semana que le “preocupa” este nombramiento, puesto que esa cartera es la responsable, por ejemplo, de la Policía Foral. Y UPN ha pedido a Barkos, a través de un comunicado, que dé marcha atrás.

El nombramiento de Beaumont fue, según fuentes cercanas a las negociaciones entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, uno de los últimos nombres en cerrarse del nuevo gobierno. Antes, fuentes de EH Bildu habían asegurado que no era una cartera por la que tuvieran interés en proponer nombres, pero su cabeza de lista en el Parlamento Foral, Adolfo Araiz, en una entrevista en Gara y Naiz, aseguró que se habían propuesto personas en todas las áreas y que en Interior se logró consenso en torno al nombre de Beaumont. Cabe recordar que el nombre del propio Araiz fue propuesto para Desarrollo Rural, pero no fue aceptado por ser un referente político y sí otra sugerencia de Bildu: Isabel Elizalde.

En un gobierno de nueve personas, además de la presidenta, seis de esos cargos fueron atribuidos a Geroa Bai, uno a Izquierda-Ezkerra y dos a EH Bildu. Y esa atribución la hicieron tanto I-E como la propia Bildu. Hasta anunciarse los nombres, EH Bildu había sido muy crítica con el escaso peso político del nuevo gabinete, ya que Barkos había exigido que no hubiera personas con cargos dentro de los partidos (aunque Manu Ayerdi sí figura como vicepresidente económico, cargo por el que tendrá que renunciar a la Presidencia del PNV en Navarra) y que no ocuparan escaño, pero después la coalición se mostró muy satisfecha con sus dos propuestas aceptadas. En su comunicado, por cierto, UPN no habla de Beaumont como una integrante de la izquierda abertzale, pero sí como una persona con una trayectoria y vinculaciones “más que manifiestas”.

La presidenta de Navarra, por su parte, ha salido en varias ocasiones en defensa de la nueva consejera. Primero, destacando su trayectoria profesional y asegurando que, si su nombramiento era la única pega puesta al nuevo ejecutivo, era como para estar de enhorabuena; después, Geroa Bai recordó que Beaumont no ha formado parte de ningún partido, y que responderá ante la presidenta como parte del gabinete y no ante EH Bildu. Y, por último, Barkos ya ha firmado este miércoles el decreto foral para nombrar a su nueva consejera, así como el del resto del ejecutivo.

La colaboración policial

Con todo, el nombramiento ha tenido repercusión nacional y ha sido cuestionado abiertamente por integrantes del Gobierno central. Pero, más allá de la crítica política, también se han anticipado decisiones más graves en materia de seguridad. Por ejemplo, en un artículo de El Mundo, en el que se citaban fuentes policiales, se apuntaba que esta decisión del nuevo Gobierno Foral iba a frenar la colaboración de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la Policía Foral. Barkos desmintió esta posibilidad en su discurso de investidura, pero el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ahondado en esta polémica al asegurar, según recoge Diario de Navarra, que el nombramiento es casi como una “provocación”; así, ha afirmado que las fuerzas de seguridad cumplirán íntegrantemente sus funciones pero también, y aquí ha sembrado dudas, que se amoldarán a esta realidad “mientras no quede acreditado que se va a cumplir estrictamente la ley”.

Y, tras esa polémica, este miércoles por fin ha hablado la propia consejera de Interior. Beaumont, que ha leído un comunicado ante los medios de comunicación tras la toma de posesión de Barkos, ha criticado las mentiras en torno a su persona y ha defendido que accede al cargo “con ninguna encomienda política específica, ni confesable ni inconfensable”. Pese a ello, ha denunciado que ha sido “vapuleada desde el minuto uno” y ha pedido que se le juzgue por sus actuaciones y no por haber sido propuesta por un grupo parlamentario. Y, en cualquier caso, ha subrayado su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Esas acciones afrontan ahora su primera jornada.

“¿Las críticas? Es evidente que desde la oposición lo que vamos a tener siempre son críticas. Que no hayan gustado algunas decisiones parece lógico y razonable, me preocuparía lo contrario”. Uxue Barkos ha valorado de esta forma, nada más ser elegida presidenta de Navarra, los últimos debates surgidos en torno a su gabinete. No obstante, la dirigente también ha insistido en que algunas de esas críticas han resultado “inadmisibles”.

Lo cierto es que no ha habido que esperar 100 días para que el gabinete Barkos encare sus primeros frentes abiertos. Ya antes de su constitución se ha cuestionado que la cabeza de lista de Geroa Bai incluyera a EH Bildu en las negociaciones del cambio, que lograra un acuerdo programático en el que se apuesta (entre muchas cuestiones, porque 74 folios y más de 600 proyectos dan para mucho) por potenciar las relaciones entre Navarra y Euskadi, y que aceptara la propuesta de EH Bildu al nombrar a María José Beaumont como futura consejera de Interior. A cada paso, un tema cuestionado. Y, algunos de ellos, también por parte de las fuerzas que participan en esas negociaciones del cambio. ¿Cuáles han sido los principales? Aquí un repaso a algunas de las cuestiones que marcan el arranque del nuevo Gobierno de Navarra.

La cuestión identitaria

El acuerdo programático, logrado antes de sanfermines pero firmado la semana pasada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, es la base del llamado gobierno del cambio, y hace hincapié sobre todo en la materia social. UPN ha cuestionado, también tras el discurso de investidura de Barkos, su falta de realismo, que incluya proyectos ya activados y que frene otros clave (el Plan de Aprendizaje en Inglés, con una moratoria de al menos un año, es un ejemplo), pero las principales críticas se han centrado en la cuestión identitaria. La formación regionalista basó su campaña en advertir del peligro de perder la identidad de Navarra, en lo que se llamó el discurso del miedo, y lo cierto es que el acuerdo programático hace muchas referencias a la necesidad de retomar relaciones con el País Vasco. Quienes lo firman han insistido en que se trata de una apuesta por la normalidad, y que por ello se propone derogar la actual Ley de Símbolos, avanzar en la Ley del Euskera o, como ha dicho la propia Barkos, dejar de dar la espalda al País Vasco. Este debate, insistente durante las negociaciones a cuatro, promete marcar toda la legislatura durante la que Geroa Bai ha repetido una máxima: la necesidad de gobernar ahora sin revanchismos. Fuerzas como UPN, PSN (que se ha abstenido en la investidura de Barkos, pero ha cuestionado su apuesta por la “euskaldunización”) y PPN lo han puesto en duda.

La inclusión de EH Bildu

Los 26 escaños que suman las cuatro fuerzas que han firmado el acuerdo programático garantizaban la mayoría absoluta para investir a Barkos como presidenta; sin embargo, la candidata de Geroa Bai insistió en que su apuesta era llegar al apoyo de 33 votos y, por tanto, incluir al PSN. El grupo socialista ha optado, sin embargo, por la abstención, una puerta abierta que han criticado UPN y PPN pero que también impide dar un mayor respaldo inicial al cambio en la institución.

La razón principal del PSN para no entrar en esas conversaciones ha sido que en ellas ha participado EH Bildu. Barkos, en cambio, siempre ha defendido que no se puede obviar a una formación que las urnas han convertido en la tercera más votada en Navarra. Las críticas socialistas se centraron en la condena de la violencia; y en las negociaciones a cuatro del acuerdo programático, EH Bildu finalmente planteó una serie de propuestas entre las que se incluía una condena a todo tipo de violencia que se produzca, “incluida la de ETA”. Unas palabras similares son las que se incluyen en el programa del nuevo Gobierno Foral.

La última palabra de Barkos

Barkos puso sobre la mesa las condiciones a las otras tres fuerzas para negociar su gabinete, e insistió en que no quería un gobierno con cuotas de partidos (UPN ha asegurado que sí lo es), por lo que esperaba que los partidos propusieran nombres expertos en sus áreas, sin cargos dentro de las formaciones y que no ocuparan escaño en el Parlamento. Lo llamativo es que también se reservó el visto bueno final a esas personas en caso de que no hubiera acuerdo. I-E mostró sus dudas, EH Bildu consideró que el modelo era presidencialista y, finalmente, ha sido Podemos el que ha hecho referencia a este tema para explicar por qué no propuso nombres para componer el gobierno. De esta forma, el partido del círculo es el único de los cuatro que se ha quedado al margen de las propuestas del ejecutivo. El exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, por cierto, ya defendió que el hábitat más adecuado de la formación para lograr un cambio de políticas era el Parlamento.

El peso político del gabinete

Y, vinculado al tema anterior, están las dudas por la presencia de Manu Ayerdi en el ejecutivo, y como vicepresidente económico. En este caso, políticos vinculados a Aralar y Bildu han mostrado a través de las redes sociales sus dudas por la presencia de una persona de claro peso político como Ayerdi, que hasta ahora es presidente del PNV en Navarra, cargo al que tendrá renunciar siguiendo las condiciones de la propia Barkos. Con todo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, ya ha valorado públicamente a Ayerdi como una persona muy capacitada para el puesto.

Las dudas, por tanto, se centran más en su papel como mano derecha de Barkos en el ejecutivo y afianzando el peso de Geroa Bai en el nuevo gabinete. La semana pasada, por ejemplo, también trascendió que la nueva presidenta de Navarra sí descartó que el cabeza de lista de EH Bildu, Adolfo Araiz, fuera consejero de Administración Local, cargo para el que finalmente se aceptó otra propuesta de Bildu (Isabel Elizalde) pero no a uno de sus referentes.

La consejera propuesta por Bildu en Interior

La principal polémica que ha surgido tras el anuncio de las consejeras y consejeros, en cualquier caso, ha sido el nombramiento de María José Beaumont como consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. La abogada, conocida por su labor en la Coordinadora de Itoiz (contraria al embalse), fue una de las dos propuestas de EH Bildu aceptadas por Barkos. Y el hecho de que una personas sugerida por la coalición se haga cargo, entre otras funciones, de la Policía Foral, ha levantado ampollas en partidos como UPN y PPN, pero también de forma nacional. Incluso, a través de un artículo de El Mundo que citaba fuentes policiales, se ha asegurado que la Policía y la Guardia Civil limitarían sus colaboraciones con la Policía Foral. Barkos ha desmentido esta posibilidad.

En cualquier caso, desde Geroa Bai han repetido siempre el mismo mensaje: que Beaumont no ha participado en ninguna formación política, que tiene una trayectoria destacable como abogada y que responderá de su labor ante la propia Barkos y no ante EH Bildu. Esta ha sido la principal crítica a la que Barkos ha hecho referencia en su discurso de investidura, a pesar de que la semana pasada llegó a asegurar que, si esta era la principal pega a su nuevo gabinete, era para estar de enhorabuena. Es la última entrega tras dos meses intensos de felicitaciones, pactos y críticas que, en cualquier caso, aún no parecen cerradas.

La futura presidenta del Gobierno de Navarra asegura que, si ese es el único problema del futuro gabinete, "estamos en situación de felicitarnos".

María José Beaumont, referente de la Coordinadora de Itoiz, ha sido una de las dos propuestas de nombres realizadas por EH Bildu que han sido aceptadas.

La futura presidenta de Navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), ha destacado que la que será su consejera de Interior, María José Beaumont, no ha militado en ningún partido político y tiene una “acreditada y conocidísima” trayectoria como abogada.

Barkos ha señalado que esa carrera en la abogacía de María José Beaumont, nombre propuesto por EH Bildu, tiene que ver “con la defensa desde el terreno de la legalidad más absoluta de una posición contraria a una obra como el pantano de Itoiz”.

Además, la líder de Geroa Bai ha dicho, “para tranquilizar a quien pudiera tener algún tipo de nerviosismo, que el acuerdo programático es absolutamente nítido y claro con el principio de legalidad”.

Ha apuntado además que “los consejeros lo son a propuesta de las formaciones que hemos tenido oportunidad de hacerlo, no son ni de Bildu, ni de Geroa Bai, ni de Podemos, ni de Izquierda-Ezkerra, son del Gobierno de Navarra y, en el caso concreto de María José Beaumont, ha dejado acreditado a quien se lo ha querido preguntar que jamás ha militado en una formación política”.

Barkos ha dicho que “si el único problema” del Gobierno de Navarra es este, “estamos en situación de felicitarnos”.