Una tarde de marzo de 2014, mientras informaba sobre la operación encubierta de Rusia para anexionar Crimea, me crucé con una silueta familiar. Con su complexión musculosa y su reluciente cabeza rapada, Pablo González era muy reconocible desde lejos. Conocí a González, un periodista freelance del País Vasco, en un curso de formación para reporteros que trabajan en zonas de conflicto. Y coincidíamos precisamente en una zona que tenía el riesgo de convertirse en una de ellas.

González estaba acompañado de un periodista ucraniano, que tenía contactos en la base militar sitiada que yo estaba investigando. Consiguió la manera de que pudiéramos entrar los tres. Allí nos encontramos un destacamento de marines ucranianos que estaban al límite. En el exterior, una multitud de lugareños gritaba consignas prorrusas, pero según los militares, esa gente no era más que la tapadera del Ejército ruso. Esperaban la visita inminente de un general ruso, y acordaron que podíamos dejar una grabadora en la base, para registrar la conversación a escondidas.

Tiempo después, recibí el audio del intenso encuentro que se produjo a continuación, en el que un hombre que se identificó como un general de alto rango del Ejército ruso dio a los marines un ultimátum para que se rindieran, lo que provocó protestas. La grabación era una prueba fehaciente de que los desmentidos de Vladimir Putin sobre la labor de coordinación de Moscú en Crimea no tenían sentido. Fue como escuchar una parte de la historia en tiempo real: la primera anexión de territorio por la fuerza en la Europa del siglo XXI. Le agradecí a González su ayuda en la elaboración de este reportaje, pero después de aquel día no volví a verle.

Ocho años después, en la madrugada del 28 de febrero de 2022, González fue detenido en la ciudad polaca de Przemyśl. Fue pocos días después del comienzo del último y más brutal episodio de la invasión de Ucrania por parte de Putin. De hecho, en la base de Crimea nosotros habíamos sido testigos del germen de esa invasión. Un escueto comunicado de las autoridades polacas decía que González era sospechoso de “participar en actividades de un servicio de inteligencia extranjero”. Afirmaban que era un agente del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso. González se enfrentaba a una pena de hasta 10 años de cárcel.

En aquel momento, la noticia apenas tuvo repercusión, ya que el foco mediático estaba en la ofensiva de Rusia sobre Kiev. Pero unos meses más tarde, una afirmación sobre González llamó mi atención. Richard Moore, jefe del servicio británico de inteligencia exterior MI6, aprovechó una infrecuente aparición pública para anunciar que González había estado “haciéndose pasar por un periodista español”. En realidad, según Moore, se trataba de un “ilegal”, un espía ruso encubierto que suele apropiarse de una identidad extranjera para misiones de larga duración en el extranjero. Los ilegales suelen pasar años entrenándose para hacerse pasar por extranjeros de forma convincente. Las autoridades polacas creían que el nombre real de Pablo era Pavel y que había nacido en Moscú.

Los ilegales rusos siempre me han producido fascinación. De hecho, he escrito un libro sobre la historia del programa de espionaje, que se publicará en 2025. Y ahora había descubierto que tal vez yo me había cruzado con un ilegal en el terreno. Sin sospechar nada. Tal vez, aquel día en la base de Crimea, González tenía otra misión, además de la periodística.

Sin embargo, a los amigos y colegas españoles de González la afirmación del jefe del MI6 no les convenció. Indicaron que González nunca había ocultado ni negado su vinculación familiar con Rusia. De hecho, sus amigos del País Vasco lo llamaban Pavel, o “el ruso”.

Pasaron dos años desde la detención. Polonia no presentó pruebas al público ni fijó fecha para el juicio. ¿Se habían ensañado las autoridades polacas con un periodista inocente, malinterpretando sus raíces rusas como algo más siniestro? La esposa de González, Oihana Goiriena, afirmó que su prolongada detención tenía como objetivo doblegarle. “Nuestra hipótesis es que, a falta de pruebas, quieren destruirle moral y emocionalmente para que firme la confesión que le pongan por delante”, declaró a un periodista español tras una inusual visita a la cárcel para ver al padre de sus tres hijos.

Más tarde, en agosto de 2024, se produjo en el aeropuerto de Ankara, Turquía, el mayor canje de prisioneros entre Rusia y Occidente desde el final de la Guerra Fría. Rusia liberó a un grupo de presos, así como a varios detenidos extranjeros recluidos en cárceles rusas, entre ellos el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich. A cambio, varios rusos detenidos en Occidente regresaron a su país. Un avión del gobierno ruso los recogió en Ankara, y la televisión estatal les estaba esperando cuando el avión aterrizó en Moscú. Putin también les estaba esperando a pie de pista. Una guardia de honor se colocó a ambos lados de una alfombra roja, para los primeros pasos de los repatriados en suelo ruso.

El primero en salir fue Vadim Krasikov, condenado por asesinar a un disidente checheno en un parque de Berlín. Después salieron un matrimonio de “ilegales” detenidos en Eslovenia, que habían pasado más de una década en el extranjero haciéndose pasar por argentinos. Bajaron la escalinata hacia Putin con sus dos hijos pequeños, que acababan de descubrir que en realidad eran rusos. A continuación, llegó un hombre alto, calvo y barbudo, con una camiseta de 'La guerra de las galaxias' en la que se leía “Tu imperio te necesita”. Era Pablo González.

Putin se reunió con los repatriados en el interior de la terminal del aeropuerto y les dijo: “Todos recibiréis condecoraciones estatales, y volveremos a vernos para hablar de vuestro futuro. Por ahora, sólo quiero felicitaros por vuestro regreso a casa”. 

Para algunos defensores de González, éste fue el momento en que se derrumbaron sus convicciones sobre su inocencia. “Durante los dos últimos años siempre estuve defendiendo a Pablo, diciendo que tenía derecho a un juicio con garantías e imparcial”, me dijo un amigo, colega periodista. “Pero hay que ser muy ingenuo para pensar que Rusia va por el mundo rescatando periodistas. Creo que con este apretón de manos [con Putin], ha quedado demostrada su culpabilidad”.

Otros amigos siguen convencidos de su inocencia. González está en Moscú y niega haber tenido nunca vínculos con los servicios de inteligencia rusos, según su abogado en España, Gonzalo Boye, que sigue hablando con él por teléfono regularmente. Boye me dijo que el hecho de que Polonia mantuviera a González en prisión preventiva durante más de dos años sin ponerlo nunca ante un juez era una prueba de que el caso tenía irregularidades. “Si tienes un caso clarísimo de espionaje, presentas los cargos y vas a juicio”, me dijo. “¿Desde cuándo en Europa se pueden hacer las cosas de esta forma?”.

En las semanas transcurridas desde el intercambio de prisioneros, he entrevistado a muchas personas que conocieron a González en Europa y en Rusia. También me he reunido con funcionarios y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia de Polonia y Ucrania, he hablado con personas familiarizadas con las pruebas que Polonia tiene contra él y he investigado su historia familiar. Esperaba responder a algunas de las preguntas que se hacen muchos conocidos de González. ¿Existía alguna posibilidad de que fuera un periodista inocente, acusado injustamente? O si realmente era un espía ruso, ¿cuándo fue reclutado? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Y cuánto daño ha podido hacer?

Héroe durante el secuestro

Conocí a González en 2011, en un curso para periodistas de una semana en la campiña galesa. A medida que fui reconstruyendo la historia de su vida, me di cuenta de que había sido un año clave para él. Empezó a escribir sus primeros artículos periodísticos para Gara. Se casó con su novia española en una ceremonia celebrada en la localidad de Gernika. Y en noviembre se marchó a Gales.

El curso, impartido por exmilitares del ejército británico, pretende dotar a los periodistas de los conocimientos necesarios para sobrevivir en zonas de guerra o en situaciones de elevado estrés. Hay un componente de primeros auxilios de valor incalculable, así como simulacros de valor más dudoso. En ese curso en concreto, en uno de los simulacros, nos subieron a varios vehículos y nos dijeron que imagináramos que las carreteras secundarias de la Gales rural eran en realidad el Perú más profundo. Pocos minutos después de emprender una “misión de información”, nuestros todoterrenos fueron parados por dos hombres con pañuelos (personal del curso interpretando el papel de revolucionarios), que gritaban furiosamente y agitaban rifles automáticos. Uno de ellos se identificó como un revolucionario de Sendero Luminoso y dijo que probablemente nos fusilarían a todos.

Mientras nos llevaban a punta de pistola por el bosque, González, en lugar de acceder a las exigencias de los captores, les increpó furioso. Finalmente, consiguió convencer a los secuestradores de que nos liberaran a todos. “Vaya, este tipo es un héroe”, recuerda que pensó entonces James Brown, que más tarde hizo carrera en el ámbito de la ayuda humanitaria. “Pero ¿es así como debemos responder si queremos salir con vida de una situación como esta?”. Se dio cuenta de que la línea entre ser un héroe y una persona que representa un peligro para un grupo es muy delgada, y no podía decidir en qué lado se situaban las acciones de González.

“Vaya, este tipo es un héroe”, recuerda que pensó entonces James Brown, que más tarde hizo carrera en el ámbito de la ayuda humanitaria. "Pero ¿es así como debemos responder si queremos salir con vida de una situación como esta?”

González se presentó ante nosotros como un periodista freelance español. Cuando me puse a investigar su pasado y contacté con otros compañeros del curso, nadie recordaba si había mencionado sus orígenes rusos. Pero sí recuerdo que era un narrador apasionado y divertido durante las largas y ebrias veladas que pasábamos en el bar del hotel. Recuerdo muy bien cómo una noche se subió a una estructura de madera suspendida sobre el mostrador y movió las caderas enérgicamente en el aire para ilustrar alguna anécdota. Más tarde, esa misma noche, tuvo una furiosa discusión con un corresponsal de Fox News. Ninguno de nosotros recuerda el origen de esa discusión.

Estas anécdotas –su comportamiento heroico durante el secuestro y la borrachera– coincidían con muchas de las anécdotas sobre González que me contaron las personas que lo conocieron en la década siguiente. En algunas, parecía un payaso bebedor; en otras, era una persona encantadora, hábil para forjar amistades y establecer contactos profesionales de alto nivel, a pesar de trabajar para medios españoles modestos. A menudo informaba desde zonas de guerra, y a veces demostró verdadera valentía. En una ocasión, durante un bombardeo en Nagorno Karabaj, ayudó a poner a salvo a dos periodistas franceses gravemente heridos.

No sé si en 2011, en Gales, o cuando coincidimos en Crimea en 2014, González ya se estaba preparando para la vida de espía. Pero en 2016, según los archivos de las autoridades polacas, ya era un espía en activo, que utilizaba su trabajo como periodista como tapadera para tener acceso a algunos de los principales enemigos del Kremlin.

En contacto con disidentes de Putin

Zhanna Nemtsova tenía 30 años cuando su padre fue asesinado en 2015. Boris Nemtsov, uno de los más duros críticos de Putin, recibió cuatro disparos por la espalda desde un coche que pasaba por su lado mientras caminaba hacia su casa por el centro de Moscú, una tarde de febrero de 2015. Unos meses después, tras recibir amenazas, Nemtsova decidió huir de Rusia. Desde el exilio, creó una fundación a nombre de su padre, con el objetivo de apoyar a los medios de comunicación independientes y al activismo político en Rusia. En enero de 2016, asistió en Estrasburgo a una reunión en la que se pidió a la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa que nombrara un relator especial para investigar el asesinato de su padre. Fue una medida simbólica pero, a falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades rusas, al menos fue un avance.

González había aparecido en el canal Russia Today, respaldado por el Kremlin, una de las cuales utilizó para acusar al gobierno prooccidental de Ucrania de pagar a un periódico español por una cobertura favorable

Durante una de las pausas del proceso, se acercó a Nemtsova un hombre alto y seguro de sí mismo, que hablaba en ruso pero con un ligero acento. Le dijo que se llamaba Pablo González y que trabajaba para Gara, un periódico del País Vasco. ¿Le concedería una entrevista? Nemtsova se negó cortésmente; nunca había oído hablar de Gara y tenía una agenda apretada. Pero González no se rindió fácilmente. Convenció a un amigo de Nemtsova para que hablara bien de él y, al final, ella accedió. “No recuerdo ninguna de las preguntas, lo que demuestra que no me preguntó nada raro”, me dijo Nemtsova en un encuentro reciente.

Tras su primer encuentro, Nemtsova incluyó a González en una lista de correo para los actos públicos de la fundación. Él siempre acudía, y poco a poco fue conociéndola mejor. A ella le parecía un tipo divertido y simpático. En algún momento, su relación se volvió romántica. A través de Nemtsova y sus socios, González conoció a muchos otros disidentes rusos. El Foro anual Boris Nemtsov era una de las pocas plataformas en las que se reunía la fragmentada oposición en el exilio, así como el cada vez menor número de opositores al Kremlin que aún permanecían en Rusia. González también asistió a los encuentros que se celebraron en Madrid, Berlín y Varsovia, según el año. 

Cuando llamé a diferentes contactos de la oposición rusa, me sorprendió cuántos de ellos habían conocido a González. Lo describían como un personaje seductor, charlatán y cálido que siempre estaba dispuesto a tomarse una cerveza o unas cuantas más. Era meticuloso a la hora de mantener la relación, y a menudo hacía de guía turístico para sus nuevos amigos rusos en sus visitas a España. A un grupo de exiliados rusos les ofreció una excursión por el País Vasco, y los llevó a un acogedor restaurante de un pueblo cercano a su casa, donde parecía conocer a todo el mundo. Ilya Yashin, que había sido uno de los colaboradores más cercanos de Boris Nemtsov, recordaba haberse encontrado con González en un viaje a Madrid y haber asistido juntos a un partido del Atlético de Madrid. Yashin le dijo que necesitaba un abrigo nuevo y González le llevó de compras.

González les decía a sus nuevos amigos rusos que estaba casado y tenía hijos, pero afirmaba que la relación con su mujer se había roto hacía tiempo y que ahora eran más bien amigos. Aunque mencionó tener ascendencia rusa, supuestamente dijo que no había estado en Rusia desde su infancia e incluso pidió consejo a sus contactos de la oposición rusa sobre cómo conseguir un visado. Si alguno de ellos hubiera buscado su trabajo periodístico en Google, habría encontrado artículos escritos para Gara desde Moscú. También podrían haber encontrado apariciones en el canal Russia Today, apoyado por el Kremlin, una de las cuales utilizó para acusar al gobierno prooccidental de Ucrania de pagar a un periódico español por una cobertura favorable.

Pero nadie investigó sus antecedentes. “Estaba en este círculo de periodistas y activistas de la oposición”, declaró Pavel Elizarov, activista político y antiguo colaborador de Nemtsova: “No necesitamos hablar de la política de Putin porque todos partíamos de la base de que opinábamos lo mismo”.

Primeras sospechas

Si alguien pensaba que González era un tanto extraño, solía atribuirlo a su origen vasco. Nemtsova no tardó en darse cuenta de que él tenía una visión del mundo diferente a la suya, pero lo achacó a las particularidades del izquierdismo del sur de Europa, y decidió simplemente dejar de hablar de política durante sus encuentros. Con otros, González expresó a menudo su apoyo a las llamadas “repúblicas populares” del este de Ucrania, que Moscú estaba apuntalando financiera y militarmente. Pero les parecía natural que alguien de origen vasco simpatizara con los movimientos separatistas.

Volodymyr Ariev, diputado ucraniano, se sorprendió cuando González se presentó a su primera entrevista, en su oficina de Kiev en 2015, con una botella de vino de regalo. “Dijo que era de su región natal”, recuerda Ariyev: “Nunca antes había conocido a un periodista que llevara un regalo a una reunión, pero pensé que probablemente era algún tipo de tradición vasca”. La entrevista en sí no tuvo nada de especial, y después González habló de la familia, los viajes y las aficiones del político. Era el comportamiento habitual de un periodista que intenta entablar amistad con una nueva fuente, aunque años después, tras la detención, Ariyev empezó a pensar que tal vez habría sido un intento de construir un perfil psicológico de él. 

A finales de 2017, González se apuntó a un curso de formación de cinco días impartido por Bellingcat, un influyente grupo de investigadores de fuentes abiertas que había realizado un impresionante trabajo para demostrar la complicidad rusa en el derribo de un avión de Malaysian Airlines sobre el este de Ucrania en 2014. El curso permitió a González conocer a muchas de las personas que trabajan en las investigaciones de Bellingcat, incluido el fundador del grupo, Eliot Higgins. Algunos de los demás participantes también habrían sido de interés para la inteligencia rusa: entre ellos había periodistas de publicaciones importantes, así como un alto ejecutivo de una empresa tecnológica que más tarde firmó un contrato con un departamento del gobierno estadounidense por valor de cientos de millones de dólares. En las cenas y copas nocturnas, González obsequiaba a los demás con historias de guerra del este de Ucrania, adonde seguía viajando con regularidad.

González también continuó manteniéndose cerca de la oposición rusa, y en 2018 volvió a Estrasburgo, donde Alexei Navalny –el crítico de Putin de más alto perfil– se encontraba en una inusual visita fuera de Rusia, para hablar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras la audiencia, Navalny y algunos otros fueron a tomar unas copas a casa de uno de los abogados. Era una reunión sólo para amigos, pero de algún modo González se coló.

En el grupo de aquella noche había un intrépido abogado llamado Vadim Prokhorov. Aún residía en Rusia, pero volaba a Europa con regularidad para asistir a grandes acontecimientos. Cuando se encontró por primera vez con el voluminoso González, con la cabeza rapada y hablando un ruso casi perfecto, lo primero que le vino a la mente fueron las callejuelas de un barrio de Moscú. “¿Qué clase de vasco es éste? Un vasco de Mar'ino”, bromeó, refiriéndose al barrio de Moscú donde vivía Navalny. A partir de entonces, Prokhorov siempre llamó a González “el vasco de Mar'ino”, pero González utilizó su característico encanto para asegurarse de que esas bromas amables nunca se convirtieran en auténticas sospechas. “Para los rusos es muy importante cómo bebes y cómo te relacionas”, me dijo Prokhorov al recordar aquellas reuniones. “No creo que un tipo sobrio hubiera entrado en el grupo. Pero Pablo siempre era el tipo que bebía, el que salía corriendo a por más bebida, el que contaba chistes. Encajaba perfectamente. Hay que reconocer que se le daba bastante bien”.

En algún momento de 2019, los amigos rusos de González empezaron a detectar un cambio en su personalidad. Nemtsova me dijo que sentía que había dos Pablos diferentes. “Uno era este tipo encantador y despreocupado. 'Vamos de fiesta'. El otro era muy grosero y siempre quería decir que era mejor que yo. Siempre estaba malhumorado y se mostraba agresivo. No se molestaba en controlarse”, explica.

A medida que su relación intermitente hacía agua, Nemtsova empezó a hacerse algunas preguntas. Era un periodista independiente que escribía columnas para medios españoles bastante modestos y, sin embargo, parecía tener dinero para viajar constantemente y disponer de los últimos dispositivos. Le recordaba a un fenómeno que conocía bien de su anterior vida en Rusia: la persona que vive por encima de sus posibilidades, el burócrata humilde con mansión y coche de lujo. En Rusia, era un indicador bastante claro de corrupción. Pero, ¿qué podría significar en Europa? Se le ocurrió una posible respuesta.

Cada año, Nemtsova organizaba una escuela de verano de periodismo en Praga. González dio una conferencia allí en 2018, sobre informar desde zonas de conflicto, y volvió a ir en 2019. Ese año, recordó Nemtsova, compartió sus crecientes sospechas sobre González con otro ponente, el periodista ruso Andrei Soldatov, que es uno de los principales expertos mundiales en los servicios de inteligencia rusos. ¿Podría González ser un agente ruso enviado para espiarles? Soldatov descartó esta teoría por improbable. (Soldatov rebatió esta versión, alegando que el encuentro se produjo en 2018, y que eludió la pregunta de Nemtsova porque ese día había conocido a González por primera vez, solo había hablado con él brevemente, y creía que la pregunta estaba motivada por las tensiones personales entre Nemtsova y González).

Las dudas seguían atormentando a Nemtsova. ¿Por qué un periodista freelance vasco tenía tanto dinero? ¿Por qué hablaba tan bien ruso? ¿Y por qué estaba tan interesado en la oposición rusa?

Nexos con el GRU

Tradicionalmente, los ilegales rusos pasan años estudiando el idioma y las costumbres, antes de salir al extranjero disfrazados de extranjeros. Pero “Pablo González” no era una identidad encubierta elaborada con esmero bajo la vigilancia del GRU. Era real, aunque su titular también tenía otro nombre, ruso. Las dos identidades diferentes eran producto de una herencia mixta verdadera, con sus orígenes en la agitación de la guerra civil española.

El abuelo de González, Andrés González Yagüe, fue uno de los más de 30.000 niños evacuados de España para salvarlos de los estragos del conflicto. La mayoría acabaron en hogares de acogida temporales en Francia, Bélgica y otros lugares de Europa, pero el barco que zarpó en 1937 con Andrés, de ocho años, a bordo tenía como destino la Unión Soviética. Las autoridades de aquel país planeaban que los niños españoles que llegaran serían introducidos en los caminos del marxismo en instituciones especiales y, cuando terminara la Guerra Civil, regresarían a la nueva España comunista, bien preparados para formar la columna vertebral de una nueva élite política. Andrés acabó en una pensión en Obninsk, a las afueras de Moscú. En 1939, los golpistas de Francisco Franco ganaron la Guerra Civil y los republicanos la perdieron, y la mayoría de “niños de Rusia” se convirtieron en ciudadanos soviéticos.

“Allí fui un niño tremendamente feliz, y nadie va a convencerme de lo contrario”, escribió en una columna publicada en un diario, en la que describía la extinta Unión Soviética como un lugar de prosperidad y abundancia.

Andrés recibió formación profesional y encontró trabajo en ZiL, una enorme fábrica de automóviles de los suburbios de Moscú. Se casó con una rusa, Galina, y tuvieron dos hijos, Elena y Andrés. En 1980, Elena se casó con un joven científico, Alexei Rubtsov, y su hijo Pavel nació dos años más tarde. A finales de la década, la Unión Soviética se dirigía hacia su desmoronamiento, al igual que el matrimonio de Alexei y Elena. En 1991, Elena se marchó con Pavel a España, y su origen español le permitió obtener la nacionalidad. Elena decidió que su hijo llevara el apellido materno en su nueva documentación, y utilizó la variante española de su nombre de pila. Así, Pavel Rubtsov se convirtió en Pablo González Yagüe.

Tras terminar el bachillerato en Barcelona, González estudió Filología eslava en la universidad. Unos años más tarde, empezó a idealizar su infancia en la Unión Soviética. “Allí fui un niño tremendamente feliz, y nadie va a convencerme de lo contrario”, escribió en una columna publicada en un diario, en la que describía la extinta Unión Soviética como un lugar de prosperidad y abundancia. En 2004, obtuvo un pasaporte ruso con su nombre al nacer, Pavel Rubtsov. Para entonces, su padre trabajaba en un puesto directivo en RBC, un holding de medios de comunicación de Moscú. González, o Rubtsov, lo visitaba con regularidad, e incluso hacía trabajos ocasionales para RBC bajo la supervisión de su padre. “Recuerdo que Pavel era pro-ruso, pro-Putin, pero no con fanatismo. Simplemente parecía fascinado por Rusia”, recuerda una fuente que conocía bien a padre e hijo.

Algunos medios de comunicación españoles han especulado con que la clave de los supuestos vínculos de González con el GRU podría estar en su padre. De hecho, las afiliaciones a los servicios de inteligencia en Rusia suelen ser un asunto familiar, pero la fuente que conocía a la familia expresó su escepticismo: “Alexei es un tipo patriota. Fue científico en la época soviética y cree que su desmoronamiento fue una pérdida importante para el país. Pero nunca vi nada que sugiriera que tuviera otro trabajo o alguna conexión con los servicios secretos”. Describió a Alexei como un tipo tranquilo, sin pretensiones, que parecía ser la parte pasiva de la pareja que formaba con su segunda esposa, Tatyana Dobrenko, madrastra de González, que trabajaba en la industria petrolera. “Era ella quien mandaba”, dijo la fuente. 

Para corroborar los antecedentes de Alexei, llamé a Christo Grozev, que antes era el principal investigador sobre Rusia en Bellingcat y ahora trabaja para un medio llamado The Insider. Grozev es un prolífico cazador de espías, que ha descubierto la tapadera de numerosos operativos rusos a lo largo de los años, y recientemente las autoridades austriacas le dijeron que debía abandonar su casa en Viena, ya que está amenazado de muerte por asesinos rusos.

Grozev me dijo que ya estaba investigando a la rama rusa de la familia de González, y más tarde compartió conmigo sus conclusiones preliminares. Buscó en el padre de González todos los signos reveladores de la afiliación al GRU: números de pasaporte sospechosos, signos de identidades falsas y registro oficial en direcciones conocidas por su vinculación con el GRU. No encontró nada sospechoso. Pero por si acaso, también decidió investigar a Dobrenko, la esposa de Alexei. Y en el caso de la madrastra de González, sí encontró indicios.

Vivir al lado no prueba la afiliación al GRU”, me dijo Grozev: “Pero sí vemos que es también el domicilio de otros conocidos funcionarios del GRU”. Era sin duda una coincidencia sorprendente para alguien cuyo hijastro estaba ahora acusado de ser un oficial del GRU.

Para empezar, había registros de dos Tatyana Dobrenko diferentes, una nacida en 1954 y otra en 1959, pero ambas vinculadas al mismo número de la seguridad social. Más curiosas aún eran sus direcciones oficiales a lo largo del tiempo. Según Grozev, antes del apartamento donde vivía el padre de González, estaba registrada en el número 76 de Khoroshevskoye Shosse. Esa dirección, en el noreste de Moscú, alberga un edificio de apartamentos de la era soviética que no tiene nada de especial salvo por una cosa: el enorme edificio que hay justo al lado, el 76B. El edificio se conoce comúnmente como “el Acuario”, y alberga la sede del GRU. “Vivir al lado no prueba la afiliación al GRU”, me dijo Grozev: “Pero sí vemos que es también el domicilio de otros conocidos funcionarios del GRU”. Era sin duda una coincidencia sorprendente para alguien cuyo hijastro estaba ahora acusado de ser un oficial del GRU. Le envié a Dobrenko un mensaje en Telegram pidiéndole un comentario sobre estos registros. Lo leyó y me bloqueó sin responder. 

El año pasado, el medio de investigación ruso en el exilio Agentstvo publicó un artículo basado en una base de datos filtrada de reservas de vuelos rusos. Una de las reservas parecía mostrar que, en junio de 2017, se habían comprado dos billetes de ida y vuelta de Moscú a San Petersburgo en una sola transacción: uno para González, utilizando su pasaporte ruso, y otro para un hombre llamado Sergei Turbin. Hay pruebas sólidas, según Agentstvo, de que Turbin es un oficial del GRU. Grozev coincidió, señalando que su investigación muestra que estaba empleado por el Quinto Departamento del GRU, que se ocupa de los “ilegales”. No fue posible contactar con Turbin para que hiciera comentarios.

En resumen, durante el mismo periodo en el que González había estado contando a los socios de Nemtsova que estaba luchando por conseguir un visado para Rusia, aparentemente estaba volando de Moscú a San Petersburgo con un supuesto oficial del GRU. Le pedí a su abogado, Gonzalo Boye, que comentara el viaje. “No tengo ni idea”, me respondió, irritado. “¿Conoce a las personas que estaban sentadas a su lado en su último vuelo? ¿Puede garantizar que ninguno de ellos tiene antecedentes penales?”. Señalé que ambos billetes parecían haber sido comprados en la misma transacción. ¿Conocía González a Turbin? ¿Estaba en el avión? Boye se comprometió a preguntar a González. Unos días más tarde, me dijo que su cliente había decidido no responder a mis preguntas.

Febrero de 2022

En 2019, González comenzó a salir con una periodista freelance polaca y a finales de ese año se mudó a Varsovia. Se fueron a vivir juntos en un piso de alquiler. Desde Varsovia, iba viajando al País Vasco para ver a sus hijos además de Ucrania para hacer reportajes. Consiguió varias entrevistas de alto nivel con figuras que habrían sido de interés para el GRU, incluido el presidente prooccidental de Armenia, Nikol Pashinyan, y Pavel Latushka, uno de los líderes de la oposición bielorrusa en el exilio, y enemigo jurado del presidente bielorruso afín al Kremlin, Alexander Lukashenko.

Han ido a todos con la misma cantinela, presentándome como un cerdo que utiliza a todo el mundo como tapadera. No tiene ningún sentido”, dijo en un mensaje de voz que envió entonces a un amigo.

No fue hasta principios de febrero de 2022 cuando la red comenzó a cerrarse. Circulaban las advertencias estadounidenses y británicas de que Rusia estaba a punto de lanzar un gran asalto contra Ucrania, y González viajó con otros dos periodistas freelance españoles a Avdiivka, justo en la línea del frente. Allí fue detenido por la policía ucraniana, que le ordenó presentarse en Kiev para ser interrogado durante varias horas. Los agentes exigieron acceso a su teléfono móvil y le acusaron de ser un espía ruso, pero no parecía que tuvieran pruebas contra él. Le aconsejaron que abandonara el país inmediatamente, pero no lo detuvieron. 

En los días siguientes, agentes de los servicios de inteligencia españoles visitaron a algunos amigos y familiares de González en España, interrogándoles sobre sus antecedentes. González se enfadó cuando se enteró. “Han ido a todos con la misma cantinela, presentándome como un cerdo que utiliza a todo el mundo como tapadera. No tiene ningún sentido”, dijo en un mensaje de voz que envió entonces a un amigo. Según él, los ucranianos le preguntaron por sus familiares rusos como si fuera un secreto, cuando él nunca había intentado ocultar su origen ruso. Eso era cierto, hasta cierto punto: sus amigos españoles sabían que viajaba a Rusia con regularidad, pero sus amigos de la oposición rusa, no. Los fundamentos de la historia del origen ruso de González eran auténticos, pero los detalles parecían cambiar según las circunstancias.

González regresó a España, pero cuando en la mañana del 24 de febrero se supo que había comenzado la invasión de Ucrania, inmediatamente reservó un vuelo a Varsovia. No tardó en llegar a Przemyśl, la ciudad fronteriza por la que cientos de miles de refugiados ucranianos entraban en Polonia. Grabó regularmente reportajes en directo para canales de televisión españoles y sitios web de noticias. A última hora de la noche del 27 de febrero, regresó a la residencia donde se alojaba, y pocos minutos después de medianoche llamaron a la puerta. Agentes de la ABW, el servicio de seguridad interior polaco, entraron vestidos de verde y le informaron de que estaba detenido.

Ser un objetivo

El soplo inicial sobre Pablo González procedía de un servicio de inteligencia aliado, pero era incompleto. “No es que tuviéramos todas las pruebas y solo tuviéramos que detener al tipo”, me dijo Stanisław Żaryn, asesor de seguridad nacional del Presidente de Polonia. “Estaba claro desde el principio que esta investigación era realmente grande y que tendríamos que escarbar mucho para conocer todos los detalles”.

En el centro del caso de los fiscales polacos hay una serie de informes que González supuestamente escribió a lo largo de varios años, aparentemente para sus supervisores en el GRU. “Eran los típicos informes de inteligencia sobre instalaciones, infraestructuras y personas con las que había que ponerse en contacto”, me dijo Żaryn. Otra fuente dijo que estos informes hacían referencia con frecuencia al “Centro”, código de espionaje ruso para referirse a los cuarteles generales de inteligencia. Se entiende que algunos de los informes incluían preguntas de seguimiento, aparentemente de un supervisor. En uno de 2018, González supuestamente escribió a sus supervisores que había “destruido los dispositivos electrónicos según lo ordenado”, rompiéndolos en pedazos y arrojándolos al océano.

Varias fuentes familiarizadas con las pruebas de los servicios de inteligencia polacos contra González me dijeron que incluyen numerosos informes sobre sus contactos en la oposición rusa. Algunos eran mundanos, como el relato del día en que González llevó a Ilya Yashin al fútbol. Otros incluían supuestamente información sensible, como las direcciones de los domicilios de los empleados de la fundación de Zhanna Nemtsova. Un informe incluso contenía supuestamente copias de correos electrónicos personales escritos por el padre asesinado de Nemtsova. Nemtsova no está autorizada a hablar del caso, ya que está cooperando con la investigación y ha firmado un acuerdo de confidencialidad, pero confirmó que poseía el antiguo portátil personal de Boris Nemtsov, traído desde Moscú por su abogado. También recordó que se lo había prestado a González en una ocasión, cuando éste alegó que su propio ordenador se había estropeado. 

Según las fuentes, muchos de los informes detallan las frecuentes visitas de González a Ucrania. Desde su detención, los servicios de seguridad del SBU en Kiev han interrogado a varios de sus socios locales e incluso han registrado algunos de sus domicilios. “A lo largo de los años, su principal tarea ha sido ir a distintos lugares cercanos a la línea del frente para recopilar información sobre las personas que trabajan allí”, afirmó una fuente de seguridad ucraniana con la que me reuní recientemente en una cafetería de Kiev. La fuente me dijo que González había dirigido una red local de políticos y militares, pero el SBU aún no sabía si todas estas personas pensaban que simplemente estaban interactuando con un periodista, o si algunos entendían que estaban ayudando a un oficial de inteligencia ruso. De lo único que está seguro el SBU es de que un espía del GRU con acreditación periodística podría hacer verdadero daño en el frente, actuando como observador para localizar concentraciones de soldados y de material militar. “Gracias a Dios fue detenido antes de la invasión a gran escala”, dijo la fuente.

Aunque la existencia de estos informes parece incriminatoria, no está claro si los investigadores polacos poseen pruebas sólidas de que los informes fueran dirigidos al GRU, o de que fueran realmente enviados en algún momento. Al parecer, González, durante el interrogatorio, afirmó que se trataba de sus propias notas. No se le dio la oportunidad de defenderse ante el tribunal: los fiscales no hicieron oficial la acusación, el paso clave necesario para que un caso llegue a juicio, hasta después de que él hubiera abandonado el país. Parte del problema puede deberse a que, según la ley polaca de espionaje en el momento de su detención, los fiscales tenían que demostrar que González había causado daños al Estado de Polonia, mientras que la mayor parte de su presunto espionaje tuvo lugar en otros lugares. “Creo que todo el mundo se alegró bastante cuando se le incluyó en el intercambio de prisioneros y nos quitamos el problema de encima”, me dijo un exfuncionario polaco.

El canje de prisioneros tuvo lugar en el aeropuerto de Ankara el 1 de agosto. Tras bajar del avión que los había traído desde Moscú, Yashin y Vladimir Kara-Murza, dos de los presos políticos rusos liberados por Putin, subieron a un autobús del aeropuerto que los llevaría a un avión alemán, y a la libertad. Desde la ventanilla del autobús, los dos viejos amigos observaron cómo el grupo que se dirigía en dirección contraria era conducido a través de la pista para embarcar en el avión con destino a Moscú. De repente, Kara-Murza le dio un codazo a Yashin y exclamó. “¡Es Pablo! Nuestro vasco de Mar'ino”. Ambos conocían bien a González de sus días en la oposición rusa. Yashin se rió asombrado.

Unos días después del intercambio, me cité con Yashin en una cafetería de Berlín. Todavía estaba algo desorientado por el repentino cambio de entorno, pero me dijo que no le había molestado especialmente la revelación de que su conocido había sido aparentemente un espía. Me explicó que siempre había partido de la base de que le espiaran, por lo que nunca contaba nada en privado que no dijera públicamente. “Así que Pablo charló conmigo y luego escribió un informe sobre mí. No creo que me causara ningún daño. ¿Por qué le importa al GRU el tipo de abrigo que llevo o lo que pienso sobre la política española?”. Los que realmente daban miedo eran aquellos como el asesino berlinés Krasikov, dijo Yashin. Los enviaban a liquidar enemigos del Kremlin, no los llevaban a ver un partido de fútbol.

“Los perfiles psicológicos te indican cómo actúa la gente, cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus rutinas y cuáles son sus puntos débiles”, me dijo Piotr Krawczyk, exjefe del servicio de inteligencia exterior de Polonia.

Sin echar un vistazo a los archivos del GRU, es imposible saber hasta qué punto el supuesto espionaje de González a la oposición rusa pudo haber sido útil para Moscú. Pero descartarlo de plano es probablemente ingenuo. Redactar perfiles de objetivos es una parte clave del trabajo de los servicios de inteligencia. “Los perfiles psicológicos te indican cómo actúa la gente, cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus rutinas y cuáles son sus puntos débiles”, me dijo Piotr Krawczyk, exjefe del servicio de inteligencia exterior de Polonia. Los espías de Moscú podían utilizar el perfil de personalidad resultante para elaborar una estrategia de captación, mediante incentivos o chantaje. También era crucial conocer las rutinas diarias del objetivo, para asegurarse de que el agente enviado para hacer la propuesta estuviera en el lugar adecuado en el momento oportuno. O, en lugar de un agente de reclutamiento, el GRU podía enviar a alguien del perfil de Krasikov, con una pistola o un frasco de veneno.

Algunos de los que se acercaron a González han tenido que enfrentarse a otro tipo de consecuencias. La periodista independiente polaca con la que salía fue detenida junto con él, pero pronto quedó en libertad después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para retenerla. Sin embargo, en agosto, un medio de comunicación polaco reveló que seguía abierta una causa contra ella por complicidad en espionaje. No ha salido a la luz nada que sugiera que ella tuviera idea de lo que supuestamente tramaba su novio, pero aun así, la noticia del caso abierto dio lugar a una campaña virtual contra la mujer. Círculos de derechas afirmaron que su periodismo previo sobre temas como el derecho al aborto en Polonia era una prueba de que era una espía rusa que seguía una narrativa “antipolaca”.

Nemtsova, por su parte, aún no ha superado las secuelas de su relación con González. Durante un breve momento, el programa de máster que su fundación dirige en una universidad de Praga fue cuestionado así como su continuidad, ya que un estudiante alegó que se había producido una injerencia por parte de los servicios de inteligencia de Rusia y que, por tanto, debía interrumpirse. Esa amenaza ya ha pasado; lo que queda es el trauma psicológico de haber sido espiada por alguien que pretendía tener una relación romántica con ella. “Ahora no me relaciono con desconocidos, y tengo un círculo muy limitado”, me dijo Nemtsova. “Porque soy un objetivo. No se puede llevar una vida normal en estas circunstancias”.

“Salgo y veo que nos saluda Vladimir Vladimirovich Putin, ¡el Presidente! No sé si era visible, pero estaba entrenando la mano mientras bajaba los escalones”, dijo González, sonriendo: “Quería asegurarme de que podía darle un apretón de manos decente, fuerte y varonil”

Nadie excepto él

Desde Moscú, Pablo González, o Pavel Rubtsov, ha vuelto a entrar en sus cuentas de redes sociales en las últimas semanas, y está en contacto con su abogado y amigos en España. Algunos de estos amigos accedieron inicialmente a hablar conmigo, pero más tarde cancelaron las entrevistas, utilizando variaciones de la frase “Pablo quiere contar su propia historia”. Su mujer también declinó una solicitud de entrevista, diciendo: “Pablo ya está libre y es él quien hablará con los periodistas”.

Sin embargo, hasta ahora, la única entrevista que González ha concedido ha sido a la televisión estatal rusa, pocos días después de su regreso a Moscú. En el reportaje, de 10 minutos de duración, recorre las calles del barrio de su infancia, señalando su escuela primaria y otros lugares de interés de su juventud. Se burla de la supuesta falta de pruebas de Polonia contra él y sugiere que el caso está lleno de agujeros, aunque nunca se le pregunta directamente si tenía vínculos con el GRU, y nunca lo niega directamente.

González no ha respondido a todas mis peticiones para hablar con él. En una llamada telefónica, su abogado español, Boye, dijo que González “siempre ha negado” todas las acusaciones de que trabajara de alguna manera para los servicios de inteligencia militar rusos. Boye accedió a remitir a González mis solicitudes de entrevista, y más tarde mis peticiones concretas de comentarios, pero González decidió no responder.

Para quienes no estén convencidos de este desmentido, las principales preguntas que quedan son sobre qué tipo de agente era González. ¿Era realmente un ilegal de carrera, un antiguo oficial del GRU? Funcionarios polacos han afirmado públicamente que González tiene rango de oficial en el GRU, y un exfuncionario de seguridad me dijo que estaban seguros de que González “fue reclutado de joven y toda su carrera periodística fue una tapadera para su espionaje”.

Sin embargo, nadie quiso decir qué pruebas existen de tales afirmaciones.

Por ahora, una teoría alternativa puede parecer más plausible [si bien tampoco se ha podido demostrar]: que González era un periodista español con raíces rusas, que fue reclutado en algún momento, posiblemente durante sus viajes a Moscú para visitar a su padre y a su madrastra. Una oferta así le habría brindado la oportunidad de reencontrarse con la patria que sentía que le habían arrebatado de niño. También habría apelado al lado arriesgado de González que tanta gente observó en él.

Otro de los funcionarios polacos con los que hablé parecía dar crédito a esta teoría, discrepando de lo que las autoridades han declarado públicamente. En opinión de esta fuente, González parecía un aficionado: “No era muy profesional, cometía muchos errores y se veía que era bastante perezoso con sus tareas”, dijo. “No me dio la impresión de ser un operativo increíblemente bien entrenado”. Si González fue reclutado en una etapa posterior, esto explicaría las opiniones prorrusas que defendía ante mucha gente, sobre todo al principio de su carrera. Si “Pablo el periodista” fue una tapadera creada por el GRU durante toda su vida, seguramente habría sido más seguro hacerlo menos visiblemente pro-ruso desde el principio.

La única persona que puede contar toda la historia es el propio González, y por ahora, una entrevista reveladora parece poco probable. Al final de su aparición en la televisión estatal, González habló de sus sentimientos la noche en que aterrizó en Moscú. No dijo que se sintiera alarmado por cómo podría adaptarse a la vida en Rusia, ni expresó preocupación por la óptica de salir de un avión lleno de espías y asesinos y recibir una bienvenida de héroe. Algo más le preocupaba: “Salgo y veo que nos saluda Vladimir Vladimirovich Putin, ¡el Presidente! No sé si era visible, pero estaba entrenando la mano mientras bajaba los escalones”, dijo González, sonriendo. “Quería asegurarme de que podía darle un apretón de manos decente, fuerte y varonil”.

Ashifa Kassam y Pjotr Sauer han contribuido con este reportaje que ha sido traducido por Emma Reverter.

En el siglo II de nuestra era, el jurista romano Domicio Annio Ulpiano, (170-228 d.n.e.), uno de los padres del derecho, formuló su feliz apotegma “es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar a un inocente”, que establecía la presunción de inocencia. Quince siglos después, en 1789, la Asamblea Nacional Constituyente francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo artículo 9 dice: “Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley”. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 11 establece que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Preceptos tan justos, terminantes y humanitarios que no tienen discusión. Y, en ocasiones, tampoco aplicación: cuando los estados sustituyen el ordenamiento jurídico por el ejercicio de la fuerza: 22 años después del 11-S, 35 personas siguen encarceladas en Guantánamo, la colonia estadounidense en Cuba, sin juicio y sin cargos. Eso, en “la tierra de los libres y el hogar de los valientes”, como canta el himno de los EEUU. Aquí, en la Unión Europea, la patria del “respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos”, un ciudadano hispano-ruso, el periodista Pablo González/Pavel Rubtsov, ha estado 29 meses y tres días en una prisión de Polonia, sin cargos formales, sin juicio y en condiciones carcelarias manifiestamente mejorables.

Pablo González Yagüe es nieto de uno de aquellos 34.000 “niños de la guerra” que fueron evacuados en 1937 y 38 a otros países para salvar sus vidas, de los que la Unión Soviética acogió a 2.895. Hasta los 9 años creció como Pavel Rubtsov, ciudadano ruso y, cuando sus padres se divorciaron, vino a Bilbao con su madre y se registró con su apellido y el de su abuelo español.

Periodista freelancer, cuando cubría la huida de refugiados a Polonia ante la invasión rusa a Ucrania, fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Interior polaca el 28 de febrero de 2022 en Przemyśl, a 12 kilómetros de la frontera ucraniana, acusado vagamente de participar en las actividades de la inteligencia extranjera, Rusia, contra Polonia. El 1 de marzo fue presentado ante el juez, que decretó la “custodia durante tres meses”. El eufemismo de la prisión preventiva se fue renovando una y otra vez hasta siete y cumplir 886 días en las mazmorras polacas sin que hayan sido presentadas pruebas en su contra ni haya sido llevado a juicio.

Finalmente, el pasado 1 de agosto, González fue liberado en el marco de una operación de intercambio de prisioneros entre EEUU junto a varios países europeos y Rusia, en una escena propia de la Guerra Fría que creíamos que nunca volveríamos a ver.

Digo, con la magistrada Garbiñe Biurrun Mancisidor, lo que ha escrito en estas páginas: “(...) Ignoro si Pablo González ha podido cometer o no algún delito (...) En todo caso, con delito o sin él, lo cierto es que no cabe desconocer la irregular e injusta situación en la que se ha hallado”.

Como periodista autónomo, González trabajó para Gara, Público y La Sexta, canal de televisión de Atresmedia, la empresa de comunicación del grupo Planeta. Pero también colaboró regularmente para un medio que diríamos, irónicamente, por encima de toda sospecha: la Voz de América (Voice of America), la emisora radiofónica propagandística de la administración de los EEUU, fundada en 1942 para contrarrestar la propaganda nazi en Latinoamérica; luego, para emitir la propia hacia Alemania y la Europa ocupada por Hitler y, finalmente, como poderosa arma anticomunista en la Guerra Fría, junto con otra emisora, Radio Free Europe/Radio Liberty, fundada en 1949 por el American Committee for the Liberation of the Peoples of Russia (Comité Estadounidense para la Liberación de los Pueblos de Rusia) y financiada por la CIA (por los acuerdos de la dictadura franquista con los EEUU de 1953, se estableció un centro emisor en la playa de Pals, Girona, que estuvo activo hasta 2001). De su carácter no caben dudas: por la ley de Intercambio Educativo y de Información de los Estados Unidos de 1948, conocida como ley Antipropaganda Smith-Mundt, ambas tuvieron prohibido emitir dentro de los EEUU hasta 2013: las manzanas podridas, para la exportación.

De Phillby a Koestler, espías de la Komintern

Claro que la cobertura periodística y la colaboración en los medios del enemigo son viejas tradiciones del espionaje. En el intercambio de prisioneros que liberó a Pablo González, Rusia puso en libertad, entre otros, a tres periodistas occidentales juzgados y condenados por espías: Alsu Kurmasheva, de Radio Free Europe/Radio Liberty; Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, y Vladimir Kara-Murza, del Washington Post. Como es 'natural', estos periodistas eran “de los nuestros” y sólo realizaban su trabajo mientras que el de González era sumamente sospechoso, si no delictivo...

También sucedió en la Guerra Civil española: desde el levantamiento hasta abril de 1937, once corresponsales fueron expulsados de la zona controlada por los golpistas y, a lo largo del conflicto, hasta una treintena. “La mejor prueba del trato tan diferente a los periodistas”, dice el historiador británico Paul Preston en Idealistas bajo las balas: Corresponsales extranjeros en la guerra de España (2009), “es que el bando de los rebeldes expulsó a muchos periodistas, mientras en la zona republicana sólo se dio un caso”, el de William Carney, uno de los corresponsales del New York Times –el “agente de prensa de Franco”, lo denominaban en su redacción–, que no había dudado, tras visitar Madrid, en publicar en sus crónicas los emplazamientos precisos de las baterías antiaéreas: una majadería para sus lectores, pero información impagable para las tropas de Franco.

Para el conspirador Luis Bolín –el corresponsal en Londres de ABC que contrató el avión De Havilland Dragon Rapide que trasladó al protodictador Franco desde Canarias a Tetuán el 18 de julio de 1936–, que se encargaba de las relaciones con la prensa extranjera en la Oficina de Prensa y Propaganda de la Junta Técnica del Estado de los golpistas, el modelo de corresponsal –por ser “un chico muy decente, cuyas informaciones inspiraban confianza por ser siempre objetivas”– era el enviado por The Times de Londres: nada menos que el mítico espía Kim Philby, el más legendario de 'los cinco de Cambridge', el grupo de espías británicos reclutados por la Unión Soviética en el Trinity College que llegaron a ser altos cargos del Secret Intelligence Service británico, el supuestamente infalible MI6.

Bolín acogió encantado y le dio toda clase de facilidades al “chico muy decente”, que ya trabajaba para la Komintern y que, como parte de su cobertura de fascista, coeditaba una revista pronazi en Londres. La leyenda, o la realidad, quiere que su misión en España era asesinar a Franco, pero su controlador en Londres convenció al GUGB soviético, el Directorio Principal de Seguridad del Estado, de que Philby no era un hombre de acción y era mucho más útil como informador. Tan útil que el 2 de marzo de 1938, Franco le impuso personalmente la Cruz Roja al Mérito Militar por sus crónicas tan favorables a la rebelión militar.

Philby no fue el único espía que dio gato por liebre al escaso de luces pero eficiente trepador Luis Bolín. Tras participar en la conspiración, Bolín trabajó en la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda junto con el trastornado Gonzalo de Aguilera, un capitán retirado terrateniente de la aristocracia salmantina, con quien había desempeñado la secretaría de prensa del gabinete de Franco desde que entró en la península el 26 de agosto de 1936 y estableció su primer Cuartel General en el palacio de los Golfines de Arriba de Sevilla. Cuando Franco se trasladó a Cáceres, Bolín fue nombrado jefe de prensa del Sur, a instancias de Millán Astray, quien también le concedió el grado de capitán honorífico de la Legión, lo que le permitía vestir uniforme militar.

Golpistas burlados y periodistas amenazados

Vestido con uniforme de caballería legionaria, con polainas, botas altas, borla azul en el gorro cuartelero y pistola al cinto, sus modales despóticos con los periodistas, sus reiteradas amenazas –incluso de muerte: no era raro que sacara la pistola de su funda– le ganaron a Bolín una merecida fama que llevaría al expulsado Noel Monks, corresponsal de The Daily Express, a calificarlo de “monárquico y terrorista”. Especialmente arbitrario con los corresponsales anglosajones, pronto supieron que no sólo era a causa de las democracias en sus países, pues no pocos de ellos eran tan franquistas como los periodistas españoles de la zona ocupada, sino porque Bolín había tratado en diversas ocasiones de publicar artículos de opinión en el ultraconservador The Daily Mail, que apoyaba con entusiasmo a Hitler y a Mussolini, y le habían sido rechazados sistemáticamente. El nuevo enviado del periódico, Harold Cardozo, que pasó a ser víctima principal de los desprecios y maltratos de Bolín, averiguó la causa del rencor cuando la dirección del periódico le reveló la causa del continuado rechazo de las colaboraciones de Bolín: eran “condenada basura”, lo que causó alborozo en la 'tribu' periodística y disminuyó la escasa consideración que se le tenía.

Y que se redujo aún más cuando llegaron noticias de sus acaecimientos con el audaz Arthur Koestler, el húngaro Artúr Kösztler, periodista-espía de la Komintern hasta su ruptura con el comunismo estalinista en 1938. Encuadrado en el aparato propagandístico internacional de la III Internacional Comunista, en 1936 fue enviado a Málaga a fin de obtener pruebas de la intervención nazi en la sublevación. Lo hizo como corresponsal del diario londinense antifranquista News Chronicle y del derechista y profranquista Pester Lloyd, diario en alemán editado en Budapest, con cuyas credenciales entrevistó a Gonzalo Queipo de Llano en su cuartel general de Sevilla. Antes había parado en Lisboa, donde entró en contacto con José María Gil Robles y Nicolás Franco, quienes le dieron cartas de recomendación para las autoridades sevillanas, a las que lo presentaban como “gran amigo de la revolución española” y ante las que Bolín le abrió todas las puertas. Hasta que fue reconocido por un espía nazi, pero consiguió engañar a Bolín y huir a Gibraltar antes de que pudiera detenerlo.

Sus crónicas en el News Chronicle sobre la presencia nazi en Sevilla fueron un escándalo y llegaron a la Comisión de Investigación de Violaciones del Acuerdo de No Intervención en España. La publicada el 1 de septiembre de 1936 tuvo un gran impacto: dibujaba una Sevilla decadente, infestada de oficiales y espías nazis que hacían y deshacían a su antojo y gobernada por un general perturbado: en la entrevista que mantuvo con él, un rijoso Queipo de Llano encadenó una tras otras un rosario de escenas propias de un tratado de patología sexual –le contó como caso real que dos niñas gemelas de ocho años habían sido atadas a las rodillas de su padre, a su vez atado a una silla, y habían sido repetidamente violadas antes de ser rociadas los tres con gasolina e incendiados–, lo que unido a las bravatas sexuales de sus intervenciones radiofónicas, en las que prometía violaciones colectivas de los legionarios a las esposas e hijas de los republicanos, no dejaban dudas a un atónito público británico –a los que empezaban a llegar noticias de las matanzas de Yagüe en Badajoz– sobre las terribles dimensiones del drama español.

En 1937, la necesidad de la Unión Soviética de obtener pruebas de la participación nazi en la conspiración previa al golpe para presentarlas a la Sociedad de Naciones le hizo volver de nuevo a la España republicana, otra vez como corresponsal del News Chronicle, pero al caer Málaga en febrero, fue capturado por el propio Bolín, que había jurado matarlo con sus propias manos. Encarcelado y condenado a muerte –aparentemente, pues no fue sometido a juicio–, tras una virulenta campaña internacional, a los tres meses fue intercambiado, por mediación del Foreign Office, por la esposa del famoso aviador franquista Carlos de Haya, prisionera en zona republicana. De vuelta a Gran Bretaña, relató en Spanish Testament (Testamento español, 1937) su experiencia en España, contribuyendo –junto a la mala gestión de la propaganda tras el bombardeo de Guernica– a que Bolín fuera apartado de las tareas de prensa y propaganda y recompensado con nuevos momios oficiales en su antigua profesión, el turismo.

Otro corresponsal extranjero que estuvo a punto de perder la vida fue el francés George Berniard, fotorreportero de La Petite Gironde, quien, capturado tras el bombardeo de Guernica, fue acusado de espía y, aclarada su identidad periodística, declarado reo de muerte en virtud de una disposición franquista que decretaba tal destino para los periodistas que habiendo estado acreditados ante las tropas franquistas –como era el caso de Berniard–, luego fuera arrestado en zona republicana.

El 29 de abril de 1937, cuando los requetés entraron en Guernica, fue detenido junto a su guía, el periodista y poeta vizcaíno Esteban Urkiaga Lauaxeta, comandante de Intendencia del ejército vasco, que se ocupaba de labores de propaganda y que, acusado de “desempeñar el cargo de comandante jefe de Unidades Vascas” y de ser “rojo separatista”, fue fusilado el 25 de junio de 1937 en Vitoria. Berniard tuvo más suerte: fue liberado con la condición de expresar en las páginas de su periódico “su gratitud a los generales Franco, Mola y Solchaga” por su “cortesía, espíritu humanitario y respeto a las leyes de guerra, de lo que había sido testigo y se había beneficiado”, cuenta H. R. Southworth en Guernica! Guernica! (1977).

John Thompson Whitaker el corresponsal del The New York Herald Tribune que sacó al coronel Yagüe, ‘el carnicero de Badajoz’ la confirmación de la matanza, también fue amenazado de muerte por el compinche de Bolín, el desnortado Aguilera, que lo consideraba, con toda la razón, hostil a la causa nacionalista. Cuando Whitaker comenzó a visitar el frente solo, Aguilera se presentó en su alojamiento a primera hora de la mañana, acompañado por un agente de la Gestapo, y amenazó con matarle si se trasladaba al frente sin la vigilancia de alguno de los oficiales de la oficina de prensa. “La próxima vez que vaya al frente sin escolta, le mataremos. Diremos que fue víctima de una acción enemiga. Usted ya me entiende”, cuenta Paul Preston que le dijo.

Pero tampoco con los periodistas y medios extranjeros entregados a la causa golpista fueron más diplomáticos. F. A. Rice, corresponsal del The Morning Post, diario británico conservador que apoyaba sin reservas la rebelión militar, fue detenido por Aguilera el 11 de septiembre de 1936, tras haber enviado a su periódico dos artículos que no le habían gustado nada, tanto por el contenido como, sobre todo, por haber utilizado trucos habituales de los corresponsales para eludir la censura ideológica franquista: presentar una crónica sin conflictos y transmitir la verdadera o cruzar la frontera francesa para trasmitir libremente. En el primer caso, se trataba de un reportaje de Rice sobre el Stonyhurst College, colegio de los jesuitas en Clitheroe, Lancashire, donde se habían educado los tres encargados de la prensa extranjera: Aguilera, Bolín y Pablo Merry del Val, y en el que se insinuaba que Aguilera no había sido un estudiante popular; en el segundo, por haber utilizado la expresión “el horror insurgente” al referirse al ataque franquista contra Irún del 1 de septiembre.

Tras amenazarlo con graves consecuencias si persistía en “una actitud no del todo respetuosa”, como denominar “insurgentes” a los insurgentes y “leales” a los leales, le dio a elegir entre abandonar España o quedarse, vigilado, sometido a las normas que se le impusieran y despojado del pase para cruzar la frontera a voluntad. Rice no dudó en marcharse. En la sala de prensa del cuartel general en San Sebastián, un cartelón prohibía a los periodistas referirse a los rebeldes como “rebeldes” o “insurgentes” y a los republicanos como “leales”, “gubernamentales” o “republicanos”; éstos eran “los rojos” y ellos, “las fuerzas nacionales españolas” o “los nacionales” –título robado a los republicanos para enmascarar la presencia de marroquiés, alemanes e italianos–.The Morning Post contestó descalificando la información que llegaba del gobierno franquista en un duro editorial que “proclamaba urbi et orbi que cualquier noticia que emanara de fuentes derechistas pertenecía más a la esfera de la propaganda que a la de los hechos” (editorial del 12 de septiembre de 1937).

“La justicia debe permanecer quieta, de lo contrario la balanza se moverá y no será posible emitir un veredicto justo”, escribió Kafka. Un visionario.

La Fiscalía de la localidad polaca de Lublin ha presentado cargos de espionaje contra el Pablo González. La acusación se produce después que González fuera canjeado hace dos semanas en un histórico intercambio de presos con Rusia tras pasar dos años y medio encarcelado en Polonia en prisión preventiva.

El Ministerio Público ha acusado a González de proporcionar a los servicios de espionaje rusos informaciones que podrían resultar dañinas para Polonia. Además, le ha acusado de difundir desinformación y de realizar labores de reconocimiento, todo ello entre abril de 2016 y febrero de 2022.

“Las actividades del acusado incluyeron, entre otras: la obtención y transmisión de información, la difusión de desinformación y la realización de reconocimientos como parte de operaciones (de espionaje)”, ha explicado la Fiscalía General del Estado en un comunicado distribuido este miércoles.

La acusación ha sido formalizada por la Fiscalía de Lublin de crimen organizado y corrupción ante el Tribunal de Distrito de Przemysl (este) el pasado 9 de agosto.

La Fiscalía ha explicado que conforme al artículo 130 del Código Penal polaco, que estaba en vigor hasta el 1 de octubre de 2023, el acusado se enfrenta a una pena de prisión de entre 3 y 15 años de cárcel.

La investigación contra “otros cómplices” de González, entre ellos la polaca Magdalena Ch., su compañera sentimental, continuará en un procedimiento separado.

Pablo González, con doble nacionalidad (española y rusa) y conocido también bajo el nombre ruso de Pavel Rubtsov, fue detenido el 27 de febrero de 2022 cerca de la frontera polaca. Las autoridades del país sospechaban que estaba realizando labores de espionaje y decidieron mantenerle en prisión preventiva sin que se presentasen formalmente cargos contra él hasta el pasado 1 de agosto.

Ese día fue incluido en el mayor intercambio de presos entre Rusia y los países occidentales desde la Guerra Fría, en el que participaron 24 personas que cumplían condenas en prisiones de Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, Rusia y Bielorrusia.

Este martes, un portavoz de la Fiscalía General polaca, Przemysław Nowak, ha avanzado a los medios polacos que el caso contra González no había quedado archivado, tal y como había asegurado el abogado español de González, Gonzalo Boye.

Además, el Ministerio Público ha señado que sería posible desde el punto de vista legal que González que fuera juzgado en rebeldía, aún encontrándose en Rusia.

Uno de los efectos de un proceso de este tipo sería que González se vería probablemente en dificultades para regresar a la Unión Europea (UE), ante el riesgo de ser detenido y extraditado a Polonia.

Estados Unidos y otros países occidentales han intercambiado este jueves con Rusia una veintena de prisioneros en el aeropuerto de Ankara, bajo la coordinación de los servicios secretos turcos.

Estas son algunas de las personas que han participado en el canje, considerado el mayor desde la Guerra Fría:

Pablo González

Con doble nacionalidad española y rusa –es nieto de un 'niño de la guerra' y vivió en el país hasta los 9 años–, González es un periodista que ha trabajado durante años para diferentes medios españoles, con frecuencia como enviado especial a Rusia y Ucrania. Fue detenido en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, en marzo de 2022 y desde entonces ha permanecido encarcelado en Polonia sin juicio y en régimen de aislamiento, acusado de ser un espía ruso. La Agencia Polaca de Seguridad Interior dijo que trabajaba para la inteligencia militar GRU, utilizando su condición de periodista como tapadera para viajar por todo el mundo y acceder a zonas de conflicto. González ha negado las acusaciones y organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa han criticado a Polonia por no hacer públicas las pruebas contra él ni atribuirle hechos concretos.

Evan Gershkovich

Periodista del Wall Street Journal, Gershkovich se convirtió en el primer corresponsal occidental detenido por espionaje en Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Fue detenido en marzo de 2023 mientras elaboraba un reportaje en Yekaterimburgo. Las autoridades rusas afirman que estaba recopilando información para la CIA, pero nunca han hecho públicas ninguna de sus supuestas pruebas. Gershkovich, su periódico y el Departamento de Estado estadounidense han negado las acusaciones. En julio fue condenado a 16 años de cárcel en un juicio rápido y a puerta cerrada.

Paul Whelan

Detenido en 2018 acusado de espionaje, el ex marine estadounidense lleva desde entonces en una prisión rusa. Whelan, que también tiene nacionalidad británica, irlandesa y canadiense, siempre ha dicho que las pruebas contra él fueron falsificadas. En una entrevista reciente con la BBC, afirmó que se pasaba el día cosiendo sombreros y monos en una fábrica de la prisión, y que sus barracones estaban llenos de moho y sin calefacción. A finales del año pasado, la familia de Whelan afirmó que otro preso le había golpeado en la cara, rompiéndole las gafas.

Alsu Kurmasheva

Kurmasheva, de 47 años y redactora de Radio Liberty, con sede en Praga, es ciudadana de Estados Unidos y Rusia. Fue detenida el año pasado durante una visita familiar a la ciudad de Kazán, y acusada de no registrarse como “agente extranjera” y de difundir “información falsa” sobre las fuerzas armadas del país, en virtud de las duras leyes de censura promulgadas tras la invasión rusa de Ucrania.

Ilya Yashin

Yashin es uno de los líderes de la oposición más conocidos de Rusia, aliado durante mucho tiempo de Boris Nemtsov, asesinado en 2015, y de Alexéi Navalni, fallecido en prisión a principios de este año.

En una entrevista concedida el año pasado a The Guardian, escrita desde la cárcel, Yashin dijo que se había quedado en Rusia en lugar de emigrar porque consideraba que tras la invasión de Ucrania era importante quedarse y alzar la voz. “Entendí que una voz antibelicista debía hablar en Rusia”, afirmó.

Oleg Orlov

Veterano del movimiento disidente de la era soviética, Orlov, de 70 años, es uno de los defensores de los derechos humanos más respetados de Rusia, y durante las dos últimas décadas fue uno de los líderes de Memorial, organización que ganó una parte del premio Nobel de la Paz en 2022. Orlov fue condenado a dos años y medio de cárcel a principios de este año por criticar al Ejército ruso.

Sasha Skochilenko

A finales del año pasado, Skochilenko, una artista de 33 años, fue encarcelada durante siete años tras sustituir las etiquetas de los precios de un supermercado de San Petersburgo por mensajes contra la guerra en Ucrania. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia.

Vladimir Kara-Murza

Kara-Murza, veterano político y activista de la oposición de 42 años, ha acusado al Kremlin de intentar envenenarle en dos ocasiones, en 2015 y 2017. El año pasado, el también columnista del Washington Post fue encarcelado durante 25 años por sus críticas a la guerra en Ucrania y por sus vínculos con una organización “indeseable”. Su familia dijo que Kara-Murza, que tiene doble nacionalidad rusa y británica, había sufrido problemas de salud en prisión, como secuela de los envenenamientos anteriores.

Kevin Lik

Lik, de 19 años, es la persona más joven condenada por traición en Rusia. Fue condenado el pasado diciembre a cuatro años de cárcel, al parecer por enviar fotografías por correo electrónico a “representantes de un Estado extranjero” en el momento de la invasión rusa de Ucrania. Lik tiene doble nacionalidad alemana y rusa: nació en Alemania pero se trasladó a Rusia a los 12 años.

Rico Krieger

A diferencia de todos los demás implicados en el canje, Krieger estaba detenido en Bielorrusia, no en Rusia. Su caso no se hizo público hasta las últimas semanas, cuando se supo que había sido condenado a muerte en el país, supuestamente por llevar a cabo un atentado terrorista por orden de la inteligencia ucraniana. Apareció en una emotiva entrevista en la televisión estatal, suplicando clemencia y pidiendo al Gobierno alemán que interviniera. Según las autoridades bielorrusas, Krieger, de 30 años, fue detenido a finales del año pasado tras provocar una explosión en el país en la que nadie resultó herido, aunque no se presentaron pruebas públicamente. El pasado martes, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, indultó a Krieger.

Ksenia Fadeyeva

Colaboradora del difunto Alexéi Navalni en la ciudad siberiana de Tomsk, Fadeyeva estaba con Navalni cuando fue envenenado con el agente nervioso novichok en la ciudad en 2020. Posteriormente ganó las elecciones al consejo municipal. Sin embargo, las autoridades rusas ilegalizaron la organización de Navalni en 2021, y el año pasado Fadeyeva fue condenada a nueve años de cárcel acusada de “organizar un grupo extremista”.

Liliya Chanysheva

Chanysheva era otra de las coordinadoras regionales de Navalni y dirigía su oficina en la ciudad de Ufa. Fue condenada a siete años y medio de prisión por organizar una comunidad extremista, y la condena se prorrogó otros dos años en abril, después de que los fiscales dijeran que la sentencia inicial era demasiado indulgente.

Vadim Krasikov

Vladímir Putin llevaba tiempo señalando a Krasikov como su exigencia número uno en cualquier canje. Fue detenido en 2019 tras matar a tiros al exiliado checheno Zelimkhan Khangoshvili a plena luz del día en un parque de Berlín. Se cree que Krasikov era un antiguo oficial del FSB y viajó a Alemania con una identidad falsa. Las autoridades alemanas creen que el asesinato fue una misión autorizada oficialmente: un tribunal de Berlín calificó el ataque de “asesinato ordenado por el Estado”.

En su entrevista con Tucker Carlson a principios de año, Putin describió a Krasikov como “una persona que eliminó a un bandido en una de las capitales europeas, por sentimientos patrióticos”.

Artem Dultsev y Anna Dultseva

La pareja eran “ilegales”, es decir, espías rusos encubiertos que son enviados al extranjero en misiones de larga duración, que pueden durar décadas, haciéndose pasar por extranjeros. Artem y Anna se hicieron pasar por un matrimonio argentino formado por Maria Meyer y Ludwig Gisch, galerista y empresario informático respectivamente. Vivían en Liubliana (Eslovenia) con sus dos hijos, desde donde se cree que hacían tareas para la inteligencia rusa en toda Europa. Cuando fueron detenidos a finales de 2022, una fuente declaró a The Guardian que se había encontrado tanto dinero en efectivo en su oficina que se tardó “horas en contarlo”.

Se cree que sus dos hijos menores también están incluidos en el canje. Los dos estaban en un programa de acogida tras la detención y seguían asistiendo a la escuela en Liubliana.

Mikhail Mikushin

Otro 'ilegal' ruso, Mikushin fue detenido en Noruega, donde utilizaba la identidad brasileña de José Assis Giammaria. Fue detenido en la ciudad de Tromsø, al norte del país, donde trabajaba como investigador en una universidad, dedicada a evaluar las amenazas a la seguridad híbrida. Estaba previsto que fuera juzgado en septiembre.

Vladislav Klyushin

Empresario ruso vinculado al Kremlin, Klyushin, de 43 años, fue condenado en septiembre de 2023 por un tribunal de Boston a nueve años de prisión por su participación en una trama de tráfico de información privilegiada por valor de 90 millones de dólares, en la que se pirateó información secreta sobre los beneficios de varias empresas. Klyushin, propietario de una empresa informática con sede en Moscú que colaboraba con el Ministerio de Defensa ruso, era uno de los rusos de más alto perfil detenidos en Estados Unidos.

Roman Seleznev

Hijo de un diputado de la Duma rusa, Seleznev, de 40 años, fue detenido de vacaciones en un aeropuerto de las Maldivas en 2014 y condenado tres años después en Washington a 27 años de cárcel, la sentencia más larga de la historia por hackeo informático en Estados Unidos. Seleznev, conocido por su nombre de hacker Track2, fue acusado por un tribunal estadounidense de perpetrar un ciberataque contra miles de empresas estadounidenses que causó pérdidas por valor de 169 millones de dólares.

Vadim Konoshchenok

Konoshchenok, de 49 años, fue detenido por un plan para exportar tecnología estadounidense destinada a ser utilizada por Rusia en su invasión de Ucrania. Detenido inicialmente en Estonia y trasladado posteriormente a Estados Unidos, Konoshchenok estaba presuntamente implicado en la “red Serniya”. Esta red, integrada por siete rusos y estadounidenses, estaba implicada en el aprovisionamiento y envío ilegal de millones de dólares en material militar occidental a contactos militares rusos.

El periodista Pablo González, que fue detenido en febrero de 2022 en la localidad polaca de Rzeszow, ha sido puesto en libertad este jueves según ha explicado su defensa en un comunicado. “Nos complace informar que el periodista Pablo González, quien ha estado encarcelado en Polonia por más de 2 años y 5 meses, acusado de espionaje, ha sido liberado y trasladado, por ahora, a su país de nacimiento”, Rusia, según ha detallado su entorno en la citada nota.

La liberación se ha producido en el marco de un intercambio entre Rusia y Polonia de presos en ambos países, un hecho que, según la defensa de González, “marca un hito significativo en favor de la libertad de todos los periodistas que se encuentran en estos momentos presos en diversos países”. “Las razones humanitarias han sido primordiales en esta decisión, reconociendo el valor y la importancia del periodismo en la sociedad”, apuntan sus abogados.

“El intercambio ha sido posible gracias a intensas negociaciones entre las partes implicadas y a un exhaustivo trabajo jurídico que ha asegurado un marco legal adecuado para su materialización garantizando el respeto a los derechos y la dignidad de los periodistas involucrados”, añade la defensa de González, que destaca que “las autoridades rusas han demostrado un interés real en buscar una solución a esta situación, mientras que otros se han centrado principalmente en criminalizar a Pablo González en lugar de defenderle y proteger sus derechos como periodista”.

“Pablo González, reconocido por su labor periodística y su compromiso con la verdad, vuelve ahora a la libertad tras un período de injusta reclusión. Este acontecimiento subraya la necesidad de proteger la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel global. En nombre de Pablo y de su familia queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas y organizaciones, especialmente Free Pablo, que han trabajado incansablemente para lograr este resultado, y, a través del trabajo realizado en este caso, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la libertad de información y expresión allí donde se vea amenazada. Cuando Pablo esté en condiciones de hacerlo, atenderá personalmente a los medios y a las preguntas que muchos tendréis”, zanja el comunicado.

Quiénes son los otros liberados

La liberación habría tenido lugar en el marco del canje de prisioneros a gran escala entre Rusia y Occidente que se espera que también incluya tanto al periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich como al ex marine estadounidense Paul Whelan, según informa CNN citando a una fuente familiarizada. De acuerdo con la cadena, las partes han acordado el traslado de los prisioneros y se espera que estén pronto bajo custodia estadounidense.

Gershkovich fue condenado recientemente en la ciudad de Yekaterimburgo, capital de los Urales, a 16 años de prisión en un caso por espionaje que el periódico para el que trabaja tacha de “falso”. Whelan también cumplía otra pena de 16 años de cárcel por espionaje. Estados Unidos ha negado las acusaciones contra ambos.

Según la radio eslovena N1, la Justicia del país balcánico había expulsado a dos supuestos espías rusos con el fin de que participaran en dicho intercambio. Se trataba de Artem Viktorovic Dulcev y Ana Valerevna Dulceva, quienes se declararon culpables de los cargos de espionaje y falsificación de documentos, ya que utilizaban pasaportes argentinos falsos con los nombres Ludwig Gisch y Maria Rosa Mayer Munos.

Moscú estaba muy interesado en la liberación del agente ruso Vadim Krásikov, condenado en Alemania a cadena perpetua en diciembre de 2021 por el asesinato de un opositor georgiano-checheno en Berlín en 2019. Con ese fin, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, indultó este martes al ciudadano alemán Rico Krieger, que había sido condenado a muerte en junio por terrorismo.

La esposa de Pablo González, el periodista que lleva dos años en prisión preventiva en Polonia, Oihana Goiriena, se ha preguntado “qué ha hecho” el Gobierno español porque “resultados no se ven”. González fue detenido el 28 de febrero del 2022, acusado de ser espía ruso, mientras cubría la invasión a Ucrania para medios españoles.

Goiriena se ha desplazado hoy a Logroño para participar, a las 19:30 horas en 'La Zurda' (sede de Izquierda Unida), en un acto de apoyo a Pablo González, para el que pide “un juicio cuanto antes; que no le hagan cumplir una condena efectiva sin que haya tenido la ocasión de defenderse”.

La última noticia que tuvo de él fue después de que, la semana pasada, pudiera llamar a su abogado. “Se encuentra, dentro de sus circunstancias, bien, fuerte de ánimo, bien de salud y con ganas, sobre todo, de que esto se desbloquee, avance y de poder defender su inocencia”.

Ha relatado cómo, desde que ingresó en la cárcel, la prisión preventiva se le va prorrogando cada tres meses porque en Polonia ésta no tiene límite establecido.

De este modo, hay que “pelear por que pongan fecha de juicio, pero no está en manos de los abogados, tiene que intervenir alguna instancia superior que haga presión sobre el Gobierno de Polonia, que le diga que aunque en Polonia no haya limite legal es incompatible con la legislación europea”.

Ha entendido que esta instancia podría ser el Gobierno de España. A este respecto, Izquierda Unida llevó, el 2 de noviembre del año pasado, una iniciativa al Parlamento de La Rioja para instar al Gobierno de España, a través del Ejecutivo riojano, a que no cese hasta lograr la liberación provisional de Pablo González.

Se rechazó y, desde el PSOE, que se abstuvo, se alegó que el Gobierno de España está pendiente del caso. “Es lo que dicen, que están pendientes del caso, pero lo cierto es que en dos años y medio que se van a cumplir en agosto no se ha avanzado en absoluto”, ha indicado.

Ha añadido: “Lo que estamos pidiendo es básico, y nada que vaya en contra de ninguna legalidad, que Pablo pueda hablar por teléfono con sus hijos, porque lleva casi dos años y medio sin hablar con sus hijos mediano y menor”.

“Algo tan básico como eso, que nos den visitas regulares, sólo nos han concedido tres visitas en dos años y medio. No se ha avanzado nada, no sé lo que está haciendo el Gobierno de España pero ver no se ven resultados”, ha afirmado.

En cuanto a la fecha del juicio, ha indicado que, tras la primera prórroga, el ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares, “dijo que estaba en contacto directo con su homólogo polaco y que le instaba a que pusiera fecha de juicio”. “Pero”, ha añadido, “seguimos igual, entonces, no sé lo que han hecho, pero resultados no se ven”.

Se ha preguntado “cómo sucede esto en Europa, porque Polonia es un país de la Unión Europea”; y cómo es posible que “nadie, ninguna instancia, del Gobierno de España o de la Unión Europea, le de un toque de atención”.

En este marco, Goiriena acude a Logroño para “darle voz, presentar su caso, denunciarlo, porque es bastante desconocido”, ha dicho explicado que, ahí donde me le han llamado y ha acudido, “la gente se sorprendía de la poca repercusión que está teniendo”.

Ha visto necesario “que haya un poco más de presión social al Gobierno de España para que éste, a su vez, la haga a Polonia”. Un gobierno, el de España, que no ha hablado con la mujer de Pablo García, con el que tiene tres hijos de dieciséis, doce y nueve.

O

Un centenar de periodistas se han concentrado este miércoles ante la puerta del Consulado de Polonia en Madrid para pedir la liberación del periodista Pablo González, detenido en prisión preventiva en Polonia desde febrero de 2022 sin acusación judicial, y para reclamar “un juicio con garantías y su extradición inmediata”.

Convocados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Periodistas de CCOO, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP), la Agrupación de Periodistas de UGT, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, la Asociación y el Colegio de Periodistas Vascos, Euskal Sindikatua ELA Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Federación Europea de Periodistas (FEP) y Reporteros Sin Fronteras, los asistentes han escuchado el manifiesto que ha leído el responsable de los temas internacionales y vocal de la Directiva de la FAPE, Luis Menéndez.

Los organizadores han depositado el manifiesto en español y en polaco en el buzón del Consulado tras “no haber sido recibidos para entregarlo en mano, pese a solicitarlo”, según ha informado la FAPE.

No es tolerable que un país de la UE tengo preso preventivo a un profesional de la información, con absoluta opacidad sobre los cargos precisos que se le imputan, tras 28 meses de encarcelamiento e incomunicación

En el manifiesto, los periodistas demandan urgentemente de las autoridades polacas la liberación inmediata de Pablo González. “No es tolerable que un país de la Unión Europea tengo preso preventivo a un profesional de la información, con absoluta opacidad sobre los cargos precisos que se le imputan, tras 28 meses de encarcelamiento e incomunicación”, señalan.

“La principal demanda es que se le juzgue, que se sustenten los cargos y que sea liberado a la espera de juicio, que no haya encarnizamiento carcelario”, ha expresado en el acto Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Los convocantes insisten en que simplemente piden “un derecho fundamental y humano”, un “juicio con garantías” para el reportero Pablo González.

Reclaman a Polonia “máxima transparencia” y un juicio “con todas las garantías”

Igualmente, exigen rigurosamente a las autoridades judiciales de Polonia la “máxima transparencia” en el proceso que siguen contra Pablo González y –en el plazo más breve posible– la rápida celebración de un juicio “con todas las garantías, frente a las acusaciones y presuntas pruebas que pudieran aportar contra él”.

En este punto, el manifiesto recuerda que, según la legislación europea, “cabe incluso la posibilidad de su repatriación a España a la espera del juicio definitivo”.

Los periodistas reclaman también con urgencia a las autoridades españolas para que mantengan una actitud “mucho más decidida” ante el gobierno de Polonia, lo mismo que en las instancias europeas, tal como lo vienen reclamando diferentes ONG de los derechos humanos, los sindicatos y organizaciones de periodistas de España y otros países, así como la Federación Internacional de Periodistas, entidad representativa de 600.000 periodistas de todo el mundo.

Los manifestantes han trasladado su solidaridad a la familia y amigos de Pablo González así como a su grupo de apoyo, y como compañeros de profesión advierten de que no toleran que Pablo “siga un minuto más en las cárceles de Polonia”.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Periodistas de CCOO, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP), la Agrupación de Periodistas de UGT, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, la Asociación y el Colegio de Periodistas Vascos, Euskal Sindikatua ELA Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Federación Europea de Periodistas (FEP), Reporteros Sin Fronteras y la Asociación #FreePabloGonzález convocan una concentración de periodistas por la liberación de Pablo González, reportero detenido en prisión preventiva en Polonia desde febrero de 2022, hace 28 meses, sin acusación judicial formal. El acto de protesta tendrá lugar este miércoles 26 de junio ante el consulado de Polonia en Madrid, al que se entregará un manifiesto en el que también se exigirá “un juicio con garantías y la repatriación inmediata” de González.

Desde su arresto el 28 de febrero de 2022, las autoridades polacas no han precisado los detalles que llevaron a su detención, más allá de una vaga acusación de “espionaje”. Formalmente, el periodista sigue estando en “prisión preventiva”, una situación que la Justicia polaca ha prorrogado hasta nueve veces. En el momento en el que fue detenido, Pablo González estaba en territorio polaco informando de la llegada de refugiados ucranianos a Polonia justo después de que empezara la invasión rusa de Ucrania. Actualmente, Pablo González está la cárcel de Radom, a un centenar de kilómetros de Varsovia, capital polaca.

Especializado en culturas eslavas, Pablo González ha trabajado como reportero autónomo para medios como laSexta, Público, la agencia EFE o GARA desde hace años, informando sobre el terreno de los conflictos armados del Alto Karabaj, Crimea o el Donbás. Pablo González nació en Moscú y tiene doble nacionalidad, española y rusa porque su padre es ruso.

En estos 28 meses de encarcelamiento, numerosas organizaciones profesionales representativas del sector, incluidas la FAPE y las federaciones internacional y europea de periodistas, han instado a las autoridades polacas a liberar al reportero encarcelado y a la celebración de un juicio justo.

Se cumplen dos años del encarcelamiento del periodista Pablo González en régimen de aislamiento en Polonia, acusado de ser un espía para el Kremlin. Su detención y encierro se produjo en los mismos días en los que Rusia invadió Ucrania y, desde el principio de este caso, todo ha estado envuelto en una opacidad que desde ámbitos jurídicos y de defensa de los derechos humanos se califica como una irregularidad grave. 

Hablamos con Andrés Gil, subdirector de Internacional de elDiario.es, para recordar las claves de este caso, y con la magistrada Garbiñe Biurrun analizamos desde un punto de vista jurídico las vulneraciones de derechos fundamentales que están caracterizando este procesamiento.    

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Pablo González lleva arrestado y encarcelado en Polonia desde el 28 de febrero de 2022. Había acudido a Polonia para cubrir, como periodista experto en Europa del Este, la crisis humanitaria y el éxodo causado por la invasión rusa de Ucrania. Pablo González nació en Moscú en 1989 y tiene nacionalidad doble ruso-española, por ser nieto de un “niño de la guerra”: tiene pasaporte ruso con el nombre de Pavel Rubtsov (vivió en Rusia hasta los 9 años).

¿Y qué cargos hay? Polonia le acusa de espionaje para Rusia, pero sin atribuirle ningún hecho concreto del que se pueda defender. La Agencia Polaca de Seguridad Interior (ABW por sus siglas en polaco) acusó a González de usar su profesión para encubrir actividades para la inteligencia militar rusa (GRU), sin aportar ningún caso concreto. Por ello, puede recibir una pena de hasta diez años de prisión.

En los últimos días, según ha podido saber elDiario.es, se han practicado algunas diligencias de investigación que, según explica su entorno, podrían haberse hecho hace dos años.

Al mismo tiempo, se han cursado diversas comisiones rogatorias a distintos países, España incluida. En la emitida a España se pedía investigar la cuenta bancaria de Pablo González y tomar declaración a su entorno, cosa de la que se ha ocupado la Audiencia Nacional. En estos dos años, además, Polonia y Rusia han intercambiado espías, pero González nunca ha aparecido en ninguna de esas listas.

¿Y cuál es el temor del entorno del periodista? Que en Polonia ha habido casos similares con personas que han estado varios años en prisión provisional y ya “para entonces da igual si eres culpable o inocente”.

Como explicaba en elDiario.es Garbiñe Biurrun, profesora de Derecho de la UPV, “Pablo González fue detenido en Polonia, en plena Unión Europea, hace dos años, acusado de un delito de espionaje para Rusia. No sé si es o no culpable de estos cargos. Bueno, es una manera de hablar, una manera realmente muy incorrecta de expresarme ya que, en realidad, sé que es inocente, al menos hasta hoy, dado que tiene, como ustedes y como yo, derechos, derechos fundamentales. Y uno de ellos, el primero en lo que a este caso respecta, es el del artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – CDFUE – o del artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos – CEDH -, que también rigen en Polonia – bueno, esto es un decir -. O sea, el derecho a que ”todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada“ y que ”se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de defensa“.

González, además, según explica su entorno, se encuentra en situación de incomunicación, encerrado 23 horas al día en una pequeña celda, saliendo solo una hora a un patio, sin poder comunicar con nadie salvo en contadas ocasiones. Amnistía Internacional pedía este martes el fin del régimen de aislamiento.

Con motivo de este 28 de febrero, cuando se cumplen dos años de la detención de Pablo González, artistas, intelectuales y profesores han participado en un vídeo en el que piden el “respeto a su presunción de inocencia” y “que se le juzgue ya respetando la ley”.

“Su cruel arresto se ha basado únicamente en sospechas y bulos”, han explicado en el video el grupo de participantes compuesto por Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Baltasar Garzón, Pepe Viyuela, Wily Toledo, Pulpul, Gervasio Sánchez, Ana Pardo de Vera, Teresa Aranguren, José Antonio Martín Pallín, Martxelo Otamendi y David Pareja.

Asimismo, han colaborado Miquel Ramos, Jorge Riechmann, Fonsi Loaiza, Iñaki Soto, Mariano Muniesa, Javier Couso, Amaia Goikoetxea, Ander Izaguirre, Carlos Taibo, Juan Teixeira, Rubén Sánchez, Bob Pop, Javier Gallego, Olga Rodríguez, Asier Blas, Aitor Merino, Xabier Lapitz, Iñaki Makazaga, Javier Parra, Alfonso Bauluz, Antonio Maestre, Aníbal Garzón y Oihana Goiriena.

Para este mismo martes hay convocadas varias concentraciones. Entre otras, una en Madrid, con el lema 'Hacer periodismo no es delito', a las 19:00 frente al Ministerio de Exteriores y otra en Gernika a la misma hora en la fuente Merkurio.

¿Y qué dice el Gobierno? El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu preguntaba al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre el asunto este miércoles en la sesión de control. Albares ha contestado: “Voy a seguir exigiendo un juicio oral lo antes posible y voy a seguir ocupándome directamente y dando instrucciones, como he hecho desde hace dos años, al embajador de España en Polonia para que él personalmente se ocupe”.

Iñarritu ha señalado en su intervención que “en Polonia no existe una norma que limite el tiempo máximo de prisión preventiva, a pesar de las diferentes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Además, ha precisado que esto, a su juicio, “busca quebrar la voluntad y la defensa de personas presas en situación que no haya pruebas contra ellas intentando que se autoinculpen”.

Por su parte, el ministro ha defendido que “evidentemente” se “ocupa” del caso de Pablo González “muy directamente”. “Igual que me ocupo de los casi mil presos españoles que se encuentran en estos momentos en el exterior de España”, ha apuntado: “Hacemos todo lo que está en nuestra mano por asegurarnos que tiene la mayor comunicación posible. Ahí están esas 17 visitas de la Embajada de España a él, los contactos en cada ocasión, y subrayo lo de en cada ocasión, que me encuentro con mi homólogo polaco. La última ha sido el día 19 de este mes”.

En una reciente entrevista con elDiario.es, el ministro de Exteriores decía: “Siempre que tengo encuentros con mi homólogo polaco le he trasladado lo mismo: que lo que deseo es que se produzca un juicio oral público lo antes posible y nuestras conversaciones siempre terminan de la misma manera. Mi colega polaco me dice que lo trasladará a su Ministerio de Justicia, porque los ministros de Asuntos Exteriores, cuando se trata de casos dentro de la Unión Europea, nuestras competencias son muy limitadas, es la asistencia consular y poco más. Hay un espacio judicial único y hay una comunicación directa entre jueces y ministerios de Justicia. Son los ministerios de Justicia, español y polaco, y los jueces los que tienen que intervenir”.

“Yo no soy juez ni soy policía investigador, y por lo tanto, no puedo saber si la investigación o los cargos existen o no existen o si se realizan bien o no se realizan bien”, decía Albares: “Lo que no va a cambiar es que estamos hablando de Polonia, que es un país que está dentro del espacio judicial único europeo, donde hay una comunicación directa entre jueces y entre ministerios de Justicia”.

Albares mantuvo el pasado 19 de febrero su primer encuentro bilateral con su nuevo homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, tras el relevo en el Gobierno del país. El encuentro se produjo en los márgenes de la reunión que los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebraron hoy en Bruselas, según explicó Albares en la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que le pidió que “tenga un juicio oral lo antes posible”. 

Dos años de guerra en Ucrania dan para mucho cambio, y precisamente esa es la idea que más se repite en los especiales periodísticos que estos días hacen balance en el segundo aniversario: “la guerra que lo cambió todo”. En dos años han cambiado las fronteras de un país (por la fuerza), han cambiado de hogar millones de personas (desplazadas dentro y fuera de su país), han cambiado radicalmente las vidas de cientos de miles de ciudadanos (muertos, heridos, convertidos en soldados), han cambiado ciudades y pueblos (destruidos), han cambiado las relaciones entre Rusia y eso que todavía llamamos “Occidente”, ha cambiado Europa, ha cambiado la OTAN, ha cambiado la política de defensa europea, han cambiado los presupuestos de defensa de los países europeos, ha cambiado la industria militar europea, ha cambiado el modelo energético europeo para prescindir del gas y el petróleo rusos, ha cambiado la economía europea, ha cambiado el coste de nuestra cesta de la compra…

¿Sabes lo que no ha cambiado en dos años? La situación del periodista español Pablo González. Está exactamente donde estaba hace ahora dos años. Está exactamente en la misma situación que a finales de febrero de 2022: acusado de espionaje, en prisión provisional, encerrado en una cárcel de máxima seguridad, aislado en una celda 23 horas al día con solo una hora de patio, incomunicado la mayor parte del tiempo, sin apenas contacto con su familia, con el acceso muy limitado a sus abogados, sin información, sin que se conozcan las pruebas en su contra, sin acusación firme, sin garantías procesales, sin fecha de juicio, sin mucha preocupación por parte de las autoridades españolas -que se limitan a enviarle al cónsul de visita-, y sin intervención de las autoridades europeas pese a la violación de derechos humanos y al daño a la libertad de expresión y de información. Y sin ver a sus hijos, ni siquiera en videoconferencia, por decirlo todo.

Nada, ningún cambio. Los mismos artículos, manifiestos y gestos de solidaridad que vimos al cumplirse un año de su cautiverio, valen para este segundo aniversario con solo modificar la fecha, porque Pablo González ha pasado otro año aislado en su celda. Y lo que le queda, pues hace dos semanas el tribunal polaco volvió a prorrogar su prisión provisional otros tres meses.

Ah, un dato importante, que igual se me están despistando con tanto atropello: a Pablo González no lo ha encerrado Putin en una prisión siberiana, sino que está encarcelado sin fecha y sin garantías en una cárcel de Polonia, país miembro de la Unión Europea. Por cambiar, en estos dos años hasta ha cambiado el Gobierno polaco, que ha pasado de los ultraderechistas al europeísta Donald Tusk, sin que eso haya supuesto tampoco ninguna modificación en la situación de nuestro compatriota.

Dicen los analistas que la guerra de Ucrania va para largo, que 2024 será un año perdido, que a lo mejor para 2025 se mueve algo, y mientras toca armarse de paciencia (y sobre todo armarse de munición y ataúdes) porque la guerra se puede cronificar, quedarse estancada en un empate catastrófico durante muchos más meses o incluso años. Esperemos que ese pronóstico no sea extensivo a los efectos colaterales de esta guerra, como el encarcelamiento de Pablo González. Ayudaría mucho que el Gobierno español se implicase, pidiese su libertad provisional y traslado a España a la espera de juicio, y defendiese con fuerza los derechos de un ciudadano español. Y nosotros podemos sumarnos a la campaña #FreePabloGonzález.

“Las detenciones y arrestos arbitrarios de periodistas se han convertido en un lugar común en Europa”. Es una de las conclusiones que extrae la Plataforma de Defensa del Periodismo de la institución en su informe de 2022 en el que recoge que un total de 95 reporteros pasaron por la cárcel, lo que supone un incremento del 60% respecto al año anterior. Entre los casos que cita el Consejo de Europa está el del español Pablo González, en prisión desde hace un año acusado en Polonia de espiar para Rusia.

Durante todo este tiempo, las pruebas que supuestamente existen contra él para demostrar ese espionaje o la investigación que se ha llevado a cabo no se han hecho públicas mientras permanece en prisión provisional a la espera de juicio. El Consejo de Europa advierte en su informe de los efectos negativos de la prisión preventiva. “El Tribunal Europeo de derechos humanos estableció que la detención provisional debe ser excepcional cuando periodistas u otros actores de los medios están siendo investigados”, recoge el texto.

El informe se basa en las alertas que realiza, en colaboración con las asociaciones, la plataforma del Consejo de Europa que promueve la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas. En base a las alertas que han detectado sobre la situación de los periodistas, el informe concluye que los cargos de los que se les acusa van más allá de infracciones relacionadas con la prensa: sospechas de sobornos, fraude y extorsión, organización terrorista o financiación de actividades extremistas, desobediencia, incitación al odio, conspiración, o participación en actividades de los servicios de inteligencia de terceros países, como es el caso de Pablo González. 

Desde su encarcelamiento en febrero de 2022, el Gobierno se ha limitado a decir que González recibe auxilio consular y a expresar el respeto a su presunción de inocencia. “El Gobierno de España lógicamente lo que hace es respetar el Estado de Derecho de Polonia y, por lo tanto, a la Justicia polaca, igual que pedimos siempre respetar a la Justicia española y la de cualquier país de la UE”, dijo Pedro Sánchez el pasado mes de julio. 

El grueso de las encarcelaciones se produjeron en Turquía (52) y Rusia (22), además de 14 en los territorios ocupados de Ucrania. A los 95, hay que sumar los 32 que se detectaron en Bielorrusia, país al que el informe dedica un apartado concreto. En total, el Consejo de Europa cifra en 156 los arrestos producidos en el continente -la mayoría de ellos en Rusia (89 más doce en los territorios ocupados de Ucrania) y Turquía (36)-. En España recoge dos: de la colaboradora de El Salto Joanna Giménez y una fotoperiodista que fueron detenidas cuando filmaban protesta de activistas de Futuro Vegetal en el Museo del Prado de Madrid. 

El informe también recoge la muerte de doce reporteros que estaban desempeñando su trabajo en el marco de la guerra de Ucrania. Otros 21 han resultado heridos desde la invasión rusa en febrero de 2022. En total, más de 11.000 periodistas han sido acreditados por las autoridades ucranianas para informar del conflicto sobre el terreno. “Cubrir la guerra ha sido un gran desafío en vista de los bombardeos indiscriminados, los ataques dirigidos a las infraestructuras de radiodifusión y comunicaciones, los cortes de energía y los intentos de atacar y capturar periodistas en las zonas ocupadas”, recoge el informe. 

Aparte de las muertes de los corresponsales de guerra, el informe recoge el asesinato a tiros de Güngör Arslan en Turquía. 

“Hemos visto un perturbador incremento de los ataques y las amenazas contra los periodistas en los últimos años. Muchos periodistas han mostrado su coraje y otros han pagado con sus vidas por el derecho a informar sobre la guerra en Ucrania. El hecho de que muchos de esos ataques queden impunes amenaza la base de nuestras sociedades. Pido a los estados miembros que se tomen el asunto en serio y respeten y protejan los derechos de los periodistas, aseguren su seguridad, protejan sus fuentes y prevengan la censura y otras formas de interferencia en su trabajo”, señala la secretaria general, Marija Pejčinović Burić.

En total, el Consejo de Europa lanzó 289 alertas sobre amenazas o ataques a la libertad de información a lo largo del pasado año en 37 estados del continente. En esa cifra se incluye a Rusia dado que las organizaciones del sector asociadas a la institución decidieron seguir monitorizando la situación a pesar de la expulsión de Rusia en marzo de 2022. La mayoría de los avisos (94) estaban relacionados con el acoso y la intimidación a los informadores y un 26% fueron ataques a la integridad física, aunque descendieron las relativas a la violencia o las amenazas en las protestas debido al descenso en las manifestaciones relacionadas con el Covid, según el informe. 

“Estoy detenido. Llama a Gonzalo [Boye] y avisa a mi madre. Estoy bien, llevo horas, me han dado café”. Esas fueron las palabras con las que el periodista Pablo González avisó a su pareja y madre de sus hijos, Oihana Goiriena de que había sido encarcelado en Polonia el pasado 28 de febrero de 2022, donde había ido para cubrir los flujos migratorios que surgieron al comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Las autoridades polacas le detuvieron bajo la acusación de participar en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia y ser un agente del Departamento Central de Inteligencia ruso que aprovechaba su condición de periodista para viajar por países europeos y obtener información, puesto que González, nieto de un niño de Rusia exiliado como consecuencia de la Guerra Civil Española, nació en Moscú en 1982 y fue inscrito con el nombre de Pavel Rubtsov, por lo que contaba con pasaportes de ambas nacionalidades.

En un primer momento estuvo incomunicado, sin posibilidad de hablar con su abogado, Gonzalo Boye ni con nadie de su familia. Tampoco se conocían las razones de su detención. No fue hasta el 13 de noviembre, 200 días después de ser encarcelado, que pudo denunciar su situación y sus condiciones de encarcelamiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos. Meses más tarde, concretamente el 21 de noviembre, su pareja pudo visitarlo por primera vez en la cárcel polaca. Un año después de su detención, Goiriena ha recordado cómo fue aquella visita rodeada de colegas periodistas, amigos y familia de Pablo González, en un acto dedicado a él, organizado por Público y la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas y celebrado este viernes en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). “Yo iba preparada, ya sabía que había perdido mucho peso, él decía que unos 20 kilos. La verdad es que me lo encontré mejor de lo que creí que iba a estar, porque pasa 23 horas en una celda y tiene una sola hora al día para pasear y teniendo en cuenta que es Polonia, la luz del sol mucho no le da. Me esperaba encontrarlo con un aspecto más enfermizo, pero se le veía saludable y anímicamente fuerte y eso me alegró”, ha asegurado.

No existen precedentes de un periodista de un Estado miembro del espacio comunitario, preso en un Estado miembro del espacio comunitario

Edith Rodríguez — Vicepresidenta de Reporteras Sin Fronteras

Durante el acto, que ha contado con la presencia de investigadores y catedráticos de la UPV/EHU y periodistas de medios en los que el periodista colaboraba como Público o Gara, compañeros de González han contado a la sala cómo era realmente trabajar con él. “Era un periodista todoterreno, no era un periodista de guerra. Él contaba los conflictos y explicaba por qué sucedían, narraba lo que creían y pensaban ambos bandos y en el caso de la guerra de Ucrania igual, dio voz a ambos”, han explicado el fotoperiodista Juan Teixeira, que estuvo sobre el terreno con González y Jon Kortazar, compañero de Pablo González en Geopolitikaz y director de la tesis doctoral que está realizando en la UPV/EHU. “Aquí la gente igual no lo sabe, pero uno de sus últimos tuits fue para criticar la intervención militar rusa en Ucrania que comenzó el 24 de febrero. Todo eso que se vende de que Pablo González es un periodista pagado a sueldo de alguien es algo que cae por su propio peso. La última vez que estuve con él (...) estaba convencido de que no iba a haber una intervención militar rusa en Ucrania, de hecho tenía una charla programada en el municipio de Elantxobe para el 25 de febrero, que fue el día posterior a esta intervención. Él pensaba estar aquí. Entonces, eso que se dice que es un espía, si eso fuera cierto sería un espía bastante mal informado porque su actividad diaria no es la de un espía informado”, ha asegurado Kortazar.

Tres días después de la visita de Goiriena a González en la cárcel de Polonia, concretamente el 24 de noviembre, la justicia polaca anunció que se prorrogaba su encarcelamiento otros tres meses más, sin hacer públicas las pruebas que afirman tener contra él. “El Gobierno español le ha puesto a Pablo asistencia consular desde que se supo que estaba detenido. Debo de decir que la relación de la familia con el cónsul es muy buena, es muy cercano, él también es padre y creo que ha empatizado con nosotros y hace todo lo que puede. El problema es qué puede hacer. La labor consular es de asistencia burocrática, pero no puede incidir diplomáticamente. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España no hemos tenido ningún contacto, nadie se ha puesto en contacto con nosotros”, ha lamentado.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España no hemos tenido ningún contacto, nadie se ha puesto en contacto con nosotros

Oihana Goiriena — Pareja de Pablo González y madre de sus hijos

Según ha criticado Nacho Calle, jefe de investigación de Público, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre este caso han tenido un viraje. “Al principio, tanto el ministro como el presidente jugaban a la duda sin explicar absolutamente nada, con ambigüedad. Ahora sus declaraciones van en el sentido de pedir a Polonia que respete los derechos de Pablo. Es decir, empiezan a frenar”, ha asegurado, para luego recalcar que “va a cumplir un año dentro de poco y, o Polonia pone encima de la mesa algo muy contundente para tener a un periodista en la cárcel o la protesta social tiene que ser enorme para denunciar lo que han hecho el Gobierno español y otros poderes públicos como Lehendakaritza. Hay muchos poderes públicos que no se están comprometiendo como deberían. Yo no digo que salgan a defenderlo, puede tener un juicio justo, pero hay formas para conseguir que un estado de la Unión Europea explique por qué tiene a un periodista en la cárcel”, ha insistido.

Por el momento, las pruebas que son públicas y por las que Polonia mantiene preso al periodista son, según ha explicado su pareja, que tenía dos pasaportes, español y ruso, que escribía para el periódico Gara, que tenía una tarjeta de Laboral Kutxa y que había viajado “varias veces” a Rusia, según ha confirmado Goiriena, a visitar a su padre, que allí reside. La acusación de espionaje puede llevar a la condena de hasta 10 años de cárcel según el Código Penal de Polonia. Edith Rodríguez, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, ha asegurado que “no existen precedentes de un periodista de un Estado miembro del espacio comunitario, preso en un Estado miembro del espacio comunitario”. La pareja del periodista, visiblemente emocionada ha recordado que sus hijos “llevan un año entero sin poder ver a su padre”.

No sabemos si el remitente es un pirado en busca de notoriedad, los servicios secretos rusos, los ucranianos para liarla más, o el Gobierno español por no sabemos qué retorcidos motivos (la ultraderecha ya ha puesto en circulación el bulo). Lo cierto es que al abrir el buzón había cuatro, cinco, seis cartas con material pirotécnico. Y las seis con mensaje claro, seis chinchetas en el mapa que si las unimos como en los pasatiempos dan un mensaje claro: guerra en Ucrania. O más bien: España y la guerra de Ucrania.

En casi nueve meses de guerra, esas seis cartas son el único daño que ha sufrido nuestro país, aparte del coste económico de la crisis energética europea. En guerras anteriores en que estuvimos implicados sufrimos daños mucho mayores: soldados muertos sobre el terreno, o en accidente aéreo regresando del frente, además de periodistas asesinados o secuestrados. En esta de Ucrania, hasta ahora solo unas cartas con pirotecnia. Hace un par de meses las teles sensacionalistas nos asustaban y entretenían simulando ataques nucleares sobre nuestras capitales, pero nada. Unas cartas chapuceras.

Claro, Isaac, es que en las otras guerras participábamos, en esta no. Bueno, bueno, permítanme que lo discuta. No voy a hacerle el juego al que envía las cartas, ya bastante publicidad le dan los medios retransmitiendo en carrusel cada nueva carta encontrada. Pero si algo consiguen esas cartas enviadas al Gobierno, a Defensa, embajadas, una base aérea o un fabricante de armas, es recordarnos algo que preferimos olvidar, que no queremos ni saber: que ésta también es nuestra guerra. Podemos seguir usando el eufemismo de “ayuda a Ucrania”, pero lo cierto es que España, como el resto de la Unión Europea y la OTAN, estamos metidos hasta las trancas en la guerra de Ucrania. Con menos intensidad que otros países, pero ahí estamos. Y la mejor prueba de ello no es ni el envío continuo de armamento y dinero, ni la formación de militares ucranianos, ni el centro de satélites de Torrejón que facilita imágenes aéreas a Kiev: la mejor prueba de que somos parte en la guerra es el cierre de filas mediático, el consenso informativo. Pensamiento único, decía Andrés Ortega hace unos días aquí. Propaganda de guerra, por llamarla por su nombre. Como no se ha visto igual en otras guerras. Propaganda que incluye, como primera medida, no decir que nos hemos metido en una guerra que está dejando enorme destrucción y miles de muertos, y cuyas consecuencias geopolíticas a medio y largo plazo ya veremos.

No entro a discutir si es legítimo o no tomar parte de esta guerra, si no hay más remedio e incluso deberíamos implicarnos más, o si deberíamos quedarnos al margen y apostarlo todo a la diplomacia y la negociación por difícil que sea. Conozco de sobra los motivos a favor de intervenir, no me convenzan, ya sé quién es Putin. Lo que señalo es que, esté bien o mal, no ha habido debate público sobre el asunto. Empezando por negar la evidencia: que nos hemos metido en una guerra. Nosotros, el país del “no a la guerra”.

Pero espera, que en el buzón hay otra carta, también de la guerra. En este caso no es una carta explosiva, aunque casi duele más: es una carta del periodista español Pablo González, que lleva nueve meses aislado en una cárcel polaca sin que se respeten sus derechos, sin juicio y con la sola prueba de una vaga acusación de colaboración con el enemigo. Tras nueve meses ha recibido por primera vez visita de su familia, y les ha entregado una carta que viene a recordarnos que, en esa guerra que también es nuestra, un periodista nuestro está encarcelado, pasando frío y mal alimentado, sin derechos y con al menos otros tres meses de prisión incomunicada por delante.

Las cartas, todas, se olvidan pronto. En unos días no nos acordaremos ni de las incendiarias ni de Pablo González, y se nos volverá a olvidar que andamos metidos en una guerra. Lejana, pero nuestra.

Este noviembre el periodista español Pablo González Yagüe (Moscú, 1982) ha cumplido nueve meses entre rejas en una cárcel polaca, y los jueces de ese país han decidido prorrogar su encarcelamiento tres más. Acusado de espiar para Rusia aprovechando su condición de periodista y su libertad de movimientos para transitar zonas en conflicto bélico, este nieto de uno de los 'niños de la guerra' que ha cubierto distintos conflictos para medios de comunicación denuncia que, por ahora, las pruebas que supuestamente existen contra él para demostrar ese espionaje no se han hecho públicas mientras él sigue en prisión provisional.

Este jueves el tribunal regional de Przemyśl ha decidido prorrogar este encarcelamiento, por lo pronto, durante tres meses más. Como mínimo, por tanto, hasta que el periodista cumpla un año entre rejas si no hay una nueva decisión que revoque su situación de prisión provisional. Los argumentos del tribunal, por el momento, no son públicos.

La misma respuesta que el periodista español, que entre otros medios ha trabajado para La Sexta, Gara o Público, ha recibido de los jueces de Polonia desde su entrada en la cárcel en febrero de 2022 otras dos veces más. Desde el primer comunicado emitido por la agencia polaca de seguridad ABW, la acusación siempre ha sido la misma aunque hasta la fecha no han trascendido las pruebas que, según los investigadores, había entonces contra él. Tampoco en qué ha consistido la investigación que le ha mantenido entre rejas mientras el caso se prepara –o no– para ir a juicio.

Pablo González Yagüe nació en Moscú, nieto de uno de los 'niños de la guerra' que huyeron de la contienda civil y de la dictadura franquista para instalarse en Rusia. Cuando nació, su nombre era Pavel Rubtsov, aunque su madre se lo cambió al actual cuando se trasladaron al País Vasco tras divorciarse del padre. Varias informaciones emitidas por medios polacos posteriormente a su detención apuntaban a la existencia de dos identidades distintas, que su defensa justifica con este cambio de nombre cuando todavía era un niño.

No hay mucha más información sobre en qué consisten exactamente esas acusaciones de espionaje. Ni en qué conflictos habría espiado para Rusia ni qué información, supuestamente, habría pasado a Moscú escondido tras su carnet de periodista y en detrimento de qué Estado. Esta semana González ha recibido por primera vez una visita de su familia, dos horas tras las cuales, en un comunicado, sus allegados explicaron que el periodista “se encuentra física y anímicamente bien” y que “se ha animado mucho con la visita y, a pesar de la falta de intimidad, le he podido poner al día de todo lo sucedido en estos meses respecto de sus hijos y del resto de su familia tanto en España como en Rusia”.

Después de esta visita en la cárcel al periodista, tanto su familia como uno de sus abogados, Gonzalo Boye, se reunieron con el cónsul de España en Varsovia. Desde su encarcelamiento en febrero de este año, desde el ejecutivo central español se ha incidido en el auxilio consular prestado y en el respeto a su presunción de inocencia. “El Gobierno de España lógicamente lo que hace es respetar el Estado de Derecho de Polonia y, por lo tanto, a la Justicia polaca, igual que pedimos siempre respetar a la Justicia española y la de cualquier país de la UE”, dijo Pedro Sánchez el pasado mes de julio. En su momento, además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó en sede parlamentaria que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había hecho una “visita” al periodista sin dar más detalles.

Pablo González cubre desde hace años información en distintas zonas de conflicto. “Siempre me he interesado por el mundo de la Europa oriental, central, los Balcanes y el Cáucaso”, decía sobre sí mismo en una entrevista en 2015. Y su arresto a finales de febrero no había sido su primer encuentro con las autoridades de países extranjeros: 20 días antes de su última detención también fue arrestado en Kiev cuando se dirigía al este del país a cubrir el incipiente conflicto armado bajo acusaciones de “prorruso”, según informaron varios medios de comunicación.

De su última detención solo se conoce la calificación genérica de un delito de espionaje tipificado en el artículo 130 del código penal de ese país: de uno a 10 años de cárcel para quien “esté involucrado en las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia”. Tal y como explicó elDiario.es en este reportaje, para cuando fue arrestado la ultraderecha polaca ya había dedicado varias publicaciones en Twitter a su actividad, acusándole, por ejemplo, de promover la inmigración ilegal por haber cubierto una manifestación pro migrantes en Varsovia en noviembre de 2021.

Periodistas y juristas piden su libertad

En estos nueve meses, diversas personalidades del mundo de la judicatura y del periodismo se han agrupado para mostrar su apoyo y exigir la liberación del periodista español. El pasado mes de octubre decenas de personas firmaron varias cartas en este sentido remitidas, entre otros, al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al ministro de Justicia de Polonia y a la directora de la oficina del Parlamento Europeo en España.

Unas cartas en las que periodistas y juristas acusaban a Polonia de estar “vulnerando flagrantemente el derecho internacional y el derecho comunitario de la Unión Europea” al prolongar la encarcelación de González, y en las que también pedían una “aclaración pública” a Albares sobre este asunto. “El Gobierno español y la Unión Europea no pueden seguir permitiendo que un ciudadano español, europeo, siga detenido en estas condiciones y que un país miembro de la UE viole de esta manera tan contumaz sus derechos fundamentales”, zanjaba la misiva. En la plataforma Change.org, la petición para que sea liberado acumula más de 42.000 firmas.

Los tribunales polacos han decidido prorrogar durante tres meses más la prisión provisional para el periodista español Pablo González, encarcelado desde febrero de este año y acusado por Polonia de espiar para Rusia en zonas de conflicto sin que, por el momento, los investigadores hayan hecho públicas las pruebas que afirman tener contra él. “El tribunal decidió prolongar el arresto otros tres meses”, dijo a EFE un portavoz de la corte, quien precisó que la razón de la decisión es confidencial y que solo se comunicará a las partes.

Pablo González Yagüe (Moscú, 1982) fue detenido en Polonia, a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, en febrero de este año. A través de un comunicado, la Agencia de Seguridad Interna polaca afirmó que el periodista era un agente del servicio de inteligencia militar de las fuerzas armadas rusas que usaba su “estatus periodístico” para moverse por zonas de conflicto mientras, supuestamente, espiaba para Rusia.

Ese comunicado, que ya no es accesible a través de la página web de la ABW, apuntaba a las “numerosas evidencias” que los investigadores polacos tenían contra González y que, por el momento, no han visto la luz. Desde su detención, las autoridades de ese país han decidido prorrogar varias veces su detención, la última el pasado mes de agosto.

Pablo González Yagüe lleva arrestado, encarcelado, en Polonia desde el pasado 28 de febrero, esto es, desde hace casi ocho meses. Bien merece esta situación algunos comentarios que yo no había hecho aún.

Como es bien sabido ya, el periodista Pablo González acudió a Polonia para cubrir la crisis humanitaria derivada de la invasión rusa de Ucrania y, más concretamente, sobre el éxodo de la población ucraniana, según se ha dado a conocer. Motivado seguramente por su curiosidad innata de informador, su gran conocimiento del terreno como politólogo y su vinculación personal con Rusia -leo que tiene nacionalidad doble ruso-española, que es nieto de un “niño de la guerra”, que nació en Moscú y que allí permaneció hasta los nueve años, cuando vino a Bilbao y de allí a Cataluña-.

Y allí, en Polonia, fue detenido acusado de un delito de espionaje para Rusia. Como es evidente, carezco de cualquier elemento de conocimiento de las concretas actividades de Pablo González, por lo que difícilmente podría pronunciarme sobre si ha cometido o no algún delito. Pero, al mismo tiempo, pese a esta ignorancia, sí que puedo hacerme eco de su tremendamente injusta situación -como otras similares, por otra parte-.

Una situación que comienza con un arresto provisional prolongado desde aquella fecha, y que volverá a ser revisado a finales de noviembre, tras haber sido prorrogado ya en dos ocasiones por el tribunal polaco correspondiente. Hasta aquí, casi todo 'normal', en el sentido de que también en España y en otros países de la UE existe la figura de la prisión provisional en circunstancias similares a la que se aplica a González.

Pero existen peculiaridades notables que hacen que este caso sea verdaderamente llamativo e injusto. De un lado, el desconocimiento de las concretas diligencias de investigación que se estarían llevando a cabo, así como su resultado, en su caso. De otro, la situación de incomunicación prácticamente total en la que se halla, a tenor de las denuncias de su mujer, Oihana Goiriena, según la cual Pablo González permanece encerrado 23 horas al día en su celda; solo sale una hora a un pequeño patio y sufre tratos vejatorios, sin poderse comunicar con nadie, salvo algunas pocas visitas que ha recibido del cónsul de España y de su abogado polaco y unas pocas cartas que ha podido cruzarse con su familia, y con muy graves problemas para comunicarse eficazmente con los dos letrados que llevan su defensa jurídica.

Una verdadera situación de persecución por el ejercicio de su profesión de periodista, a tenor del concreto modo en que su arresto está desarrollándose, en el que se vulneran a su vez sus derechos a un proceso judicial justo -en el marco del cual se incardina su derecho a la defensa- y a la libertad y, cómo no, su derecho a informar.

Tanto es así que el propio Pablo González ha dirigido ya una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciando varias vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la falta de garantías de justicia mínima en este proceso. Y su esposa ha presentado también una solicitud al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a fin de que examine su caso, que se considera arbitrario y constitutivo de una desaparición forzosa, en los términos que para ello se prevén por dicho organismo.

A la espera de la resolución de estos cauces de denuncia, que es de esperar se ventilen con prontitud, Pablo González sigue padeciendo esta situación.

Y, entretanto, el Consejo de Europa denunció ya en marzo pasado esta detención, en iniciativa similar a la de un grupo de eurodiputados y otros grupos y asociaciones de periodistas. Y, también entretanto, Pablo González ha recibido el Premio de Periodismo Vasco 2022 'José María Portell' a la libertad de expresión, así como la solidaridad reivindicativa de profesionales y de la ciudadanía.

Reconocimientos y reivindicaciones ajustados, desde luego, al sentir de una buena parte de la sociedad. Porque nos va mucho en ello. Porque mi derecho a la información, plasmado en la Constitución y en textos internacionales varios del más alto nivel, depende del trabajo libre de profesionales como Pablo González y de su propio derecho a comunicar las informaciones que logran con su actividad. Y porque de la real efectividad de estos derechos depende, a su vez, la existencia de la propia democracia, de una democracia profunda y verdadera, basada en el conocimiento, la libertad y la crítica cabal de instituciones y decisiones de todo tipo.

Ciertamente, el derecho a la información -a proporcionarla y a recibirla- es un derecho político por excelencia, sin el cual la participación ciudadana en los asuntos públicos y la respuesta a las actuaciones de los poderes no serán nunca efectivas ni tendrán el alcance preciso para una democracia de calidad.

Por eso, la situación de detención provisional prolongada y en los términos descritos resulta claramente atentatoria a sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a un juicio justo, a su vida privada y familiar, y a informar. Y atenta directamente también a mi derecho ciudadano a recibir información veraz a través de los ojos y los oídos de Pablo González.

Ha habido también quejas doloridas procedentes del entorno de González en relación a la actitud pasiva del Gobierno español. Desconozco los detalles, pero, sea como sea, es urgente intervenir. Si el Gobierno ya lo está haciendo, que continúe hasta lograr su libertad y, en todo caso, hasta que tenga un juicio justo. Si no lo está haciendo, que se ponga a ello con seriedad, como parecen indicar las declaraciones del ministro Albares de este mismo mes de haber contactado recientemente con su homólogo polaco para que Pablo González tenga un juicio justo lo antes posible. Pues a lograrlo, porque nos va mucho en esto. Nos va, en realidad, nuestra libertad. 

El tribunal regional de Przemyśl, en el sureste de Polonia, ha decidido prolongar por otros tres meses la detención en prisión preventiva del periodista español Pablo González, detenido el pasado 28 de febrero. El periodista fue acusado de espiar para Rusia en la guerra con Ucrania.

El abogado de González en Polonia, Bartosz Rogała, ha confirmado que el tribunal ha decidido “prorrogar” su detención al coincidir con la Fiscalía en la mayoría de premisas para mantener en prisión al periodista español. La Fiscalía había justificado el mantenerle encerrado por “una bien fundada preocupación por un fraude de procedimiento, temor de ocultamiento o fuga y el hecho de que sobre González pesa un riesgo de una pena elevada si es condenado”.

Pablo González, periodista que en los últimos años ha trabajado para diversos medios cubriendo conflictos armados como el de Ucrania, fue detenido en Polonia en los últimos días de febrero después de haber sido apercibido igualmente por las autoridades ucranianas en Kiev. La agencia polaca de inteligencia emitió un comunicado en el que acusaba a González, hijo de padres rusos afincado en Euskadi y cuyo abuelo materno es español, de espiar para el Kremlin usando su profesión de periodista para moverse libremente por zonas de conflicto. Por el momento no ha hecho públicas las pruebas que sustentan esa acusación.

González fue arrestado en Rzeszów, ciudad del sureste de Polonia situada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Pero ese no había sido su primer encontronazo con las autoridades: tal y como relató él mismo en su cuenta de Twitter, tan solo 20 días antes había sido arrestado y puesto en libertad en Kiev cuando se dirigía al este del país para cubrir el incipiente conflicto. Según han explicado varios medios para los que trabaja, se quedó fuera de la zona de conflicto al no haber gestionado la acreditación militar y fue interrogado bajo la acusación de “prorruso”. Las autoridades ucranianas le dieron tres días para abandonar el país.

La Agencia de Seguridad Interna polaca (ABW en sus siglas en polaco) emitió este comunicado en el que afirmó que González es un agente del servicio de inteligencia militar de las fuerzas armadas rusas (GRU), que espió para Rusia “utilizando su estatus periodístico” para moverse libremente por zonas de conflicto y que, además, obtuvieron “amplias evidencias” sobre este supuesto espionaje.

La realidad es que Pablo González tiene doble nacionalidad: la española y la rusa. Ese era su delito.

Era hijo de refugiados republicanos españoles de la Guerra Civil del General Franco contra la 2ª República que habían encontrado asilo en la entonces soviética Rusia. Por haber nacido en Rusia tenía el pasaporte ruso que llevaba consigo. Esto debería ser prueba suficiente que le hacía merecedor de la cárcel, espionaje o no. Ser ruso es un delito en nuestro “mundo libre” excepto que te declares abiertamente contrario a Putin y a la Federación Rusa. 

En la vanguardia de la campaña anti-rusa está el actual gobierno polaco que no es oficialmente dictatorial ni fascista aunque tenga un gobierno ultraconservador que se dice “católico” pero que hace caso omiso del Papa Francisco y que propicia reuniones masivas de “exorcistas” contra brujas y posesiones diabólicas. 

Este Gobierno ha promulgado leyes autoritarias y antidemocráticas, especialmente una por la que .ha obligado a jubilarse a jueces que querían aplicar las leyes de acuerdo a criterios judiciales legales y no sometidos al criterio del actual Gobierno. La Unión Europea ha llevado a los Tribunales Europeos al gobierno polaco exigiendo la anulación de tales leyes contrarias al entendimiento democrático liberal común a Europa y al mundo civilizado.

Mientras el caso Lasange refleja la voluntad imperial del silencio ante sus fallos y crímenes. El caso de Pablo González refleja la ausencia de respeto en el gobierno polaco a las mínimas normas de libertad de expresión y Prensa.

Los gobiernos de España y de Europa están obligados a exigir la inmediata libertad de nuestro periodista cuyo único delito ha sido criticar la sistemática discriminación de las autoridades polacas en la fronteras contra los refugiados de origen africano que huían de la guerra. Su delito era no ser rubios ni tener ojos azules, sino tener piel negra aunque fueran estudiantes en Ucrania.

Escribir cosas así indicaban a los jefes polacos que este “ruso” era claramente un espía. Y si se ha podido prohibir conciertos del compositor ruso Tchaikovski y anular contratos a un director de orquesta ruso por no criticar a Putin,

No, no basta el silencio, sino que se exige sometimiento al “orden democrático” que aumenta presupuestos y gastos militares, alaba los propósitos expansionistas de la OTAN para defendernos mejor y preservar nuestra libertad de leer lo que se nos sirve sin interferencias críticas. Pensar es sólo para los que mandan, parecen opinar en el Gobierno de Varsovia.

Pero los que creemos que las Libertades son necesarias para el desarrollo de sociedades humanas modernas y democráticas, no nos queda otra opción que la de exigir la libertad inmediata de “nuestro” periodista Pablo González.

Hace 150 días, Pablo González habló con Oihana por última vez. Como periodista especializado en el espacio postsoviético, estaba cubriendo las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. Aquella conversación telefónica con su mujer, y madre de sus tres hijos, fue breve pero muy clara. Le informó de que le habían detenido bajo la acusación de ser espía ruso; le pedía que se pusiera en contacto con su abogado, Gonzalo Boye, e insistía en su inocencia. Era 28 de febrero y, desde entonces, no ha habido ningún otro contacto directo.

Estos cinco meses han dado para hacerse muchas preguntas, y, por qué no decirlo, inicialmente también alguna duda, disipada una vez vista la opacidad y las irregularidades del procedimiento. No obstante, al margen de las elucubraciones, hasta la fecha, la única certeza es que Pablo ha estado desamparado legalmente, sin acceso a un abogado durante semanas, y sin poder hablar con su familia. Y todo, bajo la inacción de la comunidad europea, que con su silencio y ciertas insinuaciones solo ha contribuido a expandir el “algo habrá hecho”, una sombra que atenta, además, directamente a su credibilidad y prestigio profesional.

La principal acusación que ha trascendido hasta la fecha es que se valía de su condición de periodista para trabajar para el Kremlin. Sin embargo, a estas alturas de la película, la Fiscalía polaca no ha sido capaz de aportar ni una sola evidencia incontestable que justifique una decisión tan dura e inhumana. Un proceder que no parece reprobable para las instituciones españolas y europeas. Nadie cuestiona el proceder de Polonia, a pesar de que su sistema judicial está cada vez más en entredicho. En este sentido, el informe 2021/22 de Amnistía Internacional constata cómo las autoridades polacas están centradas en acabar con la independencia del poder judicial, con un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra dos de los altos órganos judiciales de Polonia, que incumplían las normas sobre juicios justos, y cómo coartan la libertad de expresión, con la condena de profesionales que no les baile el agua. 

Esta situación escapa a cualquier lógica democrática, y hace sospechar que el caso de Pablo no es más que un 'pequeño' daño colateral dentro de una estrategia geopolítica de relaciones internacionales. No olvidemos que detener, aislar y mantener incomunicado durante cinco meses a un ciudadano es un ataque contra los derechos humanos, pero si el sujeto es, además, un periodista que puede resultar incómodo, esta privación de derechos es asimismo un atentado contra la libertad de expresión, en un momento especialmente sensible. Sin libertad de prensa, el mundo se convierte en un lugar más peligroso.

Todas las pruebas que se han hecho públicas hasta la fecha han sido desmontadas en el acto con documentación oficial, pero pese a ello, incluso el MI6 británico daba por buenas dichas acusaciones hace unos días, aceptando la tesis de la Fiscalía polaca en una absoluta violación de la presunción de inocencia de Pablo, sin que ni siquiera haya sido juzgado. Otra irregularidad que se suma, a que ninguna autoridad impidió que Pablo compareciera sin asistencia letrada ante el juzgado de Polonia pocos días después de su detención, una situación absolutamente inconcebible que contraviene todas las leyes internacionales.

Pero hay más. Por poner otro ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ratificado por Polonia, establece en su artículo 14 que toda persona detenida tiene derecho a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”. A Pablo se le sigue negando recibir el asesoramiento del abogado de su elección. Desde hace un par de meses cuenta con un representante polaco. Sin embargo, y como ha comentado Oihana en más de una entrevista, “tiene prohibido” hablar de la situación procesal de Pablo, y aún no se ha puesto en contacto con Gonzalo Boye. ¿Cómo es posible que las autoridades europeas se pongan de perfil ante esta situación y no se interesen por la seguridad y el bienestar de Pablo?

Precisamente este 27 de julio, cuando se cumplen 150 días de su arresto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará presente en la XIV Cumbre hispano-polaca y, según ha informado Moncloa, se reunirá con el primer ministro Mateusz Morawiecki. Los amigos de Pablo González nos sumamos a la petición de su familia de pedir al presidente Sánchez que, por favor, se acuerde de él, un ciudadano español detenido en un país de la Unión Europea al que le niegan hablar con sus hijos, que solo ha recibido cuatro visitas del cónsul en cinco meses, y que no está teniendo la posibilidad de que su abogado de confianza conozca las causas por las que se le acusan. 

Presidente Sánchez, le pedimos que incluya la situación de nuestro amigo Pablo en su agenda del día; que interceda por él ante su homólogo polaco para que pueda tener una defensa y un juicio justo, y, sobre todo, que se respeten sus derechos. Por favor, realice las gestiones necesarias para que la situación de Pablo mejore y pueda hablar con su mujer y sus hijos, que no entienden por qué no dejan que su aita vuelva a casa. Sus padres y su hermana también necesitan saber que está bien. Todas las personas que queremos a Pablo llevamos cinco meses inmersos en una gran incertidumbre. Necesitamos, por fin, empezar a dar respuesta a todas las preguntas que nos llevamos haciendo estos cinco meses.

@FreePabloGonz, grupo de compañeros y amigos del periodista Pablo González