Julián Muñoz (El Arenal, 1947 – Marbella, 2024) solo fue alcalde de Marbella durante 15 meses. Fue ungido en mayo de 2003 por Jesús Gil y descabalgado por orden de su mentor en agosto de 2004, tras ganar las municipales celebradas tres meses antes con más del 50% de los votos. Es el tiempo en que firmaba convenios urbanísticos a lo loco, como un autómata. “Hasta en el capó de los coches”, dijo años más tarde.

Son esos convenios y licencias, expedidos pese a ilegalidades manifiestas y tantas veces con dinero bajo cuerda, los que aún purga la ciudad en forma de edificios en el limbo, litigios y deuda, además de una imagen grabada a fuego en el imaginario colectivo. Unos 500 millones de euros tiene reconocidos el Ayuntamiento a su favor en sentencias firmes por corrupción, según aseguró en abril la concejala de Asesoría Jurídica, Francisca Caracuel. En 15 años apenas ha podido recuperar un 10% y hace apenas unos meses convocó un concurso público abierto a abogados y detectives que pudieran seguir el rastro del dinero.

La sombra de Muñoz sobre la ciudad rebasa con mucho el año y pico que fue alcalde. Hacia atrás, porque su desempeño en los gobiernos de Gil desde 1991, primero como concejal raso y luego como teniente de alcalde, extienden su papel hasta la década de los noventa. Muñoz fue la “mano derecha” de Gil, así lo calificó el magnate, hasta que quiso volar solo.

Hacia el futuro, su influencia se proyecta porque aquello lastrará a la ciudad durante décadas. También, porque la imagen de Marbella sigue penando el bochorno de aquellos años: el dinero en bolsas de basura, el apartamento de Isabel Pantoja, las acusaciones cruzadas de golferío.

Hoy, muchos siguen asociando Marbella a corrupción. Ayudan el tren de vida y los sucesivos escándalos de la familia de la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, cuyo marido e hijastro fueron procesados por la Audiencia Nacional por un caso de presunto narcotráfico internacional y blanqueo de capitales. También, que bajo su mandato en dos etapas (2007-2015 y 2017-2019) se haya seguido arrastrando la pesada losa que dejaron Jesús Gil y sus discípulos: Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

Una ciudad al margen de la ley

En Marbella, más de un millar de edificios están fuera de la legalidad. La casuística es variada: pequeñas viviendas unifamiliares, grandes edificios capaces de tapar el sol, gasolineras o la mansión que compró Antonio Banderas se construyeron al margen de la ley, violentada de las más diversas formas: algunos edificios eran demasiado grandes, otros se construían sobre suelos de uso público, otros en terreno no urbanizable, algunos a pie de playa.

En aquel tiempo aquello no parecía importar demasiado. A menudo las licencias y convenios los firmaba Julián Muñoz, que en el juicio del Caso Goldfinger (la recalificación a cambio de 2,7 millones de euros de la parcela donde tenía su casa Sean Connery) aseguró que firmaba sin tener ni idea de nada, sólo porque lo decía el que mandaba, Gil, o el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

Así fue posible el edificio Belmonsa, un mamotreto de 12 alturas que puso a la sombra la casa de Carmen Suárez. Con el tiempo, los tribunales dieron la razón a la mujer: no sólo declararon la nulidad de la licencia de obras, sino que Julián Muñoz, entre otros, fue condenado a un año de cárcel por prevaricación urbanística en la concesión. Pero el edificio, contra el que Suárez lleva media vida luchando, sigue ahí y probablemente nunca desaparezca. Alguno de sus pisos se vende por medio millón de euros, si bien los traspasos suelen dejarse sin escriturar para que, llegado el caso, el comprador pueda alegar que compró de buena fe, a pesar de que todo el mundo conozca el Caso Belmonsa y que el edificio es ilegal.

Distinta suerte ha corrido La Gaviota, la casa frente al mar que Antonio Banderas compró a la locutora Encarna Sánchez en 1997. La vivienda fue construida parcialmente sobre dominio público gracias a una licencia ilegal concedida en 1995. El actor batalló contra los vecinos en los tribunales, que confirmaron la ilegalidad, y acabó derribando la casa el pasado verano.

Qué hacer con las licencias ilegales

En estos años del post-gilismo, la actuación del Ayuntamiento liderado por Ángeles Muñoz ha oscilado entre el intento de regularizar los desmanes y la deliberada voluntad de ignorarlos. En 2010, la alcaldesa aprobó un nuevo Plan General que, en la práctica, hacía tabla rasa. Cuantificaba 1009 licencias concedidas entre 1991 y 2006 “no ajustadas a planeamiento”, la mayoría anuladas a partir de 2004 tras la impugnación de la Junta de Andalucía, y proponía una amnistía a la carta basada en un sistema compensatorio para el municipio. Duró cinco años: en 2015 el Tribunal Supremo concluyó que un PGOU no es el mecanismo para sanar ilegalidades pasadas, y devolvió la situación a la casilla de salida.  

Desde entonces, el Consistorio ha arrastrado los pies para no afrontar las consecuencias de aquel urbanismo a la carta. Con la mayoría de las edificaciones no tiene problema en hacer la vista gorda, porque nadie exige que se restituya la legalidad. Pero hay otro puñado de ellas, más de una decena, cuyos vecinos sí piden algo, la demolición o una compensación, y los tribunales están obligados a dárselo.

El supuesto que ha llegado más lejos es el de una vivienda en Artola, que este medio contó el pasado abril: en ese caso, los magistrados del Tribunal Superior de Andalucía se cansaron de las argucias legales del Consistorio para demorar el cumplimiento de una orden de demolición, pusieron una multa de 1.000 euros a la alcaldesa y pidieron a la Fiscalía que la investigase por desobediencia, como desveló este medio.

Tras un año de idas y venidas desde el Tribunal Supremo (por ser aforada la alcaldesa), el fiscal de Marbella dio carpetazo al asunto corrigiendo su criterio inicial y contrariando a los magistrados, que llegaron a escribir en un auto: “Realmente, el Ayuntamiento no parece comprender que tiene ordenada una demolición para hacer efectiva la sentencia y que esta Sala tiene la obligación de ejecutar lo juzgado”.

El Ayuntamiento suele oponer un argumento: el volumen y la importancia de las edificaciones en el limbo es tal que, de cumplir solamente con la decena que tienen sentencia en contra del TSJA, tendría que hacer un desembolso de 246 millones de euros en indemnizaciones. Sería la bancarrota de Marbella, la vuelta a la gestora, el desastre.

“Supone un impacto, en términos presupuestarios y de liquidez, de imposible estructuración a efectos de cumplimiento”, subrayaba el área de Hacienda en un informe de finales de 2021, al sumar a esa cifra el importante volumen de deuda que se arrastra desde Malaya, cifrada en 284 millones de euros al empezar el año. Así que lo que hace el Ayuntamiento es comunicar a los jueces que, simplemente, no puede pagar.

A la búsqueda del dinero

Mientras, busca recursos en otros sitios. El más fácil es reactivar la construcción, pero hay un problema: Marbella es una ciudad con el suelo urbanizable ya colmatado. La solución: incorporar al suelo rústico a la ecuación, aprovechando la vía abierta por la nueva ley de suelo andaluza (LISTA) que permite construir en suelo rústico hoteles y alojamientos turísticos, así como equipamientos industriales, de ocio o comerciales. 32 millones de suelo rústico común que se añadirán a los 54 de suelo urbano. Será el primer municipio de Andalucía que se agarre a esta posibilidad.

La otra vía es buscar el dinero saqueado. En abril recibió una buena noticia del Tribunal Supremo, que le dio la razón en el litigio que mantenía con Hacienda. La Agencia Tributaria pretendía que 12 millones de euros procedentes de la venta de bienes de Juan Antonio Roca se destinaran a minorar la deuda fiscal del municipio, que se abona en unos pagos fraccionados que se extenderán hasta 2052.

En estos años se han recuperado para el municipio 55,7 millones de euros (unos seis millones, en concepto de multas, todavía están pendientes de convenio para transferir a las arcas municipales) y bienes valorados en cerca de 8,5 millones de euros, según fuentes municipales. Pero queda mucho más escondido.

De ahí que cada poco reflote la web de venta de bienes incautados. O que el Ayuntamiento licitara la pasada primavera la contratación de un equipo de abogados y detectives que rastreen la pista del dinero de la corrupción. “La Asesoría Jurídica ha intentado impulsar de diversas maneras la ejecución de estas sentencias; pero lo conseguido hasta ahora ha sido más bien exiguo”, se lee en la memoria justificativa del contrato.

El Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar 450.000 euros a quien buscara el dinero robado durante cinco años, hasta 2029, pero nadie quiso asumir la tarea. Borrar la sombra de la corrupción en Marbella es tarea demasiado difícil. El propio Julián Muñoz murió debiendo 46 millones y con el dinero de sus últimas apariciones televisivas embargado.

Julián Muñoz fue el aprendiz que se rebela contra el maestro y lo supera sublimando la técnica. Si Jesús Gil patentó un prototipo español de la zafiedad política, Julián Muñoz añadió aún más espectacularidad al cóctel y lo mostró sin rubor, aderezando el populismo con un puñado de ingredientes que marcan el momento que atravesaba el país: ladrillo, bolsas de basura desparramando billetes, el romance con la tonadillera, sobremesas de Telecinco y el show rosa como destilado de los tiempos.

Muñoz, nacido en El Arenal (Ávila) y fallecido este martes a los 76 años de edad en Marbella, acabó convertido en símbolo máximo de todo aquello, no sólo por su participación central en el Caso Malaya y decenas de causas de la corrupción marbellí, sino por la ocupación televisiva del inmenso hueco que dejó la muerte temprana de Jesús Gil.

La huella es aún visible en la ciudad: hay una ristra de mil edificios fuera de la legalidad, una pesada losa económica sobre las cuentas municipales, una deuda económica que los corruptos difícilmente pagarán y una imagen labrada en el imaginario colectivo gracias a la corrupción galopante exhibida sin pudor. Muñoz y su troupe mostraron al país la putrefacción de su ecosistema, alimentada por la combinación de poder, codicia y celos, y la colaboración decisiva de los programas del corazón, proveedores por accidente del servicio público consistente en destapar las alcantarillas.

La televisión no sólo contribuyó a forjar la imagen de la despendolada corrupción marbellí, sino que acabó por marcar los procedimientos judiciales, a rebufo de las barrabasadas que se decían en los platós. Es Maite Zaldívar en Bravo por la tarde (Canal Sur), con Agustín Bravo: “Confirmo que mi relación con Julián Felipe Muñoz Palomo, alcalde de Marbella, está rota. Porque creo, supongo o doy por entendido, que está con otra señora, llamada Isabel Pantoja Martín”. Es Maite Zaldívar, ahora en A tu Lado (Telecinco), despechada por los cuernos: “Es un dinero que había en casa, que él me decía que era normal, que era de unas comisiones de obras. Me lo comentaba cuando venía con las bolsas”. El amor entre la tonadillera más famosa de España y el alcalde de Marbella tuvo una influencia decisiva en el estallido de la gran causa de corrupción de la democracia.

Y la cima de todo esto. Es el cara a cara en Salsa Rosa (Telecinco) entre Jesús Gil y Julián Muñoz. Entraron en conexión simultánea, con la promesa de que el enemigo esperaría turno con el micrófono apagado. Pero la directora subió el volumen, y entre comentarios por lo bajini que todos oían, aquello se calentó hasta acabar en una reyerta para aclarar quién de los dos era más golfo. Julián Muñoz: “Yo he firmado todos los convenios de esta ciudad, que me has mandado tú. Eres un golfo y un mentiroso. ¡,Que me has obligado a firmar todo!”. Jesús Gil: “El golfo eres tú, que has puesto la mano por todos y has convertido tu oficina, el ayuntamiento, lo has convertido en una casa de atracos. Y tú nada más entrar lo primero que pones es la comisión por medio”.

Aquel espectáculo en prime time del sábado puso en alerta (si no lo estaba ya) a la Fiscalía y es el origen de la Operación Malaya. Y pese al trance, Julián Muñoz no escarmentó. Con varias causas ya abiertas y Operación Malaya a punto de estallar, fue capaz de pasar por TVE para comentar su relación con Isabel Pantoja mientras removía unas patatas revolconas.

“Puso Marbella al nivel de Torrente”

“Puso Marbella a nivel de Torrente y el ayuntamiento alcanzó un grado hortera y merdellón incomparable, sin parangón. La de ahora [la alcaldesa Ángeles Muñoz] al menos va de Chanel”, resume la abogada Inmaculada Gálvez, azote del gilismo y el post-gilismo, tanto desde la arena política (fue candidata y luego parlamentaria de Los Verdes) como, principalmente, judicial. De aquellos tiempos recuerda los comentarios machistas de Muñoz en los recesos de los juicios.

Fue Gálvez quien inició la ristra de denuncias por las irregularidades del Hotel Guadalpín, levantado por la constructora Aifos con una licencia de reforma menor y en contra del criterio de seis informes de técnicos municipales. Es el antecedente inmediato de la Operación Malaya. “Nos llamaba al despacho y preguntaba: ”¿Pero qué queréis, qué queréis?“. Yo alucinaba”. Aifos acabó siendo el gran gigante caído (sus dueños han sido durante años los principales deudores -personas físicas- de Hacienda) de la burbuja inmobiliaria en la Costa del Sol y Muñoz fue condenado por la ilegalidad de la licencia, que había concedido justo un día después de que Isabel Pantoja comprase uno de sus apartamentos de lujo pagando todo en efectivo: 353.000 euros.

Aquello fue sonado, pero una más de tantas en las que Gálvez se las vio con Muñoz en los tribunales. Calcula que habrá sido acusación particular en unos 50 juicios contra él; la mitad se celebraron, la otra mitad acabó en sentencia condenatoria después de que él alcanzara un pacto con Fiscalía para reconocer los hechos. En los juzgados ni siquiera saben cuántas condenas tiene, pero se calculan en más de medio centenar.

Por aquel entonces, Muñoz firmaba convenios hasta en los capós de los coches. “Se dio cuenta de que la fuente de financiación personal era la firma de licencias y convenios, y se puso a darlas como un loco. Era su forma de entender la política: recibir prebendas y luego repartir. Eso es lo que le llevó en romería a los juzgados durante tantos años”, rememora Javier de Luis, otro exconcejal y activista ecologista que se las vio con el gilismo desde la primera denuncia por el Caso Camisetas.

El ascenso de Muñoz

Camarero de profesión, Muñoz aterrizó en la política en 1991, y fue ascendiendo hasta convertirse en el más fiel soldado del carismático Jesús Gil. “¿Qué va a pasar ahora si Gil se va? Perdonad, con toda mi modestia lo digo. El próximo alcalde, mi mano derecha: Julián Muñoz. Sabe lo que tenemos que hacer todos”, le presentó en su día. Primero lo sustituye durante su inhabilitación. Y en mayo de 2003, con Gil purgando sus delitos, el delfín saca mayoría absoluta.

Empieza entonces su affaire con la cantante, en la que ella se presta a todo: el show, los negocios. Está en la cresta de la ola. Y es entonces cuando acaba perdiendo las alas por querer volar más alto que su jefe y que el personaje en la sombra que todo lo maneja, Juan Antonio Roca.

Gil ordena a los suyos defenestrarlo a toda costa, y por la moción de censura de agosto de 2004 acabó asomando la pus de un sistema sostenido por la corrupción. Inicialmente, Marisol Yagüe, Gil y compañía intentan negociar con el PP, pero Javier Arenas sube la apuesta, y pide la alcaldía con tres concejales. Y la cuenta falla. Es entonces cuando los rescoldos del gilismo tocan a la puerta del PSOE y el Partido Andalucista en Marbella, a los que atraen a la causa.

Inmaculada Gálvez lo define como el golpe de “las chaneles”. La suerte de Muñoz está echada. Yagüe se hace con la alcaldía y García Marcos acaba siendo pieza clave del post-gilismo y expulsada del PSOE. “García Marcos contaba que Muñoz la llamaba y le decía: ”Te doy el doble de lo que te dé Gil. La moción fue la prostitución de la política“, rememora De Luis.

“Gil creó la escuela con alumnos aventajados como Muñoz”

Fue el principio del lento declive del exalcalde, cuya actitud cambió de un día para otro. Contactó con algunos de sus opositores más duros, se dulcificó. “En el poder era muy prepotente, y se convirtió en alguien afable. Lo sorprendente es que, lejos de reprocharle nada, mucha gente se levantaba de las mesas para abrazarle, besarle, preguntarle. No perdió nunca ese carisma. Nadie le hacía reproches”, subraya De Luis.

El 19 de julio de 2006 fue detenido e ingresó en prisión provisional en el marco de la Operación Malaya y empezó un calvario judicial que le acompañó casi hasta el final. Le condenaron por toda la gama de posibles corrupciones: delitos urbanísticos, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude, contra la ordenación del territorio, cohecho o prevaricación administrativa figuran en sus antecedentes.

En los últimos años, su imagen y su propia vida quedaron marcadas por el cáncer. Por el más de medio centenar de condenas que se le estiman apenas cumplió ocho años de cárcel, parte de ellos con beneficios penitenciarios. “Quiero estar con mis hijas y con mis nietos, nada más. Aspiro a intentar vivir”, replicó en su primer permiso penitenciario, concedido en 2016, tres años después de entrar en la cárcel de Alhaurín de la Torre. Poco después logró el tercer grado por su estado de salud, revocado tras difundirse un vídeo donde se le veía bailando sevillanas. En 2021 obtuvo la libertad condicional.

“Ni la muerte ni la enfermedad nos hacen santos”, resume Gálvez. De Luis ve al personaje cómo síntoma: “Gil creó la escuela, con alumnos aventajados como Muñoz o Yagüe. No estaban al servicio de los ciudadanos, sino a ver cómo se servían de los ciudadanos. Él es la constatación de cómo se puede degradar la política en esta ciudad”.  

Mano derecha de Jesús Gil en Marbella hasta que condenaron al que fuera presidente del Atlético de Madrid por el 'Caso Camisetas', Julián Muñoz ha fallecido a los 76 años dejando tras de sí una estela de condenas principalmente por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa y malversación de fondos. Alcalde de la localidad costasoleña con el Grupo Independiente Liberal (GIL) entre mayo de 2002 y abril de 2003, antes había sido concejal de Fiestas Mayores, primer teniente de alcalde y, casi desde su arranque en la vida pública, foco de la prensa del corazón durante y después de su idilio con la tonadillera Isabel Pantoja.

Muñoz llevaba ingresado desde el 15 de septiembre en un hospital de Marbella, donde ha fallecido, a consecuencia del empeoramiento del cáncer de pulmón que padecía.

Julián Muñoz nació el 24 de noviembre de 1947 en El Arenal (Ávila). Fue concejal en distintos equipos de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella desde 1991, con Jesús Gil como regidor, actuando como alcalde accidental en numerosas ocasiones, por la inhabilitación de este. Posteriormente, estuvo al frente del Ayuntamiento poco más de un año, de mayo de 2002 a agosto de 2003, cuando fue desalojado de la Alcaldía por una moción de censura.

Muñoz estuvo en la cárcel por varias condenas por delitos relacionados con la autorización de licencias urbanísticas; pero sus procedimientos judiciales más conocidos fueron el 'caso Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí; y el caso de blanqueo en el que también fueron juzgadas Maite Zaldívar y la cantante Isabel Pantoja, que fue su pareja.

En 'Malaya' fue condenado a dos años de prisión y en el caso de blanqueo de capitales, a siete años de cárcel. Su línea de defensa siempre ha sido la misma en todos los procesos, que firmaba todos los documentos que le ponían por delante sin saber el contenido; “firmaba hasta el capó de los coches”; ya que se fiaba de los técnicos.

Muñoz pisó por primera vez la cárcel en el verano de 2006 por su implicación en 'Malaya'. Antes de sus entradas y salidas de prisión y de los juzgados, Muñoz se vio obligado a dejar el mando de Marbella en favor de Marisol Yagüe, que accedió a la Alcaldía en abril de 2003 tras una moción de censura contra Muñoz apoyada por concejales del PSOE, PA y tránsfugas del GIL.

La expareja de Maite Zaldívar, que también fue condenada a la cárcel en 2018 acusada de blanqueo de capitales, recibió no hace mucho la noticia de su última condena del más del centenar de procedimientos judiciales en los que se vio inmerso por su participación en el urbanismo de Marbella. Ese fallo en forma de epílogo judicial a su controvertida trayectoria política llegaba justo cuando su ciudad se preparaba para ser municipio pionero en la ordenación del territorio, agarrándose a la vía abierta por la Junta de Andalucía para construir en suelo rústico.

Tras varias entradas y salidas de prisión, obtuvo el tercer grado penitenciario –solo tenía que ir a dormir a un centro de inserción social– por enfermedad y en junio de 2021, la libertad condicional por “pluripatología grave e incurable”, según los informes médicos.

Más de 10 años después de que la Fiscalía Anticorrupción denunciara los hechos, a raíz de diversos informes del Tribunal de Cuentas del Estado (TdC), la Audiencia Nacional (AN) ha condenado este miércoles al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, al exbrazo derecho de Jesús Gil, Pedro Román y al exgerente municipal de Urbanismo Juan Antonio Roca, a la pena de seis años de prisión como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos. Son absueltos de los delitos de asociación ilícita y contra la Seguridad Social. Se trata de la sentencia por el llamado ‘caso saqueo 2’.

Otras diez personas, en su mayoría exediles y cargos del partido GIL, también han sido condenados. La cifra de absueltos se eleva a 15, entre ellos la exalcaldesa Marisol Yagüe, que se enfrentaba a 3 años y medio de cárcel. Ella ni siquiera era teniente de alcalde durante el periodo juzgado (1991-1999), porque asumía la concejalía de Sanidad. También ha sido absuelto el exconcejal de Deportes Tomás Reñones, exfutbolista del Atlético de Madrid.

El núcleo duro de Gil y Gil deberá hacer frente a indemnizaciones por responsabilidad civil, frente al Ayuntamiento de Marbella, personado como acusación particular, que rondan los 40 millones de euros. Así se estima el desfalco que sufrieron las arcas públicas.

La resolución de la Seción Tercera de la AN, compuesta por los magistrados Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, relata a lo largo de 208 folios, todo el modus operandi ejecutado por los condenados para desviar fondos públicos del Consistorio marbellí y más de una veintena de sociedades municipales, que escaparon a cualquier control durante más de una década.

Dicha sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, considera probado que los condenados “dispusieron de fondos y patrimonio en perjuicio del erario público”. Además, los concejales que intervinieron en las operaciones “se concertaron a tal efecto”, si bien-acota el fallo- “no constan las instrucciones permanentes” de los entonces tenientes de alcalde Pedro Román, Julián Muñoz y el exgerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L., Juan Antonio Roca.

Se acredita también la “asunción por parte del Ayuntamiento de Marbella de deudas ficticias de las sociedades, que no respondían a operación alguna, sin estar contabilizadas en las mercantiles”.La Sala aprecia la existencia de “un ámbito de consorcio para favorecer el desvío de bienes y fondos públicos, centrado en Julián Muñoz, Pedro Román, Modesto Perodia y Juan Antonio Roca”, que contaba con la “colaboración episódica” de María Dolores Zurdo y con “mayor intensidad” en el caso de María Luisa Alcalá.

Otro de los grandes protagonistas de este caso, el arquitecto Carlos Monteverde, es condenado a tres años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de la confesión durante el juicio oral. A través de varias sociedades privadas con las que operaba facturó a las empresas municipales Contratas 2000 y Gerencia de Obras cerca de 41 millones de euros.

Los contratos “ficticios” del arquitecto Monteverde

El tribunal estima el carácter “ficticio” de la mayoría de los 70 proyectos de Monteverde, que “no guardaban relación con los contratos municipales”. Además utilizó trabajos de otros arquitectos ya realizados, que no fueron siquiera visados por el Colegio de Arquitectos de Málaga. Por tales hechos también es condenado a indemnizar a la administración marbellí con más de 37 millones de euros, de forma solidaria y conjunta con otros condenados.

Antonio Calleja, contable de Gerencia de Obras, una de las empresas municipales que contrató con Monteverde, es condenado a cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de malversación de caudales públicos agravado, así como la mencionada indemnización de 37.7 millones de euros.

El nombre del ‘saqueo 2’ para este sumario se produjo precisamente cuando la Agencia Tributaria, en el marco de lo que originariamente se dio en llamar ‘caso Tribunal de Cuentas’, detectó el desfalco de Monteverde. Durante la vista oral celebrada meses atrás, dicho procesado aseguró que Gil le “obligó” a firmar los proyectos y contratos para cometer el fraude, “si quería cobrar una serie de deudas atrasadas”.

La penas son muy inferiores a las solicitadas por los fiscales José Grinda y Belén Suárez, quienes pidieron una condena de 15 años y 6 meses para Muñoz, así como 13 años y 6 meses para Roca.

En la vista oral se enjuició el desvío de más de 74 millones de euros de las arcas municipales que salieron del Ayuntamiento de Marbella a través de las sociedades municipales, de los cuales 41 correspondían, según el fiscal, a pagos para Monteverde.

Anticorrupción denunció también en 2003, cuando presentó dicha querella ante la AN un fraude de 90 millones de euros a la Seguridad Social, por cuotas impagadas durante el periodo fiscalizado (1991-1999). Sin embargo, sólo uno de los encausados, Rafael González Carrasco, exconcejal delegado de Hacienda es condenado por delito contra la citada administración estatal, además de por malversación de caudales públicos, a un total de 6 años y 9 meses de prisión. Así pues se convierte en el procesado sobre el que recae la mayor pena.

La sentencia alude al impago de las cuotas con la Seguridad Social como “algo incuestionable” y recuerda que la deuda ascendió a más de 190 millones de euros, con respecto a los 90 inicialmente denunciados por Anticorrupción.

2013-10-30 Sentencia Saqueo II by eldiarioAnd

Nuevo juicio por delitos contra la ordenación del territorio contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz en la Audiencia de Málaga. Todo sobre el guión previsto en el Juzgado de lo Penal 7, tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas. El exregidor ha sido condenado este lunes a un año de prisión e inhabilitación. Se trata de una pena testimonial, porque los acuerdos de conformidad con el Ministerio Público posibilitaron que por muchas causas pendientes que tenga Muñoz por delitos de esta índole (concesión de licencias de obras ilegales) ya no puede cumplir más de los tres años que pasó encarcelado.

Los 13 acusados aprobaron por unanimidad en distintas comisiones de gobierno tanto la licencia para el proyecto básico de 10 viviendas en la zona de Cristo de los Molinos y otras dos para proyectos de ejecución; en todos los casos “a sabiendas de que eran contrarias a las normas urbanísticas” pues no se había desarrollado un plan parcial.

La ciudadanía ajena a los cauces del Derecho mantiene su sorpresa, en incluso indignación, ante el pacto de exediles gilistas con la acusación pública. Lo cierto es que en base a tales acuerdos Muñoz, al igual que la mayoría de los exediles del GIL enjuiciados sólo puede cumplir el triple de la pena máxima que le soliciten por cada una de las vistas orales aún por celebrar. Como en cada una de ellas (más de 50) le piden un año de privación de libertad.

Las partes que cerraron dicho acuerdo años atrás aludieron a la “economía procesal” para no celebrar 70 juicios distintos en la Audiencia de Málaga. Lo cierto es que fuentes de las defensas han reconocido a eldiario.es/andalucia que resulta “una contradicción” el mero hecho de tener que celebrar dichas vistas, aunque sea en una sesión, “con el consiguiente gasto que acarrea”, apuntaron.

Por lo que respecta a la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y la que fuera tránsfuga del PSOE marbellí, Isabel García Marcos, no pudieron estar más satisfechas. Declararse culpables les ha salido por una pena de 3.600 euros de multa. La inhabilitación para cargo electo es para ellas lo de menos porque lo de volver a la política activa no entra en sus planes. García Marcos ya alcanzó otra conformidad.

García Marcos: “Nunca me declararé culpable de algo que no he hecho”

Entre los 13 acusados también se encontraba el exsecretario provincial del Partido Andalucista en Málaga, el exdil Pedro Pérez Salgado, condenado recientemente en el 'caso Malaya' a dos años de prisión, 5 de años de e inhabilitación para cargo y empleo público, además de multa de 85.000 euros por delito de cohecho. Se trata, quizás, de una de las pocas personas que puede saber dónde está acctualmente el que fuera su mentor y jefe de filas del PA marbellí, el prófugo Carlos Fernández, fugado desde 2006 por el 'caso Malaya'.

A Pérez Salgado, conocido popularmente como 'El Chotis' y actual coordinador de Deportes en el equipo de gobierno municipal del PP de Marbella, se la ha impuesto la misma pena que a Yagüe y García Marcos.

A su salida de la sede judicial García Marcos, antiguo látigo de Jesús Gil, luego convertida en báculo del fallecido regidor, al protagonizar aquella moción de censura contra Julián Muñoz en 2003, ha llegado a asegurar que “no ha habido juicio”, cuando era preguntada por los periodistas qué le parecía declararse culpable.

La exedil ya condenada en 'Malaya' a cuatro años de prisión por cohecho, además de multa, ha dicho que “nunca me declararé culpable de algo que no he hecho”, aunque ha explicado que no tiene “dinero bastante para pagar tanto juicios y aunque lo tuviera no confío en la justicia”.

“Me resulta mucho más cabal esto, aunque de cabal no tenga nada ni para mí ni para nadie”. Para ella resulta “imposible esperar justicia ni tampoco aplicación de la legalidad vigente”. No hay que olvidar que tras ser encarcelada en 2006 llegó a considerarse una “presa política”. El entonces presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, le replicó que realmente era una “política presa”.

En un ejercicio de victimismo, habitual en García Marcos, ha añadido lo siguiente: “Somos huérfanos y por lo tanto estamos desamparados”. También ha negado ser una “delincuente urbanística”, algo que ella dijo con reiteración- cuando aún estaba en el PSOE- sobre Muñoz y otros exediles del GIL que han compartido este lunes banquillo con ella.

Primera condena a Lendínez

El hasta ahora prófugo Javier Lendínez, exedil del GIL vinculado al grupo de fieles a Muñoz que no secundaron la moción de censura contra el exregidor en agosto de 2003, aceptó una condena de 15 meses de prisión, multa e inhabilitación. Es la primera sentencia que recae sobre él, en relación con las causas que tiene pendientes desde que se fugó en 2008.

Lendínez recibió mayor pena de la solicitada inicialmente por el fiscal, debido precisamente a su fuga de la Justicia. El resto de exmunícipes, entre ellos el exfutbolista del Atlético de Madrid Tomás Reñones y el yerno de la aristócrata Pitita Ridruejo, Rafael 'Koke' Calleja, se conformaron con penas que van desde los doce meses de multa a un año de prisión y diez meses de inhabilitación.

La sentencia se ha dictado 'in voce', en la propia sala, al término de la breve vista celebrada. Todo ello después de que la incomparecencia del PSOE como acusación particular. Los socialistas pedían penas más elevadas, ajenas a la conformidad alcanzada. Se desconocen los motivos de la ausencia del letrado designado por los socialistas, Oliver Roales.

Principal acusado. Mano derecha del exalcalde de Marbella Jesús Gil. Era asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento, donde comenzó a trabajar a principios de los años 90. Controló durante años la empresa municipal Planeamiento 2000, que gestionaba el suelo de la ciudad. En 2003, cuando Muñoz accedió a la alcaldía, fue destituído. Sin embargo, fue rescatado poco después por Marisol Yagüe, que accedió a la Alcaldía en abril de 2003 tras una moción de censura contra Muñoz apoyada por concejales del PSOE, PA y tránsfugas del Grupo Independiente Liberal (GIL).

La sentencia de 'Malaya' le considera el cerebro de la trama y determina que movía todos los hilos del urbanismo en Marbella, pactando convenios urbanísticos con empresarios y repartiendo sobornos. El fiscal pedía para él 30 años.

Roca cumple condena por otra causa, el 'caso Saqueo', relacionado con el desvío de más de 20 millones de euros de las arcas municipales, con sentencia firme desde 2010. Roca lleva en realidad entre rejas mucho más, ya que ingresó en prisión preventiva en 2006 cuando se destapó el 'caso Malaya'.

Marisol Yagüe. Condena: 6 años y nueve meses de cárcel, y multa de 2,3 millones de euros por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude.

Fue alcaldesa de Marbella entre 2003 y 2006 tras la moción de censura contra Julián Muñoz. El fiscal solicitaba para ella 20 años de cárcel. Yagüe ya estuvo en prisión preventiva por esta causa desde abril de 2006 hasta septiembre del mismo año. Obtuvo la libertad tras pagar una fianza de 60.000 euros.

Yagüe negó tajantemente en el juicio haber recibido dinero de Roca y aseguró que fue Jesús Gil quien decidió que se presentara la moción de censura en 2003 contra Muñoz, negando que recibiera recompensa alguna por apoyarla.

Isabel García Marcos. Condena: 4 años de prisión por cohecho pasivo y alteración de precios de concursos, además de una multa de 700.000 euros.

Ex primera teniente de alcalde de Marbella y una de las acusadas más mediáticas. Su propio arresto lo fue: se produjo en el aeropuerto cuando volvía de su luna de miel en Rusia. Poco después, en el registro de su vivienda, se encontraron más de 350.000 euros en efectivo. El fiscal pedía para ella 12 años de prisión.

Concurrió a las elecciones municipales de 1991 con el PSOE, partido que la expulsó. Como tránsfuga se convirtió en el principal azote de Jesús Gil, y de hecho, sus denuncias propiciaron la inhabilitación de éste para ocupar cargos públicos. En 2003 cambió de táctica y se unió a sus antiguos enemigos del GIL, suscribiendo la citada moción de censura.

Julián Muñoz. Condena: 2 años de prisión y 16 meses de inhabilitación para cargo público por delitos de fraude y prevaricación. Absuelto de cohecho y otros delitos que se le imputaban

Actualmente se encuentra encarcelado por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales conocida como 'caso Saqueo'. Está acusado en más de un centenar de procedimientos judiciales, principalmente por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa y malversación de fondos, acumulando ya 53 condenas.

Alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y abril de 2003. Previamente fue concejal de Fiestas Mayores, primer teniente de alcalde y, finalmente, primer edil de la ciudad al sustituir a Jesús Gil, condenado por el 'caso Camisetas'.

Para la ex pareja de la tonadillera Isabel Pantoja y habitual de la 'crónica rosa', el fiscal pedía 10 años de cárcel.

Rafael Gómez 'Sandokan'. 'SandokanCondena: seis meses de prisión, sustituible por multa de 12 meses y otros 150.000 euros.

Empresario vinculado a negocios inmobiliarios y de joyería. Compartía partidas de póquer con Juan Antonio Roca, al que conocía personalmente, y de donde salieron luego sus negocios con el Ayuntamiento de Marbella.

En 2011 se convirtió en concejal del Ayuntamiento de Córdoba, tras conseguir 25.000 votos, y pese a ser el mayor deudor de multas con este Consistorio.

Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Condenas: 6 años y tres meses de prisión para cada uno. El juez, detendidos durante la segunda parte del caso Malaya, decretó prisión incondicional para ambos empresarios en julio de 2006. Ambos constructores estarían relacionados con el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

Montserrat Corulla. Condena: 4 años de prisión. Acusada de ser uno de los principales testaferros de Roca, fue enviada a la cárcel por blanqueo de dinero el 3 de abril de 2006. Corulla era uno de los principales 'hombres de paja' más destacados de la “estructura societaria” desarrollada por el asesor de Urbanismo para ocultar los delitos con los que obtuvo “millonarias cantidades”.

Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete y José Andrés León. Condenas: 3 años por cohecho y fraude. Responsables de la constructora Aifos, detenidos en la tercera fase. El fiscal les acusaba de abonar a Roca más de cuatro millones de euros a cambio de licencias.

El presidente del Sevilla F.C., José María del Nido, compartirá de nuevo el banquillo de los acusados junto al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y otros once procesados, tras la apertura de juicio oral decretada por la juez instructora del llamado 'caso Fergocon'.

Se trata de un procedimiento penal que arrancó en 2003, a raíz de una denuncia del Partido Andalucista (PA), impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. Todo ello tras una serie de obras adjudicadas de forma irregular- entre los años 2001 y 2002- por el exregidor marbellí a una empresa de los hermanos de José María del Nido, llamada Fergocon, constituida ad hoc y que tenía como único cliente a la administración local gobernada por el GIL. Del Nido era en aquel entonces asesor jurídico municipal del ayuntamiento.

En el auto al que ha tenido acceso eldiario.es, notificado a las partes el pasado 3 de julio, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, Beatriz Fernández Gómez-Escolar declara competente a la Audiencia Provincial de Málaga “para el conocimiento y fallo de la presente causa”. Una vez que toda la causa esté en manos del tribunal malagueño se procederá a señalar fecha para la vista oral.

El importe total de la facturación de Fergocon al Ayuntamiento de Marbella y sociedades municipales ascendió a más de 6 millones de euros por catorce obras. Los trabajos no se efectuaron, o bien se facturaron por encima de su valor real, tal y como sostiene Anticorrupción en su escrito de calificación provisional, que obra también en poder de este medio.

Además de adjudicar contratos troceados a Fergocon, para evitar concursos y sin publicidad alguna, Julián Muñoz, a través de la sociedad municipal Gerencia de Obras y Contratación S.L., pagó a la citada empresa de los Del Nido con solares municipales. El negocio no pudo ser más boyante para la familia del presidente sevillista, porque se trataba de suelo industrial en uno de los polígonos de Marbella, donde luego se edificaron numerosas naves de terceros.

Del Nido y Muñoz, ambos condenados ya a siete años y medio de prisión por otro asunto de corrupción municipal, conocido como 'caso minutas', pendiente de sentencia firme en el Supremo, están acusados en 'Fergocon' de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad, fraude en la contratación y prevaricación administrativa.

El Ministerio Público solicita para cada uno de ellos 11 años de cárcel. Compartirán banquillo junto a ellos dos hermanos del presidente sevillista, Oscar Luis y Juan José Del Nido Benavente. El resto de los procesados son, en su mayoría, funcionarios y técnicos municipales, además del exconcejal de Hacienda del GIL Antonio Luque, pendiente de sentencia por el 'caso Malaya'.

El Ayuntamiento de Marbella, personado como acusación particular, solicita una fianza por responsabilidad civil de 3,8 millones de euros para la empresa Fergocon y los acusados. De ese importe total se requiere “una cuota del 80 por ciento” a la citada persona jurídica, así como a los tres hermanos Del Nido y el exalcalde. El 20 por ciento restante se le solicita a los otros nueve acusados.

El importe que reclama Anticorrupción es de 1,6 millones de euros. Será la magistrada marbellí quien decidirá, en una pieza separada, la cantidad que fija en concepto de responsabilidad civil para cada uno de los encausados.

Todos los procesados han sido citados por la jueza de Marbella el próximo 24 de julio para notificarles el auto en persona. Fuentes jurídicas han asegurado a eldiario.es que José María del Nido ha solicitado, por escrito, que el auto se le notifique en Sevilla, por ser el lugar donde reside. De prosperar tal pretensión el también abogado evitaría así a los numerosos medios de comunicación que acudirán a la sede judicial marbellí.

El urbanismo de Marbella no consigue borrar sus fantasmas del pasado y actualmente sigue envuelto en la polémica y los escándalos. El jefe de gestión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Federico Guardabrazo, considerado el número 2 del área tras el concejal del PP Pablo Moro, se sienta estos días en el banquillo de los acusados junto a otras doce personas. Se trata de un caso de estafa inmobiliaria por el que la Fiscalía solicita para él dos años de prisión por un delito de receptación.

En el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, que obra en poder de eldiario.es, se sostiene que Guardabrazo y su cuñado, el procurador Juan Mena Lirio, compraron dos parcelas en Marbella “a sabiendas de su ilícita procedencia”, en el marco de una estafa. Las fincas eran de un ciudadano árabe que denunció los hechos. La operación tuvo lugar el 21 de julio de 2002. Ambos cuñados se enfrentan también a una multa por importe de 234.000 euros.

Guardabrazo es uno de los 13 procesados vinculados a una supuesta red delictiva juzgada por delitos de estafa, receptación y falsificación de documentos cuyos antecedentes se remontan a 2001, cuando comenzaron otros casos de estafas de esta índole en la Costa del Sol.

Los hechos por los que está siendo juzgado el actual responsable de la gestión del PGOU marbellí tuvieron lugar durante un periodo de excedencia, en 2002, siendo alcalde Julián Muñoz, tras la inhabilitación de Jesús Gil a raíz de la condena por prevaricación del llamado 'Caso camisetas'.

Durante su declaración de este jueves ante el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga, Guardabrazo dijo ser “víctima de una estafa”, en lugar de autor. Se desvinculó de cualquier relación con otros procesados salvo su cuñado, en quien dijo confiar “plenamente”.

En el marco de su defensa, el funcionario municipal marbellí asegura haber puesto en conocimiento de la Comisaría de Marbella el descubrimiento de documentos falsos en el marco de la compra-venta de las parcelas. Su denuncia no llegó a ningún lado, porque la Policía ya investigaba los hechos.

Para contrarrestar su argumentario victimista el abogado que representa al ciudadano árabe perjudicado por la estafa, Salvador Guerrero Palomares, le recordó a Guardabrazo que él “no se allanó” (mostrar su conformidad) cuando presentaron una demanda en la vía civil, antes de acudir a la vía penal para denunciar la estafa.

Durante el interrogatorio de las defensas el hombre fuerte del actual urbanismo marbellí insistió en que es objeto de “una parafernalia de acusaciones falsas” y “víctima de un engaño”, además de “víctima de una pena de banquillo y víctima de la prensa”, concluyó al término de la sesión.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, podría haber evitado en 2007 que el escándalo fuera a más si, tras conocerse la imputación de Guardabrazo, funcionario topógrafo de profesión, lo hubiera cesado en sus responsabilidades, como le reclamaron todos los grupos de la oposición.

Sin embargo, la regidora del PP no sólo no destituyó en su puesto al imputado, sino que ratificó públicamente su confianza en él. Muñoz basó su argumentación en que al haber cometido Guardabrazo el presunto delito del que se le acusa durante una excedencia, “en el marco de su actividad privada”, ello-dijo- “no afecta a su gestión municipal”.

Desde entonces el poder de Guardabrazo en el Consistorio marbellí ha ido a más y ahora es el jefe del llamado “plan estratégico” de la ciudad, encargado de gestionar grandes proyectos como el frustrado puerto deportivo que iba a acometer el jeque Al-Thani, o el macro proyecto del nuevo polígono industrial.

Cabe recordar que el ex gerente del área de Urbanismo de Marbella y principal acusado en el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, hizo el siguiente comentario en un corrillo de abogados durante una de sus muchas visitas a los tribunales, previas al inicio del 'caso Malaya': “Hay que ver, resulta que el que me sustituye está imputado en una estafa y le piden dos años de prisión. Yo al menos cuando llegué estaba inmaculado”. Así se refirió el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal a Guardabrazo.

Sorpresa y quizás ruptura del pacto de no agresión entre el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico del Consistorio malagueño, Juan Antonio Roca, durante la octava sesión del juicio por el llamado 'caso saqueo II' que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Nacional.

“Julián Muñoz era el alcalde accidental y firmó la asunción de deudas con el señor Monteverde”. De esta forma tan evidente, a preguntas de la fiscal Anticorrupción Belén Suárez, Roca ha desviado responsabilidades hacia el delfín de Jesús Gil. Todo ello en el marco del pago global de más de 41 millones de euros a dicho arquitecto, autor de más de 73 proyectos, en su mayoría ficticios, copiados de terceros y falseados, que sirvieron para saquear las arcas municipales entre 1996 y 1999.

Roca se enfrenta a una pena de 10 años de prisión. Siete por un delito continuado de malversación de caudales públicos y tres por el delito continuado contra la Seguridad Social. De hecho, el fraude a dicha administración estatal que se enjuicia asciende a 90 millones de euros por impagos de los gobiernos del GIL entre 1991 y 1999.

Se da la circunstancia de que una de las empresas de Monteverde facturó a una sociedad municipal marbellí 200 millones de las antiguas pesetas tan solo por elaborar un boceto del famoso proyecto de isla artificial que Jesús Gil tanto anunció, sin que llegara a prosperar jamás.

“Yo he estado con el alcalde [Gil] en alguna ocasión en la que Monteverde ha ido a reclamarle cantidades pero no tenía nada que ver conmigo”, ha enfatizado Roca. La representante del Ministerio Público le ha preguntado si se reunía con Jesús Gil y Carlos Monteverde. Ha sido entonces cuando el exgerente del urbanismo municipal ha introducido la figura de Julián Muñoz como tercer integrante de dichos encuentros, para disgusto de su compañero de banquillo.

El exalcalde actualmente encarcelado negó en su momento cualquier contacto con el arquitecto, que se enfrenta a 8 años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos.

En anteriores sesiones Muñoz, que se enfrenta a 13 años y medio de cárcel, se basó en “informes técnicos” para justificar su firma y no incriminó nunca a Roca -tampoco lo ha hecho en juicios previos por corrupción-. El exnovio de Isabel Pantoja se centró en destacar el papel decisorio “para todo” del fallecido Jesús Gil.

El reparto de Muñoz en cuanto a responsabilidades también fue dirigido hacia el que fuera ideólogo del partido GIL y abogado personal del exalcalde, José Luis Sierra, gravemente enfermo de alzheimer y excluido de la vista oral. Fue él quien diseñó la treintena de sociedades municipales que sirvieron al gilismo para gozar de absoluta opacidad a la hora del desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella detectado por el Tribunal de Cuentas.

Ninguno de los 73 proyectos objeto de este procedimiento penal fue visado por el Colegio de Arquitectos de Málaga. Tal circunstancia agrava aún más el fraude cometido. De hecho, Monteverde percibió fondos por proyectos que ni siquiera habían sido redactados por él. Se trataba de copias de otras localidades distintas a Marbella, tal y como sostienen los fiscales Belén Suárez y José Grinda.

Entre los trabajos copiados figuran el del “Auditorio de Música”, “La Universidad” y el “Instituto de Educación Secundaria”. Los dos primeros mencionados correspondían a Madrid y Alicante, respectivamente. El tercero nada tenía que ver con la enseñanza. Se trataba de un centro penitenciario en el municipio alicantino de Elche.

En esta vista oral se enjuicia el desvío de más de 74 millones de euros de las arcas municipales que salieron del Ayuntamiento de Marbella a través de las sociedades municipales, de los cuales 41 corresponden a Monteverde. El número de acusados se eleva a 31, en su mayoría exediles del GIL, entre ellos Marisol Yagüe, ya juzgada en el 'caso Malaya'.

La Justicia empieza a cobrar factura a los casos de corrupción que asolaron Marbella desde la década de los 90. A la espera de que este verano, según las previsiones, se conozca la sentencia de 'Malaya', uno de los mayores escándalos de corrupción del país que acabó incluso con la disolución del Ayuntamiento costasoleño –la primera en la historia de la democracia--, la Audiencia de Málaga dará a conocer hoy el fallo por el 'caso Blanqueo', uno de los más conocidos de las 30 piezas desgajadas de la trama principal debido a la presencia de Isabel Pantoja.

La trama: El 'caso Blanqueo' pone el foco en el exalcalde Julián Muñoz, a quien la Fiscalía acusa de orquestar un entramado societario, valiéndose de la ayuda de sus parejas sentimentales, para introducir en el circuito legal el dinero obtenido irregularmente del Ayuntamiento. Como muchos otros ciudadanos, y en pleno boom inmobiliario, el exregidor acudió a lo que consideraba un valor seguro para su patrimonio: el ladrillo. Gran parte del dinero lo ‘blanqueó’ con propiedades inmobiliarias en Marbella.

La Fiscalía mantiene que las dos parejas de Muñoz eran conocedoras del origen ilícito del dinero del exalcalde, inmerso ya en varias causas judiciales, y aún así se prestaron a ayudarle y “ocultar la procedencia” de más de 3,5 millones de euros, según las investigaciones policiales.

El protagonista: Julián Muñoz es el perejil de todas las salsas. Tras la caída del Ayuntamiento de Marbella, el exalcalde apareció imputado en más de un centenar de causas judiciales por motivos varios, casi siempre vinculados a delitos urbanísticos, malversación de caudales públicos, fraude o prevaricación. Un pacto con la Fiscalía Anticorrupción en 2008, al que se sumaron varios concejales del ‘gilismo’, le permitió salvar de un plumazo 70 procedimientos por concesión de licencias de obra ilegales a cambio de tres años de cárcel.

En diciembre fue condenado a otros siete años y medio de cárcel por fraude en concurso con prevaricación y malversación de caudales públicos en el conocido como caso ‘Minutas’, que alude a irregularidades en los trabajos realizados por el abogado y presidente del Sevilla F.C., José María del Nido, para el consistorio marbellí. Y en enero de 2013 sumaba un año más de prisión por un delito continuado de prevaricación urbanística contra la ordenación del territorio.

Esta semana deberá enfrentarse además a un nuevo proceso judicial, el caso 'Saqueo II' por desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella a través de empresas municipales y donde se le piden 13 años y medio de prisión. Ya ha cumplido parte de sus condenas —salió en tercer grado en octubre de 2008-- y otras las tiene recurridas.

Si en la mayoría de estas causas Muñoz ocupa un papel secundario, en 'Blanqueo' él es “la piedra angular, el origen de todo, el que orquesta, organiza y se vale de las personas para ocultar sus bienes”, afirmó en fiscal en sus conclusiones. En su comparecencia, justificó sus elevados ingresos fruto de las gratificaciones que le daba Jesús Gil y los sobres que recibió de una empresa municipal y que nunca declaró al fisco, el único delito que ha reconocido y que ya habría prescrito. Aseguró además que nunca guardó el dinero en los bancos porque “no se fiaba” y que apenas tenía gastos porque todo lo pagaba el Ayuntamiento. En este proceso se enfrenta a una pena de siete años y medio de cárcel y una multa de 7,4 millones de euros.

Isabel Pantoja: Aunque en sus cuentas se detectaron ingresos en efectivo de más de un millón de euros de origen desconocido durante el tiempo que estuvo con Muñoz, Pantoja negó en el juicio haber recibido dinero del exalcalde. Antes al contrario, aseguró que era ella quien le mantenía porque “él no tenía nada”, y se escudó en el caché de sus conciertos y exclusivas en prensa del corazón para justificar su elevado patrimonio y sus ingresos en esa época.

Sin embargo, el fiscal cree que colaboró en el blanqueo de 1,8 millones “ofreciendo sus sociedades”, por lo que le pide tres años y medio de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros. La expareja adquirió un apartamento en el hotel Guadalpín por 353.695,63 euros, un coste 33% inferior al precio de mercado, a cambio de resoluciones urbanísticas favorables de Muñoz hacia Aifos, promotores del hotel. De la misma manera, mediante una de las sociedades de la artista adquirieron reses para la finca Cantora y el chalet ‘Mi gitana’, comprado por 3.365.667,79 euros a una entidad radicada en Gibraltar. Curiosamente, las cuotas dejaron de abonarse tras la detención del exalcalde en 2006.

Maite Zaldívar: La exmujer de Muñoz cobró protagonismo al contar en televisión cómo abandonó el hogar conyugal llevándose consigo 300.000 euros del dinero que su exmarido llevaba a casa en bolsas de basura. En el juicio se retractaría para decir que a Muñoz le daban muchos sobres, pero ella nunca supo su contenido, y que llevaban una vida austera, justo lo contrario de lo que explicó en el proceso de divorcio para exigir una cuantiosa pensión.

Eso sí, contó al juez que el exregidor llevaba dinero en efectivo cada pocos meses, una práctica que consideró normal en política y fruto de comisiones legales de promotores. “De haber sabido que era dinero ilegal no hubiera cogido un céntimo”. Zaldívar incluso aseguró desconocer el significado de “blanquear” salvo si estaba relacionado con la pintura de las paredes. Se enfrenta a una condena de tres años y medio de cárcel y una multa de 2,6 millones de euros por “legalizar” 1,3 millones de euros.

Parte del dinero que se llevó lo invirtió con la ayuda de su hermano Jesús, que ejercicio como testaferro de Muñoz y “recicló” 890.000 euros. A través de una cuenta abierta por Jesús Zaldivar en un banco privado, o de transferencias realizadas por empresas radicadas en Gibraltar, Maite recibió más tarde parte de esos fondos en cuentas de Cajamar. También utilizó entidades mercantiles adquiridas a otro implicado, el promotor Villarroya, a precio de saldo pese a que tenían valiosos activos, como viviendas en el centro de Marbella, plazas de garaje o incluso un barco.

El resto de implicados: En el banquillo también se han sentado Fernando de Salinas, directivo del banco privado suizo Ferrier Lullin que supuestamente habría ayudado a los hermanos Zaldivar a transferir 890.000 euros a cuentas en el extranjero; Benjamín Martínez Cantero, exdirector de una sucursal de Cajamar en Marbella donde los Zaldívar abrían las cuentas para recibir los fondos ilícitos. Ambos se enfrentan a una pena de tres años de cárcel por blanqueo. Por último está el promotor José Miguel Villarroya, acusado de blanqueo de capitales y cohecho y que supuestamente habría entregado bienes inmuebles a Julián Muñoz, a cambio de concesiones y contratos municipales.En las conclusiones finales, la Fiscalía retiró la acusación por blanqueo contra sus tres hijos.