La presidenta de la Junta de Andalucía firmaba hace ahora tres años, en la madrugada del 12 de abril de 2014, el decreto de devolución de competencias sobre adjudicación de viviendas del parque público andaluz a la Consejería de Fomento y Vivienda, entonces en manos de IU. Aquel desalojo de abril de 2014 en Sevilla, que estuvo a punto de acabar con el Gobierno andaluz, está resolviéndose desde el punto de vista judicial de manera mayoritariamente airosa para los acusados de delitos de usurpación y está confirmando lo que tantas pancartas de los activistas han defendido: “luchar por el derecho a la vivienda no es delito”.

Ocuparon aquellas viviendas vacías, se bautizaron como 'Corrala Utopía' pero unos y otros juzgados, en general, están dejando sin condena su actuación. En septiembre de 2015 se vieron las primeras absoluciones y ahora, cuando se cumple el tercer aniversario de aquellos días de nervios en el seno de la Junta, la Audiencia de Sevilla ha anulado la única condena que hasta la fecha había trascendido, una multa de 360 euros sobre María Yanes, una de las líderes del colectivo. Otros dos juzgados han celebrado juicios, o ni siquiera, y han considerado ya prescritos los supuestos delitos en al menos otros siete casos. Después del cambio legislativo, la usurpación es considerado delito leve y la prescripción prevalece ahora con más rapidez, explican fuentes del caso.

Dice la última sentencia que la permanencia en el edificio de la avenida de las Juventudes Musicales cuando era conocido que de la empresa propietaria, a través de la Fundación de Ibercaja, estaba tratando de encontrar una alternativa, con la mediación de la Consejería, no supuso infracción alguna. “La ocupación protagonizada por la acusada llegó a ser tolerada por la empresa propietaria”, dice la sentencia, según recuerda la abogada Anabel Segado, que ha llevado la defensa de unos 15 acusados, habiendo renunciado expresamente a la defensa de dos mujeres. “El último auto de la Audiencia nos va a valer para otros casos. Estamos muy contentas”, resume.

Otros casos se fueron asignando a abogados de oficio. “Existiendo estos precedentes de prescripción, es difícil de entender por qué los procesos judiciales restantes siguen abiertos”, considera el colectivo. En su momento se abrieron medio centenar de procesos distintos contra los ocupas de la Corrala Utopía. La primera sentencia absolutoria el Juzgado de lo Penal número 7 les absolvía de la usurpación, admitiendo su “estado de necesidad” y “el escaso tiempo de ocupación” del inmueble. En aquel juicio, ya el debate jurídico se centró en la vocación de permanencia de los acusados en las casas, un elemento indispensable para el tipo de delito que se enjuiciaba, el de usurpación de inmuebles.

Ambos acusados, como el resto de personas que fueron llevadas a juicio, negaron entonces que quisieran quedarse allí sino que todo obedeció a la situación de crisis extrema que padecían (paro, ejecución hipotecaria previa, etc.), que se trataba de un tiempo previo a un realojo temporal, alcanzado finalmente tras la negociación y mediación llevada a cabo por Ibercaja, Junta y Defensoría del Pueblo, como así ha recogido ahora la Audiencia, revocando la única condena que había trascendido hasta la fecha.

En los próximos días se va a presentar también recurso de apelación contra otra sentencia, fechada este febrero, que condena a uno de los acusados por delito de usurpación a una multa de 540 euros por “permanecer en el inmueble contra la voluntad del titular, produciéndose más tarde el desalojo forzoso ordenado por la autoridad judicial”. Fuentes de esta defensa también advierten de un buen número de afectados a los que también prescribieron los supuestos delitos.

En los primeros juicios, ya las preguntas de la magistrada se dirigían principalmente a conocer si los acusados tenían realmente intención de permanecer por periodo indefinido de tiempo en las viviendas. La Fiscalía llegó a invocar el “efecto llamada” para mantener la acusación pero las sentencias absolutorias han ido confirmando que  y la negociación abierta para la solución a la situación de las familias era la esperanza para las personas que allí se encontraban y sobre la que se ha venido declarando la “extinción de la responsabilidad penal”.

Estaban dispuestas a declarar en favor de la Corrala Utopía pero la jueza, durante el propio juicio contra una de las vecinas y a petición de la Fiscalía, ha rechazado sus declaraciones como testigos. Las que fueran máximas dirigentes de las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía, la exconsejera Elena Cortés y la exsecretaria general de la materia Amanda Meyer, tuvieron que volver por donde vinieron ya que la jueza ha rechazado que testifiquen como estaba previsto. El juicio contra una de las portavoces de la corrala, María Yanes, ha quedado visto para sentencia con una rebaja en la petición de la pena por parte de la Fiscalía (de 720 a 360 euros de multa).

La jueza ha argumentado que sus consideraciones, así como la del adjunto al Defensor del Pueblo Luis Pizarro, resultaban “intrascendentes” para la resolución del juicio y no aportaban información de relevancia para acreditar o desacreditar la situación de vulnerabilidad social y económica de la acusada. También ha explicado la jueza que las viviendas no eran propiedad de la Junta, si bien se ha aceptado la testifical del que fuera director de la Agencia de Vivienda de la Junta, Rafael Ibáñez, dándose una discusión sobre su figura jurídica, si es o no administración pública.

Esta vista oral se ha desarrollado de manera diferente a los dos juicios anteriores, donde los acusados resultaron absueltos, ya que tanto la jueza como el fiscal eran diferentes. El fiscal no aceptó la petición de la defensa para la no celebración del juicio y la jueza tuvo que recriminar varias veces al letrado de la acusada en el sentido de que no se estaba “enjuiciando a un colectivo” sino a una persona con unas circunstancias personales concretas. Incluso le llegó a decir que podía hablar del derecho fundamental de la vivienda “en el Congreso de los Diputados” pero durante este juicio.

Sobre ese y otros aspectos en materia de vivienda se manifestaba precisamente la exconsejera antes del inicio del juicio, al que había sido llamada, según la defensa, para dar testimonio de las conversaciones institucionales que se mantuvieron en aquel entnces para tratar de solucionar la situacion de las familias, finalmente desalojadas y cuyo realojamiento provocó una crisis en el gobierno de coalición en la Junta entre PSOE e IU:

La defensa ha lamentado que el Ministerio Fiscal actúe “más acusación como una acusación particular” y que estos hechos se hayan dividido en medio centenar de procedimientos por separado, como informó este periódico. El abogado ha visto como la jueza no ha aceptado muchas de sus propuestas, además de las testificales. El fiscal, además de la reducción en la petición de condena al carecer de ingresos, ha dicho entender la “situación de necesidad y angustia” de la acusada aunque ha mantenido su acusación.

Durante el juicio, para el que se han concentrado a las puertas del juzgado casi un centenar de personas apoyando a la acusada (además de los citados dirigentes de IU, acompañadas del secretario de organización de IU, Toni Valero, y del portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevila, Daniel Rojas, se encontraba la concejal de Participa Cristina Honorato), declararon también dos agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el desalojo en abril de 2014, uno de los vecinos de la acusada y el citado exdirector de la agencia de la vivienda, quien recordó la mediacion por parte de la Consejería y las “condiciones extremas” de la acusada, que estuvo varios meses ocupando una vivienda sin luz ni agua pero “sin intención de quedarse en ella”.

Sobre laa circunstancia, clave en el juicio anterior, ha incidido la acusada durante su última palabra, defendiendo que su actuación fue “legítima” y que no quería la vivienda en propiedad sino que la ocupó ante la “falta de respuesta” por parte de las administraciones, “incapaces” de asegurar “el derecho a la vivienda”. Yanes fue apoyada antes del juicio por miembros de la corrala y simpatizantes en un ambiente festivo.

La ex consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía Elena Cortés llevará su defensa de los ocupas de la Corrala Utopía de Sevilla hasta los juzgados. A propuesta de los abogados de una acusada, que el martes se enfenta a 720 euros de multa por la ocupación del inmueble, la ahora diputada andaluza por Izquierda Unida declarará como testigo durante la vista oral, según han informado a eldiario.es Andalucía fuentes de la federación de izquierdas.

Cinco días después del desalojo de la corrala, Cortés vio cómo Susana Díaz firmaba un decreto donde le retiraba la competencia en materia de adjucación de vivienda protegida. La presidenta tomó aquella decisión después de que la Consejería continuara adelante con el realojo de una veintena de familias expulsadas del inmueble de la avenida Juventudes Musicales de Sevilla, que ocupaban desde el 15 de mayo de 2012. Aquella actuación de IU no le pareció a Susana Díaz “el procedimiento más adecuado” legalmente y derivó en una fuerte crisis de gobierno que fue salvada a posteriori.

Cortés, después de que un par de meses después el TSJA avalara el realojo de las familias de la corrala, apoyará directamente en sede judicial que en la actuación de los ocupas no concurrió ningún hecho que “remotamente tuviera una significación penal”, como dijo el alto tribunal andaluz. A su favor, a favor de la acusada en este nuevo juicio del medio centenar que se prevén en los juzgados de Sevilla, las dos primeras sentencias dictadas en torno a este caso: absolución para dos acusados, según los fallos del pasado septiembre. La Fiscalía decidió no recurrir los fallos y la propietaria, Ibercaja, se había retirado del procedimiento, por lo que las sentencias son firmes.

El debate jurídico se centró en los primeroes juicios en la 'vocación de permanencia' de los acusados en las casas, un elemento indispensable para el tipo de delito que se enjuicia en torno al procedimiento, el de usurpación de inmuebles. Ambos acusados negaron que quisieran quedarse allí sino que todo obedeció a la situación de crisis extrema que padecían (paro, ejecución hipotecaria previa, etc.) sino que se trataba de un realojo temporal, alcanzado finalmente tras la negociación y mediación llevada a cabo por Ibercaja, Junta y Defensoría del Pueblo.

Otra cuestión a favor de la nueva vecina acusada, precisamente una de las portavoces de la corrala (María Yanes), es que el juzgado de lo penal será el mismo que absolvió a los dos primeros acusados. Las preguntas y la actitud de la jueza hacia aquellos dos vecinos de la corrala parecían abrir la puerta a la absolución planteada por la defensa de los ocupas, como así se resolvió con posterioridad. Se da la curiosa circunstancia de que Yanes y otra vecina acudieron en noviembre de 2013 a un encuentro de participación en la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo (Francia), para contar las experiencia de la corrala.

Amanda Meyer, también testigo

La exconsejera no estará sola en su decaración como testigo ya que le acompañará en esa misma condición Amanda Meyer, exsecretaria general de Vivienda, que mantuvo el mismo posicionamiento que su entonces consejera. Ambas testificarán contra la acusación de la Fiscalía, que en el juicio anterior mantuvo su petición de condena por un delito de usurpación argumentando que “el derecho a la propiedad privada constituye la base del bienestar social”.

En uno de aquellos primeros juicios declararon como testigos tanto el exsubdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Rafael Ibáñez como el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz Luis Pizarro. Ambos vinieron a ratificar el trabajo que realizaron durante meses con todas las partes implicadas para encontrar una salida social y negociada al conflicto generado.

En este vídeo, antes de que desencadenara el desalojo y la posterior crisis en el gobierno autonómico, las vecinas explicaban, allá en mayo de 2012, cuáles eran las situaciones que les habían llevado a la ocupación de las viviendas:

Los dos primeros juicios contra ocupas de las viviendas de la denominada Corrala Utopía de Sevilla, cuyo desalojo provocó en abril de 2014 un enfrentamiento entre PSOE e IU que a punto estuvo de acabar con antelación con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, han quedado este viernes vistos para sentencia. El desarrollo de las vistas y la diferente actitud de la jueza y la fiscal deja entrever posiciones encontradas a tenor de las preguntas y comentarios de una y otra hacia los acusados que, como era de prever, se han declarado inocentes.

Mientras la Fiscalía ha mantenido su petición de multa de 720 euros para cada uno de los dos acusados (faltan por celebrar medio centenar de juicios) tras una alegato sobre la propiedad privada, las preguntas de la magistrada se han dirigido principalmente a conocer si los acusados tenían realmente intención de permanecer por periodo indefinido de tiempo en las viviendas y si la propietaria de las casas (Ibercaja a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo') se dirigió alguna vez hacia ellos para comunicarles que estaban cometiendo una ilegalidad al residir en las viviendas deshabitadas.

El debate jurídico se ha centrado en estas dos primeras vistas en la vocación de permanencia de los acusados en las casas, un elemento indispensable para el tipo de delito que se enjuicia, el de usurpación de inmuebles. Ambos acusados han negado que quisieran quedarse allí sino que todo obedeció a la situación de crisis extrema que padecían (paro, ejecución hipotecaria previa) sino que se trataba de un tiempo previo a un realojo temporal, alcanzado finalmente tras la negociación y mediación llevada a cabo por Ibercaja, Junta y Defensoría del Pueblo.

De hecho, han declarado como testigos en el primero de los juicios tanto el exsubdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Rafael Ibáñez como el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz Luis Pizarro. Ambos han venido a ratificar el trabajo que realizaron durante meses con todas las partes implicadas para encontrar una salida social y negociada al conflicto generado.

Otras personas conocidas, mayoritariamente de IU, han estado presentes en la numerosa concentración previa a los juicios, entre ellos el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo; la exconsejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés; la exdirectora general de Vivienda Amanda Meyer; el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas; o el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero.

La defensa intentó antes de la vista que la Fiscalía retirara su acusación pero la fiscal se negó a ello. Fuentes cercanas a esta conversación entre las partes, en la que no intervino la jueza, apuntan que la fiscal llegó a defender su posición acusatoria equiparando la retirada de la acusación particular (que ejerció Ibercaja) a cuando una mujer víctima de violencia de género retira una denuncia contra su pareja o expareja. La fiscal ha defendido en las vistas que Ibercaja no se opuso a la orden de desalojo y que las viviendas estaban siendo ocupadas sin autorización en contra de su voluntad.

En su informe final del primer juicio, la fiscal ha comentado que el acusado era “plenamente sabedor” de su actuación y que se daba el tipo penal de la ocupación con vocación de permanencia. “Más claro es imposible”, ha dicho“, insistiendo en que ”todo derecho (en referencia al de vivienda) tiene su límite“ y ”el derecho de propiedad privada constituye la base del bienestar social“, concluyendo que ”la ley es implacabale al respecto“ y que lo contrario supondría ”un efecto llamada“ que conllevaría ”un desorden incontrolable“.

Por parte de la defensa, la letrada Anabel Segado ha señalado que la acusación de la fiscal “no tiene sustento jurídico” a la hora de “tratar de salvaguardar el derecho ala propiedad privada de un banco” cuando “ha de prevelecer el interés general. Además, le ha echado en cara ”haber negado las circunstancias del estado de necesidad“ de las familias de la corrala y ha recordado que ninguno de los acusados fue advertido por Ibercaja (”todo lo contrario, había una negociación abierta“), todo lo cual hace ”inviable una condena penal“

Este viernes, arrancan los juicios contra las personas imputadas por la ocupación de la Corrala Utopía en Sevilla. Las familias insisten en que no cometieron delito porque su objetivo fue encontrar un techo ante la falta de colaboración de las administraciones. Max, que protagonizará la primera de las más de 50 vistas orales, ni siquiera vivía allí ni fue identificado por la Polícia en el desalojo, según mantienen sus representantes legales. Los abogados van más allá y señalan que la apertura de procesos penales “troceados” supone un intento de “criminalizar” la actuación de “personas que luchan por un derecho fundamental como el de la vivienda”.

En un encuentro informativo previo a los primeros juicios, tanto Max como su mujer Soledad, y Toñi, una de las portavoces de la corrala, han expuesto sus casos y su paso por la Corrala Utopía, cuyo desalojo dio lugar a un fuerte encontronazo entre los socios del anterior gobierno de la Junta de Andalucía, diciendo que las familias llegaron a la ocupación tras sufrir resoluciones de ejecución hipotecaria. El riesgo de exclusión social y la incapacidad económica está demostrado, insisten sus abogados.

“Era dejar de pagar la casa o dejar de comer”, ha recordado Max“. ”Vamos a seguir luchando para conquistar este derecho y llenar un poco el frigorífico para darle de comer a los niños“, ha comentado Toñi. Ambos han coincidido en denunciar las ”puertas cerradas“ de las administraciones a la hora de ofrecerles ayuda antes de la ocupación y sus intentos en vano ante la falta de empleo y de recursos económicos que van a tratar de demostrar durante las vistas orales. Los dos primeros juicios afectan a dos personas que fueron realojadas temporalmente tras el desalojo del 6 de abril del año pasado.

Anabel Segado y Gonzalo Carrasco, letrados que defienden a la mayoría de los imputados, han querido hacer hincapié en el intento del juzgado de que “la lucha” de Corrala Utopía quede “desvirtuada” a través de las “instrucciones de política criminal” a través de la Fiscalía. La “persecución” que denuncian, pese a retirarse la acusación particular por parte de Ibercaja, dueña del inmueble ocupado y luego desalojado, viene dada por la petición del Ministerio Público de multas de 720 euros para cada uno de los acusados por presuntos delitos de usurpación en otros tantos procedimientos. “No es la multa sino el castigo que el Estado está proponiendo a personas que están luchando por conquistar un derecho”, ha apuntado la abogada.

A la cita han acudido representantes políticos del Ayuntamiento de Sevilla como Daniel González Rojas por parte de IU o la concejal de Participa Cristina Honorato, así cómo Esteban de Manuel de EQUO o el secretario general del SAT, Diego Cañamero. “No estamos solas, somos mujeres fuertes y hay que seguir la lucha”, ha espetado Toñi. “En la dictadura nos mataban y en la democracia no nos dejan vivir”, ha parafraseado la letrada.

Es de recordar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla fue abriendo procesos diferentes para cada una de las personas imputadas por la ocupación. Se les acusa de un delito de usurpación del inmuble propiedad de Ibercaja en la avenida de las Juventudes Musicales de Sevilla ocupado en mayo de 2012. La ley permite la apertura de juicios diferentes aunque, según las defensas, la creación de medio centenar de procesos va claramente en contra del principio de economía procesal. Y ejemplifican: una familia que ocupó una vivienda se someterá a tres juicios diferentes, uno por cada persona imputada, a pesar de estar viviendo en el mismo lugar. La instructora decidió abrir un procedimento abreviado para cada una de las personas imputadas aunque los hechos sean los mismos (la ocupación del inmueble) y el denunciante también (Ibercaja, que retiró la acusación particular, parece que no ha renunciado a la responsabilidad civil por los daños en el mismo).

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto procesos diferentes para cada una de las 51 personas imputadas por la ocupación de la Corrala Utopía. Se les acusa de un delito de usurpación del inmuble propiedad de Ibercaja en la avenida de las Juventudes Musicales de Sevilla, ocupado desde mayo de 2012 y que fue finalmente desalojado el 6 de abril del pasado año. Es decir, en principio habrá 51 juicios. La ley lo permite aunque, según fuentes del caso, la creación de medio centenar de procesos va claramente en contra del principio de economía procesal. Y ejemplifican: una familia que ocupó una vivienda se someterá a tres juicios diferentes, uno por cada persona imputada, a pesar de estar viviendo en el mismo lugar.

La ocupación y posterior desalojo dio lugar a una importante controversia entre los socios de gobierno en la Junta de Andalucía pero no se quedará atrás la complejidad del asunto en su aspecto judicial, a tenor de las decisiones de la jueza. La instructora decidió abrir un procedimento abreviado para cada una de las personas imputadas aunque los hechos sean los mismos (la ocupación del inmueble) y el denunciante también (Ibercaja, que retiró la acusación particular, parece que no ha renunciado a la responsabilidad civil por los daños en el mismo). Los imputados han ido siendo notificados del procedimiento judicial en su contra. Un auto para cada persona y 51 juicios diferentes.

La jueza considera que existen indicios para sustentar la imputación de un delito de usurpación de inmuebles para cada persona, previsto y penado en el artículo 245.2 del Código Penal. Este criterio es el mismo que el del fiscal, que, en sus correspondientes escritos de conclusiones provisionales, solicita una pena de multa de cuatro meses con cuota diaria de seis euros por el mencionado delito de usurpación, lo que hace un total de 720 euros.

La instructora, en su día, no motivó la decisión de abrir diferentes procesos contra los imputados, añaden fuentes del caso. En uno de los autos de la jueza señala que hay otras personas implicadas en los mismo hechos pero que tienen causas independientes. “En unión de otra serie de personas por las que se sigue causa independiente”, dice en concreto.

Según las mismas fuentes, la jueza podría estar intentando facilitar una conformidad y que no se celebren finalmente los juicios. Es decir, si todos los imputados fueran al mismo juicio sólo podría haber conformidad si todos ellos estuvieran de acuerdo, ya que en el momento hubiera una persona que no se conformara habría que celebrara el juicio para todos. Las fuentes apuntan quizá a una posible motivación política o mediática, porque haciendo 51 juicios la repercusión en la prensa sería mucho menor. El caso es que la jueza concluye que está todo instruido y que deben seguirse los trámites para su enjuiciamiento por un juzgado de lo penal.

Algunas de las partes que defienden los intereses de los imputados (un par de letrados llevan a varios imputados agrupados y otros muchos tienen asignados abogados de oficio) no recurrieron la decisión de la jueza en su momento, aunque otros sí lo hicieron, principalmente por la vulneración del principio de economía procesal que podría suponer, como se ha explicado, pues coinciden hechos y denunciante.

Sevilla. Corre desbocado mayo de 2012 mientras un triángulo envuelve la metáfora de la exclusión: crisis, desahucios... y casas vacías. Un moderno edificio a estrenar, en la avenida de las Juventudes Musicales, permanece deshabitado. 36 familias con escasos recursos viven en mitad de ese drama social. Hasta que ejercen “su derecho a una vivienda” y nace la Corrala Utopía, una ocupación que duró 688 días y que retrata ahora el documental Habitar la Utopía (Intermedia Producciones).

Resultó un símbolo. Por el apoyo que recibió de diversos colectivos ciudadanos. Por la repercusión mediática que alcanzó. Como modelo exportado a otras iniciativas similares en provincias andaluzas y de otras regiones. Porque fue la primera ocupación colectiva en evidenciar el drama de los desahucios. Y porque casi acaba con el pacto de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Un emblema de contestación social que la Corrala Utopía activó anclada a otro triángulo, formado esta vez por tres consignas: sin luz, sin agua, sin miedo. “El documental”, cuenta su director, Mariano Agudo, “está centrado en las mujeres que protagonizaron esta experiencia”. La cinta, estrenada en la XI Edición Festival de Cine Europeo de Sevilla, narra la historia que consuma en dos años de ocupación colectiva. Con un rodaje, confiesa Agudo, “muy intenso por el peso emocional al que hemos estado cometido”.

“Divorcio entre ciudadanía solidaria e instituciones”

Habitar la Utopía revela la evolución “de unas mujeres que cuando conocimos encontramos temerosas por el destino incierto al que se enfrentaban”. Sin techo, sin un hogar para “36 familias con muy pocos recursos y con niños y personas mayores a su cargo”, cuenta el director, “y con la autoestima muy baja porque se sentían responsables de su situación”. En más de una hora de metraje queda patente ese progreso, cómo “poco a poco se fueron empoderando a medida que iban conociendo sus derechos y compartiendo sus miedos con otras personas del colectivo que estaban en la misma situación”.

La idea de rodar el audiovisual nace al tiempo del proyecto de vida colectiva bautizado como Corrala Utopía. “Lo iniciamos cuando supimos que varias familias de Sevilla, que habían sufrido desahucios o no tenían capacidad para acceder a una vivienda digna, se agruparon en torno al punto de información del 15M y deciden dar el paso de ocupar un edificio propiedad de una inmobiliaria que llevaba varios años terminado y abandonado”, explica Mariano Agudo.

Transcurrieron casi dos años de “seguimiento”, de trabajo con “momentos muy emocionantes y bellos y otros dolorosos”. Hasta el desalojo policial del inmueble ocupado. “Dos años de resistencia por parte de las familias –subraya el director de Habitar la Utopía– que han sido un fiel reflejo del divorcio existente entre la ciudadanía solidaria y las instituciones”. Caso de la “campaña represiva” del Ayuntamiento de Sevilla, señala, “que no dudó en cortarles el suministro de agua y luz apenas un mes después de iniciarse el realojo”.

El final es conocido. Tras las acciones judiciales emprendidas por la entidad propietaria del edificio, Ibercaja, llega el desalojo policial y la posterior entrega de viviendas por la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Y los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales vuelven a estar vacíos. El documental cuenta, en todo caso, la historia que vertebra la victoria de quienes habitaron la Corrala Utopíaquienes habitaron la Corrala Utopía, “porque hoy están realojadas, viven en hogares dignos y no se han desvinculado del movimiento por el derecho a la vivienda”.

Dar visibilidad a experiencias como la del colegio Rey Heredia de Córdoba reconvertido en centro social por los propios vecinos y colectivos del barrio. Compartir las motivaciones que llevaron a los ciudadanos a ello, conocer el modo en que se hizo, los problemas que acarreó con la justicia y las administraciones, conocer la implicación de los vecinos o dar visibilidad al resultado final. Son los objetivos de quienes componen la Red de Espacios Liberados, reunidos en Córdoba a propuesta del Rey Heredia y donde participan representantes de otras experiencias llevadas a cabo en Andalucía y otros puntos del país.

La Corrala Utopía de Sevilla, El Castillo en Ronda (Málaga), las corralas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) o La Madreña de Oviedo, junto al anfitrión Rey Heredia se unen para exponer sus experiencias. “Queremos dar visibilidad a este tipo de actuaciones. No somos los únicos; hay otras muchas en distintos puntos y otras que se están gestando”, apuntan quienes mantienen contacto para aprender unos de otros y aconsejar a quienes tienen en mente reproducir sus experiencias en otras localidades.

Se trata, así, de crear sinergias, contactos, compartir información y consolidar esta “red de espacios liberados”. Porque todos ellos no hablan de una mera ocupación de un edificio, sino de una liberación de un espacio que estaba cerrado, en desuso, y se abrió ante las distintas necesidades de familias y ciudadanos.

David Acera es uno de los diez imputados por un presunto delito de usurpación en el centro social La Madreña de Oviedo. A él lo identificaron cuando preparaba un taller de teatro para los niños del barrio en el edificio vacío y cerrado desde hacía cinco años. “La Madreña se creó en el edificio de la antigua Consejería de Sanidad, cerrado durante varios años y sin ningún uso a la vista en un barrio popular con necesidades de espacios públicos”, explica. Entre noviembre de 2011 y junio de este mismo año, La Madreña estuvo ocupada, se convirtió en un centro social para el barrio y el resto de la ciudad y, cuenta Acera, fue “un soplo de aire fresco para Oviedo. En la ciudad caló la experiencia y la gente supo que los espacios también se ganan así para la ciudadanía. El poso de La Madreña –desalojada finalmente por orden judicial- está ahí”.

En su espejo se miraron durante un tiempo quienes iniciaron hace un año la experiencia del Rey Heredia en Córdoba y reconvirtieron un colegio cerrado y abandonado en un centro social donde vecinos y colectivos de la ciudad participan desde hace un año. Con el respaldo ciudadano, responder a las necesidades básicas de personas sin recursos del barrio con el comedor social y las clases de apoyo a los menores ha ido en paralelo con la actividad de formación, divulgación y concienciación de los ciudadanos sobre los logros que la autogestión puede ofrecer como respuesta ante los problemas sociales actuales.

Espacios liberados como viviendas

Problemas como el de la vivienda, al que han dado respuesta específica otras experiencias de esta Red de Espacios Liberados como la Corrala Utopía de Sevilla o las corralas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La Corrala Utopía llevó su acción de realojo de familias en un edificio de viviendas vacío desde mayo de 2012 a abril de este mismo año. “La corrala cambió la forma de relacionarnos. El individualismo de quienes cierran su puerta y no conocen ni a sus vecinos es lo que provoca que no haya organización ni una respuesta conjunta de la sociedad ante los problemas que vivimos”, explica Irma Blanco, una de las activistas sevillanas.

“Queremos que cunda el ejemplo y desaparezca el miedo en la gente”, añaden sus compañeras, que vivieron en primera persona la decisión de entrar a vivir en esos pisos vacíos ante la falta de un techo para sus familias. Y apuntan al respaldo de la ciudadanía como uno de los puntos fuertes de su lucha, pese a los obstáculos judiciales y de las administraciones.

En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la experiencia de la corrala cundió. “Tenemos nueve corralas en distintos puntos de la ciudad”, explica Verónica López. Allí, en la localidad gaditana, unas 300 personas ocupan distintas viviendas vacías. “Somos personas que hemos sido desalojadas, desahuciadas de nuestras casas”-cuenta- “y hemos ocupado edificios de viviendas vacíos de bancos o promotoras”, especifica. “El espíritu de la corrala no es otro que luchar por una vivienda, por tener un trabajo, por mantener a nuestras familias”, añade ella mientras otro compañero concluye: “Ocupar un espacio se hace necesario para forzar las condiciones de un cambio real que necesita este país”.

¿Un nuevo caso como el de la Corrala Utopía? Distinto escenario, pero similares circunstancias. Ahora son familias de Sanlúcar de Barrameda las que han tenido que dar el paso de ocupar viviendas vacías para dar cobijo a su gente. En total son 86 en toda la localidad gaditana, pero concretamente en el barrio de Bonanza son once las viviendas que ha sido tomadas pacíficamente por personas que buscan un lugar digno para vivir.

Están dejados de la mano de Dios. Sólo los periodistas acuden casi a diario para ver en qué condiciones se encuentran. La policía se personó el primer día que vieron movimiento en la zona para tomar sus datos, pero nunca más volvieron. También se dio un paseo por allí Antonio Prats, portavoz del PA en el Ayuntamiento sanluqueño, que les prometió todo tipo de ayudas. El viento de Poniente se llevó las promesas.

Ya llevan casi dos meses viviendo allí y se están organizando para que aquello no sea un caos. Mientras que los políticos se recriminan unos a otros la situación, ellos sientan las bases para que la estancia sea lo más cómoda posible. Todo lo cómodo que puede ser sin luz ni agua. Realmente sólo gozan de ese privilegio en una de las viviendas, que viene a ser el cuartel general, donde se cocina para todos y donde se asean los más pequeños, a los que no les puede faltar el agua caliente.

Un barrio de gente humilde y honrada ha acogido de buen grado a estas familias que han tenido que romper con la legalidad de un alquiler y de unos pagos religiosos a las empresas de luz y agua. Ahora, al otro lado de la línea, son algo más felices, pero sólo un poco. Suplican unas mejores condiciones y que alguien acuda en su rescate. No quieren vivir gratis, sólo disponer de alguna ventaja por ser familias desfavorecidas en el aspecto económico. “Queremos pagar un alquiler social”, subraya Diana Rondán.

“Necesitábamos un techo y hemos entrado”

La primera persona que entró en las viviendas fue Manuela Silva, que en el momento del reportaje se encuentra de guardia “por si llega algún periodista, las demás se han ido a descansar un poco a la playa”. “Me encuentro aquí porque estoy desahuciada de una casa de alquiler que tenía y me vi en la calle con mis dos hijos y mi nieta de quince meses. Yo veía que esto estaba cerrado desde hace ocho o diez años, se me cruzaron los cables vi que la puerta estaba entreabierta y entré porque no quería verme en la calle. A la semana de estar dentro, se me unieron otras personas hasta que hemos ocupado once viviendas. No ha sido algo organizado ni nadie nos ha obligado. Nosotros necesitábamos un techo y hemos entrado. Aquí no ha aparecido nadie, ni de los bancos, ni de la promotora, esto está sin dueño. Nadie se ha preocupado por nosotros. Si seguimos así ya nos imaginamos pasando aquí el invierno”.

Son los testimonios de estas pesonas las que tienen un auténtico valor en esta historia. Hay que destacar la aportación del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Sanlúcar, porque no se han quedado únicamente en lanzar un comunicado lamentando la situación de estas familias y cargando las culpas a los políticos, los bancos y al sistema financiero. Ellos se han preocupado en llevar camas, colchones y en ofrecer asesoramiento legal.

Por lo demás, el alcalde socialista Víctor Mora responsabiliza a la Consejería de Vivienda, de IU, de la situación y critica su escaso interés para poner soluciones. Paralelamente, la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García carga contra el PP por formar parte de una supuesta estrategia de IU para usar el sufrimiento de las familias.

Ajenas a esta guerra, pero conscientes de que pueden exigir una mayor implicación a nivel político, las familias esperan soluciones. “Se comprometieron en el pleno a ayudarnos, pero nosotros no tenemos ayuda de nadie. Dijeron que hablarían con el banco para que nos dieran luz y agua, pero todavía estamos esperando. Nosotros no somos una prioridad para el Ayuntamiento, no les interesamos. Que hagan viviendas de protección oficial para ayudar a la gente, para los más necesitados. Que cojan ejemplo de Marinaleda, donde cada año hacen algunos para ayudar al pueblo”, señala Michael Rojo, uno de los vecinos de la zona.

Un “favor” a los bancos

Considera este hombre que “este Ayuntamiento es de izquierdas y debería notarse. Nosotros lo que hemos encontrado es un techo, pero no un hogar. El plan de futuro es intentar llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía o con quien sea para no estar aquí de balde. Estamos dispuestos a pagar. Nosotros no somos yonquis ni tenemos un BMW aparcado en la puerta, como se ha dicho por ahí. Nosotros no tenemos ni bicicleta. Esto es un calvario, con las mujeres llorando cada día. Lo que tienen que hacer es dejarse de excusas y cumplir con lo prometido”.

Hay momentos para la reivindicación, para la alegría y también para las lágrimas, como explica Regla Gómez, otra de las afectadas: “Nosotros estábamos viviendo un infierno y no veíamos salida por ningún lado. Yo estaba con una mano delante y otra detrás. Yo me vi necesitada y no me arrepiento de este paso que he dado. Si me echan de aquí haré lo mismo en otro lado porque necesito un sitio para mi familia. Que los políticos tengan un poco de compasión y que vean lo que nosotros estamos haciendo por nuestros hijos”.

Regla cree que están haciéndole “un favor a los bancos porque si los pisos están cerrados se estropean. Cuando nosotros llegamos esto estaba fatal. Unas veces cantamos, otras reímos y otras lloramos. Aquí no hay peleas ni escándalos, sólo el ruído de los niño. El año que viene tienen que salir tres niños de comunión de aquí, sería algo muy bonito”. Ilusiones de futuro para un grupo humano que se aferra a un presente bajo un techo. Que no es poco.

Hace tres meses del desalojo de la Corrala Utopía en Sevilla. La decisión de la Delegación del Gobierno, el realojo de algunas de las familias que ocupaban el inmueble desde hacía dos años, y la sucesión de desencuentros entre los socios de Gobierno (PSOE-A e IU-A) casi terminan con el pacto en Andalucía. Ahora los servicios sociales y la Justicia avalan la actitud de la Consejería de Vivienda.

El 6 de abril varios furgones policiales ejecutaron el desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida Juventudes Musicales de la capital hispalense. Cerca de 30 personas se quedaron en la calle al perder el inmueble que ocupaban. “La Delegación del Gobierno (del PP) materializó un desalojo el domingo, justo cuando la Consejería tenía un principio de acuerdo con el dueño para el alquiler a las familias de la Corrala Utopía (Ibercaja)”, expresa la consejera de Vivienda, Elena Cortés, que en aquel momento estaba de viaje institucional en Colombia. Ese acuerdo no se concretó finalmente porque “Ibercaja se ha quitado de en medio”, según la dirigente de IU.

La Consejería anunció el “realojo provisional” de algunas de esas familias alegando que cumplía la legislación por tratarse de casos en los que había menores o riesgo de “exclusión social”. La Presidencia de la Junta de Andalucía frenó ese movimiento para asegurarse de que la decisión “cumplía con la legalidad” y no poner enfrente a “más de 10.000 personas” estaban a la espera de viviendas en Sevilla.

Un realojo “legal y justo”

La suma de desencuentros entre PSOE e IU provocó que el pacto de gobierno se tambaleara, con la retirada de las competencias de Vivienda a IU por parte de la presidenta, Susana Díaz, incluida.

Los dos partidos negociaron durante horas hasta que llegaron a un acuerdo: se revisaron las condiciones del realojo de 17 familias desalojadas, se aprobó que se mantuviera el realojo provisional de ocho de ellas y se decidió consultar a los servicios sociales sobre otras nueve. El pacto de Gobierno se mantenía.

Elena Cortés sostiene que los informes de los servicios sociales avalaron la decisión al dictaminar que ocho familias estaban en “exclusión social” y que siete corrían “riesgo de exclusión”. Sólo queda un caso pendiente. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló el realojo y descartó rotundamente que “tuviera una significación penal”. “Es una decisión política que se implementa a través de resoluciones administrativas”, rezaba el auto que rechazó la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias.

“El Gobierno rescata a las familias”

“Siempre dijimos que el realojo era justo y legal”, insiste Cortés, que recuerda que la decisión se inspiró en la ley de vivienda y en la doctrina europea. “IU trabajó con coherencia y rigor en el realojo y así se ha demostrado”, sentencia la consejera.

“Se demuestra que el PP pone alfombra roja a especuladores y al sector financiero, que son los que dan la patada en la puerta”, explica antes de continuar: “Es un despropósito que el Ayuntamiento tenga en Sevilla 500 viviendas vacías y no a disposición de las familias”. Cortés ha enviado una carta para reunirse con los dirigentes de capitales de provincias “con muchas viviendas vacías para colaborar y que en un año cumplan con el objetivo” de la VPO.

Tres meses después, Cortés evita lanzar mensajes negativos sobre sus socios de Gobierno. “Prefiero mirar a presente y futuro y que cada uno saque sus conclusiones -señala-. El Gobierno sale fortalecido para defender el derecho y el modelo de vivienda: fomento del alquiler, rehabilitación de edificios, etc.”.

“IU ha hecho un cambio en las políticas que el PSOE no hizo en 30 años. Se ha producido un cambio en la política de vivienda y el Gobierno ahora rescata a las familias”, sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechaza en un auto fechado el 20 de junio la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, por el procedimiento seguido en el realojo de los ocupas de la conocida como Corrala Utopía, un inmueble ubicado en los números 2, 4 y 6 de la avenida Juventudes Musicales de Sevilla, que fue desalojado por la Policía Nacional el pasado 6 de abril.

El TSJA determina, en primer lugar, que no aprecia conducta “prevaricadora” en el proceso y que, en todo caso, el sindicato atribuye a la consejera una resolución firmada por el director general de Vivienda, Antonio Ibáñez, que no es aforado, y por tanto, no le correspondería al alto tribunal decidir sobre el caso. De todas maneras, sí deja claro que “independientemente” de esta circunstancia, o sea de que no se trate de una aforado y no tenga por qué pronunciarse, no se aprecia ningún hecho que “remotamente tuviera una signficación penal”.

El auto ha sido acogido en la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, como un espaldarazo a su actuación en este proceso -que incluso provocó un enfrentamiento con sus socios del Gobierno de Andalucía (PSOE-A)- como un aval a los pasos que se dieron. En este sentido, el escrito del alto tribunal subraya que el realojo, amparado por una orden del Juzgado de Instrucción número 3 que determinaba el desalojo y ordenaba a las administraciones “proveer” a las familias de los recursos necesarios, responde a una “decisión política que se implementa a través de resoluciones administrativas”.

En la misma línea, rechaza el argumento de que se dieran circunstancias “prevaricadoras” en este proceso por cuanto que las medidas adoptadas “no están inspiradas en una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender una situación urgente, por mandato judicial”, un argumento que siempre ha defendido Elena Cortés aclarando las diferencias -incluso en el Parlamento de Andalucía- entre la adjudicación de una vivienda pública y el realojo “transitorio” previsto por la ley para casos excepcionales.

Recuerda también el auto que la decisión se adoptó después de una acción coordinada entre el Defensor del Pueblo Andaluz y las dos administraciones implicadas (Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía) “de la que no resultó una propuesta viable concreta cuando el desalojo de las viviendas indebidamente ocupadas ya se había producido”.

Y en tercer lugar, apunta que “no carecen de cobertura jurídica”, como esgrimía Manos Limpias, las medidas adoptadas por la Consejería de Fomento y Vivienda, por la existencia del Decreto 149/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas y “dada la amplitud de la expresión 'otras circunstancias excepcionales' que se utiliza en el precepto para justificar realojos”.

Elena Cortés muestra su “alegría”

Elena Cortés ha mostrado este viernes su “alegría” por las familias “con menores y en riesgo de exclusión”que fueron realojadas por un proceso que fue “justo y legal”. En declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, ha expresado su satisfacción “por todas las familias que están sin casa, por todas las desahuciadas y por todas las que buscan en la política respuestas y soluciones al derecho humano a la vivienda”.

En su auto, contra la que cabe recurso de súplica, el juez indica que el sindicato denunciante aludía a una resolución de la consejera de Fomento y Vivienda del 9 de abril, resolución que “no existe”. De forma que considera que “probablemente el sindicato denunciante ha cometido el error de atribuir a la consejera la resolución del 9 de abril dictada por el director general de Vivienda”. Por ello, determina que la denuncia “ha de ser archivada no sólo por no poder atribuirse a persona aforada ante esta sala, sino por no existir ningún hecho que remotamente pudiera tener alguna significación penal”.

Los servicios sociales comunitarios de Sevilla han acreditado la situación de “exclusión social” o de “vulnerabilidad o riesgo” de las 15 familias desalojadas de la Corrala Utopía que han sido evaluadas por el Ayuntamiento. Tras recibir y analizar este lunes los informes actualizados, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía completará a partir de ahora el proceso de realojo provisional de las familias, que tiene como requisito legal que las mismas se encuentren precisamente en situación de “riesgo” o de “exclusión social”.

El realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas cedidas por la administración autonómica siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su “riesgo de exclusión social”, y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada por dichos servicios. Dichos extremos han quedado certificados por los informes actualizados, según informa la Junta en un comunicado.

Dichos documentos, realizados por trabajadores sociales municipales, establecen tres categorías en función de las circunstancias de cada familia evaluada: “adecuada”, “de vulnerabilidad o riesgo” y “deficitaria o de exclusión social”. Ninguna familia está en condición “adecuada”; ocho se encuentran en un estado de “vulnerabilidad o riesgo”, lo cual ya justifica plenamente su realojo; y siete atraviesan una situación “deficitaria o de exclusión social”, que es más grave aún que la anterior.

“Los informes sociales actualizados avalan plenamente el proceso de realojo iniciado el 9 de abril, que ahora tendrá lógica continuidad en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz. Ha sido y continuará siendo un realojo impecablemente justo y legal”, ha señalado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda. El realojo da también cumplimiento al auto judicial del 25 de febrero del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, previo al desalojo, que insta a las administraciones públicas a “proveer lo necesario” para atender “a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social” que fueran desalojadas. La Ley de Derecho a la Vivienda de 2010, por su parte, da cobertura al realojo provisional de familias “con riesgo o en situación de exclusión social”. “Todas las familias evaluadas se encuentran en estas circunstancias y tienen una necesidad habitacional clara”, ha señalado la consejera.

Menores a cargo

La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda solicitó al Ayuntamiento de Sevilla la actualización de los informes sociales de 17 familias el pasado 15 de abril. La Consejería dio este lunes 2 de junio registro de entrada a 15 informes. Las familias evaluadas son siete de las ocho ya realojadas, y ocho de las nueve cuyo realojo quedó pendiente de la actualización de los informes.

De las dos familias de las que los servicios sociales no han enviado informe actualizado, una de ellas, con un menor a su cargo, continúa realojada a la espera de que el Ayuntamiento actualice su informe, tal y como establece el acuerdo del Gobierno del 12 de abril.

En el otro caso, se trata de una familia que no se encuentra empadronada en Sevilla, por lo que el Ayuntamiento no la ha evaluado. La Consejería tiene pleno conocimiento de la situación de necesidad habitacional de esta familia, que tiene un menor a cargo, y a la que prestará atención a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

Trabajo técnico “objetivo y profesional”

Elena Cortés ha expresado su reconocimiento por el trabajo técnico “objetivo y profesional” de los trabajadores sociales del Ayuntamiento, pese a haberlo tenido que realizar “en medio de una agresiva campaña del PP, con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, al frente, campaña que ha tenido por objetivo desprestigiar a las familias y enfrentarlas a los deman-dantes de vivienda en adjudicación”.

“Hasta el último segundo del último minuto, incluso ayer cuando ya sabían que los informes avalan plenamente el realojo y el trabajo del Gobierno andaluz, el alcalde y la concejal Dolores de Pablo-Blanco han seguido mintiendo y denigrando a estas familias, con menores a cargo y en situación de grave dificultad”, ha denunciado Cortés. “Lo más censurable de su estrategia de distorsión ha sido repetir una y otra vez que estas familias no cumplían los requisitos del baremo, pese a que el baremo no es de aplicación en los realojos. La realidad es que las dos únicas familias que en su día fueron baremadas sí cumplen los requisitos para acceder a una vivienda en adjudicación. Pero es que además para el realojo provisional no es necesario aplicar el baremo, que es un instrumento para la adjudicación permanente”, ha remarcado Cortés.

“Si el Ayuntamiento tuviera en realidad la más mínima intención de resolver las necesidades de vivienda de las más de 300 familias que tiene baremadas a la espera de una vivienda en adjudicación, pondría a su disposición las 528 casas vacías que tiene Emvisesa”, ha concluido Cortés, que ha destacado que todo lo vivido en la Corrala, desde la formación de la mesa de diálogo al realojo, pasando por la creación del comité Junta-Ayuntamiento con participación del Defensor del Pueblo, evidencia que hay “dos políticas de vivienda muy distintas: una, la del Gobierno andaluz, que busca soluciones y garantiza el derecho a la vivienda; y otra, la del PP en Sevilla, que busca problemas y mantiene sus viviendas cerradas y en venta”, ha señalado la consejera.

La esperada comparecencia de la consejera de Fomento en el Parlamento para informar sobre el polémico realojo de la Corrala Utopía ha servido para dejar patente el deseo de los socios en el Gobierno andaluz de pasar página -al menos públicamente- de su crisis interna y reubicar el debate en el lugar del que seguramente nunca debió salir: la lucha contra los desahucios y la necesidad de dar una solución -ajustada siempre a la ley- a las miles de familias andaluzas que carecen de un techo bajo el que vivir.

Tanto Elena Cortés como el portavoz del PSOE dejaron de un lado los duros reproches que ambas formaciones se han intercambiado durante las últimas semanas para unir sus fuerzas en contra del PP, tachado de insensible y acusado de bloquear cualquier solución al drama de los desahucios. Sus argumentos han estado tan próximos que la consejera llegó a felicitar con mirada cómplice al socialista por su “discurso perfecto”. Quién lo hubiera dicho.

El Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa una propuesta dirigida a los ayuntamientos y diputaciones: el compromiso de poner en uso, en el plazo de un año, todo el stock de viviendas protegidas vacías que hay actualmente en Andalucía. Son más de 5.600, situadas fundamentalmente en municipios de más de 50.000 habitantes (y gobernados en su mayoría por alcaldes del PP). Sólo en Sevilla el Ayuntamiento dispone de medio millar, sin que Zoido haya sido capaz aún de explicar coherentemente cómo es posible que estén desocupadas cuando hay 12.000 familias en lista de espera. La Consejería -que en los últimos meses ha adjudicado prácticamente todos los pisos protegidos que estaban en manos de la Junta- también ha anunciado medidas para agilizar el cambio de régimen de las VPO en venta -sin apenas demanda en estos momentos- para que los municipios puedan sacarlas cuanto antes en alquiler.

La medida tiene un doble efecto: por un lado, se ofrece una respuesta concreta, ágil y -como suele decirse- de cajón a la urgente necesidad de vivienda que tienen muchas personas necesitadas. Por otro, se reorienta el foco y la presión de la opinión pública sobre los populares, para quienes la pelea entre los socios ha sido un regalo político inesperado, que les ha librado de dar muchas explicaciones. Entre otras, sobre la más que discutible actuación de la Delegación del Gobierno -que ordenó el desalojo cuando casi estaba cerrado un acuerdo con Ibercaja, dueña del edificio- y sobre la gestión del propio ejecutivo municipal en materia de vivienda.

Acerca del controvertido realojo de la Corrala Utopía, el diputado socialista no se detuvo en el asunto y Cortés apenas hizo referencia a la retirada de competencias ordenada por Susana Díaz, que marcó el punto de inflexión en la crisis de Gobierno. La consejera se centró en exigir a Zoido que culmine cuanto antes los informes sociales sobre las personas que ocupaban el edificio, tanto las ocho familias ya realojadas como las nueve a quienes Fomento ha seguido alimentando sus expectativas de acceder a una vivienda.

Sin embargo, es altamente improbable que los técnicos municipales den su aval a estos 17 casos: entre los antiguos ocupantes de la Corrala hay situaciones muy dispares y no todas -ni mucho menos- parecen ajustarse a los criterios de exclusión que justificarían un realojo de emergencia. No sería sorprendente incluso que el Ayuntamiento opte por una postura rígida y ponga pegas a más de una de las familias a las que se entregaron llaves, como insinuó el popular Carlos Rojas. Esto pondría a la Consejería de Fomento en una posición extremadamente incómoda -¿acatar la resolución y sacarlas de sus casas? ¿desobedecerla?- y podría provocar que volvieran a saltar chispas en el Gobierno.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha defendido este martes en el Parlamento de Andalucía la actuación “totalmente legal” de su departamento en los realojos de las personas que el pasado 6 de abril fueron expulsadas de la conocida como Corrala Utopía, el inmueble propiedad de Ibercaja que desde mayo de 2012 ocupaban en la capital hispalense. En la comparecencia para explicar este asunto, a petición propia y de todos los grupos parlamentarios, ha reiterado que de las 17 familias que se habían contabilizado en dicho desalojo, han sido realojadas “provisionalmente” ocho, y otras nueve están a la espera de informes.

La consejera ha insistido en diferenciar el realojo de la adjudicación, “que es el mecanismo por el que se accede de forma estable a una vivienda protegida, y se hace en el marco de la Ley de Vivienda Protegida de 2005 y la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010 y a partir de los registros de demandantes”. Frente a ello está “el realojo”, donde esta última ley deja claro que es una medida “excepcional”, por “riesgo de exclusión social” y “sin necesidad de concurrencia”. De hecho, ha apuntado que desde 2001 la Junta de Andalucía ha realizado 637 realojos de este tipo. “La adjudicación no tiene nada que ver con un realojo. Éste no atenta contra el derecho de las demás familias demandantes”, ha insistido. Y ha puesto el ejemplo de la lista de espera para operarse de rodilla, dando a entender que las familias de la corrala entraron por la puerta de urgencias. “Si una persona entra con la rodilla rota por la puerta de urgencias de un hospital, es atendida, independientemente de esa lista de espera que hay para operarse”, ha ejemplificado.

“Lo sorprendente es que tengamos que realojar porque la Delegación del Gobierno de Andalucía ha puesto en la calle a familias con niños. No es que pudiéramos realojar a las familias: es que debíamos”, ha aseverado, momento el que ha recordado que había un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ordenando a las administraciones que se hicieran cargo de la situación. Es más, ha criticado que la Delegación del Gobierno en Andalucía no le informó de la orden de desalojo sabiendo que había un preacuerdo de dos días antes -el pasado 4 de abril- entre la Junta de Andalucía y la propietaria del inmueble en presencia del Defensor del Pueblo Andaluz y que conocía el Ayuntamiento de Sevilla.

Igualmente, una vez que ha dado por “resueltas” las “discrepancias en el seno del Gobierno de Andalucía” por este caso que desecandenó la crisis más grave de la alianza entre el PSOE-A e IU, ha abogado por la “necesidad” de mantener el pacto, para recordar que son servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla “los que deben actualizar los informes de las 17 familias” de la corrala. “Ya es hora de que lo haga”, ha dicho. “La actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda es siempre legal y justo y eso espero del Ayuntamiento de Sevilla”, ha enfatizado.

Por otro lado, Elena Cortés ha negado que la Junta de Andalucía tenga más de 50.000 VPO sin adjudicar, “como se ha dicho desde la bancada popular”. Las ha cifrado en 638 a fecha de mayo de 2013, “y se pasaron todas a la fórmula del alquiler” para darles salida. “Se han alquilado ya 520 mediante el registro de demandantes”, ha aseverado. De hecho, ha expuesto que la Consejería de Fomento y Vivienda se ha propuesto que las demás administraciones -muchos consistorios “gobernados por el PP-A”- hagan lo mismo. Pretende que las más de 5.620 VPO vacías de promotores públicos y privados que hay en Andalucía “estén ocupadas en un año como máximo”, para lo que ha pedido el compromiso de las administraciones locales que las controlan. Este martes se ha dirigido por carta a los alcaldes de ciudades de más de 50.000 habitantes para ese objetivo: “Que en un año no quede ni una sola vivienda pública deshabitada en Andalucía”. Para ello se aboga por pasar a la fórmula del alquiler las que están previstas para venta, dado que las familias no tienen opción de acceder a crédito o no se pueden permitir comprarlas. Por ello, ha instado a que el PP-A “se sume a este compromiso” con sus mandatarios.

El portavoz del PP-A, Carlos Rojas, la ha acusado de “pisotear la legalidad”. Ha recordado que fue el alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido, el que “advirtió a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de la ilegalidad que estaban cometiendo con los realojos, y le debería estar agradecida” por ello, en alusión a la carta que el regidor envió cuando se estaban produciendo los realojos. Tras reiterar que el PP-A cree que “debe ser la presidenta la que comparezca en el pleno”, ha subrayado que Elena Cortés “ni siquiera debería estar aquí, sino cesada”. Ha advertido de que el PP-A no va a dejar este asunto, “que será largo” y ha avisado de que pedirá una comisión de investigación. “Queremos ver todos los expedientes y todo lo que ha pasado en el Gobierno de Andalucía amparando la ilegalidad”, ha criticado, momento en el que le ha recordado que “juró o prometió por imperativo legal la Constitución Española” cuando tomó posesión.

Elena Cortés le ha garantizado que tendrá “todos los expedientes”. Frente a la postura que ha mantenido en el debate la oposición, acusando al Gobierno de Andalucía de premiar “la patada en la puerta” de los que ocupan ilegalmente inmuebles y luego reciben una vivienda pública, ha expuesto el recurso de la Ley de la Función Social de la Vivienda por parte del Gobierno de la Nación. “Eso sí que es una patada”, ha zanjado.

El pleno en el Parlamento de Andalucía -que se adelanta a este martes para continuar el miércoles porque el jueves es festivo- estará marcado en su primera jornada por las comparecencias de los consejeros de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para ofrecer explicaciones sobre dos asuntos que han generado polémica -y hasta una crisis- en el Gobierno de Andalucía las últimas semanas: el realojo de los vecinos de la Corrala Utopía y la investigación de la Fiscalía de Málaga por un supuesto fraude en las subvenciones para cursos destinados a desempleados. Y en esta conflictividad, reparto de papeles entre los dos socios, porque tomarán la palabra un consejero de IU y otro del PSOE-A.

La primera en comparecer será Elena Cortés, “a petición propia”, para “informar sobre la política general de vivienda: VPO y procedimientos de realojo previstos” en la ley. Tras este enunciado se esconde la necesidad de aclarar las diferencias entre adjudicación de vivienda protegida y realojo provisional, que es la fórmula por que la su consejería permitió dar techo a ocho de las 17 familias desalojadas el pasado 6 de abril de un inmueble que ocupaban desde hacía casi dos años en Sevilla, mientras que para las otras nueve se está estudiando su situación.

Elena Cortés sostiene que la intervención de su departamento fue “totalmente legal”, pese a que costó una crisis -con suspensión temporal del pacto incluida- en el Gobierno de Andalucía, una vez que la presidenta, Susana Díaz, mandó parar estos realojos auspiciados por IU y llegó incluso a quitarle por unas horas las competencias en materia de adjudicación de vivienda protegida mediante decreto. La presidenta llegó a plantearse hasta un adelanto electoral. De hecho, en el orden del día figura también una iniciativa del PSOE-A para que dé estas explicaciones y que está planteada en los mismos términos que la referida de la consejera. Por su parte, la petición que se le hace desde la oposición es que informe “sobre los procedimientos que han dado lugar a la entrega” de viviendas protegidas a estas familias y que dé cuenta de “los informes jurídicos confeccionados al efecto para avalar las decisiones tomadas”.

Tras Elena Cortés, que comparecerá en torno a las cuatro y media, será el turno de Luciano Alonso, también a petición propia y “a fin de informar sobre la situación de la formación profesional para el empleo en Andalucía”. El PP-A le preguntará sobre todas las actuaciones que ha llevado o va a llevar a cabo en relación a las investigaciones que practica la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la fiscalía en relación al presunto fraude detectado en la gestión de los fondos de formación realizada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2011 “en diversas provincias de Andalucía”, si bien hasta el momento Luciano Alonso ha circunscrito el caso exclusivamente a Málaga. También preguntarán los populares “sobre las medidas que ha puesto o va a poner en marcha con el fin de aclarar dichas irregularidades”, cómo se trabajará para recuperar estos fondos de formación “defraudados” o quién asume “las responsabilidades políticas” ante “este nuevo escándalo”.

IU, por su parte, también pide explicaciones al consejero, “en relación al presunto fraude”. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, lo calificaba este lunes de “muy grave” y “escandaloso”, exigiendo “transparencia” a sus socios en las explicaciones porque “esto no es un bluf”. Y el PSOE-A, a su vez, se pregunta por este caso, pero no habla de fraude, sino de “las informaciones recogidas en diversos medios de comunicación”. De hecho, Luciano Alonso ha ido ofreciendo información sobre el caso desde el pasado 16 de abril sosteniendo la tesis del Gobierno de Andalucía de que “no se puede hablar de gran fraude”, entre otras cosas porque todavía “están abiertos” los procesos por el que las empresas que han recibido este tipo de subvenciones tienen que justificar su gasto.

Hasta la fecha, el Gobierno de Andalucía ha cifrado en 1,5 millones de euros el monto de los 17 expedientes que está investigando la UDEF y que le fueron requeridos a la consejería el pasado 14 de enero. En paralelo, desde el pasado mes de septiembre se están revisando todos los expedientes de estas subvenciones entre 2007 y 2011 -en 2012 y 2013 no ha habido convocatorias- para comprobar que todo está debidamente justificado. De un total de 4.000 revisados, se ha procedido a requerir más información a los destinatarios en medio millar de casos, y hay 56 peticiones de reintegro de las cantidades de manera total o parcial por no haber cumplido con su objetivo.

Esta revisión masiva de expedientes fue ordenada por Susana Díaz tras su toma de posesión cuando la sombra de la sospecha se cernía con todo su peso sobre estos programas y cuando se estableció el principio de no exoneración, es decir, no se puede optar a nuevas subvenciones sin haber justificado las anteriores que se hubiera recibido. En este contexto, quedan muchas preguntas por responder que se espera que haga Luciano Alonso como ¿hay nuevos requerimientos de información tras esos 480 expedientes de los que habló hace un par de semanas?, ¿a cuánto asciende la cantidad reclamada en los 56 de petición de reintegro?, ¿hay más ya?, ¿si los mecanismos de control funcionan, cuánto dinero ha recuperado la Junta de Andalucía con las peticiones de reintegro en años anteriores a los investigados?, ¿se han extendido la investigación de la UDEF a otras provincias?...

Cabe recordar que pese a que comparecerán los dos consejeros, la oposición había pedido que lo hiciera la presidenta, especialmente en el caso de los fondos de formación. De hecho, el PP-A ha insistido en la necesidad de convocar una comisión de investigación, un planteamiento que no tiene visos de salir adelante. De hecho, desde IU avisaban a los populares la pasada semana de que no cuenten con ellos para esto.

En este comunicado, Lucía Márquez, coportavoz andaluza de IZAB, pide a la dirección de la RTVA que explique “por qué omitió los informes sociales del Defensor del Pueblo Andaluz, el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la sentencia de un juzgado ordinario que instaban a la Consejería de Fomento y Vivienda a realojar de manera urgente a las familias de la Corrala Utopía”. El partido político integrado en IU pide también resolver “de quién fue la idea de enfrentar a personas excluidas socialmente con demandantes de vivienda pública en el enfoque informativo de Canal Sur”.

A juicio de Lucía Márquez, coportavoz de IZAB, la dirección de la RTVA “ha olvidado que la televisión y la radio de todos y todas las andaluzas no nació para estar al servicio de los intereses de la banca ni del PSOE-A, sino para informar verazmente al pueblo andaluz”.

Márquez anuncia que su formación política pedirá a la dirección de IULV-CA que solicite toda la información pertinente en el Parlamento de Andalucía “para saber de dónde salieron las directrices políticas y de quién fue la idea de hacer un uso partidista y tramposo de la RTVA”. Por último, IZAB anuncia que, si se confirma la denuncia hecha por CCOO, reclamará la dimisión de Joaquín Durán, director de la RTVA, “por vulnerar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”, derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española. “Andalucía merece una televisión pública que haga información y no propaganda”, concluye Márquez.

Queda mes y medio para las elecciones europeas. Entre Semana Santa y ferias primaverales se nos va a pasar volando la llegada del 25 de mayo. Pero ahora atravesamos campo minado de sospechas. Con artefactos que estallan casi a cada paso.

Las sospechas no son en sí malas. Pueden actuar como la fiebre o el dolor a modo de alerta de un mal contra el que actuar cuanto más rápido mejor. Sin embargo, en las últimas semanas las sospechas detonan con mucho escándalo y no acabamos de detectar qué hay de verdad bajo el bombazo cuando revienta otro y así andamos de rifirrafe por el desahucio de la Corrala Utopía, a pugna por un supuesto fraude de fondos de formación de la Junta, sin que acusadores ni acusados terminen de exponer, con pruebas o argumentos, que los ciudadanos sopesemos, qué está pasando.

Una cosa está clara hace tiempo: vivimos sometidos a la esquizofrenia de tres tempos, el político, el mediático y el judicial. Y los partidos lo usan en su provecho:

Por una parte, destapan en ruedas de prensa, desayunos informativos, comparecencias o filtraciones las supuestas vergüenzas del adversario. Incluso cuando éste es socio de Gobierno. Porque que Valderas (IU) sea vicepresidente de Díaz (PSOE), no quita para que ésta se las vaya a ver con Maíllo (IU) en las próximas autonómicas. Y no sólo en banderolas, sino en mítines, debates y el recuento final. Así que poca amistad.

Por otro lado, copian el mal endémico de nuestro sistema judicial, ¡esa lentitud que lastra la justicia hasta volverla injusta! Los partidos se dedican a marear la perdiz, dar toques al balón, ralentizar la cuestión, dormir la polémica, inducirla incluso al coma eterno si fuera necesario (y estuviera en su mano), con tal de que los ciudadanos no nos acordemos de qué estábamos hablando y si era cierto o falso.

Presunto fraude cursos formación de Andalucía

Empecemos por el presunto fraude en cursos de formación de la Junta de Andalucía. La noticia que “brota” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se refiere a hechos no sólo no probados por un tribunal, sino aún en fase de investigación policial. No es de recibo que salten ya frontándose las manos responsables del PP pensando: “¡Os pillamos!”.

Pero, por otro lado, también sonroja que comparezca el consejero Luciano Alonso y como defensa argumente que el Gobierno central quiere abrir “una causa general contra Andalucía”. No confundamos todo y parte, consejero. En tal caso, será causa a los gobernantes andaluces porque los ciudadanos de Andalucía no sólo no debemos sentirnos atacados por la denuncia de un presunto fraude con fondos de nuestra administración, sino que somos los primeros interesados en que el tema se aclare.

La Junta tendría que haber expuesto, ya en esa primera comparecencia, los datos tajantes, irrefutables, de que las ayudas se han concedido de modo irreprochable. ¿Están los números localizados? ¿No? ?¿Hay que ponerse a buscarlos? ¿Cuánto se tarda en dar con el archivo de pagos y justificantes? ¿Cuánto en imprimirlo o mandarlo por mail a los medios de comunicación? ¿Se prefiere aguardar a que lo pida el juez que tarda más y da más tiempo para buscar? ¿Por qué?

¿Qué quiere decir el consejero con eso de la “causa general a Andalucía”? ¿Qué el PP le tiene ganas al PSOE le tiene ganasy si es al andaluz más (que para eso le ha ganado hasta las últimas elecciones en que Arenas ya tenía el cartel de campeón en el balcón)? ¡Es una inducción, que no firmaría Sherlock Holmes! Claro que le tiene ganas y que cualquier sombra de sospecha le viene genial para, sumada al caso de los ERE -cuya investigación la jueza Alaya no acaba de rematar- contrarrestar lo difícil de contrarrestar: esa financiación B del PP, vía los Gürtel y Bárcenas, que hay que probar en sede judicial pero cada vez es más palmaria. Eso y sus propios presuntos fraudes en cursos de formación en comunidades que el PP gobierna, como la madrileña.

Pero dejando eso aparte, por elemental, querido Luciano, los andaluces queremos saber qué hay de verdad o falso en la sospecha de que esta parte de nuestros impuestos tampoco ha estado bien controlada. Que nos lo aclare con datos. Que a buen seguro vamos a ser capaces de interpretarlos. Ojalá pudiéramos desprendernos de esas frases altisonantes y vacuas nacidas cada día en los departamentos de argumentario de los partidos que actúan como, antaño, hacía el apuntador con los actores de teatro. Ojalá usáramos el lenguaje para explicar en vez de enmarañar y embaucar.

Corrala Utopía

Pasada la tensión del desalojo y enfrentamiento entre la Consejería de Vivienda (IU) que realojó a las familias y la presidenta (PSOE) que tiene los redaños por bandera y quitó ipso facto las competencias a su socio de gobierno, ahora el balón está en el tejado del Ayuntamiento sevillano (PP). Pues ya estamos tós. Porque ahora resulta que la solución depende de que el Consistorio emita informes sobre el grado de exclusión social de los afectados que fijarán su orden en la lista de espera de viviendas. Y dado que no hay acuerdo siquiera en el número de familias sobre las que hay que informar, todo hace presagiar que el asunto se aclarará bien y rápido. ¿Verdad?

De la crisis de Gobierno a que condujo el desalojo tampoco se ha explicado tanto como para no considerar que se ha cerrado en falso. Para empezar, ¿el Gobierno de Andalucía no toma las decisiones en conjunto? ¿Cada consejería funciona aplicando sus competencias sin informar? ¿Y la presidencia no tiene mejor modo de zanjar discrepancias con consejeros que quitarles competencias esta madrugada para devolvérselas mañana? Ya que preguntamos, ¿podría explicársenos la razón por la que es bueno para Andalucía que su consejera de Vivienda estuviera esos días en el Foro Urbano Mundial de la ONU en Medellín (Colombia)? Porque si es importante lo entenderemos, y si no también. Y cualquiera de estas dos opciones es mejor que la sospecha. No mejor para los partidos, o los políticos; sino para el sistema y los ciudadanos. Claro que sin éstos últimos qué sería de los primeros. ¿Por qué no se paran a considerarlo? ¿Por qué siguen empeñados en no hacerlo, en serio?

Mucho me temo que, pese a los homenajes al fallecido ex-presidente Suárez, es otro el político de la Transición que ha marcado el devenir de nuestra democracia partitocrática, nuestro Maquiavelo: Alfonso Guerra, creador de los ejes que vertebran nuestro universo político: “El que se mueve no sale en la foto” y “Calumnia que algo queda”.

La utopía ha sido desahuciada de su Corrala por el corralito bancario que es el que manda con la protección del corralito político y el amparo del corralito judicial.

En Sevilla este año se adelantó la Semana Santa una semana y la empezó la presidenta andaluza, que vio la ocasión perfecta de aprovechar el desahucio de la Corrala Utopía para coronarse reina madre bajo palio, para darle un beso de Judas a sus socios de gobierno y entregar a los inocentes a una masa arengada por el Sanedrín mediático que no ha dejado pasar la oportunidad de crucificar a IU. Por medio apareció Zoido Pilatos, alcalde sevillano, 'popular' para más señas, que se lavó las manos y dejó en la calle a sus vecinos desahuciados aunque tiene 500 pisos vacíos en los que los podría alojar. Y a última hora, socialistas y comunistas firmaron una resurrección de su pacto que no convence ni a los que la firmaron. Todo apunta a que esta ha sido la última cena entre ambos.

La derecha aplaude a rabiar con el espectáculo patético de ver a sus enemigos enfrentados y a los socialistas enfrentando a los pobres entre sí. Susana Díaz tuvo su Domingo de Ramos entre los suyos y los demás, desde IU a los corraleros pasando por los miles que se pudren en las listas a la espera de un piso, han terminado haciendo de costaleros que cargan con todo el peso de la situación. Y la situación es que solo ocho familias de la Corrala han sido realojadas, que algunas que lo fueron han sido expulsadas y que miles de personas excluidas siguen durmiendo en las listas de espera. La presidenta puede estar contenta porque con su pataleta no ha dado cobijo a una sola pero sí ha conseguido echar a la calle a varias familias. Ole, ole y ole.

Emilio Botín le va a poner un altar por dar ejemplo de quién manda en este país. No hace tanto el presidente del Santander le besaba las manos y le hacía reverencias como si estuviera frente a la Virgen de las Finanzas. Así que el lío morrocotudo que le montó Susana Díaz a Izquierda Unida no tenía otro fin que ponerles firmes como velas de procesión y dejar claro quién manda en Andalucía, o sea, ella y sus amigos del IBEX 35, a los que invitó hace poco para rendirles pleitesía. Y de paso, sirvió para hacer saber que quien levante la voz no obtiene casa de protección social. Tampoco los que están callados, por cierto. Tiene maneras de lideresa del PP la señora Díaz.

No ha vuelto a acordarse la generala socialista de los 12.000 hijos de San Lista de Espera en riesgo de exclusión que tanto decía que le preocupaban la semana pasada. A la vista está que lo decía de boquilla, que sus lágrimas son de cartón piedra como las de esas vírgenes de las que ella es tan devota. Lágrimas y dientes de cocodrilo tiene la jefa. Y Zoido le canta saetas desde el balcón de una vivienda vacía. Son tal para cual pero no son gobernantes para su pueblo, solo para sí mismos y para sus capillitas y correligionarios.

Si de algo ha servido todo este calvario ha sido para dejar claro que todo sigue igual que estaba y todos siguen siendo lo que eran. El PSOE es el mismo partido del régimen que predica un cambio hacia la izquierda al que sus actos desmienten. El PP sigue echando a patadas a los desahuciados y protegiendo a la banca. IU ha hecho un pacto con el diablo por el que puede perder el alma. Y a los pobres no los ampara ni el Tribunal Constitucional, que ha dado la razón al Gobierno en su recurso contra los artículos de la ley andaluza de vivienda que obligarían a la banca a dejar sus pisos vacíos en alquiler social y a congelar los desahucios.

Así que los bancos que siguen echando a gente y tienen 700.000 pisos vacíos en Andalucía pueden irse tranquilos de procesión, que no tendrán que dar cobijo a ninguna de los 110.000 andaluces que están en lista de espera. En este país es una utopía que los bancos asuman ni un solo euro del coste de la crucifixión general que han provocado. Y a los pobres se les condena a vivir en Utopía, el no lugar. O más concretamente, en la puta calle.

Después de tanta procesión, nos la siguen clavando. Nada cambia, no hay resurrección. La utopía ha sido desahuciada de su Corrala por el corralito bancario que es el que manda con la protección del corralito político y el amparo del corralito judicial. Como dice Julito Iglesias, la vida sigue igual. Igual de mal, vaya.

En España hay alrededor de 800.000 viviendas vacías que son propiedad de entidades financieras. Hay más de tres millones de casas vacías. Hay gente sin casa, y casas sin gente. Hay también grupos políticos que, en vez de clamar y de actuar contra esta situación, prefieren estigmatizar a quienes luchan y reivindican el derecho de todos a tener una vivienda digna.

Uno de cada tres niños españoles viven en riesgo de pobreza y exclusión social, según el informe publicado esta semana por Save the Children. Los 20 más ricos de España tienen el mismo dinero que el 20% con menos ingresos, según datos de Oxfam. Mientras el Estado y las autoridades europeas han rescatado a los bancos con miles de millones de euros, cada vez son más las familias cuya situación empeora por los recortes, por la reducción de las ayudas y de los servicios sociales. La desigualdad sigue creciendo, los ricos son más ricos y los pobres, más pobres.

Si los desahucios han sido visibles y han estado presentes en el debate público ha sido gracias a la movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Si nadie hubiera levantado la voz, no se estaría hablando de ellos y se habría ejecutado un número aún mayor. Los que han esperado pacientemente, sin rechistar, sin hacerse oír, han visto cómo aumentan la pobreza y el desempleo; han visto cómo pasa el tiempo y continúan sin recibir soluciones.

Por eso resulta llamativo que la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz sostenga que “si a quien levanta más la voz le damos lo que pide, se inicia un camino peligroso”, en un contexto en el que lo peligroso son los niveles de desigualdad, pobreza, precariedad y exclusión social que se están alcanzando en este país.

Desde organizaciones políticas que aún pretenden aparentar no ser la derecha se hace un llamamiento a la “serenidad”, a la “estabilidad”, a la “firmeza”, a la “legalidad” frente a la movilización social.

Llaman serenidad a negar viviendas a personas que las necesitan. Llaman firmeza a defender repentinamente las presuntas prioridades de los integrantes de una lista de espera que hasta ahora no existía en el debate público. Llaman “okupas” a personas sin casa.

No hay serenidad que valga cuando la gente está perdiendo sus trabajos, sus casas, su posibilidad de vivir dignamente. No hay legalidad legítima cuando un país afronta miles de desahucios teniendo miles de viviendas vacías. Se tilda de radicales a quienes cuestionan este statu quo en el que aumentan la pobreza y la desigualdad, cuando no hay mayor radicalidad, en el sentido peyorativo del término, que esta creciente injusticia social.

Como ha escrito Ada Colau, dirigiéndose a Susana Díaz, no queremos la legalidad de miles de desahucios y miles de casas vacías. No queremos la legalidad que nos niega nuestro derecho a una vivienda. No queremos la 'estabilidad' -el término favorito del FMI- que nos arrebata libertades, ayudas y servicios sociales para engordar las arcas de una minoría.

La explotación, el poder y la imposición de la sumisión no solo se logran por la fuerza, sino a través de un falso consenso, conquistado con la propaganda y la manipulación. En los mensajes emitidos en relación con la Corrala Utopía hemos asistido a un punto de inflexión que ha llegado con grandes dosis de impunidad y cinismo. Se ha intentado criminalizar una medida solidaria, como es el realojo de algunas familias de la corrala. Se ha apelado repentinamente a un listado con más de 12.000 personas demandantes de viviendas de protección oficial de Sevilla, intentando dar a entender que las familias de la corrala deberían estar a la cola de esa lista, sin tener en cuenta que hay otras listas y que ninguna de ellas es para realojos transitorios urgentes.

Se ha intentado transmitir que a la gente de la corrala se les regala una casa, cuando lo cierto es que no se les adjudica una vivienda de protección oficial, sino que se les ofrece un piso social de forma transitoria, no definitiva, un realojo ante una situación de emergencia.

Y con todo ello, se han defendido discursos propios de la derecha más rancia. Consciente o inconscientemente, se ha pretendido enfrentar a personas necesitadas -las de la corrala con las demandantes de una vivienda de protección oficial- y se ha practicado lo que en algunos países de América Latina se llama la tesis del doble demonio, que impulsa la doble o triple victimización de las víctimas: víctimas por serlo -en este caso de la pobreza o la exclusión social-, víctimas porque son atacadas por pedir casa sin estar muriéndose literalmente de hambre -hay que ver, qué desfachatez!!- y víctimas también porque al quejarse de su condición y protestar para cambiarla, son criticadas por ello.

¿En qué momento estaríamos ahora si la Consejería de Vivienda de Andalucía no hubiera decidido realojar? Probablemente las familias de la corrala seguirían acampadas, en plena Semana Santa, y a estas alturas diversos sectores sociales se habrían sumado al apoyo de sus demandas legítimas. El escándalo estaría siendo la falta de soluciones para estas familias, y no la búsqueda de una respuesta solidaria para ellas.

Los más ricos de nuestro país han vuelto a aumentar sus arcas otro año más. Las 100 mayores fortunas de la Bolsa suman 88.735 millones de euros, un 13% más que en el año anterior. Las empresas del Ibex 35 han tenido más beneficios -17.700 millones de euros- y aún así han despedido a más de 120.000 trabajadores en el segundo semestre de 2013. Los de arriba pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que los ciudadanos de a pie, la pobreza severa se ha duplicado en pocos años, pero lo de la Corrala Utopía es escandaloso.

Cada vez son más las personas que sufren las consecuencias de un sistema claramente desequilibrado. No solo tienen que hacer frente a una situación de necesidad, sino que queda claro que hay poderes políticos y mediáticos dispuestos a estigmatizarles en caso de que quieran reivindicar un cambio para ellos o para otros necesitados.

Aumentan las estrategias para que los ciudadanos de a pie nos unamos al coro de consignas dirigidas contra la raíz fundamental de nuestros derechos y de nuestro futuro. Ante ello es más necesario que nunca reivindicar la movilización, la solidaridad y la organización frente al despojo.

El Gobierno de Andalucía dará explicaciones de la gestión de los realojos de la conocida como Corrala Utopía, un conflicto que ha enfrentado a los dos socios: PSOE-A e IU. Las explicaciones las ofrecerá “a petición propia” la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento de Andalucía. Lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, tras la finalización de un Consejo de Gobierno en el que, según ha insistido, “no se ha abordado este tema de la semana pasada”, pese a que era la primera vez que los socios se veían la cara tras un pulso que ha punto ha estado de costarles el pacto y la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la presidenta, Susana Díaz. Era, de hecho, la primera vez en que ésta se veía con Susana Díaz, después de que la presidenta le retirara por unas horas las competencias en materia de adjudicación de VPO a su consejería. “El Gobierno de Andalucía hablará por una sola voz”, ha dicho el portavoz.

La Junta de Andalucía todavía está a la espera de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla “baremen” a las ocho personas que finalmente fueron realojadas de manera temporal -por tener menores y discapacitados a su cargo- tras expulsarlas el 6 de abril la Policía Nacional del edificio que ocupaban desde mayo de 2012 en la avenida Juventudes Musicales de la capital hispalense, cumpliendo una orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla. “Esos informes deberán determinar si están realmente en riesgo de exclusión social”, que es lo que sostiene la Consejería de Fomento y Vivienda, según ha recalcado el portavoz. “Le hemos pedido que lo haga con urgencia”, ha apostillado.

Si no cumplieran este requisito, ¿serían desalojadas? “Cuando contemos con esa baremación, hablaremos”. ¿Y si están en dicho riesgo de exclusión social pero hay en el listado del Ayuntamiento de Sevilla personas que están todavía peor y van por delante? “No es una situación comparable”. Lo ha dicho el portavoz y también la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha especificado que en este caso “hay un auto”, del mismo juzgado, que “mandata” a las administraciones a proveer a estas familias de los recursos necesarios. No obstante, ha enfatizado la “necesidad de garantizar la equidad”.

Sobre el informe de los servicios jurídicos que se refería a estos realojos y que provocó el decreto de la presidenta para retirarle las competencias a IU “hasta que se restituya la normalidad legal”, el portavoz ha respondido que iba a hacer gestiones para ver si era posible facilitarlo a los medios de comunicación. No obstante, ha evitado hablar de ilegalidad en la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda, pese a esa necesidad, expresada por la propia Susana Díaz, de volver “a la normalidad legal”.

La otra duda que pesa sobre este conflicto, y es si las otras nueve familias que vivían en la corrala también van a ser evaluadas por si tuvieran el mismo derecho, no ha sido del todo preciso, pese a que desde IU se insiste en que se hará. “Me remito a lo que está en el acuerdo del viernes”, ha replicado, en referencia a la nota de prensa que puso fin al enfrentamiento entre las dos formaciones. En este sentido, ha evitado entrar en discusión con varias afirmaciones hechas por responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda de que todos los casos serían estudiados: los que ya tienen llaves y lo que no. Por cierto, ¿cuántas llaves se entregaron a llegar a estas familias la tarde del 9 de abril cuando comenzó el realojo, pese a las órdenes contrarias de la presidenta? El portavoz no contaba con esa información a la hora de la rueda de prensa.

Como tampoco ha podido aclarar si el expediente de los realojos que entregó la consejería de Elena Cortés durante las negociaciones con el PSOE-A para frenar la crisis se les había ocultado antes. En definitiva, muchas dudas todavía en torno a una polémica que ha instalado la desconfianza entre los dos socios.