Erdogan lleva más de 20 años en el poder. Desde 2003 como primer ministro, desde 2014 como presidente. Conservador e islamista en lo social, liberal en lo económico, muy enemigo de la libertad de expresión, Erdogan ha sabido hacerse necesario para la Unión Europea: la alianza de las civilizaciones, la gestión de los refugiados sirios, la mediación entre israelíes y palestinos, o su papel respecto  a Rusia o Siria. 

Todo eso le ha dado margen a Erdogan para su última operación represiva. Una red de secuestros de opositores políticos en el extranjero para llevarlos ilegalmente a Turquía. Hay un periodista de elDiario.es que lleva años investigando y recopilando detalles y acaba de publicarlos en un libro que se llama ‘Sentirán el aliento de Turquía en la nuca’. Es el jefe de internacional en elDiario.es Javier Biosca, con el que hablamos de estos secuestros y de la importancia de Turquía en la geoestrategia política.

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Amnistía Internacional quiere olvidar el pasado 5 de julio, cuando diez defensores de los derechos humanos fueron arrestados en un hotel de la isla de Büyükada, en Estambul. Quiere hacer lo mismo con el 6 de junio, cuando el presidente de la misma organización, Taner Kiliç, fue arrestado en su casa de Esmirna. Mientras el cautiverio de los activistas continúa, gobiernos y figuras mediáticas han pedido su liberación, incluidos órganos de la Unión Europea.

El desenlace podría comenzar este miércoles y jueves, cuando se enfrentaran a un juicio que les puede dejar en libertad, o la pesadilla seguirá para demostrar que defender los derechos fundamentales en Turquía es significado de delito.

La vida de Taner Kiliç, presidente de AI en Turquía, se detuvo la madrugada del 6 de junio cuando la Policía le arrestó en su casa de Esmirna, localidad mediterránea al oeste del país. La detención, junto a 22 abogados, del máximo responsable de la organización supuso un golpe para Amnistía y el presagio de que la purga de Erdogan se iba a extender hacia límites insospechados.

La acusación que recae sobre esta figura ligada a AI desde 2002 es la relación con la cofradía de Fethullah Gülen, acusada de instigar el fallido golpe de Estado de julio de 2016. Su crimen, haberse descargado una aplicación de mensajería instantánea que se ha relacionado con los miembros de un grupo que es considerado terrorista. Si la justificación resulta poco sostenida, los informes periciales de su teléfono indican que Kiliç nunca llego a descargar ByLock, la app ‘gulenista’ que según la Fiscalía utilizan cerca de 215.000 personas en Turquía.

Menos de un mes después, la directora de AI en Turquía, Idil Eser, se reunía con nueve activistas en un hotel de Estambul para realizar un taller rutinario. Pero la mala suerte quiso que un ciudadano turco denunciase a las autoridades el encuentro y un total de diez activistas fuesen arrestados.

Se les acusaba de conspiración y “delinquir en nombre de una banda terrorista”. Ocho de los acusados, entre ellos el informático alemán Peter Steudtner, el sueco Ali Gharavi y la directora de Amnistía se encuentran en prisión preventiva.

En total, los once defensores de los derechos humanos afrontan una acusación por parte de la Fiscalía de hasta 15 años de prisión.

“Sembradores del caos”

“Los diez de Estambul”, en referencia a los diez activistas que se reunieron, fue el nombre con los que la prensa afín a Erdogan les denominó, demonizándolos y haciéndose eco de las acusaciones que recibían por parte del Gobierno. “Se habían reunido con la intención de continuar el golpe del 15 de julio. Fueron detenidos siguiendo información de inteligencia que recibimos”, argumentó Erdogan.

El hotel Ascot, escenario de las detenciones, se convertía en el espacio funesto de la reunión “conspiranoica” que realizaban personajes, descritos por el diario Takvim, como “El Hacker” o “La que siembra el caos”. También se les relacionaba con el PKK (Partidos de los Trabajadores del Kurdistan) o FETÖ, organización de Fethullah Gülen. Según afirma la acusación, “ha quedado claro que el objetivo de los sospechosos eran marchas similares a las de Gezi [unas notorias revueltas en el año 2013] , bajo el nombre de 'Adalet' (Justicia), que se convertirían en violentas y crearían el caos social”.

La visita a la directora de AI

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha sido de las pocas personas que ha podido acceder a la prisión de alta seguridad donde se encuentran los activistas detenidos en Estambul. Según indica, visitar a Idil Eser no fue fácil. “Había intentado visitarla en cuanto llegué a Turquía, unos días antes, pero me habían impedido el paso en las puertas de la prisión. Tras reunirme con el ministro de Justicia, Abdülhamit Gül, en Ankara, para reiterar nuestra solicitud de que se nos concediera una visita, pude verla por fin”, admite Shetty.

Según indica el activista de AI Andrew Gardner a eldiario.es, la situación, lejos de ser normal, se ha vuelto común. “Bajo el estado de emergencia solamente pueden visitar a los presos familiares o abogados una vez por semana”, afirma.

A raíz de esa visita, el secretario general describió que el aislamiento que reciben es total. “Aunque comparte celda con otra mujer, no ha podido siquiera hablar con los demás defensores y defensoras de los derechos humanos, como Özlem Dalkıran, a la que detuvieron al mismo tiempo”, afirma. Eser describió tal cuarentena destacando que “Özlem está a solo tres puertas, pero si quiero saber algo de ella tengo que buscarlo en los periódicos.”

Reacciones en todo el mundo

Una larga lista de gobiernos, instituciones y figuras mediáticas han instado a que sean puestos en libertad. Entre ellos figuran la Comisión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, funcionarios de la ONU, Angela Merkel y el gobierno alemán, así como los gobiernos de Austria, Irlanda, España o Bélgica.

Por su parte, Edward Snowden, exiliado por sacar a la luz el espionaje masivo y sistemático por parte de los Estados Unidos, se sumó a la causa destacando en un vídeo que “Amnistía luchó por mi cuando los necesité, ahora es momento de dar la cara por ellos”.

Gardner, que trabaja para la organización sobre el terreno, destaca que “el juicio no se basa en nada y deben ser puestos inmediatamente en libertad”. Él vivirá en primera persona las vistas y no confía mucho en un final feliz. “Está claro que es una persecución política, no tiene nada que ver con la justicia” y por ello sentencia que “desafortunadamente es imposible recibir un juicio justo”. Aun así, las pocas esperanzas que alberga se basan en la naturaleza de estos activistas: “Son personas que no han hecho nada malo, es frustrante que sigan en la cárcel”.

Después de 25 años en la enseñanza, Ayse Kazanci ha decidido prejubilarse.

Esta profesora de ciencias sociales, que ha solicitado usar un pseudónimo para evitar problemas con el gobierno, lleva tiempo enfrentándose a dificultades por su activismo, por unirse a las huelgas del sindicato de profesores y por defender causas de izquierdas y del pueblo kurdo. Tras el fallido golpe de Estado del año pasado en Turquía, Ayse está siendo investigada.

Pero la introducción de cambios en el currículum escolar de todo el país ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Cuando los niños vuelvan a la escuela tras las vacaciones de verano se encontrarán con que la introducción a la Teoría de la Evolución ha desaparecido de los libros de texto de biología.

El tiempo dedicado a la enseñanza de las ideas seculares apoyadas por el fundador del país, Mustafa Kemal Atatürk, ha sido drásticamente reducido, y las escuelas públicas enseñarán a partir de ahora el concepto de yihad. Un intento, según el gobierno, de contrarrestar el uso de la religión para justificar la violencia, pero que ha suscitado una amplia oposición entre los sectores seculares.

“El gobierno tiene una intención oculta con la educación porque influenciar las mentes de la juventud es de la mayor importancia para ellos”, explica Kazanci. “Los cambios [en el currículum] son ideológicos, no científicos ni académicos. Manipular la historia y evitar la Teoría de la Evolución no es bueno para los niños”.

Represalias tras el golpe de Estado fallido

En una Turquía polarizada a raíz del traumático intento de golpe de Estado con el que todavía tiene que reconciliarse, la educación se ha convertido en un campo de batalla clave. La división en el país se ha visto exacerbada un año después del golpe, con purgas a gran escala entre los sospechosos de conspiración, además de entre disidentes, y un polémico referéndum que ha dotado al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, de más poder antes de las elecciones de 2019. Alrededor de 33.000 maestros han sido despedidos como parte de medidas drásticas tomadas por el gobierno.

La disputa entre seculares y conservadores para tomar las riendas del futuro de la sociedad es tan sólo una de las muchas divisiones presentes hoy en día en Turquía.

Los opositores a los cambios en el currículum escolar argumentan que van en contra de los valores fundacionales de la república secular de Atatürk y constituyen un intento de inculcar valores religiosos del islam suní en la juventud. El gobierno insiste en que los cambios son necesarios para preparar a la población estudiantil turca para un futuro laboral competitivo.

“Somos moderados”, dijo Ismet Yilmaz, el ministro de Educación, en una conferencia de prensa reciente para presentar y defender las reformas educativas. “Queremos un sistema educativo de calidad y que nos permita mirar hacia adelante”.

La eliminación de la teoría evolutiva del currículum escolar es uno de los cambios más polémicos. Las autoridades educativas sostienen que la asignatura era demasiado complicada para los estudiantes y que por ello se dejaría para la universidad“.

Numan Kurtulmus, vicepresidente del gobierno, ha descrito la Teoría de la Evolución como arcaica y con falta de evidencia. El concepto de la evolución es poco aceptado entre los clérigos musulmanes más convencionales de Oriente Medio; para ellos la evolución contradice la historia de la creación expuesta en las escrituras sagradas, según las cuales Dios dio vida al primer hombre.

Se ha añadido al currículum de las clases de religión el concepto de yihad, junto a otros principios del islam como el rezo, el ayuno, y el peregrinaje a la Meca. La intención, dicen los funcionarios, es hacerse con el control de la palabra, que significa “esfuerzo”, y enfatiza la naturaleza pacífica del islam, para que así los estudiantes no vean el concepto de yihad como violento.

“Lo enseñaremos de la manera correcta”, dijo Yilmaz. “El islam es la religión de la paz”.

El intento de golpe de Estado de julio, que en Turquía se cree que fue orquestado por los seguidores de Fethullah Gülen, un predicador exiliado en Estados Unidos, también será enseñado en la escuela, y cómo fue frenado por la gente que salió a protestar a las calles. Sin embargo, el legado del golpe sigue generando tensiones por los juicios a los supuestos conspiradores.

Un educación cada vez más religiosa

Yilmaz asegura que los cambios están basados en una amplia consulta pública en la que la ciudadanía y la comunidad educativa tuvieron un papel clave. Además, las medidas vienen de la mano de un aumento en el número de escuelas Imam Hatip, fundadas en los primeros días de la república para formar a predicadores e imames.

Gaye Usluer, una diputada del Partido Popular Republicano (CHP), de la oposición, y miembro del comité de educación del parlamento, afirma que actualmente en Turquía hay una escuela Imam Hatip por cada 5.000 personas, cuando hace unos años era de una por cada 50.000.

“La intención detrás del nuevo currículum es ideológica y el problema con la Teoría de la Evolución también es ideológico”, sostiene. “Quieren educar una generación que sea lo más afín posible a sus ideales ideológicos”.

El ministro de Educación defendió la decisión del gobierno de retirar la Teoría de la Evolución del currículum, alegando que temas como la mutación genética seguirán siendo impartidos en la escuela. El currículum también incentiva los aportes de científicos musulmanes como Avicena, argumentó Yilmaz.

Pero la diputada de la oposición, Usluer, sostiene que los cambios son tan sólo un paso hacia una transformación indiscriminada de la sociedad que tiene como objetivo crear una generación leal.

La debilitación de los valores seculares, el creciente énfasis en la religión y la moral, y el deterioro de las disciplinas científicas ejemplificado en la exclusión del currículum de la evolución son para Usluer un intento de centrar las bases de la educación religiosa en el islam suní.

“Los valores que van a enseñar no son valores universales”, sostiene Usluer. “Quieren imponer sus propias ideologías en los niños. Erdogan dijo que quería una generación devota y religiosa, y estos cambios han sido ideados para cumplir este deseo”.

El Gobierno turco ha hecho oficial el despido inapelable de unos 40.000 funcionarios, sospechosos de estar relacionados con la red del predicador conservador Fethullah Gülen, acusado de organizar el fallido golpe de Estado del pasado mes de julio.

Según un decreto publicado anoche en el boletín oficial del Estado turco, se oficializan, entre otros, los despidos de 28.100 funcionarios del ministerio de Educación, de otros 7.600 de la dirección de seguridad, de 2.000 empleados del ministerio de sanidad y otros 1.500 de la dirección de asuntos religiosos.

Desde el intento golpista de julio, Turquía había suspendido a unos 80.000 empleados públicos de diferentes sectores de la administración, incluyendo el ejército.

Una parte de estas suspensiones se han convertido ahora en despidos formales e inapelables.

Estos funcionarios no podrán volver más a sus puestos de trabajo y tampoco podrán apelar su despido, decidido por el Ejecutivo gracias a poderes especiales en el marco del estado de emergencia, que rige en el país desde el golpe fallido.

El decreto asegura que los funcionarios despedidos están relacionados con “organizaciones terroristas”, en alusión a la red de seguidores de Gülen.

En 2008, coincidiendo con su último año en una escuela de secundaria que ofrecía preparación militar en la ciudad de Bursa, Mehmet Koç se percató de que el ejército turco estaba experimentando cambios. La fuerza aérea acababa de asumir la gestión de la escuela y un nuevo grupo de comandantes se hizo cargo de la educación de los cadetes.

Koç estaba presenciando la llegada de miembros del movimiento de Gülen, dirigido por el clérigo islámico afincado en Estados Unidos Fethullah Gülen. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, que fue su aliado en el pasado, lo acusa ahora de haber orquestado la intentona de golpe de estado del mes pasado. Gülen niega tener nada que ver con el golpe fallido.

Los gobiernos occidentales y los grupos de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por el hecho de que decenas de miles de personas que presuntamente están vinculadas con el movimiento han sido detenidas o han perdido su trabajo en las últimas semanas. Aseguran que la investigación en torno al golpe se ha convertido en una caza de brujas.

En cambio, muchos turcos han expresado su frustración ya que consideran que Occidente se ha tomado el movimiento de Gülen a la ligera. Para algunos turcos como Koç, el ascenso de este movimiento guarda relación con abusos físicos, deudas y una carrera militar fallida.

Equipos de shock

“Fui un buen estudiante y tenía una buena actitud con los profesores”, señala Koç: “Sin embargo, pronto me percaté de que los nuevos comandantes querían hacer las cosas a su manera y que tenían un sistema de jerarquías distinto. A los estudiantes los dividieron en dos grupos, los favoritos y aquellos de los que querían deshacerse, ya que buscaban un determinado perfil”.

El ultimo año de Koç en el instituto fue complicado pero lo cierto es que las cosas no hicieron más que empeorar cuando entró en la academia militar de Ankara en 2009. “A los estudiantes indeseados nos pusieron en los llamados equipos de shock, cada uno de ellos formado por 10 cadetes”, recuerda. Explica que a él lo habían clasificado como kemalista, partidario de las ideas laicas del fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, solo porque pidió prestado un determinado libro de la biblioteca del instituto.

“Nos torturaron. Nos dejaron sin dormir y nos privaron de comida y agua. Constantemente nos teníamos que arrastrar, también por el asfalto. Yo siempre tenía heridas y sangre en la piel. Nos humillaban. Nos obligaban a saltar dentro de contenedores de basura con la boca abierta y nos decían que nosotros también éramos basura y que no nos merecíamos convertirnos en oficiales del ejército turco. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que nos fuéramos ya que querían que nuestra plaza pudiera ser ocupada por estudiantes del movimiento”.

En Turquía hace tiempo que se da por hecho que la red de Gülen, con el apoyo del Partido para la Justicia y el Desarrollo, ambos movimientos turcos islamistas, penetró en el sistema de justicia y en el aparato de seguridad del país y que se deshacía de todos los que se atrevían a criticarlos. Durante todo este tiempo, Erdoğan y Gülen todavía eran aliados y los periodistas que se atrevían a informar sobre estos hechos eran encarcelados.

Una alianza acabada

La alianza entre Erdoğan y Gülen empezó a tambalearse en 2012 y el presidente le declaró la guerra un año más tarde, tras un escándalo por corrupción que salpicó al gobierno, y al círculo y a la familia de Erdoğan, que por aquel entonces era el primer ministro del país. Erdoğan cree que Gülen estuvo detrás de todas estas acusaciones

“Los partidarios de Gülen hicieron un trabajo excelente y convencieron a Occidente de que estaban cargados de buenas intenciones. Tienen una inmensa red internacional, capacidad de oratoria y buenos estudios”, señala el periodista de investigación İsmail Saymaz. “Durante diez años hemos agonizado en manos de una banda criminal que se presentó ante el mundo como un movimiento pacífico y promotor  del diálogo interreligioso, mientras atacaban sin piedad a sus opositores en Turquía”.

La estrategia, el dinero y la influencia del clérigo, unido a la victoria electoral del AKP, hizo que los dos grupos crecieran al unísono y consiguieran relegar a la Turquía secular en muchos aspectos de la esfera pública del país.

Muchos analistas subrayan que un gran numero de seguidores de Gülen desconocían algunas de las acusaciones que pesan sobre la red y creían que el movimiento se limitaba a promover el diálogo interreligioso, la educación y la filantropía, proyectos que esta red organizaba con éxito con la ayuda de instituciones y escuelas privadas de todo el mundo.

“Los kemalistas seculares se convirtieron en la primera víctima del movimiento de Gülen porque ocupaban los cargos públicos que esta red quería para sí”, explica Saymaz. Cuando sus víctimas intentaban explicar lo que les habían hecho, los trataban como si estuvieran mintiendo o estuvieran locos.

“Todos aquellos que eran kemalistas, de izquierdas o kurdos fueron detenidos. Todos tuvieron que hacer frente a un juicio amañado. El AKP se convirtió en el último blanco de ataque del movimiento de Gülen tras su caída en desgracia”.

De los 470 cadetes que integraban la promoción de Koç en la prestigiosa academia militar de Ankara, solo 250 lograron terminar el curso de orientación de 42 días. Koç claudicó en el vigésimo día.

No solo arruinaron sus carreras, los cadetes que abandonan sus estudios militares, completamente gratuitos, y posteriormente no prestan servicio en las fuerzas armadas tienen que pagar una sustanciosa multa. “Mi padre, un obrero, tuvo que vender su coche. Tras mucho esfuerzo, consiguió pagar 56.000 liras turcas, 17.000 euros, nos costó mucho”, explica Koç: “Algunas familias se arruinan y muchas dejan esta deuda a sus hijos”.

Koç subraya que el gobierno optó por mirar hacia otra parte e ignorar la creciente influencia del movimiento de Gülen en el ejército. El jefe de estado mayor también optó por ignorar las quejas de los estudiantes que fueron expulsados.

En calidad de miembro del patronato del sindicato de jueces, Tamer Akgökçe, juez penal durante 30 años, expresa su consternación por el hecho de que el gobierno asuma el papel de víctima.

“El movimiento de  Gülen se hizo con el control del poder judicial con la ayuda del gobierno. Destruyeron el Estado de derecho, han hecho mucho daño. Apartaron a jueces y fiscales, los mandaron a destinos lejanos. Destruyeron muchas carreras. Con la ayuda de los integrantes del movimiento de Gülen, aprobaron las leyes que querían y necesitaban. Lograron deshacerse de sus detractores. Sin embargo, la purga actual va en contra de la ley y de todos los principios, afirma.

“Es un hecho que muchos de los jueces y fiscales en prisión preventiva no integran ese movimiento y tampoco tuvieron nada que ver con el intento de golpe de estado. Estamos presenciando la lucha entre dos grupos que pisotearon hasta hacer añicos el Estado de Derecho. Son dos pésimas opciones y una conseguirá ganar a la otra”.

Traducción de Emma Reverter

El gobierno turco de Erdogan continúa con su política represiva tras el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en Turquía hace más de un mes. Ante la gran cantidad de detenciones, el Ejecutivo ha publicado un decreto por el que los presos con menos de dos años de condena por delante podrán salir en libertad condicional, con el fin de aumentar el espacio en las cárceles para poder encerrar a los golpistas retenidos. 

El anuncio recogido por Associated Press lo ha hecho Bekir Bozdag, ministro de justicio de Turquía, a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que la medida no supone una amnistía para esos presos, sino una libertad condicional. 

Asimismo Bozdag ha especificado que la medida no se aplicará a los presos que hayan cometido sus delitos después del 1 de julio, salvo que sea alguien implicado en el intento de golpe de Estado fallido. Tampoco podrán acogerse a este nuevo régimen penitenciario todos aquellos que estén acusados de asesinato, violencia de género, abusos sexuales, terrorismo y cualquier crimen contra el estado. 

Expulsan a más de 2.000 policías

Más de un millón de personas se han reunido este domingo en Estambul para participar en una manifestación convocada por el presidente turco, Tayyip Erdogan, para condenar el fallido intento de golpe de Estado, en una amplia muestra de apoyo en medio de las críticas de Occidente sobre purgas y detenciones generalizadas. 

La movilización por “la democracia y los mártires” realizada en el distrito de Yenikapi, en el extremo sur de la península de Estambul, marca el punto más álgido de las tres semanas de manifestaciones nocturnas de los seguidores de Erdogan, muchos cubiertos con la bandera turca, en las plazas en todo el país.

La organización ha preparado más de dos millones de banderas, cinco millones de botellas de agua, e imponentes medidas de seguridad con 22 máquinas de rayos X para controlar a los asistentes de una manifestación vigilada por más de 13.000 voluntarios sin contar agentes de Policía.

El clérigo Fetulá Gulen ha sido un tema prominente entre los oradores del mítin. Gulen, que reside en Estados Unidos, es considerado como el máximo responsable del plan para ejecutar el golpe de Estado. 

El religioso, aliado de Erdogan en los primeros años de la llegada al poder del partido AKP en 2002, ha negado las acusaciones y denunciado el golpe, que se produjo en un momento crítico para un país que enfrenta ataques del grupo yihadista Estado Islámico en Siria y la insurgencia de rebeldes kurdos.

En el lugar del evento se encontraban el ex presidente Abdulá Gul, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Hulusi Akar -- secuestrado momentáneamente por los golpistas la noche de la fallida asonada --, o el director de la Oficina de Asuntos Religiosos de Turquía, Mehmet Görmez, así como el primer ministro del país, Binali Yildirim, quien prometió llevar a Gulen ante la justicia. “No será un acto de venganza: será un acto legal”, aseguró.  

En el lugar del evento se encontraban el ex presidente Abdulá Gul, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Hulusi Akar -- secuestrado momentáneamente por los golpistas la noche de la fallida asonada --, o el director de la Oficina de Asuntos Religiosos de Turquía, Mehmet Görmez, así como el primer ministro del país, Binali Yildirim, quien prometió llevar a Gulen ante la justicia. “No será un acto de venganza: será un acto legal”, aseguró.

También se trata de la primera vez en décadas que importantes partidos opositores se suman a una movilización en apoyo al Gobierno del país de casi 80 millones de habitantes. Destacó en este sentido el discurso del líder de la oposición laicca en Turquía, el republicano Kemal Kiliçdaroglu, quien declaró que, tras la noche del 15 al 16 de julio “se ha abierto la puerta de un nuevo compromiso en Turquía, un país nuevo”.

“Han querido organizar un golpe contra nosotros y nuestro sistema parlamentario pero no lo han conseguido”, declaró durante el evento, recogido por el diario nacional 'Hurriyet'. El gran ausente fue el Partido Democrático de los Pueblos, la oposición pro-kurda, que no fue invitada al evento.

Entre la multitud se veían pancartas que decían “Eres un regalo de Dios, Erdogan” u “Ordénanos morir y lo haremos”. “Estamos aquí para mostrar que estas banderas no caerán, que el llamado a oración no será silenciado y que nuestro país no será dividido”, dijo Haci Mehmet Haliloglu, un funcionario público de 46 años que viajó desde la ciudad de Ordu, en el Mar Negro, para participar en la manifestación.

Desde el intento de golpe, las autoridades turcas han suspendido, detenido o puesto bajo investigación a miles de personas, incluidos soldados, policías, jueces, periodistas, médicos y funcionarios públicos, lo que ha generado preocupación entre los aliados de Occidente de que Erdogan está usando estos sucesos para afianzarse en el poder.

El reloj supera en escasos minutos las diez de la noche del viernes 15 de julio. Se escuchan disparos en la sede del Estado Mayor de Turquía en Ankara. Horas después el alzamiento militar fracasa y deja 265 personas fallecidas y más de 2.000 heridos.

Con la llegada de los primeros rayos de luz a tierras turcas el sábado 16 de julio, empiezan las represalias. Las fuerzas leales al presidente Erdogan comienzan a detener a los militares sublevados. Más de 2.800 soldados son arrestados por su presunta relación con el alzamiento. No obstante, las purgas del presidente no se limitan al Ejército, sino que han alcanzado a todos los estamentos. Son estas:

Destitución de jueces

Turquía ha suspendido de sus funciones a un total de 2.745 jueces de diferentes tribunales, incluidos los de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, acusados sin pruebas de estar detrás detrás del levantamiento militar. Algunos de los magistrados pusieron sobre aviso a sus colegas europeos de lo que se avecinaba, tan solo unas horas después de que se constatase que la rebelión fracasaba: “Puede ser la mayor operación de limpieza de disidentes que se lleve a cabo por el Gobierno”.

Una maniobra que mantendría relación directa con el propósito de Erdogan de reinstalar la pena de muerte para los golpistas -abolida definitivamente en Turquía en el año 2004- . “Como jefe de Estado, aprobaré esa decisión si la ratifica el Parlamento”, aseguró. “¿Por qué debería mantenerlos [a los golpistas arrestados] y darles de comer en la cárcel durante años?”, añadió el presidente turco.

El ministro de Justicia del país, Bekir Bozdag, criticó las advertencias de Bruselas de que ningún país que ejecuta sentencias de muerte puede entrar en la Unión Europea. “Hemos regulado la pena de muerte. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la Unión? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos”, sentenció.

En España, la Unión Progresista de Fiscales ha emitido una carta al embajador de Turquía en nuestro país en la que aseguran que “la rapidez con la que se ha llevado a cabo la suspensión de funciones y detención de jueces/zas y fiscales hace sospechar seriamente en la premeditación y arbitrariedad de esas medidas”.

Casi 2.000 centros cerrados

Cuando el golpe de Estado fracasa, el presidente turco acusa al predicador islamista Fethullah Gülen de orquestar la sublevación militar. Gülen ha dicho que “es ridículo, irresponsable y falso sugerir que tuve algo que ver con el golpe fallido”. El Gobierno de Erdogan ha pedido a Estados Unidos, país donde reside el predicador islamista, que extradite a Gülen a Turquía.

Entretanto, Turquía ha cerrado más de 1.700 centros privados, desde hospitales hasta universidades, por supuesta vinculación con las redes del predicador islamista. Así lo afirma el primer decreto del Ejecutivo de Erdogan al amparo del estado de emergencia, publicado este sábado en el Boletín Oficial.

El documento puntualiza que se han cerrado 35 hospitales privados, 1.043 colegios y pensiones de estudiantes privados, 1.229 fundaciones, 19 sindicatos y 15 universidades privadas que pertenecen o tienen vínculos con las redes de Gülen.

Además, este mismo sábado la policía turca detuvo al sobrino del predicador, Muhammet Sait Gülen, bajo sospecha de estar vinculado a los responsables del golpe, según informó la agencia semipública turca Anadolu. Sait Gülen fue arrestado en Erzurum, ciudad en el noreste de Anatolia, y enviado a la capital, Ankara, para ser interrogado.

Control de las Fuerzas Armadas

La cuestión militar es uno de los ejes sobre los que pivotan las purgas de Erdogan. Las fuerzas leales al presidente turco han detenido a más de 6.000 militares de diversos escalafones, incluidos 103 generales y almirantes, lo que supone cerca de un tercio de la cúpula de mandos de las Fuerzas Armadas de Turquía.

Además, el primer ministro turco, Binali Yildirim, ha anunciado que la jefatura de las Fuerzas Armadas de Turquía dejará de depender del Ministerio de Defensa y será subordinada directamente a la Presidencia en el futuro.

“El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ya no dependerá del Ministerio de Defensa. Cuando se implante el sistema presidencialista, lo subordinaremos a Presidencia”, ha dicho Yildirim en una entrevista este domingo en la televisión turca ATV-A Haber.

Retirada de licencias y detenciones en los medios

El Ejecutivo de Turquía ha puesto especial énfasis en el control de los medios de comunicación tras el golpe de Estado fallido. El Alto Consejo de Radio y Televisión turco (RTÜK) ha anunciado que se han retirado las licencias a una veintena de cadenas de televisión y radio cercanas a Gülen. Según Anadolu, la decisión concierne a 24 cadenas y 34 periodistas considerados cercanos al enemigo de Erdogan. El pasado marzo, la agencia de prensa Cihan y el diario Zaman fueron embargados, y su dirección, confiada a administradores del Estado.

La policía turca también ha detenido a la periodista Zehra Dogan, editora de la agencia feminista JINHA Women’s News Agency. El arresto, en el marco del estado de emergencia, se practicó este viernes en Mardin. Desde entonces nada se sabe de la comunicadora, sobre la que se puede establecer el nuevo periodo de detención sin cargos en Turquía, que ha aumentado de 4 a 30 días, según informó este sábado la agencia de noticias Reuters.

Un tribunal de Estambul ha dictado una orden de ingreso en prisión contra 17 periodistas, que quedan a la espera de juicio, por participar presuntamente en el golpe de Estado del pasado 15 de julio y ha liberado a otros cuatro informadores, recoge Europa Press.

Los arrestados han sido imputados por pertenecer a una “organización terrorista”, esto es, el movimiento liderado por el clérigo opositor Fethullah Gülen, el predicador exiliado desde hace años en EEUU y al que Ankara acusa de ser el cerebro del fallido golpe militar.

Diez días después del intento de golpe de Estado, Turquía emitió una orden de detención contra 42 periodistas por su presunta relación con redes gulenistas, aunque una decena habrían conseguido escapar del país.

Esta semana, más de cien medios de comunicación y una veintena de editoriales han sido cerrados por decreto del Gobierno turco al amparo del estado de emergencia. Gran parte de los medios son locales, tenían escasa difusión o ya habían sido intervenidos por el Estado bajo acusación de mantener vínculos con la cofradía de Gülen.

Acercamiento con Europa

Turquía ha liberado a 750 de los soldados que fueron detenidos por su presunta implicación en el fallido golpe en un gesto de acercamiento con las potencias europeas, que han condenado las repetidas violaciones de Derechos Humanos que se suceden en el país desde la intentona. Todavía hay 231 soldados bajo custodia, ha recogido la agencia de noticias oficial Anatolia.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también ha anunciado que retirará las demandas por agravios contra su persona en un “gesto de unidad”. Desde 2014, momento en que llegara a a la presidencia del país, la Fiscalía ha abierto más de 1.800 querellas contra periodistas, caricaturistas e incluso niños por insultos contra el jefe del Estado.

Más de 60.000 personas han sido detenidas, despedidas o suspendidas de sus cargos por su presunta relación con el golpe.

Más de cien medios de comunicación y una veintena de editoriales han sido cerrados este miércoles por decreto del Gobierno turco al amparo del estado de emergencia proclamado a consecuencia del fallido golpe militar del 15 de julio.

El decreto enumera tres agencias de prensa, 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio, 45 diarios, 15 revistas y 29 editoriales y distribuidoras, informa la cadena CNNTürk

Gran parte de los medios son locales, tenían escasa difusión o ya habían sido intervenidos por el Estado bajo acusación de mantener vínculos con la cofradía de Fethullah Gülen, el predicador exiliado en EEUU al que Ankara acusa de ser el cerebro del fallido golpe militar.

Entre las agencias destaca Cihan, una de las mayores agencias privadas turcas, entre los diarios, Zaman y Bugün, y entre las televisiones, Bugün TV o Samanyolu TV, todos ellos medios que habían pasado a control del Estado en los últimos nueve meses.

Al ser dirigidos por administradores nombrados por el Gobierno, que impusieron una nueva línea editorial y despidieron a gran parte de la plantilla, estos medios ya habían perdido su audiencia tradicional.

Así, el diario Zaman había bajado de más de 600.000 ejemplares vendidos a 5.700 en los pasados meses.

Pero también se han cerrado los diarios creados recientemente por los periodistas despedidos tras las intervenciones, como Özgür Düsünce o Yeni Hayat, con cifras de entre 30.000 y 45.000 ejemplares diarios vendidos.

Varios de los periodistas empleados en estos medios, especialmente en Erzincan TV, que también ha sido cerrado este miércoles, han sido arrestados en los últimos días o están en búsqueda y captura, acusados de mantener vínculos con la cofradía de Gülen.

Según una lista difundida por CNNTürk, 36 de los 45 periódicos cerrados tienen distribución local o provincia, y 9 se difundían a nivel nacional.

También ha sido cerrado Taraf, un diario que en los últimos años había sido uno de los más influyentes de Turquía.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró este martes su apoyo a la reintroducción de la pena de muerte en su país con el argumento de que “el pueblo lo quiere”, y defendió las masivas detenciones y despidos llevadas a cabo en su país desde el fallido golpe militar del 15 de julio.

Así lo expresó en una entrevista concedida a la televisión pública alemana ARD. “No soy un rey, sólo un presidente” y para ser un mandatario fuerte “no hay que actuar en contra de la Constitución”, admitió sobre la necesidad de que la decisión sobre la pena capital pase por el Parlamento. 

Eso sí, explicó que sí es su función “escuchar al pueblo”, y puesto que éste quiere la pena de muerte, consideró necesario plantear el tema en la Asamblea General. “Si estamos en un Estado democrático, el pueblo tiene la última palabra. Y la gente, ¿qué dice ahora? Quiere que se reintroduzca la pena de muerte”, subrayó.

La revalidación de la pena de muerte es un inconveniente para la entrada de Turquía en la UE, en un momento en el que las relaciones con Bruselas no pasan por su mejor momento.  Este lunes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advertía al líder turco de que la reinstauración de la pena de muerte supondría el cese “inmediato” de las conversaciones para la adhesión.

Erdogan ha mantenido su pulso con las autoridades comunitarias alegando que Europa es el único continente donde no hay pena de muerte. “En el resto del mundo, hay en casi todas partes”, ha defendido. “Es por eso que debe plantearse en el Parlamento”.

Además, varios líderes europeos, entre ellos la canciller germana, Angela Markel, han mostrado su preocupación por la oleada de despidos y detenciones arbitrarias que se han sucedido en el país con motivo de la intentona golpista. Solo el 16 de julio, apenas 24 horas después del levantamiento, más de 6.000 personas fueron detenidas y cerca de 3.000 jueces suspendidos so pretexto de ser aliados del predicador islamista Fethullah Gülen.

“Debido a que se conocen (los seguidores de Gülen), hemos sido capaces de responder rápidamente”, dijo Erdogan.

Crítico con Europa por los refugiados

Durante la entrevista también ha habido tiempo para los reproches por parte del presidente turco hacia sus socios europeos. Si desde Bruselas reprenden a Erdogan sobre la “la merma de los derechos fundamentales y la ley”, Erdogan ha acusado a las autoridades europeas de “no ser sinceras”. El presidente afirma que la UE no ha cumplido lo pactado en el acuerdo migratorio suscrito en Ankara el pasado marzo, en el que su país se comprometió a aceptar de vuelta a los refugiados que lleguen desde su terreno a las islas griegas de forma ilegal.

“Se comprometieron a enviarnos 3.000 millones, pero a Ankara sólo han llegado sumas simbólicas”, en concreto de uno a dos millones, ha puntualizado.

Además de en lo económico, el acuerdo con Bruselas incorporaba un apartado para aprobar la exención de visados a los ciudadanos turcos. La medida, pendiente de aprobación desde el pasado mes de junio, no llegó a ratificarse en el calendario previsto al no cumplir Turquía los requisitos que marcaba la UE en materia de lucha antiterrorista.

“Mantenemos nuestra promesa. Pero los europeos han mantenido su promesa?”, preguntó a la emisora alemana.

Amnistía Internacional acusa a las autoridades turcas de graves vulneraciones de los derechos de los detenidos en las purgas del gobierno tras el golpe de Estado fallido del 15 de julio en el país. La ONG asegura haber recibido “pruebas creíbles” de que la policía turca en Ankara y Estambul está suspendiendo a los arrestados en posturas de tensión “durante un máximo de 48 horas”, negándoles alimentos, agua y tratamiento médico, y amenazándoles. “En los peores casos algunos han sido sometidos a golpes y torturas graves, como la violación”, afirma la organización en un comunicado.

La ONG lanza sus acusaciones contra las autoridades turcas tras hablar con abogados, médicos, detenidos y una persona que trabaja en un centro de detención, entre otras personas. Todas las fuentes piden permanecer en el anonimato por razones de seguridad, indican. Los relatos de las fuente hablan de detenciones en instalaciones no oficiales “como centros deportivos y un establo”.

La organización recibió testimonios detallados de tortura y otros malos tratos a los detenidos. “Dos abogados en Ankara que trabajaban para detenidos afirmaron que estos fueron testigos de cómo oficiales del Ejército eran violados con una porra o el dedo por oficiales de policía”, afirma AI.

Una persona que trabaja en las instalaciones deportivas de la comisaría de policía Ankara relató que entre “650-800 soldados varones fueron recluidos en el pabellón de deportes” y que “al menos 300 mostraban signos de haber sido golpeados”. Algunos detenidos tenían contusiones, cortes o huesos rotos, según su relato. “Alrededor de 40 fueron tan gravemente heridos que no podían caminar”.

Otro abogado, que trabaja en la Corte del Caglayan en Estambul, afirmó que algunos de los detenidos estaban en una situación de “angustia extrema”: un arrestado intentó arrojarse por una ventana del sexto piso y otro golpeó su cabeza contra la pared en numerosas ocasiones.

“Los sombríos detalles que hemos documentado son sólo una instantánea de los abusos que puedan estar ocurriendo en los lugares de detención ”, advirtió el director de Amnistía Internacional en Europa John Dalhuisen.

Petición de supervisión independiente

Por ello, la organización internacional pide al gobierno turco que cese estas prácticas y que permita la entrada de monitores independientes que puedan supervisar el respeto de los derechos humanos en los centros de detención donde están encarcelando e interrogando a numerosas personas tras el levantamiento militar. Según la ONG, el número de detenidos tras el golpe asciende a “10.000” personas.

Amnistía centra sus recomendaciones en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, al que pide que realice una “visita de emergencia” a Turquía para vigilar las condiciones en las que se desarrollan los arrestos.

Entre los derechos vulnerados por las autoridades turcas, según el informe de la organización, también figuran las denegaciones de acceso a un abogado de los arrestados y al contacto con sus familiares. “Tampoco han sido correctamente informados de los cargos interpuestos contra ellos, lo que socava sus derechos a un juicio justo”.

En su respuesta al golpe de Estado en Turquía, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha aprobado ampliar de 4 a 30 días el periodo máximo en el que ciertos sospechosos pueden permanecer detenidos sin cargos, para “facilitar una investigación exhaustiva sobre el intento de golpe”. Amnistía teme que el cambio facilite los abusos contra los detenidos: “El cambio corre el riesgo de exponer a los detenidos a nuevas torturas y otros malos tratos”.

Turquía ha suspendido temporalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos debido al estado de emergencia que declaró por la intentona golpista. Pese a ello, el Convenio establece que hay ciertos derechos que no pueden ser anulados: como la prohibición de la tortura y el derecho a la vida.

Si nosotros, como ciudadanos, presionamos a nuestros gobiernos para que hagan algo cuando un país como Turquía comete una violación de los derechos humanos, tal vez exista la posibilidad de propiciar el cambio

La actualidad mundial es especialmente convulsa y la creciente crisis en Turquía compite con otras noticias. Para muchos, el intento de golpe de Estado de la semana pasada y sus consecuencias son un recordatorio de la creciente inestabilidad mundial y de la cercanía del peligro, ya que Turquía es un destino turístico popular. Sin embargo, es importante no perder de vista lo siguiente: el gobierno turco, cuyas tendencias represivas van en aumento, está librando una guerra contra la democracia con la complicidad de nuestros gobernantes.

Turquía es nuestro aliado en la OTAN. Es un mercado prioritario para nuestras exportaciones de armas, cuyo valor asciende a 550 millones de libras (660 millones de euros). La nueva primera ministra de Reino Unido ha mostrado su firme apoyo al gobierno democráticamente elegido de Turquía así como a sus instituciones. En vez de condenar las medidas represivas de la última semana, Theresa May se ha limitado a recordar que “Turquía debe respetar el orden constitucional” y ha reafirmado la importancia del Estado de derecho.

Analicemos los hechos. Turquía tiene un extenso historial de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, sus aliados occidentales no han alzado la voz contra estas acciones, que no han tenido ningún tipo de consecuencia para el gobierno turco.

En el contexto del conflicto con las guerrillas kurdas que reivindicaban su independencia en la década de los noventa, las fuerzas de seguridad turcas destruyeron más de 4.000 pueblos y asentamientos, a menudo con incendios que arrasaban con todo. El balance fue de cientos de miles de desplazados y más de 30.000 víctimas mortales. Turquía es uno de los países con más periodistas en la cárcel. “Desde 2013, el gobierno ha ido aumentando su autoritarismo y su intolerancia hacia los disidentes y ha impulsado medidas extremas, como por ejemplo silenciar a los medios de comunicación”, indica Andrew Gardner, el analista de Amnistía Internacional para Turquía.

La situación no hizo más que deteriorarse después de que el conflicto con los guerrilleros kurdos se reanudara en julio de 2015. Según Amnistía Internacional, la presión del gobierno sobre los medios de comunicación durante ese periodo no tiene precedentes. El gobierno utilizó las leyes antiterroristas para impulsar enjuiciamientos masivos. El pasado septiembre, un grupo de abogados británicos redactó un informe sobre el pésimo historial de derechos humanos de Turquía y denunciaron la falta de independencia del poder judicial, la censura en internet, las limitaciones a la libertad de expresión y el trato degradante que sufren los detenidos. “Los aliados de Turquía han estado inusitadamente callados y no han pedido a Turquía que ponga fin a estas violaciones”, señala Gardner. El gobierno de Reino Unido no puede estar en absoluto sorprendido por la actuación del gobierno turco durante la ultima semana. En los últimos años ya había apuntado maneras.

Según Hisyar Özsoy, uno de los portavoces del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) –el principal partido de izquierdas en la oposición–, “Europa ha mostrado al gobierno autoritario de Erdogan su cara más amable porque cree que este puede frenar temporalmente la llegada masiva de refugiados”.

El intento de golpe de Estado de la semana pasada no tiene justificación; en eso deberíamos estar todos de acuerdo. “Para nosotros, mostrar nuestro rechazo fue una cuestión de principios, aunque creamos que las instituciones democráticas del país tienen defectos muy graves”, afirma Özsoy.

Los golpistas deben rendir cuentas ante la justicia por los crímenes que han cometido. Amnistía Internacional afirma que atacaron a la multitud desde helicópteros. “Eso es lo que tiene que ser, justicia”, indica Gargner. También deberán rendir cuentas aquellos civiles que, bajo la atenta mirada de los agentes de policía, atacaron a soldados que iban desarmados.

La “justicia” no tiene nada que ver con mantener a los arrestados incomunicados en centros de detención que no son los oficiales. No tiene nada que ver con darles un trato degradante durante la detención, como se desprende de las fotografías de soldados acusados de haber participado en la intentona de golpe, con moratones y heridas en la cara. Bajo ningún concepto “justicia” implica la reinstauración de la pena de muerte, como han avanzado algunos altos cargos del gobierno. La duración de las condenas también tiene que ser proporcionada. Entre los 7.500 detenidos se encuentran muchos jueces y fiscales. No son sospechosos de haber participado en el intento golpista sino que están siendo interrogados a causa de su ideología política.

Nuestros aliados turcos utilizan la intentona de golpe de Estado como excusa para llevar a cabo una purga masiva de más de 50.000 personas, entre las que se encuentran profesores y decanos universitarios. A muchos periodistas les han revocado la acreditación de prensa y no pueden trabajar.

“Se está convirtiendo en un castigo colectivo”, afirma Özsoy: “La represión se está expandiendo y afectará a toda persona que no apoye al gobierno”. Como señala Gardner, se los discrimina en base a sus opiniones políticas. Todas las víctimas de la purga sufrirán las consecuencias en carne propia, con condenas o con la pérdida de su medio de subsistencia. También sufrirán las consecuencias la ya de por sí maltratada democracia turca, el sistema laico y la paz y la seguridad. “El país está al borde de una guerra civil”, alerta Özsoy. Occidente cree que mirando hacia otro lado obtendrá favores del gobierno, especialmente en lo relativo a los refugiados. Sin embargo, como señala el HDP, ¿a qué precio? Si Turquía cae presa de la polarización política, la violencia y el conflicto, en especial con los guerrilleros kurdos, ¿cuáles serán las consecuencias no solo para el país sino también para Europa y Oriente Medio? El intento de terminar con la oposición en Turquía tal vez no será un proceso tan limpio como afirman los matones de Erdogan.

Y es precisamente en este punto donde el papel a desempeñar por el Reino Unido y Occidente es crucial. Siempre que se habla de la actitud de los aliados de Occidente frente a determinadas acciones de los países aliados y se cuestiona su responsabilidad, la respuesta suele ser relativista: ¿Y qué hay de las acciones mucho más condenables de regímenes cuya enemistad con Occidente es más que conocida, como Corea del Norte? ¿Por qué no hay protestas ante la embajada de Corea del Norte en Londres?

Nuestros gobiernos no son los cómplices del totalitarismo de Corea del Norte. No proporcionan armas a los dictadores del país, no los apoyan y tampoco son sus aliados. De hecho, nuestros gobiernos a menudo condenan las violaciones de derechos humanos de este país.

En cambio, cuando tienen que lidiar con las acciones de aliados como Turquía nuestros gobiernos no logran condenarlos públicamente y mucho menos impulsan medidas para que estos actos tengan consecuencias para sus responsables. Si nosotros, como ciudadanos, presionamos a nuestros gobiernos para que no se queden de brazos cruzados cuando un país como por ejemplo Turquía, Israel o Arabia Saudí comete una violación de los derechos humanos, tal vez exista la posibilidad de propiciar el cambio.

Con demasiada frecuencia, la política occidental apuesta por la “estabilidad” en detrimento de la democracia. Los aliados occidentales de Turquía tienen la responsabilidad de defender los derechos y libertades fundamentales y de apoyar el proceso de democratización de los países aliados. No hacerlo pone en riesgo la paz y la seguridad mundiales. Tal vez estos sean tiempos convulsos y se cometan muchas injusticias, pero si crees en los valores democráticos y en los derechos humanos tienes la responsabilidad de pedirle a tu gobierno que defienda estos principios.

Traducción de Emma Reverter

Tras proclamar el estado de emergencia, el Gobierno Turco ha anunciado su intención de suspender de manera temporal la Convención Europea de Derechos Humanos, ha afirmado este jueves el viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, informa The Independent. Kurtulmus ha justificado la medida con el precedente de Francia, también en el contexto del estado de emergencia aprobado tras los ataques terroristas del 13N.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció este miércoles la declaración del estado de emergencia tras el intento fallido de golpe de Estado del pasado viernes. El jefe del Estado explicó que el estado de emergencia busca asegurar la democracia y localizar a los responsables de la intentona golpista del pasado fin de semana.

Tras el levantamiento de parte del ejército, las autoridades turcas han destituido a más de 50.000 trabajadores (entre ellos jueces, profesores y policías) y han sido acusadas de llevar a cabo 'purgas' contra la oposición. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por las coacciones a la libertad de expresión en los últimos días. “Estamos presenciando en este momento una represión de proporciones excepcionales en Turquía”, adviritió Andrew Gardner, investigador de la ONG.

Turquía ratificó el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos  y de las Libertades Fundamentales en 1954. Este marco internacional garantiza derechos como la libertad de expresión, la prohibición de la pena de muerte, los tratos degradantes y la tortura, entre otros. La reapertura del debate sobre la pena de muerte tras el golpe ha sido otra de las reacciones del Gobierno turco que han alertado a las ONG y a la UE, que recordó a Turquía que no hay hueco para un país con la pena capital en la alianza comunitaria.

Una opción de la Convención

Como ha afirmado el viceprimer ministro turco, Francia también recurrió a esta suspensión temporal del Convenio, en el marco del estado de emergencia aprobado tras los atentados del 13 de noviembre en París.

La suspensión temporal está contemplada en la propia Convención, en su artículo 15. “En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional”, recoge el texto.

Francia no es el único país que ha recurrido a esta opción del Convenio. Reino Unido, por ejemplo, ejerció este derecho tras los atentados de julio de 2005.

Derechos garantizados

No obstante, hay excepciones a esta suspensión temporal. El artículo 2, que garantiza el derecho a la vida, no puede quedar aparcado con este pretexto, “salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra”, indica.

Tampoco pueden ser suspendidas las garantías que protegen contra la tortura y los tratos degradantes (artículo 3); contra la esclavitud y servidumbre (artículo 4.1); ni el artículo 7, que recoge que “nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión  que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una  infracción según el derecho nacional o internacional”. Tampoco puede interponerse “una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”, añade.

En ese sentido, el viceprimer ministro Kurtulmus insistió este jueves en que la declaración del estado de emergencia no significa la aplicación de la ley marcial y que los ciudadanos no se verán afectados.

“El derecho de reunión y manifestación no serán cancelados. No va a ver toque de queda, no habrá ningún retroceso en los avances democráticos”, afirmó el viceprimer ministro. Kurtulmus prometió que el “Parlamento estará abierto y funcionando”.

El viernes pasado por la noche, el ruido de aviones militares volvió a alertarles. Centenares de refugiados asentados en Estambul y Ankara escucharon disparos y el sonido de los tanques tomando las calles: no estaban en los países en conflicto de los que huyeron sino en el estado que los acoge como asilados, en el país considerado “seguro” por la Unión Europea para expulsar a los refugiados que llegan a Grecia. “Ya dijimos que Turquía no era un país seguro antes, cuando la UE firmó el pacto en marzo, pero el intento de golpe de Estado y sus consecuencias son la confirmación”, sostiene Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional.

Cuando la UE anunció los primeros detalles de su pacto de expulsiones de migrantes y refugiados a Turquía, varias organizaciones humanitarias y Acnur denunciaron que el país asiático no cumplía las condiciones para ello. Las devoluciones de los demandantes de asilo a suelo turco se proponían basándose en un supuesto: Turquía es un país seguro (“tercer país seguro”) para que los refugiados puedan obtener protección internacional en el país. Esa consideración es la que atacaron numerosas organizaciones humanitarias, como Amnistía Internacional, Cear y Human Rights Watch.

La mayor parte de los requisitos para ser considerado un “tercer país seguro” están relacionadas con los derechos y las garantías que ofrece el sistema de asilo del país en cuestión, “pero también hay una segunda línea sobre derechos fundamentales” de todos los ciudadanos, recuerda Carlos de las Heras.

En el primer supuesto, las denuncias de devoluciones colectivas de refugiados a países en guerra, la falta de ayudas y de garantías en la educación de los menores asilados suponen solo algunos de los inconvenientes para aceptar la “seguridad” de los solicitantes de protección en Turquía. Esas críticas se mantienen desde hace meses y sustentan las peticiones de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y Cear a la UE para que rompa su acuerdo con Ankara.

Las denuncias respecto a la segunda línea –las vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales– son las que han cobrado fuerza tras la intentona de parte del ejército de tomar el poder. “Las vulneraciones se han hecho más explícitas, se han hecho patentes y ahora en ningún caso se puede considerar Turquía un país seguro”, denuncia Ana María Torres, coordinadora de la subcomisión de protección internacional del Consejo General de la Abogacía Española.

Elena Sánchez, investigadora del Cidob y coordinadora del área de migraciones del organismo, coincide en la mayor exposición pública de la represión del Estado tras el levantamiento militar. “La UE decía que Turquía era un país seguro pero hacía la vista gorda con muchos temas porque tenía que cerrar la puerta del Egeo. Ahora los países no pueden callarse”, explica.

Purgas y debate sobre la pena de muerte

Torres y De las Heras hacen referencia a las denuncias de coacciones a la libertad de expresión desde el pasado viernes, las destituciones masivas de unos 50.000 trabajadores (entre ellos policías, profesores y jueces), y la reapertura del debate sobre la pena de muerte en el país amparada por el presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Las autoridades europeas ya han mostrado su preocupación sobre algunos de estos pasos: la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, advirtió a Turquía de que “ningún país” puede convertirse en Estado miembro de la UE si introduce o reintroduce la pena de muerte. El comisario europeo de Política de Vecindad y Ampliación, Johannes Hahn, afirmó también el lunes que las autoridades turcas tenían preparada una lista 'negra' de jueces a los que depurar, antes del intento de golpe de Estado.

Las críticas a la UE van más allá de la futura adhesión de Turquía a la unión: se centran en el papel que ya tiene como aliado en la gestión de la crisis humanitaria de asilo. La secretaria general del Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, pidió este sábado a la UE que dé “marcha atrás” al “acuerdo de la vergüenza” con Ankara. “El golpe de Estado es una muestra más” de que “se ha forzado la maquinaria para demostrar que Turquía era un país seguro para los refugiados”, afirmó.

La directiva europea que define el concepto de “tercer país seguro” exige como requisito garantizar que “su vida o su libertad (del demandante de asilo) no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política”. La persecución política y la falta de libertades de la población está ahora en bajo la lupa de las organizaciones de derechos humanos, que creen que la UE debería revisar su acuerdo con Turquía. “Debería hacerlo”, insiste Ana María Torres.

“Esto acelerará la ruptura del pacto”

La investigadora del Cidob Elena Sánchez considera que los últimos acontecimientos en Turquía “harán que todo vaya más rápido en la ruptura del pacto de la UE, que por otro lado nació muerto”. Sánchez recuerda que los escollos para garantizar la continuidad del acuerdo, como la liberalización de visados para los ciudadanos turcos que viajen a Europa, se complican ahora aún más.

“La UE exigía a Turquía que modificara su ley terrorista y, aunque Erdogan ya era reticente, tras el golpe no lo va a hacer. La UE no puede avanzar en la exención de visados con todo lo que está ocurriendo y eso acelerará que se rompa el acuerdo”, argumenta. En su opinión, sin levantamiento militar, los 28 hubieran seguido avanzando sin muchos reparos en el pacto migratorio para bloquear las llegadas de refugiados por Grecia.

Esa ruta del Mediterráneo, casi bloqueada desde la firma del acuerdo en marzo, “podría volver a abrirse pronto. Erdogan, si no consigue lo acordado, puede que empiece a abrir el grifo y volvamos a ver más llegadas por el Egeo este verano”, analiza la investigadora.

El martes por la noche, el rostro de un hombre destacaba entre los miles de turcos que se dieron cita delante del ayuntamiento de Estambul. Al final de la calle, una imagen gigante de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, parecía observar a la multitud.

El gobierno los había citado a través de un mensaje de texto y los ciudadanos participaban en lo que oficialmente se conoce como “la vigilancia de la democracia”: un acto público para expresar el rechazo hacia la intentona de golpe de Estado de la semana pasada y una muestra de apoyo al sistema político actual. En realidad, muchos participantes acudieron para apoyar a un político concreto. “Queremos a nuestro presidente”, indicó Ersin Korkmaz, un funcionario de 29 años envuelto en una bandera de Turquía y acompañado por sus dos hermanas menores. “Es el mejor líder que hemos tenido desde Mehmed el Conquistador”, añadió, en referencia al sultán otomano que se hizo con el control de Constantinopla en 1453.

La inquebrantable popularidad de Erdogan sorprende a algunos observadores occidentales, que lo conocen principalmente por sus tendencias autoritarias. En los últimos días, los líderes occidentales han expresado su preocupación por la purga que se ha llevado a cabo tras el golpe frustrado. Desde el sábado, unos 35.000 funcionarios, soldados, policías, jueces, fiscales, profesores y decanos de la universidad han sido detenidos, destituidos o suspendidos de sus cargos ya que Erdogan quiere aislar a todo aquel que represente una amenaza para su gobierno. Sin embargo, la multitud concentrada ante el ayuntamiento lo ve como un salvador. “Algunas personas creen que es un dictador pero los que hemos conocido a los anteriores líderes del país sabemos que no lo es”, explica Adem Çankaya, un conductor de 42 años: “Y es por este motivo que lo votamos. Estaremos a su lado hasta el final”.

Sus partidarios suelen citar tres razones principales que explican la popularidad del presidente y también de su partido, el AKP. La primera es social. Creen que Erdogan es un hombre del pueblo, un representante de las clases más desfavorecidas que se sintieron completamente ignoradas por los anteriores líderes. “Sus predecesores no tenían en cuenta al pueblo”, indica un hombre que se hace llamar Ismail y que sostiene una bandera del AKP. “A Erdogan le preocupan los ciudadanos. Esto es lo más importante, es uno de los nuestros”.

Según Aslı Aydıntaşbaş, una analista turca del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores, “la totalidad del discurso del AKP gira en torno a la periferia recuperando el control del país, que está en manos de unas élites que han abusado de su poder. Los simpatizantes de Erdogan consideran que él encarna este discurso. En el pasado, percibían que las instituciones del Estado actuaban en contra de los intereses de los más pobres. En cambio, ahora estas instituciones son sus instituciones”.

También se debe tener en cuenta el elemento religioso. El partido islamista de Erdogan representa al sector religioso más conservador de la sociedad turca, que se ha sentido marginado desde que Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, secularizó al Estado turco en los años veinte del siglo pasado. “Antes de Erdogan, teníamos a gente corrupta y que se había desviado del camino correcto”, indica Korkmaz, el funcionario envuelto en una bandera: “Gracias a Dios, hemos conseguido cambiar la situación para las generaciones futuras”.

Por último, también hay un motivo económico. Con el gobierno de Erdogan, los ciudadanos tienen la sensación de haber prosperado. Desde que asumió el poder en 2003, su gobierno ha logrado mejorar las infraestructuras estatal, ha construido un gran número de puentes, carreteras y líneas de metro y también ha mejorado el sistema de salud pública.

Çankaya, el conductor, señala que gracias a Erdogan su madre, una mujer pobre, ha sido tratada por médicos del sistema público de salud. La mujer padece una enfermedad de riñón y hasta las elecciones que dieron la victoria a Erdogan nunca había recibido tratamiento médico. El presidente reformó el sistema y ahora la madre de Çankaya tiene derecho a tres sesiones de diálisis semanales, de forma completamente gratuita.

“Desde que ganó las elecciones hemos experimentado muchos cambios económicos”, afirma, coincidiendo con el inicio de la actuación de una banda de música.

“El sistema sanitario, el transporte público, la atención a las personas mayores y también las medidas en torno a la inflación. Los ciudadanos nos sentimos más valorados”.

Soner Çağaptay, autor del libro El levantamiento de Turquía, considera que los simpatizantes de Erdogan soportan su autoritarismo en parte porque consideran que está justificado. Erdogan utiliza lo que Çağaptay denomina “la estrategia autoritaria del desvalido” para silenciar a la oposición y alegar que esta acción es una medida legítima para protegerse de aquellos que lo quieren hundir. “Cada vez que alguien se opone a sus políticas, Erdogan lo presenta como una conspiración para derrocarlo”, indica Çağaptay. “Y así justifica sus medidas ante sus simpatizantes”.

En la manifestación, un partidario de Erdogan evidenciaba esta percepción. En referencia a la campaña de Erdogan para silenciar a algunos periodistas, Ismail señala que “estos periodistas son unos traidores. Bajo la excusa de hacer periodismo, hacen otra cosa. Hay un tipo de periodista que ayuda a su país y otro que lo traiciona”.

En los últimos años, Erdogan y sus aliados han sido acusados de corrupción. Una vez más, sus partidarios han preferido mirar hacia otro lado porque les compensan las prestaciones que obtienen de este gobierno. “La base del partido piensa que tal vez es cierto que se han quedado dinero pero que también lo es que sus vidas han mejorado”, indica Aydıntaşbaş. “Hay un elemento cultural en juego que alguien de fuera no puede comprender. Erdogan representa la Turquía suní, una identidad que se ha sentido marginada durante muchos años”.

¿Podría Erdogan perder apoyos a corto plazo? Para muchos, esto es difícil de imaginar salvo que la economía se estanque o que el principal partido de la oposición encuentre unos líderes mejores que consigan reactivarlo. Çağaptay avanza que la brecha entre la mitad de la población que apoya al presidente y la otra mitad que no lo vota no hará más que crecer. Si bien gran parte de la oposición se ha mostrado contraria al intento de golpe de Estado, la purga que el presidente está llevando a cabo hará que la sociedad se fragmente todavía más.

“Hasta ahora, a una parte de la sociedad le gustaba Erdogan y a la otra mitad, no. Ahora, una parte de la sociedad lo adorará y la otra, la odiará”.

Traducción de Emma Reverter

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha negado a descartar la posibilidad de ejecutar a los cabecillas del golpe de Estado fallido, a pesar de que los líderes occidentales le advirtieron de que instaurar la pena de muerte terminaría con las esperanzas turcas de entrar en la Unión Europea.

“El pueblo cree que estos terroristas deben morir”, dijo Erdogan durante una entrevista a la CNN en la noche del lunes. “¿Por qué debería mantenerlos y alimentarlos en las cárceles en los próximos años? Eso es lo que dice la gente”. Según Erdogan, la última palabra la tiene el parlamento. “Como presidente, aprobaré cualquier decisión que salga de las cortes”.

Existe el temor de que la violenta reacción del presidente Recep Tayyip Erdogan contra los arquitectos de la conspiración sea una cortina de humo para lanzar mayores represalias sobre otras formas de oposición política.

Según los aliados de Erdogan, las medidas implementadas por el gobierno fueron la reacción necesaria y justa contra un intento de golpe de Estado que estuvo a punto de derrocar al gobierno elegido por el pueblo, que dejó el parlamento gravemente dañado y que causó la muerte de cientos de civiles.

Pero ahora se acusa a Erdogan de ampliar el alcance de las represalias. Desde el viernes pasado, el presidente ordenó la destitución de casi 9.000 policías, 30 gobernadores regionales y más de 50 funcionarios de larga trayectoria, así como el arresto de más de 7.500 personas.

Entre los detenidos hay más de 6.000 soldados, además de 103 generales y almirantes, lo que equivale a casi un tercio del alto mando militar. Ya se han emitido órdenes de arresto para 2.700 jueces. Por miedo a que haya responsables del golpe dentro del mismo Estado con intenciones de escapar, el gobierno también prohibió la salida del país a los 3 millones de empleados públicos. Ya se ordenó el arresto de un periodista y, según algunas estimaciones, 20 sitios web de noticias críticos con el gobierno fueron cerrados.

En respuesta al aumento en las represalias, el secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry, pidió al Gobierno turco que “respete plenamente las instituciones democráticas del país y el estado de derecho”: “Desde luego, seguiremos apoyando la idea de llevar a los autores de este hecho ante la Justicia, pero también advertimos del peligro de tomar medidas que vayan más allá de eso”.

Kerry se reunió en Bruselas con los ministros de Asuntos Exteriores de toda Europa, entre ellos Boris Johnson, el nuevo ministro de Exteriores del Reino Unido. Desde allí pidió a Turquía que presente pruebas “irrefutables” para solicitar la extradición de Fethullah Gülen, el clérigo exiliado en EEUU al que Erdogan culpa del golpe.

Mientras las autoridades turcas están considerando la reinstauración de la pena de muerte, prohibida en 2004, como respuesta al golpe de Estado fallido, la jefa de Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, subrayó que una medida así haría imposible el ingreso del país a la UE. “Ningún país puede ser un Estado miembro de la UE si instaura la pena capital”, dijo Mogherini, recordando que Turquía sigue siendo miembro del Consejo de Europa y de la Convención Europea de Derechos Humanos, en la que la pena de muerte está expresamente prohibida.

En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de la UE pidieron el “cumplimiento completo del orden constitucional en Turquía” sin hacer ninguna mención al acuerdo por los refugiados sellado este mismo año entre Turquía y la UE. El acuerdo, que permitiría a los turcos acceder sin visado a la zona libre de pasaporte compartida por 26 países de Europa, se ha topado con un obstáculo: Erdogan se niega a modificar las leyes antiterroristas turcas, una condición básica para ingresar en la UE.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, definió a Turquía como un “socio estratégico” que no obstante debe respetar las libertades esenciales: “Después del fallido golpe militar, la reacción no debe significar menos democracia sino más democracia en Turquía”.

Según Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo y aliado de Angela Merkel, las relaciones entre Turquía y la UE “deberían ser analizadas rigurosamente antes de seguir avanzando”.

“Se trata de prevenir una nueva ola de ataques”

Mientras tanto, Erdogan y sus aliados han aumentado la sensación de represalias autoritarias refiriéndose a la reacción del gobierno como una “purga” o como una “limpieza”.

Este lunes, algunos funcionarios turcos que consideran más que justificadas las represalias expresaron su frustración por las críticas de Occidente. Uno de ellos dijo que las personas arrestadas o despedidas estaban claramente involucradas o tenían contactos con los responsables del golpe: “Entiendo que las cifras parecen excesivas pero, ahora mismo, se trata de prevenir una nueva ola de ataques contra civiles y edificios gubernamentales”.

Esa misma persona también dijo confiar en que “los tribunales tendrán en cuenta las pruebas para llegar a un veredicto”: “Estoy empezando a tener la sensación de que estamos pasando por alto el hecho de que el parlamento fue atacado 11 veces con aviones F-16 robados”.

En otras partes de Turquía, hay quien sostiene que el gobierno se está pasando con las represalias. Entre los periodistas turcos, que incluso antes del golpe fallido ya eran víctimas de una violenta reacción, se rumoreaba la posibilidad inminente de una serie de arrestos.

Ya hay una orden de arresto oficial contra Arzu Yildiz, la corresponsal de Haberdar en Ankara. En un comunicado a través de Internet, Yildiz aseguró no tener conexión con el golpe fallido: “No conozco los nombres de estos soldados y generales”.

Según Andrew Finkel, cofundador de P24 (una iniciativa que apoya los medios turcos independientes), la presión sobre los periodistas “se incrementó claramente desde el golpe fallido”: “Básicamente es porque (ahora) pueden. Hay sitios de noticias disidentes muy críticos con el gobierno por todas partes, y quieren cerrarlos”.

Otros analistas están menos seguros del alcance de las represalias. Según Aslı Aydıntaşbaş, analista de Turquía en el Consejo Europeo para las relaciones exteriores y ex columnista de medios turcos, “son paranoicos y están tomando represalias contra las personas que piensan que tenían algún tipo de asociación con los gülenistas”: “Pero no creo que después vayan a ir detrás de los sindicalistas de izquierda, que tradicionalmente se oponen al partido de Erdogan (AKP), o detrás de los kurdos”.

De acuerdo con Aydıntaşbaş, “eso no quiere decir que las represalias se basen en el Estado de Derecho, pero por más generalizadas que parezcan, las represalias todavía están ligadas a las personas de las que se sospecha una asociación con Gülen”.

Si bien desde la mañana del sábado en Turquía la vida continúa con una relativa normalidad, el país sigue en alerta. El gobierno ha pedido a sus partidarios que permanezcan en las calles en una demostración de fuerza, de cara a los conspiradores aún en libertad. La búsqueda de más sospechosos continuó en varias ciudades. El lunes, un hombre fue asesinado delante de un tribunal de Ankara después de que disparara presuntamente contra las fuerzas de seguridad. En Estambul, el alcalde adjunto de un distrito central recibió un disparo en su oficina.

Traducción de Francisco de Zárate

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, sólo tardó unas horas en emprender represalias tras el golpe de Estado fallido que tuvo lugar en la noche del viernes. Comenzó a detener a militares acusados de apoyar la rebelión, pero también extendió la represión a los miembros del Poder Judicial. Más de 2.700 jueces y fiscales han sido detenidos, acusados por ahora sin pruebas de estar detrás detrás del levantamiento militar en connivencia con el clérigo Fethullah Gülen. 

Algunos de ellos avisaron a sus colegas europeos de lo que se avecinaba, tan solo unas horas después de que se constatase que la rebelión fracasaba. Tras las primeras noticias del golpe de Estado, la red de mail interna del colectivo de Magistrados Europeos para la Libertad y la Democracia (Medel) comenzó a registrar mensajes de jueces europeos sobre las consecuencias para sus colegas turcos. Entre esos mails, a los que ha tenido accedo eldiario.es, hay algunos de jueces turcos que advierten de que iba a ser detenidos.

Unas horas después de que se produjese el golpe, un juez preguntaba a uno de sus colegas turcos por las posibles consecuencias para ellos. Este le responde que ya están preparados para la purga. “Algunos miembros disidentes del Consejo Superior de Jueces y Fiscales y los jueces de la Corte Suprema ya han sido incluidos en listas negras”, decía en el email, y añadía que no les sorprendía. El juez terminaba el correo con una premonición: “Puede ser la mayor operación de limpieza de disidentes se lleve a cabo por el Gobierno”.

Sus temores se confirmarían poco después. El Gobierno comenzó a detener el sábado a jueces y fiscales a los que acusa de ser cómplices de la intentona golpista. En total, unos 2.745 jueces y fiscales fueron suspendidos, y un número indeterminado han sido detenidos. Entre ellos hay miembros de las más altas instancias judiciales del país, como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Al día siguiente al intento de Golpe de Estado llegó a la red de Medel un mensaje de un juez que advierte de que va a ser detenido. “No sé cómo explicarlo. Yo solo he hecho mi trabajo y he criticado al Gobierno por el desarrollo de los acontecimientos judiciales que ya conocéis bien”, lamenta. Este juez, que sería detenido poco después, agradecía a sus compañeros el apoyo prestado hasta el momento. “Puede que no nos volvamos a ver”, termina el mail.

El domingo otro mail anuncia que ya se ha producido la detención. Según explica el autor del mensaje, quienes se han encargado de detener al juez lo han hecho bajo la acusación de que pertenece a una organización terrorista. Erdogan decretó hace años que los seguidores del clérigo Gülen serían considerados terroristas.

El mail dice que el juez ha reclamado pruebas a la Policía de su pertenencia a una organización terrorista, pero que estos no se las han dado, y que por tanto ha optado por guardar silencio. Los agentes también iban a registrar su casa.

El canal de comunicación de Medel, al que se remite una extensa lista de miembros del poder judicial que han sido suspendidos, acaba siendo usado por la mujer del juez arrestado para pedir ayuda. “Espero vuestra ayuda”, dice en un mail en el que insiste en que su marido no pertenece a ninguna organización terrorista: “Estoy orgullosa de él”.

Esperando a la Policía

Otros jueces advirtieron de sus detenciones a sus colegas europeos en las horas posteriores al golpe de Estado. El sábado, un magistrado cuenta que se ha enterado de que tanto él como su mujer han sido incluidos en una lista de gente que va a ser detenida. “Adiós, amigos”, se despide.

Ante la gravedad de la situación, sus compañeros europeos se ofrecen a prestar la ayuda que sea posible. Un miembro de la red europea de magistrado le pregunta si tiene hijos, y qué puede hacer para cuidar de ellos. El juez responde que los ha dejado con unos familiares y que está esperando la detención: “Esperar a que la Policía llame a mi puerta es muy deprimente”.

Los mensajes de los jueces, que advierten de listas negras previas al golpe de Estado, confirman la tesis de la Unión Europea. La UE da por hecho que Turquía ya tenía preparada una lista de jueces que consideraba contrarios al Gobierno. “Las listas, que ya estaban disponibles justo después de este acontecimiento, indican que algo estaba preparado, que en cierto momento tendrían que ser utilizadas”, ha dicho este lunes el comisario europeo de Política de Vecindad y Ampliación, Johannes Hahn.

Jueces y fiscales españoles: “La UE debe reaccionar”

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia (JpD), integradas en Medel, han definido estas detenciones en masa como “un brutal ataque a la independencia del Poder Judicial en Turquía”. En su comunicado, las asociaciones profesionales progresistas rechazan que todos los jueces detenidos estén implicados en el intento de golpe de Estado y cuestiona la rapidez con la que el Gobierno ha elaborado su lista para purgar.

Jueces y fiscales lamentan que sus advertencias sobre la deriva antidemocrática de Turquía no hayan sido atendidas por ninguna institución, hasta que finalmente el Gobierno de ese país ha usado la intentona golpista para cargar contra el Poder Judicial.

“Es deber de las instituciones europeas reaccionar, de manera específica, cuando el poder judicial, garante de un estado de derecho, es atacado de manera arbitraria”, reclaman UPF y JpD, que añaden que “la especial situación en Turquía no justifica la purga y la detención arbitraria de miles de magistrados/as”.

El viernes por la noche, en un primer momento todo parecía indicar que uno de los gobiernos más poderosos de Oriente Medio iba a ser derrocado. Los tanques paralizaron Estambul mientras los soldados irrumpían en la sede del partido en el gobierno, bombardeaban el parlamento, se hacían con el edificio de la jefatura militar y con el control de la televisión pública y anunciaban que el ejército estaba al mando del país.

El sábado ya era evidente que el intento de golpe de Estado había fracasado. Las imágenes que definen lo sucedido a lo largo de la noche muestran cómo los golpistas se rinden ante las masivas fuerzas gubernamentales. Se bajaban de los tanques y de los camiones con las manos en alto. Por alguna extraña razón, algunos solo llevaban ropa interior.

Después de que el gobierno afirmase que la cifra de detenidos se eleva a 6.000, queda por dilucidar cómo los golpistas pudieron llegar tan lejos, quiénes son los líderes del intento y por qué decidieron hacerlo aquella precisa noche.

El gobierno, liderado por Recep Tayyip Erdogan, afirma que detrás de la intentona de golpe se encuentra Hizmet, el grupo islámico rival liderado por Fethullah Gülen. Por su parte, el clérigo niega esta acusación. En el pasado, el grupo era un aliado del partido en el gobierno pero en la actualidad Turquía lo considera un grupo terrorista. El gobierno afirma que Hizmet tiene miles de simpatizantes a lo largo y ancho del país, y que han estado conspirando para derrocar al gobierno de Erdogan, elegido democráticamente.

“La intentona de golpe de Estado es claramente gulenista”, ha señalado una fuente del gobierno, que no ha querido ser identificada: “Muchos de los líderes del golpe de Estado fallido tienen contacto directo con altos mandos del movimiento de Gülen. Muchos de los que han participado en esta sublevación trabajaban en instituciones públicas gracias a la recomendación directa de altos mandos del movimiento de Gülen y han mantenido su lealtad a estas redes”.

Según la versión gubernamental, los golpistas estaban organizados y tenían un plan para gestionar el país tras el golpe. Una fuente del gobierno asegura que tenían una lista con los nombres de 9.130 personas que iban a detener. También querían designar a gobernadores militares regionales, destituir a los responsables de las instituciones gubernamentales y ascender a más de un centenar de personas leales al movimiento.

“Nuestra impresión es que el proyecto de junta se había gestado durante bastante tiempo”, indica la fuente.

Un levantamiento no muy bien planeado

Sin embargo, algunos observadores turcos son más escépticos; precisamente por la escasa organización del intento golpista. “Sinceramente, lo dudo (que Gülen esté detrás de la sublevación), indica Doğu Ergil, un politólogo de la Universidad de Ankara. ”Los gulenistas no propiciarían su propia caída con un intento propio de aficionados“.

Muchos consideran que el levantamiento militar no estuvo bien planeado. Participaron altos mandos de todo el país, entre ellos, el general Erdal Öztürk, comandante del Tercer Ejército en Estambul, y el general Adem Huduti, que lideraba el Segundo Ejército situado en la otra punta del país. Sin embargo, todo parece indicar que no participaron todas las facciones del ejército ni todos los generales de mayor rango. Si bien parte de la división de tanques participó en esta conspiración, no se puede decir lo mismo de la fuerza aérea. Las fuerzas terrestres tampoco participaron en la sublevación y la fuerza aérea permaneció leal al gobierno de Erdogan.

“Me sorprende que haya tenido lugar esta intentona de golpe de Estado”, indica Sinan Ülgen, un analista turco de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional: “Los golpistas no contaban con apoyo suficiente en el Ejército. La sublevación se produjo al margen de la cadena de mando y no contaba con los recursos necesarios para tener éxito”.

Básicamente, los golpistas obviaron pasos que se consideran esenciales para que un golpe de Estado tenga éxito. Se hicieron con el control de la televisión pública pero no mostraron ningún interés por controlar a las cadenas privadas hasta que ya fue demasiado tarde, ya que el gobierno pudo difundir su versión de los hechos durante toda la noche.

Detuvieron al Jefe del Estado Mayor de Turquía, el general Hulusi Akar, tomaron el principal puente de Estambul y se hicieron con el control de las dependencias del Ejército en Ankara. Sin embargo, no pudieron detener a sus principales rivales; el presidente Erdogan y el primer ministro, Binali Yıldırım, que movilizaron a sus partidarios y se convirtieron en las caras visibles de la operación contra los golpistas.

“¿Cómo esperaban hacerse con el control del país paralizando un solo puente, haciéndose con el control de las dependencias militares y de unos pocos aviones?”, se pregunta Ülgen: “Prácticamente parece un golpe kamikaze, lo hicieron sin tener en cuenta las consecuencias”.

Los más propensos a elaborar teorías de la conspiración señalan que el hecho de que Erdogan saliera indemne demuestra que se trata de un montaje del gobierno. Parece más lógico deducir que los golpistas decidieron pasar a la acción antes de tiempo por miedo a que el gobierno iniciara una purga en el Ejército.

Algunos creen que su plan había sido descubierto y que esto los obligó a pasar a la acción. También indican que probablemente estos militares hubieran sido detenidos en agosto ya que esperaban que el gobierno impulsara medidas contra los partidarios del movimiento Hizmet, y que por este motivo decidieron actuar antes de tiempo.

Esta es la versión que maneja el gobierno de Erdogan. “Los golpistas sabían que en cuestión de semanas iban a ser destituidos”, indica la fuente gubernamental, “así que se decidieron a pasar a la acción”.

Traducción de Emma Reverter

El intento de golpe de Estado en Turquía del pasado viernes y el posterior cierre de la base aérea de Incirlik, en el sur del país, han planteado nuevas dudas sobre la conveniencia de que Estados Unidos coloque su mayor arsenal de armas nucleares en Europa en un lugar tan vulnerable.

Incluso antes del golpe fallido, la posible amenaza terrorista sobre la base, a unos 110 kilómetros de la frontera con Siria, llevó a una mejora significativa del perímetro de seguridad en torno a la zona delimitada para la OTAN, donde hay según se estima unas 50 bombas nucleares B61 almacenadas en 21 cámaras acorazadas. Lo ocurrido el viernes ha elevado la inquietud sobre si unas medidas de seguridad así pueden mitigar los riesgos de aferrarse a un arsenal tan peligroso en una localización tan inestable.

El Gobierno turco afirmó que algunos de los conspiradores del golpe trabajaban en la base de Incirlik y volaron desde esa base compartida. Entonces cerró el tráfico aéreo que salía de la base y cortó su suministro de energía, lo que detuvo temporalmente las operaciones aéreas de Estados Unidos contra los extremistas del Estado Islámico en Siria.

“Creo que la lección clave es que las ventajas de almacenar armas nucleares en Turquía son mínimas pero los riesgos han aumentado de forma significativa en los últimos cinco años”, valora Hans Kristensen, experto en armas nucleares de la Federación de Científicos Estadounidenses. “Yo diría que la situación de seguridad en Turquía y en la zona de la base ya no cumplen los requisitos de seguridad que Estados Unidos debería tener para el almacenamiento de armas nucleares. Cuando se reciben tantas señales es que algo puede salir terriblemente mal. Es el momento de sacar las armas de allí”.

Se cree que hay un total de 180 bombas B61 en Europa: en Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos, además de Turquía. Estas armas estratégicas son un legado de la Guerra Fría y muchos las consideran militarmente obsoletas. Sin embargo, a falta de un consenso de la OTAN para eliminarlas, siguen en su lugar como símbolo del compromiso de Estados Unidos con la defensa de Europa. Hace poco se anunció una costosa mejora para estos artefactos, en el momento en el que llega a su fin la no proliferación de estas armas posterior a la Guerra Fría.

El director del think tank European Leadership Network, Ian Kearns, explica: “Si están almacenadas en un lugar que, según sugiere la inteligencia, es objetivo de ataques terroristas y propenso a la inestabilidad, ya no es razonable mantenerlas ahí”.

El golpe y la implicación de Incirlik también plantean dudas más amplias sobre el papel de Turquía en la OTAN. “Dice mucho sobre la capacidad de Turquía para trabajar en operaciones en coalición, si no se puede confiar en su Ejército”, señala Aaron Stein, experto del think tank Atlantic Council. “Tener a comandantes de la fuerza aérea deshonestos volando alrededor de Turquía plantea muchos escenarios que la OTAN no ha planeado”.

Stein añade: “El punto de vista esencial sobre Turquía hasta hace 48 horas era que se trata de un aliado complicado con el que trabajar, con riesgo de una deriva autocrática, pero que era estable. Ahora es un aliado complicado, con la deriva autocrática posiblemente acelerándose. Y es inestable”.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo