El exalcalde de la localidad grancanaria de Firgas que suplantó a su hijo en unas oposiciones de la Comunidad Autónoma Canaria, Manuel Báez, se sentará en el banquillo de los acusados no por estos hechos, de momento, sino por un presunto delito de prevaricación continuada al frente del Consistorio, entre 2010 y 2011. 

Un juzgado de instrucción del partido judicial de Arucas ha decretado la apertura de juicio oral contra el polémico alcalde, hasta hace escasas semanas de Coalición Canaria, tras concluir unas actuaciones abiertas en octubre de 2011. 

En un auto del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Arucas se acuerda la apertura de juicio contra Báez por dos hechos diferenciados. 

De un lado, haber encomendado de forma verbal obras sin justificación ni control; de otro, ordenar que ni él como alcalde ni los concejales sin dedicación exclusiva fueran dados de alta en la Seguridad Social, a pesar de recibir retribuciones. 

El juez Humberto Luis Martín recoge en un auto fechado el 25 de enero pasado que a la vista del escrito de acusación del ministerio fiscal, hay indicios suficientes contra Báez para enviarlo al banquillo. No así por otros hechos denunciados, en relación a contrataciones de empleados públicos. 

Así, en abril de 2011, siendo alcalde y concejal de Urbanismo, “actuando al margen de todo procedimiento, y con conciencia de su ilegalidad”, encomendó de forma verbal a la mercantil Conypsa, a través del representante legal de la empresa municipal Afurgad, obras de mejora y reparación del alumbrado público en la zona del Camino de la Hoya de la Palma, en el distrito firguense de Buenlugar.

Según el auto judicial, las obras “no tuvieron justificación legal alguna y fueron realizadas sin control ni conocimiento de los técnicos municipales” de su propio departamento de Urbanismo, Contratación y Vías y Obras. 

Además, la apertura de juicio oral incluye el hecho de que “de forma continuada e ininterrumpida, con conciencia de su ilegalidad, en los meses de septiembre de 2010 y mayo de 2011, ordenó por escrito al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Firgas no dar de alta ni cotizar en la Seguridad Social por él mismo y por los Concejales sin dedicación exclusiva del Ayuntamiento”. 

El auto explica que esa decisión la tomó el alcalde “aun percibiendo retribuciones por la labor desempeñada, a pesar de contar con los informes de la interventora de la mencionada corporación local en la que advertían del incumplimiento que dicha orden suponía de lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local”.

El ministerio fiscal entiende que estos hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación continuada, penado en el Código Penal en los artículo 74 y 404, que conlleva penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de nueve a quince años. 

Manuel Báez está también pendiente de la investigación abierta por la Fiscalía Provincial de Las Palmas a raíz del escándalo que supuso que suplantara a su hijo en unas oposiciones de la Comunidad, como desveló Canarias Ahora. 

Este mismo jueves, el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, del mismo partido del que formó parte Báez hasta su dimisión, declinaba asumir más responsabilidades, destacando que el secretario de ese tribunal, Enrique Wood, ya había presentado su dimisión. El tribunal lo presidía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste.

El exalcalde de Firgas (Gran Canaria) Manuel Báez (Coalición Canaria) ha confirmado a la Fiscalía que nadie le puso reparos cuando suplantó a su hijo en un examen de las oposiciones al máximo nivel de la función pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, unos hechos que le llevaron a presentar su dimisión como regidor el pasado 29 de diciembre.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, tras la declaración del exalcalde, la Fiscalía formulará denuncia contra Báez por un delito de usurpación o de falsificación de documento.

Báez ha afirmado ante el Ministerio Público estar “muy arrepentido” de lo que hizo y ha remarcado, tras conocerse los hechos, que envió de manera “espontánea” un escrito al tribunal de la oposición para admitir su culpa y pedir disculpas.

Manuel Báez, que era el único alcalde de Coalición Canaria en Gran Canaria, sustituyó a su hijo en un examen de una oposición al cuerpo superior de Administradores Generales del Gobierno canario, el máximo nivel de la función pública autonómica.

Cuando surgieron las primeras informaciones sobre esa posible irregularidad, que publicó en exclusiva Canarias Ahora, el ya exalcalde de Firgas alegó en su defensa que solo había acudido a acompañar a su hijo, pero que no lo suplantó.

El tribunal de las oposiciones en las que Manuel Báez se hizo pasar por su hijo estaba encabezado por el magistrado Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Coalición Canaria es experta en enchufismo al más puro estilo bananero. Es un partido montado desde el poder y se ha podido mantener en él durante estas tres décadas gracias a que ha podido conservar la capacidad para mantener amamantada a una amplia tropa asalariada con fondos públicos. Estos treinta años dan para un amplio relato de casos de auténticos ineptos y abrazafarolas cuyos méritos han sido únicamente la militancia y el sostenimiento del pesebre.

No hace muchas semanas publicábamos aquí cómo la inmensa mayoría de la ejecutiva de Coalición Canaria de Gran Canaria está colocada en puestos de libre designación del Gobierno de la mano de su vicepresidente y secretario general del partido en la isla, Pablo Rodríguez, quizás el ejemplo más palmario de que cualquier indocumentado puede llegar a los más altos puestos de esta autonomía.

Junto a él ocupan cargos decisivos personas que no durarían ni quince segundos en una empresa privada, como la viceconsejera de Medio Ambiente, colocada por el presidente Clavijo en un puesto clave por el único mérito de haber sido concejala con él en La Laguna y de mantenerse en política pese a haber sido detenida por la Policía Local al pretender darse a la fuga cuando la mandaron parar por conducir ebria en dirección prohibida. Blanca Pérez no ha dado un palo al agua en estos más de dos años de gestión del medio ambiente de Canarias, uno de los más sensibles del país, y las consecuencias las terminaremos pagando más pronto que tarde.

De director de gabinete del presidente del Gobierno permaneció durante cuatro meses el que ahora es alcalde de La Victoria, Haraldo Martín, que compaginó ilegalmente esas tareas de fontanería del presidente Clavijo con la de concejal en la oposición sin que el expediente abierto por Función Pública desembocara en lo normal: la exigencia de devolución de los salarios ilegalmente percibidos.

La lista de enchufados en esta legislatura de Fernando Clavijo es interminable y en ella se incluye de todo un poco, como el caso de Diego Acosta, concejal de Frontera que perdió las áreas de gobierno por una moción de censura y que pasó a disfrutar del sueldo como asistente de limpieza de la vivienda presidencial sin haberla pisado en su puñetera vida. O la que fuera alcaldesa de ese municipio herreño, Melissa Armas, a la que el presidente puso sueldo de 47.000 euros como asesora compatibilizándolo (de nuevo ilegalmente) con su cargo como concejala de la oposición y sin que se sepa muy bien de qué asesora.

De lo que se trata, como cabe colegir fácilmente, es de mantener en el pesebre a todos los llamados a mantener viva la llama de Coalición Canaria, tantas veces amenazada por los vendavales de todo tipo que se ciernen sobre la organización en todas las islas.

En Gran Canaria, donde más debilidades presenta la organización, la captación de adeptos y el mantenimiento de los pocos que quedan en pie se hace a la desesperada, y en esa tarea anda afanado principalmente el vicepresidente Pablo Rodríguez, siempre con el apoyo de Fernando Clavijo y del resto de la organización, cuando se puede.

Clavijo y Rodríguez se deshacen en atenciones a alcaldes como el de la Vega de San Mateo, Antonio Ortega, de Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan); o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, portadora allí de la marca inventada por el nada recomendable Guillermo Reyes, el factótum de todos los males que desembocaron en corrupción y malas prácticas en la ciudad de Telde.

La protección del presidente y del vicepresidente se extendía también hasta los últimos días de 2017 al que fuera alcalde de Firgas, Manuel Báez, el único bajo la disciplina de Coalición Canaria en Gran Canaria, que se vio obligado a dimitir cuando este periódico descubrió que había suplantado a su hijo en las oposiciones a la plaza de más alta categoría de la comunidad autónoma.

Manuel Báez sabía lo que hacía cuando aquel 16 de diciembre se presentó portando el carné de su hijo en el aula que le correspondió por orden alfabético. No tuvo que dar la más mínima explicación a las dos funcionarias que, escamadas, comprobaron que aquella fotografía de un joven de menos de 30 años nada tenía que ver con el aspecto del sexagenario que pretendía entrar a hacer el ejercicio.

Báez no tuvo que discutir nada porque sencillamente hizo lo que le dijeron que tenía que hacer: presentarse con el carné de su hijo, contar cualquier historia en los folios que le colocaron en el pupitre, esperar al final y marcharse por donde había venido. Sin oposición de nadie, sin protagonizar la menor incidencia en las actas del tribunal calificador. Bastaba con hacer el examen para meter a su hijo en la bolsa de trabajo de interinos para sustituciones, de la que dispone a discreción la comunidad autónoma, es decir, los altos cargos del gobierno de Coalición Canaria. Y eso fue lo que hizo Manolín.

La mala fortuna quiso que varios testigos contaran lo que vieron y que la noticia de este periódico diera la vuelta a España. De no haber sido así, en los próximos meses Himar Báez, el hijo del exalcalde, probablemente estaría trabajando como interino en la administración autonómica, como otros muchos enchufados de Coalición Canaria, algunos de los cuales se presentaron seguramente con la misma pretensión al examen. Entre otras personas con apellidos muy relacionados incluso con la Fiscalía, aparece en la lista de opositores la directora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), Ana Batista García, secretaria de Organización de CC en Fuerteventura y esposa de un empleado del comité local de Coalición Canaria en Puerto del Rosario, Juan Antonio Nieves.

La investigación penal la pondrá en marcha este mismo lunes la Fiscalía de Las Palmas casi una semana después de que se interpusiera la denuncia. La responsabilidad política hay que buscarla sin límites en el Gobierno de Canarias, cuyos responsables han de aclarar quién o quiénes eligieron al tribunal calificador y con qué criterios; y quién o quiénes aseguraron a Manuel Báez que no tendría problemas.

El Gobierno de Canarias ocultó durante cinco días que conociera que el exalcalde de Firgas Manuel Báez (Coalición Canaria) se hubiera presentado a unas oposiciones el pasado mes de diciembre suplantando a su hijo Himar. Según ha reconocido este mismo martes el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo, José Miguel Barragán, “algunos días antes” de que este periódico publicara el escándalo, que acabó con la dimisión del único alcalde de la formación en Gran Canaria, ya estaban en ese departamento intentando esclarecer este caso.

Barragán afirmó este martes que en el partido tuvieron conocimiento de lo ocurrido después de que “la misma fuente” con la que este periódico contactó para desmontar la coartada de Báez, que sostenía que estuvo aquel 16 de diciembre en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acompañando a su hijo, le trasladara que había visto al sexagenario político saliendo de la citada facultad y le había dicho que el examen le había salido “bien”.

“Desde que tuvimos conocimiento de los hechos, algunos días antes de que se publicara en los medios de comunicación con la misma fuente que tenían en este caso alguno de los medios de comunicación, empezamos a trabajar para intentar esclarecer si erar verdad o no, y si era verdad, actuar como hemos actuado: el reconocimiento de los hechos y la presentación de la dimisión”, sostuvo Barragán este martes en la Cadena Cope, donde dijo que estas suplantaciones no son habituales porque “los controles suelen funcionar bastante”, por lo que “esta experiencia ayudará a replantearnos si hace falta algún control o medida más en futuras convocatorias que eviten que estas cosas puedan ocurrir”.

Las declaraciones del consejero chocan con la postura oficial trasladada desde el Gobierno el día antes de publicar la primera información, cuando a la hora de contrastar los datos se le preguntó si tenían constancia de alguna irregularidad en aquella primera prueba de la oposición al más alto grado de la función pública de Canarias (cuerpo superior de administradores de la Comunidad Autónoma, grupo A, subgrupo A1). Aquel 27 de diciembre el Director General de la Función Pública, Francisco Rodríguez, sostenía que “al Gobierno de Canarias no le consta que haya incidencia alguna en las actas del Tribunal de Oposición, y a fecha de hoy -por el pasado miércoles-, tampoco se han recibido denuncias ni reclamaciones en la Dirección General de la Función Pública”. Según han trasladado desde el Ejecutivo autonómico, la investigación comenzó en el partido y no tenían conocimiento de la misma todas las áreas del Gobierno.

A ello hay que añadir el comunicado del partido difundido el mismo jueves, cuando la crisis en Firgas ya se había desatado, en el que simplemente CC transmitió sus dudas sobre la información y que por ello se estaban “contrastando” las acusaciones “muy graves” realizadas. Al día siguiente, el viernes, Báez admitió los hechos y dimitió, reconociendo el arrepentimiento espontáneo, un atenuante que consiste en confesar la comisión de un presunto delito para colaborar con la justicia antes de que  se produzca una denuncia y se active la maquinaria judicial para de ese modo obtener una sentencia atenuada.

Presentada la denuncia en la Fiscalía

Este martes el tribunal de la oposición presentó ante la Fiscalía la denuncia contra el exalcalde exponiendo los hechos, presuntamente referidos al delito de falsificación en documento oficial suplantando a otra persona, lo que está castigado con penas de entre seis meses y tres años de prisión. Aunque en un principio la fiscal jefa, Beatriz Sánchez, no tenía constancia de que esto hubiese ocurrido, el malentendido sucedió porque el tribunal le dio entrada a la denuncia en la Fiscalía Superior de Canarias, situada en el palacio de San Agustín, en el barrio de Vegueta, y la Fiscalía Provincial tiene su sede en la Ciudad de la Justicia.

En la denuncia se dan por “verosímiles” las informaciones de este periódico, que se adjuntan al escrito, pero no se añadía ninguna aportación producto de alguna diligencia interna, como el testimonio de las dos funcionarias que identificaban a los opositores y que tuvieron dudas a la hora de dar el acceso a Báez debido a que entregó el DNI de su hijo, de 28 años, cuya fotografía chirriaba frente a la apariencia del político firguense. Siempre según esas fuentes, fue el secretario del tribunal, Enrique Wood, quien dio el visto bueno para que pudiera acceder al examen. No obstante, sí se recoge en la denuncia el reconocimiento expreso de Enrique Wood y de un tercer funcionario colaborador, Rafael Tomás González, de que Manuel Báez entró e hizo el examen. Y que, a su término, fue Wood el que firmó el sobre en el que se introdujo el ejercicio antes de cerrarlo y sellarlo con cinta adhesiva.

Báez, según testigos presenciales, ni discutió ni dijo nada cuando una de las funcionarias llamó la atención sobre la diferencia entre la fotografía oficial y el aspecto de la persona que portaba el documento. “Coincidía el número de DNI y el nombre, pero no la fotografía”, ha dicho la funcionaria a este periódico, ante lo cual el exalcalde de Firgas se limitó a mirar a las dos personas encargadas de la identificación. Acto seguido, Wood le franqueó el paso para que un tercer funcionario colaborador, el ya mencionado Rafael Tomás González, lo ubicara en su pupitre, en la primera fila, en el lateral izquierdo del aula. A partir de ahí, el político hizo su examen con total normalidad y se marchó de la Universidad cuando lo dio por terminado.

Precisamente la denuncia ante la Fiscalía debió haber sido entregada por el propio Wood y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, que ejerció como presidente del tribunal calificador. Wood, de 62 años, es un veterano funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias con más de 36 años de servicio que ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad, algunos incluso por designación política, como cuando en 1991 fue nombrado director del Instituto Canario de Estadística por el consejero de Economía de entonces, Luis Hernández, bajo la presidencia de Lorenzo Olarte, todos ellos de Coalición Canaria.

Con el carné de su hijo y sin disimular lo más mínimo. El exalcalde de Firgas, Manuel Báez, de Coalición Canaria, accedió a las pruebas de oposición para el más alto escalafón de la función pública de la Comunidad Autónoma de Canarias luciendo el carné de identidad original de su hijo Himar Manuel Báez Nieves, sin ser rechazado en ningún momento a pesar de las clamorosas diferencias que presentaba la fotografía frente a la fisonomía del aspirante que concurría a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una de las dos funcionarias que comprobó la identidad de Báez ha confirmado a este periódico lo que hasta ahora venían sosteniendo testigos presenciales: que el DNI presentaba serias dudas acerca de la identidad de la persona que pretendía examinarse y a la que se le franqueó el paso por indicación de “un miembro del tribunal”, concretamente del destinado a aquella aula, el alto funcionario de Función Pública (Consejería de Presidencia y Justicia) Enrique Wood, secretario del tribunal.

Sin embargo, esta incidencia no se recoge en la denuncia que este martes presentarán ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas precisamente Enrique Wood y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, que ejerció como presidente del tribunal calificador.

La denuncia da por “verosímiles” las informaciones de este periódico, que se adjuntan al escrito, pero no añade ninguna aportación producto de alguna diligencia interna, como el testimonio de las dos funcionarias que identificaban a los opositores, o del secretario del tribunal, que según una testigo fue el que facilitó el acceso a Manuel Báez. Sin embargo, sí se recoge en la denuncia el reconocimiento expreso de Enrique Wood y de un tercer funcionario colaborador, Rafael Tomás González, de que Manuel Báez entró e hizo el examen. Y que, a su término, fue Wood el que firmó el sobre en el que se introdujo el ejercicio antes de cerrarlo y sellarlo con cinta adhesiva.

Una funcionaria ha confirmado a este periódico que ante la verificación del carné de identidad de Manuel Báez le llamó la atención la radical diferencia entre la fotografía oficial y el aspecto de la persona que portaba el documento y que el episodio lo presenció en todo momento “un miembro del tribunal que estaba detrás de mi”. “Coincidía el número de DNI y el nombre, pero no la fotografía”, ha dicho la funcionaria a este periódico, ante lo cual el exalcalde de Firgas se limitó a mirar a las dos funcionarias y al miembro del tribunal que se acercó y que presenció el incidente sin discutir nada y sin pronunciar ni una sola palabra. Acto seguido, ese miembro del tribunal le franqueó el paso para que un tercer funcionario colaborador, el ya mencionado Rafael Tomás González, lo ubicara en su pupitre, en la primera fila, en el lateral izquierdo del aula. A partir de ahí, Báez hizo su examen con total normalidad y se marchó de la Universidad cuando lo dio por terminado. Sin un solo percance más.

En ningún momento Manuel Báez se mostró sorprendido ni temeroso cuando le hicieron ver la diferencia entre la fotografía del DNI y su aspecto, la diferencia entre un hombre de 28 años, y su padre de 64; uno con el pelo y el bigote blancos y el otro con el pelo corto y moreno. Según el testimonio de una de las funcionarias, corroborado por un testigo que se encontraba a varios metros por detrás esperando su turno, el exalcalde se limitó a callar y a esperar a que el incidente se resolviera como finalmente se resolvió: el secretario del tribunal, Enrique Wood, autorizó su ingreso en el aula y ni siquiera hizo constar la más mínima incidencia en las actas del examen. Como tampoco figura este relato que hace una de las funcionarias en la denuncia que este martes el propio Wood, como secretario, y Antonio Doreste, como presidente del tribunal, interpondrán ante la Fiscalía de Las Palmas.

Sí se adjunta a la denuncia, sin embargo, el escrito de urgencia presentado a primera hora del viernes pasado por Manuel Báez ante la Consejería de Presidencia reconociendo los hechos relatados por este periódico, exonerando de cualquier responsabilidad a su hijo Himar Manuel y manifestando su “arrepentimiento espontáneo” por lo ocurrido, con lo que pretende acogerse a los beneficios que pudieran derivarse de una condena penal en aplicación del atenuante de la colaboración con la Administración de Justicia.

Sin embargo, el hecho de haber portado el DNI de su hijo complica su afirmación de que este pudiera ser ajeno a la operación, lo que en todo caso habrá de determinar el juez o la jueza que instruya esta causa, de judicializarse.

Enrique Wood Guerra figura como secretario del tribunal de estas polémicas oposiciones. Fue el que el viernes pasado, en calidad de secretario, levantó acta de todo lo sucedido en la reunión de urgencia de los miembros de ese tribunal y el que este martes acompañará al presidente a interponer la denuncia por los hechos protagonizados por Manuel Báez.

Nada se debatió en esa reunión del tribunal de la participación que Wood pudo haber tenido en ese incidente y sobre el que se limitó a comentar a sus compañeros de tribunal que los nuevos DNI incluyen una fotografía en blanco y negro que dificulta el contraste y se presta a confusión. Ni una sola palabra se incluye en la denuncia del percance que relatan las dos funcionarias, una de ellas de Firgas y conocedora del que entonces era su alcalde, y uno de los testigos presentes en la identificación de Manuel Báez.

Enrique Wood Guerra, de 62 años, es un veterano funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias con más de 36 años de servicio que ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad, algunos incluso por designación política, como cuando en 1991 fue nombrado director del Instituto Canario de Estadística por el consejero de Economía de entonces, Luis Hernández, bajo la presidencia de Lorenzo Olarte, todos ellos de Coalición Canaria.

Solo por haberse presentado al primer examen de oposición al más alto grado de la función pública de Canarias (cuerpo superior de administradores de la Comunidad Autónoma, grupo A, subgrupo A1), el hijo del exalcalde de Firgas, el único alcalde que mantenía en Gran Canaria Coalición Canaria, habría pasado a la bolsa de trabajo para el nombramiento de sustituciones por interinos, cuya elección es potestad de la autoridad al frente de la Consejería de Presidencia, en mano (como todo el Gobierno) de Coalición Canaria. Pero el tribunal ha propuesto, a la vista de las informaciones periodísticas que considera “verosímiles”, anular el examen del hijo del exalcalde de Firgas.

Manuel Báez se ha puesto en manos de un abogado. Y debe ser bueno. La primera acción de defensa que ha emprendido tan solo 24 horas después de descubrirse que había suplantado a su hijo en unas oposiciones públicas tiene mucho que ver con una atenuante prevista en el Código Penal: el arrepentimiento espontáneo, consistente en confesar la comisión de un presunto delito antes de que se produzca una denuncia y se active la maquinaria judicial para de ese modo obtener una sentencia atenuada. Eso hizo el exalcalde de Firgas la misma mañana de este viernes, día 29 de diciembre, presentando un escrito urgente ante la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias reconociendo haber suplantado a su hijo Himar Báez en unas pruebas encuadradas en las oposiciones al máximo escalafón de funcionario público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Todo lo que había negado contundentemente a este periódico en los días previos a publicar que había sustituido a su hijo en los exámenes, es ahora reconocido expresamente negro sobre blanco y con registro de entrada ante la Administración competente: “El 16 de diciembre de 2017 me presenté y realicé el examen convocado por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias (…) para ingresar en el Cuerpo Superior de Administradores, escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1) (…) y lo hice sin consentimiento y bajo total desconocimiento de mi hijo Himar Manuel Báez Nieves (…), el cual había sido admitido a dicho proceso selectivo”, dice el exalcalde de Firgas.

En ese escrito, en el que pide su traslado urgente al tribunal calificador de las pruebas, que se reunía aquella misma mañana, Manuel Báez muestra su arrepentimiento de manera expresa: “Dada la gravedad de estos hechos cometidos, que soy consciente nunca debía haber realizado, y en los cuales he implicado a mi hijo de forma directa en mi mal proceder, y con el fin de dejar claro que yo soy el único responsable de esta acción reprobable, y a fin de que él no se vea en modo alguno afectado por las consecuencias de mis actos, manifiesto mi arrepentimiento espontáneo y haber cometido esta grave acción”.

De este modo, Báez trataba de adelantarse por cuestión de horas a la resolución que tomaba a mediodía de este viernes el tribunal calificador de aquellas oposiciones, presidido por Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ese tribunal, como estaba anunciado, acordó remitir a la Fiscalía de Las Palmas una denuncia relatando los mismos hechos de los que se confesaba autor, único autor, el exalcalde nacionalista. De hecho, en el pie del escrito, pide expresamente que se “dé traslado de este escrito a la mayor brevedad posible al señor presidente del tribunal calificador”, Antonio Doreste.

El Código Penal en vigor prevé como atenuante el arrepentimiento espontáneo, que ha de producirse ineludiblemente antes de que el sospechoso sea denunciado ante los tribunales de justicia.

Y si Manuel Báez negaba la tarde-noche del 27 de diciembre a este periodista haber realizado aquel examen suplantando a su hijo, y atribuía a una persecución política las acusaciones en tal sentido, este 29 de diciembre reconocía los hechos plenamente. Eso sí, tratando de dejar fuera de cualquier participación en el asunto a su hijo Himar, del que sin embargo sí dice en su escrito que se encontraba en situación de admitido para presentarse a las oposiciones a las que no concurrió aquel 16 de diciembre.

En el aire quedan algunas dudas por despejar: ¿cómo es posible que tres funcionarios que ejercían de controladores de la identidad de los opositores admitieran a Manuel Báez sin estar inscrito en las listas? ¿Presentó el auténtico DNI de su hijo alegando que la fotografía –ahora en blanco y negro- era muy antigua y no hacía justicia a su actual estado físico y capilar? ¿A nadie llamó la atención que un sexagenario presentara un DNI cuya numeración empieza por 78? ¿Hizo valer en algún momento su condición de cargo público para acceder al aula? ¿Invocó Báez el nombre de algún alto cargo nacionalista como santo y seña?

El excalde de Firgas se enfrenta al posible delito de falsificación en documento oficial suplantando a otra persona, lo que está castigado con penas de entre seis meses y tres años de prisión. El arrepentimiento espontáneo reduciría esa condena sustancialmente.

Alexis Henríquez (PSOE), alcalde accidental de Firgas, ha exigido la “dimisión urgente y entrega del acta de concejal” de Manuel Báez (Coalición Canaria), líder del ejecutivo en el consistorio grancanario, por suplantar a su hijo, Hilmar Báez, en las oposiciones al máximo nivel de la función pública en la Comunidad Autónoma de Canarias.

A pesar de que este jueves, durante la celebración de la mesa del seguimiento del pacto en Firgas (donde gobierna CC con cuatro concejales, PSOE con uno y Alternativa Vecinos de Firgas con uno), el alcalde accidental se mostraba “cauto” y prudente“ antes de tomar una decisión, este viernes Henríquez ha declarado que ”no hay más vueltas“.

“Esto es un hecho muy grave. No sabemos qué ha llevado a don Manuel a cometerlo, pero no tiene ninguna explicación saltarse la Ley. Para nosotros, diga lo que diga, no está justificado, no puede suplantar a nadie, para eso está la Ley, para castigarlo. Y a nosotros nos corresponde, desde esta administración, pedir su dimisión urgente” ha explicado Henríquez.

La hoja de ruta a seguir desde que Manuel Báez presente su dimisión será, primero, convocar un pleno para rendir cuentas en el consistorio en un plazo de diez días y, después, tienen otro plazo de diez días para la elección de un nuevo alcalde, que hasta entonces seguirá siendo, de forma accidental, Alexis Henríquez.

“En ese momento intentaremos llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas que conforman el Ayuntamiento de Firgas”, ha expresado Henríquez.

Actualmente la oposición está en mayoría desde la marcha de un concejal de las filas nacionalistas: Javier Perdomo, actualmente no adscrito y, junto a Compromiso por Firgas-Nueva Canarias (COMFIR), Partido Popular (PP) e Iniciativa Ciudadana de Firgas (ICFIR), suman siete concejales

Henríquez ha reconocido que no ha hablado con Báez y que ni siquiera tiene la manera de contactar con él porque se dejó el teléfono corporativo en el consistorio “y no tengo más medios para contactar con Manuel”.

Alcalde accidental desde el 22 de diciembre

Alexis Henríquez es alcalde accidental del Ayuntamiento de Firgas desde el 22 de diciembre, cuando Manuel Báez decidió irse de vacaciones sin establecer una fecha de llegada, según explicó antes de la Junta de Portavoces celebrada este jueves de forma urgente Paola Hernández (PP).

Fue el 16 de diciembre cuando Báez se presentó a las oposiciones al cuerpo superior de administradores, como corrobora Rubén Fontes, exsecretario de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria. En concreto, se presentó a las pruebas para cubrir 61 plazas de alto funcionario (grupo A, subgrupo A1) de la Comunidad Autónoma de Canarias y salió del aula cuando correspondía, cumpliendo con el ceremonial que obliga a acabar el examen para poder entrar en la bolsa de empleo, sea cual sea su resultado.

Esta acción es una irregularidad más de Báez, como asegura la oposición, ya que está investigado (antes imputado) por la Justicia por prevaricación y malversación.

“Manolín se examinó y a la salida le pregunté cómo le había ido el examen y me dijo que bien”. Rubén Fontes, exsecretario de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria, ratificó este jueves que el alcalde de Firgas se presentó a las oposiciones al cuerpo superior de administradores, el más alto escalafón de funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fontes se encontraba en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el día 16 de diciembre pasado, acompañando a su esposa, opositora, y vio cómo el alcalde de Firgas (al que llaman Manolín en Coalición Canaria), llegaba solo, entraba al aula donde se celebraron las pruebas y salía de ella al término de las mismas.

Fontes fue contactado por este periódico por petición expresa de Manuel Báez, quien dijo que el exsecretario de Organización de CC en Gran Canaria podría corroborar su versión: que acudió acompañando a su hijo Himar y que fue éste quien se presentó. Sin embargo, el exalto cargo orgánico nacionalista destrozó la versión del alcalde de Firgas, del que dijo que acudió solo a la Escuela de Arquitectura, que estuvo charlando con él antes de entrar a examinarse y que, al salir, le preguntó cómo le había ido: “Me contestó que bien”, dijo Fontes.

Este testigo desconocía que Manuel Báez le hubiera propuesto para avalar su versión, pero asegura ser conocedor de que se examinó suplantando a su hijo. Fontes se reservó contestar si había puesto el caso en conocimiento de las autoridades autonómicas.

Manuel Báez concurrió el pasado 16 de diciembre a las pruebas para cubrir 61 plazas de alto funcionario (grupo A, subgrupo A1) de la Comunidad Autónoma de Canarias, suplantando a su hijo Himar, que no compareció por razones no aclaradas. El alcalde de Firgas no aparecía inscrito en la lista de admitidos a esas pruebas, por lo que no se podía presentar a ellas. Sin embargo, fue él quien contestó y mostró un DNI cuando un funcionario llamó en voz alta a Himar Báez Nieves.

Manuel Báez se sentó en la primera fila del aula, cumplimentó el examen y salió del aula cuando correspondía, cumpliendo así con el ceremonial que obliga a acabar el examen para, sea cual sea su resultado, poder entrar en la bolsa de empleo de la Comunidad Autónoma para posibles sustituciones como interino.

En la Consejería de Presidencia, responsable directo de estas oposiciones, aseguran desconocer el incidente protagonizado por el único alcalde de CC en Gran Canaria, y sus responsables remiten cualquier tipo de reacción a lo que decida el tribunal examinador, presidido por Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Fuentes oficiosas de la consejería aseguraron a este periódico que, si se confirma el comportamiento de Manuel Báez en todos sus términos, el caso puede acabar en la Fiscalía.

El examen del hijo del alcalde de Firgas, Manuel Báez, es la gota que ha colmado el vaso a la oposición en el Ayuntamiento del municipio grancanario, que aunque no confirma de manera oficial que vaya a presentar ya una moción de censura, sí que admite entendimiento entre los partidos. La oposición es consciente de que tiene mayoría suficiente para presentar una moción de censura en el municipio (siete concejales frente a seis en el gobierno), aunque de momento sólo confirman que hay conversaciones y entendimiento entre ellos, pero piden prudencia. 

Los portavoces de las formaciones en la oposición (Compromiso por Firgas-Nueva Canarias -COMFIR-, Partido Popular -PP-, Iniciativa Ciudadana de Firgas -ICFIR- y el concejal no adscrito Javier Perdomo) se han pronunciado este jueves después de que Canarias Ahora publicara en exclusiva que el alcalde de Firgas, de Coalición Canaria (CC), suplantó a su hijo en las oposiciones de más alto nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los ediles exigen que entre este jueves y este viernes Báez deje el cargo o desmienta el escándalo.

En la Junta de Portavoces del municipio, convocada esta misma mañana de manera urgente y extraordinaria, los ediles de la oposición han culpado a Coalición Canaria de la crisis que sufre el municipio y han asegurado que se trata de una irregularidad más de Báez. A la suplantación del hijo por parte del alcalde se suma que está investigado (antes imputado) por la Justicia por prevaricación y malversación, que la Guardia Civil, según el exalcalde y portavoz de COMFIR, Jaime Hernández, tiene una investigación abierta por el presunto delito del desvío de miles de metros cúbicos de agua de un sondeo municipal a una finca privada o el hecho de que en un principio CC tuviera en el Ayuntamiento cinco concejales y se marcharan dos, uno de ellos ahora en el grupo de los no adscritos, estando el grupo de gobierno (formado por CC, PSOE y Alternativa Vecinos de Firgas) en minoría en los últimos seis meses.

Los ediles de la oposición señalan que ya estaba previsto para la próxima semana solicitar esta junta, pero que este acontecimiento ha forzado a adelantarla a este jueves. En concreto querían saber los motivos por los que el alcalde no está en el Ayuntamiento desde el pasado 22 de diciembre, fecha desde la que el socialista Alexis Henríquez es alcalde accidental. Como explica la popular Paola Hernández, Báez ha argumentado “que está de vacaciones sin fecha de llegada, luego de motivos familiares” y se ha llegado a rumorear que había renunciado al cargo, por lo que quieren conocer qué es lo que sucede realmente.

Mientras, Jaime Hernández entiende que la Villa del Agua “no merece esto” y por ello quieren “conocer con explicaciones claras qué es lo que va a pasar”. “Desde que tuvimos conocimiento de la espantada del alcalde el grupo de gobierno ha jugado al ocultismo, primero se nos quiso hacer creer que estaba de vacaciones, después que si estaba de baja médica, que si había dimitido, que si no...”, enumera, algo de lo que, desde su punto de vista, es culpable una “Coalición Canaria desmembrada, con cuatro concejales que se han marchado en este mandato, uno en los no adscritos, otro que se fue y ahora ha vuelto a la casa de CC. Realmente es una situación lamentable. Firgas no merece el desgobierno que se han implantado desde el minuto uno”.

Por su parte, el alcalde accidental, Alexis Henríquez, no se quería creer la suplantación y sostenía que “espero que sea una inocentada”. El único socialista en el Ayuntamiento pedía “mucho tacto y precaución” pero avanzaba que “si fuera verdad, que espero que no lo sea, sí pediríamos responsabilidades políticas, no puede seguir en este Ayuntamiento, pero espero que sea mentira, lo demuestre y salga a luz desmintiendo esto”.

Maria del Rosario Guerra, representante de ICFIR, instaba a Báez a que dé explicaciones porque “si no fuera cierto -la suplantación del examen- se estaría atentando contra su honor, cuanto más tiempo, más rumorología”. Guerra adelantaba también que la junta había propuesta que este jueves se celebre una reunión de seguimiento del pacto, pero finalmente no se realizó.

Para CC de Firgas el alcalde está de “días libres, necesitaba descansar”

A las puertas del salón del Ayuntamiento firguense en el que tuvo lugar la Junta de Portavoces estaba Carmelo Luciano, secretario general de Coalición Canaria en la villa. Cuestionado por los motivos alegados por Báez para estar desaparecido desde antes de las Navidades, Luciano apuntaba que el aún alcalde está de “días libres” y que “necesitaba descansar”. Así mismo, afirma que no se ha puesto en contacto con él tras conocerse el escándalo del examen del hijo.

El partido emitió un comunicado este mismo jueves en el que expresaba que ha abierto un expediente para investigar si la información que afectaba a su único alcalde en Gran Canaria era cierta.

Los nacionalistas reconocen que los hechos son “muy graves”, por lo que pretenden esclarecerlos. “Hasta que no se conozca la información oficial sobre el asunto no existirá pronunciamiento por parte de la organización en ninguna dirección que pueda contribuir a entorpecer dicha investigación o a distorsionar los hechos acontecidos”, indica la formación, motivo por el que Luciano estuvo esquivo ante la prensa.

No obstante, la concejala del grupo de gobierno y miembro de CC,  María del Rosario Marrero, que estuvo presente en la junta, mostraba su estupefacción ante el escándalo del examen.

El alcalde de Firgas (Gran Canaria), Manuel Báez, de Coalición Canaria, suplantó a su hijo mayor en un examen de las oposiciones al máximo nivel de la función pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según han confirmado testigos presenciales. Báez, que no se encontraba en la lista de admitidos para realizar esa prueba, respondió a la llamada en voz alta de los funcionarios que controlaban los accesos cuando fue llamado Himar Manuel Báez Nieves, su hijo, que sí aparecía en los listados oficiales.

Ninguno de los funcionarios y ningún miembro del tribunal presentes en las aulas donde se desarrollaron las pruebas se percataron de la irregularidad. Manuel Báez asegura que no hizo el examen en nombre de su hijo, aunque sí reconoce que lo llevó hasta allí y que entró con él para acompañarlo, como hace siempre “en los exámenes importantes”. Báez se ha tomado unas repentinas vacaciones desde el pasado día 22 para meditar si dimite como alcalde por motivos conyugales, según ha comentado él mismo a este periódico. Ni el alcalde en funciones, Alexis Henríquez, ni el coordinador local de Coalición Canaria, Carmelo Luciano, supieron dar explicaciones sobre los verdaderos motivos de las súbitas vacaciones del alcalde de Firgas.

Las cámaras de seguridad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), situada en el Campus de Tafira, y dos testigos consultados por este periódico confirmaron la presencia allí el pasado 16 de diciembre del alcalde de Firgas, el único que aún conserva Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria. Manuel Báez acudía como un opositor más a las pruebas de acceso al muy apetecible “cuerpo superior de administradores, escala de administradores generales (grupo A, subgrupo A1) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”, el nombre oficial de las oposiciones convocadas el pasado 23 de junio.

Manuel del Rosario Báez Guerra fue puntual a la cita. Las 240 personas admitidas a esas pruebas en toda Canarias para 61 plazas ofertadas, acudieron a las diez de la mañana a los dos lugares del examen: la Escuela de Arquitectura de la ULPGC y el Aulario general de la Universidad de La Laguna. A la hora fijada, un funcionario iba llamando por estricto orden alfabético a las personas admitidas, y muy pronto fue pronunciado en voz alta el nombre de Himar Manuel Báez Nieves. En su lugar, respondió al llamamiento Manuel del Rosario Báez Guerra, que no se encontraba ni en el listado publicado en el Boletín Oficial de Canarias ni en el que figuraba colgado en los tablones de anuncios en las dependencias universitarias.

El alcalde de Firgas mostró un DNI que debía corresponderse fielmente con los datos de su hijo Himar. Es decir, además de los nombres propios y los apellidos, el número oficial, que en el caso del alcalde empieza por 42 y termina con la letra B, y en el de su hijo, empieza por 78 y acaba por la letra D. Además, la fotografía debía reflejar el aspecto del titular del documento de identidad, algo que resultaría el principal escollo para una identificación correcta, porque si bien padre e hijo presentan una complexión fuerte, su rostro es bien distinto: Himar luce pelo corto y moreno, y su padre, que de un tiempo a esta parte ha dejado de teñirse, lo presenta canoso. Además, luce bigote a juego, es decir, blanco, lo que a todas luces debería chocar con una foto auténtica de su hijo.

Estas particularidades son las que más han llamado la atención a Pablo Saavedra, catedrático de Derecho de la ULPGC y miembro del tribunal presente en las aulas en aquellos momentos. Consultado por este periódico, Saavedra calificó de “gravísimo” el comportamiento del alcalde, “que, de confirmarse, su examen quedaría anulado de inmediato”. A Saavedra le sorprende que Manuel Báez lograra burlar los controles de identificación y acceso a las aulas de examen, básicamente porque a ese cometido estaban dedicados tres funcionarios colaboradores. Uno debía hacer el llamamiento en voz alta con un listado en la mano; otro, verificar la coincidencia del DNI y el nombre con las personas incluidas en la relación de admitidos a las pruebas, y una tercera persona debía estar respaldando para resolver dudas. Dos testigos presenciales han confirmado esa disposición, incluso uno de ellos relata cómo a la vista del documento que presentaba el alcalde de Firgas, intervino el tercer funcionario para hacer una verificación adicional. Aun así, Báez pudo entrar y hacer el examen.

Ya en el aula, el alcalde ocupó un pupitre en la primera fila, el que le correspondía por ser uno de los primeros en el listado por orden alfabético. Su sitio estaba en la parte izquierda del aula. La presencia de un hombre de edad madura no llamó la atención a nadie. De hecho, se presentaron varias personas de ese rango de edad, de entre 60 y 65 años, lo que el catedrático Saavedra atribuye al amplio tiempo transcurrido desde la última vez que se convocaron oposiciones de este tipo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La apetecible bolsa de trabajo

Báez, además, no acudió con su indumentaria habitual de alcalde, es decir, con chaqueta y corbata, sí con un pantalón de vestir, camisa abotonada y jersey de pico. No llamó la atención de nadie, escribió gran parte de los diez folios que pusieron a su disposición, los metió en el momento indicado dentro del sobre que le proporcionaron, lo cerró y firmó en su exterior, tal y como hicieron todos los opositores. Sobre su firma y las solapas del sobre, los funcionarios colaboradores sellaron los exámenes con cinta adhesiva. Solo cuando en las próximas semanas sean llamados uno a uno los examinandos se abrirá el sobre de cada uno de ellos para la defensa verbal de su examen. De presentarse a esa prueba, el alcalde de Firgas deberá volver a identificarse del mismo modo que hizo el pasado día 16.

Además de la exigencia indispensable de estar en las listas, Manuel Báez no reunía los requisitos para presentarse a estas pruebas para el más alto escalafón de la Comunidad Autónoma. Es prejubilado del Banco Santander desde el 1 de enero de 2017 y su formación es de cálculo contable. Su hijo sí es titulado superior por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con tan solo haberse presentado al examen, aunque no lo hubiera superado, habría pasado a engrosar la bolsa de trabajo de la que se nutre la Comunidad Autónoma para la contratación de interinos.

Ese debía ser el propósito que movió al alcalde de Firgas a presentarse en lugar de su hijo, que como los demás opositores fue convocado inicialmente al examen el 25 de noviembre, cuando una alerta por temporal obligó a aplazar las pruebas hasta el pasado día 16.

Báez lo niega todo

Manuel Báez negó este miércoles que hubiera suplantado a su hijo Himar en esas oposiciones. Cuando se le indicó que fue visto en la Escuela de Arquitectura por varios testigos, indicó que se había limitado a llevar hasta allí a su hijo de 28 años y que, además, lo acompañó hasta el interior de las instalaciones. “Como hago siempre que tiene un examen importante”, concretó cuando se le preguntó si ésa era su costumbre.

El alcalde de Firgas dijo que es “imposible” que le permitieran acceder al aula donde se realizaron las pruebas por la diferencia de edad que tiene con su hijo y el aspecto claramente distinto que presentan, e hizo referencia inmediatamente a que no hubiera pasado el control de carnés de identidad que se practica en la puerta. Negó también que hubiera utilizado para tal fin un DNI falsificado.

Cuando se le informó de que los testigos habían señalado incluso el pupitre que ocupó alegó que podían haberle confundido con otra persona.

Báez atribuyó la información a “un chivatazo” equiparable a otros que él asegura que sufre cuando se le atribuyen relaciones extramatrimoniales que le causan problemas con su esposa.

Al Gobierno no le consta

El Gobierno de Canarias (Coalición Canaria) no tiene constancia alguna de lo ocurrido con el alcalde de Firgas. En respuesta a este periódico, su director general de Función Pública, Francisco Rodríguez, respondió que “no consta que haya incidencia alguna en las actas del Tribunal de Oposición, y a fecha de hoy, tampoco se han recibido denuncias ni reclamaciones”. Pero, “de presentarse una denuncia, se daría traslado al Tribunal de Selección para que este proponga las medidas a adoptar por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. En cualquier caso, no habría una afectación a la validez de la prueba realizada”.

Manuel Báez es de momento el único alcalde que le queda a Coalición Canaria en Gran Canaria, una plaza en la que el partido que gobierna en las islas ha sucumbido a manos de su más directo competidor, Nueva Canarias. Esa condición le ha supuesto siempre tener un trato de honor por parte de las instituciones gobernadas por CC, incluido el privilegio de que la televisión pública de Canarias haya elegido precisamente el municipio de Firgas para retransmitir desde allí para todo el archipiélago el programa especial de fin de año, campanadas incluidas. Será un acontecimiento muy señalado porque precisamente Televisión Canaria se enfrenta a un frenético final de año ante la eventualidad de no poder renovar con su proveedor el contrato de transporte de señal que expira precisamente a las 24 horas del próximo día 31.

Y más señalado sería que quien ha sido alcalde de este municipio (7.500 habitantes) de las medianías de Gran Canaria estos últimos años no compareciera para ejercer como primera autoridad.