La portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts, Ana Barceló, ha solicitado a la conselleria de Transparencia que estudie si el exconseller de Economía, Máximo Buch, ha podido incurrir en incompatibilidades tras su fichaje por la empresa porturaria Noatum tras conocerse que el Instituto Valenciano de Competitividad, dependiente directamente de la conselleria de Buch “concedió ayudas en 2014 a esta empresa portuaria”.

Según un comunicado, Barceló ha solicitado además a Transparencia que estudie “si en los últimos años se han concedido más ayudas y subvenciones por parte de la administración pública a esta entidad que no se hayan conocido hasta el momento” ya que ello demostraría “una auténtica puerta giratoría en el nombramiento de Buch, que se ha servido de su antiguo cargo para beneficiar a la empresa privada que le acaba de contratar”.

Barceló ha instado por ello a Transparencia a que averigue todas las ayudas en las que participara el exconseller o dependieran de su equipo y ha incidido en la necesidad de que el nuevo gobierno “ponga en marcha cuanto antes una Ley Valenciana de Incompatibilidades para los altos cargos del Consell que nos permita acabar de una vez por todas con las puertas giratorias entre la administración y las empresas privadas”.

“La ley de Función Pública valenciana remite en cuestiones de incompatibilidades a la Ley estatal, porque los gobiernos del PP nunca quisieron ni estuvieron interesados en esta cuestión, pero es preciso que elaboremos y desarrollemos una propia lo antes posible para regular todas estas situaciones”, ha incidido Barceló antes de incidir en que es “sumamente llamativo” el fichaje del exconseller tras recibir fondos públicos. “Tenemos que acabar ya, y de forma urgente, con las puertas giratorias y el clientelismo” ha sentencido la diputada socialista.  

Otro miembro del Gobierno de Alberto Fabra abandonará Les Corts. Se trata del exconseller de Industria Máximo Buch, que se suma al exresponsable de Hacienda, Juan Carlos Moragues (actual delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana); el expresident Fabra (senador); así como también a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (también en el Senado).

Buch renunciará en los próximos días a su escaño en el parlamento autonómico -fue elegido como número cuatro por Castellón tras la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, Alejandro Font de Mora y Vicente Casanova- para emprender una nueva etapa profesional, una decisión que había comunicado a la síndica popular Isabel Bonig.

El todavía diputado popular ha agradecido al Partido Popular y al grupo parlamentario la confianza depositada en él tanto en sus funciones como conseller, así como en esta “breve etapa” en Les Corts tras las elecciones del pasado 24M, un agradecimiento que ha hecho extensivo “muy especialmente a los militantes y electores” de Castellón“.

La Generalitat estudia cómo evitar el colapso de la Institución Ferial Alicantina (IFA), lastrada por 70 millones de deuda y embargada por el impago del IBI y la urbanización del terreno en el que están sus pabellones. El rescate se hará a través del banco público valenciano, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que estudia la fórmula jurídica –inversión, aval, subvención…- que saque a la feria del marasmo.

El conseller de Industria, Máximo Buch, ha reconocido tras una reunión de la dirección del recinto que IFA no es viable sin ayudas públicas. “Si la Generalitat y el IVF no apoyasen IFA, la feria tendría un problema. Pero la Generalitat apuesta por la utilidad de IFA como institución ferial de Alicante, que es importante para el tejido empresarial, y, con todas las restricciones que nosotros también tenemos, apoyaremos para evitar una situación de inviabilidad, lo que supone un esfuerzo económico”.

IFA, sin embargo, está lejos de suponer un agujero negro como su hermana de Valencia, lastrada por un agujero de 1.000 millones de euros y manchada por una gestión supuestamente irregular. La actividad ordinaria de la Feria de Alicante da beneficios –medio millón de euros en 2013; 350.000 en 2012 – pero, a pesar de la fuerte reducción de gastos, su deuda, con los costes financieros que comporta, la mete en números rojos.

A pesar de tener que acudir al rescate, Buch alaba la gestión en IFA. “La estimación de las cuentas de 2014 es muy satisfactoria porque el resultado operativo refleja pérdidas muy bajas, y con en el presupuesto de 2015 ya hay un beneficio operativo, lo que indica que se ha hecho un esfuerzo importante para conseguir ingresos y estabilizar la situación de la institución ferial”.

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, da por hecho que el jefe del Consell y del PPCV, Alberto Fabra, será el candidato de esta formación a la Generalitat porque “ha conseguido una mejora económica muy importante y ha actuado con gran contundencia para eliminar cualquier foco de sospecha de corrupción”.

En una entrevista concedida a Europa Press, se ha mostrado “convencido de que Fabra va a ser el candidato del PP a la Generalitat porque su trayectoria le avala”. Las declaraciones de Buch llegan después del desplante de los barones provinciales del PP, que se negaron a firmar un documento apoyando la candidatura del president de la Generalitat.

Fabra, tras el desdén de Alfonso Rus (Valencia), José Císcar (Alicante) y Javier Moliner (Castellón) quiere cerrar en falso el debate abierto sobre su candidatura porque “generar dudas” debilita al PP.

A su juicio, “cuando el presidente Mariano Rajoy tenga que decidir a quién nombra candidato y vea una persona como el presidente Fabra, que ha hecho una buena labor, le ratificará como candidato”, aunque ha remarcado que “eso está en manos de Rajoy y ocurrirá cuando ocurra, al mismo tiempo que con el resto de presidentes autonómicos”.

Según Buch, el líder de los 'populares' valencianos “ha tenido que actuar con dureza en los casos de corrupción, pero eso ha dado ejemplaridad, y deja la comunidad en un estado mucho mejor que cuando llegó desde el punto de vista económico y del entorno político”.

“Sin duda, es el mejor candidato que tenemos y todos los militantes del partido o una gran mayoría pensamos que las cosas han mejorado mucho y que, por tanto, es nuestro mejor candidato y lo vamos a apoyar”, ha zanjado.

Buch ha asegurado que Fabra cuenta con los apoyos suficientes para optar a la reelección: “Desde luego en Valencia los tiene, hay que tener en cuenta que el nombramiento depende del Gobierno y está en manos del presidente, pero yo estoy convencido de que cuando tenga que decidir a quién nombra candidato y vea una persona como Fabra, que ha hecho una buena labor, le ratificará como candidato”.

“ERA NECESARIO SER MUY EJEMPLARIZANTE”

En cuanto a la 'línea roja' de Fabra de que personas imputadas por corrupción no ocupen cargos en su gobierno, en el PPCV ni en el grupo parlamentario, ha defendido que “recibió críticas al principio porque se consideraba demasiado estricta, pero ha demostrado que dada la gran sensibilidad que hay entre las personas, entre los electores, al tema de la corrupción, era necesario ser muy ejemplarizante”.

Así, ha resaltado la importancia de que “la gente realmente perciba que se está luchando contra la corrupción, aunque ello cueste que, a veces, personas imputadas que acabarán siendo inocentes hayan tenido que hacer el sacrificio de ser apartadas de su función”. “Eso es lo que la gente exige, una gran ejemplaridad, puesto que existe una gran sensibilidad frente a la corrupción y si el ciudadano es sensible, los políticos no podemos ser insensibles”, ha sentenciado.

Aquellos que piensan que la mejor política industrial es la que no existe, tal vez estén de acuerdo con las medidas de la Generalitat en este campo: La Conselleria de Industria ha perdido un tercio de su presupuesto en esta legislatura aunque el gobierno valenciano gasta–o al menos presupuesta- un 25% más de dinero.

Además, ni siquiera gasta todo el dinero contemplado en los planes económicos: en 2013, el departamento dirigido por Máximo Buch solo utilizó el 80% del dinero en teoría disponible (440 millones) y dejó por pagar el 60%.

En 2014 los datos no son mejores. A 30 de septiembre, la Generalitat apenas ha utilizado el 50% del dinero disponible para industria, turismo, comercio o empleo, 315 millones. Los números, recopilados por el PSPV-PSOE de las cuentas oficiales, no dejan lugar a dudas. La Generalitat apenas invierte en un área a priori clave para combatir el 25% de desempleo.

Francisco Toledo, diputado autonómico del PSPV, lo tiene claro: “Buch será recordado por ser el Conseller mas moroso, por su baja ejecución presupuestaria y por recortar un tercio de lo que era la Conselleria. Peor imposible”. Las consecuencias de esa política, según Toledo, son claras:

“El problema de los impagos persiste, los institutos tecnológicos están asfixiados, la política turística está cuestionada hasta por los empresarios y, en contra del mensaje oficial de apoyo, se recorta a la mitad los fondos dedicados a la industria”.

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat, Máximo Buch, ha afirmado que la negociación con la UTE constructora del Palau de les Arts y el arquitecto Santiago Calatrava para evitar la demanda por la caída del “trencadís” avanza en “términos positivos”.

Según ha explicado Buch hoy en su visita al Oceanogràfic, el proceso de demanda que debía haber presentado contra Calatrava y la constructora tras expirar hace un mes el plazo para que presentara un seguro que garantizara el “trencadís”, está “en marcha” y ya se ha remitido a la abogacía de la Generalitat la solicitud formal. La Generalitat anunció por primera vez que denunciaría al arquitecto el pasado diciembre.

No obstante, ha comentado que al ser agosto, “va más despacio”, pero con la completa reincorporación de los funcionarios, “las cosas irán a más velocidad”.

El conseller ha asegurado que la negociación todavía no está cerrada y “quedan detalles por ultimar” porque “es compleja” aunque ha señalado que espera que se llegue a un acuerdo antes de que tengan que “presentar una demanda o sacar a la construcción del Palau”.

En este sentido, ha apuntado que si finalmente se produce el acuerdo, la reconstrucción será de “trencadís” y, en caso contrario, se llevará a cabo el concurso para que puedan optar soluciones cerámicas de otro tipo y otras empresas.

La mastodóntica Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia comprende el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Palau de les Arts, un puente sobre el viejo cauce del río Turia, un oceanográfico –de gestión privada-, un cine IMAX y un edificio multiusos, el Àgora, que costó 100 millones pero que apenas se utiliza una vez al año, coincidiendo con el Abierto de tenis de Valencia que organiza Juan Carlos Ferrero.

Este último edificio se privatizará, según ha anunciado el conseller de Industria, Máximo Buch, cuya pretensión inicial era la de ceder a la iniciativa privada todo el complejo excepto el de la alicaída ópera. No ha podido ser pese a meses de trabajo, aunque Buch anunció en abril que esperaba espera sacar “pronto” el pliego de este proceso de externalización. “Problemas legales”, en principio relacionados con la titularidad del suelo, podrian tener la culpa.

Un nuevo roto en la política empresarial del Consell, marcada por los escándalos de Vaersa, la Ciudad de la Luz o el fiasco de Terra Mítica, el parque vendido tras suspender pagos. Ahora, se sacará a concurso de manera conjunta la gestión de l’Oceanogràfic –ahora en manos de una empresa, Parques Reunidos- y el Ágora.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, ícono de la Valencia del siglo XXI y la muestra más clara de la política de grandes eventos impulsada por el PP en la Comunitat Valenciana, no parece un buen negocio: costó más de 1.200 millones de euros y acumula más de 500 en pérdidas. 2013, según las previsiones de la Conselleria de Economía, se iba a cerrar con números rojos por 52 millones.

Gran Turia, uno de los centros comerciales del área metropolitana de Valencia, presiona al ayuntamiento de Xirivella y la Generalitat con el cierre si no puede abrir los domingos, como si hacen otras grandes superficies cercanas por estar en un municipio con reglas diferentes, en este caso Valencia.

“Si no estamos en igualdad de condiciones, se pone en juego el futuro de las 600 personas que trabajamos hoy en Gran Turia”, dio ayer la Asociación de Comerciantes del centro tras una reunión con los tenderos y los vecinos de Xirivella. “En 20 años de vida, nunca hemos solicitado la apertura en domingo. Solo hemos puesto encima de la mesa la petición de igualdad respecto a Valencia, cuando la situación de injusticia generada por distintas administraciones, nos ha obligado a hacerlo”.

Esa situación de injusticia denunciada emana del galimatías legal que ahora rige las aperturas. Actualmente, todos los comercios pueden abrir los 10 domingos al año que establece el Observatorio del Comercio Valenciano, un órgano con participación de la Generalitat, los comerciantes y los consumidores. Además, las tiendas, si lo desean, pueden abrir en aquellas zonas declaradas de afluencia turística en base a la legislación estatal y tras petición previa de los ayuntamientos que cumplan determinados requisitos, por ejemplo, en número de plazas hoteleras.

Valencia permite que los centros comerciales de hasta cuatro zonas de la ciudad abran los domingos, lo que, según los comerciantes de Xirivella, les está perjudicando. Ikea también quiere abrir los domingos su tienda de Alfafar pese a que el ayuntamiento se opone. El caso está en discusión en la Conselleria de Industria, que parece haber tomado partido por la multinacional en detrimento del alcalde, del PP.

El conseller de Industria, Máximo Buch, ha sido claro: el conflicto es culpa de la “mala gestión” y la “posición errática” del ayuntamiento, que inició los trámites para que Ikea pudiera abrir los domingos y luego, casi con la apertura del centro, rectificó. De no mediar sorpresa, la Generalitat permitirá la apertura los domingos de Ikea y los otros comercios de Alfafar. Otro golpe para Gran Turia.

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha presentado en Alcoi el II Plan de Apoyo al Sector Textil el cual “va a inyectar 1.680.000 euros para reincorporar al mercado laboral a más de 300 personas desempleadas de este sector”.

Buch ha asegurado que “actuaciones como este plan están permitiendo una reactivación del sector industrial de la Comunitat y un significativo descenso del paro, con 36.500 parados menos que hace un año”.

El titular de Economía ha explicado que de la inversión prevista en el plan, “un total de 840.000 euros serán financiados por el FEAG, mientras que el otro 50% se financiará mediante la aportación de la Generalitat y de los propios agentes sociales que en esta ocasión cofinanciarán cerca del 10% de los 840.000 euros restantes”.

Buch ha indicado que con este plan “se mejorará la cualificación de los trabajadores implicados mediante las actuaciones de formación que se irán proponiendo a lo largo del proyecto” y ha destacado “la implicación de los participantes que son la clave para lograr unos buenos resultados a la finalización de plan”.

Críticas del PSPV

Desde el partido socialista el secretario de Indústria, Jorge Rodríguez, presente en el acto, ha saludado la inversión afirmando que “cualquier plan que permita recolocar a trabajadores del textil que estos años han perdido su empleo”. No obstante el también alcalde de Ontinyent (ciudad de tradición textil), advirtió que “muchos de estos parados nos los podríamos haber ahorrado si la Generalitat del PP no hubiera contribuido a desestabilizar la industria tradicional todos estos años”.

Rodríguez asegura que espera que los fondos “no hayan llegado tarde”, lamentando así que “el Consell del PP ha pasado demasiado tiempo de espaldas a nuestra industria tradicional”. En este sentido, Jorge Rodríguez, ha reiterado que “muchos de los parados que ahora se tienen que recolocar se hubieran evitado si desde los sucesivos gobiernos del PP se hubiera apoyado a la industria y en lugar de propiciar un economía del pelotazo, se hubiera incentivado la modernización de nuestras empresas y su internacionalización”.

El alcalde de Ontinyent, al igual que recordó el presidente de Ateval, Vicente Aznar, ante el conseller Buch en el mismo acto, recordó que en todos los países avanzados la industria representa el 20% del PIB, mientras que en la Comunitat Valenciana “ha retrocedido hasta el 14% desde que gobierna la derecha valenciana, por culpa de la miopía económica del PP valenciano, que basó toda su política económica màs en el cemento que en el conocimiento”.

Buch se ha pronunciado de esta manera en la sesión vespertina del pleno de las Corts. Así, en la sesión de control a los consellers, la diputada socialista Ana María Besalduch ha preguntado a Buch por el informe de la mesa de expertos de la Diputación de Castellón sobre la explotación de hidrocarburos y si tal y como recomiendan, denegarán los permisos de explotación.

La parlamentaria del PSPV ha insistido en conocer si el departamento de Industria de la Generalitat asume el informe de la Diputación de Castellón. Dicho documento, ha apuntado, advierte de la posibilidad de contaminación del acuífero del Maestrazgo en caso de utilización de estas prospecciones.

El informe afirma que “es incompatible” el aprovechamiento de aguas subterráneas con el 'fracking' y también cuestiona la solvencia técnica y económica de la empresa que se ha pedido los permisos de investigación, ha agregado.

El conseller ha apuntado que la resolución de un permiso de investigación es un acto reglado, por lo que la concesión o denegación “no es un acto de oportunidad política, sino administrativa y requiere el informe de una serie de organismos competentes”.

Así, ha señalado que están a la espera de los informes pertinentes, entre los que ha destacado uno de la dirección general de Política Energética del Ministerio y otro a la Conselleria de Infraestructuras.

En este último caso, ha declarado que “si este informe es negativo, no se autorizarán los permisos” porque el informe de los técnicos “es el que nos hará denegar los permisos”. De esta manera, ha subrayado que “lo que diga la Conselleria de Medio Ambiente es lo que haremos”.