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Chaves y Griñán piden la baja voluntaria del PSOE

José Antonio Griñán y Manuel Chaves en una imagen de archivo

Gonzalo Cortizo / Irene Castro

Manuel Chaves y José Antonio Griñán han pedido la baja voluntaria del PSOE tras su procesamiento por el caso de los ERE. Los expresidentes andaluces evitan así que la dirección de Pedro Sánchez les suspenda cautelarmente de militancia, tal y como establece el código ético que aprobó tras su llegada a la secretaría general del PSOE.

Los expresidentes andaluces han trasladado ya a Ferraz el escrito en el que solicitan la baja voluntaria de militancia, según han confirmado fuentes socialistas a eldiario.es. “Siempre han ido por delante de los acontecimientos y han renunciado temporalmente a su militancia”, ha expresado el portavoz del Comité Electoral, Antonio Hernando, que ha asegurado que la petición se produjo “estos días”.

La reacción se ha producido apenas unos minutos después que haya trascendido que el juez ha procesado a los expresidentes del PSOE por el caso de los ERE. A Chaves le atribuye un presunto delito continuado de prevaricación y a Griñán un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Los socialistas, que presidieron el partido durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, se adelantan así a la reacción de la dirección actual que, según su código ético, tendría que suspender de militancia a los expresidentes por su procesamiento, pese a que en la actualidad no ostentan ningún cargo público ni orgánico. Chaves y Griñán se vieron obligados a renunciar a sus actas parlamentarias cuando el Supremo confirmó su imputación en el marco de la investigación por los ERE fraudulentos que se produjeron durante sus mandatos en Andalucía.

“A los militantes que se les abriera juicio oral por un delito relacionado con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales (acoso, abuso o violación) o contra la integridad moral, o aquellos ligados a la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia, y en caso de dictarse una sentencia condenatoria que adquiera firmeza serán sancionados con la expulsión del partido”, recoge el artículo 5.4. del código ético impulsado por Sánchez.

“Son personas honradas”

Tanto Sánchez como Susana Díaz respaldan públicamente a los expresidentes andaluces y muestran confianza en su inocencia y ambos han mantenido la prudencia ante la investigación que afecta a Chaves y Griñán. “Paso a paso”, respondió el secretario general sobre las medidas que tendría que tomar contra los que en su día estaban entre los dirigentes más destacados del PSOE.

“Confiamos en su inocencia. No se han llevado ni un euro, ni un céntimo. Son personas honradas y honestas. Ojalá este proceso se termine cuanto antes”, ha expresado el portavoz socialista, para quien Chaves y Griñán están atravesando un calvario.

La federación de Díaz dejó en manos de Ferraz, tras conocerse el procesamiento de Chaves y Griñán, la posible decisión sobre los que fueron sus principales dirigentes durante décadas, pero Sánchez no ha tenido que tomar medidas porque los expresidentes se han adelantado.

“No tenemos nada más que hacer que respetar los procedimientos judiciales y acatar en un Estado de derecho los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales”, ha expresado el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, que ha confiado también en la “honestidad y la honorabilidad de los expresidentes”. “Son personas honestas que se han comportado siempre con arreglo a la ley, que han sido servidores públicos”, ha subrayado el portavoz socialista andaluz.

Cuando fueron imputados por el Supremo, tanto Díaz como Sánchez defendieron que ambos debían abandonar sus escaños en el Congreso y el Senado, una decisión que finalmente tomaron tanto Chaves como Griñán. Fue la decisión “más difícil” para Sánchez, según contó en una entrevista. No obstante, el PSOE no forzó la dimisión de los expresidentes nada más ser citados a declarar como imputados y esperó a que el Supremo confirmara la imputación. Los socialistas aducían que aún no se les había atribuido un delito concreto.

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