El Constitucional confirma que el PP ha usado la Asamblea de Madrid para blindar a Ayuso de preguntas incómodas

El Tribunal Constitucional ha dictado esta semana dos sentencias que dejan por escrito una realidad: el Partido Popular ha usado la Mesa de la Asamblea de Madrid como dique de contención para proteger a Isabel Díaz Ayuso de preguntas y propuestas incómodas de la oposición. Cuestiones sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es, sobre la sanidad madrileña o sobre el grupo Quirón que nunca llegaron a debatirse en pleno o comisión porque, afirma el tribunal, la Mesa las tumbó de forma irregular y vulnerando los derechos políticos de PSOE y Más Madrid. Unas preguntas que, después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora tiene obligación de tramitar.

La Mesa no es el organismo con más exposición pública y mediática de un parlamento autonómico, pero constituye el primer cortafuegos de las iniciativas con las que la oposición busca cumplir con su misión política: controlar la labor de un gobierno regional a través de preguntas y propuestas. La holgada mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2023 también dio al PP un plácido control de la Mesa con cuatro de sus siete miembros, entre ellos su presidente Enrique Ossorio, frente a los solitarios representantes de PSOE, Más Madrid y los aliados de Vox.

La oposición, tras conocer las sentencias del Constitucional, ha reiterado sus peticiones de dimisión contra Ossorio, un técnico de la Seguridad Social que empezó en política de la mano de Ignacio González y que se consolidó como consejero, vicepresidente y portavoz de Isabel Díaz Ayuso antes de ser puesto al frente de la Asamblea y su Mesa. Una atalaya desde la que ha sido calificado como “censor” por servir de muro inexpugnable para las preguntas incómodas.

Los partidos de la oposición decidieron llevar a los tribunales esta labor de cancerbero poco después de que elDiario.es revelase que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había sido denunciado por defraudar 350.000 euros en impuestos así como sus relaciones profesionales con el grupo Quirón, gigante empresarial con un papel protagonista en la sanidad madrileña. También después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, amenazara por escrito a una periodista de elDiario.es con “triturar” al periódico tras las primeras exclusivas del caso.

Tanto PSOE como Más Madrid presentaron casi dos decenas de iniciativas relacionadas con el caso. Algunas de ellas eran anteriores, como la petición de los de Manuela Bergerot de crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia de compra de material sanitario como el que había reportado una comisión al hermano de Ayuso. Otras, de ambos partidos, eran posteriores: pedir explicaciones y responsabilidades por las amenazas a elDiario.es, auditar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del grupo Quirón o, incluso, avanzar para que las grandes empresas sanitarias fueran expulsadas de los hospitales regionales.

Todas las iniciativas se quedaron en el primer filtro de la Mesa. Las preguntas, las propuestas de comparecencia, las posibles comisiones de investigación y las proposiciones no de ley. El organismo, con el rodillo del PP y la abstención de Vox, expuso todo tipo de razones para que ninguna de estas propuestas llegara al pleno y, en la práctica, no se sometieran a debate público. Las razones fueron variadas: que Miguel Ángel Rodríguez no es miembro del gobierno sino un asesor, que muchas de esas cosas vienen de legislaturas pasadas o, incluso, que en el caso Koldo ya se están investigando contratos de la pandemia.

El Constitucional ha constatado que, en ambos casos, la Mesa vulneró los derechos políticos de la oposición al bloquear estas iniciativas yendo mucho más allá de sus funciones, que deberían limitarse a constatar que las iniciativas parlamentarias cumplen con requisitos formales. Sus decisiones, impulsadas gracias a la mayoría del PP, impidieron el “núcleo básico de la función parlamentaria”. La verificación de la Mesa, recuerda el Constitucional en estas sentencias, “ha de ser siempre formal”, no entrar al fondo del asunto para limitar el control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

De Miguel Ángel Rodríguez a la sanidad pública

Las sentencias tiran por tierra todos los argumentos que usó Enrique Ossorio para descartar estas iniciativas y que después defendió la propia Asamblea en sus alegaciones ante el tribunal. Es cierto que Miguel Ángel Rodríguez no es consejero en el ejecutivo regional, pero las preguntas sobre sus amenazas a elDiario.es “versan sobre asuntos que sin duda afectan a la acción política del gobierno”. Preguntar por él, añade el Constitucional, es “control al gobierno”.

El Constitucional explica a la Asamblea de Madrid que esta jurisprudencia no es precisamente novedosa. El tribunal lleva dictando sentencias en este mismo sentido desde la década de los noventa que han dado la razón a prácticamente todos los partidos en todo tipo de parlamentos: al PP y a CiU en el Senado, a Izquierda Unida y Podemos en Murcia, a Vox en Euskadi, a Compromís en València y al PSOE en Madrid. El mejor ejemplo, de hecho, ocurrió en esa misma Asamblea hace ahora 20 años.

El portavoz del PSOE regional era entonces Rafael Simancas, que tres años después del 'tamayazo' hacía oposición a una Esperanza Aguirre aupada por los votos de los tránsfugas. Los socialistas, junto con IU, pidieron la creación de una comisión de investigación para estudiar si las obras de la ampliación de la línea 9 de Metro hasta Arganda del Rey eran seguras. El PP de Aguirre enterró esta petición con una alegación que ha repetido dos décadas después: que esas obras eran de una legislatura anterior, cuando el presidente regional era Alberto Ruiz-Gallardón. La catenaria llegó a caer sobre las vías.

Esa comisión de investigación nunca se abrió. El Constitucional dio la razón a Simancas en 2012 y, para entonces, ni siquiera era diputado en la Asamblea de Madrid. Ahora el tribunal repite aquellos argumentos para reprochar al PP de Ayuso que no podía bloquear una posible comisión de investigación sobre los contratos regionales durante la pandemia con el argumento peregrino de que ya existía una investigación sobre el caso Koldo.

Este punto ha sido el único que ha roto ligeramente la unanimidad del Tribunal Constitucional en su doble reproche a Isabel Díaz Ayuso. Los conservadores Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez han anunciado votos particulares en la sentencia sobre el recurso de Más Madrid porque discrepan en lo que tiene que ver con la petición de crear una comisión de investigación. Pero el criterio ha rozado la unanimidad con progresistas y conservadores votando lo mismo. Arnaldo, de hecho, es el ponente de la sentencia que da la razón al PSOE.

“Nos saca de la anomalía madrileña”

Las sentencias todavía no han sido notificadas y, por tanto, ni PSOE ni Más Madrid han podido examinar la letra pequeña, pero ambos partidos se sienten avalados por el Constitucional en las quejas que vienen desplegando desde hace años contra la actividad de la Mesa en ese sentido. Tanto Mar Espinar (PSOE) como Hugo Martínez Abarca (Más Madrid) consideran que ahora el organismo debe tramitar sus peticiones y, si no lo hace, exponerse a consecuencias que pueden llegar al ámbito penal de la desobediencia y la prevaricación.

“Nos saca de la anomalía madrileña salvo que decidan desobedecer al Constitucional”, explica Hugo Martínez Abarca. “Con Ayuso todo es posible, pero el sentido común dice que si el Constitucional obliga a Miguel Ángel Rodríguez a comparecer y dar explicaciones, no cabe otra que aceptar”, afirma en ese mismo sentido Mar Espinar. “Pero hablamos de Ayuso, ya sabemos que ha hecho de la Comunidad de Madrid su pequeña Corea del Norte particular y que, en la tierra de la libertad, la única que vale es la suya”, apostilla.

El diagnóstico sobre el uso que Ayuso y Ossorio han dado a la Mesa en estos años es idéntico en ambos partidos. “Es proteger a la presidenta, que tiene muchísimos frentes abiertos, el nivel de vida cañón que lleva sin justificarlo, tiene que protegerse y la Mesa se ha puesto a trabajar. Ponen a trabajar a toda la maquinaria de la Comunidad en defensa del novio”, argumenta Espinar. “Es una aplicación trumpista de las instituciones que lleva practicando desde que empezó: 'la Asamblea es mi chiringuito y no vais a poder hacer democracia en el parlamento', es muy bestia”, afirma Martínez Abarca.

Más Madrid elaboró un informe el año pasado cuyos datos evidencian que la Mesa de la Asamblea ejerce de cortafuegos con mucha más intensidad que en otros parlamentos regionales. A lo largo de buena parte del año pasado, según este informe del grupo parlamentario, hasta un 30% de las iniciativas fueron inadmitidas, diez veces más que en otros parlamentos regionales.

La presidenta regional no ha podido empuñar el argumento habitual de desacreditar al Tribunal Constitucional por su mayoría progresista –las sentencias han tenido también apoyo conservador– y ha optado por alegar que desde la oposición “plantean preguntas absurdas”. En las próximas semanas la Mesa tendrá que reconsiderar sus negativas. Entre ellas, que Miguel Ángel Rodríguez y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tengan que responder por las amenazas explícitas a elDiario.es por revelar el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta.