El fundador y máximo accionista de Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, ha fallecido esta noche a la edad de 87 años por complicaciones relacionadas con el tratamiento de un Linfoma de Hodgkin, según ha confirmado la compañía en un comunicado en el que alaba “sus logros en la industria hotelera y turística” y su “calidez y generosidad”. 

La empresa fue la responsable del malogrado proyecto de Eurovegas en Alcorcón. Un plan que estuvo negociándose durante los primeros años de la década de los 2010, pese a la oposición de una parte de la población, y fracasó definitivamente en 2013 a causa de las exigencias del magnate al Gobierno. 

En concreto, Adelson solicitaba para su complejo hotelero y de casinos una serie de leyes a la carta, como una fiscalidad especial que le permitiera blindarse ante cualquier cambio legislativo, eliminar el juego online y permitir fumar en sus casinos. Una suerte de oasis legal a la medida de la compañía en plena Comunidad de Madrid al que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dijo “no” después incluso de que el, por aquel entonces, presidente madrileño Ignacio González diera por hecho el proyecto y anunciara que se pondría la primera piedra a finales de 2013. 

Adelson ha sido también uno de los principales apoyos económicos para la última candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Según el diario The Guardian, el magnate destinó más de 250 millones de dólares -alrededor de 205 millones de euros- para la campaña de Trump, así como para respaldar a miembros republicanos del Senado y el Congreso. 

El magnate, casado con la médica israelí Miriam Adelson, coincidía especialmente con las políticas pro-israelíes que han sido uno de los ejes de la legislatura de Trump, con el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén o la línea dura con Irán. 

Precisamente, Las Vegas Sands, que ha pedido privacidad para la familia, ha comunicado que el funeral se llevará a cabo en Israel, aunque ha avanzado un servicio conmemorativo en Las Vegas, en una fecha aún sin determinar.

El Grupo Parlamentario de Podemos ha registrado una enmienda a la totalidad, con petición de devolución al Gobierno, del proyecto de Ley del Suelo por entender que el mismo “esconde, tras un aparente e inocente deseo de eficiencia, una verdadera desregulación del territorio y una auténtica regresión en materia de planeamiento”.

A juicio de Podemos, “el espíritu” del texto “no representa los intereses de la mayoría social del Archipiélago” por varias razones: “no ha existido un diagnóstico previo a su redacción que analice la capacidad de uso de nuestro suelo; no contempla un modelo de ordenación del territorio en función de nuestros recursos naturales y considera el territorio del archipiélago sólo sobre la base de su aprovechamiento urbanístico, obviando la valía que sus recursos naturales poseen”.

Certificado de defunción

Un texto, en definitiva, que para la portavoz de Podemos, Noemí Santana, supone “un certificado de defunción para nuestra tierra en el que el presidente Fernando Clavijo parece querer ejercer como enterrador”.

La enmienda a la totalidad, compuesta por 17 folios donde se desgranan las justificaciones, ha sido construida tras “recoger las peticiones que nos han hecho llegar” no solo otras fuerzas políticas sino “la Plataforma por un Modelo Sostenible y otros sectores sociales y medioambientales”.

Con todo, Santana ha insistido en que “sería pretencioso presentarnos como abanderados de nadie”, aunque sí ha querido contraponer la actitud de la formación morada a la hora de elaborar la enmienda con la que tuvo el Gobierno regional durante la tramitación de un proyecto legislativo elaborado “sin consenso, sin participación ciudadana real y efectiva”.

“No hay colectivos sociales ni profesionales a favor. La presión ciudadana es para que se retire. Solo existe el interés de las élites económicas y políticas y miles de dudosos millones de euros para invertir en proyectos delirantes”, se afirma en la enmienda.

Eurovegas en San Mateo y viviendas en el TeideEurovegas

Proyectos que, para Santana pueden suponer “construir un Eurovegas en San Mateo, ya que lo permite el artículo 64” o, incluso, levantar “un complejo de viviendas a las puertas del Parque Nacional del Teide” en virtud del artículo 111 del polémico proyecto, que permite el uso residencial y la clasificación de suelo urbano y urbanizable dentro de estos espacios protegidos.

“Por todo esto, consideramos que la Ley del Suelo de Clavijo hará de Canarias un territorio sin ley”, ha insistido Santana.

Y es que para Podemos, cuando se apruebe el texto tal y como quieren CC y el PSOE, “el gobierno o los cabildos podrán aprobar una actuación urbanística del tamaño de Play de Las Américas o de Playa del Inglés”.

Una legislación que “abre la veda a la construcción del suelo rústico”, que solo beneficia a los empresarios y que se apoya en “la opinión personal de un grupo de juristas de derecho administrativo y que, además, son amigos íntimos del presidente, como su principal redactor, Francisco Villar”.

El Ayuntamiento de Alcorcón –donde gobierna el PP con 10 de los 27 concejales y el apoyo puntual de otros cuatro de Ciudadanos– prevé prohibir a los ediles de la corporación municipal y a los funcionarios reunirse con empresarios, mantener conversaciones con ellos e incluso enviarles correos electrónicos, sin que esté presente un trabajador público y sin que se le comunique a la Secretaría del Pleno de este municipio de 170.000 habitantes situado al sur de Madrid.

Para que un representante público de Alcorcón pueda siquiera acercarse a un empresario deberá obtener la autorización del Gobierno municipal y un funcionario levantará acta en 24 horas sobre el contenido de la conversación. Así lo planteó el alcalde, David Pérez, en un documento que se aprobó el pasado marzo con los únicos votos de su partido en la Junta de Gobierno Local. La decisión aquel día fue la de iniciar el procedimiento para convertirlo en ordenanza. El proyecto sigue adelante, según el propio Pérez aseguró este martes a eldiario.es

Esa prohibición para evitar que ediles y empresarios se reúnan llega en vísperas de la gran recalificación de suelo que el Ayuntamiento prevé realizar a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. En las mentes de los integrantes de la corporación municipal están los 12,3 millones de metros cuadrados, equivalentes al 40% de la superficie del municipio en el distrito norte, donde en los últimos años ya se frustró la instalación del polémico proyecto de Eurovegas y otras operaciones inmobiliarias como la construcción de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.

Fuentes municipales apuntan que todo forma parte de una guerra por intereses inmobiliarios, donde el PP y Ciudadanos mantienen posiciones enfrentadas. 

Las polémicas urbanísticas en este municipio al sur de Madrid vienen de lejos. El Tribunal Supremo ya anuló en noviembre de 2014 el cambio de uso de esas gigantescas parcelas –que ocupan el 40% de la superficie en Alcorcón– a suelo urbanizable, planteado en 2008 por el anterior Gobierno socialista y que contó con el respaldo de la Comunidad de Madrid, entonces en poder de Esperanza Aguirre. La sentencia del Supremo dio la razón a Ecologistas en Acción, que impugnó el plan entonces y ahora denuncia una nueva “operación especulativa”.

Los primeros trámites para modificar el Plan General –cuyos últimos cambios datan de 1991­– llegaron el pasado octubre de la mano de Ciudadanos que propuso iniciar la revisión del planeamiento. Su moción se aprobó en el Pleno con el respaldo de sus cuatro ediles y la abstención del resto de partidos (PP, PSOE, Ganar Alcorcón e Izquierda Unida, 23 concejales en total).

La normativa impulsada ahora por el PP en la Junta de Gobierno Local, que algunos ediles califican en privado como “ley nazi”, establece en su primer punto: “Queda prohibido mantener reuniones o contactos con cualquier tipo de empresas a todos aquellos que las representen sin que se comunique previamente a la Secretaría del Pleno y sin la presencia de un funcionario. El funcionario presente en la reunión autorizada elevará informe antes de 24 horas al secretario general del Pleno sobre el mencionado contacto, quien custodiará dicha información y dará cuenta de las mismas al titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local”.

El segundo mandamiento de la orden municipal evidencia que detrás de la ordenanza está el urbanismo: “Esta prohibición se extiende a cualquier contacto, correo, conversación o reunión con propietarios de suelo, promotores inmobiliarios, constructores u otro tipo de empresario con interés en la actividad municipal. De igual manera, se extiende a los despachos, estudios o gestorías profesionales y mediadores de todo tipo que de una manera u otra les representen, y que afecte a decisiones urbanísticas, expropiaciones, calificaciones, licencias […]”.

Y en el tercer punto el Ayuntamiento de Alcorcón prohíbe algo que ya castiga el Código Penal: “Que cualquier responsable municipal, sea político o funcionario, mediar ante otros funcionarios o políticos a favor de intereses privados de todo tipo, incluyendo la concesión de licencias, la presentación de productos o servicios”.

La lista sigue y obliga a los funcionarios a establecer un control de cada fotocopia que se hace sobre la documentación municipal. En el punto ocho la orden amenaza con “expedientes disciplinarios” a los funcionarios que contravengan las normas o con “exigencia de responsabilidades” si son concejales.

“Apuesta por la transparencia”

El alcalde, David Pérez, sostiene que su plan es un paso más en la “transparencia” de la institución y alude a “reuniones impropias que algún partido de la oposición estaba manteniendo con constructores y terratenientes”. “Para quien primero rige es para mí y para mis concejales. El otro día nos reunimos con una empresa que venía a instalarse aquí y le pedimos que los contratos se hiciesen a gente de Alcorcón. De todo eso se ha levantado acta. No voy a referirme a ningún partido pero no entiendo que esta medida de transparencia se tome como una forma de control a la oposición. Qué hace la oposición reuniéndose con constructores y promotores”, defiende el regidor en conversación telefónica.  

La ordenanza ha causado perplejidad e indignación sobre todo en Ciudadanos, que hasta ahora ha prestado apoyos puntuales al Gobierno del PP y ha abierto una brecha entre estos dos partidos. Su portavoz, Alfonso Reina, considera que la prohibición señala directamente a su partido. “Va contra el derecho de reunión, es casi inconstitucional. Y me recuerda a esa época en la que yo no había nacido hace cuarenta años. Hay un montón de empresarios con problemas, Alcorcón se está desindustrializando y nosotros vamos a hablar con ellos. La normativa es desconfianza en parte de los propios del PP y total en el resto. Yo no voy a pedir el epígrafe del impuesto de actividades económicas a un ciudadano para hablar con él”.

A quienes alertan de que hay una disputa entre Ciudadanos y el PP por los intereses de distintos grupos inmobiliarios, Reina advierte: “Ciudadanos no tiene intereses inmobiliarios. Queremos que Alcorcón tenga empresas y genere empleo. Hay que revitalizarlo y tener empresas del siglo XXI. La gente solo piensa en el distrito norte. Lo importante son los polígonos y el uso del suelo empresarial”.

El PSOE en Alcorcón sostiene que “se ha confundido la transparencia con el control de la oposición”. Su portavoz, Natalia de Andrés, defiende que “a día de hoy se trata de un código que está planteando para publicitarlo y que ni siquiera se ha explicado cómo se va a gestionar. Entiendo que se están buscando titulares”. “Si me reúno con los comerciantes cuando cierran las tiendas para hablar de sus problemas, ¿qué funcionario va a venir? ¿Vamos a pagar horas extras? Hemos solicitado las actas de las reuniones del alcalde con el Atlético de Madrid y nos las niegan. Quien debe ser transparente es quién está gobernando”. 

El portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, tacha “de desfachatez que un partido investigado por recibir sobres y sobornos ahora se dedique a prohibir reuniones a la oposición y a hacer oposición a la oposición”. “En Ganar Alcorcón ya tenemos un código ético muy estricto en nuestras relaciones con los poderes económicos, pero esto es otra cosa”, se queja su portavoz.   

Freno al megacasino de la Marina Real. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha asegurado este miércoles que el ayuntamiento dijo no al complejo turístico que ARC Resort quería realizar en la Marina Real porque no quiere cambiar la ley a demanda de los inversores. Y ha recalcado que su gobierno “es contrario a que esa parte de la fachada marítima de Valencia sea un nuevo Las Vegas”.

“Valencia no se vende, no estamos dispuestos a bailar al son de ARC ni a ceder la capacidad legislativa a nadie”, ha dicho Ribó a preguntas de los periodistas. La compañía de Singapur, según anunció, planeaba invertir en el proyecto cerca de mil millones de euros y generar 20.000 puestos de trabajo, aunque finalmente abandonó la idea ante la“falta de interés” y los “impedimentos de los políticos”, según afirmaron.

Ribó ha recordado que el hotel de La Marina “no era solo un hotel, lo que planteaban era la compra de prácticamente toda la Marina”. El Ayuntamiento, por contra, tiene “un proyecto de ciudad”. Por ello, cuando la empresa planteó cambios a nivel legal para que se pudieran construir “un casino y una serie de cosas, dijimos que no, que nosotros respetamos mucho nuestra legislación”.

Pese a todo, Ribo no cierra puertas. Si ARC tiene un proyecto, “que lo presente realmente y con avales, como cualquier otro, pero no estamos dispuestos a cambiar la legislación y lo que les interese”. “Queremos un proyecto para La Marina y pensado para los barrios marítimos, que sea rentable pero a la vez repercuta de cara a la población”.

Una sociedad en paraísos fiscales

Si en los años del PP el impulso de los grandes proyectos fue una prioridad, el actual Consell ha puesto el freno a cualquier megaproyecto que no acredite su solvencia. A la espera de que la conselleria de Medio Ambiente decida sobre el 'pelotazo' de Puerto Mediterráneo -en palabras de la izquierda-, tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Valencia han cerrado la puerta a la construcción de un casino de lujo en la Marina Real del puerto.

Las razones para rechazar un inversión de 1.000 euros que implicaba cambiar la ley del juego y que evocaba otros proyectos fallidos, las especifica la conselleria de Economia en un duro informe de Sostenibilidad Económica. Y entre ellas, se argumenta que unos de los dos inversores que respaldaban el casino -Oxley Capital- opera a través de las Islas Caimán, consideradas un paraíso fiscal. Esta firma, de hecho, no ha entregado sus cuentas a Economía debido a que utiliza la laxa tributación de ese enclave para ahorrarse el pago de impuestos.

Pero el documento no solo alerta sobre las conexiones del grupo inversor de Singapur con áreas 'offshore'. También pone en duda la sostenibilidad de un proyecto que contemplaba un hotel de lujo y un museo dedicado a los caballos. “No presenta la documentación adecuada y suficiente que avale la viabilidad del proyecto”, “no presenta los recursos financieros necesarios” o “los cambios en leyes urbanísticas” son algunas de las razones que esgrime el departamento dirigido por Rafael Climent (Compromís) para cuestionar el proyecto.

Los promotores, según reza el informe, se limitan a presentar un simple escrito de las cuatro empresas que integran el grupo inversor: ARC, Oxley, Credit Suisse y Fortress. Y solo se comprometen a aportar 350 millones de euros para llevar adelante el proyecto si se cambia la ley del juego a su favor. De lo contrario, como sucedía con Eurovegas, el megaproyecto fallido en Madrid, no hay inversión. Debido a estas razones y a que este grupo de capital extranjero quería operar en régimen de exclusividad, el alcalde de Valencia no era partidario de la concesión.

Los tiempos de los grandes proyectos impulsados por la Generalitat Valenciana pasaron al olvido con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Las ideas que buscaban una promoción del Consell de Alberto Fabra como la Ciudad del Automóvil acabaron relegadas al olvido, sin ejecutarse. No eran los tiempos adecuados.

Pero entonces no solo había proyectos que precisaban de la iniciativa pública. También había de iniciativa privada. Y entre estos destacaba Puerto Mediterráneo. Bajo el auspicio de la empresa británica Eurofond Investments, se plantea un megacomplejo comercial y de ocio en la ciudad de Paterna. Con una afección sobre un millón de metros cuadrados, en esos terrenos se ubicarían tiendas, centros comerciales, hoteles temáticos, viviendas, instalaciones deportivas, cines, norias, un ‘miniparque’ centrado en el juguete, pistas de esquí, piscina de olas y surf, un gran lago navegable, rocódromo y hasta casinos. De esos metros cuadrados, 300.000 están reservados para la implantación del centro comercial, la principal actividad que resaltan los promotores. Se trataría de una de las mayores superficies brutas alquilables de España.

Las cifras económicas que plantea la mercantil que lo impulsa son mareantes: 800 millones de euros en inversión. 520 serían por el centro comercial, que llevaría el nombre de Puerto Mediterráneo Shoping Resort, y 200 millones de euros más que aportarían los diferentes operadores para adecuar sus infraestructuras comerciales. No son más espectaculares las previsiones de afluencia calculadas que tendría. Se cifra en cerca de 20 millones los visitantes al año. Eso sí, sumando la oferta comercial con la de ocio. Y con ello, la empresa expone su argumento fundamental: los entre 4.000 y 5.000 empleos directos que crearía. A ello, se sumarían unos 3.000 que se producirían de forma indirecta, según los promotores.

Un megacomplejo, que contaba con la benevolencia del anterior Consell, ahora cuestionado. Los críticos plantean diversos problemas por sus instalaciones. La afección medioambiental, el impacto sobre el comercio local y el ir ligado a un modelo urbanístico considerado de otros tiempos son los principales. Y todo, además, con la negativa que hay desde el gobierno de Ximo Puig al proyecto. Aunque el rechazo de los socialistas sea más matizado.

¿Urbanismo depredador?

¿Urbanismo depredador?

Pese al rechazo del Consell al proyecto -manifestado públicamente por su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra-, sus competencias para permitir si puede iniciarse o no son mínimas. Solo está en sus manos la resolución del informe de impacto ambiental, ya que el megacomplejo no precisa de la licencia comercial. ¿La razón? Está tramitado como Actuación Territorial Estratégica (ATE).

Dicha figura jurídica fue impulsada por Fabra con un objetivo claro: acelerar y facilitar cualquier tipo de inversión que se considerara fundamental para la Comunidad Valenciana. Sin embargo, y pese a las buenas intenciones de esa figura, ha acabado “aplicándose para operaciones vinculadas demasiadas veces a un tipo de urbanismo propio de la burbuja, depredador”, apunta Josep Sorribes, profesor de economía regional y urbana de la Universitat de València. “La figura no es equivocada en sí, si se aplica con sentido común, pero hasta ahora no ha sido así en la mayoría de los casos”, complementa.

Operaciones como la del Plan Rabassa tramitado a través de este método ahora están bajo investigación judicial. Es más, como apunta Josep Lluís Miralles, profesor de urbanismo y ordenación del territorio en la Universitat Politècnica de València y director del departamento de urbanismo de dicha universidad, “del uso que se puede hacer de la ATE, puede derivarse una puerta para facilitar intervenciones problemáticas o ligadas a intereses particulares privados”. “Al depender de la administración el uso que se haga de ella, tiene un carácter arbitrario”, remata. “Es una figura que impone la política de arriba hacia abajo. Justo al contrario de cómo queremos hacer las cosas desde el Consell”, agrega Rafael Climent, conseller de Economía.

La cantidad de suelo que usaría el megacomplejo es la razón que utilizan los contrarios al proyecto para tildarlo de iniciativa propia del urbanismo depredador. “Si cogemos el documento de estrategia territorial para Paterna, la instalación de Puerto Mediterráneo consumiría todo el potencial crecimiento que se plantea para la ciudad”, apunta Juanma Ramón, portavoz municipal de Compromís. Terrenos de carácter privado que la empresa que quiere impulsar el proyecto comercial ya tiene acordados con la mayoría de los propietarios. Según expuso, habían adquirido el 60% de ellos.

“La actuación prevista supone la cogestión de un espacio ya saturado, con sus efectos de incremento de la movilidad privada y de las inversiones públicas complementarias que suelen acarrear estas acciones sobre el territorio”, alerta Sorribes. “En una situación de exceso generalizado de la oferta, resulta difícil justificar la promoción de nuevas viviendas”, analiza Miralles. No en vano, el director general de comercio y consumo, Natxo Costa, calificó a principios de mes de “especulativo” el proyecto. Su compañero de partido Ramón va más allá y lo califica de “pelotazo”.

De esta acumulación del uso del suelo, también se plantean problemas medioambientales. “Si se ejecutara, tapiaríamos con hormigón uno de los pocos pulmones verdes que quedan en el área metropolitana de Valencia”, censura Ramón. “Puerto Mediterráneo devastaría una gran zona forestal y rústica sobre la que hay solicitada una declaración de paraje natural municipal, en la que se encuentra el barranco d’En Dolça”, denuncia Cristina Domingo, portavoz de Acció Ecologista-Agró en un artículo en Valenciaplaza.com.

Sin embargo, desde la mercantil británica contraponen que cuentan con 39 informes favorables. De ellos dicen, que 19 son relativos a temas medioambientales. Además, remarcan su compromiso con el entorno con reuniones con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para afectar lo menos posible al barranco d’En Dolça.

“Inflación de centros comerciales”

“Inflación de centros comerciales”Aunque haya discusión sobre los aspectos urbanísticos y de afección al territorio que encierra esta iniciativa, el debate real está sobre el modelo comercial, sobre sus efectos económicos. Eurofund esgrime que solo el primer año generaría unos ingresos de 35 millones de euros. Las cifras son puestas en duda. “Para que sea viable económicamente tendría que tener 77.000 visitantes al día, 28 millones al año. Es decir, 10 millones más de DisneyWord en EEUU. Unas cifras completamente irreales”, afirma en dicho artículo Domingo.

No solo se cuestionan los visitantes que atraería. También los puestos de trabajo que crearía. “Habría trasvase de trabajadores. Y los nuevos trabajos serían de una calidad peor”, opina Ramón. “Yo solo pido rigor y claridad con lo que hacemos. Que no haya tanta demagogia con los puestos de trabajo. Tiene que haber un estudio serio sobre la oferta y la demanda. Y que los nuevos puestos sean de una calidad mínima y decente”, reclama Climent.

De hecho, desde la conselleria también se argumentan los efectos negativos que tendría Puerto Mediterráneo para el pequeño y mediano comercio. Y se censura “la inflación actual de grandes superficies, donde la oferta supera claramente a la demanda”. “Tenemos que evaluar los equilibrios para evitar excesos. Así es como podemos garantizar con mayor eficacia la seguridad jurídica”, remata el conseller ante las críticas. Sin embargo, los promotores contraponen sus acuerdos con la Asociación de Comercios MultiPaterna como síntoma de preocupación por el comercio local.

Referéndum frustrado

Referéndum frustradoLa polémica aparejada a Puerto Mediterráneo ha creado tensiones entre el PSPV y Compromís. Al menos entre el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, y Oltra. Ésta tildó el proyecto de “barbaridad” y aseguró que “era inviable económicamente”. Sagredo le replicó en un pleno municipal: “Cuando venga un parado lo mandaré en taxi a Oltra”. “La afirmación fue en un contexto de debate plenario. Pero refleja mi preocupación porque el 95% de las personas que atiendo son por estar desempleadas”, asegura Sagredo. “No me siento legitimado para decir que no a un proyecto que pueda generar empleo”, ratifica.

Al no poder decir que no al megacomplejo, pero no compartir el modelo que representa, Sagredo impulsó un referéndum para que los vecinos opinaran. Pero, fue tumbado por una moción de Esquerra Unida que respaldaron la marca local de Podemos y Compromís. “La consulta era sesgada y no se ofrecía toda la información sobre la iniciativa”, defiende Ramón. “¿Cuándo se puede determinar que una persona está suficientemente informada?”, responde Sagredo.

“Es una inversión privada y yo no me puedo oponer”, afirma Sagredo, para continuar: “Eso sí, no voy a poner ningún euro público porque no comparto el modelo de desarrollo”. “Y las políticas llevadas a cabo durante estos meses en materia de innovación lo certifican, como los pasos para que Paterna sea una Smart City”, concluye. Unas intenciones que se oponen a este megacompleo con similitudes –guardando las distancias evidentes- con el de Eurovegas.

Las detenciones del 31 de octubre de 2014 sorprendieron a la trama Púnica intentando revitalizar el proyecto de una ciudad de casinos para Madrid, una vez fracasada el mes de diciembre anterior la negociación entre el Gobierno autonómico y el magnate estadounidense Sheldon Adelson. Semanas antes de ser detenido, uno de los cabecillas de la red de corrupción, David Marjaliza, intentó implicar al representante de Adelson en Madrid en la operación, que se desarrollaría en unos terrenos en Torrejón de Velasco. En aquel momento Eurovegas ya era un mal recuerdo para una parte de la sociedad madrileña y una oportunidad perdida para un Gobierno regional, que había hecho de la inversión norteamericana para Alcorcón una prioridad.

Los planes de Marjaliza aparecen esbozados en una de las conversaciones telefónicas que mantuvo el 23 de septiembre de 2014 y que, aunque sospechaba, no tenía certeza de que estaba intervenida por la Guardia Civil. A las 19.33 de ese día, Marjaliza recibe una llamada de un tal David, al que el empresario comenta que tiene “unos socios” en Torrejón de Velasco y que “está hablando con dos operadores relacionados con los casinos de Madrid que el viernes se van a Las Vegas”. “Hay muchos metros cuadrados de suelo y mucha gente interesada”, dice Marjaliza, según aparece en el sumario de la Operación Púnica.

El agente de la Unidad Central Operativa (UCO) que escucha la conversación no la transcribe textualmente, pero plasma un resumen de la respuesta que recibe Marjaliza de su interlocutor: “David dice que está todo muy paralizado y él hará lo posible para reactivarlo, pero con pies de plomo después de lo de Anderson, donde se gastaron más de 27 millones de euros. Quedan para verse el jueves por la tarde”.

La identidad de ese “David” permitirá alcanzar el nivel de las gestiones que realizó Marjaliza. Se trata de David Hatchwell, el presidente de la comunidad judía en Madrid y empresario en que depositó Adelson su confianza y las gestiones del proyecto de Eurovegas para Madrid. En otra intervención telefónica a Marjaliza, la UCO le pone apellido, pero la transcripción fonética que hace el agente, “Achubel”, no había permitido hasta ahora identificar al interlocutor de Marjaliza.

En otra conversación, Marjaliza habla con un desconocido que le pide que “le mire el tema de los judíos”. El empresario, a día de hoy en prisión preventiva, asegura a su interlocutor que quien lleva el asunto es “muy amigo”, pero que se trata de “una persona muy seria” y que es necesario “avanzar más”. El interlocutor en esta ocasión de Marjaliza, al parecer vinculado a los terrenos de Torrejón de Velasco, dice que parte “de cero”, que busca un consultor que “vaya a éxito en Los Ángeles o Las Vegas y decirles que el Master Plan que han hecho es por ejemplo ocho parcelas y un campo de golf”. “El caso es tener el operador pues el inversor luego va a surgir”, añade.

eldiario.es se ha puesto en contacto con David Hatchwell, quien ha negado haber llegado a convertirse en ese “operador” que buscaba la trama. Frente a la versión de Marjaliza, Hatchwell asegura que conoce al empresario encarcelado de hace siete u ocho años, de “cócteles” y otros eventos de la “sociedad madrileña”, sin mantener una relación de amistad con él. Hatchwell confirma la reunión con Marjaliza y asegura que en ella accedió a reunirse con unas personas, que no logra identificar, que disponían de los terrenos. Precisa que mantuvo el encuentro “por cortesía”, toda vez que el proyecto de Eurovegas en Madrid estaba “congelado” y no había mucho de lo que hablar.

En la actualidad, Hatchwell figura al frente de 17 sociedades. Entre ellas, la más importante, Excem Grupo, la antigua Cementos Portland. El resto de las sociedades se reparte entre la asesoría de inversión, comercio exterior, calzado, ropa, telecomunicaciones y seguridad privada. El padre de Hatchwell, Mauricio, fue un empresario de proyección internacional, primer presidente del Comité Internacional Judío Sefarad y premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990. David figura entre los 15 principales donantes de la campaña del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Hatchwell entregó 9.000 euros, cuando el máximo legal está apenas 600 euros por encima, según El País.

Al igual que su padre, David Hatchwell mantiene destacados contactos en los mundos de los negocios y la política. Consultado por la cifra de 27 millones de euros que él dice en el ‘pinchazo’ que se han gastado en el proyecto de Eurovegas, Hatchwell aclara que se trata del desembolso por parte de Adelson para un proyecto que venía de “siete u ocho años” atrás. “Hubo que pagar consultores, arquitectos… 27 millones puede parecer una cantidad grande, pero no para un proyecto de este volumen, que suponía una inversión de 20.000 millones”, declara el empresario.

El hombre de “todos los delitos”

La operación Púnica no se puede entender sin la figura de David Marjaliza. Amigo de Francisco Granados desde la infancia, el empresario no dejaba sin abordar modalidad alguna de corrupción. Tan es así que la fiscal del caso justificó su petición de ingreso en prisión con esta elocuencia: “Nos ha llamado la atención que cuando nosotros nos planteábamos qué delitos contra la corrupción había cometido Marjaliza, a la conclusión a la que hemos llegado es... ¿cuál es el que no ha cometido? Porque es que los ha cometido absolutamente todos. Cuando cogimos el Código Penal para decir 'este, este, este...' Los ha cometido absolutamente todos”.

Para el juez Eloy Velasco, Marjaliza gozaba de “amplias relaciones personales y políticas” –la primera de todas, Granados- que utilizaba para lograr adjudicaciones irregulares para sus empresas o para terceros, en este caso a cambio de comisiones. Sus empresas, señala el juez, eran el “núcleo de una organización criminal” que se beneficiaba de contratos irregulares con la Administración, donde Marjaliza contaba con la colaboración de políticos y funcionarios. Por todo ello, está en la cárcel acusado de diez delitos, el catálogo completo de la corrupción.

Ocho meses después de entrar en prisión, David Marjaliza pidió declarar ante las fiscales y el juez de la Operación Púnica. En tres sesiones celebradas en junio, que se prolongaron por un total de 13 horas, el empresario reveló supuestamente datos desconocidos hasta ahora por los investigadores. Según El Español, la declaración de Marjaliza se produce dentro de un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para que rebaje una futura petición de condena. De paso, podría hacer temblar los cimientos del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Se sospecha que Marjaliza haya relacionado con la trama de corrupción al número tres de la lista con la que Cristina Cifuentes se presentó a las elecciones de mayo, el actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, así como al número 11 de la misma papeleta y exalcalde de Alcalá, Bartolomé González. Una tercera diputada de la Asamblea Madrileña podría haber aparecido en el último relato de los hechos realizado por Marjaliza. Se trata de la diputada de Ciudadanos Eva Bórox. Su formación dio el apoyo a la investidura de Cifuentes a cambio de que el PP suscribiera un acuerdo anticorrupción.

A pesar del levantamiento del secreto que pesaba sobre la mayoría del sumario, el juez Velasco ha optado por mantener secreta una pieza, donde se incluye la confesión de Marjaliza. El juez no ha imputado aún a los diputados citados. De hacerlo, debería inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para investigarlos por su condición de aforados.

Alejado del 'glamour' de las alfombras rojas, un dron sobrevuela un aeropuerto con una cámara a cuestas. ¡Silencio, se rueda! Tres coches van a toda velocidad por la pista de aterrizaje detrás de un avión imaginario al que persiguen sin que el dron pierda detalle. La escena tiene lugar en un famoso (y desierto) aeropuerto situando en Castilla - La Mancha, y no es otra cosa que una parte del rodaje de 'Torrente 5: Operación Eurovegas'.

“El plano era complicado, porque detrás había mucho efecto de postproducción. El avión que sale en la escena realmente no existe, va después en 3 dimensiones, por lo que los movimientos tenían que ser muy precisos”. Las declaraciones no son, obviamente, del dron que ha participado en el rodaje de la última película de Santiago Segura, sino de uno de sus padres, Ramón Cantón.

'El Niño', 'Ocho apellidos vascos', 'Las brujas de Zugarramurdi', 'Torrente 5'... Aunque este recuento pueda parecer un paseo por los estrenos más taquilleros del cine español en los últimos tiempos, estas películas tienen otro punto en común: todas cuentan con alguna escena filmada gracias a los drones.

En concreto, a los de Helifilm, la empresa de Ramón Cantón y Juan Jesús Fernández, dos emprendedores almerienses que han terminado trabajando en el mundo del celuloide por pura casualidad y, eso sí, después de muchos años cacharreando con aparatos voladores.

Aunque los drones estén ahora más de moda que nunca, eso de grabar desde el aire con un aparato no tripulado y dirigido con los pies en la tierra no es algo nuevo precisamente. “Mi socio era aeromodelista, le gustaban los helicópteros y empezó hace unos 12 o 13 años a intentar meterle una cámara de vídeo para ver si el helicóptero podía con ella y conseguir así planos que no se podían lograr de otra manera”, cuenta Cantón.

Tal y como asegura él mismo, llevar más de una década haciendo volar aparatos con cámaras es una de las claves para terminar rodando escenas para las mejores películas españolas. Solo hay que echarle un vistazo a los trabajos que han realizado ya para entenderlo: además de las películas españolas más taquilleras del año, los cuatro drones que tiene operativos Helifilm han trabajado en los rodajes de anuncios de compañías como Mercedes, Louis Vuitton o Audi. También han trabajado en Bollywood y, por si fuera poco, el pasado año colaboraron en el rodaje del anuncio más comentado de 2013. El más trasgresor. El más polémico. El anuncio de la lotería de Navidad.

Ponga un dron en su vida

Hay varios motivos que explican la llegada en masa de los drones al séptimo arte. Por una parte, son capaces de ofrecer una perspectiva totalmente novedosa y desconocida. “Percibes cosas que tú a diario no percibirías y que no podrías lograr con una grúa”, explica Cantón. Porque claro, no es lo mismo ver la Giralda desde abajo o Sevilla desde las alturas que las dos cosas juntas a más de cien metros del suelo.

El otro gran factor que explica la expansión de los drones en los rodajes es su efectividad. En el cine, el tiempo es dinero, y estos robots voladores permiten ahorrar una gran cantidad de tiempo. “Teniendo claro el plano y con las condiciones climatológicas adecuadas, se puede conseguir un plano válido en un par de minutos”, explica Ramón, que nos recuerda cuáles serían los sistemas alternativos para conseguir algo parecido (aunque nunca igual): “Tendrían que usar un helicóptero, cuya trayectoria no se puede modificar sencillamente como en el caso del dron, o poner un sistema de carriles, grúas... Todo eso es tiempo y dinero”.

Ahora bien, no todo es fantástico y maravilloso en el mundo de los drones. Porque, efectivamente, las fiestas del celuloide son todo 'glamour', pero el dron y sus pilotos forman uno de esos equipos de currantes del cine a los que luego no vemos desfilar por las alfombras rojas. De hecho, son de los que aguantan los tiempos de espera en los rodajes en mitad de ninguna parte bajo el Sol, haga frío o calor, gastando además una parte importante de los ingresos en I+D.

“Como todo era un poco 'yo me lo guiso, yo me lo como' y había que seleccionar componentes y hasta fabricar piezas, es un pozo sin fondo de inversión”, cuenta Cantón. “Sí es verdad que cada día la cosa está cambiando más: ya hay más componentes que vienen ensamblados, hay más demanda, los precios van bajando...”.

Por si fuera poco eso de estar horas y horas a la intemperie esperando, e invertir constantemente en una tecnología que está en plena ebullición, empresas como Helifilm tienen otro frente abierto: la legislación.

¿Cómo se regula esto?

Hace tan solo unos días, Estados Unidos daba luz verde al uso de drones para los rodajes de cine. Con limitaciones, esta regulación es una buena noticia para el sector, ya que abre la puerta al uso de aeronaves no tripuladas con una licencia para ello.

Una vez más, la tecnología ha atropellado a los gobiernos, que ahora tienen que legislar a toda velocidad para adaptarse a una nueva realidad. En España se reguló hace tan solo un par de meses y de forma temporal el uso de los dronesse reguló hace tan solo un par de meses y de forma temporal el uso de los drones. Mientras se desarrolla la regulación definitiva, trabajar con drones cuenta con más limitaciones de las deseables: se pueden utilizar en espacios aéreos no controlados y sobre zonas no pobladas. Vamos, lejos de los aeropuertos y en mitad de ninguna parte.

“Esto se tenía que regularizar, homologar los aparatos, establecer unas revisiones lógicas... Pero la solución que se da de inicio es demasiado drástica”, explica Cantón, que teme que la legislación siga esta línea. “Puede ser un varapalo grandísimo”.

Tal y como están las cosas actualmente, ciudades como Madrid o Barcelona quedarían excluidas de los rodajes con drones debido al espacio aéreo de sus aeropuertos. Además, los permisos especiales necesarios para este tipo de rodajes son, en muchas ocasiones, más lentos que la velocidad a la que llegan los clientes en busca de imágenes grabadas desde el aire.

Ramón resume la preocupación existente en el mundo del dron español de forma concisa: “Esta regularización la ha sacado gente que entendemos que no está muy relacionada con el sector”.

Por cierto, si en Torrente 5 han podido rodar en un aeropuerto es porque no es otro que el de Ciudad Real, cerrado desde mayo del año 2012.

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Las fotos de este artículo han sido cedidas por Helifilm a HojaDeRouter.com

En una versión anterior de este artículo, la escena rodada por Helifilm para Torrente 5 se situaba en el aeropuerto de Castellón. Sin embargo, un representante de la empresa había confundido el aeropuerto levantino con el de Ciudad Real, que es donde realmente se filmó la escena con un dron.

El affaire Eurovegas ha sido muy efectivo al mostrar la cara más chunga de nuestra política pública. El relato es conocido: un par de administraciones intentando poner las mejores condiciones -por decirlo suavemente- para que un cowboy invertiese sus millones en un gran parque temático. Se trataba de un proyecto de desarrollo que profundizaba en un modelo económico poco resiliente, entre el sector de la construcción y un turismo descontextualizado, con exactamente la misma oferta en Macao o en EEUU. A los que se añadía una actividad con muchas externalidades negativas -el juego-, y se sentaban precedentes peligrosos al adaptar la regulación de forma discriminatoria (aquí José Fernández-Albertos lo razona perfectamente y aquí tenéis los argumentos de Jesús Fernández-Villaverde con las mismas conclusiones).

Lo que se ha visto en Eurovegas es lamentablemente similar a lo que ha sucedido con la candidatura de Madrid a organizar los Juegos Olímipicos: fiar las palancas de desarrollo a una decisión en la que uno mismo no tiene la última palabra, que se gesta en espacios opacos y que no depende de elementos endógenos. Una apuesta legitimada con la excusa del empleo que paradójicamente lo permite todo, cuando explícitamente se renuncia a hacer política pública al respeto.

Afortunadamente ninguna de las dos megaoperaciones se llevará a cabo en el medio plazo. En las deliberaciones privadas se han elegido otros mercados. No nos ha tocado esa lotería.

Y no puedo sino alegrarme, porqué esas negativas nos obligan a centrar la atención en lo que sí depende de nosotros, en lo que se puede mejorar con políticas adecuadas. Podemos fijarnos en aquellas ventajas competitivas derivadas de factores propios y no coyunturales. ¿Tenemos algo más que ofrecer a parte del clima, sueldos bajos, rebajas fiscales y genuflexiones regulatorias?

En este sentido emergen nuevas dinámicas entre las empresas, los ciudadanos y el territorio. Las actividades económicas que mantienen relaciones de fidelidad, incluso simbióticas con los lugares en los que están basadas, refuerzan identidades y en lugar de fenómenos especulativos alientan crecimientos sostenidos. Se trata de un capital menos volátil que se implica con su entorno, entendiendo y asumiendo que un mejor entorno también beneficia a las propias empresas.

No es trivial que airbnb tenga un blog sobre política pública o decida abrir sus oficinas en San Francisco para el uso ciudadano, intentando devolverle a la ciudad lo que en forma de 'salario urbano' o economías de aglomeración esta le ha entregado. Muchas otras empresas punteras de la misma ciudad ya hace un tiempo se unieron para crear San Francisco Citizens Initiative for Technology and Innovation (sf.citi) un lobby que más allá de cazar prebendas se dedica a poner tecnología al servicio de la ciudad. Porque ciudades más inteligentes hacen a las empresas más eficientes.

Esas relaciones simbióticas tienen mucho que ver con lo que entendemos por sentido de comunidad. La gente de Gallup y de la Knife Foundation analizaron las metrópolis americanas en The Soul of The Community para intentar averiguar que factores hacen que las personas se sientan arraigadas al lugar dónde viven. Desde el Mediterráneo Occidental nos podemos sentir muy identificados con los hallazgos: la estética del lugar, la vida social, la tolerancia y la apertura. Factores que en segundo orden están correlacionados con el crecimiento económico. Al final, el sentido de la comunidad, la calidad de vida y la actividad empresarial se refuerzan mútuamente.

Entender esto nos da algunas pistas: en un escenario económico cómo el actual, dónde nuestra vida laboral y personal se solapan, la calidad de vida y el sentido comunitario de nuestras ciudades, tan exitoso para soportar las crisis, pueden cobrar un nuevo protagonismo generando fidelidades entre empresa, ciudadanía y espacio.

En el origen de la historia de Eurovegas no estaba el PP sino el PSOE. Allá por 2011, cuando comienza la fallida andadura del complejo de casinos, quien impulsaba el proyecto era el exministro de Industria Miguel Sebastián. Él y el entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González, empezaron a hablar de una “gran ciudad del ocio” en el corazón de España. Pero el complejo de hoteles y casinos del magnate Sheldon Adelson acabó enfrentando a los dos partidos y creando resquemores incluso dentro del PP. Un recorrido por estos dos años deja una colección de frases para el recuerdo y varios hitos de hemeroteca.

1. Esperanza Aguirre lo apuesta todo a las ruletas

1. Esperanza Aguirre lo apuesta todo a las ruletasEl proyecto de Eurovegas fue una de las apuestas claras de la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que no perdió ninguna oportunidad para alfombrarle el camino al proyecto de Sheldon Adelson. Ya en diciembre de 2011, se comprometió: “Haré todo lo que pueda para que se ubique en Barajas”. Y le atribuyó 261.000 puestos de trabajo. Su voluntad la resumía así: “Si hay que hacer cualquier modificación –legal–, se hará”.

Para Aguirre, Eurovegas era “un rayo de esperanza” que merecía que se convirtiera en una “isla legal”. Dicho y hecho. La líder popular dejó los deberes bien perfilados en la región. La Asamblea regional aprobó una legislación ad hoc para limpiar de trabas tributarias la implantación del megacomplejo. “Nuestro sistema tributario no era atractivo para las inversiones extranjeras, y las pretendemos solucionar.

Los Centros Integrados de Desarrollo [pensados para Eurovegas] son proyectos de gran envergadura, que supondrán la inversión de miles de millones“, defendió el PP en el Parlamento regional al votar los cambios legales anunciados por Aguirre.

2. Políticos madrileños y catalanes 'seducen' a Adelson

2. Políticos madrileños y catalanes 'seducen' a AdelsonCuando se empieza a hablar de cifras de inversión, a Adelson le salen más novias. Cataluña muestra interés por albergar los casinos. El president Artur Mas se reúne con Adelson y el magnate se deja querer. Empieza un largo periodo de deshojar la margarita para el empresario del juego.

Ante la 'promiscuidad' de Adelson, en febrero de 2012, Aguirre no dudó en sacar pecho y reivindicar su atractivo: “Yo me he reunido con el empresario cinco o seis veces”.

Cuando la puja entre regiones llegaba a su resolución final en septiembre de 2012, Aguirre se atrevió a juguetear con los pronósticos y adelantar tres días antes del anuncio oficial la elección del norteamericano: “De impresiones no vive el hombre. Las mujeres vivimos de intuiciones... Y mi intuición, que no me suele fallar, es positiva”. El 8 de septiembre, Las Vegas Sands admitió que se iría a Madrid.

Días después, el 10 de septiembre, Aguirre puso fecha y dimensión al enlace: “Eurovegas estará en dos o tres años. Va a crear 200.000 puestos de trabajo sin contar con todo lo relacionado con la construcción”. La presidenta dimitió de su puesto sólo siete jornadas después: el 17 de septiembre cerró su periplo al frente del Ejecutivo regional, pero no abandonó su romance con Eurovegas.

El 19 de octubre aleccionaba sobre admitir el tabaco en los casinos: “No hay que ser hipócritas..., lo importante es que tenemos cinco millones de parados y nos hacen falta inversiones creadoras de empleo”.

3. Ignacio González mete prisa para cambiar las leyes a favor de Eurovegas

La necesidad de poder fumar en los casinos y las prisas por cambiar las leyes estatales a gusto del proyecto han estado en el centro de la polémica del plan. Una vez que se hizo público que los terrenos para construir los hoteles y casas de juego serían los del municipio madrileño de Alcorcón, el promotor de la idea y sucesor de Aguirre, el presidente Ignacio González, se puso al servicio del complejo.

En febrero de 2013 decía: “Es un día muy importante para Madrid, para la Comunidad de Madrid y para España. Este proyecto, en el que hemos trabajado a lo largo de meses de manera intensa, empieza a ver la luz. Como saben, a lo largo del año pasado, trabajamos duramente con los responsables de Las Vegas Sands. Es la inversión más importante que se va a producir en España y en el mundo en los próximos años".

Pero como los meses pasaron sin concretarse nada, el líder de los socialistas en Madrid, Tomás Gómez, se atrevió en julio de este año a augurar lo peor para el proyecto: “Se ha caído”. Y aunque el acierto del líder de los socialistas madrileños no había sido de destacar en otros temas, en este sus palabras sonaron con fuerza.

El aplomo anterior de los dirigentes del Partido Popular se diluyó. El vaticinio de Gómez sólo fue desmentido por el portavoz del Gobierno de Madrid, Salvador Victoria, que aseguró que todo marchaba “con normalidad”. Luego el PP envió a uno de los aguirristas más acérrimos, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, a mancharse: “Antes de seis meses se van a producir miles de contrataciones”. Era agosto de 2013.

4. Mariano Rajoy se pone de perfil

4. Mariano Rajoy se pone de perfilEn septiembre, y ante el silencio que rodeaba el tema, Ignacio González perdió la paciencia y apremió públicamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: “Si no corre en los próximos días, existe el serio riesgo de que una empresa de esta naturaleza decida dedicar sus inversiones en otros sitios”.

Al final de ese mes la ministra de Sanidad, Ana Mato, intentó crear una fórmula viable para que el tabaco estuviera admitido. Y trató de explicar que la ley funciona “para proteger la salud”, pero hay que “hacerla compatible” con todas las posibilidades que puedan comportar creación de empleo.

El presidente, Mariano Rajoy, fiel a su estilo, no pareció tener mucha prisa. En su entrevista en Radio Nacional del 21 de noviembre se limitó a decir: “Todavía hay que darle una vuelta, ver cómo se hace y ver cómo molesta y crea menos problemas a los ciudadanos”.

Así que, mientras no terminaban de concretarse las modificaciones legales e Ignacio González apretaba porque veía alejarse Eurovegas, otros políticos implicados han ido tirando cada uno por su lado sin parecer enterarse por dónde iban los tiros. David Pérez (el alcalde de Alcorcón) ha seguido insistiendo, en otoño, en que “no he dudado ni un momento” de que Eurovegas existiría. El consejero de Economía de Madrid, Enrique Ossorio, vaticinaba el 21 de noviembre que la primera piedra estaría puesta “a principios o mediados de 2014”.

5. El 'fuego amigo' de la prensa

5. El 'fuego amigo' de la prensa Quizá Adelson pueda protestar (y así lo ha hecho) de poca celeridad en las reformas por parte del Gobierno central. Pero seguro que el promotor de casinos y hoteles no puede quejarse de no haber contado con buena publicidad.

Durante estos años de negociaciones, los empujones de los dirigentes del PP de Madrid se han multiplicado a través de algunas campañas mediáticas nada modestas. Cuando Eurovegas era todavía un embrión virtual y tan lejano en el tiempo como el 9 de septiembre de 2012, el diario ABC aseguraba ya en su portada: “Las obras [...] arrancarán en un año”. La Comunidad de Madrid acababa de ser elegida como sede por Las Vegas Sands.

En julio de 2013, poco después de que el socialista Tomás Gómez asegurara que no habría Eurovegas, los diarios La Razón y ABC publicaban, ambos el mismo día 27, sendas dobles páginas. El primero describía el proyecto como “una verdad sobre plano”. El segundo iba un poco más allá: “Más visitas al día que El Prado, el Thyssen y el Reina Sofía juntos”.

El 22 de octubre, el Boletín Oficial del Estado publicaba un acuerdo entre los Ejecutivos de Madrid y el central para no pisarse en cuestiones de competencias sobre la legislación de Eurovegas. La Razón interpretó: “Moncloa inicia el blindaje para Eurovegas”. Por lo que se ha visto, un blindaje bastante endeble.

Todo indica que el Gobierno sabía hace semanas, o puede que meses, que el proyecto Eurovegas estaba definitivamente muerto. Que el grupo Adelson no tenía el dinero necesario para financiarlo, porque los bancos que habrían de habérselo proporcionado habían llegado a la conclusión de que esa inversión nunca sería rentable. Pero La Moncloa ocultó ese fracaso, porque reconocerlo habría arruinado la desaforada campaña sobre la recuperación económica española en la que el Gobierno lleva meses afanado. La ocultación, o el engaño, tenía en todo caso las patas muy cortas: y ahora que la verdad ha aparecido a las claras, esa campaña se vuelve contra Rajoy. Porque si el nuevo Mister Marshall no ha venido a España, es porque nuestro país sigue en el fondo del pozo y eso no atrae a ningún inversor extranjero, al menos de los de verdad.

El Gobierno, como era de esperar, se agarra ahora a la versión que el grupo Adelson planteó en el último minuto, y por sorpresa, añaden los portavoces de nuestro Gabinete, unas exigencias que no podían cumplirse: entre ellas, unas ventajas fiscales –además de las muy generosas que ya se le habían concedido– que habrían de cubrir las eventuales pérdidas operativas del proyecto de Alcorcón y la eliminación, por ley, de un competidor como es el juego online.

La condición de que la prohibición de fumar no se aplicara en el interior de sus casinos no parece haber figurado en la última lista de peticiones. Pero estaba ahí desde el principio y el Gobierno había buscado, hasta ayer mismo, toda clase de subterfugios para no tener que negarse a aceptarla, sin decir explícitamente que había cedido a esa exigencia. Posiblemente porque que intuía ya desde hace tiempo que la operación podía no salir, y no al pronunciarse al respecto, y menos en sentido afirmativo, tal y como le exigía el presidente de la Comunidad de Madrid, se evitaba el ridículo de confirmar que hasta bajándose los pantalones había resultado despechado.

Lo que no ha explicado el Gobierno es por qué Adelson ha exigido las citadas concesiones de última hora. Y por lo mismo por qué ha ocultado mientras ha podido que hacía tiempo que el sueño se había acabado. Porque los informes de viabilidad de la inversión que para Adelson habían hecho los bancos a los que el grupo había pedido financiación –al menos JP Morgan y el Deutsche Bank, además de la agencia de rating Fitch– concluían que la cosa podía ir adelante sólo si el Gobierno español concedía ventajas como las citadas, que únicamente darían los países más pobres y corruptos del mundo.

En esos informes figuraba el dato de que en España hay 6 millones de parados y otros muchos más de ciudadanos que no llegan a fin de mes. Y que en la Europa de la que deberían haber venido los clientes de Eurovegas, sin estar tan mal como nosotros, la gente no está para esos dispendios. Reconocer esas motivaciones últimas habría implicado asumir que entidades financieras tan poderosas como las citadas tienen hoy de España y de su Gobierno una idea que no se corresponde precisamente con la de un país que está saliendo de la crisis y con sus potencialidades en marcha.

Ahora que el sueño se ha esfumado quedan en el aire unas cuantas cuestiones pendientes que solo podrán esclarecerse con el tiempo y con las pertinentes investigaciones periodísticas o, en su caso, parlamentarias. Aparte de que el fracaso de Eurovegas alimentará seguramente las tensiones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el de Rajoy (Ignacio González, curándose en salud, ya ha echado anticipadamente las culpas del fiasco a La Moncloa), quedará por saber cómo y por qué uno y otro se creyeron tan a pies juntillas que un proyecto así podía salir adelante.

A tal fin habrá que identificar qué personas en concreto –y tienen que haber sido de peso– han actuado como valedores de Adelson cerca de ambos ejecutivos. Y si fuera posible, pero seguramente eso aún mucho más difícil, qué contrapartidas han obtenido tales individuos por su gestión. No es de descartar, porque eso suele ocurrir en este tipo de operaciones, que esos intermediarios “excelentes” se hayan llevado su partija, o una buena porción de la misma, aunque el negocio no haya salido bien.

Pero hoy mismo, antes de conocer nuevos detalles, lo que queda claro, aunque se va a hacer todo lo posible por disfrazarlo, es que el Gobierno ha hecho el ridículo. Y el Mariano Rajoy que no hace no mucho aseguraba que Eurovegas vendría a Alcorcón, también. No sólo por haberse dejado atrapar por los manejos de un grupo del que ahora se sabe que era mucho menos sólido financieramente de lo que se decía. O por los de sus intermediarios españoles.

La desgraciada peripecia muestra demasiado a las claras que la recuperación que Rajoy se ha sacado de la manga es, en buena medida, humo y que, hoy por hoy, el dinero extranjero viene a España –y, bien visto, el que llega lo hace en cantidades más bien modestas– sólo para hacerse con gangas que no puede encontrar en otros países de nuestro entorno.

Pero además de hacer el ridículo, nuestros gobernantes han demostrado también que hacen muy mal su trabajo o, si se quiere, que no están a la altura de las circunstancias. En las últimas semanas hemos asistido al desastre de las tarifas eléctricas en el que dos ministros, el de Industria y el Hacienda, han caminado a tientas y sin concierto, para que al final suban los precios de la luz para los consumidores y para el sistema productivo, cercenando así aún más posibilidades de recuperación. Y a la razzia que Montoro y los suyos han hecho en la Agencia Tributaria, cargándose la credibilidad de una institución fundamental en un país en el que son muchos los que se preguntan por qué tienen que pagar a Hacienda y no menos los que ya llevan tiempo defraudándola. Ahora, con Eurovegas, se ha confirmado que este Gobierno no vale para meterse en esos líos, que para eso hacen falta muchas cosas de las que Rajoy y los suyos carecen.

Un repaso en tuits, portadas y noticias a la campaña política en favor del complejo de ocio.

El proyecto Eurovegas ya es historia. Han sido meses y meses de infructuosa negociación con Las Vegas Sands pero también de triunfales declaraciones públicas a favor de un proyecto que prometía decenas de miles de puestos de trabajo y del vilipendio de aquellos que se opusieron.

La campaña en favor del complejo estuvo comandada, lógicamente, por el Partido Popular de Madrid y su lideresa, Esperanza Aguirre. Fue ella quien trajo el proyecto y a quien se lo agradecen sus huestes, como se aprecia en este tuit días antes de que anunciase su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid y apenas un mes antes de que la región ganara a Barcelona la carrera por albergar el complejo de ocio.

Ese mismo día, el diario Abc dedicaba su portada al promotor de Eurovegas: Sheldon Adelson. Y lanzaba una promesa: “Las obras de Eurovegas en Madrid arrancarán en un año”.

El mensaje era único y había que expandirlo por todos los medios y de forma machacona:

Aguirre ha insistido en las bondades económicas del proyecto hasta este mismo verano:

Al día siguiente, el mensaje volvía a ser difundido a los cuatro vientos.

Incluso en las pocas plazas importantes que no domina en la región, el PP trataba de sacar rédito político al proyecto. Una de las iniciativas más sonadas se puso en marcha en Parla, tradicional feudo del actual líder del PSM, Tomás Gómez.

Con todo, uno de los principales valedores del proyecto en la región ha sido el actual alcalde de Alcorcón, David Pérez. En agosto de este mismo año, Pérez prometía que antes de seis meses se producirán “miles de contrataciones” para Eurovegas. Y una oleada de turistas de lujo:

Incluso sería clave para traer otros proyectos a Madrid:

El principal escollo para que Eurovegas recalara en España, según se han empeñado en asegurar desde múltiples sectores del PP, era la ley antitabaco

Sin embargo, no ha sido el tabaco el escollo que ha hecho caerse el proyecto, sino las exigencias económicas de Las Vegas Sands y la contemporización en la negociación por parte del Gobierno central.

La edificación, o no, de Eurovegas también ha sido una de las armas favoritas utilizadas por el PSM en su labor de oposición al PP de Madrid. Tomás Gómez anunció en julio de 2013 que el plan se había “caído”. Las alarmas saltaron en Génova. A finales de ese mismo mes Las Vegas Sands registraba oficialmente el proyecto ante el Gobierno regional: desde las redes sociales se sucedieron los ataques al líder de la oposición:

No era la primera vez que Gómez hacía un vaticinio sobre Eurovegas. Un año antes, el líder del PSM anunciaba con bastante antelación que Adelson había elegido Alcorcón para ubicar el complejo. La Comunidad de Madrid negó que existiera dicha decisión, aunque finalmente sí se produjo.

Era el proyecto estrella de la Comunidad de Madrid. Y se ha encontrado con la espantada de Sheldon Adelson, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya accedido a algunas de las peticiones del magnate del juego, entre ellas la adaptación de la ley antitabaco, ventajas fiscales, laborales y relativas al préstamo de dinero por entidades no financieras.

En estas fechas ya se tenía que haber puesto la primera piedra, era el compromiso después de que, hace un año, Adelson pisara los terrenos en los que se iba a instalar su macrocasino. El Gobierno regional movió todas sus fichas; pero el central, no, en lo que supone un nuevo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y Moncloa, que ha sido urgida en público y en privado repetidamente por el Ejecutivo madrileño.

En septiembre, Ignacio González, el presidente regional, lanzó un aviso a Rajoy en los micrófonos de esradio: “Como no se resuelva urgentísimamente el marco legal estatal para que venga Eurovegas, el riesgo es que Eurovegas decida irse a otro sitio. Se debería hacer todo lo posible”. Y así ha sido: Eurovegas se va y González pierde una de sus banderas.

Y su vicepresidente, Salvador Victoria, poco después, reconoció que la Comunidad de Madrid estaba “deseosa” de acoger inversiones extranjeras y que por eso había vuelto a pedir al Gobierno central que elaborara el “marco legal necesario” y que Rajoy incluyera este asunto en su “agenda” como “prioritario para generar empleo”.

Hace apenas tres día, el consejero de Hacienda, Enrique Ossorio, afirmaba: “Aunque no nos preocupe, sí nos gustaría que esto se resolviera a la mayor rapidez para garantizar que esta inversión viene a España y no a otro país como Japón”.

Este episodio es el último de los numerosos encontronazos entre Moncloa y la Puerta del Sol, muchos de ellos en torno a cuestiones que el PP madrileño considera ideológicas y que, a su juicio, Rajoy está incumpliendo: la gestión del 'caso Bárcenas', las subidas de impuestos y la política en relación a los presos etarras (desde Bolinaga hasta la doctrina Parot).

Hace apenas dos semanas, la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, criticaba la gestión del Gobierno con estos argumentos: “Hay que bajar los impuestos, hay que cumplir el programa electoral. Ortega Lara fuera del partido y Bolinaga en la calle”. Lo dijo en la Cope: “No se ha podido cumplir en la primera parte de la legislatura porque han encontrado una situación económica peor de lo que esperaban. [...] Viendo los primeros atisbos de recuperación, que no tienen que ser triunfalistas, (...) pero sí muy positivos, ha llegado el momento de cumplir el programa electoral. Como los hemos subido [los impuestos] 30 veces, ha llegado el momento de bajarlos”.

Un claro ejemplo de este discurso divergente con el del Ejecutivo en relación con los presos de ETA fue cómo el PP madrileño confirmó su asistencia en pleno a la concentración de las víctimas del terrorismo mientras Moncloa se ponía de perfil y Génova se veía superada por las circunstancias.

Pero no sólo es eso. Otro elemento de agravio que abandera la Comunidad de Madrid es la financiación autonómica. La propia Aguirre acusó a Cristóbal Montoro de “castigar a los ciudadanos” con el “déficit a la carta”: “La resolución ministerial castiga a los buenos y premia a los malos”, escribió la presidenta del PP madrileño en su artículo semanal del diario ABC sobre el ministro de Hacienda.

El sueño de Eurovegas ha saltado por los aires, si es que alguna vez tuvo intención de hacerse realidad. El Gobierno de Mariano Rajoy ha dicho “no” a las exigencias de Las Vegas Sands y ésta retira su propuesta. Es decir, el Ejecutivo no ha pasado por el trance de aprobar una beneficiosa fiscalidad propia que hubiera permitido a la compañía blindarse ante cualquier cambio legislativo y ante posibles pérdidas; modificar la legislación para eliminar el juego online, al que Sheldon Adelson ve como un enemigo de su negocio; y la recalcada solicitud de permitir fumar en sus casinos.

“El proceso ha sido extremadamente minucioso y, mientras el Gobierno y muchos otros, han trabajado con diligencia en este esfuerzo, no vemos un camino con los criterios necesarios para sacar adelante este proyecto a gran escala. Como resultado, no vamos a continuar persiguiendo esta oportunidad”, asegura Sheldon Adelson a través de un comunicado. Adiós a los 35.000 millones de dólares (más de 25.000 millones de euros) que iban a convertir la Comunidad de Madrid en un nuevo maná económico, con la supuesta creación de más de 200.000 puestos de trabajo y la puesta en marcha al sur de la capital del mayor centro de ocio, hoteles y casinos que se hubiera visto nunca en Europa.

“Tenemos que agradecer a mucha gente que ha dedicado su tiempo y su energía a este proyecto”. “El Gobierno de España, y especialmente el de la Comunidad de Madrid, ha perseguido esta oportunidad teniendo en mente el interés de los ciudadanos españoles”, señala en el mismo comunicado el consejero delegado de la compañía, Michael Leven, el mismo que hace unos meses daba por hecho Eurovegas en una rueda de prensa multitudinaria acompañado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Y Adelson matiza: “Como presidente y consejero delegado, mi papel no es sólo crear una visión de futuro para la compañía, también lo es conseguir los mejores intereses para nuestros accionistas. Desarrollar centros turísticos integrados en Europa ha sido mi idea desde hace años, pero hay un tiempo y lugar para todo y ahora nuestra atención se centra en el fomento de los países asiáticos, como Japón y Corea”. Y, ahí, en Japón están puestas sus esperanzas, porque Eurovegas no ha muerto antes de nacer por falta de entendimiento con Mariano Rajoy. Detrás hay mucho más.

Sin financiación y con la mirada puesta en Japón

Sin financiación y con la mirada puesta en JapónEl principal problema: el dinero. Las Vegas Sands nunca ha tenido la financiación para el proyecto. Los bancos no le han dado carta blanca, entre otras cosas, porque el grupo está inmerso en un complejo proceso de renegociación de su deuda actual. Según su última presentación de resultados, su endeudamiento con la banca alcanza los 9.767 millones de dólares (más de 7.000 millones de euros). Y, desde principios de diciembre, está negociando con Bank of America, Merrill Lynch, BNP Paribas y Goldman Sachs, unos términos de pago más beneficiosos.

Además, en el firmamento de Adelson, España ya no era la estrella con más brillo. Desde hace tiempo, su mirada está puesta en Japón, donde el Ejecutivo promueve una ley, que podría estar lista en enero, que permitirá por primera vez la industria de los casinos y convertirá Japón en el tercer mercado mundial del juego, por detrás de Estados Unidos y de Macao, el paraíso de los casinos en China.

De hecho, Sheldon Adelson llevaba semanas oyendo recomendaciones para aparcar su proyecto madrileño y centrarse en el país del sol naciente. Uno de los últimos consejos llegó de la agencia de calificación Fitch, que, en el último informe sobre la compañía estadounidense, destacó las pegas del proyecto español y los posibles beneficios que le reportaría la apuesta japonesa. Fitch recalca, además, “la debilidad económica de Europa” como un factor clave que debe tener en cuenta. “La primera fase del proyecto costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares (entre 5.800 y 8.700 millones de euros al cambio actual), seguida de otras dos fases más con un coste total de más de 36.000 millones de dólares”, señala la agencia de calificación que, además, incide en que Eurovegas está condicionada tanto a recibir el visto bueno de las administraciones públicas españolas como a “un paquete de subvenciones e incentivos”. Algo que ya no llegará.

Por ello, Fitch lanzó una clara recomendación a Adelson: que se centrase en sus opciones asiáticas. “Japón está considerando la legalización” de los megaresorts de casinos. Una “legislación que está respaldada por el actual partido en el Gobierno y que puede estar aprobada a principios de 2014”, señala la firma de calificación. Sin embargo, le pone un 'pero': que el Gobierno nipón puede imponer a los inversores interesados en el prometedor mercado del archipiélago que vayan de la mano de un socio local, y puede limitar el número de licencias de juego que se permitan, por ejemplo, en grandes ciudades como Tokio y Osaka.

Por ello, Adelson tendría que ponerse las pilas. “Las Vegas Sands puede estar en la lista corta de candidatos que logren una licencia, dado su perfil financiero y su exitosa trayectoria en el desarrollo de resorts en Singapur, Macao o Las Vegas. A diferencia de España, Fitch vería positivamente la posibilidad de invertir en Japón”, concluye.

Si se cumplen las previsiones, la compañía del magnate estadounidense será una de las primeras en ponerse en marcha, junto a otras grandes multinacionales como MGM Resorts International o Caesars Entertainment. No en vano las previsiones vaticinan que los casinos nipones pueden llegar a suponer unos ingresos de 10.000 millones de dólares al año (alrededor de 7.249 millones de euros). Detrás de este movimiento del Gobierno nipón, encabezado por el Partido Liberal Democrático, está, en gran medida, la necesidad de dotarse de una mejor oferta hotelera de cara a los Juegos Olímpicos de 2020, donde Tokio se alzó con la victoria y Madrid vio cómo se esfumaba, de nuevo, la posibilidad de ser olímpica.

Pero estas no son las únicas críticas que Sheldon Adelson ha tenido que escuchar. Antes del verano las dudas sobre el proyecto llegaron desde Deutsche Bank, que veía insalvables las condiciones planteadas por el grupo estadounidense para poner en marcha Eurovegas. Alcorcón tampoco era una opción de éxito para JP Morgan que, simplemente, aseguró hace unas semanas que abandonar su megacomplejo en España podría ser “un catalizador” para su negocio.

Eurovegas abandona Madrid porque está buscando otros destinos. Fuentes del Gobierno han extendido el mensaje de que ha rechazado algunas condiciones de la empresa que pretendía instalar el macrocomplejo en Alcorcón, que pasaba por revertir toda la inversión que realizara, más las perdidas que se podrían generar ante un posible cambio normativo.

Ante esta situación los interlocutores del Gobierno se opusieron unas condiciones que para los representantes de Sheldon Adelson eran innegociables. Pero la decisión de poner fin al proyecto es de la empresa.

A lo largo de esta mañana está previsto que la empresa haga público un comunicado explicando la situación. Las Vegas Sands está buscando otros destinos para el macrocasino porque la negociación se ha dilatado demasiado en el tiempo. En estas fechas la construcción del macrocasino debería haber arrancado. Los flecos que quedaban pendientes eran competencia del Estado central, en concreto la petición de Adelson de permitir fumar en el local y las cuestiones relativas a los impuestos.

Ampliación: Los verdaderos motivos del adiós de Eurovegas

En enero de 2011, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entraba en vigor aprobada por inusual consenso la ley española de medidas contra el tabaquismo. Prohibía fumar en todo espacio público cerrado, modificando la anterior, vigente desde 2006, que impedía fumar en centros laborales pero lo permitía, bajo ciertos criterios, en locales de ocio como bares, restaurantes o discotecas, lo que en la práctica hizo que se siguiera fumando en la mayoría.

Esa legislación previa se conoció internacionalmente como el “modelo español” y su cambio fue afanosamente combatido por el lobby del tabaco formado por industria y sectores pantalla más aceptables a los que ésta financiaba, como el hostelero, cuyas alusiones a un impacto económico negativo que nunca ocurrió impidieron una prohibición total inicial. La clave de ese interés: poder fumar en lugares de entretenimiento mantiene la aceptación social del principal factor de riesgo de muerte evitable en el mundo.

Pese a ser una droga aceptada, el tabaco mata más que el resto de drogas juntas, seis millones de personas al año en el mundo. El gasto derivado del tabaquismo en España se calculó en casi 15.000 millones de euros en 2005. Frente a ello, la ley vigente es todo un éxito. Los fumadores han caído del 26,2% de la población en 2006 al 23,95% en 2012, los ataques al corazón se han reducido un 11% desde 2006 –lo que augura mayores descensos desde 2011– y el tabaquismo pasivo ha disminuido un 70%, la mayor bajada de la UE.

Además, una creciente mayoría respalda la ley. Piénselo, ¿no resulta cada vez más extraño que alguien fume a su alrededor? Incluso ha tenido un impacto internacional al adoptar otros países leyes similares. En cambio, de haberse mantenido el “modelo español”, las tabacaleras habrían podido abanderar su exportación a los países pobres o en desarrollo, de mayor interés comercial, pues en ellos habitan 800 de los 1.000 millones de fumadores globales.

Las trabas para modificar la legislación fueron descritas por el British Medical Journal y ampliadas en el dossier de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud España, campo de pruebas de las tabaqueras. Entre otros datos, se destacaba que la tabacalera Phillip Morris financiaba la Federación Española de Hostelería (FEHR) con entre 48.000 y 60.000 euros al año, o cómo la publicidad de tabaco era la principal fuente de ingresos del beligerante Club de Fumadores por la Tolerancia. Ambos colectivos no han tardado en apremiar a que eventuales cambios legislativos se extiendan a toda la hostelería.

Cabe decir que la Comisión Europea considera que el impacto económico en la hostelería de las restricciones al tabaco en la UE ha sido neutral e incluso positivo, excepto quizás en los locales de juego. La evidencia científica, que abrumadoramente descarta un impacto negativo global, tampoco ha rebatido el esgrimido específicamente para los casinos. Lo que sí se ha constatado claramente son los efectos en la salud debidos a la relación de tabaquismo y juego. El tabaco produce efectos neuroquímicos que aumentan el deseo de jugar y el nivel de tabaquismo se relaciona con la gravedad de la ludopatía y la cantidad de dinero gastada. ¿Hacemos juego también con la salud?

Durante las deliberaciones previas a estas leyes, el PP vivió tensiones internas. Ciertos miembros del ámbito sanitario eran partidarios de una ley restrictiva frente a otros vinculados a sectores económicos. El debate específico sobre si autorizar o no fumar en los casinos, revivido tras las demandas de Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands, para hacerlo en Eurovegas, ya fue entonces intenso, en parte por la amistad entre un destacado miembro popular de la comisión de sanidad y uno de los mayores empresarios del juego en España.

Los empresarios argumentaban lo que siempre han promovido las tabacaleras: un buen sistema de ventilación conseguiría una calidad aceptable del aire, algo que parece querer permitir ahora Sanidad. Pero los sistemas de ventilación nunca han demostrado mitigar el tabaquismo pasivo y, para más inri, no existe legislación que regule el estándar de calidad del aire interior –ni es previsible que exista–, con lo que, ¿quién decide cuán suficientemente bueno es ese aire?, ¿el propio casino?, ¿el fabricante del extractor?

Muchos de los vínculos entre tabacaleras y hostelería se conocen a raíz de la desclasificación de miles de documentos de la propia industria tras los acuerdos alcanzados entre ésta y numerosos estados de EE UU en 1998, lo que les permitió eludir onerosos procesos judiciales. Esos documentos muestran también vínculos con la industria del juego internacional desde los noventa.

En Estados Unidos, el principal fue con la American Gaming Association (Asociación Americana del Juego, AGA por sus siglas en inglés), el mayor lobby de los casinos en EEUU. A través de sus contactos con la AGA, las tabacaleras presionaron al menos hasta 2003 a la industria de la calefacción, refrigeración y el aire acondicionado para que argumentara que la ventilación de los espacios con humo era una solución “aceptable” para reducir el humo del tabaco.

Aunque ningún experto consultado conoce vínculos directos entre Adelson y las tabacaleras ni aparece información relevante entre los citados documentos desclasificados, Mike Leven, consejero delegado de Las Vegas Sands, es miembro del consejo directivo de la AGA y el propio Adelson es miembro de honor en su Salón de la Fama. En 2006 Adelson se mostró a favor de una legislación débil sobre el tabaco en Nevada, estado matriz de sus negocios, y, como ha hecho con otros simpatizantes del Tea Party, ha financiado intensamente a su amigo Newt Gingrich, relevante candidato a la nominación presidencial del Partido Republicano en 2012 y recalcitrante opositor a regulaciones estrictas contra el tabaco, industria que también ha financiado ampliamente sus campañas electorales.

El Partido Republicano bloquea la ratificación por parte de EE UU del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y recientes pruebas han destapado cómo el Tea Party, combativo contra legislaciones restrictivas, lejos de ser un movimiento espontáneo nacido al albur de la contienda electoral en 2009, es un movimiento fraguado décadas antes, en parte impulsado y financiado por el lobby del tabaco.

En España y Europa también conocemos la amplitud de estos tentáculos. Recientemente, los presidentes de cinco autonomías productoras de tabaco (Extremadura, Andalucía, La Rioja, Canarias y Cantabria) no tuvieron pudor en firmar un documento en el que se oponían a la nueva directiva contra el tabaco que debate la UE durante una reunión celebrada en la sede de la tabacalera Altadis. Y algunos miembros de la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea reconocen que la fulminante dimisión forzada por Barroso del excomisario de salud John Dalli –principal impulsor de esa nueva directiva– puede estar relacionada con estrategias de las tabacaleras, lo que supondría un escándalo mayúsculo.

Aunque nuestra actual ley sólo se ha debilitado una vez, durante el Gobierno de Zapatero tras las presiones de El Corte Inglés para que se permitiera la venta de productos del tabaco en tiendas de conveniencia como las de su cadena Opencor, la combinación de políticas neoliberales, crisis económica y los cantos de sirena de Adelson han vuelto a ponerla en jaque.

Quizás sus demandas las motive exclusivamente el interés económico, pero la ciudadanía debe conocer la amplia red de actores que pueden estar jugando en el tablero. Que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, pida debilitar la ley y critique al sector sanitario que la defiende es surrealista y reprobable, pero que su responsable sanitario, Javier Fernández Lasquetty, o la ministra de Sanidad, Ana Mato, se plieguen al argumentario economicista es inadmisible. Las autoridades sanitarias deben tener clara su prioridad y rechazar presiones intolerables. Si no, que se dediquen a otra cosa.

En este ambiente de precuela que vive Madrid previo al desembarco de Eurovegas, si es que finalmente llega el día en el que bajan los escudos legales y desciende el portón de entrada a los terrenos prometidos, Madrid se abre a la cultura de la ruleta y el blackjack.

Hasta hace poco la Ley del Juego regional mantenía los casinos a una distancia mínima de 29 kilómetros respecto a la Puerta del Sol. Por ello es esa la tirada que separa el veterano —acaba de cumplir 32 años— Gran Casino Madrid, situado en Torrelodones, de la capital. El Gran Casino Aranjuez está aún más lejos, a 47 kilómetros hacia el sur. Pero desde esa misma Puerta del Sol, desde un despacho con vistas a las revoluciones, a las tiendas de abanicos y mantones y a los locales de máquinas tragaperras, Esperanza Aguirre decidió allanar el terreno a la película que estaba por venir: la penetración del complejo internacional Eurovegas o los eufemísticamente denominados Centros Integrados de Desarrollo.

A finales de 2012, una nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas modificaba la regulación anterior para permitir “salas apéndice” de los casinos ya existentes, de menor tamaño, en su mismo municipio, o en otro. Obviamente, el municipio ansiado, deseado, era la propia villa de Madrid. Los madrileños podrían ir a apostar rojo y par en metro, o incluso andando. Esta concesión se interpretó como un balón de oxígeno, una nueva parcela de mercado, una vía de beneficio para ganar terreno antes de que Adelson llegara y se lo comiera todo.

Es importante destacar que la Ley 8/2012 excluye a los Centros Integrados de Desarrollo de la posibilidad de abrir sucursal. Eurovegas sí, pero en Alcorcón. Con la Ley en la mano, los casinos españoles se lanzaron a buscar un sitio adecuado para plantar el apéndice. Comar, la empresa coruñesa matriz del Casino de Aranjuez, encontró su nueva sede en el número 24 de la Calle Gran Vía, junto a la Red de San Luis, a la orilla de la calle Montera. Gran Casino Madrid, el de Torrelodones, no se fue muy lejos: prepara su sucursal en el Paseo de Recoletos, en esa encrucijada que es la Plaza de Colón, junto al Museo de Cera, en el edificio que años atrás fuera uno de los emblemas de Telefónica, hoy remodelado.

Crupier, profesión inesperada

Las obras de ambos casinos van a toda prisa y ni unos ni otros quieren revelar su fecha de apertura, aunque todo indica que podría suceder casi a la vez. “Esperamos poder abrir este año” dicen desde Comar. “Antes de que concluya el año” coinciden desde el Grupo de Empresas Gran Madrid, su competencia directa.

Con un tope de 65 máquinas de juego y un máximo de 1.000 metros cuadrados —sin contar el espacio que ocupen las propias máquinas— los nuevos casinos madrileños ofrecen trabajo en un empleo que parece en alza, el de crupier. Margarita (nombre falso) estaba en el paro y nunca antes se le había ocurrido trabajar de croupier, hasta que vio una oferta de trabajo en Infojobs. Tiene 32 años, vive con su padre pero tiene un novio desde hace 11 meses con el que no ha podido irse a vivir. “Tal y como están las cosas, me pareció una buena idea” nos cuenta, “sobre todo por la perspectiva de empezar a trabajar en septiembre”.

Pero Margarita no ha empezado a trabajar en septiembre en el Casino de la Gran Vía, como ella esperaba. Infojobs publicó en febrero un anuncio buscando crupieres para un nuevo casino que abriría seis meses después. Los aspirantes realizaron dos entrevistas, una prueba de cálculo y una entrevista personal antes de ser admitidos en el curso de formación (no remunerado). Los que finalmente fueron seleccionados y entraron en la Escuela de Croupiers se despidieron de las vacaciones de verano, sin importarles gran cosa, ya que tenían ante sí una vía de salida inminente al desempleo.

“Llegado el 12 de agosto y habiendo hecho la prueba de vestuario nos comunican que hay una suspensión del curso hasta el 16 de septiembre” explica sobre el retraso en la inauguración Felipe, otro futuro empleado de ese casino, oculto también bajo pseudónimo. “La sorpresa fue general, ya que en un primer momento se dijo que si se retrasaba la apertura se daría todo el mes de agosto libre. Hasta ese momento no había puentes ni días libres, ya que había mucha prisa. Pero a la vuelta de ese descanso nos encontramos con que todo ha cambiado, el ambiente es cada vez más relajado. Se dice que el 31 de octubre se abrirá el casino de Gran Vía, pero nadie lo ve claro, ya que la obra no va tan avanzada como para que se abra en esa fecha”.

Un casino en apuros

Felipe y Margarita se han puesto en contacto con este periódico para denunciar lo que ellos llaman “posible engaño” o decepción con respecto a sus expectativas. Explican que la oferta anunciaba un sueldo de 1.300 euros brutos al mes pero una vez pasado el proceso de selección la empresa rebajaba “las condiciones laborales y salariales”, dejando la nómina en 1.180 euros, propinas incluidas. Según Margarita, el porcentaje de las propinas pasó de un 10 a un 5% y que aunque esperaba que su categoría laboral fuera crupier, afirma que “el director, Ángel Chaves, nos dijo 'hemos creado una categoría nueva para ustedes: serán aspirante a debutante de crupier'”.

Juana Abellaneda, directora de Marketing de Comar, explica a eldiario.es que “la información [que denuncian los empleados entrevistados] no es verídica, está fuera de contexto y no responde a la realidad” pero “por el momento preferimos no manifestarnos al respecto”.

No obstante, Abellaneda aclara que “cuando se convocó a la primera selección para la formación, se explicaron las diferentes categorías que existían en la actualidad en el casino de Aranjuez, pero de forma genérica. Cuando finalizó la selección de la escuela [de crupieres] y esta comenzó, se definieron las categorías exactas que hacían falta para el nuevo casino con sus sueldos correspondientes. En ningún caso antes de esta comunicación oficial se habló, ni se entregaron otras condiciones definitivas a los cursillistas”. La directiva añade que su empresa ofrece “más de 200 puestos de trabajo para crupier con las categorías necesarias y sueldos correspondientes, cada persona es libre de aceptarlas o de abandonar la formación, ya que la información oficial se dio al inicio del curso”. Además de los nuevos contratados, Comar reubicará a empleados de sus otros nueve casinos repartidos por España.

Macrocasinos y minicasinos, la amenaza fantasma

Pero este año no ha sido fácil para los empleados de esta empresa de juego, nacida al calor de un negocio de máquinas tragaperras en A Coruña, fundada por José Collazo Mato, dueño del Hotel Atlántico y de las salas recreativas DivierTT. En septiembre de 2012 comenzó a aplicarse un ERTE a 190 trabajadores, dejando a la mitad de la plantilla durante seis meses en casa. En 2011 el Casino de Aranjuez contabilizó unas pérdidas de 2,2 millones de euros. El ERTE finaliza el 1 de noviembre y, según Abellaneda, “no afecta a nada” en la contratación de crupieres para la Gran Vía.

Por su parte, la empresa que está ultimando el casino de Colón es más estable y se declara la líder del mercado del juego en Madrid, una comunidad autónoma que contabilizó 641.162 usuarios de casinos en 2012. A José María Paredes, jefe de Marketing del grupo, no le preocupa que su competidor directo vaya a instalar sus ruletas a 15 minutos andando de su nuevo local. Están acostumbrados a eso. Al contrario tampoco. “Lo que nos preocupa son proyectos de una naturaleza desconocida como Eurovegas, radicalmente diferente a las prácticas europeas”.

Respecto al macroproyecto de Las Vegas Sand, cuya negociación se ha llevado desde el principio de manera poco transparente y que recientemente ha representado un tira y afloja entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el central, la empresa del Casino de la Gran Vía admite que no les preocupa mientras “los beneficios fiscales y demás que les otorguen a ellos puedan ser extensibles al resto”. De donde se desprende que si el Ministerio de Sanidad modifica la Ley Antitabaco para que los clientes puedan fumar en Eurovegas, empresas como Comar pedirán lo mismo para su decena de negocios en España.

Lo que de verdad parece preocupar al Casino de Torrelodones y Colón es “proyectos como los 'minicasinos' de Castilla-La Mancha”, pensados por Cospedal en clave de competencia con Eurovegas y de inyección al sector. Una nueva Ley del Juego en esta Comunidad Autónoma -entra en vigor el 9 de noviembre- que relajará las exigencias para la apertura de locales y paliará así el éxodo de jugadores hacia la vecina Madrid. “Nosotros creemos en unos valores de seguridad, transparencia, rigor y garantías —explica Paredes— pero cuando se quieren irradiar 'minicasinos' en territorios tan próximos a Madrid, lejos de crear empleo lo que hacen es banalizar el juego”. “Habrá que ver qué piensa la gente —añade— cuando le pongan una ruleta junto al jardín de infancia y la panadería”.

Sheldon Adelson, el magnate del juego estadounidense que pretende instalar Eurovegas en España, de la mano de Esperanza Aguirre e Ignacio González, dio el martes por la noche su receta para negociar un desarme con Irán: lanzar un ataque nuclear. Adelson, uno de los principales donantes del Partido Republicano (unos 100 millones de dólares en el último año), aprovechó un foro en la universidad de Yeshiva (Nueva York) titulado ¿Existirán los judíos?, para dar su opinión sobre la política exterior que debería adoptar el presidente de EEUU, Barack Obama.

Cuando Adelson fue preguntado sobre los recientes movimientos de Obama con respecto a Irán, respondió: “¿De qué vamos a negociar? Lo que les diría es: 'Mira, ves ese desierto de ahí, pues quiero enseñarte algo'. Entonces, coges el teléfono, llamas a alguien en algún lugar de Nebraska y les dices: 'De acuerdo, adelante'. Y ahí va una bomba atómica, misiles balísticos, en el medio del desierto, donde no hieren a un alma. Quizá un par de serpientes de cascabel o escorpiones. Y, entonces, le dices: ”¿Ves? El siguiente va a ir al centro de Teherán. Estamos hablando en serio. ¿Queréis ser borrados del mapa? Seguid adelante y poneros duros con vuestro proyecto nuclear. ¿Quieren vivir en paz? Abandonen y le garantizamos que puede tener una planta nuclear eléctrica, energética'. Es lo único que entienden“.

37 expertos internacionales en tabaco y cáncer advierten en una misiva al presidente del Gobierno de que sería "insensato" ceder a las presiones del magnate Sheldon Adelson, y que la decisión tendrá "consecuencias negativas a largo plazo en la salud y la economía de España".

Indignados ante la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy rompa la ley antitabaco española, una referencia internacional, los mayores expertos del mundo en control del tabaquismo salen hoy en tromba a protestar por la actitud del Ejecutivo español. En una carta dirigida al presidente del Gobierno, que hoy publica Materia, casi 40 investigadores, procedentes de prestigiosas instituciones como la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Universidad de California en Berkeley, afirman tener “el deber científico” de advertir a Rajoy de que romper la ley “sería una iniciativa insensata y con consecuencias negativas a largo plazo en la salud y la economía de España, y para el control global del tabaquismo”.

Desde 2011, la ley antitabaco española prohíbe fumar en cualquier local abierto al público, pero el magnate estadounidense Sheldon Adelson ha exigido que se descafeíne la normativa para que se pueda fumar en Eurovegas, su proyecto para construir en Alcorcón hasta media docena de casinos, con 18.000 tragaperras y un millar de mesas para jugar al póquer, la ruleta y los dados.

En su carta, los 37 expertos firmantes recuerdan a Rajoy que “España tiene la obligación de proteger a la ciudadanía del humo del tabaco”, según los convenios de la Organización Mundial de la Salud firmados y ratificados por España.

“Fumo todos los puros que me da la gana”

El pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a entender que se podrá fumar en Eurovegas. Rajoy todavía no ha opinado en público, pero históricamente ha hecho declaraciones totalmente en contra de la ley antitabaco. En una entrevista publicada en El Mundo en 1997, el entonces ministro de Administraciones Públicas se declaraba “un fumador empedernido”, de una docena de puros diarios. Sobre la prohibición de fumar en el Consejo de Ministros, Rajoy declaraba: “Algunos ministros salen a echar un cigarrillo, pero si yo salgo a fumar un puro me puedo tirar hora y media, y no procede. Esa cultura represiva que se ha puesto tan de moda me genera indignación, lo que sucede es que en los sitios donde mando yo, establezco las reglas de juego y fumo todos los puros que me da la gana”.

En la misma entrevista, el hoy presidente del Gobierno se jactaba de su afición al juego y al tabaco, el cóctel que demanda Eurovegas. “Algunos sábados y domingos, cuando puedo, voy a un pueblecito de Toledo a comer migas con huevos fritos y a jugar al tute cabrón. Es un plan estupendo que recomiendo a cualquiera: migas, café, copa, puro y partida de tute cabrón”.

En otra entrevista para la revista El Fumador, en 1996, Rajoy afirmaba que fumar, más que un vicio, es “una virtud” y contaba una anécdota en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. “La consejera de Economía del Gobierno andaluz se presentó con un decreto que prohibía fumar y yo me acogí a que no estaban los carteles preceptivos y fumé uno de mis puros”, aseguraba.

Presiones de la industria tabaquera

Una de las firmantes de la carta a Rajoy, Anna Gilmore, catedrática del Centro para Estudios sobre el Control del Tabaco de la Universidad de Bath (Reino Unido), denuncia que “la industria tabaquera y sus aliados siempre están tratando de desmantelar las legislaciones antitabaco”. A su juicio, “su victoria en España les animará a continuar sus esfuerzos en otros lugares”.

“Un cambio regresivo en la ley antitabaco española será explotado despiadadamente por la industria tabaquera, que lo utilizará para decir que el Gobierno español cree que la prohibición de fumar tiene un efecto perjudicial sobre la economía, a pesar de que sabemos que todos los estudios independientes han mostrado que las prohibiciones o bien no tienen ningún efecto sobre los beneficios de los bares y restaurantes o aumentan el número de personas que los utilizan. Los únicos estudios que muestran efectos adversos están financiados por la industria tabaquera”, señala otro de los firmantes, Martin McKee, catedrático de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido), una de las mejores escuelas de salud pública del mundo.

La carta de expertos internacionales a Rajoy ha sido promovida por tres investigadores españoles: Esteve Fernández, del Instituto Catalán de Oncología y la Universidad de Barcelona; María José López, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona; y Ana Navas-Acien, de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg de EEUU.

“Una receta para el desastre”

El gerente de la Iniciativa Libre de Tabaco de la OMS, el español Armando Peruga, no aparece como firmante de la carta, aunque apoya su contenido al 100%. Si el Gobierno de Rajoy rompe la ley antitabaco, recuerda, estaría violando el artículo 8 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, firmado y ratificado por España. “Es un tratado cuyo incumplimiento no tiene consecuencias negativas, pero no deja de ser un golpe moral a las obligaciones internacionales que tiene España. Mandaría una señal muy negativa al resto de la comunidad internacional”, lamenta Peruga. El tabaco mata a seis millones de personas cada año en el mundo, según la OMS.

En su opinión, suavizar la ley antitabaco “abrirá una puerta por la que intentará pasar todo el mundo”. De hecho, la Confederación de Empresarios del Juego de Bingo en España ha escrito una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para quejarse de que “sería enormemente discriminatorio que se modificara la norma para contemplar la posibilidad de fumar en unos establecimientos de juego concretos (como Eurovegas), dejando al margen otros con las mismas características técnicas y que compiten en el mismo segmento de mercado”. En España hay 372 bingos y 39 casinos, según la Memoria Anual del Juego de 2012.

Peruga rechaza una de las opciones que baraja el Ejecutivo de Rajoy: permitir que se fume en salas sin camareros ni crupieres. “Está demostrado que el humo se expande y pasa a otras zonas del local. Además, las toxinas del humo permanecen en el ambiente al menos 24 horas, por lo que el personal de limpieza estaría expuesto”, afirma. “Es una receta para el desastre, que beneficiará a una industria que se lucra del sufrimiento y la muerte. Si los gobiernos quieren proteger la salud de la población, deben enfrentarse a las tabaqueras”, zanja.

Un mal ejemplo para América Latina

“Si tienen éxito, la industria tabaquera y el sector de los casinos utilizarán España como ejemplo”, coincide otro de los firmantes de la carta, Gary Giovino, que fue jefe del departamento de Epidemiología de la Oficina de Tabaco y Salud de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU.

“La industria del tabaco promovía por todo el mundo la antigua ley antitabaco en España, que era débil, particularmente en América Latina. Cuando España aprobó la actual ley, fuerte, las autoridades de todo el mundo tomaron nota”, opina el médico Stanton Glantz, director del Centro para la Investigación del Control del Tabaco en la Universidad de California en San Francisco (EEUU). “Si el Gobierno español cede ante Adelson, las tabaqueras volverán a promocionar España como modelo”, sostiene.

Un estudio de Glantz mostró en agosto que las llamadas a ambulancias aumentan un 20% cuando se permite fumar en los casinos. “Las legislaciones libres de humo reducen los infartos, los derrames cerebrales, el asma y otros problemas de salud casi de manera inmediata. Cambiar la ley española implicaría un mayor número de personas en el hospital, lo que cuesta mucho dinero”, subraya el investigador estadounidense.

“La obligación de proteger la salud de los ciudadanos de un país es moral”, lanza Joanna Cohen, directora del Instituto para el Control Global del Tabaco de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. En los próximos días se sabrá hasta dónde llega la moral del “fumador empedernido” Mariano Rajoy.

Lee la carta de los 37 expertos remitida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y en inglés.

Siempre que a la vicepresidenta del Gobierno se le pregunta si se podrá fumar o no en Eurovegas, su respuesta se limita a una serie de frases hechas en las que evita implicarse en un asunto que resulta muy polémico. Hace unos meses indicaba de forma categórica que no se contemplaba el cambio. Más recientemente ha comentado que el Gobierno central no tenía encima de la mesa ninguna petición concreta de modificar la ley en ese sentido. Este viernes ha cambiado de actitud. Soraya Sáenz de Santamaría ha deslizado que dejar fumar en los casinos de Eurovegas está casi hecho.

La vicepresidenta ha explicado que el proyecto de Sheldon Adelson y su exigencia de que se pueda fumar en sus casinos está “en fase de evaluación” por parte de las diferentes Administraciones implicadas y ha citado expresamente al Gobierno central. Después, la número dos del Ejecutivo ha explicado en la rueda posterior al Consejo de Ministros que los periodistas ya tenían “alguna posición de los ministros más implicados al respecto”. De esa forma tan sutil, Sáenz de Santamaría evitaba una respuesta categórica pero indicaba que el Gobierno está decidido a apoyar que se permita fumar en Eurovegas escudado en la creación de empleo que comportará la instalación del complejo en Alcorcón (Madrid).

Los ministros más implicados al respecto no son otros que la titular de Sanidad, Ana Mato, y el de Industria, José Manuel Soria. Después de varios meses jugando al despiste, en las dos últimas semanas no han tenido problemas en avanzar que darán vía libre a la modificación porque no se pueden negar a la creación de puestos de trabajo. La primera fue Mato, que defendió que no es incompatible velar por la salud de los ciudadanos y levantar el veto al tabaco.

Salas cerradas y sin camareros

La fórmula que le permite defender esa teoría es modificar la normativa que lo prohíbe actualmente para autorizarlo en salas completamente cerradas y donde no entre nadie más que el que quiera fumar. De esta forma, los jugadores que fumen podrán hacerlo en espacios donde solo habrá máquinas tragaperras o de otros juegos de azar. Sin camareros. Si quieren comer o beber algo, los clientes deberán comprarlo antes para que funcione en régimen de autoservicio. Así, Sanidad e Industria pueden esgrimir que ningún trabajador se ve perjudicado por el humo del tabaco aunque persisten las dudas de cómo puede afectar a los que deban limpiarlas después.

La presión de los dirigentes de la Comunidad de Madrid ha sido muy fuerte en los últimos meses. Ignacio González, Javier Fernández-Lasquetty y otros consejeros no han disimulado su contrariedad cuando el Gobierno de Mariano Rajoy miraba hacia otro lado. En cuanto Mato y Soria abrieron la mano, los dirigentes madrileños pasaron a un estado cercano a la euforia ante el temor de que Adelson dé marcha atrás en su proyecto. El magnate del juego insiste en que quiere ver los cambios legislativos hechos antes de comprometerse más porque así, dice, tiene “seguridad jurídica”. El Gobierno prefiere asegurarse de que la primera piedra no tardará en ponerse ante el temor de cambiar la ley a su antojo y que después no se concrete el proyecto, pero los cambios sirvan para otros casinos.

El 9 de septiembre del año pasado, ABC sacaba esta contundente portada. Hoy, más de 365 días después, Eurovegas no termina de arrancar. El “proyecto para soñar” que iba a crear 261.000 puestos de trabajo está en punto muerto y cada vez más rodeado de polémica.

Como ya publicó eldiario.es, el presidente madrileño Ignacio González está convencido de que el proyecto podría esfumarse por la lentitud del Gobierno en modificar la Ley del Tabaco. Ha trabajado a conciencia para crear un marco legal adaptado a las exigencias marcadas por el magnate Sheldon Adelson, pero parece que no es suficiente. El Gobierno, por su parte, responde que, si la instalación del complejo de casinos se tambalea, es debido a la falta de financiación y acusa a la Comunidad de Madrid de no haber tomado “ninguna iniciativa legal” para complacer una de las condiciones impuestas por Adelson: que se pueda fumar en los casinos.

Aunque hasta hace poco el Gobierno negaba que se hubiera puesto en marcha cualquier modificación de la normativa antitabaco, en las últimas semanas la ministra Ana Mato ha abierto la mano y ha dicho que la ley hay que “hacerla compatible” con todas las posibilidades que puedan comportar la creación de empleo. Pero no ha sido la única. José Manuel Soria, al frente de la cartera de Industria, ha abogado por “compatibilizar salud e inversión” para resolver “cuanto antes los asuntos pendientes” relacionados con el macrocomplejo hotelero.