El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Miguel Pasquau, ha acordado mediante un auto notificado este miércoles continuar la causa abierta contra Luciano Alonso por el trámite de procedimiento abreviado, según informa en un comunicado el alto tribunal andaluz.

El instructor considera que existen indicios de un delito de prevaricación por el nombramiento del director del centro Andaluz de Flamenco y los dos nombramientos de director de la Filmoteca de Andalucía, que “pueden constituir un deliberado torcimiento de la normativa relativa a los nombramientos de personal eventual”.

Alonso defendió el pasado 30 de mayo en el TSJA la legalidad del nombramiento del director del Centro Andaluz del Flamenco. En la causa también estaba investigada otra persona –Luis Guerrero- pero su parte fue archivada a comienzos de junio. Aunque en la denuncia del fiscal se hablaba de dos delitos (prevaricación y malversación), el instructor sólo sigue la causa contra Alonso por un delito de prevaricación, concretan fuentes del TSJA.

El auto señala que el entonces consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía nombró a Luis Guerrero director del Centro Andaluz de Flamenco, encomendándole una tarea completamente ajena a las funciones de dirección del mencionado centro, en particular, el impulso de determinadas actividad culturales en la provincia de Málaga. La misma situación se produjo en la Filmoteca de Andalucía, en la que nombró a dos directores de este centro sucesivamente encomendándoles funciones de asesoramiento que en nada respondían al perfil y funciones del cargo para el que formalmente les nombró que, además, estaba siendo desempeñado por otra persona con contrato laboral.

“Un deliberado torcimiento de la normativa”

Los hechos pueden constituir, a juicio del Instructor, “un deliberado torcimiento de la normativa relativa a los nombramientos de personal eventual conferidos al titular de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, consistente en la obtención de una mayor disponibilidad de personal eventual de la permitida para los fines de asesoramiento genérico o indiferenciado (es decir, no singularizado normativamente) a su servicio, utilizando para ello la formalidad de la designación para otros cargos de personal eventual singularizados con atribución de funciones completamente diferentes de las propias de dichos cargos”.

En este sentido, señala que “las funciones de dirección correspondientes a dichos cargos o bien no fueron desempeñadas (caso del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco) o bien venían siendo ya desempeñadas por otra persona como personal laboral (caso de la Filmoteca de Andalucía).

Contra este auto cabe recurso de reforma y apelación y, en su caso una vez que sea firme, se dará traslado a la Fiscalía para que en el plazo de diez días formule escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa.

El parlamentario se ha convertido en el último en presentar su renuncia tras tener fecha para su juicio por varios nombramientos

Pese a que se fija este momento para el cese, e incluso para pedir la baja voluntaria en la militancia, otros han sido forzados a marcharse antes

El exconsejero de la Junta de Andalucía Luciano Alonso se ha convertido en el último cargo público de Susana Díaz en presentar su dimisión, en este caso como diputado en el Parlamento de Andalucía, en una legislatura marcada por las diferentes varas de medir entre los políticos con causas en los tribunales, no ya entre los distintos partidos, sino dentro del propio PSOE-A. 

Esto ha provocado que desde el PSOE-A se hayan comenzado a cuestionar las exigencias de un código ético en casos como éste, donde se trata de una prevaricación “y no de que se haya llevado el dinero”, pero sobre todo, a mirar con condescendencia a los afectados.

Luciano Alonso ha anunciado su dimisión cuando lo marca el código ético, es decir, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto fecha para el juicio oral contra él por varios nombramientos de altos cargos supuestamente para beneficiar a gente del partido. Es más, según dicho código ético, debería pedir también su baja de militancia antes de que el partido proceda a su expulsión, cosa sobre la que todavía no se ha pronunciado quien ha sido consejero con los tres últimos presidentes de la Junta de Andalucía: Susana Díaz y sus predecesores José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Pero esta exigencia no se aplicó en el caso precisamente de estos dos últimos, cuya dimisión pidió Susana Díaz antes de que fueran procesados. Era una exigencia de C's para apoyarla en su investidura y, de hecho, los de Albert Rivera se lo apuntaron como un trofeo.

José Antonio Griñán dimitió de senador a los cuatro días de tomar posesión Susana Díaz en esta legislatura, cuando aún no se le había imputado ningún delito, y Manuel Chaves lo hizo, junto con los también diputados por Andalucía Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, cuando el Tribunal Supremo ya lo había hecho. Todos ellos por el caso ERE y antes de que se dictara auto de procesamiento en junio, momento en el que ya dieron el siguiente paso y se dieron de baja en el partido.

Con el tiempo, los socialistas han expresado cierto arrepentimiento con la mano dura que se impuso a los dos expresidentes -no con los otros dos- y de la que, por un lado, hay quien culpó a Susana Díaz por conceder a C's más de lo que se había pactado, y por otro, al entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por tardar en hacer una defensa de la honorabilidad de ambos, como sí se oyó a muchas voces de destacados dirigentes en Andalucía.

Es más, en los últimos meses se ha pasado del arrinconamiento de los expresidentes no ya sólo a reivindicar su inocencia y legado sino también a incluirlos en actos públicos como se vio por primera vez desde su baja de militancia en la conferencia en Sevilla el pasado mes de noviembre de Felipe González. Paradójicamente, esta defensa les llega cuando más se ha complicado su situación en la justicia por el caso.

Precisamente, el caso ERE ha sido hasta el momento el que más dimisiones se ha cobrado esta legislatura, porque a éstas hay que añadir la del que fuera viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, Juan Jesús Jiménez Martín, quien renunció en enero también tras pasar a engrosar la nómina de investigados.

En este contexto, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, lamentaba el pasado lunes que Luciano Alonso tenga que dejar su escaño en el Parlamento de Andalucía para cumplir el código ético del partido. “Es muy duro que alguien que lleva unos 40 años en este partido y que ha ocupado cargos de mucha relevancia durante su trayectoria política tenga que dejarlo, pero es el cumplimiento del código ético del partido”. Recordaba también que está afectado por un acto “puramente administrativo, sin que haya habido aprovechamiento o algún tipo de enriquecimiento o malversación”.

En este sentido, fuentes del PSOE-A han reconocido la necesidad de tener muy en cuenta que hay una diferencia entre las imputaciones por corrupción y por prevaricación, porque creen que a veces se produce “un linchamiento innecesario”. Pese a que han descartado que estén planteando una revisión del código ético en este sentido, lo cierto es que reconocen que el debate está abierto, y no es ajeno tampoco en las filas del PP.

Decisiones de ida y vuelta

De hecho, la irrupción de partidos nuevos, sobre todo C's y Podemos, ha generado cierto desconcierto a la hora de abordar estos temas y en el caso de Andalucía se ha visto con las citadas contradicciones dentro del propio PSOE-A. Han sido ejemplificadoras las citadas referencias en el respeto de los tiempos para Luciano Alonso que no se siguió con los otros, pero también el caso de María José Asensio, quien fue destituida el agosto de 2015 como directora general de Industria, Energía y Minas a las dos semanas de trascender su imputación en la investigación por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

El Gobierno de Andalucía decidió entonces dejar vacante su puesto porque confiaba en su inocencia, en lo que el PP-A llegó a calificar de “vacaciones”, pero efectivamente a los tres meses se archivó el caso y fue restituida. No sólo eso, la Junta de Andalucía la premió con sendos ascensos: primero secretaria general y luego viceconsejera. El asunto no ha terminado porque la Audiencia de Sevilla ha reabierto la investigación, pero esta vez se la mantiene en su puesto. 

C's reconoce que se ha vuelto “más prudente”

Esta rocambolesca situación provocó que C's, después de haber pedido públicamente el cese de María José Asensio, cambiara de actitud en sus exigencias a los socialistas, y también con el PP-A, con los que mantiene acuerdos en administraciones locales y provinciales.

El propio portavoz de C's en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, ha reconocido que se han vuelto “más prudentes” porque entienden que se pueden equivocar y “causar un daño innecesario” si se precipitan en los juicios. Por eso no pidieron la dimisión del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, cuando el TSJA inició la investigación contra él y finalmente la archivó, ni en el caso de otro diputado y miembro de la ejecutiva del PSOE-A bajo sospecha, Carmelo Gómez, cuya imputación ha pedido la fiscalía hace tres meses. 

Diferencias en los tiempos

En este sentido, el manejo de los tiempos ha supuesto constantes contradicciones según quién  haya sido el afectado. Tres ejemplos: si María José Asensio era destituida a las dos semanas de trascender su imputación, el jefe de Contratación de la Consejería de Medioambiente, Antonio M.L., imputado por supuesto amaño de contrato en la investigación del llamado cártel del fuego, ha esperado más de nueve meses para que lo echen.

Segundo ejemplo: si la directora del Puerto de Huelva, Manuela de Paz, dimitía tras ser citada como investigada por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, el director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Julio Coca se ha mantenido todo el tiempo en su puesto tras ser imputado por prevaricación. Finalmente, la causa contra él se ha archivado.

Otro más: si la actual gerente de la agencia IDEA en Cádiz, Rosa Mellado, se mantiene pese a figurar como investigada en el procedimiento por el supuesto fraude en el Plan Bahía Competitiva desde 2013, la que fuera directora general de Economía Social, Angelines Ortiz, imputada en la misma causa, fue destituida al mes de tomar posesión Susana Díaz esta legislatura.

La Sala Civil y Penal del TSJA ha acordado el sobreseimiento libre del que fuera director del Centro Andaluz de Flamenco Luis Guerrero por no ser los hechos investigados constitutivos de delito, continuando las diligencias previas sólo con relación al exconsejero de Educación y Cultura Luciano Alonso.

Se trata de la investigación abierta tras la querella de la Fiscalía Superior por el nombramiento de Guerrero quien, según el auto, “cobró un sueldo con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía mediante la atribución de un puesto de trabajo con contenido prestacional real, y que la actividad efectivamente desplegada no puede considerarse ajena a la función pública.

Según apunta el auto, informa el TSJA, “el hecho de que el contenido concreto de las funciones por las que se le retribuyó no sean las propias del puesto para el que fue nombrado puede, acaso, denotar una ilegalidad en el nombramiento (lo que se valorará en otro momento), pero no desde luego un delito de malversación del que el Sr. Guerrero resulte responsable o beneficiario”.

Añade el auto que “conforme a jurisprudencia consolidada no constituye malversación de caudales públicos el destino de fondos a finalidades diferentes de las previstas presupuestariamente, siempre que éstas redunden en beneficio del interés público, siendo así que el fortalecimiento de determinadas iniciativas culturales en la provincia de Málaga es una decisión de carácter político que en sí misma no podría calificarse como ilegal o ilegítima, al margen del juicio que puedan merecer los medios empleados para ello”.

Las diligencias respecto a Luciano Alonso, que hace unos días defendió la “legalidad” del nombramiento, siguen su curso a la espera de diversos informes.

El Gobierno de Andalucía ha ofrecido este viernes información sobre los fondos de formación pero no una cifra de cuánto dinero reclama a los beneficiarios de estas subvenciones desde 2007 a 2011 que no habrían sido debidamente justificadas. En la comparecencia parlamentaria del pasado 18 de diciembre llegaba a 20,8 millones de euros, tal y como sí se informó entonces y en todas las que hubo previamente. Desde ese 18 de diciembre de 2014 se han revisado un millar más de subvenciones del periodo, de los que el 8,5% se han saldado con el inicio de expediente de reintegro total o parcial, pero no se ha precisado cuánto es en euros, eludiendo con ello el titular que buscaba la oposición y la prensa. 

Transcurridas casi dos horas de comparecencia en la diputación permanente del Parlamento de Andalucía, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, no ha cuantificado el montante cuya devolución se exige, ni a los diputados ni a la prensa que ha preguntado luego. Sólo ha concretado estos datos: de los 8.505 expedientes del periodo sometidos a revisión, se han tramitado ya 7.785, o sea el 91,5% del total. Ha destacado que la mayoría se ha completado perfectamente, y esto ha permitido que en 2013 se abonaran más de 10 millones de euros a organizadores de estos cursos, y en 2014 otros 33, rechazando con estas cifras “la idea de fraude generalizado” que quiere “vender la oposición”.  

En esta comparecencia, a falta de una semana para empezar la campaña de las elecciones autonómicas, ha empezado subrayando que estaba para informar, “no del fraude de la formación”, sino de la gestión de las subvenciones para cursos. El también número 1 del PSOE-A por Málaga, que ha dado estas explicaciones por petición del PP-A e IU, se ha centrado en hacer gala de su “ejercicio transparencia” para informar de este asunto, lo que había hecho por última vez el 18 de diciembre de 2014 cuando todavía estaba constituido el Parlamento de Andalucía, y que ahora se ha visto obligado a repetir por la presión de la oposición.

La intención de la oposición era que estuviera la presidenta, Susana Díaz, dando las explicaciones, y por eso han reprochado reiteradamente que “no dé la cara”. El que ha comparecido pues ha sido el consejero del ramo, quien a su vez ha criticado, por un lado, que el PP-A “sólo quiera una cifra para un titular”, por la insistencia de los populares en que ofrezca datos sobre cómo va la investigación que inició la Junta de Andalucía en septiembre de 2013. Y por otro, se ha mostrado dolido con IU, por el cambio de tercio cuando hasta hace unas semanas estaba en el Gobierno. Y sobre todo, Luciano Alonso ha ironizado con el hecho de que la oposición haya convertido en “tan vital” una comparecencia que sólo obedece a “oportunismo político”.

En la convocatoria, se ha puesto a repasar los pasos dados para la gestión de estos fondos públicos, marcando como “hito” la decisión de eliminar la figura de la exceptuación, o sea, no se concederán nuevas subvenciones con justificaciones pendientes de otras previas, una práctica que en la Junta de Andalucía era habitual. Igual que se ha decidido establecer la concurrencia competitiva como fórmula para otorgar nuevas subvenciones, por recomendación de la Cámara de Cuentas que en un informe muy contundente había criticado el método que se empleaba para repartir estos fondos públicos.

Luciano Alonso ha denunciado también el uso que ha hecho el PP-A de este caso, con “filtraciones” a la prensa por parte de miembros del Gobierno de la Nación, refiriéndose a la información ofrecida sobre las distintas fases de la operación Edu, en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indaga el fraude en los cursos.

En plena precampaña...

La sensación de IU es que no se están investigando las mecánicas “perversas” y los “fallos” de funcionamiento del modelo para gestionar estos fondos públicos “ni se van a reconocer responsabilidades políticas”. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, le ha reprochado a Luciano Alonso su reacción para responder “a un hecho de normalidad democrática”, pero que ha provocado que los socialistas aparezcan “mosqueados” y “renuentes”, y haciendo referencia a una “pinza”.

Por otra parte, le ha afeado que hable como “un burócrata” y le ha reiterado numerosas preguntas que se han quedado sin respuesta también esta vez: ¿por qué hay expedientes con exoneraciones desde 2007 que no se han verificado hasta ahora?, ¿se habían verificado antes expedientes y cuántos?, ¿qué criterios de exoneración se han seguido para que unos años haya habido muchas, otros menos y otros ninguna?, ¿por qué hay empresas que han obtenido subvenciones antes de estar inscritas?, ¿por qué hay empresas relacionadas con militantes y cargos del PSOE-A?, ¿con qué criterio se decidían las subvenciones? o ¿por qué habiendo denuncias de mala praxis en el grupo de Ángel Ojeda se le siguieron dando subvenciones?

Mientras, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, le ha agradecido su comparecencia, pese a que cree que no debía haberse producido por ser un periodo preelectoral. Ha calificado de “situación absolutamente irregular” la provocada por la oposición, “que ha retorcido el reglamento” para forzar esta convocatoria. Toda su intervención se ha centrado en descalificar la propuesta de la oposición para esta comparecencia, que en su opinión, sólo se reserva para casos de “extrema gravedad”.

Desde el PP-A, Carlos Rojas también han pedido “responsabilidades políticas por este desmadre”. Tras considerar que la presidenta “vio, escuchó y calló” en relación a este “escándalo”, ha censurado su “cobarde despedida política”. Igualmente, Carlos Rojas ha incidido en que esta revisión no se había hecho “nunca” hasta que el PP-A lo denunció y la justicia comenzó a intervenir. También ha hecho preguntas sin respuestas: ¿qué dinero se ha devuelto? o ¿cuánto se ha recuperado?

Desde que pasado 4 de diciembre el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, compareciera en comisión parlamentaria informar del plan de choque de revisión de expedientes de todas las subvenciones concedidas desde 2007 para la formación, puesto en marcha en septiembre de 2013, no ha habido información pormenorizada sobre esta depuración expediente a expediente. Desde entonces han ocurrido tres cosas: ruptura del pacto entre el PSOE-A e IU, convocatoria de elecciones autonómicas para el 22 de marzo y la consiguiente disolución del Parlamento de Andalucía, que se ha quedado como diputación permanente.

Esto ha provocado que en casi dos meses no se haya actualizado una información a la que el Gobierno de Andalucía se comprometió en aras de la “transparencia” de la que quiere impregnar su gestión. Luciano Alonso comparecía puntualmente mes a mes en la cámara, pero una vez disuelta ésta no se han articulado otros mecanismos para informar. De hecho, el propio consejero llegó a a manifestar en una entrevista en 8TV Andalucía la pasada semana que no iba a ahondar en el tema para “no interferir” en el periodo preelectoral.

Este martes, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, matizaba que no tiene noticias en este sentido, y ha recalcado que se sigue manteniendo la premisa de la transparencia. “No me consta que haya un posicionamiento en sentido contrario”, ha subrayado. Cuando se le ha preguntado si estaba en condiciones de garantizar que se vaya a ofrecer en los próximos días una actualización de esta investigación, ha precisado que “es una competencia de la Consejería”.

En este contexto, cabe recordar que tanto el PP-A como IU han registrado una petición de comparecencia de la presidenta, Susana Díaz, en el Parlamento de Andalucía para informar del fraude de la formación, iniciativa que tomaron la pasada semana a raíz de la tercera fase de la operación Edu, desarrollada por la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional). Sin embargo, pese que en la Mesa de la Cámara suman mayoría absoluta estas dos formaciones, su propuesta no tiene visos de prosperar. De hecho, los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía apuntan en esta dirección, y es que se trata de una situación similar a un periodo inhábil, donde no pueden acometerse comparecencias de este tipo, por lo que se prepara un informe para desestimarlo.

Se trata de por lo menos “dar ruido”

Tanto en IU como el PP-A han reconocido las dificultades para sacar adelante esta demanda, donde incluso ni siquiera tendrían garantizado que fuera la presidenta la que compareciera, sino “algún miembro designado por el Gobierno de Andalucía”. Pese a ello han decidido “dar ruido” -como decía gráficamente un exdiputado del PP-A- porque han encontrado una baza para la precampaña. Precisamente después de que IU, durante su etapa en el Gobierno, no lo hubiera planteado, pese a que ya se habían desarrollado la primera y la segunda fase de la Operación Edu.

Cabe recordar que, según la última información aportada por Luciano Alonso, se han cerrado 640 resoluciones de reintegro por las que se reclaman 19,3 millones de euros cuyo destino no se habría justificado debidamente. Hasta entonces se había revisado el 70,11% de los 8.505 expedientes de subvenciones para cursos objeto de análisis, es decir, 5.963. Pero es de suponer que la revisión ha arrojado nuevos datos estos meses, para un trabajo que la Consejería calculó que necesitaría dos años, o sea, hasta septiembre de 2015.

Ya son 669 los expedientes de subvenciones para formación en los que la Junta de Andalucía ha encontrado irregularidades dentro del proceso de depuración iniciado hace más de un año. Es la información que ha ofrecido este jueves el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para informar de cómo va esta investigación: la cantidad que la Junta de Andalucía reclamará a los beneficiarios suma 20,8 millones de euros, un ligero incremento con respecto a la cifra ofrecida en octubre, cuando eran 19,3 millones de euros, cantidad que se mantuvo igual en la comparecencia de noviembre. Cabe recordar que Luciano Alonso ofrece información mes a mes de este plan de choque para revisar 8.505 expedientes de subvenciones en la materia desde 2007 hasta hoy.

Igualmente, el consejero ha informado de que el proceso está muy avanzado y ya se ha revisado el 80% de los expedientes (6.860), siendo los citados 669 los que han derivado en la solicitud de reintegro por considerar la Junta de Andalucía que los destinatarios de las ayudas no han justificado debidamente el destino de estos fondos públicos. Luciano Alonso ha destacado que en los últimos quince meses se ha dado respuesta desde la “responsabilidad en la gestión”, las “puertas abiertas” y “la transparencia con mayúsculas” en el control de la formación. Ha recordado que la Junta de Andalucía diseñó una hoja de ruta, que incluía “un modelo único para tramitar las justificaciones de los expedientes con un sistema individualizado contrato a contrato”.

De los 6.860 que se están tramitando en este momento, 4.440 corresponden a expedientes en requerimiento de información, estudio o en fase de inicio de reintegro y 1.751 están resueltos. Es decir, ya se han justificado y se han remitido a la Intervención General de Andalucía para su fiscalización, liquidación y abono (20,58% del total).

La Junta de Andalucía eleva ya a 19,3 millones de euros la cifra cuya devolución reclama por subvenciones para cursos de formación profesional que no habrían sido debidamente justificadas, correspondiente a un total de 640 expedientes. Es el dato que ha ofrecido este jueves el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, durante su comparecencia en el Parlamento de Andalucía -la segunda en dos meses- para informar del estado de la depuración masiva de los expedientes iniciada hace más de un año por su departamento.

Son casi dos millones de euros más sobre la información que ofrecía el pasado 4 de septiembre en el mismo foro, cuando habló de 17,4 millones de euros, tras haberse emitido entonces resoluciones definitivas de reintegro para 581 expedientes. La revisión de los expedientes ha continuado y ya hay resoluciones definitivas de reintegro para otros 59, lo que suma 640 con irregularidades, un 12% del total depurado.

Por el contrario, la cifra de los expedientes de subvenciones debidamente justificadas se eleva ya a 1.462, para los que ya se ha dado orden de pago del resto de la cantidad pendiente a los beneficiarios (el 25% que la Junta de Andalucía retiene de la ayuda hasta que se ha presentado toda la documentación).

De este modo, Luciano Alonso, que ha comparecido a petición del PP-A y de IU, ha informado de que del total de 8.505 expedientes desde el año 2007 hasta hoy que están revisando -todos los que están vivos y por tanto en periodo todavía de justificación por no haber prescrito- ya han sido estudiados 5.153, lo que supone poco más del 60%, para un trabajo en el que se ha dado de plazo hasta septiembre de 2015, es decir, serán dos años en total.

En estos momentos se está trabajando sobre 788 expedientes: 547 están en fase de requerimiento de más información a los beneficiarios de las subvenciones; 182 -se suman a los 1.280 de hace un mes- han sido resueltos por haberse justificado correctamente y se han remitido a la Intervención General para su fiscalización, liquidación y abono; y los citados 59 han culminado con la petición de que se devuelva el dinero a las arcas públicas.

Por el contrario, Luciano Alonso ha confirmado que no se publicará el listado con todos los beneficiarios a los que se reclaman las subvenciones, cosa que prometió en su anterior comparencia, porque un informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía habla de la posible vulneración en materia de protección de datos. En este sentido, hay que distinguir entre personas físicas y jurídicas. De las primeras no se podrían dar los nombres sin su autorización, y de las segundas, aunque sea posible, la publicación de determinada información sí podría conllevar luego la reclamación por parte de los afectados.

Esta justificación no ha gustado nada a la oposición. La portavoz del PP-A en la comisión parlamentaria, Teresa Ruiz Sillero, se ha preguntado que por qué le preocupa ahora la protección de datos y no cuando publicó el listado de exoneraciones de más de 2.500 beneficarios “con CIF y números de expedientes”.

Por tercer año consecutivo, La Cónsula, la escuela de hostelería de Málaga, tiene problemas para arrancar el curso. Los alumnos de primero deberían haber comenzado sus clases el lunes, pero el viernes la Junta de Andalucía les comunicó que no podrían hacerlo. En Huelva se vive algo aún más kafkiano: los profesores de la escuela de Islantilla no tienen alumnos ni temario. Acuden a su puesto a pesar de que no cobran su nómina desde enero y de que no se abrió el proceso de matriculación por falta de presupuesto. La Cónsula e Islantilla son síntomas de un sistema, el de los consorcios escuela, que ofrece buenos resultados formativos, pero un funcionamiento administrativo bajo lupa porque podría abrir la puerta al fraude: la Cámara de Cuentas exige fiscalizar los expedientes de las subvenciones concedidas en años anteriores, y hasta que ello ocurra, no habrá nuevas ayudas. Las once escuelas de Andalucía han convocado una manifestación conjunta en Sevilla para el próximo 30 de septiembre.

Los alumnos del primer curso de La Cónsula se concentraron este martes para exigir respuestas a las preguntas de cuándo y en qué condiciones comenzará el curso, que sus compañeros de segundo ya han iniciado. Primero se manifestaron en la escuela, una de las más prestigiosas de España; después, ante la Delegación de Educación de Málaga; finalmente, ante el Ayuntamiento. Según los profesores, la orden de paralizar el comienzo del curso, previsto para este lunes, llegó el viernes. El proceso de selección de los alumnos comenzó en julio y ya estaban preparados “hasta los uniformes”. Hace dos semanas se vivió un anticipo de lo que ocurrió el viernes: durante unos minutos, la delegación de la Junta en Málaga ordenó cancelar el inicio de las clases de los alumnos de segundo curso. Pasado un rato de incertidumbre, dio luz verde. “El falso no”, lo llaman los alumnos. Para los de primero, el “no” es, de momento, real.

La Escuela de Hostelería de Islantilla, que hasta el año pasado llevaba casi 20 años a pleno rendimiento insertando al 95 por ciento de su alumnado, inició sus clases el pasado 19 de septiembre sin que sus aulas cuenten con alumnos, y con los trabajadores sin cobrar nóminas desde el pasado enero, una situación que no se normalizará al menos hasta enero próximo, según un portavoz de los trabajadores, Blas Moreno. Moreno explica que, durante el verano, la situación no se ha normalizado para los 17 trabajadores de la escuela, lo que ahora afecta también al alumnado, ya que no se han podido admitir las matrículas. Según el portavoz, “lo único” que les dicen desde la Junta es que se reanudarán las clases, “pero no hay explicación sobre cuándo se va a solucionar todo” y les piden “paciencia”. “Algunos dicen que se va a arreglar para enero de 2015, y desde Educación aseguran que la situación es complicada, que se hace todo lo posible, pero no sabemos nada más”.

Según Moreno, se estaría a la espera de gestionar un préstamo que garantice las nóminas pendientes y las de todo el curso, sin que aún se haya comunicado a los trabajadores cuándo se podrán pagar sus atrasos. De ese préstamo, a fecha de 24 de septiembre, no se sabe nada, “sólo las promesas que nos hicieron”. Los trabajadores han colocado pancartas a las puertas de la escuela en las que recuerdan su situación, a la vez que demandan que se cumpla la promesa de incluir la escuela en el ISE (Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos) de la Junta de Andalucía.

Bloqueo de las subvenciones

Bloqueo de las subvencionesDe momento, no hay respuesta a cuándo empezarán las clases en Málaga, en Islantilla o en el resto de consorcios de Andalucía, y sí un amago de retomar la bronca política que, a cuento de La Cónsula, mantuvieron el Consistorio malagueño y la Junta el pasado mes de mayo. El PP municipal llevará una moción urgente al pleno del jueves en la que solicitará a la Junta que clarifique sus planes con la escuela y el PP autonómico anunció que interpelará a Luciano Alonso en el pleno que se celebrará esta semana.

Fuentes de la Consejería explican que el consejero de Educación, Luciano Alonso, avanzará las líneas maestras del nuevo sistema para las escuelas consorcio que debería entrar en vigor el año que viene. Admiten también la ineficacia del actual modelo. Alonso restó importancia al retraso del inicio del curso el pasado lunes, alegando que se trata de cursos que se prestan durante un determinado número de días: “Si empiezan más tarde, terminan más tarde”.

Las subvenciones están bloqueadas hasta que la Cámara de Cuentas revise los expedientes de las ayudas concedidas durante los ejercicios anteriores, en las que detectó una exoneración generalizada para el cumplimiento los requisitos de justificación. “por un lado, el PP dice que paguemos a los consorcios, y por otra dice que seamos rigurosos con la legalidad. Lo somos, y la Cámara de Cuentas nos dice que hay que fiscalizar los expedientes previos. Hasta que no se justifiquen todas las subvenciones anteriores no se pueden abonar nuevas”, explican desde la Consejería. “No es una cuestión presupuestaria, sino administrativa”, zanja esa fuente, que insiste en que la Consejería ya ha enviado la documentación necesaria al organismo de control.

Los once consorcios escuelas de la Junta de Andalucía que se dedican a labores formativas (seis dedicados a la restauración, y uno al mármol, la madera, la joyería, restauración y artesanía) han convocado una manifestación de protesta conjunta que recorrerá varias calles de Sevilla el próximo 30 de septiembre. Blas Moreno explica que se quiere llamar la atención sobre esta situación con un corte parcial de la avenida a las puertas del Palacio de San Telmo, con el fin de “alzar una voz conjunta” de todos los afectados.

La Junta de Andalucía ha insistido que el de 2014-2015 será un “curso de transición” en lo que se refiere a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), de manera que ha buscado la vía de ponerla en marcha, “por imperativo legal”, pero de la forma “menos lesiva posible”. En primer lugar porque requiere un decreto que no estará hasta enero de 2015 porque precisa diferentes informes, según ha expuesto este martes el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en relación a una norma que la Junta de Andalucía ha recurrido en el Tribunal Constitucional junto con otras comunidades autónomas. Recurso que no conlleva la suspensión cautelar de la aplicación de la normal que habían exigido porque el alto tribunal no lo ha considerado.

De este modo, los centros escolares prorrogan sus proyectos educativos con el inicio del curso 2014-2015, con la salvedad de que sí se incluyen dos cuestiones de la Lomce que afectan al currículo del alumno: se evaluarán por separado ciencias sociales y naturales -pero seguirán impartiéndose juntas como conocimiento del medio- y puntuarán tanto religión como su alternativa, o sea valores cívicos. Como esto es lo más importante, según ha recalcado el consejero, en realidad cuando -previsiblemente en enero- se apruebe el decreto “apenas” habrá cambios. En principio sí deberá haberlos -o supondría que todo el frente abierto contra la Lomce no tiene sentido porque deja las cosas como están- aunque no serán los que influyan en el currículo de los alumnos.

Es más, la idea de la Junta de Andalucía es que todo el contenido de la Lomce, que deberá incluir ese decreto, se posponga hasta el curso 2015-2016, lo que podría llevar a alguna acción por parte del Ministerio de Educación, si bien desde la consejería se han esforzado en incidir este martes en que no son “insumisos”. Prefieren hablar de imposibilidad. Entre otras cosas, según ha apuntado el consejero, porque el curso empieza sin que Andalucía haya firmado con el Ministerio de Educación el convenio por el que se supone que recibirá financiación para aplicar la Lomce.

Esta ralentización de la aplicación de la Lomce supone también un freno a una promesa de la Junta de Andalucía. De este modo, ha supuesto que se mantenga la religión en hora y media a la semana, cuando el compromiso de la Junta de Andalucía era reducirla al minímo, o sea 45 minutos, pero no se ha querido interferir en los proyectos educativos -esos que ha prorrogado esquivando la Lomce- y colisionar con la autonomía de los centros escolares. Sí se han establecido 45 minutos para su alternativa, la citada valores cívicos (con contenidos como la identidad y dignidad de las personas, la comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales y la convivencia y los valores sociales). Los centros de enseñanza podrán completar los otros 45 con materias en este sentido.

También se mantiene educación para la ciudadanía, desdeñada por el Gobierno de la Nación, pero como asignatura de libre configuración para quinto de primaria y se intentará que su contenido no se solape con el de valores cívicos.

“El Tribunal Supremo lo que ha dicho es que no se para la Lomce, pero le dijimos al ministerio que es imposible poner en marcha un decreto desde mayo al inicio del curso, por lo que hemos hecho todo lo posible para dar certeza a las familias”, ha incidido. En la misma línea, ha recalcado que no se están “incumpliendo la Lomce, sino que decimos que el decreto necesita unos tiempos, y podría estar en enero”.

Otras cuestiones de la Lomce, que molestaban especialmente a Andalucía, como la publicación de ránking de colegios, àra que los padres conozcan el nivel logrado por sus alumnos, se ha dejado en el aire por el momento.

Las cifras

El consejero ha detallado también los datos del nuevo curso que empieza para infantil y primaria este miércoles con 250 nuevos docentes, todos ellos interinos que se contratan dentro del “compromiso con la calidad de la escuela pública”. Le “gustaría” que tuvieran “más estabilidad” pero ha recalcado que es imposible con la obligación de aplicar una tasa de reposición de sólo el 10% para cubrir vacantes.

Un total de 1.880.146 alumnos de enseñanzas no universitarias, un millar más que el pasado año, se incorporarán este mes a las aulas de 6.817 centros escolares públicos, concertados y privados. La plantilla de docentes se sitúa en 117.685 profesionales. El 80% del alumnado estudiará en la escuela pública. Este curso habrá, entre otras novedades, 65 centros escolares bilingües más, con lo que serán 1.184 en total. Igualmente, llegarán 27.000 nuevas tabletas híbridas en primaria. “Andalucía perdió una vez el tren de la educación (…) y ahora no vamos a permitir que pierda el de la alfabetización digital”, ha enfatizado Luciano Alonso, convencido de que la comunidad autónoma es ejemplo de “resistencia” en el mantenimiento de la educación frente a los “recortes” del Gobierno de España.

El listado de todas las entidades que se verán afectadas por órdenes de reintegro de fondos de formación concedidos por la Junta de Andalucía no se publicará hasta que se pueda poner a disposición de la ciudadanía información precisa de los motivos por los que se ha pedido la devolución del dinero en cada caso. Es una petición de muchas de las entidades que ha obligado a retrasar la voluntad del Gobierno de Andalucía de hacer público este listado, en el que se incluyen 581 expedientes de subvenciones para cursos, el pasado viernes, según ha reconocido este martes el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

En total, suman 17,4 millones de euros, según informó el propio consejero en comisión parlamentaria la pasada semana, y no hay ninguna petición de reintegro total de la subvención, según ha matizado. Igualmente, ha invitado a “comparar los niveles de transparencia de este gobierno con los de otros”. En la misma línea, ha insistido: “Va a ser tan transparente que vamos a poner debajo el motivo de cada reintegro, lo que no es una labor tan fácil”. Por ello ha admitido que no sabe “el tiempo que tardará”, porque “la lista sin explicaciones” ya la tiene, pero no ve procedente publicarla sin estos detalles.

Cabe recordar que tras un año de análisis de los expedientes de estas subvenciones desde el año 2007 hasta ahora -un total de 8.505 que no han prescrito y están en periodo de justificación- se han analizado ya 4.365. De éstos, 2.504 están todavía en fase de estudio o de requerimiento de más información a los beneficiarios de las subvenciones que pueden presentar alegaciones; 1.280 se han cerrado con la conclusión de que han sido justificados correctamente; y sobre 581 pesa ya la resolución definitiva de petición de reintegro. O sea, uno de cada tres expedientes no ha completado debidamente la justificación del dinero que se ha recibido.

Tras casi un año de trabajo en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para revisar todos los expedientes de subvenciones para formación, el consejero Luciano Alonso presenta este jueves en comisión parlamentaria un balance de los resultados de una tarea que la Junta de Andalucía ha reconocido que no estará terminada hasta finales de 2015. El estudio se circunscribe a los “expedientes vivos”, es decir a los que están en plazo de justificación todavía, y por tanto van desde 2007 hasta la actualidad.

De los 8.505 en esta situación, es decir pendientes de justificar, la mitad se han estudiado ya por el equipo de 64 trabajadores contratados específicamente para este plan de choque, en concreto 4.365. De éstos, 2.504 están todavía en fase de estudio o de requerimiento de más información a los beneficiarios de las subvenciones que pueden presentar alegaciones; 1.280 se han cerrado con la conclusión de que han sido justificados correctamente; y sobre 581 pesa ya la resolución definitiva de petición de reintegro. O sea, uno de cada tres expedientes. En total, suponen la reclamación de 17,4 millones de euros a los beneficiarios por subvenciones que no han sido justificadas correctamente -ya sea de manera parcial o total- para lo que ahora deberán ser fiscalizados por la intervención general y posteriormente será la Agencia Tributaria de Andalucía la que se ocupe de recuperar ese dinero.

Luciano Alonso ha recordado que su compromiso es “sólo dar da cuenta de las resoluciones definitivas”, por lo que este viernes pondrá a disposición de los grupos parlamentarios el listado “pormenorizado” de las entidades afectadas por estas 581 reclamaciones. Ha insistido, en todo caso, que este montante de 17,4 millones de euros “sólo supone el 0,7% del presupuesto destinado estos años a formación”, sin concretar si se refería a las partidas para subvenciones o a la globalidad. Por ello, ha pedido que no se haga “una causa general” ni se “dañe más” la imagen de la formación en Andalucía. Es más, ha puesto como ejemplo que en materia de infraestructuras deportivas hay 146 expedientes de inicio de reintegro a los consistorios, que suman 34,7 millones de euros y afectan a 71 entes locales. “Son procedimientos reglados y compartidos por todas las administraciones”, ha recalcado.

El consejero ha reiterado que se están viendo “uno a uno” los expedientes, en un sistema “garantista y trasparente que hasta ahora sólo se ha atrevido a poner en marcha la Junta de Andalucía”, dado que en otras comunidades autónomas se hace por “muestreo”.

Más control en los de Ángel Ojeda

Por otra parte, dado el revuelo que ha supuesto que entre esos expedientes pendientes de justificación haya subvenciones concedidas al exconsejero Ángel Ojeda, detenido en el marco de la operación Óscar por presunto fraude, Luciano Alonso se ha detenido especialmente en este caso. Ha concretado que en este volumen de expedientes hay 114 de subvenciones otorgadas a Ángel Ojeda. De hecho, 60 de estos originales ya han sido remitidos al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que lo investiga, según ha subrayado.

El consejero ha anunciado que en los procedimientos relativos a Ángel Ojeda va a hacerse un seguimiento más exhaustivo de los expedientes en tramitación y van a ser “especialmente minuciosos”. De hecho, ha garantizado: “Si se percibe algún indicio de posible delito contra la hacienda pública, vamos a ponerlo en comunicación inmediata de la justicia”.

Se publicarán más exoneraciones

Luciano Alonso ha aprovechado para defender los criterios que entrarán en vigor con la nueva Ley de Formación Profesional, cuyo anteproyecto acaba de ser aprobado y que entre otras cosas establece el principio de no exoneración: es decir, no se otorgarán nuevas subvenciones a los que tengan pendiente la justificación de anteriores. Una práctica que, siendo legal, se fijaba como excepcional, pero la Junta de Andalucía terminó haciéndolo como norma.

De hecho, hace unas semanas se publicaba la resolución de exoneraciones firmada en 2012 correspondiente a más de 3.000 subvenciones. En este contexto, el consejero ha anunciado que este viernes “tendrá toda la ciudadanía la posibilidad de consultar todas las exoneraciones desde 2009 hasta la actualidad” en la web de la Junta de Andalucía, en respuesta a los que le habían reprochado que sólo se diera a conocer la resolución de 2012 para estas exoneraciones, que no implican que se perdone del deber de justificar las ayudas pero sí se les da la posibilidad de volver a optar en previsión de que lo harán. Un total de 2.552 entidades han sido exoneradas desde 2009, según ha adelantado el consejero: 192 ese año, 382 en 2010, 801 en 2011 y 1.177 en 2012 (que son las únicas publicadas hasta ahora).

Precisamente la próxima convocatoria de subvenciones para formación, prevista para el último trimestre de este año después de que las últimas fueran otorgadas en 2011, contemplará ya el principio de no exoneración y será por concurrencia competitiva (como está recogido en el anteproyecto citado). La cuantía será de 80 millones de euros en la próxima convocatoria para 1.084 acciones formativas que llegarán a unos 60.000 alumnos.

Por otro lado, ha anunciado que su departamento está elaborando un plan de seguimiento “en la misma línea que el plan de inspección de educación”, para garantizar el control y la verificación de la calidad en materia de formación (también incluido en el anteproyecto de la futura ley) y no sólo en lo que se refiere a la gestión de los fondos públicos que se destinan a ello. En la misma línea, el consejero, que comparece a petición propia y de los grupos, ha reconocido “el interés mediático” que ha despertado su intervención, pero ha insistido en su empeño en demostrar a la ciudadanía que “se está trabajando sin descanso para mejorar los procedimientos” y para que “no se haga una causa general” y “paguen justos por pecadores”.

IU critica que se haya tardado tanto

Desde IU, Ignacio García, ha adelantado que su formación pedirá una comparecencia de este tipo “cada mes, o como mucho cada dos”, porque es “la única forma de construir un relato distinto” a lo que aparece en prensa que, en todo caso, ha admitido que “tiene muchos visos de ser realidad”. También le ha reprochado IU que se hayan acumulado estos más de 8.000 expedientes sin revisar desde 2007, un tiempo que le parece “excesivo”. Luciano Alonso lo ha vinculado con el traspaso de las competencias en la materia por tres consejerías los últimos años hasta acabar en la suya o la “no disponibilidad presupuestaria por las exigencias del cumplimiento del déficit impuestas por Mariano Rajoy”.

IU se ha preguntado, por otra parte, “qué habrá pasado en los años anteriores a 2007”, o sea desde 2001 que existen estas ayudas y que no se van a revisar porque las irregularidades habrían prescrito. Ha dudado también de la eliminación de las “exceptuaciones” que se ha impuesto porque: “¿Va a tener capacidad la administración para verificar todo?”. Teme que los cumplidores no puedan volver a concurrir porque todavía esté pendiente de que la Junta de Andalucía verifique la documentación que le hayan aportado.

El PP-A alerta de que el refuerzo ha acabado

El PP-A ha criticado que sean 64 interinos los que hagan esta tarea cuando deberían ser “funcionarios de carrera” que son “los únicos que tienen la imparcialidad” necesaria, en palabras de Teresa Ruiz-Sillero. Pero en todo caso ha mostrado su preocupación porque los contratos “terminaron el pasado 30 de junio porque la ley sólo permite seis meses”, por tanto se ha preguntado quién revisa ahora esos expedientes. Igualmente, ha apuntado que su contrato supone más de 650.000 euros mensuales en nóminas “que pagan los andaluces”, cuando en su opinión “bien podría hacerlo de su bolsillo” el propio consejero o la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. El consejero ha manifestado que los contratos serían renovados.

También ha arremetido Teresa Ruiz-Sillero contra la publicación de listado de exoneraciones “metiendo en el mismo paquete a empresas pirata con las que han justificado correctamente todas las subvenciones”, en referencia a que la Junta de Andalucía no ha discriminado en la relación facilitada a la opinión pública. Por ello, ha pedido que no haga lo mismo con los listados que ha prometido para este viernes, entre otras cosas, porque “hay empresas que no han pedido ninguna exoneración y han justificado en tiempo y forma”, a lo que el consejero le ha replicado que el PP-A había pedido que se publicara “todo” así que le ha conminado a que “se aclare”.

Igualmente, la diputada del PP-A ha dudado de que se vayan a revisar los expedientes de Ángel Ojeda cuando no queda claro que la Junta de Andalucía “tenga copia” de los que se han llevado los juzgados. Incautación que precisamente ocurrió cuando los populares, que los habían reclamado, estaban revisándolos, lo que a Teresa Ruiz-Sillero no le ha parecido casual.

Una conclusión muy tensa

Tras más de dos horas y media de reunión, se ha ido elevando el tono de las intervenciones, llegando Luciano Alonso a hablar de la “debilidad intelectual” de la portavoz del PP-A y viéndose obligado a leer un comunicado de una empresa de un familiar suyo que la prensa había apuntado como una de las grandes beneficiarias de estos fondos públicos. “Es absolutamente deleznable que todo valga (…) y que se haya llegado a rebuscar en la sangre de las personas para hacer daño en su honor, en el de su familia, a su partido y a una institución”, lo que le produce “casi tanta repugnancia como la corrupción”.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha aclarado este jueves que la Junta de Andalucía ha ido respondiendo “puntualmente” a los requerimientos de la jueza Mercedes Alaya en relación a la investigación de fondos de formación gestionados por UGT-A entre 2004 y 2011 y que, paralelamente, se están revisando desde la consejería todos los expedientes del sindicato desde 2007 (los anteriores habrían prescrito), que suman 41. En tres de ellos ya se le ha pedido que reintegre la subvención, como ha afirmado Alonso en sede parlamentaria, porque no ha justificado correctamente el gasto, y en dos casos ha sido el propio sindicato el que ha renunciado a la misma. Eso sí, como se trata de expedientes en estudio, no ha desvelado el importe que suman, igual que ha dicho que tampoco sabe “qué documentación” se ha llevado la Guardia Civil de su departamento. UGT Andalucía asegura por su parte que “no se le ha reclamado ninguna cantidad de esos expedientes revisados”.

En la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía, el consejero ha detallado, con “transparencia”, las fechas de todo este proceso para dejar claro que se ha mantenido “siempre una línea de colaboración” con la justicia. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla le requirió el 20 de marzo un informe de gestión y justificación de subvenciones “concedidas a los diferentes agentes sociales”. Se pedía “un desplegable” de las subvenciones para formación desde 2004 hasta 2011 así como el acceso de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las aplicaciones informáticas de los cursos. El 7 de abril, ha continuado el consejero, se mandó por parte de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo (DGFPE) a los servicios jurídicos tanto el desplegable y los protocolos informáticos como una petición de aclaración sobre el concepto de agentes sociales. El 16 de mayo se notificó por parte del juzgado a la DGFPE la aclaración.

El 20 de mayo la Guardia Civil retiró las claves de las aplicaciones informáticas, y un día después se presentó en la DGFPE para recoger toda la documentación, operación que podría repetirse si se requiere más documentación. En esa línea de colaboración, ha precisado que la Junta de Andalucía facilitó incluso “el transporte” de la documentación a la Guardia Civil.

En este contexto ha criticado que el PP-A esté haciendo un uso “cínico” de este caso en los medios de comunicación y haga “juicios sumarísimos e inquisitoriales”. El consejero ha insistido en que el Gobierno de Andalucía continuará con el principio de no exoneración, tal y como decidió Susana Díaz en su toma de posesión como presidenta, de forma que no se concederán nuevas subvenciones a los que no hayan justificado el destino de otras percibidas previamente. Igualmente, ha dicho que se mirarán “uno a uno, expediente a expediente, si la jueza me lo permite”, todos los fondos de formación concedidos, un trabajo iniciado por la consejería hace meses. Por ello, ha deseado que “ojalá” el mismo modelo se pusiera en marcha en otras comunidades autónomas.

Trabajo interno

En dicha revisión de los expedientes (no sólo los de UGT-A sino los de todos los fondos de formación desde 2007 y que superan los 8.000), el consejero ha reiterado que se puede dar una casuística diferente: proceder a la liquidación si todo está justificado correctamente o bien se puede optar por los requerimientos de documentación. “Y desde luego, en caso de que no se aporte la documentación necesaria para la justificación, al agotar todos los plazos, se procederá a un expediente de reintegro, o en su caso a la resolución”, ha recalcado.

Posteriormente, ha detallado cómo va la revisión de los expedientes de UGT-A, que corresponden a diferentes líneas y están “vivos”, es decir, en plazo para su comprobación. De este modo, en la línea de formación continúa (para ocupados) hay en estos momentos 13 expedientes, de los cuales siete corresponden a las convocatorias de 2007, 2008 y 2009 que están fiscalizados, y por lo tanto pagados. Son expedientes que ya están cerrados. Otros tres se están ejecutando todavía y corresponden a la convocatoria de 2011. Hay otros tantos de la convocatoria de 2010, que están en estudio: es decir, se han realizado los cursos, se ha presentado la documentación y los técnicos están valorando su justificación antes de pasarla a intervención.

En la línea de formación de desempleados hay 17 expedientes en tramitación. Uno de ellos está finalizado y cerrado, y tres se encuentran en verificación de fondos europeos para pasar a su abono. Estos expedientes corresponden a la convocatoria de 2009. Hay otros tres que han solicitado prórroga para la justificación de los mismos y corresponden a la convocatoria de 2010. Mientras, otros siete están en estudio, ya que se le ha requerido la documentación y se han presentado alegaciones por parte de UGT-A. Los técnicos están estudiando si la documentación aportada es suficiente. “Si no es así, se iniciará el expediente de inicio de reintegro con carácter inmediato”, ha apostillado. Por último, en esta misma línea, hay tres expedientes a los que se les ha iniciado ya el procedimiento de inicio de reintegro.

Mientras, en la línea del fondo de formación para autónomos hay en tramitación un expediente de la convocatoria de 2008, que se ha remitido a verificadores de fondos europeos. En cuanto, a la línea de acciones complementarias, hay en tramitación seis expedientes. Todos están finalizados y pendientes de liquidación y corresponden a la convocatoria de 2008 y 2009. Finalmente, en la línea de acciones de investigación e innovación existen cuatro expedientes que están liquidados y que corresponden a la convocatoria de 2010. Otros dos, de la convocatoria de 2011, corresponden a cursos a los que UGT-A ha renunciado a dicha subvención: una en 2013 y otra en 2014.

Sin noticias del otro frente

El consejero ha aclarado también que este proceso es distinto a la revisión a la revisión de oficio que inició la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de subvenciones concedidas a UGT-A y que se ha saldado por el momento con cuatro resoluciones firmes -de un total de 19 expedientes en estudio- en las que se le exige el reintegro de 3,6 millones de euros. Es un proceso todavía en fase de alegaciones y del que el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, no ha ofrecido información los últimos meses por lo que no se sabe si ha habido más peticiones de reintegro ni si UGT-A ha devuelto ya dinero.

Por su parte, la portavoz del PP en la comisión, Teresa Ruiz Sillero, le ha reprochado que “ni siquiera sepa” qué se ha llevado la Guardia Civil. “Yo no hubiera dormido pensando en qué expedientes se ha llevado”, ha dicho, tras pedir la destitución de Luciano Alonso. Tras calificar de “bochornosa” la gestión que se está haciendo del caso, ha opinado que la Guardia Civil ha tenido que ir a por la documentación porque no se le ha entregado. “Si la Junta de Andalucía no da explicaciones, los andaluces pueden pensar muchas cosas y miles de hipótesis con lo que está ocurriendo”, ha insistido la popular, para quien eso es lo que está provocando un “daño irreparable en el buen nombre” de la comunidad autónoma.

La Escuela de Hostelería La Cónsula es un prestigioso centro de formación por el que en su día pasaron cocineros con estrella (Michelin) como Dani García o José Carlos García. Pese a su solera y al cariño verbal que periódicamente recibe de las instituciones, en abril del año pasado estuvo a punto de echar el cierre por falta de liquidez y el comienzo de este curso se retrasó dos meses por lo que entonces se explicó como un problema “burocrático” que afectaba a las subvenciones y luego, a la oferta formativa. El anuncio del consejero de Educación, Luciano Alonso, de que La Cónsula deberá devolver más de 500.000 euros recibidos en 2008 a cuenta de los fondos de formación volvió a poner a la Escuela en el foco que abandonó cuando se reanudaron las clases. Sus trabajadores, cerca de una veintena, emitieron el miércoles un comunicado en el que acusan a la Junta de Andalucía de iniciar una “caza de brujas por tanta corrupción política”.

La Consejería de Educación reclama 575.330,18 euros a La Cónsula, un consorcio-escuela participado por la propia Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Ese dinero corresponde a subvenciones recibidas en 2008, según desveló el Consejero en su intervención del martes ante el Parlamento. Durante el año 2008 la escuela de hostelería recibió dos millones de euros en subvenciones, de los que no habría justificado más de medio millón. Según Montserrat Reyes, Viceconsejera de Educación, se trata de un procedimiento “absolutamente ordinario” dirigido por la Intervención General: hay una parte de dinero público “no justificada conforme a los criterios de legalidad”, pero “ninguna trama de corruptela detrás”. “Esta es la única manera de decirle a los ciudadanos que hay un control del dinero público”, dijo Reyes.

Las declaraciones de la Viceconsejera pretendían apagar el fuego que había prendido en Málaga. Por la mañana, los trabajadores habían emitido un comunicado en el que acusaron al ejecutivo autonómico de elegirles como chivo expiatorio ante las sospechas de fraude en los cursos de formación. Los alumnos, 42 en el centro de Málaga y 14 en Benalmádena, también están inquietos. La continuidad de la escuela lleva en el alero más de un año. En este periodo, se ha cerrado varias veces el restaurante ante la imposibilidad de abonar el género, y se ha demorado dos meses el inicio del curso. “Se está repitiendo lo que ocurrió el año pasado, y nadie nos sienta y nos dice nada, ni tiene en cuenta que podemos ser las principales víctimas”, explica Javier Mahedero, decepcionado por el hecho de que hace dos semanas, la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Alba, acudiera al centro a transmitir tranquilidad; “y ahora encontramos con este varapalo”. Para acceder a los cursos de la Escuela, que duran dos años, es necesario estar inscrito en el paro. El curso de formación da acceso a dos periodos de prácticas durante el primer y el segundo curso.

“Suponemos que, en una caza de brujas propiciada por tanta corrupción política, lo más fácil es echar mano de lo primero que se pille para justificar que desde la Administración se están tomando medidas contra los desmanes generalizados que vienen apareciendo en prensa en los últimos meses”, dice el comunicado de los trabajadores. El texto detalla los controles superados por la subvención concedida en 2008.

Los presupuestos y las cuentas fueron aprobados en su día y, según los trabajadores, cada factura emitida va acompañada de un documento contable firmado por el director gerente, el presidente del Consorcio (delegado de Empleo), el Interventor General (secretario general de la Delegación de Empleo) y un habilitado. El comunicado destaca que el informe de la Cámara de Cuentas sobre la contabilidad de 2008 no detectó irregularidad alguna. Todos esos controles no sirvieron para poner de manifiesto la irregularidad que ahora se imputa.

En el escrito de los trabajadores también se denuncia el impago de sus salarios durante los últimos tres meses, mantenido en silencio hasta ahora porque, siempre según esa versión, así se lo sugirieron desde la Delegación de Empleo, en aras de la “buena imagen” y de una solución inminente al problema. Este periódico intentó contactar, sin éxito, con el actual director de La Cónsula, Miguel Ferrer. En 2008 estaba al mando de la escuela Francisco Oliva, exconsejero de Trabajo desde 1990 a 1994.

Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga (PP) acusó a la Junta de Andalucía de “jugar al despiste” y dar “el golpe de gracia” a La Cónsula, mientras que el alcalde, Francisco de la Torre (también del PP) ofrecía ayuda económica a la escuela. La Viceconsejera se refirió con cierta sorna a esa posibilidad: “Por fin, esto ha hecho que el Ayuntamiento de Málaga no solamente diga lo importante que es La Cónsula con palabras, sino que podamos tener algo de inversión en una institución tan importante”. Reyes también pidió “apoyo y tranquilidad”, pero la inquietud ha vuelto a la escuela.

El pleno en el Parlamento de Andalucía -que se adelanta a este martes para continuar el miércoles porque el jueves es festivo- estará marcado en su primera jornada por las comparecencias de los consejeros de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para ofrecer explicaciones sobre dos asuntos que han generado polémica -y hasta una crisis- en el Gobierno de Andalucía las últimas semanas: el realojo de los vecinos de la Corrala Utopía y la investigación de la Fiscalía de Málaga por un supuesto fraude en las subvenciones para cursos destinados a desempleados. Y en esta conflictividad, reparto de papeles entre los dos socios, porque tomarán la palabra un consejero de IU y otro del PSOE-A.

La primera en comparecer será Elena Cortés, “a petición propia”, para “informar sobre la política general de vivienda: VPO y procedimientos de realojo previstos” en la ley. Tras este enunciado se esconde la necesidad de aclarar las diferencias entre adjudicación de vivienda protegida y realojo provisional, que es la fórmula por que la su consejería permitió dar techo a ocho de las 17 familias desalojadas el pasado 6 de abril de un inmueble que ocupaban desde hacía casi dos años en Sevilla, mientras que para las otras nueve se está estudiando su situación.

Elena Cortés sostiene que la intervención de su departamento fue “totalmente legal”, pese a que costó una crisis -con suspensión temporal del pacto incluida- en el Gobierno de Andalucía, una vez que la presidenta, Susana Díaz, mandó parar estos realojos auspiciados por IU y llegó incluso a quitarle por unas horas las competencias en materia de adjudicación de vivienda protegida mediante decreto. La presidenta llegó a plantearse hasta un adelanto electoral. De hecho, en el orden del día figura también una iniciativa del PSOE-A para que dé estas explicaciones y que está planteada en los mismos términos que la referida de la consejera. Por su parte, la petición que se le hace desde la oposición es que informe “sobre los procedimientos que han dado lugar a la entrega” de viviendas protegidas a estas familias y que dé cuenta de “los informes jurídicos confeccionados al efecto para avalar las decisiones tomadas”.

Tras Elena Cortés, que comparecerá en torno a las cuatro y media, será el turno de Luciano Alonso, también a petición propia y “a fin de informar sobre la situación de la formación profesional para el empleo en Andalucía”. El PP-A le preguntará sobre todas las actuaciones que ha llevado o va a llevar a cabo en relación a las investigaciones que practica la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la fiscalía en relación al presunto fraude detectado en la gestión de los fondos de formación realizada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2011 “en diversas provincias de Andalucía”, si bien hasta el momento Luciano Alonso ha circunscrito el caso exclusivamente a Málaga. También preguntarán los populares “sobre las medidas que ha puesto o va a poner en marcha con el fin de aclarar dichas irregularidades”, cómo se trabajará para recuperar estos fondos de formación “defraudados” o quién asume “las responsabilidades políticas” ante “este nuevo escándalo”.

IU, por su parte, también pide explicaciones al consejero, “en relación al presunto fraude”. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, lo calificaba este lunes de “muy grave” y “escandaloso”, exigiendo “transparencia” a sus socios en las explicaciones porque “esto no es un bluf”. Y el PSOE-A, a su vez, se pregunta por este caso, pero no habla de fraude, sino de “las informaciones recogidas en diversos medios de comunicación”. De hecho, Luciano Alonso ha ido ofreciendo información sobre el caso desde el pasado 16 de abril sosteniendo la tesis del Gobierno de Andalucía de que “no se puede hablar de gran fraude”, entre otras cosas porque todavía “están abiertos” los procesos por el que las empresas que han recibido este tipo de subvenciones tienen que justificar su gasto.

Hasta la fecha, el Gobierno de Andalucía ha cifrado en 1,5 millones de euros el monto de los 17 expedientes que está investigando la UDEF y que le fueron requeridos a la consejería el pasado 14 de enero. En paralelo, desde el pasado mes de septiembre se están revisando todos los expedientes de estas subvenciones entre 2007 y 2011 -en 2012 y 2013 no ha habido convocatorias- para comprobar que todo está debidamente justificado. De un total de 4.000 revisados, se ha procedido a requerir más información a los destinatarios en medio millar de casos, y hay 56 peticiones de reintegro de las cantidades de manera total o parcial por no haber cumplido con su objetivo.

Esta revisión masiva de expedientes fue ordenada por Susana Díaz tras su toma de posesión cuando la sombra de la sospecha se cernía con todo su peso sobre estos programas y cuando se estableció el principio de no exoneración, es decir, no se puede optar a nuevas subvenciones sin haber justificado las anteriores que se hubiera recibido. En este contexto, quedan muchas preguntas por responder que se espera que haga Luciano Alonso como ¿hay nuevos requerimientos de información tras esos 480 expedientes de los que habló hace un par de semanas?, ¿a cuánto asciende la cantidad reclamada en los 56 de petición de reintegro?, ¿hay más ya?, ¿si los mecanismos de control funcionan, cuánto dinero ha recuperado la Junta de Andalucía con las peticiones de reintegro en años anteriores a los investigados?, ¿se han extendido la investigación de la UDEF a otras provincias?...

Cabe recordar que pese a que comparecerán los dos consejeros, la oposición había pedido que lo hiciera la presidenta, especialmente en el caso de los fondos de formación. De hecho, el PP-A ha insistido en la necesidad de convocar una comisión de investigación, un planteamiento que no tiene visos de salir adelante. De hecho, desde IU avisaban a los populares la pasada semana de que no cuenten con ellos para esto.

Queda mes y medio para las elecciones europeas. Entre Semana Santa y ferias primaverales se nos va a pasar volando la llegada del 25 de mayo. Pero ahora atravesamos campo minado de sospechas. Con artefactos que estallan casi a cada paso.

Las sospechas no son en sí malas. Pueden actuar como la fiebre o el dolor a modo de alerta de un mal contra el que actuar cuanto más rápido mejor. Sin embargo, en las últimas semanas las sospechas detonan con mucho escándalo y no acabamos de detectar qué hay de verdad bajo el bombazo cuando revienta otro y así andamos de rifirrafe por el desahucio de la Corrala Utopía, a pugna por un supuesto fraude de fondos de formación de la Junta, sin que acusadores ni acusados terminen de exponer, con pruebas o argumentos, que los ciudadanos sopesemos, qué está pasando.

Una cosa está clara hace tiempo: vivimos sometidos a la esquizofrenia de tres tempos, el político, el mediático y el judicial. Y los partidos lo usan en su provecho:

Por una parte, destapan en ruedas de prensa, desayunos informativos, comparecencias o filtraciones las supuestas vergüenzas del adversario. Incluso cuando éste es socio de Gobierno. Porque que Valderas (IU) sea vicepresidente de Díaz (PSOE), no quita para que ésta se las vaya a ver con Maíllo (IU) en las próximas autonómicas. Y no sólo en banderolas, sino en mítines, debates y el recuento final. Así que poca amistad.

Por otro lado, copian el mal endémico de nuestro sistema judicial, ¡esa lentitud que lastra la justicia hasta volverla injusta! Los partidos se dedican a marear la perdiz, dar toques al balón, ralentizar la cuestión, dormir la polémica, inducirla incluso al coma eterno si fuera necesario (y estuviera en su mano), con tal de que los ciudadanos no nos acordemos de qué estábamos hablando y si era cierto o falso.

Presunto fraude cursos formación de Andalucía

Empecemos por el presunto fraude en cursos de formación de la Junta de Andalucía. La noticia que “brota” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se refiere a hechos no sólo no probados por un tribunal, sino aún en fase de investigación policial. No es de recibo que salten ya frontándose las manos responsables del PP pensando: “¡Os pillamos!”.

Pero, por otro lado, también sonroja que comparezca el consejero Luciano Alonso y como defensa argumente que el Gobierno central quiere abrir “una causa general contra Andalucía”. No confundamos todo y parte, consejero. En tal caso, será causa a los gobernantes andaluces porque los ciudadanos de Andalucía no sólo no debemos sentirnos atacados por la denuncia de un presunto fraude con fondos de nuestra administración, sino que somos los primeros interesados en que el tema se aclare.

La Junta tendría que haber expuesto, ya en esa primera comparecencia, los datos tajantes, irrefutables, de que las ayudas se han concedido de modo irreprochable. ¿Están los números localizados? ¿No? ?¿Hay que ponerse a buscarlos? ¿Cuánto se tarda en dar con el archivo de pagos y justificantes? ¿Cuánto en imprimirlo o mandarlo por mail a los medios de comunicación? ¿Se prefiere aguardar a que lo pida el juez que tarda más y da más tiempo para buscar? ¿Por qué?

¿Qué quiere decir el consejero con eso de la “causa general a Andalucía”? ¿Qué el PP le tiene ganas al PSOE le tiene ganasy si es al andaluz más (que para eso le ha ganado hasta las últimas elecciones en que Arenas ya tenía el cartel de campeón en el balcón)? ¡Es una inducción, que no firmaría Sherlock Holmes! Claro que le tiene ganas y que cualquier sombra de sospecha le viene genial para, sumada al caso de los ERE -cuya investigación la jueza Alaya no acaba de rematar- contrarrestar lo difícil de contrarrestar: esa financiación B del PP, vía los Gürtel y Bárcenas, que hay que probar en sede judicial pero cada vez es más palmaria. Eso y sus propios presuntos fraudes en cursos de formación en comunidades que el PP gobierna, como la madrileña.

Pero dejando eso aparte, por elemental, querido Luciano, los andaluces queremos saber qué hay de verdad o falso en la sospecha de que esta parte de nuestros impuestos tampoco ha estado bien controlada. Que nos lo aclare con datos. Que a buen seguro vamos a ser capaces de interpretarlos. Ojalá pudiéramos desprendernos de esas frases altisonantes y vacuas nacidas cada día en los departamentos de argumentario de los partidos que actúan como, antaño, hacía el apuntador con los actores de teatro. Ojalá usáramos el lenguaje para explicar en vez de enmarañar y embaucar.

Corrala Utopía

Pasada la tensión del desalojo y enfrentamiento entre la Consejería de Vivienda (IU) que realojó a las familias y la presidenta (PSOE) que tiene los redaños por bandera y quitó ipso facto las competencias a su socio de gobierno, ahora el balón está en el tejado del Ayuntamiento sevillano (PP). Pues ya estamos tós. Porque ahora resulta que la solución depende de que el Consistorio emita informes sobre el grado de exclusión social de los afectados que fijarán su orden en la lista de espera de viviendas. Y dado que no hay acuerdo siquiera en el número de familias sobre las que hay que informar, todo hace presagiar que el asunto se aclarará bien y rápido. ¿Verdad?

De la crisis de Gobierno a que condujo el desalojo tampoco se ha explicado tanto como para no considerar que se ha cerrado en falso. Para empezar, ¿el Gobierno de Andalucía no toma las decisiones en conjunto? ¿Cada consejería funciona aplicando sus competencias sin informar? ¿Y la presidencia no tiene mejor modo de zanjar discrepancias con consejeros que quitarles competencias esta madrugada para devolvérselas mañana? Ya que preguntamos, ¿podría explicársenos la razón por la que es bueno para Andalucía que su consejera de Vivienda estuviera esos días en el Foro Urbano Mundial de la ONU en Medellín (Colombia)? Porque si es importante lo entenderemos, y si no también. Y cualquiera de estas dos opciones es mejor que la sospecha. No mejor para los partidos, o los políticos; sino para el sistema y los ciudadanos. Claro que sin éstos últimos qué sería de los primeros. ¿Por qué no se paran a considerarlo? ¿Por qué siguen empeñados en no hacerlo, en serio?

Mucho me temo que, pese a los homenajes al fallecido ex-presidente Suárez, es otro el político de la Transición que ha marcado el devenir de nuestra democracia partitocrática, nuestro Maquiavelo: Alfonso Guerra, creador de los ejes que vertebran nuestro universo político: “El que se mueve no sale en la foto” y “Calumnia que algo queda”.

Los últimos 62 contratos de los monitores de apoyo administrativo de centros escolares de Infantil y Primaria quedarán extinguidos el próximo 3 de diciembre. Son 62 trabajadores de Jaén que, al igual que sus más de 800 compañeros de aproximadamente un millar de colegios, se quedan en la calle ante el cambio en el sistema de contratación planteado por la Junta de Andalucía. Sus funciones será asumidas por personal laboral que podrá concurrir a una oferta de empleo público habilitada al efecto.

A partir del 4 de diciembre, pues, ninguno de estos monitores estará trabajando en el puesto que llevaba ocupando los últimos siete u ocho años, motivo por el cual el colectivo tiene previstas numerosas movilizaciones durante el mes de diciembre en las distintas provincias andaluzas. En Huelva se da la paradoja de que la Consejería dio por terminada el martes la relación contractual con 45 empleados pero la empresa subcontratada asegura seguir manteniendo contrato con el ente público Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE).

La Junta viene asegurando que no seguirá adelante con ninguno de los contratos que mantenía con las empresas que gestionaban el servicio, algunos ya rescincidos y que se están extinguiendo durante las últimas semanas, por reiterados incumplimientos en el pliego de concesión y el “desamparo laboral”, según ha llegado a decir el consejero, sufrido por los monitores, achacando las culpas al trato de la empresa concesionaria. La postura de la Administración es de comprensión ante su situación pero de firmeza a la hora de ejecutar un plan de choque que permita la contratación de nuevo personal a través de una oferta pública para personal laboral del Grupo III. Este miércoles, el consejero abría un poco la puerta a los monitores despedidos para que, en ese marco, se pueda contar con su experiencia.

Luciano Alonso asegura encontrarse en coordinación con el departamento de Hacienda para acelerar dicho proceso bajo la premisa de que los docentes no tengan que desempañar labores administrativas y que la decisión se dirija a “mejorar la calidad educativa”. Fuentes de su departamento han comentado que los puestos se cubrirán “en próximas semanas” pero que “los colegios pueden funcionar” mientras sin la figura del personal de apoyo, tal y como se encuentran ya alrededor de un millar de colegios en Andalucía.

Los monitores de apoyo administrativo, que aseguran haber estado “explotados” durante años por empresas de trabajo temporal, cuestión reconocida por la Junta, han venido desarrollando servicios de asistencia a la gestión académica (gestión de datos de los alumnos, familias y tutores, control de asistencia de alumnos, registrar los datos derivados de los procesos de preinscripción, matriculación, etc.), servicios de asistencia a la gestión económica (participar y auxiliar en la gestión del presupuesto del centro, registrar la actividad económica del mismo...) o servicios de apoyo, como realizar el tratamiento adecuado a expedientes, documentación, correos, asi como su redacción, transmisión, emisión y archivo.

Contar con su experiencia

“Trabajamos, y en esto también queremos que se sumen los sindicatos, para que se tengan en cuenta tanto la experiencia laboral como la titulación que permita que la mayor parte de los trabajadores tengan posibilidad de participar en esa oferta”, ha subrayado el consejero, “aunque esto suponga una nueva negociación del convenio colectivo”. El consejero no ha definido cómo contará con la experiencia de los monitores despedidos pero, según fuentes del colectivo, las posturas de algún modo se podrían estar acercando y podría haber novedades en las próximas horas.

Según decía la semana pasada el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, “se trata de buscar fórmulas expresamente reconocidas en el marco de la legalidad, y no por la puerta de atrás”. El sindicalista se hacía eco del “gran malestar” que ha causado la versión de la Junta, que únicamente incide en las condiciones en que la empresa tenía contratados a los trabajadores, “tirando balones fuera en lo tocante a su propia responsabilidad al no haber estado vigilante durante todos estos años”.

El colectivo de monitores ha configurado un nuevo calendario de protestas en el que se contemplan acciones conjuntas con CC.OO el 2 de diciembre en las delegaciones territoriales de Educación, así como una 'cacerolada' y una 'zambombada' los días 10 y 17 de diciembre, y un encierro los días 13, 15 y 15 de diciembre en el colegio 'El Puntal' de Bellavista, en Aljaraque (Huelva).