El avance de la causa abierta contra el exdirigente socialista Santos Cerdán por un presunto delito de falso testimonio evidencia el desigual recorrido judicial de las denuncias por mentir en comisiones de investigación parlamentarias. Mientras en este caso la jueza ha decidido investigar los hechos apoyada en una querella de la asociación ultracatólica HazteOír y con el criterio en contra de la Fiscalía, otras querellas contra destacados políticos por hechos similares han sido rechazadas de plano.

Mentir ante una comisión parlamentaria, donde se sustancian investigaciones políticas y la asistencia es obligatoria, es un delito. Así lo establece el Código Penal, que castiga con entre seis meses y un año de cárcel este comportamiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ido perfilando la aplicación de este delito y ha determinado que solo pueden ser castigados quienes falten “sustancialmente” a la verdad, lo que en palabras de los magistrados equivale a crear “una verdad en todo distinta a la material”. Además, la jurisprudencia requiere la existencia de indicios de que ese testimonio ha tenido efectos sobre la investigación. 

En el caso del que fuera secretario de Organización del PSOE, la magistrada de Madrid Lidia Paloma Montaño prevé tomarle declaración el próximo 5 de febrero por “faltar a la verdad” cuando compareció por primera vez, en abril de 2024, ante la Comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’. Cerdán afirmó que solo había contactado con Koldo García en dos o tres ocasiones, pero un informe policial reveló varias reuniones entre ambos. 

La citación se produce pese a que la Fiscalía se opuso a imputar al exdirigente socialista con el argumento de que los hechos descritos por HazteOír en su querella, incluso si fueran ciertos, no revisten las características de un delito. La fiscal se basa en la doctrina que el Tribunal Supremo argumentó en enero de 2023 cuando rechazó una querella contra Alicia Sánchez-Camacho, entonces senadora del PP, por las acusaciones de haber mentido en el Parlament de Catalunya durante otra comisión de investigación parlamentaria. 

El alto tribunal afirmó entonces que lo “decisivo” para medir la veracidad o falsedad de una respuesta es “la compatibilidad de la respuesta con los datos de los que dispone el compareciente en relación con los concretos hechos que se consideran que ocurrieron y que son, además, objeto de la investigación parlamentaria”.

En el caso de Sánchez-Camacho, la querella fue presentada por más de 30 diputados autonómicos de Junts, que denunciaron que mintió cuando dijo que la 'operación Catalunya' –puesta en marcha desde las altas instancias policiales y de Interior, supuestamente, para perjudicar a líderes políticos catalanes– no existía y que no había mantenido reuniones con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola cuando existían grabaciones de una comida entre ambas celebrada en 2010 en un restaurante.

Según el juez, esas grabaciones demostraban la “inexistencia de una relación” entre ambas. A su juicio, además, el hecho de que años después manifestara en una conversación con un tercero que pudo tener dos contactos más sin ninguna trascendencia relacional no encaja en lo que la ley considera delito. 

Armengol y Aznar, exonerados

De forma más reciente, en noviembre de 2024, el Supremo rechazó una querella de HazteOír que acusaba a la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso Francina Armengol de mentir en una de las múltiples comisiones de investigación del caso Koldo. La asociación denunció que Armengol había dicho en el Congreso que las mascarillas que Balears compró a la trama durante la pandemia eran para uso “civil” cuando eran un equipamiento médico para los profesionales sanitarios. Los jueces rechazaron la querella con el argumento de que había una “patente falta de relevancia penal” en esas palabras.

Entonces, el Alto Tribunal insistió en que para que una afirmación falsa encaje en lo que la ley considera delito debe ser “incompatible con la realidad” o dar cuenta de una “realidad inexistente” y que, además, ese testimonio inveraz haya entorpecido significativamente la reconstrucción de lo acontecido. Esto es, que sea un caso palmario y que, además, haya indicios claros de que esa declaración ha tenido efectos sobre la investigación política que se está realizando. 

En ese mismo auto, los jueces aluden al “obvio paralelismo” entre el delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria de investigación (artículo 502.3 del Código Penal) y el delito de falso testimonio en causa judicial (artículo 458 del Código Penal). La abundante doctrina relativa a este último recoge que para reprochar penalmente la falsedad del testimonio es necesario contar la verdad establecida previamente por los tribunales. Y eso no es posible en las comisiones de investigación, que solo pueden establecer la “verdad política”, dado que la “verdad” solo puede ser fijada por el Poder Judicial. 

A este respecto, el Supremo argumenta que si el falso testimonio en causa judicial requiere “la creación de una verdad en todo distinta a la material”, en el caso de las comisiones parlamentarias, el nivel de concordancia de lo testimoniado con la realidad asentada como verdad en sede de comisión parlamentaria “no puede ser superior”. 

Precisamente el alto tribunal tiene pendiente pronunciarse sobre una denuncia presentada el pasado octubre por el pseudosindicato ultra Manos Limpias contra Pedro Sánchez por falso testimonio. Según la organización que dirige Miguel Bernard, el presidente del Gobierno dijo hasta en 55 ocasiones en su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’ expresiones como “no me consta” o “no tengo constancia” a pesar de que, a su juicio, “constan múltiples evidencias documentales y comunicacionales que acreditan su conocimiento directo de los hechos objeto de investigación”, según la denuncia recogida por ABC. 

Incriminación excepcional

Siguiendo el criterio de Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid también rechazó que se investigara al expresidente del Gobierno José María Aznar tras una denuncia de Podemos por sus declaraciones en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal del PP. Podemos denunció que había cometido delito de falso testimonio al “hacer manifestaciones que (...) no se compadecen con el contenido de la sentencia dictada en el caso Gürtel”. 

Aznar negó en varias ocasiones haber tenido relación o incluso conocer a Francisco Correa, cuando fue uno de los invitados a la boda de su hija. También puso en duda la existencia de una caja B del PP, cuya realidad acreditó la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. O afirmó que esa sentencia solo afecta a dos municipios de Madrid. Asimismo, rechazó la participación de soldados españoles en la guerra de Irak de 2003.

Los jueces de la Sección 29 confirmaron la inadmisión de la querella que había acordado un juzgado de Madrid al estimar que solo podía haber delito si esas manifestaciones hubieran sido “relevantes a los efectos de la investigación”. A su juicio, las respuestas de Aznar fueron “opiniones o interpretaciones” sobre una resolución judicial o un acontecimiento sin relevancia para el objeto de esa comisión de investigación. 

Los datos recopilados por la profesora de Derecho Penal en la Universidad Internacional de Catalunya Pilar Rey Peña en el artículo ‘La escasa persecución del delito de falso testimonio: una constatación paradójica’ dan una idea de los excepcionales que son las incriminaciones por falso testimonio en causa judicial en España. En 2015, solo en uno de cada 3.717 procedimientos judiciales se dio alguna declaración que revistiera indicios de falsedad y solo en uno de cada 13.000 esas diligencias dieron lugar a una condena por falso testimonio.

En 2024, de cuando son los últimos datos disponibles, hubo 249 condenas por este delito, según el INE. Se trata de una cifra bastante inferior a la de otros delitos de similares características, como es el de acusación y denuncia falsa, que registró 527 condenas ese año. Son datos que dan una idea de lo excepcional que resulta este delito en la práctica judicial, una rareza todavía mayor cuando se trata de declaraciones ante comisiones parlamentarias.

La documentación que la exmilitante socialista Leire Díez puso en manos del PSOE y este entregó a la Fiscalía incluye unos audios de 2012 entre el comisario Villarejo y la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, donde detallan los planes para hundir al independentismo ante la posibilidad de que Artur Mas tuviera mayoría absoluta con CiU en las elecciones de aquel año, tal y como ha desvelado El País.

Aquel encuentro que grabó el propio Villajero, celebrado el 6 de noviembre de 2012 –apenas 19 días antes de las elecciones catalanas–, habría sido propiciado por la secretaria general del PP en ese entonces, María Dolores de Cospedal, y la grabación demostraría la existencia de la conocida como Operación Cataluña que promovió el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para acabar con el independentismo desacreditando a sus líderes con noticias fabricadas o directamente falsas.

En la conversación publicada ahora por El País, el comisario cuenta que hace trabajos para Interior y que tienen gente “dentro” infiltrada en los partidos independentistas, aunque la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría (“tu amiga la pequeñita”, le dice a Sánchez Camacho) no quiere que les hagan escuchas telefónicas.

Villarejo explica a Sánchez Camacho que el plan es descubrir dónde guardan el dinero negro los grandes líderes independentistas y que especialmente les interesa poner “toda la atención en los Pujol”. “Casi todas estas actuaciones las estamos haciendo con los medios de comunicación”, dice Villarejo refiriéndose a las filtraciones.

“A partir del día 12 [de noviembre] vamos a pegar un apretón y desde el 15 hasta el 25 apretón brutal. Yo confío en que de alguna manera no fallen los medios”, apunta el comisario. “Ellos tienen una encuesta en la que sacan mayoría absoluta, lo que pasa es que están callados como putas (…) Esta guerra que vamos a hacer es para que estos tipos no saquen mayoría absoluta”, abunda.

En las dos semanas de campaña electoral, varios medios de comunicación difundieron supuestos informes policiales sobre diversas corruptelas de la familia del expresidente Jordi Pujol, los principales dirigentes de CiU y del Gobierno catalán. Muchas de las informaciones resultaron ser falsas.

CiU ganó finalmente las elecciones de 2012, pero no obtuvo mayoría absoluta y perdió 12 escaños, lo que les obligó a pactar con ERC para mantenerse en el Govern.

La diputada del PP de Madrid y exlíder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se ha presentado como “víctima” de una “persecución” y de “muchos audios” durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Catalunya. La sesión no ha servido para aportar nuevos datos y ha estado marcada por la tensión y los rifirrafes de Sánchez-Camacho con todos los grupos salvo PP y Vox.

El apellido Sánchez-Camacho y la Operación Catalunya están unidos desde su génesis. La comida entre la entonces líder del PP catalán y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, se celebró el 7 de julio de 2010 en el restaurante La Camarga. Este episodio de mesa, mantel y micrófono mantiene quince años después dos versiones contrapuestas: Álvarez sostiene que la política sabía que la grababan; Sánchez-Camacho lo ha negado siempre.

La comida en La Camarga dejó sin crédito político en Catalunya a Sánchez-Camacho (quien llegó a acordar los mayores recortes en los servicios públicos catalanes con Artur Mas en 2011), pero no le ha impedido continuar su carrera en Madrid. Primero, como diputada en el Congreso, y después como parlamentaria autonómica en Madrid (cargo que mantiene a día de hoy) y senadora.

Al igual que ha hecho horas antes la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Sánchez-Camacho ha tildado de “ficción” la Operación Catalunya. Pese a que la parlamentaria de los Comuns Aina Vidal le ha recordado que podía emplear el catalán, Sánchez-Camacho ha hablado en castellano en toda su comparecencia. También ha afeado a Vidal casos de corrupción de Convergència como el 3%.

No ha desmentido Sánchez-Camacho ni la comida de la Camarga ni las dos reuniones que, ha dicho, mantuvo con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en 2012, cuyos audios también se divulgaron y en los que se oye a la entonces líder del PP da a Villarejo el teléfono de Artur Mas y también insta a investigar a otros empresarios y expolíticos como Carles Sumarroca o Enrique Lacalle, este último cercano al PP.

Sánchez-Camacho no ha querido entrar en el contenido de esas grabaciones, sino que ha trazado una férrea defensa de la ilegalidad que, a su juicio, se ha cometido con su difusión. Las “reuniones” con Villarejo, ha mantenido la diputada del PP, se produjeron “en el marco del Estado de Derecho”. “Lo que hagan o no terceras personas no es mi responsabilidad”, ha apostillado.

“Eso eran conversaciones privadas y ustedes tendrían que estar legislando para garantizar mis derechos”, ha lanzado Sánchez-Camacho a los diputados. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha pedido amparo al presidente de la comisión ante los “insultos” de la parlamentaria del PP a los diputados.

Retadora, Sánchez-Camacho ha respondido así a Vallugera a una pregunta sobre sus reuniones con Villarejo y Álvarez: “Ninguno de ustedes pasaría ninguna prueba si saliesen conversaciones suyas descontextualizadas”. “Ustedes han comprado el relato y están arrodillados a los independentistas”, ha dicho la exlíder del PP catalán al parlamentario del PSOE Manuel Arribas.

Sánchez-Camacho ha dedicado más tiempo a presentarse como víctima del procés que a explicar la Operación Catalunya. Al parlamentario de Junts, Josep Pagès, lo ha acusado de “supremacismo”. “Me han obligado a tener que irme de mi tierra, quebrantado el Estado de Derecho. La única Operación Catalunya constatada es el procés”, ha añadido.

No ha perdido la ocasión Sánchez-Camacho para recordarle a Pagès que en aquella época también mantenía “muchas reuniones” con políticos de Convergència por los pactos en el Parlament y varios municipios a los que llegaban ambos partidos.

La diputada del PP de Madrid ha acusado al independentismo de “querer alimentar el elemento hegemónico gramsciano” y de presentarse como “víctimas”. “Les viene muy bien el relato del victimismo y de 'pobrecitos que los están espiando', pero es a mí a la que me han perseguido varias veces”, ha zanjado.

El debate abierto sobre un nuevo modelo de financiación en Catalunya ha puesto en evidencia una nueva contradicción del Partido Popular. La misma formación que en el pasado defendía una “financiación singular” para los catalanes afirma ahora, casi con las mismas palabras, que la rechaza. Al menos así lo defiende su máximo jefe, Alberto Núñez Feijóo.

En declaraciones a los medios en Bruselas tras asistir a la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo (PPE), Feijóo ha dicho este lunes que no cree que hay una sola comunidad autónoma en España “que esté da cuerdo con una financiación singular de una comunidad en contra de las demas”. Es más, ha dicho que no cree que tampoco exista siquiera un solo presidente autonómico socialista “que esté en disposición de renunciar a lo que le corresponde en beneficio de una única comunidad autónoma”. “No ha ocurrido nunca, nunca desde los años 80 que empezamos a aprobar los Estatutos de autonomía”, ha enfatizado.

El presidente del PP ha indicado que una financiación autonómica que salga del “escenario de la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera” estará “abocada al fracaso”. “Estoy convencido de que no hay un solo presidente de comunidad, del PSOE o del PP que esté de acuerdo en renunciar a lo que le pertenece, que es un sistema multilateral acordado en el CPFF y que mantenga el sistema de financiación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA)”, ha manifestado.

Según Feijóo, “todo lo demás está fuera del ordenamiento jurídico”. “Todo lo demás está fuera de los principios básicos que hemos mantenido durante 45 años, el sistema de financiación de las comunidades autónomas”, ha zanjado.

Desde sus propias filas, sin embargo, se ha defendido esa “financiación singular” para Catalunya hace algún tiempo. En 2012, la entonces líder del PP catalán y ahora diputada en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez Camacho, afirmaba lo siguiente en su programa cuando era candidata a la Generalitat de Catalunya: “Desde el PP catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Catalunya”.

“En Catalunya tenemos que ganar el futuro y utilizar la capacidad de autogobierno para estar presentes y con fuerza en el contexto económico internacional, con propuestas capaces de generar puestos de trabajo y riqueza”, remachó, entonces.

El juez Joaquín Aguirre ha acordado citar como imputado al comisario jubilado de la Policía José Manuel Villarejo a raíz de una denuncia del director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, que acusa al exmando policial de estar detrás del registro a su empresa en 2013 en el marco de las pesquisas sobre la grabación del almuerzo que mantuvieron la exlíder del PP en Catalunya Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, en el restaurante La Camarga.

Tal y como ha avanzado La Vanguardia, el juez ha citado a declarar como investigados para el próximo mes de septiembre a Villarejo, al exinspector jefe de la Policía Antonio Giménez Raso, y al exdetective de Método 3 Julián Peribáñez, enfrentado desde hace años con Marco, su antiguo jefe.

La denuncia de Marco contra Villarejo retrotrae a uno de los episodios más oscuros de la política catalana: la grabación, realizada por empleados de la agencia Método 3, del almuerzo que mantuvieron la actual senadora del PP y Victoria Álvarez, en la que la expareja de Pujol Ferrusola contó supuestos movimientos de dinero en efectivo del hijo del expresident. Sánchez Camacho primero negó la conversación, para después suscribir un pacto de silencio con Método 3 y considerar “vaguedades” las palabras de Álvarez.

La investigación judicial de esa grabación (un caso que terminó archivado hace una década) llevó al registro policial de la agencia de detectives. Marco acusa ahora a Villarejo y a la brigada política del PP de estar detrás del registro, si bien fue ordenado por un juez de Barcelona y el aval de la Fiscalía en el marco de las pesquisas para encontrar el original de la grabación de La Camarga.

Cabe recordar, además, que Sánchez-Camacho acordó con Método 3 retirar su demanda civil y renuncia a emprender acciones penales contra los detectives a cambio de que la agencia de Marco reconociera el daño causado y la realización de la grabación de La Camarga. En virtud del pacto, la agencia admitió que la grabación afectó a Sánchez-Camacho en su labor como dirigente política y acordó indemnizarla con 80.000 euros.

En el acuerdo, Método 3 reconoció que fueron dos exempleados de la empresa los que grabaron la conversación entre Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez en una comida que ambas mantuvieron en el restaurante La Camarga, en Barcelona, el 7 de julio de 2010. Método 3 asumió la culpa, pidió perdón a la presidenta del PP catalán y se comprometió al “cese inmediato, efectivo y permanente” de la divulgación de las “grabaciones ilegítimas”.

El caso ha terminado en manos del juez Aguirre, titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón lo archivara en la Audiencia Nacional en el marco de las pesquisas del caso Villarejo.

La Audiencia Nacional avaló en 2023 el archivó del caso sobre la documentación que halló la Policía en el registro a la casa de Villarejo en 2017: expedientes, facturas y correos que pertenecían a Método 3 y que terminaron en manos del excomisario y su grupo empresarial. Los magistrados concluyeron que estos hechos ya se investigaron en otra de las piezas del caso Villarejo, la referida a la disputa por la herencia del promotor de la urbanización de lujo La Finca. Además, concluyeron los togados, “no consta” que Villarejo utilizase la documentación que se le intervino sobre Método 3, por lo que no resultaba “debidamente justificada la perpetración de delito”.

El empresario y expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell ha pedido al juez que llegue “hasta el fondo” en la investigación sobre la Operación Catalunya para poder así “limpiar” España de “tramas político policiales” tras ratificarse en su querella contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Rosell, junto a su abogado Pau Molins, ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para ratificar la querella que interpuso contra Villarejo y otros mandos policiales de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

En su querella, Rosell vincula la ‘Operación Catalunya’ con la causa por la que pasó casi dos años en prisión provisional pero terminó absuelto, en lo que fue uno de los usos más desproporcionados de la prisión preventiva de la historia reciente de España. El empresario considera que el empresario estuvo “en el punto de mira” de esa trama y lo ejemplifica con una reunión, en noviembre de 2012, entre Villarejo y Sánchez-Camacho, entonces presidenta del PP catalán: en ese encuentro, la ahora senadora del PP dio al comisario una lista de personas a investigar por su relación con el independentismo, entre las que estaba el expresidente blaugrana.

Más adelante, a partir de enero de 2014, empezó según la querella una investigación prospectiva contra Sandro Rosell, en la que supuestamente estuvieron involucrados el resto de investigados por el juez: el excomisario Marcelino Martín-Blas, el exinspector Antonio Giménez, el inspector Alberto Estévez y el exagregado del FBI en la embajada estadounidense en Madrid Marc L. Varri.

El abogado de Rosell, Pau Molins, ha asegurado en declaraciones a la prensa que el empresario, “como no podía ser de otra forma, se ha ratificado en la querella”. Según han precisado, el juez Hermenegildo Barrera le ha preguntado a Rosell “por algunas aclaraciones sobre el relato fáctico” que recoge la querella, informa Europa Press.

Este miércoles, el empresario ha ratificado lo que su equipo jurídico plasmó en la querella, y “ha aprovechado para agradecer la valentía que ha tenido este juez de admitir una querella contra la trama de la Operación Catalunya y para animarle para que llegue hasta el fondo”, según ha indicado Molins, y conseguir así “limpiar” las que ha denominado “tramas político policiales corruptas por interés de la propia Justicia española”.

Molins ha explicado que las preguntas de este miércoles han sido “más de carácter técnico” y el empresario “ha ido respondiendo”. Según ha dicho, el juez “le ha pedido a aclaraciones” a Rosell sobre determinados querellados, en referencia a la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, a la juez Carmen Lamela y a varios fiscales mencionados en la querella.

El letrado ha incidido en que Rosell estuvo en prisión por una trama que tenía por objetivo “la lucha contra el independentismo a través de las cloacas del Estado” y de la que el empresario “era absolutamente inconsciente”.

“Esto se efectuaba a sus espaldas y, por lo tanto, él poco puede aportar sobre los hechos. Aquí será muy importante lo que explique el señor Villarejo cuando sea citado a declarar”, ha añadido, al tiempo que ha recalcado que será “interesante” ver si el comisario aporta “datos sobre la existencia de este montaje para luchar ilegalmente contra el independentismo catalán”.

Al hilo, Molins ha insistido en que Rosell “siempre sospechó, estando en prisión, de que esta no era una cuestión jurídica” y ha subrayado que tuvo que “esperar casi seis años para averiguar cuál era la verdadera motivación que se escondía tras su imputación (...) que luego acabó en absolución”.

“Llevamos muchos meses intentando que un juzgado en España atendiera esta investigación. Aportamos suficiente indicios, aunque evidentemente quedan muchísimas incógnitas por resolver. Por eso llevábamos muchos meses detrás de conseguir un auto de admisión. Es la primera querella que se admite por la Operación Catalunya y esperemos que no sea la última”, ha apuntado Molins, al tiempo que ha precisado que hay al menos unas seis querellas más que aún no han sido admitidas.

En este sentido, el abogado ha insistido en que, “si otros perjudicados ven que la Justicia española está por la labor de hacer averiguaciones y llegar hasta el final” es “muy posible” que se sumen a las acciones legales.

El Tribunal Supremo no investigará a Alicia Sánchez-Camacho, senadora del Partido Popular y diputada en la Asamblea de Madrid, por las acusaciones de haber mentido en el Parlament de Catalunya durante una comisión de investigación. Los jueces rechazan la querella presentada por los más de 30 diputados autonómicos de Junts, en la que acusaban a Sánchez-Camacho de haber mentido cuando afirmó en una comisión de investigación que no había mantenido reuniones con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola y que la 'operación Catalunya' no existía.

Los diputados entendían que estas afirmaciones habían quedado desmentidas por diversos audios del comisario jubilado e imputado, José Manuel Villarejo. Grabaciones en las que la expresidenta del PP en Catalunya, en noviembre de 2012, hablaba con el policía en plena precampaña de las elecciones catalanas anticipadas de ese año: una reunión en la que Sánchez-Camacho pidió a Villarejo actuaciones contra el expresident Mas, pero también contra dirigentes como Josep Antoni Duran i Lleida y el entonces director general de La Caixa Jaume Giró, a quien instó a investigar “pero ya”.

También negó haberse reunido con Victoria Álvarez en todas las ocasiones expuestas, expareja del primogénito del expresident Jordi Pujol, cuando existían grabaciones de una comida entre ambas celebrada en 2010 en el restaurante La Camarga.

La sala de lo penal entiende que Sánchez-Camacho no debe ser imputada por estas falsedades alegadas por los 31 diputados querellantes. Que afirmara que la 'operación Catalunya' -puesta en marcha desde las altas instancias policiales y de Interior, supuestamente, para perjudicar a líderes políticos catalanes- no existía no constituye un delito. “Es la respuesta a una pregunta que no pretende obtener información sobre un hecho sino sobre, lo que es muy diferente, una construcción valorativa de los hechos presuntos que son objeto de investigación”, dice el Supremo.

Decir que esa operación no existía “en sí mismo no es faltar a la verdad, aunque quien formula la pregunta esté convencido de que dicha operación existió”, dice el auto. Tampoco mintió, añade el Supremo, cuando negó encuentros con Álvarez. “La muy discutible información de contraste lo que viene a confirmar, precisamente, es la inexistencia de una relación entre la denunciada y la Sra. Álvarez con posterioridad al encuentro narrado por la compareciente ante la Comisión. Que años después manifestara en una conversación con un tercero que pudo tener dos contactos más sin ninguna trascendencia relacional carece de todo significado típico”.

La familia Sumarroca, varios de cuyos miembros están acusados de corrupción en el caso Pujol y el 3%, se ha querellado contra la senadora y exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por considerarse víctimas de la Operación Catalunya.

En su querella, presentada ante el Tribunal Supremo por la condición de aforada de Sánchez-Camacho, cinco miembros de la familia piden que se investigue si la líder popular y la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior bajo el primer Gobierno de Mariano Rajoy urdieron un plan para que la justicia investigara a los Sumarroca, una familia de empresarios muy cercana a los Pujol, mediante pruebas falsas.

Los audios de la conversación entre Sánchez-Camacho y Villarejo han motivado ya otras denuncias del conseller de Economia, Jaume Giró, de un exjefe de la Policía en Catalunya y del expresidente del Barça Sandro Rosell, como perjudicados de los planes de la brigada política del PP. En Andorra una jueza también investiga las maniobras parapoliciales contra los Pujol.

La denuncia se basa en los audios del excomisario Villarejo que revelan una reunión de este con Sánchez-Camacho en noviembre de 2012 en la que la entonces presidenta del PP le facilitó “una auténtica lista negra de personas que, a su juicio, debían ser investigadas y perseguidas policialmente por su relación con el independentismo”.

En esa lista, señalan los querellantes, figuraba la familia Sumarroca, que cuenta con uno de los principales grupos constructores de Catalunya adjudicatarios de obra pública y ha estado históricamente vinculada a los Pujol, con quienes han compartido negocios, amistad y afinidades políticas desde la creación de Convergencia Democràtica (CDC).

Con el paso del tiempo los Pujol, los Sumarroca y Convergència también han compartido imputaciones judiciales por corrupción. En la causa sobre el origen de la fortuna del expresident, la Fiscalía pide dos años de cárcel a Carles Sumarroca Claverol por falsedad documental y blanqueo de capitales. La causa del 3% todavía está pendiente desde hace dos años de que la Fiscalía formule acusación.

La querella mantiene que las investigaciones contra la familia Sumarroca fueron “prospectivas” al basarse en el interés de Villarejo y Sánchez Camacho para que se abrieran causa judiciales al entorno de los Pujol. Los casos, abunda la querella, “han partido de iniciales hipótesis de trabajo sobre la afinidad entre ambas familias y de auténticas conjeturas de la autoridad policial que no venían respaldadas por ningún indicio, sino que simple y sencillamente tenían por objetivo tejer las bases de lo que posteriormente se ha conocido como la Operación Catalunya”.

Según mantiene la querella, mandos de la Policía Nacional, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, incluso determinados periodistas y medios de comunicación se concertaron para “elaborar un plan” contra el movimiento independentista catalán con el fin de poner freno al procés.

Dicha estrategia, según los querellantes, “consistía fundamentalmente, en obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, perjudicar y desprestigiar a personas que, de una u otra manera, fuera cierto o no, se consideraban cercanas al citado movimiento, ya fueran cargos políticos, personajes públicos, líderes sociales o empresarios”.

Además de Sánchez-Camacho y Villarejo, la querella de los Sumarroca se dirige contra el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, la exsecretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal, el exdirector general del Gabinete del Ministerio de Interior Francisco Martínez, el comisario jubilado Eugenio Pino y el inspector de la UDEF Álvaro Ibáñez. Antes de decidir si la admite a trámite, el Supremo deberá pedir un informe a la Fiscalía.

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a raíz de la denuncia que presentó el exjefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega contra la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el exministro Jorge Fernández Díaz; el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y el excomisario José Manuel Villarejo por los presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y revelación de secretos en la Operación Catalunya.

A la vez que ha acordado abrir la investigación, la Fiscalía de Barcelona ha decidido enviarla a la de Madrid porque cree que es quien tiene la competencia territorial para hacerlo, informa Europa Press.

La denuncia, interpuesta por el abogado Jordi Pina, hace referencia a los audios publicados por el digital 'El Món' durante las últimas semanas sobre la Operación Catalunya, en la que mandos de Policía Nacional, del Gobierno de entonces, dirigentes del PP e incluso periodistas “se concertaron para elaborar un plan” a partir de 2012 contra el independentismo.

La denuncia menciona la reunión entre el excomisario Villarejo y la exlíder del PP de Catalunya Alicia Sánchez-Camacho, el 6 de noviembre de 2012, pocos días antes de las elecciones autonómicas de ese mismo año, donde la dirigente popular le situó en una “lista negra” de personas que debían ser investigadas.

El escrito asegura que Ortega fue cesado sorpresivamente por el Ministerio del Interior y trasladado arbitrariamente a Teruel, aunque al final “aceptó Zaragoza como mal menor”, por sus supuestas connivencias con el independentismo y vínculos con personas de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La denuncia de Ortega considera que su cese formaba parte de la “campaña de acoso y derribo a todo aquel que estuviera relacionado con el movimiento independentista”. Ortega destaca que Fernández Díaz le envió “sorprendente y arbitrariamente” a Teruel como comisario provincial tras su cese, pese a que finalmente “el denunciante aceptó Zaragoza como mal menor”, aunque recurrió la decisión, al asegurar que su traslado “era ilegal”.

Fernández Díaz nombró en su lugar a su amigo Agustín Castro Abad que, según la denuncia, “compartía una arraigada fe católica” y rezaban juntos en la misma parroquia, aunque eéste causó baja “aquejado de una profunda depresión” a escasas horas de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Según los audios que forman parte de la denuncia, Sánchez-Camacho le explicó a Villarejo que el exjefe superior tenía “un montón de connivencias” con el independentismo, lo que suponía “un problema añadido porque Narciso [Ortega]” era “íntimo” del exconseller de Interior Felip Puig.

“La vuelta de Narciso, con toda la gente que tiene aquí sometida e infiltrada en la policía, será la pieza clave que tenga Puig aquí metida en la policía”, recoge uno de los audios que se aportan en la denuncia. Destaca también que se le sometió a una vigilancia “ilegal”, puesto que “no estaba inmerso en ninguna causa judicial y por tanto no podían existir órdenes de seguimiento autorizadas por algún juzgado”.

“Alicia Sánchez-Camacho tiene la pierna rota. San Martín va haciendo de las suyas”. Así se expresó en 2017 la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, en su comparecencia por la Operación Catalunya en el Parlament. Ambas mujeres habían pasado de compartir mesa, mantel y micrófono en el restaurante La Camarga a un enfrentamiento sin cuartel a cuenta de la autoría de la grabación. Nuevos audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo han puesto en la picota a Sánchez-Camacho (Blanes, 1967), a día de hoy senadora autonómica y diputada del PP en la Asamblea de Madrid tras ser rescatada por Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez-Camacho también forma parte del inagotable archivo sonoro de Villarejo. Como la mayor parte de interlocutores del comisario que no sabían que se les grababa, sale muy mal parada. Los audios, publicados por El Món, muestran que la exdirigente popular encargó a Villarejo investigaciones sin control judicial a varios políticos, empresarios y directivos de medios de comunicación. ElDiario.es ha pedido al grupo del PP en el Senado conocer la versión de Sánchez-Camacho, sin obtener respuesta.

La conversación entre Villarejo y Sánchez-Camacho se produjo en noviembre de 2012, en plena precampaña de las elecciones catalanas que Artur Mas decidió anticipar. La legislatura que terminaba había sido la de la luna de miel entre el PP de Sánchez-Camacho y el Govern de Mas. Sus votos permitieron aprobar los recortes con los que el líder convergente se presentaba ante Europa como alumno aventajado de la austeridad. La apuesta por el procés de Mas cambió las cosas. Se activaron los mecanismos del Estado –los previstos en la ley y los que no– para responder a la intentona soberanista.

En la reunión, Sánchez-Camacho pidió a Villarejo actuaciones contra el expresident, pero también contra dirigentes nada sospechosos de comulgar con el procés, como el exlíder de Unió Josep Antoni Duran i Lleida. Más que los políticos, una de las fijaciones de la líder del PP a lo largo de la charla fue el entonces director general de La Caixa Jaume Giró, a quien instó a investigar “pero ya”. Al no ubicar Villarejo a la víctima, la entonces líder del PP catalán le detalló que trabajaba en La Caixa y que era amigo de José Antich, en aquel momento director de 'La Vanguardia'.

“Ahora ya se ha vuelto totalmente independentista, y a mí me avisan para decirme que este tío [en referencia a Giró] está siendo ahora mismo el mecanismo, a través de su amistad íntima con Pepe Antich, que les está haciendo las encuestas en las que les dan a los convergentes 70 y 72 diputados, no los tienen”, aseveró Sánchez-Camacho. La Fiscalía de Barcelona ya investiga la denuncia de Giró contra Sánchez-Camacho y Villarejo, aunque previsiblemente las diligencias pasen a Madrid por la condición de aforada de la senadora del PP.

Sánchez-Camacho hizo el mismo viaje hasta la capital de España tras ver agotado su crédito en Catalunya. Nacida en Girona, una de las provincias más complicadas históricamente para el PP, estudió el bachillerato en el colegio vinculado al Opus Les Alzines y se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona. En la compleja vida orgánica del PP catalán, Sánchez-Camacho se encuadró en las filas de la familia liderada por Jorge Fernández Díaz, que con los años se convertiría en ministro del Interior y que hoy está procesado en la Audiencia Nacional por usar la brigada política para borrar pruebas de la corrupción del PP.

Todo empezó en La Camarga

Tras el tormentoso congreso de 2008, Sánchez-Camacho se hizo con las riendas del PP catalán, aupando a la formación hasta sus mejores resultados históricos en Catalunya con los 18 y 19 diputados que logró en los comicios al Parlament de 2010 y 2012. Las cosas empezaron a torcerse solo un año después: en junio de 2013 se hizo pública la grabación de la comida entre Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez celebrada un 7 de julio de 2010 –hace exactamente doce años– en el restaurante La Camarga, considerada el prólogo de la Operación Catalunya.

En un primer momento negó la conversación, pero Sánchez-Camacho terminó por suscribir un pacto de silencio y dinero. La líder del PP catalán renunció a demandar a la empresa de detectives Método 3 por la grabación a cambio de 80.000 euros. La Fiscalía rechazó el acuerdo ya que Método 3 no admitía explícitamente la autoría del espionaje, sino que solo reconocía que dos de sus exempleados fueron los que grabaron colocando un micrófono en un florero del restaurante. Pero el juez dio carpetazo al procedimiento civil. La causa penal terminó igual: en el archivo. Antes ambas mujeres se intercambiaron varios mensajes, desvelados por elDiario.es. “Aguanta, Vicky”, le pidió Sánchez-Camacho.

En su comparecencia ante el Parlament en 2017, Sánchez-Camacho, además de asegurar que no sabía que la grababan, explicó que fue Jorge Moragas, jefe gabinete de Rajoy, quien le puso en contactó con Álvarez. Pero restó trascendencia a las revelaciones de la mujer sobre los supuestos movimientos de dinero en efectivo de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra. “Yo he sido jueza sustituta y soy jurista, y esa información estaba llena de vaguedades. Le recomendé que denunciara, porque era ella quien debía hacerlo”, justificó al dirigente del PP.

Así ocurrió meses después. En el sumario del caso Pujol consta que la propia Álvarez cuenta que es Rafael Redondo, el socio del comisario Villarejo, quien la recoge en la estación de Atocha y la lleva a declarar a la sede de la UDEF. La versión de Álvarez es muy distinta. La exnovia de Pujol Ferrusola mantiene desde hace años que Sánchez-Camacho conocía que la grababan en La Camarga, y destaca que la actitud de la política a lo largo de la comida se dirigió únicamente a obtener información.

Cita con Villarejo

Los audios de la charla de Villarejo con Sánchez-Camacho también constatan que la dirigente del PP mintió en su comparecencia ante los diputados catalanes. Sin mandar a los diputados al psiquiatra como hizo Fernández Díaz, Sánchez-Camacho sí siguió la línea de su mentor político de negarlo todo en referencia a la Operación Catalunya. En realidad sí sabía cosas. Y muchas.

“Lo que dice usted de las cloacas, yo no sé a qué se refiere, porque yo no creo que en ningún caso se haya producido esta Operación Catalunya”, afeó Sánchez-Camacho a la diputada de la CUP Mireia Boya en 2017. Cinco años antes, según se oye en los audios, Sánchez-Camacho había dado a Villarejo el teléfono de Artur Mas y también había instado a investigar a otros empresarios y expolíticos como Carles Sumarroca o Enrique Lacalle, este último cercano al PP.

Ya en 2017 y antes de publicarse los audios de Villarejo, el Parlament no dio credibilidad a las tesis de Sánchez-Camacho. La Cámara catalana, en las conclusiones de la comisión de investigación de la Operación Catalunya, zanjó que tanto Moragas como Sánchez-Camacho “tenían conocimiento” de la Operación Catalunya. La Cámara catalana escribió así el epitafio político en la comunidad de Sánchez-Camacho, cuyo declive ya había empezado dos años antes, cuando abandonó el Parlament.

La dirigente del PP se centró desde entonces en su carrera como diputada en el Congreso, que no abandonó hasta 2019. El nuevo PP de Pablo Casado no la incluyó de nuevo en las listas de las elecciones, pero ahí apareció Isabel Díaz Ayuso para situarla en los puestos de salida de la candidatura 'popular' a la Comunidad de Madrid, repitiendo en los comicios de 2021. Alejada por completo del PP catalán que un día presidió, hoy los conservadores sufren para tener representación en el Parlament, y no son pocas las voces internas que piensan que en parte es consecuencia de los tejemanejes de Sánchez-Camacho.

JxSí impulsa una comissió d'investigació al Parlament sobre l''operació Catalunya', la trama dedicada a fabricar i exagerar casos de corrupció de polítics independentistes des d'instàncies polítiques i policials. El grup que sosté el Govern ha contraatacat així a la pretensió de Ciutadans, PSC i PP de crear una altra comissió sobre el cas Vidal, en què l'exsenador d'ERC va presumir que el Govern cometia il·legalitats per avançar cap a la independència.

El grup ha decidit crear aquesta comissió després de les últimes revelacions del diari Público, que indiquen que l'antiga líder del PP català i secretària primera del Congrés dels Diputats, Alícia Sánchez Camacho, seria una de les impulsores de la 'Operació Catalunya'.

Segons les noves gravacions d'àudio aparegudes, Sánchez Camacho, que al seu dia va ser gravada en una conversa amb Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, hauria estat qui va encarregar aquella gravació d'acord amb el cap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, tal i com va publicar eldiario.es.

Junts pel Sí vol que els dos passin pel Parlament català per explicar la seva participació en els fets. I, amb ells, persones com l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, els comissaris José Villarejo i Marcelino Martín Blas, o la pròpia vicepresidenta del Govern centrak, Soraya Sáenz de Santamaría.

Si bé la comissió d'investigació serà impulsada per JxSí, que disposa dels diputats suficients per crear-la pel seu compte, el grup convidarà a unir-s'hi a la CUP i CSQP, segons avança Rac1. Per la seva banda, la comissió del cas Vidal proposada per Ciutadans, PSC i PP també podria tirar endavant en complir amb el requisit de venir avalada per tres grups.

JxSí impulsa una comisión de investigación en el Parlament sobre la 'operación Cataluña', la trama dedicada a fabricar y exagerar casos de corrupción de políticos independentistas desde instancias políticas y policiales. El grupo que sostiene al Govern ha contraatacado así a la pretensión de Ciutadans, PSC y PP de crear otra comisión sobre el caso Vidal, en el que el ex senador de ERC alardeó de que el Govern cometía ilegalidades para avanzar hacia la independencia.

El grupo ha decidido crear esta comisión tras las últimas revelaciones del diario Público, que indican que la antigua líder del PP catalán y secretaria primera del Congreso de los Diputados, Alicia Sánchez Camacho, sería una de las impulsoras de la 'Operación Cataluña'.

Según las nuevas grabaciones de audio aparecidas, Sánchez Camacho, que en su día fue grabada en una conversación con Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, habría sido quien encargó aquella grabación de acuerdo con el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, tal como publicó eldiario.es.

Junts pel Sí quiere que ellos dos pasen por el Parlament catalán para explicar su participación en los hechos. Y, con ellos, personas como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, los comisarios José Villarejo y Marcelino Martín Blas, o la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Si bien la comisión de investigación será impulsada por JxSí, que dispone de los diputados suficientes para crearla por su cuenta, el grupo invitará a unirse a la CUP y CSQEP, según avanza Rac1. Por su parte, la comisión del caso Vidal propuesta por C's, PSC y PP también podría salir adelante al cumplir con el requisito de venir avalada por tres grupos.

Eladio Jareño va a ser el nuevo responsable de TVE, concretamente su director. El consejo de administración de la corporación pública fue convocado de urgencia el lunes para este martes por la mañana para votar su nombramiento. El nombramiento ha salido adelante gracias al voto de los consejeros nombrados por el PP, que son mayoría en el consejo. Jareño (Barcelona, 1958) era hasta ahora el responsable de TVE en Cataluña, adonde entró en 2014 de la mano del actual presidente de RTVE, José Antonio Sánchez. Ahora, dos años después, lo rescata y lo asciende a jefe nacional de la televisión pública para sustituir a José Ramón Díez, que dimitió el pasado 25 de febrero para explorar “nuevos horizontes profesionales”.

Jareño, además de tener relación con la televisión pública, tiene una estrecha relación con el Partido Popular en Cataluña. Ha sido director de comunicación allí con Alicia Sánchez Camacho, que lo fichó en 2008. Un año después añadió a su responsabilidad el cargo de coordinador de la presidencia del partido. Ha sido durante años la mano derecha de Camacho.

En 2014, actual presidente de RTVE lo rescata para la corporación pública y lo pone de director en Cataluña, adonde Jareño, por otra parte, ya había trabajado. Fue director de TVE en Cataluña entre 2003 y 2004. Y también director de programas infantiles, entre ellos, Los Lunnis.

Durante su mandato en TVE Cataluña, Jareño ha sido criticado por el Consejo de Informativos como publicó El Periódico, ya que “censuró la declaración en la Comisión sobre fraude y corrupción del Parlament de Catalunya del presidente de Metodo-3, Francisco Marco, en la que acusaba al entorno personal de Alicia Sánchez Camacho de haber contratado la grabación en el restaurante La Camarga de Barcelona durante una comida entre la líder del PP catalán y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez”.

Eladio Jareño inició su carrera profesional como responsable de imagen y comunicación de la seguridad olímipica en Barcelona 92, dependiendo del Ministerio del Interior. Después fue jefe de prensa del Gobernador Civil de Barcelona (1992-1996) y, una vez transformado el organismo en Delegación del Gobierno, hasta 2002, cuando se convirtió en jefe de Gabinete de la Delegación, a las órdenes de Julia García Valdecasas bajo el gobierno de José María Aznar.

El polémico nombramiento del exjefe de prensa de Alicia Sánchez Camacho (PP) para dirigir TVE en Cataluña ha terminado por explotar con la petición de cese y la denuncia de manipulación y censura para beneficiar los intereses de la política del PP. Así lo denuncia el Consejo de Informativos de TVE que solicita la cabeza de Eladio Jareño al que consideran responsable de un ejercicio de censura para beneficiar a su antigua jefa ante la opinión pública.

Segun nota de prensa difundica por TVE, “el pasado 13 de abril, Jareño censuró la declaración en el Parlament de Cataluña del presidente de Método 3, Francisco Marco, en la que acusaba a Alicia Sánchez Camacho de haber contratado la grabación en el restaurante La Camarga durante una comida entre la líder del PP y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez”.

Según la denuncia de los trabajadores “a causa de esta censura ni el telediario, ni el informativo territorial de Cataluña emitieron el corte de voz de Marco” en el que se acusaba a la dirigente del PP de haber encargado los trabajos de espionaje a la agencia de detectives. Según recogen en su nota “ ”el caso se ve agravado por el hecho de que el testimonio censurado se refería a un asunto que afectaba directamente a la líder del PP catalán, para la que Jarabo trabajó antes de incorporarse a la dirección catalana de RTVE“.

“No tengo nada que decir”

Eldiario.es se ha puesto en contacto con Eladio Jareño que no ha querido comentar la denuncia interpuesta contra él por el Consejo de Informativos. El director de TVE Cataluña se ha limitado a afirmar: “No tengo nada que decir”. Fuentes de la dirección de TVE han declarado a esta redacción que la decisión de no informar sobre las acusaciones contra Sánchez Camacho fue adoptada por los responsables de informativos y no por el director regional.

Además de una querella de la Fiscalía contra Artur Mas y parte de su Gobierno, Mariano Rajoy contesta a las aspiraciones de Cataluña de decidir su futuro en una consulta legal con un acto de partido, destinado a los votantes del PP y a calmar las críticas internas. Cuando ya habrán pasado 20 días desde que más de dos millones de catalanes expresaran su opinión sobre la independencia el 9-N, Génova y el PP catalán han decidido trasladar su convención municipal sobre buenas prácticas a la capital catalana, donde se reunirán los alcaldes del PP de toda España, para que la clausure el presidente del Gobierno.

La primera respuesta de Rajoy al referéndum que la suspensión del Tribunal Constitucional no logró evitar se hizo esperar. El presidente no abrió la boca hasta tres días después, cuando convocó a la prensa en Moncloa ante las numerosas críticas dentro y fuera de su partido por su silencio. Su reacción se limitó a repetir que no habrá ningún referéndum legal mientras él gobierne y en tachar de “absoluto fracaso” la consulta catalana.

Problemas de comunicación

“Tendré que explicar mejor que hasta ahora mis razones y argumentos”, confesó desde Australia el presidente un par de días más tarde, donde asistía a la cumbre del G-20. La frase sirvió para dejar claro que asumía la necesidad de anunciar un movimiento táctico aunque fuera para mejorar la comunicación. En Moncloa lo llaman hacer “más y mejor pedagogía”, pero para “insistir en lo mismo”, resumido en convencer de que el Gobierno también lo es de los catalanes y no “da la espalda” a los que más le preocupan, los que no fueron a votar.

Para incidir en el mensaje, se recuerda constantemente que los catalanes lo hubieran pasado mucho peor si el dinero no hubiera seguido fluyendo en forma de mecanismos de liquidez, planes de pagos o “planes de rescate” de cinco millones de euros como el que este viernes se aprobó para el Liceu. Y es precisamente de eso, de mejorar la financiación, de traspaso de nuevas competencias o de obras pendientes, de lo que Rajoy está dispuesto a hablar con Mas. Es lo que el Gobierno llama “las cosas del día a día y que preocupan a los catalanes”.

Líos de agenda

Que Rajoy visitara a Barcelona no fue fácil de cuadrar. Antes de que el avión del presidente hubiera tomado tierra, ya se había anunciado que Rajoy lo haría el sábado 22. Unas horas más tarde Carlos Floriano explicó en Génova a los periodistas que no estaba tan claro que pudiera ser así y que el próximo acto del partido sobre sus “buenas prácticas” municipales aún no estaba decidido dónde se celebraría. La idea inicial era hacerlo en Navarra.

Al día siguiente se había encontrado la solución: dejar el fin de semana libre que Rajoy quería mantener en su agenda y montar la convención municipal en Barcelona, para que la clausurara el sábado 29. De esta forma, el primer acto de “pedagogía” que busca convencer a los catalanes de que no se les da la espalda desde el Gobierno se ha quedado en un acto para militantes y votantes ya convencidos.

El segundo acto ideado por el PP para presumir de “buenas prácticas” contra la corrupción se centra, esta vez, en la labor del gobierno municipal. La anterior, dedicada a los gobiernos autonómicos, fue la celebrada en Cáceres. Los dirigentes del PP y los barones regionales contemplaron desolados cómo unas jornadas destinadas a ensalzar la regeneración volvían a girar sobre la corrupción. Los viajes a cuenta del Senado del presidente extremeño, José Antonio Monago, habían hecho que los planes del PP saltaran por los aires.

Esta vez será Alicia Sánchez-Camacho la anfitriona. La presidenta del PP catalán ha estado también en el centro de una polémica que provocó al anunciar antes de tiempo la querella de la Fiscalía contra Mas. El enfado por las prisas de Sánchez-Camacho al dar por hecha la actuación del fiscal se dio tanto dentro del PP como fuera de la formación.

“El ejército de Pancho Villa”

Varios dirigentes conservadores reconocieron su asombro al escuchar las palabras de Sánchez-Camacho. “Con esa descoordinación, hace que parezcamos el ejército de Pancho Villa”, se lamentaba un parlamentario al reconocer la injerencia. El propio Rajoy evitó después cualquier referencia a la metedura de pata de la dirigente y aseguró desconocer cuál sería la decisión final del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

La dirigente catalana se reunió este miércoles en Génova con Jorge Moragas, jefe de gabinete del presidente, Mª Dolores de Cospedal, los vicesecretarios y los portavoces parlamentarios para preparar la cita. La reunión sirvió además para que la misma anunciase que Rajoy no acepta la invitación informal del president Mas para reunirse aprovechando la visita. En palabras de Sánchez-Camacho, “no es el momento ni las formas” para una entrevista. La última vez que ambos se reunieron fue en julio.

La tensión que se vive entre sectores políticos catalanes y el gobierno central tiene traducción en el ámbito comunicativo. Eladio Jareño, que hasta ahora era el jefe de prensa de la presidenta del Partido Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ha sido nombrado nuevo director de TVE en Catalunya. El relieve sigue la estela en la dirección de la televisión pública española, donde Julio Samoano ha sido sustituido por José Antonio Álvarez Gundín, como jefe de informativos. Álvarez trabajaba también en los servicios de prensa del Partido Popular.

Jareño es un viejo conocido de la prensa catalana. Su carrera se ha hecho básicamente a la sombra del PP. Se estrenó como portavoz del área de seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona. También ha sido asesor de prensa del Gobernador Civil de Barcelona; director de comunicación de la Delegación del Gobierno central en Catalunya y director del gabinete de la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Martínez Peinado, trabajador del centro de Sant Cugat, recuerda la ejecutoria de Jareño cuando fue director de TVE en Catalunya. “En ese momento el responsable de informativos a nivel español era Urdaci y aquí la persona nombrada por Jareño siguió su misma línea”, dice.

Entre los periodistas de TVE en Catalunya hay malestar por las injerencias que desde la dirección se reciben en su tarea. Fuentes consultadas ponen un ejemplo de última hora. Todos los programas de gran formato que se han hecho sobre la problemática de la consulta en Catalunya en los últimos meses, como por ejemplo Informe Semanal, se han realizado directamente desde Madrid, sin contar con los periodistas catalanes. En este sentido se teme que el nombramiento del nuevo director implique un agravamiento del control de las informaciones para convertir el centro de Sant Cugat más en emisor de propaganda que en productor de información.

“Beligerante con la ciudadanía”

En 2003 fue propuesto para dirigir el centro de TVE en Catalunya, lo que suscitó en aquel momento una cierta polémica política por su vinculación al partido conservador español. En abril de 2003 el Consejo Asesor de RTVE en Catalunya, organismo consultivo pero no vinculante, rechazó el nombramiento de Jareño. Los consejeros de ERC, PSC e ICV mostraron su oposición a Jareño. Tras la reunión del organismo se emitió un comunicado en el que la mayoría de los consejeros consideraron que no era “oportuno ni adecuado” perfil profesional del periodista. Concretamente se afirmó que su persona no servía para gestionar una realidad tan compleja como la de RTVE en Catalunya, ni para garantizar en año de elecciones el pluralismo exigible a unos medios públicos “. El entonces diputado socialista, Antoni Poveda, remachó el clavo afirmando que Jareño, desde su cargo de jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno se había significado por ”ser beligerante con la ciudadanía“. En el consejo los votos favorables a Jareño fueron los del PP y los de CiU. Aquel era un momento de idilio político entre los conservadores españoles y catalanes.

Jareño fue sustituido como director de RTVE en Catalunya por Joan Tapia cuando cambió la mayoría parlamentaria estatal en 2004. Entonces fue nombrado director de programas infantiles de TVE, no en vano bajo su mandato se crearon los Lunnis, hasta que el año 2008 cuando volvió a la dirección de comunicación del PP en Catalunya.

El nombramiento de Jareño se produce con un momento delicado para el futuro de TVE en Catalunya. De hecho, hay convocadas por CCOO huelgas parciales el día 21. El sindicato denuncia que los informativos que se hacen desde Sant Cugat para la 1HD no llegan a la gente porque deberían hacerse en alta definición y las desconexiones no lo permiten.

Se quejan también los trabajadores de la disminución de producción propia, lo que implica una infrautilización de las unidades móviles y los platós del centro de TVE en Sant Cugat del Vallès. Esta situación es considerada como abandono por los trabajadores. Un ejemplo palmario es el pretendido cierre del servicio de comedor y cafetería plantea por la Dirección de la Corporación RTVE de Madrid, que comportaría graves perjuicios para la producción de informativos y para la producción de programas que se realizan desde el centro catalán. La tarea de producción de programas y de informativos desde Sant Cugat ha ido disminuyendo progresivamente. Ahora trabajan poco más de 600 personas cuando en su mejor momento había más de 1.500 trabajadores.

En la esfera de la libertad de información, Diego F. Martínez Peinado, secretario de Organización de la Sección Sindical estatal de CCOO en la Corporación RTVE Catalunya explica: “tanto los socialistas como los populares manipulan, aunque los socialistas lo hacen con más habilidad que los populares, que son más toscos”.

Una persona de plena confianza del PP se hace cargo de RTVE en Catalunya. Eladio Jareño pasó en 2003 de ser el jefe de prensa de la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, a la dirección de RTVE en San Cugat. Once años después, hace un recorrido similar, de nuevo de la mano de José Antonio Sánchez al frente de RTVE. En esta ocasión, el alto cargo del PP al que asesoraba hasta ahora Jareño como director de Comunicación era la presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho. Releva en el cargo a Ana María Bordas, quien pasa a ser la responsable de La 2.

Eladio Jareño (Barcelona, 1958) inició su carrera profesional como responsable de imagen y comunicación de la seguridad olímipica en Barcelona 92, dependiendo del Ministerio del Interior. Después, fue jefe de prensa del Gobernador Civil de Barcelona (1992-1996) y, una vez transformado el organismo en Delegación del Gobierno, hasta 2002, cuando se convirtió en jefe de Gabinete de la Delegación, a las órdenes de Julia García Valdecasas.

Desde allí, dio el salto a Sant Cugat, a cuyo frente estuvo entre 2003 y 2004.

Con la llegada del PSOE al Gobierno, que nombró a Joan Tapia, Jareño dejó la dirección de RTVE en Catalunya y pasó a ocupar la dirección de programas infantiles y juveniles hasta 2008 –época en la que se hicieron populares Los Lunnis–, momento en el que se incorpora al PP de Catalunya como director de comunicación y, desde 2009, también como coordinador de Presidencia.

Ahora, 11 años después de dejar la dirección de RTVE en Catalunya, vuelve al cargo; de nuevo, tras trabajar a las órdenes de un dirigente del PP; de nuevo, de la mano de José Antonio Sánchez al frente de RTVE.

La presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, quiso conocer a Victoria Álvarez con el propósito de recabar información privilegiada sobre la familia Pujol para “utilizarla contra Convergència”. Los whatsapp que se intercambian Sánchez Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola en 2012, y a los que ha tenido acceso eldiario.es, muestran la incredulidad de Álvarez cuando se entera por la prensa dos años más tarde que el almuerzo de La Camarga había sido una trampa y la habían manipulado.

“Aguanta Vicky”, teclea Sánchez Camacho el 19 de julio de 2012 cerca de la medianoche, al más puro estilo Rajoy con sus mensajes al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. La política catalana le escribe a Álvarez que “resistir es lo único que nos queda”, cuando todavía no se conoce por una denuncia de Método 3 que fue ella la que encargó la grabación a través de José Zaragoza, exsecretario del Organización del Partido Socialista Catalán.

Es Jorge Moragas –actual jefe de Gabinete del presidente del Gobierno– quién le puso en contacto con Sánchez Camacho por temas laborales. “Nos vimos un par de veces y en una de ellas me pregunta si yo he tenido una relación con el hijo de Jordi Pujol. A partir de ahí me empezó a preguntar, y quedamos otro día para comer con calma y ver si con alguna de mis empresas podría colaborar con el partido”, afirma Álvarez.

El almuerzo entre ambas el 7 de julio de 2010 transcurrió en un ambiente distendido, frente a un florero en el centro de la mesa, con una grabadora escondida, que recogió una conversación repleta de intimidades. Antes de saber que toda la comida era una trampa, firman un pacto de confidencialidad en un hotel a las diez de la noche para no hablar más de la conversación. Método 3 indemnizaría a Alicia Sánchez Camacho con 80.000 euros y a Álvarez con 50.000 euros.

En el intercambio de whatsapp a los que ha tenido acceso eldiario.es, se nota la incredulidad de Victoria Álvarez cada vez que conoce un detalle nuevo de la investigación del caso de espionaje, en el que incluso se plantea denunciar a Francisco Marco, dueño de Método 3, por la filtración. Así el 4 octubre de 2012 le escribe: “Alicia, no me gusta nada el cariz que está tomando esto. Que mails hay entre Método 3 y tú. Si no os conocías, porque dice El Mundo que has pactado conmigo”.

A lo que inmediatamente Sánchez Camacho le responde: “Pero que dices. Yo no tengo ningún mail con nadie y menos esta gente, que no conozco ni he visto en mi vida. Yo no he dicho nada de pactar contigo, dije en la radio que con los acuerdos se pactó una cláusula de confidencialidad. Lo que ponga la prensa y como lo interpreten es su problema”.

Victoria Álvarez aseguraba en una entrevista con eldiario.es que “la defiendo de una manera tremenda porque pienso que es una mala jugada que nos han hecho a las dos. Alicia me cuenta cada cosa, para ganar mi confianza… ¡Los políticos son tan prepotentes! ¡Como no les pasa nada! Alicia no ha querido comparecer en el Parlament –en junio de 2014-. Cuando te escondes, algo estás ocultando, y más siendo político”.

Ese mismo 4 de octubre, Álvarez le pregunta si sabe que el pacto secreto está en manos de un abogado “neutral”, y menciona a Martell. “Curiosamente Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, es el que custodia el famoso pacto secreto entre el PP y Método 3, porque existe una documentación que no les interesa que salga”, explica la mujer que se atrevió a denunciar ante la policía a Jordi Pujol Ferrusola.

El tono de los mensajes empieza a subir cuando la expareja del hijo mayor de Pujol descubre el montaje. “¿No será verdad lo que está saliendo en prensa? Que tú pactaste todo con Zaragoza. Te he defendido a muerte un año y todo esto me ha jodido mi vida y la de mi hijo”. A lo que Sánchez Camacho le contesta: “Oye Vicky, cada vez que repitan lo mismo los que quieran verme muerta políticamente, ¿vas a volver a lo mismo y a cuestionarlo?”. A lo que ella rebate: “He dado la cara por ti y me la están poniendo roja”.

“Cuando me entero de que Alicia está aliada con José Zaragoza -el único que dimitió por el caso de espionaje- y me han grabado para utilizarlo contra Convergència, le pido explicaciones. Sus respuestas fueron horrorosas, y ya no quiso quedar conmigo nunca más”.

En la actualidad hay una denuncia para conocer si el pacto secreto entre ella, el PP y Método 3 es válido o una falsificación documental. “Si fuera así, quedaría anulado el pacto de silencio, y me querellaría contra el PP, contra Alicia Sánchez Camacho y contra Método 3”.

La conversación de whatsapp entre la líder del PPC y Victoria Álvarez está en poder de la Oficina Antifrau de Catalunya y según denunció, “no llegó a la Audiencia Nacional, ni a la Fiscalía Anticorrupción, sino que estaba en manos de CiU”.

La redacción de eldiario.es ha intentado sin éxito comunicarse con Sánchez Camacho, sin poder recabar la versión de la presidenta del PPC.

También en el 2012, en plena campaña electoral catalana, Moragas, su antiguo compañero de colegio, alentaba por SMS a Victoria Álvarez para que concediera una “entrevista y lo contase todo” para salvar España.

Como cuenta Victoria Álvarez: “Si Alicia en vez de negarse a verme, me dice: ”Lo siento, te he grabado y ha terminado donde no debía“. No estaríamos en esta situación”.

Un florero indiscreto en el restaurante La Camarga, con una grabadora escondida, recogió una conversación repleta de intimidades entre la examante de Pujol Ferrusola y la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. Ahora Álvarez ha cursado una denuncia para saber si el pacto secreto entre ella, el PP y Método 3 es válido o una falsificación documental.

Todos la conocen por ser la examante de Jordi Pujol Jr. tras declarar ante la policía y por unas conversaciones en el restaurante La Camarga con Alicia Sánchez Camacho, ¿Cómo empieza todo?

A mí me llama un día una persona y me dice que es de presidencia del Gobierno y me quedo paralizada cuando me pregunta: “Has estado hablando mucho con gente del PP y no te han hecho mucho caso, ¿verdad? ¿Estás cabreada con el PP? ¿Nos podemos ver? Quiero hablar contigo...”. Y quedamos.

¿Quién es esa persona?

No lo puedo decir... Nos vemos en un restaurante y va directamente al grano: “¿Has estado saliendo con Jordi Pujol Jr.? ¿Recuerdas la comida en La Camarga con Alicia Sánchez Camacho?”. Y asiento a las dos preguntas. “Toda la conversación está grabada. Toda”. Empiezo a recordar y contesto: ¡Ostras, si duró casi tres horas y hablamos mucho! Y me cuenta que la grabación está en manos de periodistas y de la policía, que me convendría hacer una declaración, porque va a salir y me pueden acusar de cómplice. En ese momento, lo último que pensé es que Alicia tuviera algo que ver...

¿Se le va también la lengua a Alicia Sánchez Camacho?

¡Sí! Y la defiendo de una manera tremenda porque pienso que es una mala jugada que nos han hecho a las dos. Alicia me cuenta cada cosa, para ganar mi confianza... Y como comentan los de Método 3 que ella había encargado la grabación, creía que lo tenía todo bajo control... ¡Los políticos son tan prepotentes! ¡Como no les pasa nada! Alicia no ha querido comparecer en el Parlament. Cuando te escondes, algo estás ocultando, y más siendo político... Después de este encuentro, me llama la policía, y me dice: “Esto no es obligatorio, pero nos gustaría hablar con usted, ¿puede venir a Vía Laietana?”. Me niego porque si pongo un pie en la central de los Mossos, se entera Félix Puig, amigo íntimo de Jordi.

¿No le extraña como se ponen en contacto con usted?

No sé cuáles son los cauces normales. Hablo con mi hijo –que desde los 14 años me vio muy mal- y le explico todo y es contundente: “Tengo 18 años, si no lo haces tú, lo haré yo”. Y es cuando pienso, ¡por defender al hijo de... este! No me voy a pringar en ninguna historia. Faltaría más.

¿Viene a declarar a Madrid?

Me aconsejaron que fuera a la Audiencia Nacional. Así que me citaron en una comisaría enorme en Madrid (Comisaría General de Policía Judicial en Canillas). Te aseguro que si hubiera declarado en Barcelona, no he terminado y ya lo sabe todo el mundo. Al inspector le pido ser testigo protegido... Ahora me río, porque me dijeron que sí, pero era mentira.

Esa petición no está reflejada en la declaración que firmó.

Me dijeron: “¡No te preocupes, no va a salir de aquí! Hago la declaración, y al día siguiente me llama mi socio y me pregunta si he leído la prensa. ”Estás en todos los medios...“

¿No le extraña que la persona que le recoge en el AVE para llevarle a la Comisaría sea el abogado de Javier de la Rosa, empresario conocido por el escándalo del caso KIO?

¡No lo sabía! A mí me mandaron un coche, me acompaño, y yo no sé quién era, no le conocía de nada. Seguramente fui muy ingenua. Pero crees que en una movida de esta, se sabe cómo reaccionar realmente. Nunca he tenido ningún problema con la policía.

Al juez Ruz le reconoce que tiene “un miedo de narices”.

Mucho miedo, date cuenta que estoy siendo observada, seguida, grabada... ¡No sabía a qué atenerme! Le manda un escrito mi abogado al juez para que me pusieran protección, pero directamente se archivó.

En el restaurante La Camarga, le cuenta a Alicia Sánchez Camacho que ha tenido una relación con el hijo de Jordi Pujol y que se lo confiesa a ella “porque le cae de coña”.

Alicia es una metralleta hablando, no para de hacer preguntas, y piensas que se lo estás contando con una confianza absoluta... Tiene ella la gran suerte de que ese día venía del despacho de Jordi por un negocio en México, de unos proyectos de unas hidroeléctricas que buscaban financiación y Jordi no me quería pagar mi porcentaje por la intermediación. Se fue del despacho y me dejo allí tirada. Tenía un mosqueo monumental y me desahogué más de la cuenta.

¿Incluso le pregunta si puede “camelar” a la secretaría de Jordi Pujol Jr.?

Como le dije que la secretaria de Jordi lo sabe todo, en su obsesión de ir contra Convergència, me preguntó si era fácil de engatusarla para obtener información.

¿Firma el pacto de silencio con Método 3 antes de saber quién encargo la grabación?

¡Claro! Habíamos firmado dos pactos antes de que Método 3 dijera que ella era la que encargo la grabación de La Camarga. Un día me llaman para avisarme de que tenía que ir a un hotel a las diez de la noche, por lo visto Método 3 tenía documentación que al PP no le interesaba que saliera. Firmamos nosotras por la conversación, y hubo otro pacto secreto entre el PP y Método 3, que custodia un abogado.

La Policía ha emitido un informe que asegura que el cliente fue José Zaragoza, exsecretario de Organización del PSC.

José Zaragoza encarga la grabación, parece ser y según Método 3, mandado por Alicia, porque ella dice que no conoce a ningún detective. Y hay dos detalles muy curiosos: Método 3 paga la comida y los guardaespaldas de Alicia, que miran absolutamente todo, tampoco vieron el florero con la grabadora oculta.

¿Le han pagado los 50.000 euros por los que no puede contar detalles de la conversación en La Camarga?

No, no me han pagado. He pedido las pólizas de seguro para ver si está todo en regla. En estos momentos, tengo una denuncia contra Método 3 y las compañías de seguros y estoy a la espera que me respondan para ver si el pacto es válido o es una falsificación documental. Si fuera así, quedaría anulado el pacto de silencio, y me querellaría contra el PP, contra Alicia Sánchez Camacho y contra Método 3.

¿Se ha puesto de nuevo en contacto con usted alguien del PP?

Desde que firmé el pacto de silencio, no he vuelto a tener noticias del Partido Popular. No entiendo nada, me dice mi abogado, te paga el PP directamente y se ha cerrado la historia. Si Alicia en vez de negarse a verme, me dice: “Lo siento, te he grabado y ha terminado donde no debía”. No estaríamos en esta situación.

¿Es Jorge Moragas, jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, quien le presenta a Alicia Sánchez Camacho?

Sí. Con Jorge tengo una relación de amistad desde el colegio. Un día le pregunté quién era esta chica, que se había convertido en la presidenta del PP de Catalunya y qué había pasado con Montserrat Nebrera. Jorge queda en presentármela, y hablamos de una posible colaboración con el partido.

¿A Jorge Moragas le había contado algo de su relación con Jordi Pujor Jr.?

Sabía lo justo. Y no me pongo en contacto con Alicia para contarle mi historia con Jordi, sino para ver si puedo colaborar en la campaña electoral del PP con mi empresa de telecomunicaciones. Es ella la que me pregunta constantemente. Jorge es buena persona, muy noble, saldrá de política si no se ha transformado. Seguimos en contacto. Cuando me entraron en casa a robarme, me mandó un mensaje. Y le dije, la que tendría que estar preocupada es Alicia, porque en los ordenadores había documentación que le puede hacer mucho daño.

¿Qué tipo de documentación?

Tengo que tener mucho cuidado, para que al final no me arrastre a mí. Documentación de temas políticos y todos los mensajes que nos hemos cruzado con muchos datos.

¿Jorge Moragas está al tanto de la información de la conversación de La Camarga?

Me imagino que en estos momentos ya la ha escuchado entera.

¿Y del pacto con Método 3?

No lo sé. Pero el que sí está al tanto de la grabación de la conversación es Jorge Fernández Díaz, que quita los Mossos d'Esquadra y pone a la Policía Nacional para entrar a las oficinas de Método 3 y arrasar con todo.

Si hay un pacto en el mismo día entre ustedes y Método 3 y Método 3 y el PP, ¿el PP a nivel nacional conoce el contenido del pacto?

Parece evidente que sí sabían la letra pequeña del pacto.

Desde el resultado de las elecciones europeas, Alicia Sánchez Camacho parece estar desaparecida.

No me extraña. Yo de ella estaría buscando apartamento en el Polo Norte.

Hace unas semanas en el Parlament, pidieron su dimisión por el escándalo de Método 3, pero no ha prosperado.

Sí, pidieron la dimisión como senadora, y como está aforada... ¡En este país no prospera nada contra un político!

¿Cree que Alicia Sánchez Camacho está protegida por el PP?

Es evidente.

Si supuestamente es ella la que encargó la grabación, ¿por qué el PP la sigue defendiendo?

Porque en esa grabación no sólo hablé yo. Alicia se despacha a gusto de muchos de sus compañeros de partido. Estoy segura de que a más de uno le da algo si el contenido se hace público. Si se rompe el pacto de silencio, quiero contar toda la conversación con todos los detalles. Porque todos conocen mi historia y lo que cuenta Alicia se ha silenciado.

¿Sigue teniendo el apoyo de Jorge Moragas?

Jorge Moragas, a pesar de tener la prensa en la puerta de mi casa, ha venido a verme. Le estuve contando todo y le dije: “Jorge, a mí lo que me preocupa es la conversación. Es un tema político de envergadura”. Presuntamente Alicia también engaño a Jorge. Le juro y perjuro que no tenía nada que ver con la grabación.

¿Le ha dicho un político del PP que tenía que contar todo lo que sabe de Jordi Pujol Jr. porque así salvaba a España?

Sí. Pero no te puedo decir quién.

¿Su relación con Jordi Pujol Jr. cae en picado después de ver la mochila llena de billetes de 500 euros en Andorra?

Para mí sí. No sólo fue eso, también me entero que sigue casado. Pero él no lo entendió, y siguió buscándome y presionándome... No se dio cuenta de que todo había terminado.

¿Le empieza a hacer preguntas de todo lo que había visto en los dos últimos años?

Tuvimos un par de años estupendos, hasta que empiezo a preguntar. “Antes, ¡qué iba a preguntar! En una relación no vas preguntando tanta cosa. Le dije: ”¡Mira Jordi, no sé en qué estás metido!“. Y se une que estaba cada vez más asustada por sus cambios de carácter. Aparecía de noche, a las tantas, pegando berridos... Se enteraba todo el vecindario, porque aparecía con esos cochazos fantásticos, derrapando por un camino de tierra... Hasta que le dije que le iba a denunciar.

¿No daba por terminada su relación?

Recuerdo el día antes de la boda de su hija, él ahora lo niega, pero sucedió así. Estaba cenando con unas amigas y me vio... Cuando me volvía a casa en moto, se puso a mi lado en un semáforo. “¡Hola! Quiero hablar contigo, quiero volver...”. Acelero y cuando llego a casa, él ya estaba allí esperándome, y me cuenta que su hija se casa al día siguiente a las nueve de la mañana, y que él también se quería casar conmigo. Le conteste, son las cinco de la madrugada, tu hija se casa dentro de cuatro horas... ¡Quieres largarte de mi casa!

¿A Jordi Pujol Jr. le hablaba claro?

¡Por supuesto! Y le decía: “¿No tienes bastante? ¡Vale ya! Tienes 54 años, relájate un poquito, empieza a disfrutar, que tienes mucha pasta...”. No saben qué hacer. No tienen amigos. Y tratan a Catalunya como si fuera suya. Hablas con ellos, y es como si fuera su finca. Les he llegado a decir, ¿sois conscientes de que nos vamos a la mierda, si nos hacemos independientes? Y se ríen.

Por cierto, ¿cómo va la investigación por el robo que sufrió a finales de abril? ¿Hay alguna pista?

Sí. La Policía Nacional está muy interesada en resolver la investigación. No hay día que no hable con ellos.

El PP es el único partido partido europeo de gobierno que aún no tiene cabeza de cartel para el próximo 25 de mayo. La situación es insólita porque, aún sin candidato para el número uno de la lista ni confirmación del resto de integrantes, el PP se lanza igualmente a la precampaña de las elecciones europeas este fin de semana. La espera de que Mariano Rajoy anuncie la designación o acote al menos el plazo para hacerla pública mantiene inquietos a muchos dirigentes del partido, que no saben cómo justificar el retraso.

Este sábado se celebran las dos primeras convenciones autonómicas pensadas para que cada comunidad debata sobre los ejes que luego formarán el programa electoral definitivo y que ya se esbozaba en el manifiesto electoral aprobado en la convención nacional de Valladolid. El objetivo, según Mª Dolores de Cospedal, es “regionalizarlo” en 19 versiones para demostrar a los votantes de cada territorio de que la formación del nuevo Parlamento europeo no les queda ajenos. Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha son las tres primeras autonomías. Seguirán Madrid, Cataluña y Galicia hasta que se fije el calendario para las demás. Génova mantiene que no está previsto que en ninguno de estos actos participe el candidato o candidata que encabece la lista.

El PP insiste así en su lema de “la Europa de las personas” aunque aún no haya difundido el nombre de las escogidas para defender ese eslogan. La elección debe aprobarse formalmente en el comité electoral que preside Alicia Sánchez Camacho, uno de los nombres que se ha incorporado recientemente a las quinielas al trascender que ha recibido la oferta para marcharse a Bruselas y dejar el PP catalán en otras manos. Desde allí, Sánchez Camacho seguiría liderando la oposición a los deseos independentistas de la Generalitat.

La alternativa más probable para encabezar la lista sigue siendo Miguel Arias Cañete, aunque optar al puesto de comisario no requiere que vaya en las listas como candidato, por lo que el número uno no tiene por qué ser el titular de Agricultura. Junto al suyo, suenan otros en las apuestas. Es el caso de la ministra de Fomento, Ana Pastor, considerada una de las dirigentes del PP más fieles al presidente del Gobierno, y Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

El nombre de Esteban González Pons también ha salido a relucir, pero el vicesecretario de Estudios y Programas del PP se apresuró a descartarse y a desmentir que en Génova se llegase a hablar de su candidatura de manera formal. Por el momento, la única nueva cara confirmada es la de Ramón Luis Valcárcel, el presidente de Murcia, que ya ha propuesto el nombre de su número dos para relevarlo en el Gobierno autonómico.

Más que el secretismo, lo que tiene descolocados a los dirigentes del PP es no saber los plazos del anuncio, más allá de que la lista debe estar cerrada para el próximo 17 de abril como tope, en plenas vacaciones de Semana Santa. Hasta ahora, los conservadores viven cada aplazamiento con angustia porque se ven incapaces de explicar cuál es el motivo del retraso. “Es difícil que se entienda por qué no tenemos un argumento más allá de cómo es Rajoy y de que nadie conoce lo que tiene en la cabeza”, reconoce un diputado próximo a la cúpula del PP.

El hecho de que Cospedal se negara en banda a explicarlo y ni siquiera admitiera lo extraño de la situación hizo que la rueda de prensa fuera objeto de bromas en los pasillos del Congreso al día siguiente. “Si hay que ir se va, pero ir pa ná es tontería”, decía entre risas el miércoles uno de los convocados a la reunión que había cogido un avión a primera hora para llegar puntual a la sede del PP.

Si los asistentes al Comité Ejecutivo Nacional del pasado lunes salieron igual que habían entrado, lo mismo ocurrió con los presidentes provinciales, a los que Rajoy convocó al día siguiente. En esa reunión, el coordinador de campaña del PP de Badajoz, Juan Antonio Morales, se atrevió a preguntarlo directamente: “¿Cuándo vamos a conocer el candidato del PP?”. Le sirvió de poco. Todo lo que sacó de la respuesta de Rajoy es que sería “pronto”. En cuanto a las características del elegido, el presidente avanzó que sería “representativo del partido” y que esperaba que su decisión fuera “del gusto de todos”.