Salou, Cadaqués y otros 22 municipios catalanes deberán reducir en más de la mitad sus pisos turísticos

La nueva regulación para los pisos turísticos en Catalunya obligará a un drástico recorte de este tipo de apartamentos en algunas de las localidades turísticas más emblemáticas de la comunidad. Si el decreto ley acaba saliendo adelante en el Parlament y entra en vigor el umbral máximo de 10 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, poblaciones como Salou, Cadaqués, Roses, L’Escala o Castelló d’Empúries se verán obligadas a eliminar miles de licencias.

Las localidades más afectadas, entre las que no está Barcelona ni las demás capitales de provincia, se encuentran sobre todo en la Costa Brava, en la Costa Daurada y el Pirineo. En total, son 47 los municipios que deberán rebajar su volumen de pisos turísticos, en total 28.000 apartamentos que deberán cesar su actividad y que suponen el 26% de los poco más de 100.000 que hay actualmente en Catalunya. El plazo para hacerlo será de cinco años, que es el nuevo período de duración de las licencias. 

Según los datos analizados por elDiario.es, a partir del registro de Viviendas de Uso Turístico del Departamento de Empresa de la Generalitat, hasta 24 de estos pueblos deberán reducir a más de la mitad su oferta de apartamentos turísticos.

El municipio que más licencias deberá retirar Salou (Tarragona), que tendrá que decir adiós a 4.167 licencias, el equivalente al 59% del total. A día de hoy, en esta localidad costera hay más de 24 pisos turísticos por cada 100 habitantes, más del doble del límite que se establecerá por ley, que será de 10 por cada 100. Este pueblo de 29.000 habitantes cuenta actualmente con 7.069 pisos turísticos. Esta masificación se repite a lo largo de toda la Costa Daurada, tal como se ve en pueblos como Cambrils, Mont-Roig del Camp o l’Ametlla de Mar. 

Pero donde más afectará la medida será en la gerundense Costa Brava, una de las zonas más turísticas de España. En ese litoral se encuentran municipios como Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries y Llançà, que deberá recortar 3.266, 2.293, 2.415 y 1.190 apartamentos, respectivamente. En todos los casos, más de la mitad de los que tienen.

Pero hay además casos más extremos en términos relativos, como Pals o el Port de la Selva, que tendrán que prescindir de más del 80% de sus pisos turísticos (1.153 y 520, respectivamente).  

Fuera de las zonas costeras, hay otros municipios que se verán muy afectados por la medida. Es el caso de Naut Aran, que deberá suprimir 1.036 de sus 1.228 pisos turísticos (puesto que suponen un 84% del total del parque de vivienda) o Vall de Boí, que tiene 311 de sus 420 alojamientos turísticos fuera del límite permitido. Los alcaldes de ambas localidades se han mostrado favorables a la medida, según recoge la agencia ACN. 

También destaca el caso de pueblos pequeños, como Gisclareny, el menos poblado de Catalunya. Con solo 28 habitantes, el municipio cuenta hoy con 3 pisos turísticos –ningún hotel ni hostal. De aprobarse la ley, tendrá que renunciar a uno de esos pisos; es decir, el 33% del total. 

Cinco años de licencia y concurrencia pública

El decreto ley del Govern regula por primera vez la concesión de licencias a los apartamentos turísticos, que en la última década ha proliferado sin apenas control. Hasta ahora, bastaba con el que el propietario lo comunicara al Ayuntamiento y que el piso contara con cédula de habitabilidad para que se diera de alta del registro. 

A partir de ahora, la Generalitat dará herramientas a 262 municipios –los que tienen problemas de acceso a la vivienda o de masificación de pisos turísticos– para no solo denegar licencias, sino también para retirarlas. 

Al margen del umbral de 10 alojamientos turísticos por cada 100 viviendas, el decreto establece también que las licencias, las existentes y las que se den en el futuro, serán para cinco años y no a perpetuidad, como hasta ahora. 

De esta forma, cada vez que finalice este período, el consistorio otorgará en un proceso de concurrencia pública las que considere que encajan con su planeamiento urbanístico, y que podrán ser menos si se justifica que existen dificultades de acceso a la vivienda en la localidad.

Con todo, el Govern ha especificado un detalle de la letra pequeña que permitiría a los propietarios alargar sus licencias. Si la próxima revisión de estos títulos será dentro de cinco años, en 2028 podrían conseguir una prórroga de otros cinco años si justifican no poder compensar pérdidas patrimoniales.

Barcelona apunta también a retirar licencias

Barcelona es, por su tamaño, la ciudad catalana con más pisos turísticos, 9.716, un 9,5% de todos los que existen en Catalunya. Aun así, esa cifra queda lejos del umbral máximo marcado por el nuevo decreto, con lo que el Ayuntamiento no estará obligado a retirar licencias. Eso sí, podrá hacerlo igualmente si justifica su excesiva concentración y la falta de vivienda asequible en su nuevo planeamiento urbanístico. 

En este sentido, la teniente de Alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, ya ha dado muestras de su predisposición a revisar la cifra a la baja. “Es evidente que Barcelona no se puede permitir tener 10.000 viviendas que no sirven a este uso”, ha manifestado. El gobierno del PSC ha celebrado la normativa de la Generalitat, que han asegurado que ya conocían, y ha defendido que va “en la buena línea” para “regular y restringir” esta actividad. 

También lo ha celebrado desde la oposición Janet Sanz, la concejal de los Comuns, que durante su etapa en el gobierno al frente de Urbanismo ya exigió al Govern que regulara la actividad para poder retirar licencias. 

Indignación en el sector de los apartamentos

En sentido contrario, el decreto ley no ha caído nada bien entre la patronato de los alojamientos turísticos. La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) y la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) la han tildado de “populista” e “irresponsable”.

El presidente de Federatura, David Riba, y de Apartur, Enrique Alcántara, coinciden en que la medida tendrá muchas afectaciones, pero que no solucionará el problema de los precios de la vivienda en Catalunya. Alcántara ha recordado que en Barcelona el número de pisos turísticos no ha crecido desde los últimos 9 años, mientras que el precio del alquiler “no ha dejado de aumentar”. Asimismo, ha coincidido en que hay un problema con la vivienda, pero que “no tiene que ver con el turismo”.  

Por su parte, entidades que trabajan por el derecho a la vivienda como el Sindicat de Llogateres consideran que la ley es una buena noticia, pero que “solo aborda una parte del problema”. Consideran que se debería perseguir a aquellos pisos turísticos que operen sin licencia o regular por ley también aquellas viviendas que “se desvían del mercado”, en referencia al alquiler de temporada, que también ha quedado fuera de la Ley de Vivienda aprobada por el gobierno español. 

Entre los ayuntamientos ha habido reacciones diversas. Por un lado, se han posicionado los alcaldes de Bellver de la Cerdanya, Laia Serra, y de Vielha, Juan Antonio Serrano (también vicepresidente de la Diputació de Lleida), que han aplaudido la medida. Serrano ha considerado que hacía “mucha falta”, ya que la proliferación de pisos turísticos impedía que la gente se quedara a vivir en el Pirineo por falta de vivienda. Por su lado, Serra se muestra satisfecha por la medida, ya que su Ayuntamiento ya había intentado regular este tipo de vivienda a finales del año pasado mediante una ordenanza.

Por otro lado, entre los ayuntamientos gerundenses la reacción no ha sido unánime. La medida ha llegado con sorpresa y la mayoría de consistorios aseguran que quieren ver la “letra pequeña” antes de posicionarse. Aunque algunos, como Llançà y Palafrugell sí que han reaccionado aplaudiendo la medida, la presidenta de la Asociación Turística de Aapartamentos de las comarcas de Girona se ha mostrado muy crítica con la normativa y advierte a los consistorios que la decisión podría tener “impactos muy negativos”.