La justicia y la policía han vuelto a dejar en evidencia la insuficiencia de los supuestos controles que realiza la Xunta sobre el destino de sus subvenciones para cursos de formación de desempleados. Como ya había ocurrido con el caso Zeta de subvenciones en A Coruña que acabó salpicando al propio presidente Feijóo, nuevamente la falta de respuesta del Gobierno gallego a las denuncias ciudadanas recibidas, a pesar de su anunciado refuerzo de los controles, acabó desembocando en una investigación judicial que el pasado viernes culminó con la detención de cinco personas y la citación como investigadas de otras dos, entre ellas el jefe de personal de la Diputación de Ourense y alcalde de Monterrei por el PP, José Luis Suárez.

Por lo menos durante los años 2013 y 2014 la Consellería de Trabajo, dirigida entonces por Beatriz Mato, y su Dirección General de Empleo y Formación, con Ana María Díaz al frente, recibieron reiteradas denuncias de varias personas distintas sobre las irregularidades que supuestamente se estaban produciendo en la academia Centro San Pablo de Ourense y en la asociación AEXPA vinculada a la misma con cursos de formación para desempleados subvencionados por la Xunta. Por lo menos desde 2011 Trabajo ya había detectado algunas irregularidades y había pedido el reintegro de diversas cuantías, pero su actuación se limitó al ámbito administrativo y no sería hasta 2015 que la Policía, después de recibir de un particular una denuncia similar a las que habían llegado a la Xunta, inició la investigación que ahora acaba de hacerse pública.

A comienzos de 2013 Trabajo le contestó a una denunciante, a través de una petición que ésta había formulado al Valedor do Pobo [el defensor del pueblo gallego], que ya había tramitado varios de esos reintegros de subvenciones. La denuncia de la ciudadana, al igual que le habían transmitido a Trabajo otros denunciantes por correo electrónico, hacía también referencia a la supuesta colaboración en el fraude y falsificación de documentos de una funcionaria de la propia consellería, esposa del propietario de la academia. Según le contestó entonces la consellería al Valedor, “como consecuencia de su denuncia se inició un procedimiento de investigación” sobre esa funcionaria, al margen del procedimiento ordinario de reintegro de las subvenciones. La consellería de Economía, Empleo e Industria, que desde finales de 2015 tiene las competencia de empleo con Francisco Conde al frente, no aclara que pasó con aquella supuesta “investigación”.

La Xunta no llegó a llevar la supuesta trama de Ourense a la justicia a pesar de que las denuncias que recibió sobre ella coincidieron en el tiempo con la investigación del caso Zeta de supuestos fraudes similares en A Coruña. En otoño de 2011 dos empleadas de una de las entidades implicadas denunciaron la supuesta trama a la Xunta pero no obtuvieron respuesta y acudieron a la justicia, que inició las pesquisas. No fue hasta marzo de 2012, con la investigación judicial ya en marcha pero aún no hecha pública, que la Xunta llevó también el caso a la fiscalía. Un caso por el que acabaría siendo imputado -y desimputado el pasado enero- Pachi Lucas, amigo de Feijóo, que según los investigadores actuaba como intermediario entre los empresarios de la trama y diversos políticos del PP. Por esa causa fue imputado el entonces director general de Trabajo y Economía Social, Odilo Martiñá, que dimitió un día antes de declarar ante la policía, y sigue imputada Ana María Díaz, entonces directora general de Empleo y Formación y hoy directora general de Patrimonio Natural, también con Beatriz Mato como conselleira.

En diciembre de 2014, después de varias detenciones en el marco del caso Zeta, la conselleira Mato compareció en el Parlamento para anunciar el reforzamiento de los mecanismos de control de la Xunta sobre las subvenciones para cursos de desempleados. Lo hizo un mes después de que el Consello de Contas, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas equivalente al Tribunal de Cuentas estatal, emitiese un duro informe constatando que las irregularidades estaban presentes hacía años en todo el sector, impartiesen los cursos academias, empresarios o sindicatos. Nada de eso sirvió para que el origen de la denuncia ante la justicia de la supuesta trama de Ourense partiese de la Xunta y no, nuevamente como en el caso Zeta, de un particular.

Gerardo Crespo, presunto líder de una trama de falsos cursos de formación, dice ser "totalmente inocente" y censura el sumario judicial por "tendencioso" y "de parte"

El que fuera líder vecinal coruñés ha insistido siempre en sus vínculos con el PP y situó al 'conseguidor' De Lucas en el "círculo íntimo" del presidente de la Xunta

La Operación Zeta regresa meses después. Y lo ha hecho con la declaración del presunto líder de la trama, Gerardo Crespo, el empresario que señaló a Feijóo y a otros importantes cargos del PP. Hasta ahora se había acogido a su derecho a no declarar y había alegado desconocer de qué lo acusaban ante la ausencia de informes de la Agencia Tributaria sobre el dinero presuntamente defraudado, hasta 20 millones. Pero este martes, más de dos años después de su detención, ha respondido a las primeras preguntas ante la titular del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña que lleva el caso.

Este empresario, militante del PP y antiguo líder vecinal coruñés, está considerado el presunto líder de una supuesta trama de falsos cursos de formación y captación y gestión irregular de fondos públicos. La jueza intenta esclarecer la presunta comisión de delitos de fraude de subvenciones, estafa y malversación, además de otros derivados como falsedad documental, cohecho o blanqueo. En total, son 55 los investigados.

Antes de entrar en el juzgado, y como había hecho anteriormente en numerosas ocasiones, Crespo dijo ser “totalmente inocente” y ha manifestado sus ganas por comparecer ante la jueza. Al salir, y después de declarar durante más de tres horas, ha asegurado estar “tranquilísimo”. “En paz ya estaba pero salgo más tranquilo”, ha advertido tras responder únicamente a las preguntas de su letrado y a un par de la Fiscalía. En las respuestas ha insistido en que ejecutó todos los cursos para los que recibió subvenciones, justo al contrario de lo que los informes policiales dicen, al acusarlo de incluso inventarse la formación y los requisitos necesarios para acceder a las ayudas públicas. 

De lo que Crespo diga depende que la Operación Zeta salpique de nuevo o no tanto a Feijóo como a otras importantes figuras del PPdeG después de que altos cargos de la Xunta estén ya siendo investigados. Desde que explotara el caso en octubre de 2014, el empresario coruñés incide en subrayar las complicidades que lo unieron durante lustros con destacados dirigentes políticos para sacar adelante sus negocios. Señaló a varios y amenazó con tirar de la manta “poco a poco”.

Para iniciar y extender lo que la Policía define como “caza de dinero público”, Crespo tejió una red en la que no faltaban los regalos para los políticos y tampoco, según declaró en comisaría su ex contable, las donaciones en metálico para el PP. Según los agentes, los integrantes de la trama constituían asociaciones con el propósito de conseguir subvenciones, incluso inventando alguna de ellas que no tenían ni socios y para las que falsificaban datos y lograr cumplir así los requisitos de las administraciones.

En declaraciones a los medios tras su comparecencia, Crespo ha defendido su actividad como una “prestación de servicio” a la sociedad y ha criticado por “tendenciosa” la instrucción. Según defiende, hay informes que contienen “grandes errores de bulto” y están hechos “de parte para apoyar un sumario tendencioso, preconcebido y que coge lo que interesa y lo que no, lo descarta”. “Parece mentira por parte de la Agencia Tributaria”, ha añadido. “Nuestros clientes eran los alumnos, pero la Administración, de alguna manera, nacionalizó el sector y esa Administración comenzó a ser nuestro cliente principal pero no dejó de ser una prestación de servicio”, ha insistido más tarde. 

De Lucas, el 'conseguidor'

Según esos informes de los agentes, para engrasar la maquinaria de la red, Crespo -propietario de la academia Azetanet, que ya no está autorizada para impartir cursos de la Consellería de Traballo- contaría con la ayuda del empresario Pachi de Lucas, el amigo del presidente de la Xunta al que el investigado le abonaba cantidades periódicas para gratificar sus labores de intermediación, según los agentes.

Precisamente, la última novedad del caso antes de la declaración de este martes había sido la ampliación en 25 nombres -tras los 30 iniciales- la lista de personas investigadas y entre las que se incluye Francisco Ramón de Lucas, Pachi de Lucas, el considerado conseguidor de la trama, a quien Gerardo Crespo había situado en el “círculo íntimo” de Feijóo. Junto a él, también pasaron a ser investigados los dos anteriores directores generales de Formación y Colocación de la Xunta: Pastor Fuenteseca, del bipartito, y Ana María Díaz, del PP.

En el caso de Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente y a quien la investigación relaciona también con Crespo, ahora es citada en calidad de testigo. En el inicio de la investigación Mato admitió que llegó a recibir un bolso como regalo de Azetanet y las escuchas de la Policía revelan diversos alusiones a ella.

Después de la declaración de este martes, el día 15 será el turno de Eliseo Calviño, el que había sido presidente de Caype, otra de las entidades investigadas. Con todo, Gerardo Crespo ha solicitado declarar otro día más en cuanto estén a su disposición los informes que pidió su defensa sobre la actividad de su grupo empresarial. En ellos rebatirá documentos des sumario, como los que criticó, para demostrar la legalidad de sus actividades. Además, ha afirmado que el proceso abierto acabó por “quebrar” sus negocios, que debe dinero y que puede que tenga que afrontar un desahucio. 

La jueza de la Operación Zeta ve “confirmado con rotundidad” que el empresario Pachi de Lucas, ubicado por la investigación entre las amistades del presidente de la Xunta, actuó como 'conseguidor' de la supuesta trama de fraude en cursos de formación y por eso lo ha citado como investigado -antigua imputación- para responder de un presunto delito de tráfico de influencias. Este miércoles, como hace trece meses, Alberto Núñez Feijóo se ha visto forzado a abordar la cuestión en el Parlamento y otra vez se ha vuelto a negar a aclarar si De Lucas llegó a influir en la concesión de ayudas públicas o en alguna otra decisión del Gobierno. Sus únicos amigos, proclama el presidente, son “los intereses generales de Galicia”.

En esta ocasión la pregunta ha sido formulada por el portavoz del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, que evocando la “tan divertida como inmoral” obra de Las amistades peligrosas ha instado al titular de la Xunta a dejar de presentarse como “una cándida paloma” que sólo es “víctima de los malos” y de su propia “ingenuidad”. Feijóo, afirma, tiene el deber de aclarar si “ha tolerado comportamientos corruptos en su entorno personal y político”, comenzando por “informar” al Parlamento “sobre las funciones que desempeñaba su amigo, retratado en conversaciones y llamadas como comisionista de una trama dedicada al fraude con fondos públicos”.

Como era de esperar, el jefe del Gobierno ha echado mano de la parte del caso que afecta al gobierno bipartito -también tiene que declarar como investigado el director general de Formación de aquel Ejecutivo, del PSdeG- para intentar poner el foco de la trama sobre el PSOE aunque esto implique moverse por un terreno resbaladizo. Así, Feijóo le reprocha a Romeu que fue distinguido cómo Coruñés del año por la asociación de Gerardo Crespo, militante del PP y principal imputado en el caso, obviando que la conselleira popular Beatriz Mato recibió el mismo galardón de las mismas manos. Además, Feijóo carga contra el socialista por las ayudas a entidades de Crespo que el bipartito comenzó a tramitar en funciones, pero que el propio gobierno del PP presentó en 2009 como parte de su “plan de choque” contra la crisis.

“Hay una diferencia entre ustedes y yo: mis amigos son los intereses generales de Galicia”, ha resumido el presidente entre la hilaridad de la oposición. Para Romeu queda constatado que Feijóo “huye por principio de dar explicaciones” y limita la transparenca a “una pose”, un mero “postureo en los discursos de Madrid” mientras, por ejemplo, la Cámara gallega sigue esperando “a que nos mande documentación de otro amigo suyo, el señor Marcial Dorado”. “Parece que no la vamos a tener nunca porque esos contratos lo dejarían en una situación comprometedora” en lo que respecta a su amistad con el narcotraficante

Entre menciones a los correos electrónicos enviados por Crespo a responsables del bipartito -los remitió también al gobierno del PP en un tono casi idéntico- Feijóo descartar entrar “en un juego absolutamente impropio” como por ejemplo, dice, recordar que “hay diputados” en el PSOE “que tienen amigos que fueron detenidos y acusados” o que el secretario general del PSdeG permanece imputado. No lo hace, concluye el presidente, porque el suyo es un “ánimo constructivo”. La explicación que reclamaba el socialista tendrá que seguir esperando.

No será cómo prefería la oposición, pero será. El Parlamento de Galicia acaba de configurar el orden del día del primer pleno del nuevo período de sesiones y grupos como el PSdeG y el BNG, así como el Mixto, han reclamado incluir en él una comparecencia del presidente de la Xunta sobre de la Operación Zeta, la trama de presunto fraude en cursos de formación en la que acab de ser citado como investigado -antigua imputación- Pachi de Lucas, el empresario a quien la Policía y la jueza consideran intermediario entre los presuntos cerebros de la red y los cargos políticos y a quien la propia investigación ubica en el círculo de amistades de Alberto Núñez Feijóo. El PP, como era previsible, ha vetado la solicitud, pero el titular de la Xunta tendrá que abordar la cuestión.

Dada la más que esperada negativa del PP, que su portavoz, Pedro Puy, justifica con la necesidad de “no hacerle el juego” a la oposición, el PSdeG ha trasladado el tema a la sesión de control al presidente. De este modo, el portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu, instará a Feijóo en ese turno de preguntas a aclarar las “funciones desarrolladas” por Pachi de Lucas y si su “influencia” logró condicionar alguna ayuda de la Xunta a las empresas y entidades que presuntamente gestionaron las ayudas de formación de manera fraudulenta.

Es necesario, dice Méndez Romeu, que Feijóo “explique en sede parlamentaria su conexión con el conseguidor”, ahora investigado “por presunto tráfico de influencias” y que lo haga con una actitud diferente a la mostrada cuando fue cuestionado al respecto en diciembre de 2014. Entonces, “cuando se conoció la presencia de De Lucas en la trama”, dice, Feijóo “no ofreció más que denuestos y descalificaciones” con una intervención que el diputado del PSdeG considera “de vergüenza ajena”. “Si el conseguidor ha participado de alguna decisión del Gobierno gallego habrá que dar alguna explicación”, enfatiza.

También el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, reclama explicaciones del presidente. El último auto de la magistrada, dice, “considera confirmados los indicios que apuntan a un delito de tráfico de influencias al actuar [De Lucas] como conseguidor de Gerardo Crespo”, principal investigado. “Quiero recordar que Pachi de Lucas es una persona del círculo íntimo del señor Feijóo”, resalta el nacionalista, quien ve confirmado que en este “escándalo” no han funcionado “los mecanismos de control de los cursos”. “Estamos -subraya- ante una trama de financiación ilegal con la connivencia de responsables de la Xunta y del PP”.

Las anteriores respuestas de Feijóo

Esta no será, efectivamente, la primera ocasión en la que Feijóo tenga que responder por la Operación Zeta. En octubre de 2014, tras el estallido público del caso, el presidente de la Xunta desvió hacia el entonces alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, las explicaciones sobre de los presuntos pagos en 'B' al PP coruñés. A continuación, ya en el Parlamento y después de que el BNG mostrara una fotografía suya compartiendo bancada con el 'conseguidor' en la plaza de toros de Pontevedra, replicó culpando el bipartito de ayudar a las entidades de Crespo con mayores cuantías que el gobierno del PP y afirmando, además, que si el caso había llegado a la Justicia había sido gracias a su Gobierno.

Mientras continuaban saliendo a la luz datos del sumario, tales como los regalos anotados por la trama para diversos cargos de la Xunta o el esquema de lo que los investigadores definieron como “aza de dinero público”, Feijóo evitaba aclarar su relación con De Lucas. “A efectos de sumarios no hay amigos ni enemigos”, afirmó. Semanas después, en noviembre, el PP impedía por primera vez abrir una investigación parlamentaria sobre el caso para “no politizar” y, en una nueva sesión de control, Feijóo negó tener un “mediador” en la presunta red corrupta, en referencia a De Lucas, mientras intentaba de nuevo poner el foco sobre la gestión de PSdeG y BNG en la Xunta. Si no ofrecía explicación sobre sus vínculos con Pachi de Lucas, señalaba, era para no “desviar la atención”.

Giro de relevancia en la Operación Zeta, la investigación del presunto fraude en subvenciones de cursos de formación que instruye un juzgado de A Coruña desde hace más de tres años. La magistrada instructora del caso acaba de emitir un auto en el que amplía en veinticinco nombres la lista de personas investigadas -antiguas imputadas- y entre ellos figura el del empresario Francisco Ramón de Lucas, Pachi de Lucas, el considerado 'conseguidor' de la trama, a quien el principal imputado en el caso, Gerardo Crespo, situó en el “círculo íntimo” del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y en torno a quien la jueza indaga desde el pasado marzo. Junto a él, pasan a ser también investigados los dos anteriores directores generales de Formación y Colocación de la Xunta: Pastor Fuenteseca, que ejerció en la etapa del bipartito bajo el mando de un conselleiro del PSOE, y Ana María Díaz, del PP.

Según el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, están “confirmados con rotundidad” los “indicios” de la policía que apuntaban a que Pachi de Lucas es el presunto autor de un delito de tráfico de influencias. Así, la magistrada da por constatado que las entidades de Crespo realizaban pagos regulares a De Lucas para intermediar con cargos políticos del PP.

Concretamente, la jueza cita “un mensaje telefónico” en el que De Lucas “informa a Gerardo [Crespo] de una cita concertada para él” y para otra responsable de su entidad, Azetanet, “en el despacho de Ana Pastor”, actual ministra de Fomento en funciones, en la sede del PP en la calle Génova de Madrid en 2011, meses antes de acceder al Ministerio. Los pagos a De Lucas por sus gestiones eran una “prioridad” para Crespo, destacan los investigadores. El empresario investigado asistió en varias ocasiones junto a Feijóo y otros cargos del PP a la plaza de toros de Pontevedra y, además, uno de los mensajes intervenidos por la Policía alude a su participación en una comida con el presidente en Bueu, en las Rías Baixas. El presidente gallego ha negado en diversas ocasiones que De Lucas haya actuado en su nombre en alguna ocasión.

Junto a De Lucas tendrán que responder como investigados los antiguos responsables de Formación y Colocación de la Xunta por presuntos delitos de prevaricación, en un marco de “total dejación” en el control de las subvenciones, según el auto. En el caso de Fuenteseca, alto cargo entre 2005 y 2009 y actualmente fuera de la política activa, es citado por intervenir en la concesión de ayudas a Azetanet (45.000 y 9.000 euros, en dos expedientes de 2008).

En lo referido a Ana María Díaz es investigada por un motivo semejante y, además, por la supuesta recomendación para la contratación de una persona. Díaz dejó el cargo el pasado otoño para pasar a ocupar la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consellería de Medio Ambiente, ahora dirigida por la extitular de Trabajo, Beatriz Mato, a quien la investigación relaciona también con Crespo y que ahora es citada en calidad de testigo. En el inicio de la investigación Mato admitió que llegó a recibir un bolso como regalo de Azetanet y las escuchas de la Policía revelan diversas alusiones a ella.

Junto a Fuenteseca y Díaz la jueza cita en iguales condiciones a Juan José Barrera Cerezal, ex director general de Economía Social del Ministerio de Empleo hasta finales de 2011. En su caso la jueza cita informes favorables en adjudicaciones y subvenciones a las entidades investigadas.

Una de las ideas fuerza de la difusa agenda gallega en materia de política exterior ha venido siendo, en los últimos años, la de presentar la gestión de la Xunta en materia de fondos europeos como un “modelo” en la Unión Europea. Al margen de que, tras tres décadas de ayudas comunitarias, Galicia mantenga algunos de sus grandes problemas sin resolver –caso, por ejemplo, del saneamiento de las rías– mientras destinaba los fondos a proyectos de dudosa utilidad y rentabilidad social, varias investigaciones por supuesto fraude empañan la imagen de excelencia que la Xunta intenta proyectar. A casos como el que tuvo a la Diputación de Ourense como protagonista se unen otros como el amago de investigación a la Diputación pontevedresa y, ahora, la trama Zeta, que puede traer consigo la pérdida de casi 300.000 euros de fondos europeos.

Como informó este diario, el pasado diciembre la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, le confirmaba al eurodiputado socialista José Blanco que su departamento estaba esperando por información de la Xunta respecto a las subvenciones recibidas por las entidades de Gerardo Crespo para certificar si el presunto fraude afectaba a cursos financiados con dinero de la UE. En ese caso la Comisión podría iniciar una investigación propia, advertía Thyssen, al tiempo que indicaba que ya había informado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Este asunto llegó este viernes al Parlamento de Galicia a través de la diputada del PSdeG Marisol Soneira, que cuestionó al respecto a la directora general de Proyectos y Fondos, Ana María Cores. Según admite la alta funcionaria de Hacienda, las “publicaciones en la prensa” de las primeras informaciones sobre la trama motivaron, a finales de octubre de 2014, que la Comisión Europea pidiera datos sobre el caso, una “petición de información” que llegó formalmente a la Xunta “con fecha de 12 de noviembre” desde la unidad encargada de administrar el dinero del Fondo Social Europeo (FSE), la cual “solicitaba información sobre cualquier incidente relevante”. Paralelamente, las autoridades comunitarias también recabaron información directamente del Servicio Público de Empleo Estatal.

“Una vez identificadas, en colaboración con la Consellería de Trabajo y Bienestar, las entidades que podrían estar implicadas en el caso y contrastada la información con los gastos certificados a la Comisión Europea”, señala Cores, “resultaba un gasto europeo declarado por importe de 290.082 euros” financiados por el FSE. Tras este trámite, la Xunta “le comunicó” a la Unión que había decidido “la descertificación preventiva de estos gastos” por un “criterio garantista y de prudencia”. Esto implica, a efectos prácticos, que ese dinero queda bloqueado, toda vez que se impide que llegue a su destino debido al presunto fraude. “No tenemos constancia de que se haya recibido respuesta de la Comisión” y “desconocemos si existe alguna otra actuación de la OLAF”, añade Cores.

“Nos dicen que tienen bloqueados, descertificados, 290.000 euros”. “Esto –deduce Soneira– significa que posiblemente tengamos que devolver fondos de formación por una mala praxis” mientras “el principal implicado” en el caso, Crespo, “amenaza continuamente” con “decir muchísimas cosas” sin que “nadie salga a desmentirlo”. “¿Cree que es una buena publicidad ante la posibilidad de tener que devolver esos fondos?”, cuestionó a la directora general. La UE, advierte la diputada del PSdeG, “sigue estos temas con lupa”. En su respuesta, Ana María Cores le quitó hierro al asunto, porque estos 300.000 euros “suponen un 0,11% del gasto certificado por la dirección general en el marco del programa operativo FSE, que asciende a 273 millones”.

En el mismo sentido, esta medida “ni prejuzga la existencia de irregularidades” ni “implica su pérdida”, asegura Cores. No obstante, fuentes comunitarias consultadas por este diario confirman que si la Comisión o la OLAF corroboran que hubo un mal uso de dichos fondos el Estado español y, por lo tanto, la Xunta, sí tendrían que devolverlos. Con respecto a esta eventual pérdida, precisamente, la representante del BNG en la Eurocámara, Ana Miranda, há anunciado ya la intención de presentar una pregunta parlamentaria a través del eurodiputado de EH-Bildu, Josu Juaristi, con el objetivo de obtener más información sobre esta nueva investigación a Galicia.

Gerardo Crespo avisa de nuevo. El empresario y militante del PP que, según la Policía, ejerció como líder de la trama Zeta, la presunta red de fraude en subvenciones para cursos de formación, se esfuerza desde el inicio de las declaraciones ante la jueza por proclamar su inocencia y acusar a los investigadores de manipular para inculparlo, pero también en lanzar advertencias contra algunos de los principales dirigentes de su partido. Apenas dos semanas después de resaltar que todavía no “había caído” quien “tiene que caer” Crespo reaparece para asegurar que en los próximos tiempos irá desgranando “pruebas” contra “personas muy importantes” de su partido a las que no perdona su comportamiento “desleal”.

En una entrevista en Radio Coruña Crespo, que aún no ha declarado ante la jueza -no lo hace porque falta un informe de Hacienda, alega-, evita aclarar si, como dice su ex contable, aportó donaciones irregulares al PP. “Eso tendré que declararlo ante la jueza”, advierte al ser preguntado al respecto, pero “evidentemente -afirma- el PP tiene muchas cosas que tapar”. “Hay mucho que decir y lo diré, pero primero a la jueza, como tiene que ser”. Sus revelaciones, augura, van a traer consigo “muchas consecuencias” para esas “personas muy importantes”, las cuales “están muy tocadas”. “Puedo hablar de las personas de mayor edad” como “el presidente del Consejo de Estado”, José Manuel Romay Beccaría, pero también “del presidente de la Xunta” o “del alcalde de A Coruña”. “Y puedo seguir”, resalta.

Crespo explica que su voluntad de 'tirar de la manta' se debe a que sus compañeros de filas se “portaron deslealmente conmigo”, concretamente cuando “se enteran de que me han pinchado el teléfono”. A su juicio no es “normal” que el empresario Pachi Lucas, al que le pagaba “3.000 euros, por transferencia, sin nómina” cada mes para que le consiguiera “contrataciones”, “no me coja el teléfóno en enero [de 2012] cuando lo avisa su amigo Feijóo” de que tenía el teléfono “pinchado”. “Y sigue cobrando en enero, febrero, marzo, abril y mayo”, reprocha. Fue “ahí”, en primavera de 2012, cuando “me consigo sentar con él en la calle de Goya, esquina Serrano [en Madrid] y me reconoce que lo sabía” pero que “no me pudo avisar”.

El presidente de la Xunta es, precisamente, uno de los principales objetivos de las iras de Crespo. Feijóo, acusa, “anda diciendo la gran mentira” de que la Xunta fue “la primera que denunció” este caso en la Fiscalía pero “es mentira”. El Gobierno gallego, dice, acude al Ministerio Público “cuando ya estábamos todos pinchados, no descubrieron nada”. Para “salvarse”, acusa, “inventaron la revocación de unos planes de empleo”, pero “en el sumario se ve claramente cómo mienten Feijóo y Beatriz Mato”, la conselleira de Trabajo a la que el propio Crespo nombró Coruñesa del año en 2010 y con quien “el 5 de marzo tengo un acto de conciliación por calumnias”. “Me querello contra ella por todas las calumnias”, toda vez que ella, afirma, dice que “engañé a todos los gobiernos” pero “ella me descubrió”. “¿Estamos en broma?”, se pregunta, mientras reitera que todos los cursos para los que su empresa recibió subvenciones fueron realizados correctamente.

La “bendición” de Feijóo

Todas estas advertencias se producen en un contexto en el que Gerardo Crespo considera “increíble” que Pachi Lucas no sea “llamado a testificar” por, asegura, ser “el mejor amigo de Feijóo”. Él, admite, “no es que considere muy ético” pagarle a Lucas para que ejerciera de conseguidor, pero “cuando tienes una empresa con 150 empleados tienes que conseguir trabajo” y, “con un gobierno como el del PP, no los de Fraga, sino los que vinieron después del bipartito, exigen estar con los amigos para poder trabajar”. Así, a Crespo “lo tenía porque era amigo de Feijóo”, a quien “le pidió permiso para poder trabajar juntos”. Y el presidente, asegura, le dio “todas las bendiciones” e incluso le deseó que “ganáramos cuanto más, mejor”. “Eso está grabado”, afirma.

En este contexto, y “aunque se portó muy mal y muy deslealmente en enero de 2012”, Crespo sigue considerando a Lucas cómo “una muy buena persona”, porque “no era de los típicos del PP que te cobran por no hacer nada”. “Este, cuando cobraba, conseguía lo que se le pedía”, toda vez que “tenía una relación total con Mariano Rajoy, con Ana Pastor... con todos los personajes del PP” y “podía abrir cualquier puerta”. “Yo -ilustra- estuve en el despacho de Bárcenas y en el de Ana Pastor; me faltó estar en el de Rajoy pero casi, estuve en La Moncloa”. Aunque “estamos amenazados, yo y mi abogado”, a través de llamadas en las que “dicen que soy joven, que tengo hijos y mujer, que tenga cuidado”, Crespo asegura estar dispuesto a “contarlo todo”.

Gerardo Crespo vuelve en precampaña. La treintena de personas imputadas en la Operación Zeta han comezado este lunes a desfilar ante la jueza para ser interrogadas por sus presuntas implicaciones en la supuesta trama de falsos cursos de formación para la captación y gestión irregular de fondos públicos. La jueza intentará esclarecer la presunta comisión de delitos de fraude de subvenciones, estafa y malversación y comenzará los interrogatorios por el que es apuntado como líder de la trama. El empresario, militante del PP y antiguo líder vecinal coruñés se convierte así un incómodo invitado para la precampaña electoral de los populares no solo en A Coruña, sino en el conjunto de Galicia.

Más allá de defender su inocencia, desde el estallido de la operación el pasado octubre Crespo se manifiesta especialmente interesado en subrayar las complicidades que lo unieron durante lustros con destacados dirigentes políticos para sacar adelante sus negocios. Para iniciar y extender lo que la Policía define como una “caza de dinero público”, Crespo tejió una red en la que no faltaban los regalos para los políticos y tampoco, según declaró en comisaría su ex contable, las donaciones en metálico para el PP. Para engrasar la maquinaria de la red, siempre atendiendo a los informes del sumario, el propietario de la academia Azetanet, que ya no está autorizada para impartir cursos de la Consellería de Trabajo, habría contado con la ayuda del empresario Pachi de Lucas, el amigo del presidente de la Xunta a quien Crespo le abonaba cantidades periódicas para gratificar sus labores de intermediación, según los agentes.

La intención de que los políticos con los que antaño se relacionaba caigan consigo es la que manifestó el pasado domingo el propio Crespo en declaraciones a La Opinión de A Coruña. Al modo de otros implicados en casos de presunta corrupción, caso de Luis Bárcenas, el empresario asegura tener “pruebas” de la implicación en el caso de, al menos, la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, y también del presidente, pero afirma que no las presentará todas de una vez. “A la jueza se lo voy a dar todo”, pero “me voy a reservar el derecho de jugar”, toda vez que “tengo derecho a hacer varias declaraciones”. “Iré poco a poco”, advierte desde el periódico coruñés, en el que explica que actuará “como creo que tengo que actuar” y eso implica, afirma, dejar claro que “pagaba” para que “me adjudicaran” cursos de formación.

“Los políticos están implicados, están mintiendo” y “aún no han caído los que tienen que caer”, advertía Crespo veinticuatro horas antes de pasar por el juzgado. Al llegar la hora, este lunes, el empresario se negó a declarar ante la jueza porque, asegura, todavía no está disponible un informe de Hacienda clave para el caso, pero sí lo hizo ante la prensa, a viva voz y por escrito. Además de proclamar su inocencia volvió a repetir acusaciones de calibre grueso contra su partido y, muy especialmente, contra el Gobierno de la Xunta.

Partiendo de la base de que el amplio sumario es “una gran cantidad de calumnias” y está “hinchado”, Crespo aprovecha para asegurar que “la conselleira y el presidente mienten”. Feijóo y Mato, afirma, faltan a la verdad en las declaraciones sobre él y también cuando afirman que fue el Gobierno gallego el primero en denunciar el caso ante el Ministerio público. Los responsables autonómicos, afirma el propietario de Azetanet, remitieron el caso a la Fiscalía para “desmarcarse” de él “cuando se enteran de que nos investigan”.

En el caso concreto de Mato, a la que en 2010 nombró Coruñesa del año a través de la asociación vecinal que dirigía, Crespo y su abogado, José Ramón Sierra, la acusan de lanzar “calumnias” sobre su persona y por eso “presentamos un acto de conciliación para presentar una querella”, aunque “en el juzgado nos la están frenando”. Después de décadas engrosando las filas conservadoras Crespo cree ahora que “el PP es la corrupción crónica y la deslealtad generalizada” y en ese contexto vuelve a avisar: “Todo está documentado y probado con grabaciones y con testigos, iremos poco a poco, pero el juezo lo va a tener todo”.

La tormenta política

La reactivación de la vertiente judicial del caso puede traer consigo la resurrección de su vertiente política, que desde el partido en el Gobierno se intenta calmar, cuando menos en parte, con la presentación del paquete de medidas de “impulso democrático” y de lucha contra la corrupción publicitadas por Feijóo en los últimos días. A pesar de este movimiento, desde la oposición parlamentaria se sigue reclamando que el propio presidente ofrezca explicaciones sobre el caso y sobre los fragmentos del sumario en los que figura mencionado, comenzando por aclarar si su amistad con De Lucas le sirvió a la presunta trama corrupta para lograr fondos públicos o para prevenirse de posibles investigaciones policiales, y siguiendo por la supuesta financiación irregular del PP coruñés.

En el blanco de la investigación y ahora también de Crespo está también el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, para quien, según la Policía, el propietario de Azenanet ejerció labores de “intermediación”. Gerardo Crespo pasó de sentirse “amparado” por el también líder de los populares en la provincia coruñesa a reprocharle que dejara de cogerle el teléfono cuando comenzó la investigación. “Me ha dicho Carlos que nos defendamos, que nos defendamos a muerte, que él quiere que nos defendamos y que tengamos cuidado, que hay mucha piraña suelta”, dice uno de los mensajes intervenidos por la Policía.

Los otros dos responsables políticos señalados más directamente en la investigación son José Manuel Romay Beccaría y la própria conselleira Beatriz Mato. En el caso del actual presidente del Consejo de Estado, la Policía cree que medió para que la red lograra una adjudicación de la Diputación de A Coruña, además de para contactar con otros dirigentes del PP. La conselleira de Trabajo, que acabó admitiendo haber recibido un bolso de la trama, como recoge el sumario, niega haber tenido relación alguna con las irregularidades o con los movimientos de los ex cargos de su consellería imputados en el caso.

El pasado 27 de noviembre Mariano Rajoy, comparecía ante el Congreso de los Diputados para explicar con qué medidas su Gobierno iba a lograr que “quien la haga, la pague” en los casos de corrupción. No lo hacía, como reclamaba la oposición, para dar cuentas de la caja 'B' de su partido, que el juez y Hacienda dan por probada, tampoco para ofrecer detalles de los sobresueldos que Luis Bárcenas asegura que pagaba ni del pago con dinero negro de la reforma de la sede en la madrileña calle de Génova. Otro 27, el de este mes de enero, Alberto Núñez Feijóo imitará a su jefe de filas y comparecerá en la Cámara gallega para “informar sobre las medidas de impulso democrático”, lo que desde la Xunta se presenta como un pleno monográfico sobre lucha contra la corrupción.

Como Rajoy, Feijóo lanza esta comparecencia desatendiendo las más de 40 que ya le han formulado los demás grupos del legislativo y que el Grupo Popular ha venido vetando sistemáticamente. PSdeG, AGE y BNG reclaman, por ejemplo, que el titular de la Xunta deje claro si existieron o no enlaces y favores entre miembros del PP y del Gobierno y los presuntos líderes de la trama Zeta, la supuesta red de falsos cursos de formación que, según la jueza, lideraba el empresario y militante popular Gerardo Crespo quien, dice la investigación, llegaba a las más altas instancias políticas gracias a un amigo del presidente, el empresario conocido como Pachi de Lucas.

En este contexto, se prevé que Feijóo concrete un poco más algunas propuestas ya lanzadas, tales como poner límites a la financiación de los partidos políticos -lo que depende, en última instancia, de la normativa estatal-, o, en palabras del líder de la derecha en Galicia, “blindar todos los controles que hoy pueden acreditar lagunas legales” en ámbitos como los contratos públicos. Estas intenciones se glosan desde el PP con un montón de alabanzas. “Ha acertado de lleno”, dice el portavoz popular, Pedro Puy, quien carga contra la “incoherencia” de la oposición, “que nos critica tanto cuando el presidente pide comparecer como cuando no comparece”, afirma, obviando que los demás grupos pedían una comparecencia distinta a la que se celebrará.

“Campaña mediática”

Lo que para los conservadores es paradigma de rendición de cuentas, para la oposición no es más que una tentativa de iniciar una “nueva campaña mediática”, un acto “para la galería” en el que el Parlamento tendrá únicamente la consideración de escenario“. El presidente, dice el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, debería ”liderar un acuerdo sobre lucha contra la corrupción“ que abarque ”a todos los partidos, no sólo al Partido Socialista“, y hacerlo después ”de un debate en el que los partidos puedan introducir propuestas“. El líder socialista espera que Feijóo no busque simplemente una nueva foto ante los medios, ahora que ”parece que ha abandonado la idea de reducir el Parlamento“, y opte por ”hacer las cosas bien“, porque ”lo que le puede pasar a la política es que, al mirar hacia atrás, no nos siga nadie“.

En un sentido semejante, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, no ve en Feijóo mucho más que una pose, una “puesta en escena para decir que hacemos algo”, actitud “tan propia del señor Feijóo” que no servirá para atajar la corrupción toda vez que, vienen recordando desde Alternativa, todavía no están claros episodios como el de las fotos con el narcotraficante Marcial Dorado o la propia trama Zeta. De esas “peligrosas relaciones” pide también explicaciones el BNG, que a través de Francisco Jorquera reclama que el debate sobre las prácticas corruptas comience por esa rendición de cuentas por el lado presidencial.

No obstante, dice el parlamentario nacionalista, el PP se disponen a “utilizar el Parlamento de escenario y a los diputados y diputadas, de oyentes” en un pleno extraordinario del que “ni se ha permitido debatir su estructura” y “además, la mayoría del PP impide que los grupos presenten propuestas de resolución contra la corrupción”. El Bloque, avanza, presentará igualmente una batería de propuestas de “regeneración democrática” mientras Feijóo, augura, “hará propaganda”.

Entre las primeras revelaciones derivadas del levantamiento del secreto de sumario de la operación Zeta figuró el envío de regalos por parte de la trama presuntamente dirigida por el empresario y militante del PP Gerardo Crespo a diversos dirigentes políticos. Como informó eldiario.es, la policía encontró en los ordenadores de Azetanet, una de las empresas investigadas, una relación de regalos en la que, bajo el título “regalos clientes”, se recopilaban los supuestos obsequios de la trama a diversos dirigentes durante la Navidad de 2010.

La lista estaba encabezada por la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, a quien, según ese documento, le correspondía lotería y un bolso. Mato admite ahora que ese regalo existió, pero le quita hierro desmintiendo que fuera de valor relevante y asegurando, en todo caso, que no influyó en sus decisiones en el Gobierno.

En el marco de una entrevista concedida a la Cadena SER, la conselleira fue preguntada por este bolso y sobre si, como ha trascendido, era de una marca de precio “muy caro”. A pesar de no responder abiertamente sobre si había sido o no agasajada por las entidades de Crespo, la titular de Traballo sí quiso aclarar que el misterioso bolso “no tiene ni marca”. Acto seguido, Mato agregó que “no recibí nada que me influyera en mis decisiones”, entre las que se encuentra gestionar los cursos de formación que ahora investiga la Justicia por presunto fraude.

En este contexto, la consejera justifica también que “estamos hablando del año 2010”, toda vez que es necesario “recordar” que “esta Administración, esta consellería, siguiendo la instrucción del Gobierno, se tiene que adaptar a lo que los ciudadanos reclaman de todos nosotros y hay un control, y un control y una efectividad en nuestra transparencia donde no tenemos ya permitido aceptar regalos dentro de la Xunta dentro de un importe superior a 90 euros o que no sean más allá de un regalo institucional”. Así, “no había esa normativa” y, por lo tanto, dice, cabía aceptar ese regalo.

La norma a la que se refiere Beatriz Mato es el código ético lanzado por la Xunta el pasado marzo y publicado en el Diario Oficial de Galicia en octubre, un texto sin más consecuencias que las leyes vigentes que, en el caso concreto de los regalos, se limita a diseñar un procedimiento para devolver regarlos y a establecer en 90 euros el tope a partir del cual estos dejan de ser de cortesía, el único tipo de obsequios permitidos en la Xunta desde 2006, durante el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG. En ese año la Ley de transparencia estipuló en su artículo 15 que el presidente, los conselleiros y demás cargos gubernamentales “no aceptarán regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”.

Así las cosas, en sentido estricto Mato ya no podría haber aceptado en 2010 el bolso de la discordia si consideraba que iba más allá de la cortesía o que se lo entregaban para influir en sus decisiones. No obstante, especificó en la citada intervención radiofónica, ella misma está “convencida de que la gente entiende” que “ningún político va a cambiar una decisión por una botella de vino ni por dos botellas de vino, ni por una bolsa o un bolso”. Además, como ya había señalado en su comparecencia parlamentaria del 2 de diciembre, el actual Gobierno ha impuesto nuevos controles en los cursos de formación, a los que se agregarán otros como la identificación del alumnado mediante la “huella digital”.

Poca política, escaso debate y certezas aun más escasas. La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, acudió este martes al Parlamento para, a petición propia, comparecer sobre los “mecanismos de control” de “las ayudas destinadas a la formación”. La comparecencia, concebida para amortiguar la presión sobre el presidente de la Xunta a cuenta de la Operación Zeta arroja escasa luz sobre la presunta trama corrupta de falsos cursos de formación e incluso aporta más confusión sobre ella, toda vez que desde el Gobierno y el partido que lo sustenta, el PP, se ha llegado a afirmar durante el debate que el Ejecutivo está siendo investigado y también todo lo contrario, que no lo está.

El centro del argumentario de Mato estaba compuesto por dos mensajes: que fue el actual Gobierno el que aplicó un sistema eficaz de control de estos cursos, que ahora será incrementado con medidas como un nuevo manual de control o la justificación de asistencia mediante huella digital, y que también fue este Ejecutivo quien inició el proceso al elevar a la Fiscalía a finales de 2012 la investigación interna sobre cinco subvenciones a entidades de Gerardo Crespo. No obstante, el propio sumario acredita que las indigacións policiales y judiciales se remontan al otoño de 2011, la raíz de la denuncia de dos trabajadoras de CAYPE.

Y a partir de aquí, la confusión. “La investigación del juez [quien instruye el caso es una jueza] está llegando hasta el año 2000” y, por lo tanto, le reprochó a la oposición, “se está investigando también la gestión del bipartito”. Minutos después, la propia conselleira desde la misma tribuna afirmó que “estamos hablando de la investigación sobre un empresario” y “de un fraude que ronda los 20 millones” y alcanza a ayudas concedidas por diversas Administraciones del Estado. “Las investigadas son las empresas, no la Xunta”, proclamó en su turno el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien especifica que “el juzgado de A Coruña no está investigando la adjudicación de los cursos”, sino su “justificación por parte de las empresas”. “Están investigando a su gobierno también, tienen una oportunidad de oro de decir lo que hacían ustedes”, retó en su contrarréplica la conselleira.

La oposición pide dimisiones y el PP, explicaciones a la oposición

En este oscuro clima la oposición en pleno, del Grupo Mixto al PSdeG, insiste en reclamar las explicaciones todavía no dadas por la conselleira y por el presidente, así como la asunción inmediata de responsabilidades políticas, comenzando por el cese de Beatriz Mato en su cargo. “No creo que tenga que ir a la cárcel, pero como responsable política tiene que dimitir”, resumió la socialista Marisol Soneira que, como sus homólogas del resto de grupos, insiste en que los conservadores deben comenzar por aclarar si, como refleja el sumario y como dice el presunto líder de la trama, la red corrupta financió irregularmente al PP de A Coruña y si el empresario Pachi de Lucas la benefició a través de su amistad con Alberto Núñez Feijóo.

“Esto ya se les ha ido de las manos”, advierte desde el BNG Montse Prado, que ve al Gobierno instalado en la estrategia de la “mentira repetida cien veces” al insistir en que fue la Xunta del PP quien inició las indagaciones. El propio Bloque, recuerda, ya cuestionó al Gobierno en 2010 por este caso. “¿Qué ha estado haciendo desde entonces?”, se pregunta. En la misma línea, la vicepoertavoz de AGE, Yolanda Díaz, ve imprescindible que sean “aclaradas” cuestiones “gravísimas” como la “financiación presuntamente irregular del PP” o el papel en la red de personas “determinantes” en el partido del Gobierno, tales como José Manuel Romay Beccaría o el propio Feijóo. “Ahí fuera llueve y la corrupción es una forma de Gobierno”, ilustra, por lo que, “si tiene decencia”, Mato debería comenzar por asumir “responsabilidades” con su dimisión.

Todas estas peticiones de explicaciones fueron replicadas con dureza por Tellado. El que fuera jefe de gabinete de la propia Consellería de Traballo entre 2009 y 2011 no ahorra calificativos para lo que considera el “teatrillo de la oposición entregada a la demagogia” y a la búsqueda de la “carnaza miserable”. Los grupos distintos del PP tienen una manera de proceder “torticera y mezquina”, buscando “en la mentira, en la miseria política y en la difamación” el “apoyo electoral que no les dan en las urnas”. Él, asegura, no va a contribuir a convertir la política gallega en un “lodazal” aunque, sin embargo, en el propio discurso presenta un PSOE “cercado por la corrupción”, acusa al BNG de beneficiar a “empresas amigas” desde la Xunta y aprovecha, además, para pedirle cuentas a AGE por los omnipresentes ERE de Andalucía.

En este confuso clima la conselleira Mato concluye que los grupos de la oposición practican una estrategia de “Salsa Rosa y Sálvame Deluxe” en este caso -es adecuado, ironizó la nacionalista Prado, “porque ahí hablan de bolsos, regalos y relaciones peligrosas”- y opta, no obstante, por no tocar cuestiones espinosas como “la financiación de los partidos” porque esa no es una “competencia del ejercicio del Gobierno de la Xunta -el propio Feijóo propuso medidas en la materia la pasada semana-”. “Quieren discutir si hemos dado o no tantos millones” pero “esta conselleira no da nada”, sino que “resuelve” las subvenciones mediante “concurrencia competitiva”. Ella, como la oposición, encha en falta que se den “explicaciones”, pero de la gestión del bipartito.

“No voy a entrar en injurias e insidias”. El presidente de la Xunta se volvió a enfrentar este miércoles a una dura sesión de control con la trama Zeta, el presunto fraude en cursos de formación, en el centro del debate. PSdeG, AGE y BNG volvieron a exigir que Alberto Núñez Feijóo comparezca monográficamente sobre este “escándalo” y, concretamente, sobre la “presunta financiación irregular” del PP con fondos de la trama y sobre su relación con el empresario Pachi de Lucas, amigo del presidente y, según la Policía, enlace entre las entidades de Gerardo Crespo y dirigentes políticos. Feijóo, nuevamente, negó cualquier implicación en el caso y le atribuyó a su Gobierno la iniciativa en el inicio de la denuncia. No obstante, en su respuesta hubo, al menos, dos elementos nuevos: la acusación de que el bipartito adjudicó “en funciones” el contrato del servicio de transporte adaptado, algo que, según datos de la propia Xunta, no se corresponde con la realidad, y la exigencia de la dimisión de Tania Sánchez, diputada de IU en la Asamblea de Madrid.

“No hay ningún inconveniente en comparecer, al contrario”, asegura apenas veinticuatro horas después de que su partido lo volviera a impedir. “Lo que no puedo evitar -acusó, en respuesta al PSdeG- es que ustedes dieran en funciones muchos millones de cursos, 65 millones de euros en cursos de formación durante el período en funciones del Gobierno bipartito”. Acto seguido, ya respondiendo al BNG, esos 65 millones pasaron a ser “de la Vicepresidencia en funciones, 65 millones para el 065 y durante cinco años” en un “expediente con disconformidade de la Intervención General” que “convalidaron en el Consello da Xunta en funciones”. Con esta afirmación el presidente se refiere a la adjudicación del servicio de transporte adaptado para personas dependientes o con discapacidad impulsada por la antigua Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar.

Efectivamente, ese contrato ronda los 65 millones de euros pero, más allá del momento en que se convalidase el gasto -el inicio de su tramitación se aprobó en el Consello da Xunta del 23 de octubre de 2008 y, dice la Xunta, se convalidó el 18 de marzo, ya en funciones-, según consta en la información oficial de la propia Xunta, los 61 lotes de los que estaba compuesto fueron adjudicados definitivamente el 27 de enero de 2009, esto es, más de un mes antes de las elecciones autonómicas del 1 de marzo. Esto implica que el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG todavía no estaba en funciones, toda vez que, según el artículo 17 del Estatuto de Autonomía, “la Xunta cesa tras la celebración de elecciones”, en este caso después de ese 1 de marzo, y “continúa en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Xunta”, período que se extendió hasta mediados de abril de ese mismo año.

La jueza reclama información de los cursos desde Fraga

Mientras desde la Presidencia de la Xunta aseguran sin soporte documental que el gasto adjudicado en funciones incluye 65 millones de euros para cursos de formación y otros 65 para el mencionado transporte adaptado -el comunicado del Gobierno sobre la sesión de control no incluye, tampoco, dato alguno al respeto-, el propio Feijóo revela que la investigación de la trama Zeta se extiende hasta los gobiernos de Manuel Fraga y comenzará, concretamente, en su penúltima legislatura. El Gobierno gallego, dice, recibió una “notificación del juzgado” para que “remitamos toda la documentación” relativa a los cursos de formación para el empleo “desde el año 2000”, lo que abarca el penúltimo y el último gabinete de Fraga, vicepresidido por Feijóo, el Gobierno bipartito y los dos Ejecutivos del PP elegidos en 2009 y 2012.

En este contexto surgió también la otra petición de explicaciones del presidente, en este caso dirigida a IU en Madrid. Después de que la viceportavoz de AGE reclamase “medidas” concretas contra la corrupción Feijóo instó a Díaz a aclarar si IU va “a expulsar” a su portavoz “en el Ayuntamiento de Sevilla” o a “una diputada muy famosa” que “también tiene problemas por estar en un concurso de adjudicación a una empresa de su familia”. “Ustedes votan adjudicar a sus familias los contratos y no tienen nada que explicar porque sería machista”, le espetó, en referencia a noticias publicadas en los últimos días por los periódicos ABC y La Razón, entre otros. “Tome medidas y rinda cuentas, que es lo que le toca”, exigió Díaz. “¿Van a cesar a la señora Tania Sánchez?”, reclamó de nuevo el presidente de la Xunta.

Las revelaciones de la Operación Zeta, la supuesta trama corrupta de falsos cursos de formación, atenaza el Gobierno gallego y, muy especialmente a su presidente. La presunta actuación de un amigo personal de Alberto Núñez Feijóo, el empresario Pachi de Lucas, como enlace entre Gerardo Crespo y diversos cargos políticos, esto es, como 'conseguidor', irrita al jefe del Ejecutivo mientras la oposición reitera la petición de explicaciones, que este martes el PP ha vuelto a vetar en el Parlamento. Ante estas exigencias el Gobierno gallego viene insistiendo en dos argumentos: que la investigación comenzó a instancias de la propia Xunta -realmente fueron dos ex trabajadoras de una de las organizaciones investigadas las que fueron inicialmente a la Policía- y que el bipartito de PSdeG y BNG aportó más fondos a las entidades de Crespo que el PP. A pesar de estas afirmaciones, los datos oficiales muestran que alguna de las compañías presuntamente utilizadas para defraudar al erario vieron incrementadas sus subvenciones al retornar los conservadores al poder.

Desde el año 2006 el Consello de Contas [Consejo de Cuentas] detalla, en su fiscalización anual de la cuenta general de la Xunta, las transferencias y subvenciones que Gobierno gallego realiza a las empresas privadas, siempre que estas aportaciones sean superiores a 150.000 euros. Por el momento los informes del organismo fiscalizador llegan hasta el año 2012, lo que permite realizar un análisis de siete ejercicios económicos concretos. De este repaso cabe concluir que, al menos una de las empresas dirigidas por Gerardo Crespo, Gecreri, vio incrementadas sus subvenciones en un 30% en el primer año completo con Feijóo en la Presidencia y Beatriz Mato en la Consellería de Traballo. En ese mismo año ña aportación media de la Xunta a empresas privadas se incrementó en un 10%.

Sin perjuicio de que hayan podido recibir otras aportaciones de menor cuantía, el cómputo de ayudas superiores a 150.000 euros indica que Gecreri obtuvo en el año 2010 470.325,48 euros. En el 2009, en el que la Xunta estuvo dirigida por la coalición de PSdeG y BNG hasta mediados de abril, las ayudas públicas recaudadas habían sido de 360.699,13 euros. Un año antes, el último completo del bipartito, Gecreri logró 202.717,62 euros mientras que otra de las empresas ahora investigadas, Azetanet, tuvo una aportación de 268.546,33. En 2006 y 2012 no figura ninguna ayuda de más de 150.000 euros a estas compañías mientras que en 2011, año en el que comenzó la investigación de la trama, los fondos fueron 411.723,18 euros.

Estas cifras se producen en un contexto en el que, además, y al contrario de lo afirmado por el propio presidente, las organizaciones presuntamente corruptas siguieron recibiendo subvenciones de la Xunta cuando ya eran investigadas. Así, aunque Feijóo asegura que tras “sospechar de la utilización incorrecta” de las ayudas “decidimos cortar todo tipo de contrato con las empresas implicadas por supuestas irregularidades”, lo cierto es que en la relación de subvenciones concedidas por la Consellería de Traballo en 2013 figuran más de 80.000 euros para Azetanet: 51.000 para un curso de asistencia a la dirección y 32.600 para otro de atención a personas dependientes.

Además, cuatro meses después de que la Xunta se dirigiera a la Fiscalía para notificar las irregularidades detectadas en la gestión de cursos de formación, en 2012, otra de las entidades de Crespo, AED Galicia, obtuvo una ayuda de 8.100 euros para la prevención de riesgos laborales. Del mismo modo, como ha informado este diario, a finales del verano de 2009 el actual Gobierno aprobó una ampliación de crédito para financiar planes de empleo, fondos que también beneficiaron a entidades de la trama: AED y Fundefo. Aunque Feijóo y el PP también atribuyen estas ayudas al bipartito la Consellería de Traballo las presentó en 2010 como parte del “plan de choque” contra la crisis que impulsaba el presidente de la Xunta.

Algunos de los titulares que el gabinete del presidente de la Xunta más se esforzó en difundir durante los meses siguientes al retorno del PP a la Xunta en 2009 fueron los vinculados a su “plan de choque” contra la crisis económica. Alberto Núñez Feijóo reiteraba que había sido capaz de “reordenar” alrededor de una décima parte del presupuesto que había heredado del bipartito para “darle impulso a la economía gallega para superar la crisis y para compensar sus efectos”. “Es el momento para que todos los que tenemos que ver con la situación económica pongamos toda la carne en el asador”, explicaba en aquellos días a conselleira de Traballo, Beatriz Mato. Entre las medidas presentadas como parte de aquel plan figura el incremento de fondos para los programas integrados de empleo, incluyendo ayudas que fueron a parar a entidades dirigidas por Gerardo Crespo, presunto líder de la trama Zeta, y que el Ejecutivo popular atribuye ahora en exclusiva, precisamente, al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG.

Una de las líneas de defensa política de la actual Xunta ante el escándalo por la supuesta red corrupta dedicada, según la Policía, a “cazar dinero público”, consiste en afirmar que el bipartito subvencionó más a Crespo que el PP y que, además, le adjudicó ayudas con el Gobierno en funciones, tras perder los comicios del 1 de marzo de 2009. El gabinete popular apoya este argumento en una propuesta de adjudicación de los subsidios datada, según Feijóo, en el día 30 del mismo mes, y correspondiente a ayudas para planes de empleo convocadas a comienzos de año. Sin embargo, en el baremo inicial de las ayudas las entidades de Crespo que optaban a ellas -Fundefo y AED- se quedaban fuera del reparto, al que accedieron tras la aprobación de sendas ampliaciones de crédito con el PP ya en el Gobierno, firmadas por la actual conselleira.

Baremo de las ayudas procedente de la base de datos de la Consellería, sin asignación para las entidades de Crespo

La primera ampliación, del 28 de agosto, se justificó con la existencia de fondos adicionales que podían ser “utilizados para los mismos fines” de las subvenciones. La segunda, del 30 de septiembre, es la que fue presentada como parte del “plan de choque” contra la crisis. Así, en la propia orden, Traballo explicaba que “la situación económica actual requiere del diseño y desarrollo de acciones urgentes y excepcionales” para “mitigar las dificultades que están pasando los gallegos y gallegas como consecuencia directa de los efectos de la actual crisis”. “En este contexto -continuaba- la Xunta ha puesto en marcha un ambicioso plan de choque contra la crisis” en el que Traballo “se compromete a desarrollar las medidas necesarias” para “reactivar el mercado laboral de Galicia”.

“En desarrollo de dicho plan”, agregaba el mismo texto, el departamento de Mato apostaba, “entre otras políticas activas, por proporcionarles a los trabajadores programas combinados de información, orientación, formación e inserción laboral”. Dado que había fondos disponibles, concluía, “es necesario realizar una segunda ampliación del importe de los créditos destinados a las ayudas que podrán ser concedidas al amparo” de la orden que, efectivamente, había dejado promulgada al bipartito, para así “hacerlas llegar al mayor número de beneficiarios posibles”. La primera ampiación le aportó 325.600 euros a Fundefo y la segunda, presentad abiertamente como parte del “plan de choque”, le otorgó 304.000 euros a AED.

Pocos meses después, en febrero de 2010, la propia Beatriz Mato ofrecía una rueda de prensa en la que aseguraba que “más de 30.000 trabajadores gallegos” se habían beneficiado del “plan de choque”, que había servido para “consolidar alrededor de 24.800 empleos”. “En el campo del fomento del empleo -informaba entonces la Xunta- el plan de choque permitió destinar 24,4 millones a la formación de trabajadores, con el fin de mejorar su calificación profesional”. “Gracias a esta inversión, se realizaron 1.320 cursos de los que se beneficiaron 15.828 personas”, resumía, en un balance que, obviamente, incluía el reparto de ayudas que ahora, según la versión oficial, fueron responsabilidad exclusiva del bipartito.

Veto a la investigación para “no politizar”, primero; y ahora, veto a las explicaciones para “no desviar la atención”. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en la estrategia de su partido respecto a la Operación Zeta en general y, en particular, en cuanto a su relación de amistad con Pachi de Lucas, considerado por la Policía como el enlace entre la presunta trama corrupta y diversos cargos políticos. Mientras el sumario del caso refleja pagos periódicos de la red de Gerardo Crespo a De Lucas, Feijóo rechaza aclarar si sus vínculos personales con él influyeron o no en la toma de decisiones políticas como las concesiones de contratos o ayudas, algunas de las cuales fueron asignadas cuando la investigación ya había comenzado.

La petición de explicaciones de Feijóo a la oposición, así como la insistencia en que la denuncia del caso partió de la Xunta –la Policía comenzó a investigar a finales de 2011 y el Gobierno se dirigió a la Fiscalía en marzo de 2012–, se produce en un contexto en el que documentos oficiales contrastan con algunas de las afirmaciones presidenciales de las últimas semanas. Así, a finales de octubre, Feijóo aseguraba que tras “sospechar de la utilización incorrecta” de fondos, “decidimos cortar todo tipo de contrato con las empresas implicadas en supuestas irregularidades”. No obstante, en la relación de subvenciones concedidas por la Consellería de Trabajo en el año 2013 figuran, al menos, más de 80.000 euros en subvenciones para una de las empresas de Crespo, Azetanet, para la organización de un curso de asistencia a la dirección (51.000 euros) y de otro de atención a personas dependientes (32.600 euros).

Del mismo modo, en julio de 2012, cuatro meses después de que la propia Xunta se dirigiera a la Fiscalía, otra de las entidades de Crespo, AED Galicia, recibía una aportación de la Consellería por importe de 8.100 euros para la prevención de riesgos laborales. En julio de 2013, asimismo, Trabajo dio cuenta en el DOG de otra ayuda a AED Galicia de 5.000 euros, en una orden que también recoge 40.000 euros para el sindicato USO Galicia, también investigado por la trama. Ambas órdenes están firmadas por Odilo Martiñá, quien dimitió de la dirección general de Trabajo tras el estallido del caso y un día antes de tener que declarar ante la Policía.

Mientras tanto, y a pesar de la falta de explicaciones, aumenta la intensidad del ventilador hacia el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, a los que les pide cuentas por los subsidios concedidos a las entidades de Crespo en esos años.

“¿Por qué rechaza contestar?”, se le preguntó directamente a Feijóo tras el Consello da Xunta, una reunión sin apenas asuntos de relevancia en su orden del día y con tantos acuerdos, cinco, como informes, esto es, documentos sin valor legal alguno que el Gobierno suele utilizar para colocar en la agenda política y mediática asuntos de su interés. “Porque me estoy dando cuenta de que aquí lo que se persigue no es evaluar la actuación de la Xunta ni la investigación de la Xunta”, dice.

No explica su relación con De Lucas porque “lo que se está persiguiendo es no hablar de la investigación, probablemente porque hay muchísimas responsabilidades de otros gobiernos que ahora piden una comisión de investigación [quienes la piden son AGE y BNG, con el apoyo del PSdeG] porque antes no investigaron nada”. La oposición pide saber sobre el presunto conseguidor, asegura, porque “mientras se hable de esto no hablan de los millones de euros que concedieron con el Gobierno en funciones a las empresas que están siendo investigadas”.

Feijóo asegura estar convencido de que “todo el mundo se entera de que se trata de desviar la atención, que está muy bien focalizada” en la indagación respecto a las empresas que, supuestamente, cometieron un fraude. ¿Por qué se niega también, entonces, a que el Parlamento investigue todas las concesiones a las empresas de la red, tanto en el período del bipartito como en el del PP? “Lo que hizo cada Gobierno lo estamos facilitando”, dice, en un contexto en el que las aspas del ventilador rozan también a los medios de comunicación: “Otra cosa es que se quiera poner o no poner”, reprocha.

“¿Quiere hablar en serio de los problemas que tiene Galicia o quiere poner el ventilador?”. Quien pregunta es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Lo hace en su turno de respuesta al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que como sus homólogos de PSdeG y AGE, intentó en la sesión de control al titular del Gobierno gallego, esto es, en el turno de preguntas al presidente, obtener “explicaciones convincentes” sobre la trama Zeta y saber si la presunta trama corrupta va a implicar “responsabilidades políticas” en el Gobierno gallego. Feijóo, como en anteriores casos, optó por diseminar las presuntas implicaciones entre todas las fuerzas políticas mientras, no obstante, niega tener “mediador” alguno en la red de Gerardo Crespo.

Tanto Jorquera como el socialista José Luis Méndez Romeu y la viceportavoz de Alternativa, Yolanda Díaz, cuestionaron al presidente sobre el destino de los fondos públicos que, según la Policía, “cazaba” la red y, sobre todo, por su relación con Pachi Lucas, considerado por la investigación como enlace de Crespo con la esfera política y, según fuentes consultadas por este diario, amigo personal de Feijóo. “Le pregunto por el conseguidor, que era recibido en la residencia de Monte Pío, que no es privada, sino oficial; ¿conocía que estaba a sueldo de la trama?”, cuestionó Romeu. “Querría que me aclarase sus relaciones con el señor Lucas, que además de estar en nómina con el señor Crespo hizo campañas para el PP”, pidió Jorquera. “Me gustaría saber si esa amistad sirvió para adjudicar contratos a dedo” o para “financiar irregularmente, con carácter presunto, al PP” y para “saquear los fondos de los trabajadores y trabajadoras”, exigió Díaz.

Pero la batería de preguntas poco más consiguió que encender el ventilador que el propio presidente dice rechazar. “Nunca he tenido un mediador ni lo tendré en mi vida; nunca aceptaré que nadie hable en mi nombre en ningún sitio y si lo hace, habla a título personal, en ningún caso respaldado por mí”, afirma el líder popular sin aclarar, no obstante, si las visitas de De Lucas a Monte Pío relatadas por Crespo fueron ciertas o no o “a que se refería”, como preguntó Jorquera, el mensaje enviado por el supuesto conseguidor al empresario coruñés el día de las elecciones municipales de 2011 con el texto “Comiendo en Beluso, presidente, mar...! Todo bien”.

De mensajes, pero de correo electrónico, habló el presidente para intentar contrarrestar la lluvia de peticiones de explicaciones: Feijóo pregunta por los correos electrónicos remitidos por Crespo al ex conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, y a su director general Pastor Fuenteseca, en los que les reclama ayudas públicas y celeridad en su resolución tras perder las elecciones de 2009 en un tono idéntico al que, dos años después, emplearía en otros correos dirigidos al actual presidente. Del Gobierno bipartito se acuerda también el jefe del Ejecutivo para pedirle explicaciones a Jorquera por ser “compañero durante tantos años” del ex conselleiro de Industria Fernando Blanco, “que está siendo investigado en relación con el señor Jorge Dorribo”, presunto líder de la trama Campeón. Para AGE reserva otro clásico: “Están ustedes gobernando sobre un manojo de irregularidades de los ERE y de los cursos de formación de Andalucía”, donde IU comparte gobierno con el PSOE: “Ustedes llevan mucho tiempo siendo casta”, asegura.

Más allá de la expansión de dudas sobre la gestión de unos y otros partidos el jefe del Gobierno gallego mantiene el argumentario que el PP viene desarrollando durante días, el mismo que utilizó este martes para negarse a abrir una investigación sobre la trama Zeta: que la denuncia partió del propio Ejecutivo. “El resumen principal, que son los hechos, es que esta Xunta inspeccionó, investigó y lo puso en conocimiento del Ministerio Fiscal”. El presidente añade, además, otra afirmación que sería incompatible con el hecho de que el Gobierno haya sido el primero en denunciar el caso: “Esta Junta se personó en la causa para defender los intereses de los gallegos”. Las visitas a Monte Pío, el papel del conseguidor, las relaciones de Crespo con el alcalde de A Coruña y otros cargos o la presunta financiación del PP con sobres en negro son, para el presidente, “estrategias de los imputados” que “no vamos a valorar”. “Será responsabilidad de ellos y de su defensa”, resuelve. “Viva el respeto, la prudencia y la política con mayúsculas”, proclamó para finalizar la sesión.

Galicia, julio de 2007. La preocupación ciudadana por la corrupción está por debajo de la media del Estado y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, propone que cada grupo del Parlamento “tenga derecho a impulsar dos comisiones de investigación por legislatura sin necesitar el apoyo del resto de la Cámara”. Aquella propuesta nunca salió adelante, ni con el Gobierno de PSdeG y BNG ni tampoco tras el retorno del PP. Así, para crear una comisión de investigación sigue siendo necesario el aval de la mayoría absoluta del legislativo, la misma que los conservadores han empleado este martes para vetar la comisión de investigación sobre la trama Zeta de falsos cursos de formación, solicitada conjuntamente por AGE y BNG y apoyada por el resto de la oposición. Se trata, justifican, de no “politizar” el asunto.

Después de que, durante las últimas semanas, el levantamiento del secreto del sumario permitiera conocer la estructura de la trama corrupta que presuntamente lideraba Gerardo Crespo, incluyendo la declaración de supuestos sobres de dinero negro “destinados al PP” y múltiples conexiones personales o políticas con los populares, Alternativa y Bloque no ven más salida que la investigación y asunción de responsabilidades políticas. “Por dignidad, asuman la investigación”, reclama desde AGE Juan Fajardo, quien advierte de que la trama no está compuesta de “cuatro listos que se hacen de oro”, sino que consiste en una red de “intercambio de favores” con el dinero público como combustible.

“No sé si se enteran de que están sobre un auténtico volcán, de la dimensión de la indignación social ante los continuos casos de corrupción”, subraya el nacionalista Jorquera, quien destaca además que diversas revelaciones del sumario pueden no constituir “un ilícito penal” pero ser “incompatibles con el servicio público”. “Por eso hay que investigar en el ámbito político”, explica. Esa apuesta encontró también apoyo en el PSdeG, que a través de Marisol Soneira señala que en este caso se abordan “cosas gravísimas”, como que “el presidente de la Xunta informó a una persona de escuchas de la Policía”. “En cualquier país el presidente da explicaciones y denuncia al calumniador, si es calumnia”, afirma. En todo caso, el “problema” va más allá de lo concreto y llega a la “concepción ética”, lamenta.

Para escenificar el rechazo a estos argumentos el PP escogió a su nuevo portavoz, Miguel Tellado, quien además fue jefe de gabinete de la Consellería de Traballo entre 2009 y 2011, años en los que, según la UDEF, la trama todavía operaba. Aunque el propio sumario acredita que el caso explotó en 2011 por la denuncia de dos ex trabajadoras de las empresas investigadas, Tellado insiste en que la denuncia partió de la Xunta “por iniciativa propia”. Por esto y porque “ya hay una investigación judicial en marcha” cree que “no procede la creación de la comisión de investigación”. También porque aprobarla significaría “politizar” el asunto y “desprestigiar la formación” y, por extensión, al personal público que “evalúa” las subvenciones.

El ex mano derecha de la conselleira Beatriz Mato ve en esta solicitud poco más que una “estrategia de la oposición” para “convertir la política gallega en un lodazal”. “Pretenden hacer un juicio sumarísimo, abrir una causa general, ser inquisidores del siglo XXI” e incluso “ajusticiar al Gobierno”, proclama. Non obstante, el número tres de Feijóo en el PPdeG aprovecha la tribuna para pedirle explicaciones al PSdeG por los “correos electrónicos” que Crespo le dirigió al ex conselleiro de Trabajo Ricardo Varela -en idéntico tono se los remitió al propio Feijóo- y por la operación Pokémon, caso por el que también le reclama cuentas al BNG. “Intentan sacar tajada política de un asunto que, por mucho que les duela, no atajaron cuando gobernaban”, agrega, antes de acusar al bipartito“ de concederle a las entidades de Crespo más ayudas que el PP.

“¿Quiere que se investigue la concesión de cursos también durante rl bipartito? ¡Ningún problema!”, retó Jorquera, quien lamenta que Tellado se refugie en una estrategia de “miente, que algo queda” al tiempo que recuerda que el propio Bloque ya preguntó por la trama en 2010 “y ustedes contestaron que todo maravilloso”. “En todas las revelaciones de lo que se habla es de pago de sobres en negro al PP”, subraya el nacionalista, en un contexto en el que, desde AGE, Fajardo se muestra convencido de que la negativa a investigar tiene su origen en el “miedo a que quede claro que una trama de corrupción” aportaba esos “sobres” a los populares. “¿Alguien tiene miedo a que un amigo del presidente que acostumbra a pernoctar en Monte Pío [residencia oficial del titular de la Xunta] comparezca en este Parlamento?”, se pregunta, en referencia al presunto conseguidor de la red, Pachi Lucas.

Manuel (nombre figurado) llevaba algo más de un año en paro cuando, a comienzos de 2012, recibió una llamada del Servicio Público de Empleo, dependiente de la Consellería de Trabajo, para presentarse a una acción formativa concedida por la Xunta a Azetanet, la empresa de Gerardo Crespo que, según la Policía, era el centro de la presunta trama corrupta de “caza de dinero público” apoyada en falsos cursos de formación. Él, “que ya había hecho un curso” a través de un sindicato, fue con la esperanza de que esta nueva oportunidad formativa podría servir para abrirle nuevos caminos laborales, pero realmente se trataba de “firmar por no hacer nada”. Además de indignarse, lo denunció, aunque incluso el supuesto líder de la trama intentó frenarlo.

En conversación con este diario, este trabajador explica que Azetanet reunió a todas las personas convocadas desde la oficina de empleo. En esa primera reunión “parecía que todo estaba muy bien”. “Lo vendían muy bien”, resalta: se trataba, les explicaban, de que Azenanet realizaría “una especie de prospección” del mercado laboral para cada alumno, un “seguimiento personal” que implicaba la “oferta de cursos de formación” y el contacto con diferentes empresas, todo esto adaptado a cada uno de sus perfiles profesionales. Tras la primera toma de contato, Miguel no supo nada de Azetanet “durante dos o tres meses”.

Pasado este tiempo, la empresa, que ya estaba siendo investigada por el presunto fraude, volvió a llamar a su alumnado. Donde antes había un amplio abanico de posibilidades formativas solo quedaba ahora “una hoja” que le fue entregada a cada persona. Se trataba de que firmaran, “bajo juramento”, que “nos habían ofertado una serie de cursos” como “inglés básico” o “manejo de Office básico”. Eran cursos que “para nada estaban orientados a lo que nos habían vendido en la primera reunión”, la “inserción laboral” y que, sobre todo, no habían existido. “Yo les dije que no estaba de acuerdo, que no estaba yendo a nada de esto y que no iba a firmar”, recuerda. Además, agregó, “la declaración jurada ya no existe y no tiene peso oficial ninguno”.

Además de expresar su rechazo verbalmente, este trabajador quiso que constara oficialmente. “Pedí una hoja de reclamaciones, inicialmente me dijeron que no me la daban y les dije que iba a llamar a la Policía”, porque “sabía que estaban cobrando por cada uno de nosotros y lo que estaban haciendo no me parecía bien”. Esta advertencia causó “cierto nerviosismo” en los responsables de la empresa y, en este punto, irrumpió en escena el propio Gerardo Crespo. “Yo no lo conocía de nada”, destaca, lo que no impidió que lo abordara para preguntarme “qué me había pasado” y atribuir lo acontecido a “un malentendido”. “A ver, ¿qué curso quieres hacer?”, recuerda que le preguntó. “Yo vi que aquello tampoco era normal”, evidencia.

En estas circunstancias, y mientras los responsables de Azetanet evitaban aclarar si rechazar la firma de su documento podía tener consecuencias negativas como la pérdida de la prestación por desempleo -“no lo aclaraban, dejaban siempre la duda”-, Manuel se dirigió con su reclamación al Instituto Gallego de Consumo y a la Consellería de Trabajo. Fue en Trabajo donde lo informaron de que “tenían más denuncias” respecto a las entidades de Crespo y, poco después, le detallaron también que “ya les habían quitado unas subvenciones”. Además, le preguntaron si “tendría algún problema en declarar” lo que le había sucedido, algo que también le preguntaron a más participantes en los cursos, algunos de los cuales declinaron la oferta porque “no querían líos” que implicaran, por ejemplo, la pérdida de un subsidio. “Yo no tenía prestación ni nada que perder” y además, “estaba quemado”. Llegado a ese punto “quería estar en el paro”, porque “llevaba casi un año sin hacer nada” y, al estar inscrito en el inexistente curso, “no constaba que no estaba trabajando”.

La Xunta le revoca otra ayuda a Crespo

Estas y otras revelaciones ya habían comenzado a surgir el pasado 10 de octubre, poco más de dos semanas desde que, en la mañana del 22 de septiembre, Gerardo Crespo fuera detenido como autor de presuntos delitos de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos, falsificación documental, tráfico de influencias y soborno. En esa jornada, la directora general de Formación de la Consellería de Trabajo, Ana María Díaz, firmaba el documento que culminaba el proceso, iniciado en el mes de julio, para retirarle una subvención a una de las entidades de Crespo.

Después de que, según la Policía, el empresario coruñés pudiera defraudar sin problemas al erario gracias al “nulo control” ejercido por la Administración, Trabajo considera que la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia no justificó como debería las actividades subvencionadas con 11.920 euros al amparo de una orden de ayudas para el desarrollo de programas integrados de empleo. De este modo, AED Galicia tiene ahora la oportunidad de presentar los documentos que considere oportunos para intentar evitar la devolución de la subvención, tal como publica el Diario Oficial de Galicia de este lunes.

Este anuncio de la Xunta se produce apenas una semana después de que la Consellería del Mar anunciara una resolución, también dictada el 10 de octubre, con la que dejaba sin efecto un convenio firmado con la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (CEHOSGA), entidad que según la investigación también está implicada en la trama de los cursos falsos. Este convenio, dotado con más de 84.000 euros, estaba orientado a promover el consumo de productos pesqueros y de la acuicultura. Dice el departamento dirigido por Rosa Quintana que CEHOSGA incumplió sus “deberes” respecto a este convenio y así, dos semanas después del estallido público de la operación Zeta, determina resolverlo.

Sobre la decisión de la Consellería de Mar, el grupo parlamentario de AGE reclamó en días pasados explicaciones de Quintana respecto a la relación que su departamento ha venido manteniendo con CEHOSGA, entidad cuyo presidente, Héctor Cañete, está imputado en la trama y es un “reconocido militante del PP”. “Ante las informaciones conocidas en relación a la vergonzosa trama corrupta”, AGE reclama saber si CEHOSGA cumplió con lo comprometido durante el pasado ejercicio y, a través del diputado Antón Sánchez, exige aclarar si esta rescisión no es “una maniobra más del Gobierno de la Xunta para marcar distancias con la trama una vez que se ha hecho pública”.

Como en el recorte del Parlamento o en otras medidas polémicas, el presidente de la Xunta llevaba semanas buscando al PSdeG. En plena oleada de escándalos de corrupción, agudizada por el estallido en Galicia del caso Zeta y en Madrid de la trama Púnica, Alberto Núñez Feijóo recibió al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, para intentar lograr un titular que redujese la presión que, en los últimos tiempos, afecta a los populares gallegos. El jefe de filas de la derecha gallega procuraba la foto de la adhesión del PSdeG a las propuestas que va a formular para, dice, evitar “corrupciones, corruptelas o determinados comportamientos no éticos”, un acuerdo bipartito que, de paso, dejara fuera del campo de juego al resto de fuerzas políticas. Pero todo parece indicar que Feijóo no va a poder colocar esa imagen en su vitrina, toda vez que el único acuerdo fue el de renovar instituciones estatutarias pendientes.

Tras el acuerdo de mínimos conseguido en el debate de política general –que incluía aspectos a priori tan poco relacionados con la corrupción como la reducción a la mitad de la duración de las campañas electorales–, Feijóo y Besteiro hablaron durante tres horas y media, tras las cuales un furioso jefe del Ejecutivo acusó al socialista de “desentenderse” de que su partido y el socialista puedan “liderar” un pacto contra la corrupción, con la aprobación de “leyes ejemplares” que salieran cocinadas de San Caetano con el aval del PSdeG. “No tuve la oportunidad de escuchar las propuestas del PSOE, que me remitió a hablar en el Parlamento, como no puede ser de otro modo”, se lamentó Feijoo.

Como sucede en el Congreso de los Diputados, donde el equipo de Pedro Sánchez viene rechazando un pacto que “tape las vergüenzas del PP” en materia de corrupción, Besteiro explica que no pondrá su firma en ningún pacto anticorrupción si este “no se abre al resto de partidos políticos y a la sociedad civil”. Tampoco lo hará, advierte, sin que Feijóo dé previamente “explicaciones” sobre los casos que lo “implican” a él mismo y que ponen en tela de juicio incluso la financiación del PPdeG, caso por ejemplo de la Operación Zeta. “No se puede pedir transparencia, negarse a ir al Parlamento y querer cerrar un pacto en un despacho de espaldas a la sociedad y al resto de fuerzas”, resuelve el socialista. “Si llegamos a un acuerdo que no cuente con el visto bueno del conjunto de la sociedad civil gallega, será papel mojado, no servirá para nada y se verá superado por la realidad”, profundiza.

En este contexto, y apenas un día después de que la mayoría absoluta del PP impidiera que Feijóo compareciera en la Cámara para, precisamente, dar explicaciones sobre la trama Zeta, el presidente del Gobierno gallego asegura estar dispuesto a comparecer “todas las veces que se quiera” sobre la corrupción. Asimismo, afirma que impulsará una batería de 35 medidas entre las que se incluye una ley de transparencia con más exigencias que la aprobada en 2006, la cual salió adelante entre duras críticas del PP aunque los conservadores, finalmente, no la rechazaron con sus votos. “Las 35 medidas de Feijóo son todas propuestas del PSdeG rechazadas en su día, y faltan otras importantes”, “un corta-pega hecho a prisa no es serio”, advirtió el PSdeG tras la reunión.

La Operación Zeta, la presunta trama de fraude en ayudas para cursos de formación que, según la investigación, sirvió para enriquecer al empresario coruñés Gerardo Crespo y a sus colaboradores, es un maremagnum difícil de digerir. En los 24 tomos y millares de folios del sumario se describe con detalle lo que para la Policía fue una “caza de dinero público” canalizada a través de una “farsa” asociativa y empresarial que tenía como objetivo principal la captación de dinero público para fines “privativos”. Más allá de las presuntas ilegalidades cometidas por la red de Crespo y sus colaboradores, el sumario tiene una evidente vertiente política que salpica al PP de Galicia en general y al PP coruñés en particular. Así, por ejemplo, una ex contable de Crespo llegó a afirmar ante la Policía que había tenido que preparar “dos sobres” de dinero procedente de la caja 'B' “destinados al Partido Popular”, cantidades que sumarían 17.000 euros, 15.000 de ellos entregados poco antes de las elecciones generales de 2011. Pero, ¿a qué dirigentes conservadores salpican, concretamente, estas revelaciones sumariales?

Alberto Núñez Feijóo

El enlace del presidente de la Xunta con las revelaciones del caso está, sobre todo, relacionado con el papel que la investigación le atribuye al empresario madrileño afincado en Bueu, Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi de Lucas. De Lucas es señalado por la Policía como uno de los conseguidores de la red, esto es, el enlace entre Crespo y diversos dirigentes políticos. Por la “práctica” de estas “gestiones” el empresario recibía, según el sumario, “un dinero”. Ese dinero, señaló la ex contable de Gerardo Crespo ante la Polícia, salía de los fondos que tendrían que financiar cursos de formación y le eran aportados mediante transferencias bancarias. Era “una cantidad periódica, siendo este pago priorizado por Gerardo”, dice la declaración.

Atendiendo a lo publicado por el diario El País y también a fuentes consultadas por este diario, el empresario De Lucas es amigo personal del presidente de la Xunta, quien tras la última reunión semanal de su Consello de Goberno evitó, hasta en seis ocasiones, aclarar su relación con el presunto conseguidor, limitándose a afirmar que “a efectos de sumarios no hay amigos ni enemigos”. Mientras la oposición le exige mayor claridad, uno de los grupos que la conforman, el PSdeG, señala que el enlace del presidente gallego con De Lucas es personal pero también profesional y económico, toda vez que una de sus empresas, afirman, trabajó para el PPdeG en la campaña electoral de 2009.

Pachi de Lucas, con quien Feijóo acudió a las corridas de toros en Pontevedra en varias ocasiones, como confirman las imágenes del fotógrafo Óscar Corral publicadas por El País, es quien en julio de 2011 le confirma a Gerardo Crespo la posibilidad de tener una reunión con quien meses después se convertiría en ministra de Fomento, Ana Pastor. Según un mensaje telefónico intervenido por la Policía e incluido en el sumario, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, De Lucas gestionó esa reunión en la sede popular de la madrileña calle de Génova. En otra de las páginas de la transcripción de los mensajes del teléfono de Crespo, situada en el siguiente folio del sumario pero con una numeración no correlativa –pasa de la página 1.593 a la 1.619–, figura la frase “Feijóo va a ser clave”, sin que se pueda confirmar quién la escribió y su contexto. Asimismo, en la jornada electoral de las municipales de 2011, De Lucas le remitió un mensaje a Crespo, también interceptada por los agentes, con el siguiente texto: “Comiendo en Beluso, presidente, mar...! Todo bien”.

Además del empresario afincado en Bueu, a lo largo del sumario figuran menciones al presidente en, cuando menos, dos correos electrónicos, los que le remitió Gerardo Crespo. En el primero, datado el 11 de octubre de 2011, Crespo señala que, “de acuerdo con la última conversación que mantuvimos”, le escribe para “manifestar mi preocupación por las informaciones que me transmiten desde Trabajo respecto a los proyectos que presentaron las organizaciones que dirijo y de cuyas resoluciones positivas dependen muchos puestos de trabajo y la viabilidad de las empresas”. En el segundo, de diciembre del mismo año, Crespo le escribe a Feijóo para explicar los “momentos de gran dificultad respecto a la tesorería” que pasan sus empresas a causa de la “gestión económica de la intervención general de la Xunta”. El Gobierno había paralizado los pagos de subvenciones hasta el mes de enero para contener el déficit y esto ponía en peligro la “viabilidad futura de las organizaciones”, decía Crespo, que se mostraba “seguro” de que “estas observaciones no caerán en saco roto”. El nombre de Feijóo figura también en la lista de regalos de Azetanet en la Navidad de 2010, cuando Crespo le remitió una participación de lotería.

Carlos Negreira

El alcalde de A Coruña y presidente del PP en la provincia, Carlos Negreira, negó la pasada semana que tuviera alguna vinculación con el empresario Gerardo Crespo, el líder de la trama, “más allá de la que se mantiene con cualquier otro representante de vecinos”. No opinan lo mismo los investigadores, que en el sumario dan cuenta del “nivel de relaciones” que tiene el empresario con importantes cargos públicos, entre ellos el regidor local, a quien Crespo llega a “realizar funciones de intermediación de su agenda”, ejerciendo de intermediario entre el responsable de USO en Galicia y el alcalde.

“Me dejó tirado cuando comenzaron las escuchas”, revelaba Crespo sobre Negreira en una entrevista en La Opinión A Coruña. Son los investigadores los que hablan de una “posible labor de intermediación” por parte del empresario entre las personas interesadas en contactar con el alcalde y el propio regidor. En una conversación grabada, le ofrece colaboración a un conocido para hacer “gestiones con Carlos [Negreira] y con quien veas”.

La confianza y la petición de favores era tal que Gerardo Crespo llama directamente a la secretaria del alcalde de A Coruña para informarla de la situación de diferentes procesos de adjudicación de servicios municipales, advirtiéndole de que su empresa se presentó a uno de Consumo “Para que lo sepa”, le dice. “Se lo han dado a otra empresa [...] y el técnico del ayuntamiento es el primer sorprendido. Ahora nos hemos presentado a otro tema de la Oficina de Consumo, para que lo sepa”. Antes, o empresario mándalle un SMS ao rexedor: “Hola. Desde hace años llevamos los cursos de bibliotecas del ayunt. y siempre nos invitaban al negociado; lo sabe el técnico... Y este año no. Un abrazo”.

Tan solo unos días más tarde, y según las conversaciones telefónicas intervenidas, los propios investigadores advierten de que se intenta “amañar” un proceso de adjudicación “de un servicio vinculado con Consumo, a realizar a través de un procedimiento negociado sin publicidad y en el que se va a presentar alguna de las empresas de Gerardo Crespo”. La idea es presentar otras dos “empresas amigas” para “formalizar una apariencia de concurrencia en un proceso de adjudicación ya decidido y que finalmente recaerá presuntamente a favor de la empresa de Gerardo”.

La conversación es entre una empleada de su empresa y el propio Crespo. “Estamos con el tema de Consumo y nos piden dos empresas más [...] Nos vamos a presentar nosotros y dos empresas más... amigas”, admite, suponiendo que es en el propio Ayuntamiento donde se lo solicitan. De hecho, los investigadores aseguran que esta llamada “hay que ponerla en relación con los sms enviados por Gerardo Crespo a Negreira y con la llamada del mismo día mantenida entre el propio Crespo y la secretaria del alcalde”.

Además, Eliseo Calviño, también implicado en la operación Zeta –responsable de Caype y otro de los presuntos líderes de la trama–, presume también de su relación con Negreira. En una llamada a su amigo y socio, Gerardo Crespo, le anuncia que estuvo como dos horas y media con nuestro amigo... Con Carlos, con el señor alcalde de La Coruña“ y lo hace ”mostrando su satisfacción“, tal y como dicen los investigadores. Dos horas y media, eh? Muy bien, él muy bien como siempre, lo que pasa es que, claro, él tiene que ser muy bien, pues con todos. Yo creo que hay algunas cosas que le quedaron claras, eh?... De alguna le sorprendió mucho...Y vamos a ver... Pero ya hablaremos de eso”.

Lo que es evidente para los investigadores es que Crespo pasa tiempo “presionando a Carlos Negreira ”con el objeto de conseguir más adjudicaciones“. ”Me siento abandonado [...] Abrazos“, le dice el empresario después de que el líder de la trama advierta en el Ayuntamiento de que no está siendo informado de diferentes concursos. Poco después, el regidor le envía otro SMS: ”Ok Gerardo... Abrazos“. En otra conversación posterior con responsables en María Pita, el líder de la trama asegura que ”al alcalde le joroba“ que él no sea informado de diferentes procesos.

Después de que el presunto líder de la trama corrupta insista en varias conversaciones con personal del Ayuntamiento cercano al alcalde, decide enviarle otro mensaje telefónico a Negreira. Me siento amparado y muy feliz del alcalde amigo que tengo“, afirma en uno de esos sms. Los investigadores entienden que Crespo ”parece estar más contento con el alcalde“ después de contactar con la administración local, ”aunque este no le contesta“. No lo hace en ese momento, pero sí horas después: ”Abrazos... le paso el mensaje a “programación”... Nos vemos pronto!! Buen fin de semana!!“. Una relación que parece demasiado cordial para ser la que se mantiene ”con cualquier dirigente vecinal“. Un año y algo antes, tal y como demuestran unos e-mails, ambos habían pactado la respuesta a través de un comunicado a las acusaciones que el alcalde de Oleiros había hecho sobre las empresas de Crespo y las subvenciones que recibía de las administraciones.

En cuanto los cursos de las empresas de Crespo empiezan a ser auditados por la propia Xunta e incluso revocados, el principal imputado vuelve a intentar recurrir a Negreira. “Tengo un problema gravísimo y urgente, que es una injusticia y me siento indefenso. Cuándo puedo contártelo? Puede acabar conmigo”, le dice en un mensaje que los investigadores atribuyen a su “desesperación”. Además, él mismo llama al Ayuntamiento con la intención de que el regidor “sepa de sus problemas con las revocaciones de los planes integrales de empleo”.

Parece evidente que Negreira evita mantener conversaciones telefónicas o mediante mensajes de texto con Crespo, pero una comunicación posterior con otra persona revela que “Carlos [por el alcalde] lo sabía” y que incluso le recomendó qué hacer ante las inspecciones en un encuentro particular. “Me ha dicho Carlos que nos defendamos, que nos defendamos a muerte, que él quiere que nos defendamos y que tengamos cuidado que hay mucha piraña suelta”.

Beatriz Mato

En el sumario de la operación Zeta, y en un mismo tomo, los investigadores aseguran que “queda patente cómo presuntamente Gerardo Crespo trató de influir en autoridades o funcionarios públicos para agilizar u obviar trámites administrativos”, aunque “con resultados negativos”, por lo menos en aquel momento, para él.

“No se atreven ni de coña”, llega a decir el principal imputado de la trama en una conversación en la que explica su intento de influir en la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, así como en el conselleiro de Industria, entonces Javier Guerra. En el caso de este último, Crespo refiere una reunión en la que presuntamente el titular de Industria le indica que lo avise “cuando salgan las ayudas”. “Presentaos y me llamas... Tendréis nuestro apoyo. Esto no se puede publicar”, le dice por lo visto el conselleiro.

En este caso, los investigadores se preguntan “si cualquier otro empresario podría llamar directamente al conselleiro cuando salgan unas ayudas” y el motivo por el que, después de que hubiera renunciado a unas subvenciones, “ahora el titular de Industria le dice que se presente”.

“Los funcionarios pasan y los políticos son unos cagaos [sic]”, dice Crespo en otra conversación telefónica en la que una empleada supone que ?ya habrá tocado y retocado la vía política“. Se refiere, según los investigadores, a sus negociaciones con Beatriz Mato y Javier Guerra.

“Mañana voy a hablar con Bea [Mato], pero bueno, es que Bea puede lo mismo que el conselleiro de Industria... De mi parte, en una cena, a ver... No puedo mover más hilos, eh?”, explica. Tan solo unos días después, Gerardo Crespo también muestra su intención de no cobrarle las cuotas de una de sus academias al hijo de Beatriz Mato. “¿Cuál es el motivo de que no quiera o dude de cobrarle? ¿Es una actitud interesada dado el puesto que ocupa?”, se pregunta la policía.

Pero la cosa va más allá. A principios de marzo de 2012, Crespo envía un mensaje a Pachi Lucas, el supuesto “conseguidor” de la trama corrupta. “Tengo que pedirte que llames a Bea para la programación de cursos; que nos dé un poco más que el año pasado”.

Apenas unas semanas después, Antonio Duarte, secretario general de USO en Galicia, habla con desesperación con Gerardo Crespo preocupado por las investigaciones que se están llevando a cabo y haciendo referencia, supuestamente, a Beatriz Mato. “Cuando me llama la conselleira y me dice que me quiere ver en persona, esto no es ninguna broma ni no es nada; es grave. Y hay dinero público por medio, y yo soy el responsable, yo firmé... Gerardo, yo he confiado en ti”.

José Manuel Romay Beccaría

El ex conselleiro, ex ministro, ex tesorero estatal del PP, actual presidente del Consejo de Estado y mentor político de Alberto Núñez Feijóo, entre otras muchas responsabilidades dentro del PP, figura en el sumario del caso en varios de los correos electrónicos intervenidos por la Policía, que la llevan a sospechar que medió para lograr adjudicaciones en favor de estas empresas. En el primero de ellos, enviado por Crespo al correo corporativo de Romay en el PP en julio de 2011, el presunto líder de la trama le remite “el informe que le envié a Ana Pastor”, un “tema que se está debatiendo en el seno del partido y del que Ana me pidió que redactara un informe”. “Tengo también algunas ideas que estoy escribiendo sobre el contrato de inserción ligadas a la formación que te anexaré en breve”, le dice Crespo, que también expresa su “preocupación” por las “declaraciones” de Esperanza Aguirre respecto a la FP dual. Romay responde días más tarde señalando que “agradezco mucho la información que me mandas” y mostrándose “seguro que lo aplicarán como se merece”.

Tres meses después, a finales de septiembre, Crespo le escribe de nuevo a Romay para, “tal y como acordamos”, hacerle llegar el “nombre de los dos concursos a los que se va a presentar mi empresa” en la Diputación de A Coruña. “Amante Gerardo, recibí el correo y le trasladé el asunto a Diego Calvo”, presidente de la Diputación, responde Romay Beccaría. Acto seguido, Crespo escribe de nuevo para preguntarle al histórico dirigente popular por “quién lleva el programa del partido en temas de formación, empleo, orientación” e informarlo, además, de que “hoy estuve con Diego”. Uno de los concursos a los que se refiere Crespo fue adjudicado a su empresa Gecreri, si bien desde la Diputación coruñesa se negó, en declaraciones a La Opinión A Coruña, que la influencia de Romay hubiera tenido algo que ver.

En la misma línea, a comienzos de 2012 la Policía intercepta un nuevo mensaje de Crespo a Romay: “Hola, necesito verte. Hoy llamé a Génova y pedí una cita. Cuando puedas voy a donde digas. Un abrazo”. A juicio de los investigadores, el empresario “busca la influencia de Romay Beccaría” porque el popular “tiene mucho poder para conseguir el pago del dinero adeudado por la Xunta y la Comunidad de Madrid”. Días después, Crespo le explica por teléfono a su esposa que Romay “me va a conseguir una serie de entrevistas si yo quiero... Para hablar con una serie de personas”.

Julio Flores

El número dos de Carlos Negreira, y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores, también aparece citado en el sumario de la operación Zeta. Entre los importantes contactos que en el PP tiene el principal imputado de la trama, Gerardo Crespo, se encontraría también el de este político, tambiém imputado en la Operación Pokémon.

Se deduce la relación de una conversación captada por la policía en las escuchas telefónicas entre el presidente de la federación de vecinos Salvador de Madariaga, Juan Sáez Chas, y el propio Crespo. De esa charla los investigadores deducen que el concejal podría tener “algún tipo de acuerdo ilícito”.

En la llamada, los dos protagonistas hablan del “interés que al parecer tiene Julio Flores en cambiar la directiva del Círculo de Artesanos de esta ciudad en favor de un tal Salazar, el cual podría tener intereses inmobiliarios y con el que podría tener algún tipo de acerdo ilícito”. Tan solo unas semanas después, la directiva del mencionado Círculo de Artesanos dimitió para abrir un proceso electoral del que saldría vencedor Modesto Sabucedo. “Si se vende ese solar... arre carajo?” dice el dirigente vecinal a Crespo, que antes había advertido de que la entidad “es una cosa que está en decadencia”.

En la misma conversación, el principal imputado de la trama se refíiere supuestamente al pago de comisiones. “A ti y a mí no se atreven a pedirnos eso (...) Es que hay cosas que no se pueden pedir. ¡Joder, macho! Juan, yo llevo padeciendo muchísimo, porque, a ver, a mí me pueden pedir y yo puedo ofrecer una comisioncita... al jefe territorial, y al Joaquinito [supuestamente refiriéndose a Joaquín Vila, en aquel entonces jefe de servicio en la Xunta] y al otro... Pero lo que no me pueden pedir es decir ‘oye, haz esto, pégale una puñalada a este tío... aquí esto y nos llevamos tres millones de euros. Eso a mí no me lo pueden decir, primero porque les mando a tomar por el culo (...) No porque yo me lleve menos, y no porque digo ‘a estos viejecitos esto yo no se lo hago”.