Ni Venezuela ni la financiación autonómica ni vivienda: la guerra entre el Gobierno y el PP no da tregua

No hay posibilidad de ningún acuerdo. Todos los puentes están rotos. La guerra del PP contra el Gobierno es total y no se vislumbra ningún tipo de acercamiento ni siquiera en las materias que tradicionalmente han sido asuntos de Estado, como la política exterior. Pedro Sánchez ha convocado una ronda de contactos con los grupos, que comenzará con Alberto Núñez Feijóo, para abordar el posible envío de tropas a Ucrania ante una hipotética misión europea en caso de alto el fuego. El líder del PP llega con una enmienda a la totalidad a la actuación del Ejecutivo y, en principio, con un ‘no’ a Sánchez que supondría salirse del consenso europeo frente a su propia familia política. 

El de Ucrania es solo un ejemplo más de la estrategia, que se replica en otros asuntos de enorme importancia y que requieren la colaboración de los dos partidos que se reparten la práctica totalidad del poder en España, como son la financiación autonómica o la crisis de vivienda. En un año que llega cargado de elecciones se ha recrudecido la batalla, y no hay atisbos de cambio de rumbo cuando las generales aparecen ya en el horizonte.

Como lleva ocurriendo desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, el PP ha hecho de Venezuela un casus belli de la política doméstica. La intervención ilegal de Donald Trump para apresar a Nicolás Maduro la han acabado utilizando los de Feijóo para arremeter contra el Gobierno, que ha condenado esa actuación que vulnera el derecho internacional y apuesta por una transición “genuinamente venezolana sin injerencias externas”. 

Insuficiente para los de Feijóo que, tras aplaudir la operación por capturar a Maduro, se encontraron con la sorpresa de que Trump mantenía el régimen con la figura de Delcy Rodríguez, que ha asumido el poder como presidenta encargada.

“El Gobierno quiere liberar a Delcy, es la única liberación que les importa. Su postración ante una torturadora es humillante y elocuente. El Gobierno socialista quiere reciclar al régimen chavista, quiere salvar a Delcy para salvarse a sí mismo”, fue la lectura de los hechos que expresó la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, durante la comparecencia del ministro de Exteriores en el Congreso este jueves. 

Las palabras de la parlamentaria conservadora se produjeron apenas 12 horas después de que Donald Trump alabara a Rodríguez: “Es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella. Yo traté con ella esta mañana. Tuvimos una llamada, una larga llamada, es fantástica”, dijo el presidente de EEUU.

Lo hizo la víspera de reunirse con María Corina Machado, un encuentro al que dio un perfil muy bajo en el que la opositora venezolana entregó al presidente de EE UU el reciente Premio Nobel de la Paz con el que ha sido galardonada. A la vez, el director de la CIA se reunía con Delcy Rodríguez.

El PP apuesta por Machado para ponerse al frente de Venezuela, a pesar de que no se presentó siquiera a las elecciones por su persecución judicial. Pero Trump no cree que tenga el apoyo suficiente para ello. Este viernes, Álvarez de Toledo justificó la entrega del Nobel.

El PP sí apeló a la celebración de unos comicios en un comunicado tras la reunión de Feijóo con el candidato opositor, Edmundo González: “El futuro de Venezuela pasa por unas elecciones libres en las que Edmundo González y María Corina Machado tengan la oportunidad de devolverle al país la prosperidad que la dictadura de izquierdas le arrebató hace ya demasiados años”.

Pero escuchando a los dirigentes del PP, parece que sea Pedro Sánchez quien ha tomado la decisión de que sea Delcy Rodríguez la presidenta encargada de Venezuela. “Sabemos que ninguna transición es impoluta moralmente, todas exigen cesiones y transacciones a veces indigestas, pero algunos principios deben prevalecer. Delcy no es una moderada, no es la Adolfo Suárez venezolana que ustedes pintan”, dijo Álvarez de Toledo en el Congreso, donde repitió que el Gobierno montó “una operación para extraer de Venezuela al presidente legítimo”, en referencia a la salida de González y la concesión del asilo que él ha agradecido en varias ocasiones. 

La diputada hispanoargentina reiteró las habituales denuncias de corrupción contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien señalan por supuestos negocios fraudulentos en Venezuela. La Fiscalía pidió el jueves rechazar la querella de HazteOír contra el expresidente español y concluyó que “no hay el más mínimo indicio de tráfico de drogas”.

“Le quiero recordar que a Delcy no la ha puesto el Gobierno de España, la ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos”, le contestó José Manuel Albares, quien planteó una rebaja de las sanciones a Venezuela si Rodríguez da pasos como la liberación de más presos políticos.

'No' a una financiación autonómica “mejor”

El nuevo choque en el Congreso llegó un día después de que el Gobierno se llevara un rapapolvo de todas las comunidades, excepto Catalunya, por la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. Aunque Asturias y Castilla-La Mancha también rechazaron el modelo expuesto por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han sido los gobiernos del PP los que han amenazado con abrir un nuevo frente judicial si se llega a aprobar en el Congreso con el apoyo de los socios de la investidura, incluido Junts, quien a priori lo rechaza.

El nuevo modelo de financiación amplía los porcentajes de IVA e IRPF que se cede a las comunidades autónomas, y supone una inyección extra de 21.000 millones de euros para los gobiernos regionales. A pesar de que reconoce que la propuesta es “mejor” que el sistema vigente, caducado desde hace una década, el PP la ha rechazado en bloque con ataques que básicamente pasan por la negociación bilateral de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, que fue con el que alcanzó el acuerdo antes de que María Jesús Montero presentara el modelo.

La vicepresidenta también ha anunciado encuentros bilaterales con el resto de comunidades autónomas, pero las del PP se han mostrado contrarias a estas citas. Está por ver qué harán en caso de ser convocadas.

Lo que no han desvelado los gobiernos del PP es si se acogerán al nuevo sistema, de carácter voluntario, para recibir el aumento correspondiente de los fondos. Según los cálculos, serían unos 15.000 millones más en total para las comunidades que tiene en sus manos. Otra opción es rechazar el nuevo sistema y quedarse con el actual.

La dirección nacional del PP se cuida, y mucho, de adelantar qué harán sus barones, quienes reconocen en público que cada uno tiene una opinión propia y no coincidente. Por eso, Feijóo no es capaz de presentar una propuesta alternativa más allá de declaraciones sobre la solidaridad interterritorial y los supuestos agravios comparativos a favor de Catalunya. Lo que sí promete el líder de la oposición es que va a “derogar” el nuevo sistema si se aprueba.

La vivienda, otro campo de batalla electoral

La vivienda, que es ya el principal problema para los españoles, se ha convertido en otro caballo de batalla entre Gobierno y PP. En Moncloa cargan con dureza contra los de Feijóo por su negativa a aplicar la ley de vivienda, que permitiría topar los precios de alquiler en las zonas tensionadas, entre otras medidas. La portavoz, Elma Saiz, arremetió esta semana contra los populares, a los que acusó de “insumisión”.

“Confiamos en que encontremos el camino para ese objetivo común y hacer frente a la inacción de gobiernos irresponsables que no cumplen con una ley que beneficia y que vemos que en algunas comunidades ya está teniendo resultados cuando se aplica”, aseveró Saiz sobre la pugna en el seno de la coalición a raíz de la última propuesta de Sánchez de aplicar bonificaciones fiscales a los propietarios que reduzcan los precios.

Sumar y el resto de aliados de izquierdas rechazan esa medida y consideran que el Gobierno debe prorrogar los 1,6 millones de contratos que vencen este año. En Moncloa sostienen que esa intervención es inconstitucional y se escudan en un “informe” de la Abogacía del Estado al respecto. Pero también hay una cuestión política. “¿A qué nivel de decibelios creéis que gritarían que estamos en una dictadura?”, se pregunta una fuente gubernamental en referencia a la derecha.

En la dirección nacional del PP también se han dado cuenta de que el problema de la vivienda afecta a su propio electorado. Aunque un tercio señala al Gobierno o los políticos en primera posición, un nada desdeñable 12,6% de sus votantes sitúa la vivienda como principal preocupación, según los datos del último barómetro del CIS. 

Feijóo planteó el lunes “vincular” la financiación de las comunidades a la cantidad de vivienda que construyan introduciendo un nuevo parámetro al ya de por sí complejo sistema de reparto de los fondos para las autonomías. También reiteró su plan de rebajas fiscales a la compra de vivienda, bien sea nueva o de segunda mano, y a la reducción de los controles públicos sobre la construcción de los edificios. Y enarbola una ley contra la ocupación, un problema que no señalan en el CIS ni siquiera los votantes de la derecha. 

En Moncloa desdeñan el planteamiento que hizo Feijóo en Barcelona. “¿Qué medidas?”, responden con sorna a la pregunta de si estarían dispuestos a incluir alguna de esas iniciativas para intentar lograr el apoyo del PP. Son conscientes de que no se trata de unas propuestas u otras, sino que el PP no reconoce siquiera la legitimidad del Gobierno y seguirá en la guerra en todas las materias, incluso en las que se presuponen de Estado, como el envío de tropas a Ucrania, aunque ello suponga desmarcarse del consenso europeo.