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Cerca de un centenar de detenciones en tres provincias andaluzas por subvenciones en formación

Se están produciendo registros en empresas de Almería, Málaga y Sevilla que se beneficiaron de subvenciones públicas en un operativo que se prolongará unos días

El concejal del PSOE de Roquetas de Mar (Almería) y la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez, entre los implicados

La denominada operación 'Edu Costa' se desarrollará hasta este viernes y continuará, en una segunda fase, la semana próxima entre los días 16 y 20

La delegada del Gobierno dice que las investigaciones llegarán "a todos los rincones de Andalucía" y la presidenta de la Junta señala que "a quien haya defraudado un euro a la Administración Pública, que lo crujan"

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La Policía Nacional prevé entre 70 y 90 detenciones este martes en un nuevo operativo enmarcado en la operación 'Edu Costa', donde se investiga el presunto fraude en las subvenciones públicas dirigidas a formación. En este caso, en el operativo denominado 'Edu Costa' se están produciendo registros en empresas de Almería, Málaga y Sevilla, llevados a cabo por efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según han indicado fuentes policiales a eldiario.es Andalucía. Este operativo se desarrollará hasta este viernes y continuará, en una segunda fase, la semana próxima entre los días 16 y 20.

Las detenciones, 16 hasta el momento y que se producen después de que los investigadores hayan mantenido más de 3.500 entrevistas personales desde el pasado mes de agosto con alumnos y profesores que impartían los cursos de formación, afectan principalmente a administradores y socios de 50 entidades mercantiles que percibieron fondos presuntamente irregulares y se estima en torno a los 3 millones el dinero defraudado.

Entre los afectados por este operativo están el líder del PSOE de Roquetas de Mar (Almería), Juan Fernando Ortega Paniagua, y la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, la socialista Pilar Sánchez, como expresidenta de Mercajerez, una de las empresas que supuestamente se habría beneficiado en el fraude. Y hasta un sacerdote al que se le acusa de haber gestionado la organización de cursos fraudulentos para beneficiarse de subvenciones públicas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Se han tenido en cuenta los informes elaborados por la Seguridad Social y numerosos expedientes de actividades empresariales. Estas informaciones han proporcionado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional numerosa información sobre dónde y cómo y quiénes estaban detrás de la organización de los citados cursos, que en muchos casos ni siquiera llegaban a producirse o se daban datos de alumnos que la policía ha podido comprobar que no existían.

También se ha podido detectar que había empresas que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre la materia. En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos les devolviesen luego la mitad del sueldo acordado. "Algunos hasta les acompañaban al cajero para que les devolviesen el dinero o les hacían firmar que cobraban más de lo que luego recibían", relata uno de los responsables de la investigación.

Preguntada por los periodistas, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha comentado que "a quien haya defraudado un euro a la Administración Pública, que lo crujan; además cuanto antes". Ha insistido en que lo tiene "claro": a quien "haya defraudado a la Administración, que lo crujan; se llame como se llame". "Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la justicia, es colaborar para que se recupere hasta el último euro", ha enfatizado.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha dicho a los periodistas que, "desgraciadamente", las investigaciones de la nueva fase de la 'operación Edu' –hoy, bajo secreto de sumario– llegarán "a todos los rincones de Andalucía".

Según ha expuesto Crespo, la actuación se centra en empresas y sociedades mercantiles que presuntamente han "mal utilizado" los fondos de formación que se proporcionaban desde la Junta, con "políticos y empresarios" relacionados con una operación "de gran alcance, que hace tiempo que empezó y cuyo colofón puede ser hoy". "La lástima es que tiene que ver con los desempleados y los fondos de formación: nos llena de estupor y pena que estos fondos se hayan mal utilizado", ha agregado.

Dimisión en Roquetas de Mar

El portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, ha informado en rueda de prensa que Ortega Paniagua tiene previsto presentar su renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Roquetas y su baja como militante del partido. Respecto a la entonces regidora de Jerez ha comentado que tienen constancia de que ha estado declarando "durante cinco minutos", mostrando en cualquier caso su colaboración con la actuación de la justicia.

Así lo ha confirmado a Europa Press el líder del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, quien ha indicado que esta decisión "se va a materializar hoy mismo para desvincularse del partido" y la adopta para "que nadie pueda o pretenda utilizar este asunto políticamente cuando solo se refiere a su actividad profesional".

El concejal y empresario, a quien se investiga por las subvenciones recibidas por las academias Ormar Informatic SL e Infosol SL, ha quedado en libertad junto a su exmujer, su hija y una profesora de una de las dos academias de la que figura como administrador. Ortega Paniagua está imputado por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social, bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

La expresidenta de Mercajerez alega que "todas las competencias estaban delegadas en el gerente"

Según ha explicado la exalcaldesa de Jerez a Europa Press, la policía le pedía este lunes que acudiera a "testificar" a las 9.00 horas de este martes en calidad de expresidenta de Mercajerez. Pilar Sánchez ha recalcado que los propios funcionarios policiales le aseguraron que "en ningún caso estaba arrestada ni detenida", y ha señalado que el interrogatorio "ha durado cinco minutos" y se ha centrado en conocer "si conocía los cursos que se daban allí –en Mercajerez–". También ha aclarado que "no tenía ni idea" sobre cualquier asunto relacionado con ese extremo, ya que "todas las competencias estaban delegadas en el gerente".

De hecho, la exalcaldesa ha indicado que había otras personas relacionadas con la gestión de Mercajerez en las dependencias policiales este martes, aunque ignora "en calidad de qué". Según explica, Mercajerez es una sociedad mixta pública y privada cuya presidencia ostentan históricamente los alcaldes de la ciudad y, por tanto, ella la presidió entre 2008 y 2011. "Ni me acordaba de ello –ha apuntado–, porque los alcaldes habitualmente, si es que van, van a Mercajerez una vez al año", que es la periodicidad con la que las empresas públicas están obligadas a reunir a su consejo de administración. Ella –ha precisado– "ni iba, porque delegaba".

También ha recordado Sánchez que en el Consejo de Administración de Mercajerez –entidad que explota el mercado de abastos de la localidad jerezana– había representación de "todos los partidos políticos". Y ha insistido en que no tiene "nada que ver" en el asunto investigado y que no ha estado "detenida en ningún momento". Ha declarado durante "cinco minutos" y se ha ido; no está previsto que vuelva a ser citada, según ha comentado.

El pasado agosto se detuvo, en lo que supuso la segunda parte del operativo 'Edu' (denominada operación 'Óscar'), al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda por su presunta vinculación con el fraude de los cursos de formación. Hubo ocho detenciones en las provincias de Madrid y Cádiz.

La alerta sobre posibles irregularidades en los cursos de formación saltó cuando la Cámara de Cuentas publicó un informe en enero pasado en el que aseguraba haber detectado "irregularidades" en la gestión de estos fondos públicos en los años 2009 y 2010. En su dictamen apuntaba que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) recibió subvenciones nominativas por valor de casi 49 millones de euros en 2009 y 2010, de las que "no consta justificación alguna a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello".

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