La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política en la región recibía este viernes al expresidente de la CEIM, la patronal madrileña, Arturo Fernández. Estaba previsto que el empresario hablara del supuesto fraude en cursos de formación subvencionados, el caso Aneri. Pero los acontecimientos de esta semana, con la detención del expresidente de la Comunidad Ignacio González en el marco de la Operación Lezo, han dominado las dos horas largas de comparecencia de Fernández.

El exjefe de los empresarios madrileños ha defendido a la entrada su relación con González y con su predecesora en el cargo, Esperanza Aguirre. Ha asegurado ser “amigo” de ambos y ha defendido a la hoy concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid: “No sé si Aguirre debe dimitir, pero ha sido una gran presidenta”.

Ya en su comparecencia ha mantenido el tono distendido que es habitual en él. Y ni siquiera ha torcido el gesto en su enfrentamiento más duro, con la portavoz de Podemos María Espinosa. La diputada ha acusado a Fernández de estar “en el centro de la trama” de corrupción en la región, motivo por el que Podemos lo ha incluido como uno de los rostros destacados en el tramabús.

“Yo no soy eso que dice usted, yo no encarno la trama de los negocios que hay en Madrid, sucios o blancos. Yo soy una persona muy abierta, hablo con todo el mundo, no me meto en política e intento tener muchos amigos. Eso que dice usted es muy duro, que diga que yo soy el cabecilla de todo el follón que hay... Se ha pasado usted un poquito”, le ha respondido.

Fernández ha llegado a bromear sobre su, ha dicho, buena relación con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su condición de miembro de esa trama: “Yo era casta, pero ahora soy trama”.

El empresario no solo ha dicho ser amigo de Iglesias, Aguirre o González, sino que ha defendido que tejer esas relaciones era una de sus obligaciones. “Los empresarios, los político y la sociedad en general tienen que ayudarse”, ha apuntado. Para añadir: “Legalmente”. Sobre sus afinidades políticas, ha asegurado no ser “del PSOE, del PP, de Podemos ni de Ciudadanos. Yo soy apolítico”.

Fernández ha defendido que sus relaciones han sido principalmente con el PP porque era el partido que gobernaba Madrid. “Si hubiera estado el PSOE...”, ha dicho. “He sido muy afín a UGT”, ha asegurado en otro momento. Y ha recordado que su empresa, Grupo Cantoblanco, llevó la concesión del restaurante del Congreso durante 30 años.

Los diputados también le han preguntado por la donación de 60.000 euros que hizo a Fundescam, la fundación del PP de Madrid que supuestamente financió de forma irregular las campañas electorales de Aguirre. Fernández ha defendido que dicha donación, a través de una de sus fundaciones, “no tiene nada que ver con la concesión de la cafetería a la Asamblea” de Madrid.

Preguntado por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que integraba el patronato de Fundescam en la época investigada, ha tirado de la casualidad para explicarse: “Casualmente la señora Cifuentes estaba aquí porque lleva muchos años”.

Al grito de “el patrón de los patrones no paga a sus trabajadores” han mostrado su enfado unos sesenta trabajadores de Cantoblanco y representantes de Comisiones Obreras al dueño del grupo y presidente de la patronal empresarial madrileña, Arturo Fernández. Frente a la sede de CEIM -que comparte edificio con la CEOE- han reclamado este martes el pago de las nóminas que les adeuda y la readmisión de los trabajadores despedidos por el cierre de varias cafeterías.

El grupo dirigido por Fernández, que también es vicepresidente de la patronal de empresarios española (CEOE), está cayendo en picado. La semana pasada tres cafeterías echaron el cierre y unos 200 trabajadores están afectados por impagos y atrasos en el abono de sus nóminas, según indica Nicolás Mata, de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO.

“Nos deben dos nóminas y no sé si seguiré en septiembre, porque tengo contrato fijo-discontinuo. No nos dicen nada”, cuenta una empleada del comedor del colegio Torrevilano, en el que trabajan 11 personas. Esta trabajadora denuncia la falta de comunicación del grupo con sus empleados: “Va a entrar una nueva empresa y no sabemos aún si nos van a subrogar”. No es la única cafetería con problemas tras un traspaso. Tres trabajadores de la cafetería del Hospital Infanta Leonor se encuentran en situación de despido al no haberse hecho cargo de ellos la nueva empresa que la controla, Mediterránea de cátering, algo que va en contra del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo, según apunta Mata.

La semana pasada se produjo el cierre de las cafeterías que Cantoblanco poseía en Orange, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asamblea de Madrid. A los empleados de la primera el grupo aún les adeuda dos nóminas, la extra de julio y la liquidación. Según reclama una trabajadora, los papeles del despido les llegaron a través de un bufete de abogados y han tenido que insistir para que les fueran entregados los originales y pudieran apuntarse al paro. En el caso de la EOI, un exempleado cuenta que les deben los pagos desde junio (tres nóminas, paga extra y liquidación). “En personal ni nos cogen el teléfono”, apunta.

A los 14 trabajadores del restaurante Edelweiss Cantoblanco les adeuda la nómina de julio y la paga extra. La nómina de junio la han cobrado hace tan solo unos días. Según denuncia un trabajador, el restaurante está cerrado por vacaciones, algo que no estaba planeado, y volverán al trabajo, en teoría, el 1 de septiembre.

En otros puntos de restauración las cosas van un poco mejor, aunque también sufren atrasos e impagos. En la del Ministerio de Economía, en la que trabajan 21 personas, el grupo Cantoblanco debe el 75% de la paga extra. En las cuatro cafeterías que el grupo posee en Telefónica, una trabajadora apunta que les han pagado lo debido (una nómina y la extra) esta mañana, “pero porque le han llamado los periodistas, porque a nosotros recursos humanos nos decía que no había dinero”.

En general, reina la confusión entre los trabajadores, tanto los que se mantienen en el grupo como los que han perdido su empleo por los cierres. Ante la falta de comunicación de la empresa, CCOO anuncia que no cesarán las movilizaciones si la situación se mantiene. Entre otras, Cantoblanco ha perdido las cafeterías de Phillips, la ciudad deportiva de Valdebebas, los estadios Santiago Bernabéu y Vicente Calderón, el Teatro Real, Orange, Metrovacesa San Chinarro, la Universidad Europea de Madrid, el Tanatorio Sur, el Tanatorio de la M30, el Club de Campo, Organge, la EOI y la Asamblea de Madrid.

En respuesta a la protesta, Cantoblanco ha emitido un comunicado anunciando que tiene previsto pagar los atrasos del personal trasladado a otros centros entre septiembre y noviembre y subraya su intención de mantener el empleo de toda la plantilla. El grupo recalca que está haciendo “grandes esfuerzos” por mantener el empleo de sus 1.400 empleados, que trabajan en gasolineras, hoteles, hospitales y colegios del grupo.

Merchandising regio para respaldar a Felipe VI. El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, ha llamado a los empresarios madrileños a mostrar su apoyo al nuevo monarca el próximo 19 de junio, jornada prevista para su proclamación.

Y lo hace poniendo el material por delante: estarán a disposición de los empresarios madrileños “enseñas nacionales y carteles de los nuevos Reyes como muestra de lealtad y apoyo sincero”, según describe una carta del propio Fernández remitida a las empresas pertenecientes a CEIM y la Cámara de Comercio.

Las asociaciones y empresas que lo soliciten podrán retirar su kit de apoyo al futuro rey en las sedes de ambos organismos. La sugerencia de CEIM, constituida por más de 280 asociaciones territoriales y sectoriales, es que las banderas y retratos sean “dispuestos” en empresas, fábricas y comercios como declaración de “indudable lealtad a la institución monárquica”, según reza la misiva, remitida este martes a empresas y asociaciones.

En la carta, Fernández señala que la iniciativa para engalanar los centros de trabajo cuenta con el apoyo tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la capital. De momento no se sabe qué acogida ha recibido la iniciativa ya que, según ha señalado una portavoz de CEIM a eldiario.es, no será hasta el viernes cuando los empresarios podrán pasar a retirar las fotografías, aún en proceso de producción.

Sin embargo, la portavoz no ha podido detallar cuál es la imagen en cuestión. Y es que en lo que al nuevo retrato oficial solo se sabe quién aparecerá en él. Casa Real aún no ha comunicado de forma oficial qué imagen presidirá de ahora en adelante Salas de Plenos municipales y juzgados, por ejemplo.

El cartel que ofrezca CEIM a los empresarios será una apuesta unilateral del organismo presidido por Fernández. Todo por ofrecer la “más calurosa bienvenida y apoyo al nuevo Jefe del Estado”.

Entre un empresario a la antigüa usanza y uno de nuevo corte, aunque empresario, al fin y al cabo. Esta es la decisión que el lunes tendrá que tomar la patronal madrileña que se enfrenta a sus primeras elecciones en las que se presentan dos listas electorales. Una convocada por Arturo Fernández, un empresario de los de toda la vida. La otra encabezada por Hilario Alfaro, empresario toda la vida, pero de otra forma.

Fernández es el actual presidente de la confederación empresarial madrileña (CEIM) y un personaje de sobra conocido. Sobre él se han escrito ríos de tinta. Amigo del rey, amigo de Esperanza Aguirre con la que estudió en el mismo colegio (el Británico), concuñado de Gerardo Díaz Ferrán y amigo íntimo hasta que este ingresó en la cárcel... Fernández ha estado metido en todos los saraos madrileños de las últimas tres décadas. Sino era tomando el gintonic, sirviéndolo, gracias a su extensa red de catering, y de conocidos restaurantes, que ha alimentado a Cándido Méndez en la cantina de UGT y a César Alierta si se pasara por la de Telefónica.

El madrileño lleva ya siete años al frente de la patronal madrileña desde que su otrora amigo Díaz Ferrán dejó el cargo para ascender a la dirección de CEOE. Fernández es también, por gracia de Gerardo, vicepresidente de la CEOE, cargo que le ha mantenido el nuevo presidente, Juan Rosell. Pero además, Fernández se ha extendido como una mancha de aceite y ocupa prácticamente todos los puestos con representación empresarial: desde la Cámara de Comercio, hasta una silla en el consejo de Administración de Bankia, por la que está imputado, pasando por AvalMadrid o Ifema.

Fernández lo ha sido todo en la comunidad regida por políticos que no son solo afines ideológicamente, sino también en lo personal. De sobra es conocida su buena razón con Aguirre que ha continuado con Ignacio González. Tan estrecha es su relación con González que su mujer, Lourdes Cavero, trabajaba hasta hace tres semanas en la dirección de CEIM codo con doco con el ahora candidato. Cavero dimitió hace escasas semanas. Hubo quién lo vio como una intención de la mujer de González de apartarse del escándalo del fraude de los cursos de formación, ya que la renuncia llegó escasos días antes de que empezaran las detenciones. Otros pensaron que era un guiño para distanciar a Fernández del poder político, ya que esa proximidad era la principal debilidad que su contrincante le echaba en cara.

Las Cavero apoyan a Fernández

Ninguno acertó. Contra todo pronóstico Cavero y su hermana se han apuntado en la lista de empresarios con derecho a voto que Arturo Fernández ha congregado para elegirle como presidente. El sistema electoral de la patronal madrileña es farragoso. Esto hace que cada candidato presenta una lista con 200 socios de la patronal que tienen derecho a votar. Esto no supone que estas personas que aparecen en la lista luego vayan a tener un cargo. Pero sí que en caso de salir como la lista más votada, esos 200 serían los encargados de designar al presidente de entre los otros colegas presentes en la lista.

Fernández justifica la decisión de Cavero de marcharse de su trabajo en la CEIM como vicepresidente para dedicarse de forma exclusiva a su empresa, Subastas Segre. Pero con la filiación de Cavero en la lista deja claro que su apoyo, y el de su marido Nacho, también sigue fuerte. Además, hay dos Cavero en este listado ya que su hermana, Pilar también está en el listado por parte del bufete de abogados que representa.

Y, es que, la proximidad y complicidad de Fernández con el presidente de la comunidad de Madrid son innegables. Hasta el punto de que González le ha arropado en actos de campaña, cosa que no ha hecho con su contrincante, Hilario Alfaro. La única presencia de postín del PP madrileño en los actos de Alfaro ha sido Ana Botella. Pero el aspirante al cetro del empresariado madrileño recuerda que él si ha contado con el apoyo de otras formaciones políticas (PSOE y UPyD) y de los sindicatos. “Me tengo que llevar bien con todos”, dice el aspirante que tiene como principal bandera de su programa la independencia política.

Las Cavero no son los únicos nombres con polémica de la lista de Fernández. También hay nombres de Fedecam, la patronal implicada en el fraude de los cursos de formación con nombres próximos al entorno de Alfonso Tezanos. Y para rematar, Fernández ha apuntado a su listado al tercero en discordia: Guillermo Marcos, que amagó con presentarse y ahora se pasa a la lista del restaurador. Se puede dar la paradoja, ya que se vota a una lista y no a un candidato, que la lista le eligiera como presidente en lugar de a Fernández.

Arturo, el campechano

Aunque al ciudadano común le pareza un milagro que Fernández pueda salir elegido, es una posibilidad cierta. Fernández es un tipo encantador. Campechano, afable, sonriente, se para hablar con todo el mundo y responde siempre a la prensa. Aunque parezca difícil que algo así logre compensar los problemas por los que arrastran sus empresas, ya que ha tenido multas por pagos en negro, en la distancia corta y en el cuerpo a cuerpo Fernández se crece. Además, el empresario madrileño, dueño del Club de Tiro de la comunidad, tiene el soporte del aparato. Y la historia demuestra que el candidato del aparato suele ganar. No solo le apoya el Gobierno regional, es que el presidente de la CEOE, solo ha ido a sus actos de campaña y no a los de el aspirante Alfaro.

Con todo, el descontento por el uso de las mamandurrias en la patronal madrileña es muy alto. Fernández se parte y reparte los cargos. Preside la Cámara y además le sirve el cátering. Presta el servicio de Ifema del que también es directivo a través de la Cámara. Prácticamente ha fusionado las dos entidades en una, cuando ni los empresarios que las componen ni la financiación son la misma. Alfaro asegura en el programa que renunciará a este tipo de cargos y que de recibir dinero de alguno por el hecho de estar en CEIM, como le sucedía a Fernández en Caja Madrid, que lo donará a la patronal.

Alfaro busca voto joven

Alfaro trata de fagocitar ese descontento entre el sector más obvio: empresarios más jóvenes, mujeres y todos los cansados de ver cómo la patronal de Madrid no ha tenido una palabra clave en la vida regional. Alfaro tres ausencias claves de la patronal: el 15-M, la huelga de los controladores y la huelga de la limpieza. Ante la pregunta de qué hubiera hecho en el 15-M el candidato explica que negociar, tal y como de hecho hizo. Según Alfaro, se encargó -en representación de los comerciantes- de hablar con los acampados para establecer un límite a las tiendas o despejar la zona de carteles.“El 15-M tuvo un arranque ilusionante que muchos compartíamos pero luego se quedó en otra cosa”, aseguró del movimiento.

La falta de diálogo y el exceso de seguidismo político son las dos principales críticas que el pretendiente esgrime contra Fernández. Pero hay más. “En la patronal al menos seis personas cobran sueldos fuera de mercado”, reconoce. Según confesó Fernández el sueldo más elevado que se paga en estos momentos es de 115.000 euros. Alfaro no asegura que vaya a recortar sueldos, aunque le parecen desproporcionados para las labores de representación que se hacen, pero sí que nada más entrar encargará una auditoría interna del funcionamiento de la institución.

Además, el comerciante pide incorporar a la fundación de la CEIM como un elemento más de la acción social por y para los empresarios. “En este momento solo tiene un proyecto para niños superdotados”, se lamenta Alfaro. Su intención es incorporar programas destinados a jóvenes o a colectivos en riesgo de inclusión.

Con todo, Alfaro es por supuesto un empresario. Y entre sus demandas están también rebajas fiscales, aún más agresivas de las que proponen los expertos al Gobierno que hablan de bajadas del tipo de Sociedades. El comerciante no dejará de representar los intereses “clásicos” de una patronal. Lo que cambiará, si gana, es el estilo.

“Mi obligación es llevarme bien con todo”, concluye Alfaro que asegura que su candidatura es la más integradora porque ha cogido a 200 socios de todas las asociaciones. El lunes, los 1.233 votantes acreditados tendrán la última palabra.

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha puesto esta noche en libertad con cargos a los nueve detenidos el pasado martes por su implicación en una presunta trama de cursos de formación falsos liderada por José Luis Aneri.

Tras tomarles declaración, el magistrado ha impuesto al presidente de los Empresarios de la Comunidad (Fedecam), Alfonso Tezanos, y a su socio Víctor Porta la medida cautelar de acudir dos días a la semana al juzgado, así como la prohibición de abandonar el territorio español junto con la retirada del pasaporte.

Los acusados se enfrentan, según su participación en los hechos, a los presuntos delitos de fraude de la administración pública, estafa, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Tezanos y ocho de los trece detenidos el pasado martes han llegado a primera hora de la mañana a los juzgados de Instrucción tras permanecer arrestados en la sede de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía Nacional (UDEF).

El juez de guardia se tendrá que inhibir de lo actuado a favor de la juez de Instrucción número 9 de Madrid, Leticia Clérigo, la encargada de investigar este entramado corrupto de obtención de subvenciones destinada a falsos cursos de teleformación.

El abogado de Tezanos, Óscar Vos, ha comentado en los pasillos de los juzgados que su cliente se negó ayer a declarar ante la policía. Sobre su patrocinado, se ha limitado a señalar que no está hundido, pero sí un poco tocado, como estaría “cualquier persona que ha sido detenida”.

El juez de guardia ha tomado declaración a los detenidos en los mismos calabozos de los juzgados de Instrucción. Se les acusa de delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental, asociación ilícita y contra las subvenciones. Las comparecencias han concluido a las 21.00 horas de este jueves.

'Caso Aneri'

Estas detenciones se produjeron en el marco de la investigación abierta a raíz de presuntas irregularidades en el uso de los fondos destinados a formación continua por parte de asociaciones empresariales como Sinergia Empresarial S.L, dirigida por José Luis Aneri, exsocio de Tezanos.

Tras descubrirse el caso, Tezanos defendió que FEDECAM no tenía nada que ver con el presunto fraude vinculado Aneri ya que su relación con el empresario, ya en prisión, terminó en 2011.

A los detenidos se les acusa de utilizar una red empresarial en la que familiares hacían las veces de socios y responsables para intentar blanquear grandes cantidades de dinero a través de sucesivas transferencias.

La federación de cooperativas habría transferido importes millonarios, con la intención de blanquearlos, a través de un entramado de al menos cuatro sociedades mercantiles. Los responsables y socios de estas compañías son familiares de las 13 personas detenidas, diez de ellas en Madrid.

La Policía asegura que en diciembre de 2012 recibió un informe de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), donde se apuntaba que una federación de cooperativas había concursado en la resolución de tres cursos de formación durante 2010 y 2011 para obtener las subvenciones correspondientes, logrando una cantidad de 4,5 millones de euros.

El total de alumnos inscritos en estos tres cursos es de 10.761, pero un muestreo aleatorio efectuado sobre cientos de ellos reveló que ninguno de los mismos había realizado las acciones formativas de las que supuestamente tendrían que haber formado parte.

Entre los detenidos destaca el presidente de la Federación de Empresarios Madrileños (FEDECAM), Alfonso Tezanos, su mujer y su cuñado (hermano de su mujer), Felipe Granados, quien empezó a trabajar con el ahora expresidente de CECOMA en la sociedad Preventiva de Riesgos Laborales, empresa que le vincula con José Luis Aneri, al que tenía como socio.

La patronal madrileña CEIM utilizó indebidamente las subvenciones destinadas a cursos de formación continua para pagar hasta un 90% de los salarios de sus directivos en 2008 y 2009. Así se desprende de dos informes de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar los organismos públicos regionales, que desvela este jueves el diario El País.

Los informes, elaborados en los años 2011 y 2012, analizan “el gasto de subvenciones en materia de formación continua otorgadas por la Comunidad de Madrid” a la patronal presidida por Arturo Fernández y los sindicatos.

Según la normativa regional, las ayudas destinadas a la formación deben repartirse en dos capitulos. Un 80% de las subvenciones (un 90% desde 2012) sirve para pagar a los profesores y organizadores de los cursos. El resto, se destina a “gastos de apoyo”, por ejemplo, los sueldos de trabajadores no docentes que intervienen en la gestión de los cursos. Sin embargo, la normativa regional “no prevé como subvencionables los salarios del personal directivo”.

Si hasta el momento, las irregularidades en las subvenciones percibidas por la patronal habían afectado al primero de esos capítulos hasta el punto de dar lugar a la detención del empresario José Luis Aneri y del directivo de la patronal Alfonso Tezanos, los informes de la Cámara de Cuentas desvelan que también se produjeron anomalías en el segundo capítulo.

Siempre según esos informes, CEIM destinó 405.000 euros de la formación de los trabajadores a pagar a sus directivos en el año 2009. La auditoría pública señala en concreto que ese año “se han financiado con fondos públicos el 35% de los costes salariales del secretario general; el 54% en el caso de la directora del departamento de Asuntos Laborales; el 50% de los costes en el caso del director financiero, de la directora de Asuntos Económicos y del director de Comunicación; y en el 90% de la directora de Formación”.

En 2008 se desviaron fondos a sueldos de directivos que alcanzaban los 358.000 euros anuales. Según indica El País, el informe de la Cámara de Cuentas correspondiente a ese año señala que los sindicatos también destinaron dinero a costes de dirección en ese plan, con un total de 77.000 euros (UGT) y 72.000 (CCOO).

El órgano fiscalizador destaca también otra irregularidad en su informe: la patronal no cobró los intereses generados por las subvenciones en sus cuentas desde que las ayudas fueron ingresadas por la Comunidad de Madrid hasta que fueron utilizadas. Los sindicatos, sin embargo, si detallan las plusvalías generadas por esos fondos. Para la Cámara de Cuentas CEIM actuó de forma negligente al no negociar algún tipo de rendimiento con los bancos.

Según El País, la ley general de subvenciones recoge como infracción muy grave que no se apliquen “en todo o en parte” las cantidades recibidas para los fines para los que la subvención fue concedida. Además de la devolución de los fondos, las sanciones pueden suponer hasta cinco años sin obtener ayudas públicas o contratos con la Administración para las entidades que cometan irregularides.

El rotativo señala que los informes de la Cámara de Cuentas fueron elevados al Tribunal de Cuentas, que sí puede establecer sanciones por estas irregularidades. El Tribunal de Cuentas elaboró un nuevo informe que fue remitido a la Comunidad de Madrid, que hasta el momento no ha actuado. Según CEIM, las cantidades asignadas a sus directivos proceden de la gestión de los cursos y no hay normativa que prohíba hacerlo.

Detenidas 13 personas en Madrid y Córdoba en otra operación

La Policía Nacional ha detenido a 10 personas en Madrid y a otras tres en Córdoba por un supuesto fraude de 4,5 millones de euros en subvenciones para cursos de formación, según ha informado el Ministerio de Empleo.

Un muestreo aleatorio efectuado sobre cientos de los supuestos alumnos reveló que ninguno de ellos había realizado las acciones formativas de las que supuestamente tendrían que haber formado parte.

Las ayudas fueron solicitadas a través de una federación de cooperativas para impartir tres cursos de teleformación a supuestamente más de 10.000 alumnos. Los detenidos utilizaron una red empresarial, con familiares como socios y responsables, para intentar blanquear grandes cantidades de dinero a través de sucesivas transferencias.

Entre los detenidos se encuentran el principal responsable de la trama, así como tres supuestos profesores de los cursos y varios familiares o personas relacionadas que figuraban como socios o responsables en la red de empresas.

El presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha aceptado la dimisión que la vicepresidenta y adjunta al presidente de la Confederación, Lourdes Cavero, presentó por escrito el pasado viernes.

Así consta en un comunicado enviado por CEIM y que precisa que en su escrito Cavero “asegura que a partir de estos momentos afrontará nuevos proyectos profesionales y empresariales”.

La decisión de Cavero se produce después de que fuera imputada por un juzgado de Málaga en relación con las investigaciones sobre un ático adquirido junto a su marido, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

“Soy una convencida de la importancia y la necesidad de las organizaciones empresariales, a las que he dedicado casi 30 años de mi vida profesional”, señala textualmente Cavero, según recoge el comunicado.

Además, Cavero muestra su agradecimiento al presidente, a la Junta Directiva y a todo el personal de CEIM, por el “pleno apoyo” brindado “en todo momento” durante los casi tres años de “dedicación plena a esta casa”.

Lourdes Cavero concluye ofreciendo todo su apoyo al presidente de CEIM, Arturo Fernández, “en los retos y acontecimientos que CEIM debe abordar en los próximos meses”.

Dice que no quiere ser “obstáculo” en el proceso electoral

Fuentes de CEIM han explicado a Europa Press que la también esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha puntualizado que no quería ser “el mínimo obstáculo” ni “excusa” para que el proceso electoral se desarrolle con la máxima limpieza y transparencia.

En un reciente desayuno informativo, el presidente de la patronal madrileña defendió la labor de Cavero, de quien dijo que es “magnífica, muy competente” y una “colaboradora especialmente efectiva para CEIM y la Cámara”. “Está muy bien en CEIM y podrá o no podrá seguir en CEIM según ella decida, yo encantado de que siga colaborando con CEIM y la Cámara”, ha apostillado.

Las próximas elecciones de CEIM, donde por primera vez en la historia de la patronal madrileña habrá más de un candidato a la presidencia, desde hace 36 años, están convocadas para el 24 de marzo.

La estafa en los cursos de formación en la Comunidad de Madrid se remonta a varios años atrás. Según documentación interna a la que ha tenido acceso eldiario.es, los técnicos detectaron cursos sospechosos no sólo en 2011, sino también entre los años 2008 y 2010.

Las irregularidades van más allá de los cursos gestionados por el empresario José Luis Aneri, que ha sido detenido este jueves por su implicación en la trama: en estos documentos aparecen como sospechosas jornadas de formación relacionadas con la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), presidida por Alfonso Tezanos, vocal en la junta directiva de la patronal madrileña CEIM.

El supuesto fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación en la patronal madrileña CEIM asciende ya a 15 millones de euros, un agujero que dobla la cifra que se está investigando en el caso de los cursos de UGT en Andalucía, según desveló El País. Con todo, hay muchos otros casos bajo sospecha que también están siendo investigados y que podrían multiplicar el volumen del fraude descubierto, al menos en la Comunidad de Madrid, que por ahora reclama 4,4 millones de euros por los expedientes de 2010 y 2011.

En la documentación, los técnicos señalan varios cursos adjudicados a diversas entidades empresariales y que supuestamente se celebraron entre 2008 y 2011. Sin embargo, la gestión de esos cursos no corrió directamente a cargo de estas asociaciones, que subcontrataron su ejecución. En todos los casos a los que ha tenido acceso eldiario.es, la dirección de contacto para estos cursos, independientemente de la entidad titular, era la misma: la calle Arroyo de la Elipa, 12. En estas señas se encuentra la sede de Fedecam.

Aparecen también quiénes eran las personas de contacto para esos cursos. Entre varios nombres destaca uno: Alfonso Tezanos, presidente de Fedecam. Tezanos dimitió el miércoles como presidente de la Confederación de Empresarios del Comercio Minorista de Madrid (CECOMA), así como de su puesto en la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid (que preside el líder de CEIM, Arturo Fernández). No sucedió lo mismo con su puesto como presidente de Fedecam, que Tezanos aún conserva.

La pista que siguieron los técnicos de la Comunidad fue muy similar a la que les llevó a detectar las irregularidades del empresario José Luis Aneri: al menos dos docenas de organizaciones que se prestaban a intermediar en estos cursos tenían la misma dirección de contacto (para recibir correspondencia), aunque los nombres de las organizaciones e incluso los nombres de las personas de contacto podían cambiar.

Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que el llamado 'caso Aneri' podría ser sólo una cortina de humo para tapar un fraude masivo en la gestión de los cursos de formación que financiaba la Comunidad de Madrid desde, al menos, 2008.

En esos años (desde 2008 hasta 2011), el director del Área de Formación Continua y Emprendedores era Álvaro Costas y la consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados. Se da el caso de que Paloma Adrados fue en su día responsable del departamento de Relaciones Laborales Internacionales de la CEOE. Además, su hermano Román Adrados ha sido secretario de la Comisión de Estrategia de la patronal, que dirigía hasta su llegada a la presidencia Juan Rosell. Fuentes internas de la patronal consideran que Adrados es la mano derecha de José María Lacasa, el secretario general de la organización.

En ningún caso la Comunidad puso en conocimiento de la policía o de la Fiscalía estas irregularidades, que se detectaron el año pasado. El único cargo que ha acudido a declarar a la policía, el subdirector de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez, fue cesado tres días después, el pasado viernes 14 de febrero.

Velázquez presentó ante la policía una serie de correos electrónicos en los que queda claro la actitud de sus superiores. “No se notifica nada y que todo pase por aquí, por favor”, decía la directora general de Formación, Patricia Herrero, como respuesta a un correo en el que Velázquez le hablaba de un escrito que iba a enviar a la Fundación Tripartita sobre los cursos gestionados por Aneri.

Otro de los correos, al que ha accedido eldiario.es, muestra cómo el viceconsejero de Empleo, Juan Van-Halen, y Patricia Herrero se reunieron con Alfonso Tezanos el pasado 15 de octubre. Van-Halen llegó a la Consejería de Empleo en abril del año pasado, justo cuando se comenzaban a revisar las cuentas de los cursos impartidos en 2011.

Finalmente, la Comunidad de Madrid anunció ayer que se personará en las diligencias abiertas por los cursos de formación. Además, la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, comparecerá el próximo 13 de marzo en el pleno de la Asamblea de Madrid para explicar la sucedido con la gestión de los cursos de formación en la Comunidad.

Dobla la cifra que se está investigando en el caso de los cursos de UGT en Andalucía, según cuenta hoy El País

El supuesto fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación en la patronal madrileña CEIM asciende ya a 15 millones de euros, un agujero que dobla la cifra que se está investigando en el caso de los cursos de UGT en Andalucía, según cuenta hoy El País.

El caso es una supuesta trama organizada por el empresario José Luis Aneri, que se hizo con la gestión de la subvenciones de varias organizaciones empresariales y que se encargaba de pedir y tramitar las ayudas. El empresario se dedicaba especialmente a los cursos no presenciales.

Finalmente, los cursos nunca se producían y no había alumnos: la formación era diseñada por los trabajadores de la empresa de Aneri, que copiaban lo que encontraban en libros o internet. El empresario conseguía listados de alumnos y utilizaba sus identidades para asegurar que asistían a varios cursos.

El año pasado, los técnicos de la Comunidad de Madrid encontraron que Aneri había dejado de justificar muchas de las subvenciones. La Comunidad le reclama 4,4 millones de euros, aunque nunca ha denunciado el caso ni ante la fiscalía ni ante la policía. Según cuenta el periódico, el único cargo regional que acudió a testificar a la polícia, el subdirector general de formación continua, fue destituido tres días después.

Además de la estafa regional, hay otros once millones de euros que el Ministerio de Empleo concedió a otras organizaciones que representaba el empresario y cuyos cursos luego no justificó. Algunas han llevado el caso ante los tribunales y el asunto ha salpicado a otros empresarios, como Alfonso Tezanos, cargo de CEIM, hombre de Arturo Fernández y presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio. La investigación apunta a que las organizaciones de Tezanos utilizaban el mismo método que el de Aneri. Alfonso Tezanos lo niega.

Arturo Fernández tendrá por primera vez un contrincante en las elecciones para presidir la patronal madrileña CEIM, que se celebrarán en marzo. Se llama Hilario Alfaro, ha sido presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil y miembro de la Junta Directiva de CEIM, y su programa está plagado de referencias más o menos explíctas a la gestión de Fernández.

“No tengo ningún problema con él, pero si estuviéramos de acuerdo con su gestión no nos presentaríamos”, dice Alfaro, que sin querer entrar en críticas directas contra el aún presidente sí deja traslucir cierto malestar por una presidencia llena de sombras que ha hecho a CEIM más conocida por los problemas de Arturo Fernández con la Inspección de Trabajo o Hacienda que por sus actividades.

Hay dos puntos en el programa de Hilario Alfaro que pretenden marcar la diferencia respecto a su rival. Por un lado, Alfaro se compromete a renunciar a cualquier cargo en el consejo de administación, órgano colegiado y organismos públicos o privados, salvo los que se deriven de su propia actividad empresarial o los que conlleve el cargo de presidencia de la CEIM cuya retribución revertiría en la patronal y no en él directamente. Por otro lado, el nuevo aspirante a la presidencia de CEIM renuncia a matener “cualquier tipo de relación comercial o mercantil” con entidades y organismos públicos en los que CEIM tenga una participación directa e indirecta.

Precisamente, Arturo Fernánez ostenta varios cargos de relevancia en la Comunidad de Madrid: es presidente de la Cámara de Comercio, se sienta en el Comité Ejectuvo de Ifema (de donde, al mismo tiempo, ha tenido la adjudicación de su servicio de cafeterías durante años), en Avalmadrid y fue consejero de Caja Madrid. De hecho, Alfaro menciona explícitamente en su programa que renunciará a concurrir como candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio.

“No soy sospechoso de nada que pueda perjudicar ni a CEIM ni a los empresarios. No he tenido ninguna sanción ni de Hacienda ni de Trabajo, estoy absolutamente limpio, si no fuera así, no me presentaría”, ha subrayado el candidato. No hacen falta más referencias: Arturo Fernández ha sido multado por la Inspección de Trabajo por pagar en negro a trabajadores y en 2012 debía al menos 3,6 millones de euros a Hacienda.

En su programa, Hilario Alfaro promete también poner a trabajar a órganos ya creados dentro de la patronal madrileña, como el Comité Ejecutivo, del que dice no se ha reunido nunca o implantar un modelo de contratación de proveedores “abierto, transparente y eficiente”.

¿Qué piensa Alfaro de la reforma laboral? “Debe ser una norma dinámica en el tiempo, hay que reformarla cada día para adaptarla a las necesidades del mercado. La última es positiva, ahí están los resultados, no ha logrado crear puestos de trabajo pero sí frenar la destrucción de empleo”, dice.

La Junta Directiva de la patronal madrileña se reúne mañana y fijará la fecha de las elecciones, que con mucha probabilidad se celebrarán el 28 de marzo. Alfaro dice haber hablado con casi todas las organizaciones que forman CEIM y contar con un respaldo “muy mayoritario”.

Hilario Alfaro se dedica al comercio textil y dirige un negocio familiar desde 1980. Fue presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil y en 2002 formó parte del equipo fundador de la Confederación del Comercio de Madrid, que actualmente preside.

Arturo Fernández reorganiza sus negocios. El vicepresidente de la patronal española CEOE y líder de los empresarios madrileños está en plena reestructuración de sus empresas para sanear su imagen y salvar los muebles. Como inicio, Fernández ha regularizado su situación con Hacienda y la Seguridad Social a raíz de las denuncias de pago de parte de las horas extra y complementos en negro a personal de la plantilla. Así, y según figura en las cuentas de 2012 depositadas en el registro mercantil, la Seguridad Social le ha pedido 83.387 euros para regularizar los pagos en negro de una de sus 45 empresas, Cantoblanco Colectividades.

El propio Arturo Fernández reconoce que la inspección se extendió a otras empresas del grupo por las que también ha abonado una parte para ajustar “desfases” en la contabilización de los Seguros Sociales. La cantidad final regularizada es, por tanto, mucho más elevada. Fernández es un importante interlocutor del Gobierno en materias laborales, amigo del rey y también de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El escándalo de los pagos en B saltó en febrero de 2013 cuando la Cadena SER desveló que el jefe de la patronal madrileña pagaba horas extra en negro. Esto explica la aparentemente baja cuantía de la regularización, habida cuenta de que son las cotizaciones de horas sueltas las que se han tenido que poner en negro sobre blanco. Una hora extra que se cobra a 15 euros debe abonar alrededor de 4,5 euros en cotizaciones sociales.

Las cuentas de la sociedad Grupo Cantoblanco Colectividades, una de las marcas con la que Arturo Fernández aspiraba a un mayor número de licitaciones públicas para llevar el servicio de restauración, aseguran que la empresa estuvo sujeta a una inspección de Trabajo y Seguridad Social en julio de 2013, que “puso de manifiesto seguros sociales complementarios de 83.387 euros”.

A la inspección de Trabajo hay que sumar una “revisión de las operaciones entre las sociedades del grupo donde se encuadra esta sociedad y las vinculadas”, que tuvo como resultado presentar una declaración complementaria del Impuesto de Sociedades y del IVA. Como reveló eldiario.es, la auditora de las empresas del grupo Cantoblanco había destacado en las cuentas varias salvedades sobre cómo el grupo no contabilizaba de forma clara las transacciones internas. Esto es, una empresa de Fernández vendía bebidas o alimentos a otra del mismo grupo, y no estaba claro si la transacción se producía o si era un mero apunte contable.

En la liquidación complementaria, que de hacerse de forma voluntaria ahorra a la empresa costes mayores, se pagaron 588.323 euros en impuestos, a los que hay que sumar una parte por recargo y otra por intereses de demora que no viene especificada en las cuentas. Cabe resaltar que esta regularización afecta solo a una de las numerosas sociedades que posee el empresario y que se pagaron, como reconoce Fernández a eldiario.es, otras sumas por otras de las empresas.

La auditora Crowe Horwath añade hasta doce salvedades a las cuentas presentadas. Entre ellas, recuerda que estos impuestos que se pagaron fuera del ejercicio 2012 (pero que corresponden a cargas generadas ese año) hubieran computado como pérdidas de haberse tenido en cuenta. También tendría que haber computado como una disminución del resultado hasta 451.228 euros de inmovilizado material, esto es, edificios o locales, que ya no correspondían a centros donde el grupo desarrollaba su actividad por haber sido cerrados.

De nuevo el auditor pone en solfa parte de la documentación entregada por la empresa, como los arqueos de caja, un elemento clave en un negocio como la restauración, en el que se mueve tanta cantidad de liquidez. También vuelve a recordar que las numerosas transacciones entre empresas del grupo son muy difíciles de verificar.

Deuda como bola de nieve

Fernández sigue además negociando con los principales proveedores y con Hacienda la reestructuración de la deuda pendiente. La deuda del grupo se acerca a los 20 millones de euros, de los cuales 13 millones proceden de transacciones entre empresas del grupo.

En cuanto a las deudas con las Administraciones Públicas, a cierre de ejercicio, Grupo Cantoblanco Colectividades tenía una deuda con Hacienda o la Seguridad Social de 1,2 millones de euros, sin tener en cuenta los 671.000 euros que se reconocieron después del cierre del ejercicio. El año pasado, la empresa Arturo Grupo Cantoblanco (pese al parecido en el nombre tiene diferente CIF y se presenta como una empresa diferente) tenía al menos 3,6 millones de euros pendientes de pagar al fisco.

En febrero, las principales empresas de Fernández adeudaban nueve millones de euros en litigios pendientes por diferencias con las concesiones que había ganado a las administraciones públicas.

Nuevos accionistas

Las cuentas advierten de que todo el grupo se encuentra en una reorganización. Como parte de las medidas adoptadas, el grupo ha comenzado a vender activos no estratégicos, así como el cierre de centros con pérdidas, un control de gastos generales y la “adaptación de los costes salariales al tamaño y niveles de venta actuales”.

En las cuentas, Fernández asegura que han contratado nuevos asesores fiscales que han puesto varias de las empresas bajo una misma sociedad hólding denominada Madhol. Al tener varias empresas bajo la misma firma (aunque en las cuentas no se especifica qué empresas pasan a formar parte del conglomerado de las 67 en las que Arturo Fernández tiene algún cargo), los criterios de contabilidad y de rendición de impuestos suelen variar.

Fernández asegura que está en plena búsqueda de inversores para la sociedad matriz, Madhol, que hará una ampliación de capital en dos tramos para sumar a nuevos accionistas. El primer tramo tendrá lugar en las próximas semanas y el segundo a principios del año que viene. Además, han iniciado una expansión internacional con la prestación del servicio de dos hospitales en Chile.

Madhol, que tiene un capital inicial de 16 millones de euros, tendrá un nuevo consejero delegado que no será Fernández y que se nombrará en los próximos días. Además, su año fiscal será de junio a junio, cambiando la tributación del resto de las empresas del grupo.

En 2012, la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades tuvo unas pérdidas de 103.000 euros.

Una de las razones por las que Fernández había comenzado a reorganizar sus negocios era por la posible fusión con Mediterránea de Catering, una empresa participada por el brazo de capital riesgo del Banco Santander. Sin embargo, y en el último momento, las dos compañías han roto negociaciones y no han llegado a buen puerto en su fusión.

Esta misma semana se conoció que Cantoblanco perdió la concesión del servicio de restauración del Congreso de los Diputados, un servicio que prestaba desde 1996. Fernández se presentó bajo la empresa Cantoblanco Restauración, diferente a las otras sociedades acosadas por las deudas. Fernández reconoce que es una “pena” haber perdido esta concesión.

El grupo empresarial del vicepresidente de la patronal Arturo Fernández está muy cerca de dejar de prestar sus servicios en las instalaciones del Congreso de los Diputados. El Congreso ya ha publicado los pliegos de condiciones para concurrir a la adjudicación de sus servicios de cafetería y restauración, que hasta ahora estaban en manos de Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM. Varios trabajadores de algunos de sus negocios denunciaron hace meses que el empresario hacía pagos en negro. En el caso de la Cámara Baja, los delegados de personal denunciaron que el empresario les pagaba las hora extra en dinero negro.

“Reivindicamos que a partir de ahora todas las horas extras que se realicen se paguen en nómina y al precio neto que se están cobrando actualmente”, decían textualmente en una carta enviada por los delegados de personal en el Congreso a la dirección de recursos humanos de Arturo Grupo Cantoblanco S.L, a la que tuvo acceso eldiario.es. Una carta que también remitieron a la Mesa del Congreso de los Diputados, entonces presididia por el socialista José Bono, y a la Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara. Fuentes de la Mesa del Congreso aseguraron entonces que esa carta nunca se recibió por los canales oficiales, aunque varios diputados reconocieron que sí les llegaron las quejas de los trabajadores.

A pesar de ello, el ahora presidente del Congreso, Jesús Posada, defendió que no se detectó “ninguna actuación fuera de la ley”. Posada sí anunció la convocatoria de un nuevo concurso para adjudicar los servicios de cafetería y restauración.

En los pliegos de condiciones, el Congreso adjunta la lista con los precios de los menús y consumiciones, que están subvencionados. El precio del menú del día en autoservicio es de nueve euros y del restaurante, 13,4 euros. A diferencia de la cafetería de la Asamblea de Madrid, donde los diputados autonómicos pagan mitad de precio, en el Congreso los diputados pagan lo mismo que las visitas y son solo el personal laboral y los funcionarios quienes pagan su menú por 4,25.

El precio del café apenas ha variado desde que José Luís Rodríguez Zapatero contestara en 2007 a la pregunta que le formuló un ciudadano en un programa de televisión: entonces, era de 0,80 céntimos; ahora, de 0,85 céntimos.

“Arturo entró como elefante en una cacharreria”. Con esa frase describe una persona del comité de empresa de Ifema la relación que el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, ha mantenido con los trabajadores desde que hace dos años se hizo con la concesión de la restauración del recinto ferial. En apenas 24 meses, Fernández ha presentado dos expedientes de regulación de empleo que ha tenido que retirar y no ha actualizado los salarios de sus empleados.

El comité de empresa ha denunciado además al grupo ante la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid por infracción de las normas laborales en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales.

En julio de 2010, Ifema publicitó el concurso para la adjudicación de los servicios de restauración de su recinto ferial, que finalmente recayó en el grupo empresarial del vicepresidente de la CEOE, Arturo Cantoblanco. El 1 de enero de 2011, el grupo comienza a hacerse cargo de la contrata y asume a la plantilla que procedía de la anterior empresa. Sin embargo, apenas seis meses después presenta un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). “Fue la primera vez que se reunió con el comité, no hubo ni reunión de presentación. El primer encuentro fue a los seis meses y para presentarnos el expediente de regulación que quería aplicar”, explican las mismas fuentes.

Los trabajadores acordaron acciones de movilización para parar el ERTE. Finalmente, el comité de empresa retiró su convocatoria de huelga porque Fernández se comprometió no sólo a retirar el ERTE, sino a no volver a presentar ninguno en los siguientes meses ni tampoco a hacer despidos. Un compromiso que, sin embargo, rompió no mucho después.

En marzo de 2012, Arturo Fernández vuelve a presentar una propuesta para suspender temporalmente 129 contratos por causas económicas. El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores se agota sin acuerdo: “Fue un paripé. Esperó a que se aprobara la reforma laboral para presentarlo, para que aunque no hubiera acuerdo pudiera aplicarlo”. El comité llevó a los tribunales el expediente de regulación, que empezó a aplicarse en la empresa, y ganó.

La sentencia, dictada por un magistrado del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid a la que ha tenido acceso eldiario.es, detecta “una carencia relevante” en el periodo de consultas con los trabajadores porque “no se identifica ni por tanto se explicita en modo alguno las causas que podrían justificar la modificación adoptada por el empresario”. Por ello, el juez declara nula la medida adoptada por Arturo Fernández. La sentencia va más allá, ya que dice que la causa económica por la que Fernández pidió esa suspensión no está en absoluto probada.

El magistrado no da credibilidad a la documentación aportada por la empresa, que califica de insuficiente, y con la que se intentaba justificar la previsión de pérdidas: apuntes contables y balances de situación. El juez dice que para ser convincentes necesitan ser elaborados por una persona “externa al empresario”, en concreto, un perito auditor.

El juez declaró nula la sentencia y condenó a la empresa a reponer a los trabajadores afectados en sus puestos y a indemnizar por daños y prejuicios a los afectados con una cantidad similar a los salarios que dejaron de percibir. Arturo Fernández ha recurrido la sentencia y ambas partes están pendientes del fallo final.

El empresario se escuda en ese fallo pendiente para no actualizar los salarios de sus empleados, tal y como contempla el convenio de hostelería de la Comunidad de Madrid, del que Fernández es precisamente uno de los firmantes como líder de la patronal madrileña. “Tenemos los mismos sueldos que en 2010”, asegura el comité de empresa.

Denuncia por incumplir la normativa de seguridad laboral

Denuncia por incumplir la normativa de seguridad laboral

Arturo Fernández presume de pagar “religiosamente” las nóminas de sus empleados y de contar con una liquidez envidiable. No es esta, desde luego, la percepción que sus empleados de Ifema tienen del estado de la empresa. “En alguna ocasión el pago de las nóminas ha estado pendiente hasta el último momento de que la empresa facturara por algún congreso de los que se ha realizado. Percibimos una pequeña paga que tenemos fijada y que nos dan en noviembre, pues en esta ocasión no la hemos cobrado hasta enero”, dicen.

El comité de empresa ha denunciado al grupo por incumplir las normas de seguridad laboral después de que la dirección no haya respondido a sus peticiones de reunión para tratar la prevención de riesgos laborales. Los trabajadores denuncian, además, que el presidente de CEIM no está invirtiendo en la mejora y mantenimiento de las instalaciones, tal y como se contempla en el pliego de condiciones de la contrata. “Tenemos máquinas que necesitan mantenimiento, y antes se llamaba a empresas para que las revisaran. Ahora son tres o cuatro chavales los que tienen que encargarse de todo el recinto”, aseguran.

Hace un mes, los trabajadores dirigieron una carta al director general de Ifema, Fermín Lucas, en la que alertaban de la deuda de la empresa con la Seguridad Social -de la que señalaban tener noticias no solo a través de la prensa, sino también de un cliente-, y dejaban constancia del deterioro de las instalaciones, y de la no revisión de sus salarios conforme al convenio. No han obtenido respuesta.

130222212208 by eldiario.es

Las administraciones públicas llevan años acumulando problemas con las concesiones de Arturo Fernández, aún presidente de la patronal madrileña. Según avanzó El Economista, Turespaña, donde Esperanza Aguirre se reincorporó durante unos meses cuando dejó la presidencia de Madrid, le reclama una deuda de 2,7 millones de euros, punto que este medio ha confirmado con la sociedad dependiente del Ministerio de Industria. La deuda que le reclama el organismo estatal tuvo su origen en 2005, cuando Arturo Fernández dejó de pagar las facturas del canon que la sociedad le remitía por la adjudicación de la cafetería del Palacio de Congresos.

La Abogacía del Estado tuvo que intervenir ya en 2005 para asesorar a Turespaña sobre un recurso que el grupo Arturo Cantoblanco interpuso para no atender las facturas que el organismo estatal le requería. Las deudas tienen como origen la gestión de la cafetería del Palacio de Congresos con sede en la Castellana (frente al estadio Santiago Bernabéu). El grupo Arturo lleva gestionando la restauración del edificio, que forma parte de Patrimonio del Estado, desde al menos 1997.

En origen, el contrato era por servicio y estaba a nombre de “Restaurantes y Hoteles Cantoblanco”. Sin embargo, las condiciones con Turespaña fueron cambiando y el organismo estatal fue imponiendo tarifas más elevadas. Así, en la adjudicación de noviembre de 2003 Turespaña pidió un canon fijo de 1,2 millones de euros para los cuatro años de la contrata con un canon variable del 10% sobre la facturación anual. En total, el importe de adjudicación fue de casi 2,2 millones de euros, prácticamente toda la deuda que Fernández terminó por endosar al organismo. Esta adjudicación se la llevó la sociedad “Arturo Grupo Cantoblanco”.

Apenas un año más tarde de quedarse con el servicio, el grupo del vicepresidente de la CEOE interpuso un recurso de alzada por sus discrepancias con las facturas que le remitía el organismo. Un recurso de alzada es un instrumento por el cual los ciudadanos pueden recurrir las decisiones de la Administración Pública y revisar un acto administrativo por el superior jerárquico del órgano que lo dictó. En este caso, el recurso quería revocar una decisión tomada por el director del Palacio de Congresos, cargo que ocupaba Octavio González Manteca.

Finalmente, el grupo de Arturo perdió la concesión en 2008 frente a la oferta de Husa, la empresa de su amigo, y rival, Joan Gaspart, también vicepresidente de la CEOE. Husa ha aclarado a eldiario.es que no tiene nada que ver con la gestión anterior que el Grupo Arturo había hecho de la cafetería. Algunas informaciones apuntan a que el servicio se prestó de común acuerdo entre ambas empresas de restauración, punto que descartó tajantemente un portavoz oficial de la cadena hotelera a este medio.

Turespaña ha vuelto a licitar el servicio en diciembre de 2012. Las condiciones han cambiado radicalmente desde aquel contrato que se quedó Arturo Fernández. El canon que pide ahora el organismo oficial es de un fijo de 45.000 euros anuales y un variable sobre la condición de los servicios del 0,2% el primer año con una subida escalonada hasta el 0,5% en el cuarto año de la concesión. El concurso, según publicó el BOE este mismo miércoles, ha quedado desierto.

Lo cierto es que el Palacio de Congresos está temporalmente cerrado para someterse a unas obras de restauración después de que se detectaran numerosas irregularidades que hacían que las instalaciones fueran inviables para celebrar actos públicos.

Requisitos para contratos públicos

En cualquier caso, llama la atención cómo el Grupo Arturo Cantoblanco se siguió quedando con contratos públicos durante todos estos años que lleva con el litigio abierto con Turespaña (que según los intereses de demora acumulados le reclama ya 3,1 millones de euros). Normalmente, la exigencia mínima para acudir a los concursos públicos es hallarse al corriente de pago con las Administraciones Públicas y ser solvente.

Según el registro mercantil, la sociedad coincidente con esta denominación (bajo la dirección de Arturo Fernández hay cerca de medio centenar de empresas con nombres muy similares) tiene una deuda con la Seguridad Social de 44.000 euros, por lo que en diciembre se dictó una orden de embargo contra la empresa. Esta deuda, como la sociedad, es diferente a la deuda que ya había trascendido de más de 400.000 euros y que se contrajo con la marca Cantoblanco Colectividades, que presta servicios a la Asamblea de Madrid.

Esta empresa tampoco es la misma que lleva el servicio de cafetería del Congreso de los Diputados. El amigo íntimo del rey, y de Esperanza Aguirre, se presentó al hemiciclo bajo la denominación de “Grupo Cantoblanco Alimentación”. En declaraciones a eldiario.es, Fernández aseguró estar al corriente de pagos con la Seguridad Social ya que dice haber negociado el aplazamiento de todas sus deudas. Fernández recuerda que este procedimiento es muy normal en tiempos de crisis entre los empresarios.

Bajo la denominación deudora del Estado, se han prestado servicios a Moncloa, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Universidad Carlos III o Aena. También a Telefónica, una de las contratas en la que el empresario ha sido acusado de hacer pagos en dinero negro.

El todavía presidente de la patronal madrileña (CEIM) y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández asegura que “nadie” ha pedido su dimisión al frente de los empresarios regionales ni como segundo de abordo en la confederación nacional. Fernández ha hecho estas declaraciones a eldiario.es al término del Comité y de la Junta Directiva de CEOE en la que ha anunciado que se tomará “un tiempo de reflexión” sobre sus responsabilidades empresariales.

A preguntas de este diario, Fernández ha matizado este “nadie” al reconocer que el representante de la patronal vasca si ha sugerido que medite sobre sus obligaciones. “Los 45 miembros del Comité me han respaldado”, asegura el propietario del grupo de restauración Arturo Cantoblanco. “Cuento con el apoyo de mis compañeros” ha insistido y dice que tomará “una decisión” en “un mes o dos”.

A efectos prácticos, Fernández asegura que su “tiempo de reflexión” no implica ningún cambio en su responsabilidad al frente de los empresarios madrileños. “Reflexionar, es reflexionar, no implica nada más” ha insistido. Al preguntarle si continúa siendo el presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, Fernández ha contestado tajante “no puede ser de otra manera”. “Yo voy a estar reflexionando, no es como si me muriera”, ha aclarado el amigo del rey.

Fernández dice que “después de las cosas que me han pasado las últimas 24 horas”, le toca “pensar”. El todavía presidente de CEIM es concuñado de Gerardo Díaz Ferrán y estudió en el Colegio Británico con Esperanza Aguirre de la que es un ferviente defensor. En los últimos meses se ha visto rodeado por la polémica sobre sus prácticas empresariales al descubirse un impago de más de 400.000 euros a la Seguridad Social y por las informaciones difundidas por la SER sobre pagos en negro a sus empleados.