La oposición vuelve a aliarse en València y plantea una ofensiva contra los apartamentos turísticos. Justo el día en el que se aprueba en comisión la nueva ordenanza turística, que el PP defiende como una forma de 'blindar' la ciudad, Compromís y el PSPV presentan varias mociones para limitar la construcción de nuevos apartamentos turísticos y reclamar un estudio sobre la tasa turística.

Los grupos han presentado una moción conjunta para debatir en el próximo pleno sobre la isla de pisos turísticos que se proyecta en Russafa, a fin de “defender al vecindario y poner límites a las políticas del gobierno de PP y Vox que están expulsando a los vecinos y vecinas de la ciudad”. Aformaciones han advertido de que el proyecto de una colmena de apartamentos turísticos es “un ejemplo claro del modelo que está impulsando el gobierno de Catalá: más presión turística y menos ciudad para el vecindario”. “Hay alternativas y hay herramientas para frenar estos proyectos, pero el problema es que no hay voluntad política. El gobierno ha decidido mirar hacia otro lado mientras los barrios se tensionan y el vecindario es expulsado”, han denunciado Papi Robles y Borja Sanjuan, portavoces de Compromís y el PSPV.

La moción hace referencia a un proyecto turístico en marcha, al que los vecinos de un barrio hasta arriba de plazas para visitantes se oponen firmemente. Incluso han convocado este sábado una protesta en el barrio para hacer más evidente su rechazo. La empresa Puerto Rico Project 2022 adquirió hace cuatro años una nave abandonada incrustada en el patio interior de una manzana rodeada por las calles Puerto Rico, Pintor Gisbert, Cuba y Filipinas en la que pretende construir 34 minipisos turísticos de entre 29 y 33 metros cuadrados de superficie útil, además de 66 plazas de aparcamiento en un sótano de dos plantas.

Según Virginia Fuentes, una de las portavoces del movimiento vecinal, “la dinámica de ciudad neoliberal pone todos sus recursos, espacios y bienes subordinados a la especulación y al interés económico, donde los intereses del vecindario, su calidad de vida y su derecho a vivir pasan a un segundo o tercer plano”. Y es esta dinámica la que provoca “unos impactos terribles en su población, que cada vez encuentra más difícil poder habitarlo”. En definitiva, “la invasión de apartamentos turísticos en la ciudad transforma los barrios en escaparates que nos expulsan de nuestras casas y deterioran el tejido vecinal, así como las identidades de barrio”, denuncia.

Este miércoles, el PP también ha rechazado en la Comisión de Hacienda aprobar un informe sobre la tasa turística, planteado por el PSPV. Este nuevo rechazo a la tasa turística se ha producido en la comisión de Hacienda, donde el PP ha presentado una alternativa a la moción que habían presentado los socialistas para recuperar la tasa turística, aprobada por los partidos del Pacto del Botánico en las Corts en 2022 y derogada un año después por el PP y Vox.

Sólo durante los 31 días que componen el mes de julio, Barcelona recibió 6,8 millones de turistas. Eso son cuatro veces más personas que las que viven en la ciudad. Julio siempre es, por excelencia, el mes en que la capital catalana recibe más visitantes y este año, para sorpresa de nadie, ha vuelto a marcar un nuevo récord.

Barcelona sigue siendo, por bastante margen, la ciudad más visitada de España. Y eso se nota en sus calles. elDiario.es ha analizado los datos de todos los hoteles, hostales y pisos turísticos –al menos de los que tienen licencia registrada y operan de manera legal– para dibujar este mapa de la masificación turística en la capital catalana.

En total, en Barcelona –de nuevo, operando de forma legal– hay 445 hoteles, 243 hostales y 8.233 pisos turísticos. La cifra de las dos primeras tipologías de alojamiento es bastante estable desde hace años. Sobre todo debido a la moratoria que Ada Colau aprobó en 2015, justo cuando se estrenó en la alcaldía, por la cual quedaba paralizada la concesión de licencias para proyectar nuevos hoteles en la capital catalana.

Ese pacto puso las bases del Plan Urbanístico (PEUAT) que reguló definitivamente la apertura de hoteles y hostales en la ciudad y, directamente, prohibió la apertura de nuevas plazas en gran parte de la ciudad.

Aquella decisión frenó 35 proyectos que estaban tramitando la licencia –y que hoy se han convertido en oficinas, apartamentos de lujo y alquileres de temporada, según descubrió una investigación de elDiario.es. Pero además de eso, hubo muchas compañías hoteleras que decidieron buscar otros destinos para ampliar su oferta.

La idea era evitar que hubiera una concentración alta de hoteles en un mismo barrio o zona que la gentrificara y expulsara a los vecinos. Pero, con todo, en Barcelona hay manzanas, como las que rodean la plaza Universitat, en las que se pueden llegar a contar hasta seis hoteles.

Lo mismo sucede con los pisos turísticos. Si la guerra de Colau fue contra los hoteles, la de Collboni es contra los apartamentos para turistas. Esta modalidad de alojamiento ha causado diversas protestas vecinales por sus externalidades negativas. Además, al estar en un mercado diferente al de la vivienda, no hay ninguna ley que limite sus precios.

Por eso, de un tiempo a esta parte, muchos multipropietarios, así como hijos y nietos de las rentas más pudientes, han decidido dedicar sus fincas al alquiler turístico. Esto se ha traducido que en barrios como el Eixample haya tal concentración de pisos turísticos hasta llegar al punto de que, en ocasiones, sólo resiste un único vecino en toda una finca.

Por ello –y porque el piso turístico le estaba comiendo parte del mercado al hotel, un sector con el que el alcalde quiere congraciarse– Collboni ha declarado la guerra a estos alojamientos. El verano pasado anunció que su intención era cerrar los 10.000 que operaban en la ciudad antes de acabar su mandato. En sólo un año ha clausurado el 20% de ellos.

El consistorio no renovará ninguna licencia pero, tal como reconoce, el problema lo tienen con los pisos ilegales. Los cifran en unos 800; es decir, un 10% del total. Y temen que la cifra pueda crecer a medida que los legales vayan cerrando. Por eso, el Ayuntamiento se encuentra en medio de una campaña de inspecciones que, por otro lado, ya ha recaudado casi 300.000 euros en pocos meses.

El objetivo es que, en unos años, quien quiera venir a Barcelona, deba alojarse sí o sí en un hotel. Esta es una medida que el sector hotelero espera como agua de mayo porque, en una ciudad que ha registrado los precios por habitación más caros de su historia, los visitantes tienden a optar por opciones más baratas, tal como muestra la encuesta del sector hotelero publicada por el INE.

Barcelona está dando un giro diametralmente opuesto al del resto de Catalunya, donde este verano han llegado menos turistas, pero han gastado más dinero y se han decantado más por hoteles que por otras opciones. En cambio, siguen llegando más visitantes a la capital, que gastan menos y que rehúyen de las opciones más caras. De hecho, respecto a julio de 2024, en Barcelona ha habido un 6% más de turistas, pero las pernoctas en hoteles han caído un 1,1%.

Esto contrasta con la estrategia del Ayuntamiento de Collboni para solucionar la crisis que vive la ciudad con el turismo que, según palabras del alcalde, “ha llegado al límite”. Para evitar la masificación, el consistorio hace un par de años que quiere promover el “turismo de calidad”.

En esta línea se entiende la apuesta por los grandes eventos deportivos, como la Copa América o La Vuelta, por ejemplo. Y no es casualidad que justo este verano Barcelona haya escalado hasta el segundo puesto del TOP10 de mejores ciudades del mundo para el turismo de lujo, según el ranking de la elitista agencia de viajes Virtuoso.

A pesar de la apuesta por situar a Barcelona como el paraíso del lujo, el gasto por día que hace cada turista en la capital catalana no ha aumentado: la cifra lleva dos años estancada en los 99 euros, mientras que en el resto de Catalunya ha crecido un 4,3% para escalar hasta los 229 euros diarios. Esto se explica porque, ante los altos precios, muchos visitantes están empezando a alojarse en ciudades colindantes como L'Hospitalet y a escoger opciones más baratas.

Aunque esté perdiendo popularidad, el hotel sigue siendo la opción preferente del extranjero (el 87% de sus huéspedes son nacidos fuera de España) y la gran mayoría de ellos optan por hoteles de 4 estrellas. Así, los de 5 o más son la opción menos popular de toda la oferta en la capital catalana.

Todo ello a pesar de que los alojamientos de lujo y gran lujo han aumentado un 50% en la última década, pasando de las 8.600 camas a las 13.200. De hecho, actualmente las opciones de élite suman el 8,6% de la oferta, pero suponen menos del 6% de las reservas.

Cabe destacar que la mayoría de estos hoteles de lujo se encuentran concentrados en dos distritos: el de Les Corts y el de Sant Martí, donde suponen más de la mitad de toda la oferta. Les Corts, cuya única atracción turística es el Camp Nou, es el segundo distrito con la renta más alta de la ciudad.

Y, si bien en Sant Martí se concentran diversos barrios de rentas bajas y tradición trabajadora, también es la principal entrada al mar de la ciudad y contiene algunas de las calles más caras de Barcelona. También son, con mucho, los distritos en los que hay menos pisos turísticos y ningún –o casi ningún– hostal.

En los hoteles, como ya se ha visto, el huésped principal es el extranjero. Sobre todo el estadounidense, que ya se ha convertido en el principal de Barcelona. Sólo esta nacionalidad llega a superar por si sola el número total de turistas españoles que se alojan en la ciudad.

La presencia de estadounidenses lleva años creciendo en Barcelona, tanto que están quitando protagonismo a los europeos más cercanos, como franceses, italianos, alemanes o ingleses, que eran quienes más la frecuentaban.

De hecho, tal como muestra la estancia media de 3,15 días, la capital catalana era un destino de escapada. Y, además, recurrente: más de la mitad de los turistas ya habían venido antes. Pero esto puede empezar a cambiar si americanos y asiáticos toman el relevo de los europeos. Según las estadísticas, estos gastan unas tres veces más que la media y están el doble de días que el resto de viajeros.

En Barcelona hay, a día de hoy, 800 pisos turísticos ilegales. Es decir, el 8% del total, según datos del Ayuntamiento, que se encuentra en plena batalla contra esta actividad. Tanto que solo hasta abril de 2025 ha realizado 3.200 inspecciones, incoado 633 expedientes, iniciado 213 sanciones e impuesto 330 órdenes de cese.

Barcelona es la segunda ciudad española, solo superada por Madrid, con más pisos turísticos a pesar de que la cifra no ha dejado de bajar en los últimos años: en 2020 el peso de los alojamientos pensados para visitantes sobre el número total de viviendas era el doble.

Esto es así porque la capital catalana inició en 2017 una campaña contra las residencias turísticas ilegales. Fue una de las batallas insignia de Ada Colau y el actual alcalde Jaume Collboni le ha tomado el relevo, siendo esta prácticamente la única política de su antecesora a la que ha dado continuidad. Así, en estos ocho años, se han cerrado más de 15.000 anuncios en plataformas como Airbnb y se han incoado más de 11.500 expedientes.

Pero, ¿cómo se encuentran estas viviendas? Este es el trabajo de la Dirección de Servicios de Inspección (DSI), un departamento del consistorio que cuenta con un equipo informático y más de 30 técnicos dedicados a buscar en las entrañas de estas webs pisos que se saltan la legalidad.

Lo hacen a través de una spiderweb que ha desarrollado la DSI. Se denomina así a los programas informáticos que inspeccionan páginas de manera metódica y organizada y que permiten extraer bases de datos. Y eso es lo que hace este sistema con las decenas de miles de anuncios de pisos turísticos que hay en Barcelona.

Se trata de una tarea minuciosa que va más allá de comprobar si los anuncios cuentan con licencia o no, que es lo que rastrean diversas webs como Inside Airbnb, una página norteamericana que da una aproximación de cuántos pisos ilegales hay en diversas ciudades del mundo. Pero desde el consistorio alertan de que hay que ser “más cuidadoso” si lo que se quiere es incoar expedientes administrativos que permitan cerrar alojamientos.

Porque aunque un piso anunciado no adjunte la licencia, no significa necesariamente que sea ilegal. Porque puede ser que la tenga activa, pero no la haya subido al anuncio. O también puede ser que se esté ofertando como alquiler de temporada -una modalidad cada vez más frecuente en plataformas como Airbnb y para la cual no hace falta licencia.

Así que el programa debe rastrear también los calendarios de disponibilidad y ver de qué tipo de oferta se trata. A veces, pueden pasar meses hasta que una sospecha se confirma. En algunos casos, han debido de esperar hasta eventos como el Mobile World Congress, la Copa América el Primavera Sound, a raíz de los cuales el propietario aprovecha para usar su piso como alojamiento turístico sin tener licencia. Y, en el momento en el que lo activa en la web, la ‘araña’ lo detecta.

Pero el trabajo no acaba aquí. Porque plataformas como Airbnb -que copa el 90% de la oferta en Barcelona- no “colaboran”, tal como aseguran desde el consistorio. Por un lado, no comprueba la identidad de las personas que se anuncian, con lo que se dificulta la tarea de encontrar a los posibles infractores. “Una vez, encontramos a un anunciante que se llamaba James Bond, cuyo DNI era 00000007”, explican desde el DSI.

Además, tampoco publica la dirección exacta del alojamiento en los anuncios y, no se puede incoar un expediente sin la dirección. Así que, una vez se detecta una posible ilegalidad, el algoritmo se aparca y debe entrar en juego la inteligencia humana.

Son una treintena de técnicos que se dedican a entrar “anuncio por anuncio” para verificar los datos y mirar los comentarios en busca de si se menciona la proximidad a la playa, alguna parada de metro o restaurante en concreto. También inspeccionan las fotografías, fijándose en las ventanas y fachadas, para intentar ubicar el piso en una zona de la ciudad. Con suerte, en alguna calle en específico. Y entonces toca salir del despacho y rastrear.

Cuando sienten que ya se están acercando y sospechan que han encontrado el portal, preguntan a los vecinos, que suelen mostrarse “muy colaboradores” con los inspectores, debido a las molestias que acostumbran a causar los pisos turísticos. De hecho, las quejas de los vecinos son otra de las herramientas que tiene el consistorio para encontrar alojamientos ilegales.

Airbnb, en el punto de mira

Según explican desde esta Dirección a elDiario.es, en la capital catalana hay unas 28.000 ofertas activas -20.000 de las cuales son de Airbnb-. Cada mes, entre altas y bajas, se cuentan unos 2.500 anuncios nuevos y, de entre ellos, se detectan entre 300 y 400 ofertas ilegales.

La mayoría de plataformas reaccionan “rápido” y desactivan los pisos ilegales “en menos de 24 horas”. Booking es la que más se ha comprometido, llegando a crear un canal de comunicación directo con las administraciones para que puedan comunicar anuncios ilegales y hasta han contratado una persona que solo trabaja para Barcelona. Pero el peso de plataformas como Booking y sus 3.000 anuncios en Barcelona es nimio. “En Airbnb encontramos 10 veces más ilegalidad que en otras empresas”, afirman desde el consistorio.

Por eso, cuando el Ayuntamiento inició su campaña contra las viviendas turísticas ilegales, en 2017, supo que debía intentar cooperar con la compañía americana. Así que un año después firmó dos convenios. Uno, por el cual tenían acceso a los datos de la plataforma -aunque cuando descubrieron a James Bond supieron que “no servían de nada”- y otro por el cual la empresa se comprometía a cerrar los anuncios ilegales en un plazo de entre 5 y 10 días previa notificación postal.

Esto funcionó bien hasta esta semana santa de este año. Ese mes, el Ayuntamiento realizó la comunicación como de costumbre, pero la plataforma todavía no ha cerrado esos anuncios. Este cambio de actitud se da pocos meses después de que el Gobierno anunciara que abría un expediente sancionador contra la empresa precisamente por negarse a cerrar anuncios ilegales.

Por su parte, el Ayuntamiento comprende que Airbnb ha “roto la colaboración” con Barcelona y estudia emprender acciones legales contra la plataforma. “Que hayan roto la colaboración con el Ayuntamiento es inaceptable. Airbnb opta por proteger a los infractores”, ha apuntado, en declaraciones a elDiario.es, la teniente de alcalde Laia Bonet.

Por su parte, Airbnb ha contestado al consistorio asegurando que “no ha cambiado sus políticas y sigue atendiendo las solicitudes para eliminar aquellos anuncios que no cumplen con la normativa”. Pero sostienen que el Ayuntamiento aplicó una metodología “indiscriminada” por la cual habría requerido la eliminación de anuncios de pisos que no requerían licencia, como ofertas de alquiler de temporada.

La compañía ha explicado que su intención es “mantener la colaboración”, pero alerta de que se demorará en eliminar los anuncios porque quiere “asegurar la toma de decisiones adecuada”. Por su lado, el Ayuntamiento asegura que estará pendiente de Airbnb. “No retrocederemos en la lucha contra la actividad ilegal, que hasta ahora ha permitido recuperar más de 3.900 viviendas para uso habitual”, ha añadido Bonet.

Se refiere a los pisos que, tras haber sido detectados como ilegales en el mercado turístico, han pasado a ser de alquiler. Esta es una opción a la que se acogieron muchos propietarios durante los años más afectados por la pandemia, coincidiendo con las temporadas turísticas más bajas. Ahora bien, que una vivienda saliera de Airbnb en su momento no significa que no haya podido volver en un futuro, tal como alertan fuentes del consistorio.

Los trucos de las “mafias”

Después de casi 10 años de campañas, las plataformas y los usuarios han reaccionado con suficiente diligencia como para que solo fuera necesario imponer dos sanciones, ambas a Airbnb: una de 30.000 euros y otra de 600.000. Esa fue en 2016, antes de firmarse el convenio, y todavía sigue en los tribunales.

Pero ahora, según el consistorio, el verdadero reto son los multiinfractores. Suelen ser personas coordinadas que alquilan diversos pisos y publican grupos de anuncios de manera organizada. Así, no solo tienen ofertas ilegales, sino que, además, también estafan a los propietarios de las viviendas. Actualmente, hay activas 26 redes de este tipo, a las que el consistorio llama “mafias”. Hace dos años eran 38.

Estos infractores tienen diversas maneras de operar: pueden poner diversos anuncios para el mismo piso en la misma plataforma. También pueden intentar esquivar las inspecciones municipales mintiendo sobre la dirección de la vivienda y luego enviándole directamente al cliente vía mensaje privado la dirección correcta.

También suelen realizar obras ilegales -sin el conocimiento de los propietarios- para generar más habitaciones en un solo piso para poder meter a más gente dentro. Con esto, las viviendas pueden llegar a perder la cédula de habitabilidad, así que la falta de licencia turística no es la única ilegalidad. Igualmente, suelen ofertar alquiler de habitaciones turísticas, práctica que está prohibida en Barcelona desde 2022 y que solo pueden llevar a cabo los hostales acreditados con su debida licencia.

Las casuísticas y las posibilidades de saltarse la normativa son muchas. Por eso, desde la DSI del Ayuntamiento explican que el trabajo que realizan es “complicado, pero necesario” para evitar volver a las cifras de 2017. En el momento en el que se empezó la campaña para acabar con las ofertas ilegales se iniciaron 6.000 expedientes en solo un año, mientras que ahora la cifra es tres veces menor.

Ahora bien, el plan de Barcelona es acabar con todos los alquileres turísticos de cara a 2028, fecha en la cual un visitante solo podrá alojarse en hoteles o albergues. En ese momento, la spiderweb dejará de funcionar y los técnicos podrán dedicarse a inspeccionar otras licencias como las de las terrazas, los supermercados fantasma o las dark kitchen.

Cuando Ferran sale de su casa, lo primero que hace es mirar hacia el balcón del piso de arriba. Con el número de toallas que hay colgadas de la barandilla ya se puede hacer una idea de cómo serán sus próximos días. Este hombre vive con su pareja y dos hijos bajo un apartamento turístico que le está “robando la salud”.

En pleno barrio de la Vila Olímpica de Barcelona, relata un “sinvivir”. A 10 minutos de la playa y con zonas comunes que incluyen piscina, el piso turístico con el que convive es un caramelo para los visitantes. Y no sólo en verano, ya que el buen clima y el ambiente de fiesta de la capital catalana atrae turistas todo el año. Y Ferran lo sufre.

“Llegan borrachos casi todas las noches, llaman al interfono a horas intempestivas, revientan el portal cuando se olvidan las llaves... Hace 15 años que está este piso y 15 años que llevamos sin dormir”. Su lista es larga y no sólo incluye desperfectos en las zonas comunes, sino también en su casa.

Este vecino ha llamado en diversas ocasiones a los Mossos d'Esquadra tras encontrarse turistas en su propiedad. A diferencia del resto de pisos, el de Ferran no tiene balcón, sino que cuenta con una terraza que colinda con el patio y la piscina comunitarios y no es extraño que los visitantes entren en ella si se les cuela una pelota o, simplemente, “por diversión”.

En una ocasión, tras una de esas incursiones, un turista aprovechó para llevarse una butaca de Ferran, que colocó en el muro que da a la calle. “Me destrozan los muebles porque los usan para subirse y saltar el muro y, de ahí, escalan por mi terraza para llegar a su piso”, se lamenta.

Ferran se queja de que la convivencia es y será imposible, ya que el tipo de turistas que atrae ese apartamento es muy concreto. En 125 m2, el anuncio de Airbnb asegura que pueden alojarse 12 personas, por un precio que, en temporada alta, llega a los 600 euros la noche. “Las familias no vienen en estas condiciones, sólo lo hacen chavales jóvenes que vienen dos o tres días de fiesta”, asegura.

Este vecino ha puesto más de una treintena de quejas en el Ayuntamiento, además de las denuncias a Mossos y a Guàrdia Urbana. “Pero nunca hacen nada porque tiene la licencia en vigor”, explica. Desde el consistorio confirman que este apartamento tiene tres expedientes sancionadores por no contestar debidamente al teléfono de atención 24 horas que todo piso turístico debe tener para solucionar incidencias.

Si no se responde, a través de una denuncia a la Guàrdia Urbana, se puede iniciar una sanción, pero no cerrarlo si tiene la licencia en vigor y los estatutos de la comunidad no rechazan explícitamente que haya un piso turístico en la finca. Y la de Ferran no cumple con estos requisitos.

Cuadros de ansiedad por falta de sueño

En Barcelona actualmente hay 10.100 pisos turísticos legales. El alcalde Jaume Collboni anunció a principios de verano su intención de no renovar licencias y no dar ninguna nueva, de tal manera que de cara a 2028 no quedaría ninguno en la ciudad. A pesar de que en la capital catalana este tipo de apartamentos sólo representan el 1% del total, en Barcelona están muy concentrados y agravan la falta de oferta en el mercado de la vivienda en determinadas zonas.

Esto se nota sobre todo en barrios del centro, donde también proliferan los alquileres de temporada, que no están regulados en la ley de vivienda. De hecho, el 46% de pisos turísticos se encuentran en un sólo distrito: el Eixample. “El centro se lleva vaciando desde los 70, cuando empezó un proceso especulativo enfocado en la venta y alquiler internacional. El turismo nos ha hecho perder viviendas y las que quedan, se encarecen. Eso hace que los vecinos y vecinas se vean obligados a irse”, explica Jaume Artigues, presidente de la Asociación de Vecinos del Eixample.

Es el caso de Elena, que lleva 10 años en el mismo piso del barrio de la Dreta de l'Eixample. En su finca sólo quedan tres viviendas que no sean turísticas. Dos de ellas son de renta antigua, pero ella no tiene esta suerte y hace años que siente la presión de su casero, que quiere subirle el alquiler. En una década ha pasado de pagar 1.000 euros a 1.600 y asegura que ya no puede asumir más.

“Hemos negociado, por ahora”, asegura esta mujer, ya jubilada, que vive sola y que sabe que el precio por noche de los apartamentos de su finca ronda los 300 euros. “Claro que mi casero quiere subirme el alquiler o hacer que me vaya”, asegura. Y ganas de marcharse no le faltan, dice. El problema es que hay pocas ofertas por su barrio que bajen de los 2.000 euros mensuales y ella no quiere resignarse a ser expulsada de la zona.

Ester mira preocupada la fecha de finalización de su contrato de alquiler, cuando tendrá que volver a negociar el precio. Pero, a pesar de eso, se sabe con suerte hasta cierto punto, ya que ella no tiene demasiados problemas de convivencia con los turistas en su finca.

Quien no puede decir lo mismo es Amanda. Ella también vive en el Eixample y en su finca sólo quedan cuatro locales. El resto, turistas con un perfil concreto. “Fiesteros irrespetuosos”, resume esta mujer, que lleva años sufriendo cómo le llaman al timbre en la madrugada, le orinan y defecan en la puerta de su casa, se encuentra gente dormida en las escaleras y, en alguna ocasión, hasta practicando sexo. “No puedo más, de verdad, esto es una tortura”, dice Amanda, al borde del llanto.

Ahora he ido a pasar unos días fuera y estoy mejor, pero me muero por dentro cada vez que pienso que tengo que volver

Amanda — Afectada por un piso turístico

Esta mujer, de 45 años, lleva dos meses de baja porque le han diagnosticado un cuadro de ansiedad por la falta de sueño y la angustia que le supone vivir de esta manera. Además, ha desarrollado una urticaria crónica que aflora por culpa el estrés. “Ahora he ido a pasar unos días fuera y estoy mejor, pero me muero por dentro cada vez que pienso que tengo que volver”, asegura. Su caso no es el único, ni mucho menos.

De hecho, el Centro de Atención Primaria de referencia en este barrio ha recibido tantos casos últimamente que sus profesionales han organizado una sesión formativa para otoño en la que discutirán las implicaciones de salud que tienen los pisos turísticos para los vecinos y qué medidas pueden adoptar.

“He perdido la cuenta de cuántas veces he llamado a los Mossos, pero claro, cuando vienen, el problema ya se ha acabado. ¿Qué quieren que haga? ¿Que los retenga?”, se lamenta Amanda. También ha puesto quejas en el Ayuntamiento, pero asegura que no han tenido resultado. Su finca, como la mayoría de las de Barcelona, nunca llegó a modificar los estatutos para estipular que no querían pisos turísticos y, por lo tanto, tienen derecho a una licencia.

La única manera de perderla sería que la empresa no respondiera a las quejas de los vecinos a través de los teléfonos de atención 24 horas. “Pero siempre contestan. Dicen que se encargarán del problema y que amonestarán al turista en cuestión. Pero no sirve de nada, porque se van y al día siguiente viene otro igual”, se lamenta.

“No hemos conseguido cerrar casi ningún piso en el Eixample”, asegura Artigas, que apunta que los pocos casos de éxito que ha habido han sido por la vía penal. “Es muy difícil que el Ayuntamiento ponga sanciones y muy poca gente tiene las fuerzas y el dinero para meterse en un proceso judicial”, se lamentan desde la Asociación de Vecinos.

El peso de las “mafias”

Uno de los vecinos que sí ha tenido éxito y ha conseguido cerrar el piso turístico que le hacía la vida imposible es Joan, también vecino de la Dreta de l'Eixample. En su caso, se trata de un apartamento con capacidad, según el anuncio, para 11 personas y en el que se ha eliminado la sala de estar para convertirla en habitación. Empezaron a sospechar cuando vieron a los obreros pero no sabían nada del propietario y confirmaron sus temores una Semana Santa, cuando empezaron los ruidos y las molestias.

Joan y sus vecinos tenían la ventaja de que sus estatutos sí prohíben los pisos turísticos y así intentaron comunicarlo a la propiedad, que se negaba a hablar con ellos. “Quisimos hacerlo por las buenas pero no hubo manera”, cuenta este hombre, que es el presidente de la escalera. Así que iniciaron una demanda y, en paralelo, pusieron una queja en el Ayuntamiento y hablaron con Airbnb y Booking para que retiraran el anuncio. La primera lo hizo enseguida, pero con la segunda hubo problemas.

“Lo tienen muy pensado. En los anuncios ponían otra dirección y, el día antes de que llegaran los turistas, les decían que había habido un problema con el piso y que les tenían que trasladar. Quedaban con ellos dos calles más abajo y los traían a nuestra finca”, cuenta. Fue en ese momento en que se dieron cuenta que el apartamento estaba gestionado por lo que el Ayuntamiento de Barcelona define como “mafias”.

La propiedad tiene otros 17 apartamentos en la ciudad y opera de la misma manera que lo hacen las otras tramas: comprando diversos pisos, reformándolos –a veces haciendo dos pisos de uno solo– y poniéndolos a nombre de una persona extranjera que no vive en ellos y, a su vez, los alquila a turistas.

Según datos municipales, hace un año se habían detectado 38 redes organizadas, de las cuales 22 ya no están activas debido a una campaña de endurecimiento de las inspecciones que el consistorio está realizando contra ellas desde principios de verano. El apartamento de la finca de Joan pertenece a una de estas mafias y el Ayuntamiento confirma que se ha emitido una orden de cese y un expediente sancionador de 600.000 euros -el máximo- al arrendatario del piso.

El consistorio asegura que la mayoría de pisos conflictivos de la ciudad pertenecen a estos entramados y no a particulares y es por eso que se centran en este segmento. Las entidades vecinales se alegran de estos dispositivos pero recuerdan que los demás apartamentos no están exentos de conflictos y piden que el Ayuntamiento actúe con la misma diligencia en todos los casos.

“Tienen que hacerlo mejor porque la salud de la gente está en juego. Y no nos sirve la frontera de 2028, cuando el Ayuntamiento quiere eliminar todas las licencias, sobre todo cuando seguramente estos pisos pasarán a ser de alquiler de temporada, que también generan problemas”, aseguran desde la Asociación de Vecinos del Eixample.

La mayoría de afectados entrevistados para este reportaje coinciden en no estar en contra de los pisos turísticos per se, pero sí de la gestión que se ha hecho de ellos. “Deberían estar todos en la misma finca para asegurar que no se perturba el descanso ni la vida de los vecinos”, dice Joan. Por su parte, Ferran acepta que el turismo es necesario, “pero no así. No destrozando la vida de los que vivimos aquí”, asegura. Él espera con ansias el día en que al piso que tiene encima le suspendan la licencia. Pero, mientras tanto, seguirá mirando al balcón para calibrar si esa noche podrá dormir.  

“Este no es un tema de que haya más o menos turistas, se trata de que tenemos una emergencia habitacional y de que la gente no puede pagar 400 euros por una habitación. Y detrás de esto está el boom de apartamentos turísticos, que tienen una rentabilidad cuatro veces más alta que los alquileres residenciales, según estudios del propio Ayuntamiento. Con lo cual aquí hay una burbuja de precios de alquiler y hay que hacer algo para atajarla”.

El portavoz de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) en materia de apartamentos turísticos, Toni Cassola, se ha pronunciado así ante lo que consideran un problema que va más allá de los problemas de convivencia que genera la acumulación de esta tipología de alquiler, como es el alza de los precios del mercado de la vivienda y la gentrificación. Por este motivo ha exigido al Ayuntamiento mano dura para atajar su proliferación,

Cassola participó esta semana en una charla organizada por la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar bajo el título 'Los apartamentos turísticos, un problema comunitario'. Allí, los vecinos denuncian que se ha superado al menos en seis manzanas el límite establecido por el Plan Especial del Cabanyal (PEC) según el cual no puede haber más de un 10% de apartamentos turísticos. En el Marítimo el precio del alquiler se ha disparado un 58% entre 2017 y 2023, según el portal Fotocasa.

Según el portavoz vecinal, uno de los problemas para luchar contra este fenómeno es la opacidad en la obtención de datos. Y es que, según los datos que refleja el portal municipal Visit Valencia, en la ciudad hay 1.115 apartamentos reglados, una cifra que sale del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, el registro de apartamentos turísticos de la Agencia Valencia de Turismo refleja 5.604, pero según la misma web municipal los diferentes portales inmobiliarios ofertan hasta 9.521, por lo que un 45% estarían en situación irregular, al carecer de número de registro.

“A estos habría que sumar otra bolsa importante que se mueven por redes privadas y que no aparecen en las plataformas. Nosotros calculamos que en València habrá del orden de 12.000 apartamentos turísticos”, ha afirmado Cassola.

La alcaldesa de València, María José Catalá, explicó recientemente que el Ayuntamiento ha dispuesto a cuatro inspectores y a un grupo de cada unidad de distrito de la Policía Local para encargarse en exclusiva de controlar los apartamentos turísticos y aseguró que solo en Saidïa se han realizado 700 inspecciones, aunque sin concretar cuántas han derivado en multa y cierre.

Para Cassola, estas actuaciones son insuficientes: “Hace falta un plan de inspección real. Ahora misma se está aplicando la figura del restablecimiento de la legalidad según la cual se da al infractor la posibilidad de regularizar la situación y mientras tanto se le aplica una sanción de tan solo 600 euros, la mínima que establece la legislación. Nosotros pedimos que aplicaran la máxima, de 4.000 euros, pero se negaron con argumento de que esa forma no las recurren”.

Además de un plan de inspecciones con sanciones por la Ley de Turismo que establece sanciones de 6.000 euros por funcionar sin licencia, piden un censo público de apartamentos turísticos que permita identificar a los ilegales y una moratoria de nuevos permisos hasta que se desarrolle la ordenanza municipal.

“Sevilla se muere”. Con este lema a modo de aviso ha echado a andar Iniciativa Ciudadana Sevillana, una nueva plataforma orientada a canalizar la lucha contra la “turistificación y barificación devoradoras” que llevan años denunciando vecinos y colectivos de la capital. Así pues, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, este movimiento ciudadano que se reivindica como “apartidista” ha celebrado su primer acto de protesta en la céntrica plaza de San Francisco, con el afán de frenar el actual modelo turístico de la ciudad, que está “desplazando a la población” y amargando el día a día de quienes la habitan.

Para ello, diferentes integrantes de Iniciativa Ciudadana Sevillana se han dirigido directamente al actual equipo de Gobierno liderado por José Luis Sanz (PP), exigiéndole que no otorgue ni una licencia de vivienda turística más, “en línea de lo prometido durante la pasada campaña electoral”. En ese sentido, David López, uno de los representantes de la plataforma convocante, ha recriminado al actual alcalde que haya concedido 16 licencias para complejos de apartamentos turísticos en julio, cuando siendo candidato a la alcaldía por el Partido Popular convirtió el “en Sevilla no cabe ni un apartamento turístico más” una de sus consigas de campaña y acusó al anterior regidor, Antonio Muñoz (PSOE), de haber consentido que la actividad turística “esté a punto de desbordarse” en la ciudad de la Giralda.

Por eso, una reivindicación que abanderan desde hace años a título individual diferentes organizaciones sociales y vecinales, así como particulares afectados adquiere ahora este carácter grupal porque “hemos tocado fondo”. Lo asevera David López contando con el gesto afirmativo de decenas de vecinos que comparten esta visión: una situación que lleva siendo insostenible “desde hace mucho tiempo” alcanza ya “cotas dramáticas”, como advierten desde la iniciativa sevillana en sintonía con el lema escogido para su protesta ciudadana.

Normas de convivencia

“Es que Sevilla se muere”, afirma Ana como un lamento, mientras fija la mirada en la pancarta. Esta señora nació en la calle Sierpes y, desde entonces, vive en el centro, por lo que ha sido testigo de cómo el paisaje de la ciudad se ha ido deteriorando “al pisado de la turistificación”. Porque los vecinos, aseguran, “no estamos en contra del turismo”, sino del actual “modelo depredador” que condena a la ciudad a la “despersonalización” que lamenta Diego Caralt, de la asociación Puerto de Sevilla.

A ojos de este representante vecinal, el problema es “la falta de normativa y de legislación” en un sector que debería estar regulado como cualquier otra actividad económica, como defiende Iniciativa Ciudadana Sevillana. De ahí que Carlat lo califique como “un problema de modelo de ciudad”, que trasciende las ideologías y la batalla política para alcanzar al conjunto de la sociedad. Sin embargo, los habitantes dicen sentirse “abandonados por los representantes municipales”, a quienes recriminan que lleven años “sin escuchar a los vecinos” y tomen decisiones de espaldas a los verdaderos afectados.

De modo que desde la plataforma convocante reclaman “que se implemente una normativa consensuada con los ciudadanos” — no sólo con el sector— y que se vele por garantizar su cumplimiento. “Queremos un turismo con reglas básicas de convivencia”, resume entonces David, recogiendo el sentir mayoritario de cuantos de han acercado a la convocatoria y han avalado sus reivindicaciones entre aplausos. Algunos como Verónica Conde se confiesan cansados de tener que convivir con el ruido y la basura de los turistas que encuentran en su comunidad “un hotel que pagamos los vecinos”.

Decorado de cartón piedra

Esta vecina traslada a SevillaelDiario.es la “indefensión” que sienten quienes habitan bloques con viviendas turísticas, al no encontrar alivio ante sus denuncias. La desesperación llevó a Verónica a mudarse algo más alejada del centro y se topó con una nueva modalidad de la turistificación: los garajes turísticos. “Ahora tenemos todos los días a turistas entrando y saliendo, se cuelan en los edificios, dejan vasos y basura por medio, es tremendo”, se queja esta sevillana.

Por ello, desde la plataforma inciden en que se trata de un problema que va más allá del casco histórico e incumbe a todos los barrios de Sevilla que se ha convertido “en un parque temático”. “Esta ciudad monumental es hoy un decorado de cartón piedra con los turistas deambulando”, lamenta David antes de afirmar que la capital hispalense es “invivible” para sus habitantes.

“La Sevilla de hoy es una ciudad intransitable, con calles y plazas invadidas por veladores [que han recibido una nueva prórroga de la licencia que obtuvieron por la Covid-19, según los vecinos] y otros muchos elementos (carteles, carros, sombrillas, patines, etc.), afectando a los viandantes, en especial a las personas con movilidad reducida”, abundan en línea similar los miembros de su entidad en el manifiesto que se ha leído para concluir el acto. A este respecto, añaden que “las agresiones a nuestro patrimonio se han incrementado, muchas de ellas de la mano de las transformaciones urbanísticas al dictado de las actividades hosteleras”. Por eso advierten de que “Sevilla se muere”, porque se vacían sus barrios “en los que los vecinos parecemos meros figurantes”.

Por su parte, el regidor hispalense ha incidido este mismo miércoles en la necesidad de “trabajar en la convivencia turística” y afrontar “ese problema incipiente de turismofobia que empezamos a tener”, si bien los vecinos no se reconocen en ese término, pues sostienen que no rechazan el turismo, sino “los excesos que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, saturan nuestros servicios públicos y degradan sus espacios, la convivencia, el patrimonio histórico, natural y cultural”.

Resistir en el barrio

De su lado, Sanz ha vuelto a argumentar en que “estamos esperando que la Junta de Andalucía apruebe el decreto de apartamentos turísticos para poder limitar el número de esas viviendas en diversas zonas de la ciudad” y ha señalado que tales problemas de convivencia “no se generan solo por culpa del propietario del apartamento turístico”, sino que es responsabilidad del propio turista. Todo ello lo ha manifestado precisamente al término de la reunión de la Comisión de Turismo celebrada en el Ayuntamiento, donde se ha presentado el Plan Turismo 2023-2027 que se trabaja con las diferentes asociaciones del sector, pero no así con los vecinos, como critican desde Iniciativa Ciudadana, entendiendo que el interés de los habitantes también tendría que estar representado en los acuerdos que los conciernen.

En definitiva, con esta primera concentración que ha servido de “pistoletazo de salida”, el nuevo movimiento ciudadano que ha unido sus fuerzas en defensa de la ciudad ha tratado de escenificar que “todo lo que haya que hacer, lo vamos a hacer porque la ciudad se muere y las autoridades lo están consintiendo”. De modo que anuncian que van a seguir protestando “con todos los medios a nuestro alcance” e instando a la actual corporación a “cumplir sus promesas” y adoptar medidas “urgentes”. “Tienen que coger el toro por los cuernos o el toro nos terminara arrollando”, ha dicho el representante de la iniciativa sevillana en declaraciones a este periódico.

Para terminar, David López ha lanzado el reto de “poner orden a esta selva” al regidor hispalense, que dice en su biografía de Twitter seguir “siendo aquel niño de la Alfalfa”. “Ahora que no queda nada”, ha dicho López, “en su mano está que vuelvan a vivir niños en la Alfalfa”, y en otros barrios de la ciudad, donde personas como Pilar, que nació en el centro, “resisten” porque quieren seguir viviendo en su barrio “de toda la vida”.

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, cámpines, casas rurales y albergues) se situaron en Extremadura en junio en 94.272, un 15,3% más que en 2021

En el conjunto de España, las pernoctaciones en estos establecimientos superaron los 13,4 millones en junio, lo que supuso un incremento de casi el 83 % respecto a los 7,3 millones que hubo en junio de 2021.

En junio, se alojaron 42.834 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros de la región, un 20,8% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 70,5%), según el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).

El turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 29,25% y en pernoctaciones un 23,66% en este mes. La estancia media se sitúa en 2,05 días y se produce una tasa interanual del -4,21%.

En los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 29,66% y las pernoctaciones un 25,2%. La estancia media baja 3,3% en este mes.

El número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura baja respecto al mismo mes de 2021 un 8,34% y las pernoctaciones un 9,42%. La estancia media alcanza 2,71 días, un 1,45% menos que en junio de 2021.

En los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 29,66% y las pernoctaciones un 25,2%. La estancia media baja 3,3% en este mes.

Se alojaron en albergues 791 personas y hubo 2.036 pernoctaciones (no se disponen de estos datos del año anterior). La estancia media se sitúa en 2,57 días.

El ple de l’Ajuntament de València té previst aprovar dijous la suspensió de llicències per a l’obertura de nous hotels o apartaments turístics en edificis d’ús residencial ubicats a Ciutat Vella.

Segons ha explicat aquest dilluns el regidor d’Urbanisme, Vicent Sarrià, la mesura pretén frenar la compra d’immobles d’ús residencial per part d’empreses per a donar-los un ús hoteler després de sol·licitar a l’Ajuntament un canvi de qualificació: “L’objectiu és frenar l’expulsió de veïns del centre històric, així com també l’augment desmesurat dels preus dels lloguers”, ha comentat l’edil.

La suspensió entrarà en vigor dijous una vegada s’aprove en el ple, per la qual cosa no afectarà els canvis d’ús que estan tramitant-se en l’actualitat per a aquesta finalitat, uns 70, segons ha informat Sarrià, la majoria als barris del Carme, Velluters i la Seu-la Xerea, dels quals 47 seran hotels i la resta edificis d’apartaments turístics.

El regidor ha matisat que la mesura no afecta els solars o els immobles que ja estiguen qualificats com terciaris, encara que el seu ús previst no siga hoteler, ja que el que es vol evitar és que cresca l’oferta hotelera en detriment de la residencial.

La suspensió també afectarà els apartaments turístics que estiguen situats en una planta baixa o una primera planta, casos previstos pel pla general en què es podrien legalitzar.

Aquesta mesura, i tots els seus condicionants, quedarà reflectida en el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella que eixirà a exposició pública entre abril i maig.

Cimera entre l’Ajuntament de València i la principal plataforma digital de promoció i lloguer d’apartaments turístics.

La regidora de Turisme, Sandra Gómez, es reuneix aquest divendres amb responsables d’Airbnb amb l’objectiu de traslladar-los els criteris que vol fixar l’Ajuntament en la promoció d’aquest tipus d’allotjament per a frenar així el boom d’oferta que està provocant un increment desmesurat dels preus de lloguer a la ciutat.

La proposta de Gómez girarà al voltant de dos punts: en primer lloc, fixar un límit màxim de dies que un mateix immoble pot anunciar-se en la plataforma durant un any. El límit de dies s’establiria entre 60 i 120, tal com ja es fa en altres ciutats europees que també han posat límit als apartaments turístics.

L’altre punt que sol·licitarà l’edil serà la prohibició que s’oferisquen habitatges per dies sense que estiguen donats d’alta com a allotjament turístic i sense que estiguen registrats com a tals en l’Agència Valenciana de Turisme.

Precisament, per aquest concepte la Generalitat ja ha posat diverses sancions a diferents plataformes i, a més, ha anunciat que multiplicarà per 20 la quantia d’aquestes sancions, fins a 600.000 euros.

A València, els apartaments turístics han proliferat especialment a Ciutat Vella, Russafa i el Marítim. Els veïns d’aquestes zones fa mesos que denuncien els problemes de convivència que es generen entre els turistes que s’allotgen en apartaments turístics irregulars i la resta dels veïns de l’edifici.

A més, aquest fenomen ha disparat el preu dels lloguers fins al punt que moltes famílies i joves que vivien en aquestes zones s’han vist obligades a buscar lloguers més assequibles en altres barris.

La ciutat té 4.714 apartaments turístics, la qual cosa suposa un 48,6% de l’oferta habitacional (18.102 places). D’aquestes places, tan sols 2.245 estan regulades –pertanyen a empreses o immobiliàries i estan donades d’alta en Hisenda, per la qual cosa paguen els imposts que els corresponen–. La resta (2.469) són de particulars que les lloguen sense cap mena de control.

Pel que fa a la ubicació d’aquests apartaments turístics, la majoria (34%) estan situats a Ciutat Vella, encara que també n’acumulen un nombre important els barris d’Extramurs (12%), l’Eixample (11%) o els Poblats Marítims (10%).

Jornades sobre turistificació a Russafa

Aquest dijous 14 de desembre s’ha inaugurat, en la sala d’actes de l’Institut Sant Vicent Ferrer (Almirall Cadarso, 20), les primeres Trobades d’Hivern a Russafa.

Unes jornades internacionals de debat sobre turistificació, dret a l’habitatge i resistències socials.

Organitzades per les associacions Plataforma per Russafa i Salvem Russafa, es pretén amb aquestes Jornades crear un àmbit de reflexió i debat sobre l’abast d’aquest nou fenomen urbà, que afecta seriosament unes quantes ciutats europees i que comença a fer-se notar en uns quants barris de la nostra ciutat: zones com el Carme o Russafa, que estan ja en ple procés de gentrificació, i en què aquest nou canvi d’usos i d’usuaris ocasionals comença a afectar els seus entramats veïnals.

Durant els dies 14, 15 i 16 de desembre es debatrà a Russafa, amb ponents de Lisboa, Venècia, Madrid, Barcelona, Palma i València, sobre el creixement desmesurat del turisme en barris residencials i la tendència d’aquest procés a expulsar la població resident i a disminuir la qualitat de vida en les zones afectades.

Un nou fenomen que necessita reflexió, organització ciutadana que el vigile i d’una classe política valenta per a afrontar-lo.

En l’obertura de les Trobades ha participat Agustín Cocola Gant, professor del Centre d’Estudis Geogràfics de la Universitat de Lisboa.

Especialista en estudis sobre turisme urbà, patrimoni i gentrificació, En els últims anys ha investigat els impactes que el turisme genera en els centres històrics de Barcelona i Lisboa.

És autor d’una de les primeres anàlisis que han aparegut sobre apartaments turístics i la relació entre turisme i especulació urbana.

El divendres 15 a les 19:00 h, en el local de la Plataforma per Russafa (Literat Azorín, 39), es parlarà sobre les polítiques públiques que s’estan implementant o proposant en altres ciutats espanyoles i europees.

Per a això comptaran amb Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DTE (Drets Econòmics, Socials i Culturals) de Barcelona i amb Javier Andrés Gil, sociòleg expert en les propostes de regulació sobre la plataforma internacional de lloguer vacacional Airbnb.

El dissabte 16, en el CEIP Alejandra Soler (Puerto Rico, 5), tindran lloc els dos últims debats i una posada en comú entre diversos col·lectius socials locals, nacionals i internacionals.

De 10.30 a 12.00 hores, escoltarem la problemàtica de Venècia i Lisboa de la mà dels representants dels col·lectius ciutadans Habitar em Lisboa i No Grandi Navi.

I a partir de les 12.00 hores tindrà lloc una taula redona amb representants dels col·lectius Sindicat de Llogateres (Barcelona), Lavapiés, ¿dónde vas? (Madrid), Ciutat per a qui l’habita (Palma) i Entre Barris (València).

Mà dura per a acabar amb l'oferta d'habitatges i apartaments turístics clandestins a la Comunitat Valenciana.

L'Agència Valenciana de Turisme (AVT) ha impulsat una nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat (actualment en tramitació parlamentària) que arreplega un enduriment de les sancions.

En concret, la normativa estableix que aquelles plataformes digitals com Airbnb i similars que donen publicitat a immobles que no estiguen donats d'alta en el registre d'habitatge turístic de la Generalitat podran ser sancionades amb multes de fins a 600.000 euros, és a dir, una quantia 20 vegades més alta que l'actual.

En el cas dels propietaris dels pisos, se'ls obri un expedient sancionador que es pot paralitzar donant-ho d'alta en l'esmentat registre.

D'aquesta forma, des de l'AVT es continuarà treballant intensament en aquesta lluita contra la competència deslleial i l'intrusisme en el sector turístic.

En aquest moment, estan en procés de resolució algunes de les sancions que des de l'Agència Valenciana de Turisme s'han imposat a diverses plataformes que comercialitzen aquest tipus d'oferta en Internet sense sol·licitar ni publicitar el nombre de registre com a habitatge turístic i que no han adaptat el seu funcionament a aquest requeriment.

En concret, fins al passat mes de març havien sigut set els expedients oberts a sis plataformes de lloguer d'apartaments en Internet a les quals se'ls han imposat sancions per valor de 120.000 euros.

Campanya d'inspecció

Fuentes de l'Agència Valenciana del Turisme han informat que s'ha dut a terme una campanya d'inspecció que ha permès aflorar en el que va d'any 13.613 habitatges turístics clandestins, gràcies al treball de control de l'oferta il·legal i competència deslleial que està fent el govern valencià amb la participació de la policia autonòmica.

De la mateixa manera, han recordat que aquest estiu es va iniciar un projecte pilot en alguns municipis per a comptar amb l'ajuda també de les policies locals, un acord que en 2018 s'estendrà a més zones de la Comunitat Valenciana.

De fet, cal ressaltar que, fins avui, ja s'ha superat el nombre d'altes d'habitatges turístics registrats a la Comunitat Valenciana en tot l'any 2016 en quasi 2.000 habitatges mancant un mes per a finalitzar l'any.

En concret, en 2016 van ser un total d'11.623 nous habitatges turístics de les tres províncies les que es van donar d'alta en el Registre, 5.100 més que les registrades en 2015 (6.493) i tripliplicant les de 2014 (3.799).

Cal destacar que en els últims quatre anys, s'han aconseguit aflorar un total de 35.528 nous habitatges turístics a la Comunitat Valenciana.

Davant aquests resultats, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha remarcat que “la lluita contra l'intrusisme i l'oferta no reglada és una de les nostres prioritats fonamentals, per açò no hem parat de treballar per a supervisar, controlar i verificar el compliment de la normativa turística i el correcte funcionament de les activitats i serveis en aquesta matèria conforme a la normativa turística”.

L'Ajuntament de València pretén regular la situació dels apartaments turístics en la ciutat, un sector que com ha reconegut la regidora de Turisme, la socialista Sandra Gómez, es troba “a la vora del col·lapse”. Així, el consistori té la intenció de regular l'oferta d'habitatges de lloguer d'aquestes característiques per a “evitar l'economia submergida i garantir la qualitat turística i la convivència veïnal”.

Gómez, que aquest dimarts ha presentat el pla de treball que pretén reflectir la situació real per a desenvolupar propostes de millora, ha explicat que es crearan sengles taules de treball, en les quals participaran l'Agència Valenciana de Turisme, els hotelers, la Federació d'Associacions de Veïns i els principals actors del sector del lloguer, com poden ser les plataformes on-line -a partir de setembre es començarà a negociar amb Airbnb, un de les web referents-.

D'aquesta manera, una de les idees que es volen desenvolupar és la imposició d'una taxa als propietaris d'habitatges turístics, de manera que aquests puguen oferir els seus pisos en lloguer de forma legal. Els apartaments que no estiguen legalitzats, es tancaran.

A la vora de la bambolla

La responsable de Turisme i tinent d'alcalde ha advertit que València es troba a la vora de la 'bambolla'. La ciutat compta amb 4.714 apartaments turístics, que suposen un 48,6% de l'oferta habitacional municipal (18.102 places). D'elles, només 2.245 estan regulades -pertanyen a empreses o immobiliàries i estan donades d'alta en Hisenda, per la qual cosa paguen els impostos que els corresponen-. La resta (2.469) són de particulars que les lloguen sense cap tipus de control.

Pel que fa a la ubicació d'aquests apartaments turístics, la majoria (34%) estan situats a Ciutat Vella, encara que també acumulen un nombre important els barris d'Extramurs (12%), Eixample (11%) o Poblats Marítims (10%).

Objectius plantejats

Entre les accions que es planteja l'Ajuntament de València es troben: ajudar a fixar un marc normatiu a nivell autonòmic que repercutisca en un correcte desenvolupament del sector; disposar d'estadístiques fiables i estudis sectorials vàlids per a la posterior presa de decisions; informar del marc legal que regula el lloguer d'habitatge turístic per a propietaris particulars; millorar la integració dels habitatges en el model turístic de València; establir un marc de col·laboració amb les principals plataformes per a millorar la planificació turística de la ciutat; el respecte per part dels propietaris i usuaris d'habitatges turístics de les normes de convivència de les comunitats de veïns on s'allotgen; i contemplar en la normativa urbanística municipal l'actual realitat existent en matèria d'habitatges turístics, tot incorporant les demandes formulades en els tallers de participació pública realitzats.

L'Agència Valenciana de Turisme ha resolt els set expedients oberts a diverses plataformes de lloguer d'apartaments en Internet i, en total, n'ha imposat sancions per valor de 120.000 euros a sis. En aquest sentit, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha remarcat: “Com a Administració, hem de ser ferms en el compliment de la llei i en la defensa d'un model turístic basat en la professionalització i en la qualitat”.

D'ençà de l'inici d'aquesta legislatura, Colomer ha mantingut una posició contrària “a l'intrusisme i la competència deslleial, que es tradueix en greus perjudicis econòmics per al sector i que pot implicar problemes als consumidors que fan ús d'aquest tipus d'ofertes”. El secretari autonòmic ha afegit que “no tot cap en l'anomenada economia col·laborativa”.

En aquest sentit, ha destacat: “el model turístic que cerquem és el de la professionalització, les garanties i el respecte a la llei i als drets de turistes i consumidors, per això no es pot confondre l'economia col·laborativa i els nous models de negoci amb altres pràctiques”. I ha remarcat també: “Sancionem perquè existeixen lleis que són per a tots i que han de complir-se, perquè el pitjor seria traslladar una sensació d'impunitat que, en cap concepte, ens podem permetre”.

En concret, Homeaway, Airbnb i Rentalia hauran d'abonar un total de 30.000 euros de multa per no exigir i reflectir el número de registre que acredita que els habitatges que s'anuncien en les seues pàgines web són turístics. Aquestes tres plataformes han rebut la sanció màxima que permet actualment la llei, una xifra que s'endurirà en el nou text en el qual s'està treballant des de l'Agència Valenciana de Turisme. Colomer ha destacat que “són plataformes amb molt de trànsit i amb un volum econòmic molt alt, per això se'ls ha sancionat amb el màxim que, ara com ara, permet la llei”.

El 2016 es van obrir un total set expedients a les plataformes Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia i Ya Encontre-Ya Hetrobat. En concret, al juny de 2016 s'hi van obrir expedients sancionadors a tres, que s'han resolt amb multes de 30.000, 6.000 i 20.000 euros. Posteriorment, al desembre de 2016, es van tramitar els expedients sancionadors d'altres quatre. En aquest cas, s'ha comunicat una resolució de sanció de 30.000 euros dos d'elles. D'altra banda, en un altre cas s'ha resolt i l'empresa ja sol·licita el registre a la major part dels habitatges turístics que comercialitza en el seu portal, per la qual cosa, ara com ara, la sanció imposada és de 4.000 euros. Finalment, un altre dels últims expedients oberts s'ha resolt amb advertència després que hagen regularitzat la seua situació.

El problema real és el constant avanç cap a la conversió total de les ciutats en mercaderies i, en aquest cas, en la transformació del paper social de l'habitatge en un element més del procés d'acumulació del capital. Perquè és la plusvàlua, no el civisme, el que aquí està en joc.

Primer de tot cal dir que el present article no pretén insultar ni difamar a ningú. I que, per si a hores d'ara encara algú no ho sap, el títol del mateix no és de la meva invenció, sinó que està pres de la campanya electoral que, l'any 1992, va enfrontar a George Bush pare contra Bill Clinton en la cursa per la Presidència nord-americana. Al llarg de la mateixa, Clinton va aconseguir donar la volta a unes eleccions, que en principi semblava tenir perdudes, centrant les seves intervencions, a més d'en la situació econòmica general del país, en la possibilitat de canvi després dels tres períodes de govern republicans de Ronald Reagan i Bush, així com en la necessitat de reformar i millorar l'accés a la salut dels nord-americans.

No obstant això, aquest text no va d'eleccions nord-americanes ni de campanyes electorals, sinó de certs discursos que busquen fer-se un lloc en el debat públic i que, com el Guadiana, tornen a aparèixer de tant en tant. M'estic referint a aquells relatius als problemes ocasionats pels agressius processos de turistificació que viuen moltes ciutats al llarg i ample de l'Estat espanyol i que compten amb Barcelona com a cas paradigmàtic.

Quan fa dos anys, la foto d'uns turistes nus entrant en una botiga de la Barceloneta va fer la volta al món mostrant la realitat quotidiana amb la qual vivien els veïns i veïnes d'aquest popular barri, ja hi va haver intents de resoldre el problema centrant l'atenció sobre la manca de civisme i de respecte que mostraven alguns dels visitants de la ciutat i en la possibilitat de fomentar la convivència i la tolerància entre aquests i els residents. Així, determinats mitjans de comunicació es van afanyar a assenyalar els efectes, més que les causes, de la situació, cosa que, de forma evident, implicaria aturar l'anomenat turisme de borratxera, controlar els nombrosos incidents que es produïen als carrers o disminuir el soroll nocturn que impedia el correcte descans del veïnat, entre altres qüestions. I tot i que també reconeixien les conseqüències de l'elevat nombre de pisos dedicats il·legalment a allotjar turistes, aquest factor era tractat amb gran superficialitat i quedava restringit a l'àmbit de la Barceloneta. Afortunadament, les manifestacions i actes de protesta que es van dur a terme des d'aquest mateix emplaçament, i que posteriorment s'han ampliat a la resta de la ciutat, van contribuir a posar en evidència tal fal·làcia i van reclamar a les instàncies municipals mesures contundents que contribuïssin a posar fre a la situació. L'arribada al poder de Barcelona en comú en les eleccions de l'any següent no és aliena a aquesta circumstància, com tampoc ho és el fet que aquesta força política tingui entre les seves prioritats l'aprovació d'un Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) que ja es retarda massa.

Aquests dies som testimonis d'un altre intent de centrar el debat al voltant dels suposats problemes ocasionats per la manca de civisme que mostren els turistes que s'allotgen, en aquesta ocasió, en apartaments llogats a través de la plataforma Airbnb. Més de dues dotzenes de propietaris d'habitatges de la ciutat han emprès una campanya amb la intenció de sabotejar el sistema implementat per l'Ajuntament de cara a recollir denúncies sobre apartaments turístics que funcionen de forma irregular. De nou la falta de civisme, caminar sense samarreta, el soroll o la celebració de festes són els motius emprats per rebutjar aquest sistema, esgrimint que es tracta de conflictes puntuals que posen en perill les hipotètiques bondats que aporta als propietaris l'esmentada plataforma d'economia col·laborativa.

Els beneficis d'un debat al voltant del civisme són evidents, ja que les autoritats i institucions solen respondre elaborant o endurint normatives de control i regulació del comportament en l'espai urbà -ordenances cíviques, lleis anti-botellón, etc.-, i desviant la mirada sobre el problema real, és a dir, el constant avanç cap a la conversió total de les ciutats en mercaderies i, en aquest cas, en la transformació del paper social de l'habitatge en un element més del procés d'acumulació del capital. Perquè és la plusvàlua, no el civisme, el que aquí està en joc. La conversió de les ciutats en parcs temàtics no només utilitza els veïns i veïnes com a extres d'un paisatge urbà a explotar, sinó que acaba per impossibilitar el desenvolupament mateix de la vida urbana. És la recerca de la maximització de les rendes monopolístiques el que porta als propietaris de finques urbanes a posar-les al servei, regular o irregular, de la indústria turística, excloent a unes classes socials depauperades que es veuen incapaços d'afrontar el pagament d'aquestes. I si no, que els ho diguin als venecians: la ciutat, visitada cada any per més de 24 milions de turistes, perd anualment més de 1.000 habitants. És, per tant, la possibilitat d'extracció de plusvàlues la qual contribueix a engrandir el problema i no trobar turistes sense samarreta als ascensors dels nostres edificis.

Per acabar, i tornant a les eleccions nord-americanes de 1992, el resultat és de sobres conegut: Clinton va guanyar, però ni va canviar res ni el sistema de salut va millorar en absolut. Això sí, al llarg dels seus anys al capdavant de la Casa Blanca vivim l'auge d'internet i l'esclat de la gran bombolla de les puntcom. Fa bé l'Ajuntament de Barcelona en comú a reclamar insistentment, als poders amb competència sobre això, una regulació del lloguer, tot i que no ha de ni deixar-se fer xantatge ni oblidar altres mesures, com les ja empreses d'ampliació del parc d'habitatges públics, si vol ser veritablement alguna cosa més que un canvi de sigles al comandament del poder municipal i no deixar de ser una força política amb el suport de les classes populars.

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit concentrar la nova oferta d'allotjament turístic a la perifèria de la ciutat. Per tal que no es repeteixi a barris com Horta el que ha passat al Gòtic o a parts de l'Eixample, on la pressió turística ha expulsat a veïns de casa seva, el consistori limitarà a 11.625 les noves places d'allotjament turístic -hotels, albergs o residències- en aquelles zones de la perifèria on es podran obrir establiments. En paraules de la regidora d'Urbanisme, Janet Sanz, suposen el “potencial màxim de creixement” de places a la ciutat.

D'aquest increment màxim del 8% de l'oferta turística a la ciutat en queden exclosos els apartaments turístics (HUTs): no se'n podran fer més a cap barri de la ciutat. Es quedaran, per tant, en 9.606 places. A dia d'avui, Barcelona compta amb un total de 142.053 places d'allotjament turístic en el conjunt de modalitats. De mitjana, el creixement anual de places hoteleres -HUTs a banda- ha estat de 2.500 cada any.

El pla municipal divideix la ciutat en quatre zones: a Ciutat Vella, la Dreta i l'Antiga Esquerra de l'Eixample, Gràcia, Poble Sec i part de Sant Antoni no es podran obrir nous hotels encara que se'n tanquin. És el que el consistori anomena “decreixement natural”, tot i que és una situació difícil que es produeixi ja que són els barris on es concentren més la demanda i més del 50% de l'oferta d'hotels i HUTS).

La Zona 2 engloba els barris del Fort Pienc, la Vila Olímpica, Camp d'en Grassot, el Putxet i part de Vallcarca, entre d'altres. Aquí es vol mantenir el nombre de places actual. El barri de la Sagrada Familia, un dels més congestionats pel turisme, queda fora de la zona de decreixement i quan tanqui un allotjament se'n podrà obrir un altre amb el mateix nombre de places.

Dels 11.625 nous llits que Colau vol permetre a les zones que a dia d'avui concentren el 10% de les places d'hotels, hotels-apartament, albergs i pisos turístics, 2.500 estan situats a Nou Barris-Sant Andreu i Les Corts-Sarrià. A Sants, parts de Gràcia i Horta i Sant Martí se'n permetran 1.525. En aquests barris, la Zona 3, també es determinen distàncies entre establiments (de 150 a 250 metres, segons el nombre de places) per evitar-ne la concentració.

A més d'aquesta zona on es permetran noves places, hi ha tres zones amb regulació específica: la Marina del Prat Vermell (on s'estimen 1.480 noves places hoteleres), les àrees d'ús exclusiu hoteler de l'entorn de l'estació Sagrera (unes 3.000) i el 22@ (3.200 noves places com a màxim).

La comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres de forma inicial el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) on s'inclouen totes les zones. Ara s'obre un període d'al·legacions que tant veïnat com empresaris turístics estan disposats a aprofitar. El consistori celebrarà sessions explicatives als barris i als agents implicats en les properes setmanes per explicar el pla. A banda, també queda una llarga etapa de debat amb els grups polítics municipal per tal que el PEUAT s'aprovi definitivament.

“Cap més veí haurà de marxar del seu barri si no és per voluntat pròpia”, ha afirmat Sanz, que ha defensat el recorregut que ha seguit el PEUAT: començar per la suspensió de llicències, fer una “foto fixa” del cens d'allotjaments turístics de la ciutat i diàleg de l'adminisitració amb veïns i agents empresarials per tal de redactar el PEUAT. “Sense el PEUAT anàvem al caos turístic”, ha afirmat Sanz.

Crítiques de l'associació d'apartaments turístics

La decisió municipal de no deixar fer cap pis turístic més no ha agradat a Apartur, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, que ha titllat la mesura de “populista, arbitrària i injusta”. Per la seva banda, l'Assemblea de Barris per un Turisme ja va lamentar quan es va presentar inicialment el pla que l'Ajuntament no abordés de forma proactiva el decreixement turístic.

Com va explicar fa deu dies Catalunya Plural, el PEUAT no contempla el rescat de llicències dels hotels que van sortejar la moratòria del juliol, entre els que s'inclouen dos dels projectes que aixequen més rebuig entre els veïns: l'hotel de Núñez i Navarro al Rec Comtal i l'hotel impulsat pel fons d'inversió de l'exdirectiu del F.C. Barcelona Xavier Faus a l'antiga fàbrica Henkel.

Dels 38 projectes afectats per la moratòria dictada el mes de juliol, 29 han quedat aturats definitivament. La raó és que són a les dues zones més cèntriques, on no es volen deixar construir nous hotels. No obstant, hi ha nou projectes dels afectats per la moratòria que sí que es podran fer: una residència, tres a la zona del 22@ i cinc a la perifèria.