Las famosas minas de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, comenzaron a explotarse hace más de dos milenios. Su origen exacto, según la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se remonta al siglo III a.C. El mineral extraído era el cinabrio, del cual se obtenía el mercurio, el único metal líquido que existe. Llegó a ser el mayor yacimiento en todo el mundo. Ha producido más del 35% de todo el mercurio usado en la historia de la humanidad.

En la naturaleza no se encuentra puro como mineral, sino atrapado dentro de rocas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública.

Utilizado históricamente para tratar algunas infecciones como la sífilis y en vacunas antiguas, y más recientemente para la industria, el mercurio ha marcado siempre la historia de esta comarca minera, colindante con la provincia de Córdoba y actualmente en riesgo extremo de despoblación desde el cierre de las minas.

De la entrada de Mayasa a la prohibición de exportar mercurio

La empresa pública Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.), perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asumió la gestión de la explotación minera de Almadén desde su creación en 1982. Heredó la gestión del Consejo de Administración que controlaba las minas desde 1916.

La compañía gestionó la extracción de mercurio hasta el cierre definitivo de la mina en julio de 2001. A partir de ese momento, orientó su gestión al almacenamiento y tratamiento ambiental de los excedentes mundiales de mercurio, una labor que se hizo efectiva tras el fin de la comercialización internacional de este metal decretada por la Unión Europea en 2011.

En ese año, a través del denominado 'Convenio de Minamata', se prohibió, mediante un tratado internacional, su exportación para reducir la oferta global de este metal y limitar sus emisiones. Pese a sus múltiples usos, es un metal pesado y muy tóxico. Contamina el medio ambiente y daña gravemente la salud humana, especialmente el sistema nervioso. La normativa resultante prohibió las ventas al exterior para evitar que grandes cantidades de mercurio sobrante llegasen a países en desarrollo. Porque el 99% se vendía fuera de la UE.

Esto obligó a almacenar los residuos de mercurio de forma segura en lugar de liberarlos. Y ahí la gestión de Mayasa cumplió un papel de gran relevancia. Hasta entonces la actividad de la empresa pública consistía en recoger mercurio, limpiarlo y ponerlo de nuevo en el mercado. Pero ante la prohibición de las exportaciones, cambió su objetivo a la obtención de fondos para tratar de solucionar problemas y nuevas actividades de desarrollo sostenible sin añadir más contaminación de mercurio al medio.

Pero hubo más trabas. En 2018 entró en vigor la prohibición de uso de mercurio en la industria cloro-caústica, por lo que se debía retirar y almacenar el mercurio en condiciones seguras. Para ello Mayasa debía encargarse de la retirada y tratamiento con las empresas productoras.

Un año después, en 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó, con evaluación ambiental favorable, la planta de solidificación de mercurio en Almadén. Se ubicó en el paraje de Las Cuevas, a 10 kilómetros del núcleo urbano. Para ese tratamiento, Mayasa había adjudicado ya en 2017 este proyecto de tratamiento a una empresa externa que nunca llegó a realizar su labor. Según la Plataforma de Contratación Pública, era Sartech Engineering, actualmente en litigio judicial con la empresa pública por incumplimiento del contrato.

Solo quedaba una salida: si no se podía exportar ni tratar, todo el mercurio debía salir del almacén. Se envió a una planta suiza de la empresa Batrec, filial de Veolia (líder mundial en servicios medioambientales especializado en la gestión integral de agua, residuos y energía), por medio de un gestor de residuos representante en España, en este caso Adiego Hermanos, que hizo el transporte y gestión completa de residuos.

En total, se enviaron 378 toneladas de mercurio. Actualmente, se encuentran en unas antiguas minas de sal de Alemania, que poseen las propiedades de impermeabilización adecuadas para este tipo de residuo.

Ahora, ese almacén de residuos está cerrado. Pero el expediente de su cierre definitivo, iniciado hace año y medio, aún está abierto, porque todavía no ha recibido luz verde por parte de la autoridad ambiental, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Así lo han confirmado fuentes de este departamento. La Dirección General de Calidad Ambiental está analizando la documentación presentada por la empresa pública para analizar si solicita más información complementaria o procece con la fase final de clausura.

El encuentro entre Mayasa y Ecologistas en Acción

Con ello, se ha cerrado a su vez una etapa en la comarca. Y de todo ello han hablado recientemente representantes de Ecologistas en Acción y miembros de Mayasa, en un encuentro solicitado por los primeros para conocer en qué estado se encuentra el proceso.

Javier Carrasco, director técnico de Actividades Industriales de Mayasa, asistente a esta reunión junto al presidente de la empresa pública, José Tejero, cuenta a este periódico que ahora mismo están pendientes de que de la Administración castellanomanchega autorice el cierre definitivo, ya que su puesta en marcha requirió una Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ahora exige que se cumplan una serie de requisitos de inspección ambiental para su clausura.

Pese a que la planta nunca llegó a funcionar en cuanto al tratamiento del mercurio, es decir, su estabilización química antes de llevarlo a un depósito definitivo, la inspección debe determinar, dentro del programa de vigilancia ambiental, que el almacén está completamente descontaminado.

La autorización del Gobierno de Castilla-La Mancha para la planta de almacenamiento que se aprobó en 2019 incluía un presupuesto de tres millones de euros. Y esta circunstancia coincidió con la mencionada prohibición del uso de cloro para las empresas clorocáusticas, donde el mercurio se utilizaba como parte del proceso químico. Muchas empresas españolas se vieron entonces con excedentes de mercurio que no utilizaban que tenían que gestionar.

Mayasa se ofreció para almacenar y gestionar el mercurio de esas industrias. Pero la empresa contratada fue “incapaz” de cumplir el contrato y la planta nunca llegó a realizar el “tratamiento” de metal, pero sí su almacenamiento: las mencionadas 378 toneladas de mercurio, acumuladas durante varios años, hasta 2023.

Ese año, una vez rescindido el contrato con la empresa ‘incumplidora’, Mayasa decidió realizar un nuevo contrato con otra compañía gestora que tenía permiso para exportar mercurio como residuo, la mencionada Abiego Hermanos. “Todo esto se precipitó porque la normativa europea permitía el almacenamiento de mercurio hasta el 31 de diciembre del 2022 y había que darle salida a toda esa cantidad almacenada”, cuenta el director técnico.

Ahora mismo, detalla que ya no hay nada en el almacén. La gestora de residuos llegó a un acuerdo transfronterizo con la suiza Batrec, quien sí trató el mercurio para su estabilización química en este país y después lo envió, para su depósito final en las minas de sal alemanas, habilitadas para ello.

En el aire, los niveles de mercurio muy bajos, y en el agua son inapreciables

Javier Carrasco — Director técnico de Mayasa

Según Javier Carrasco, el plan de cierre de la planta en Almadén se ha cumplido “al milímetro”. “Se han limpiado todas las instalaciones, todo lo que ha estado en contacto con el metal, se ha desmontado toda la instalación, principalmente lo que eran equipos de filtros, y todos los residuos que hemos generado durante estas labores de limpieza se han enviado fuera con un gestor autorizado”.

Pero en un proceso tan delicado, el plan de vigilancia ambiental ha sido fundamental. A la espera del cierre definitivo, en Mayasa, desde que se autorizó el almacenamiento, han realizado medidas en aire y agua para ver los niveles de contaminación. Son muestreos que se han remitido periódicamente a la autoridad ambiental. De ellos se desprende que hay “niveles apreciables” de mercurio que “históricamente siempre han existido”

“En el aire, son niveles muy bajos a los que hacemos un seguimiento continuo. De hecho, los que hay ahora son idénticos a los que había antes de iniciar el almacenamiento hace siete años, y en el agua son inapreciables, no hay ninguna afección”, precisa Javier Carrasco.

La última limpieza de la planta se realizó a finales de 2025. Se recogieron en torno a un centenar de kilos de mercurio, que también ha recogido una empresa autorizada para gestión de residuos.

No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

Desde Ecologistas en Acción de Ciudad Real, acudieron al encuentro Isabel Arauzo, Julio Ruiz y Francisco J. Sarrión. Han explicado a este periódico que celebran el cierre del almacén “por la disminución del riesgo de contaminación que suponían estas instalaciones”.

Pero al mismo tiempo denuncian el “oscurantismo” y la “falta de información pública”, algo que tildan de “tradición histórica de la casa” en referencia a la empresa pública, a la que atribuye “actividades peligrosas” que la empresa siempre ha negado, también en esta ocasión.

“No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre. Solo nos remiten a los contratos ya expuestos en el perfil del contratante de Mayasa. Hay también un celo excesivo en proteger la identidad de los responsables políticos y técnicos, lo que interpretamos que es para evitar sanciones y críticas personales a su gestión”, argumentan.

Ecologistas en Acción añade que el hecho de que no sea obligatorio medir con exactitud el mercurio que salió de la planta de Almadén, aunque se ajuste a la normativa, supone “un riesgo de pérdida o descontrol” en el camino o en la planta receptora.

También resalta que hay “discrepancias” en las fechas y orden de las declaraciones de impacto ambiental que “aún quedan sin explicación”. “Demuestra la falta de rigor en el control del mercurio, y siendo la sustancia más peligrosa después de las radiactivas, deberían haber extremado las precauciones y no dejar en manos del gestor de residuos la medida real del mercurio trasladado”.

La organización ecologista también pone el acento en los costes. Afirma que el presupuesto para el tratamiento y traslado del mercurio de Almadén al depósito de Suiza fue de 1,5 millones de euros, la mitad de los tres millones que se presupuestaron para la planta. “Un despilfarro de dinero público que debería haberse valorado inicialmente”.

“Los planes de descontaminación parecen proyectos piloto más que acciones de efectividad probada, aunque digan que son técnicas innovadoras. El ámbito espacial es muy reducido”, añaden. Avalan que actualmente se estudie la movilidad del mercurio en el medio ambiente, pero denuncian que no se están analizando “las repercusiones ni los niveles de contaminantes en la población civil”, que sería “uno de los objetivos a conocer de cara a la salud pública”.

Actualmente, el vínculo de Mayasa con este polémico metal todavía permanece. Desde 2009, gestiona el Centro Tecnológico del Mercurio con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Allí se monitorea el entorno medioambiental, la flora y la fauna.

En paralelo, también está vigente desde el año pasado el Proyecto Life Hermes, que tiene como objetivo la recuperación ambiental del Cerco de Buitrones de Almadenejos. Se trata de un recinto del siglo XVIII que conserva restos de antiguos hornos de mercurio y partes de su muralla. El área está declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP).

El próximo mes de septiembre, la empresa pública iniciará labores de tratamiento de estabilización química in situ de restos de mercurio con óxido de magnesio. El objetivo es demostrar la eficacia de una solución innovadora que ofrece “varias ventajas significativas” con respecto a los métodos de remediación tradicionales.

Para Ecologistas en Acción, estos nuevos proyectos van a continuar siendo un gasto de dinero público “sin que se tenga constancia nunca de la repercusión real sobre la salud de las personas”. “En definitiva, nos alegramos de que la gestión del mercurio ya no esté en manos de Mayasa y esperamos que los planes de descontaminación futuros se enfoquen en evaluar el mercurio en la población y en su salud”, concluyen.

El anuncio del cierre de la planta de almacenamiento, sin embargo, no ha gustado en el ámbito local. El Ayuntamiento de Almadén ya mostró hace un año su “indignación” por la clausura de la planta de estabilización de mercurio de Mayasa. Su alcaldesa, Raquel María Jurado, preguntó si lo que se pretendía la empresa pública era ofrecer beneficios a la localidad o “más bien, minimizar las pérdidas económicas” de la SEPI, achacables a la “pésima gestión”.

Tras lamentar que en el municipio llevan años oyendo hablar de un plan estratégico de la empresa pública que nunca ha sido compartido con la ciudadanía, condenó que este nuevo “fracaso” se sume a otros intentos de inversión que “no han dado resultados”.

El Ayuntamiento hizo referencia también al acuerdo firmado hace casi 25 años entre CCOO, UGT, la SEPI y Mayasa: un Plan de Empresa que, entre otras cosas, incluía un futuro convenio con el Consistorio local para el desarrollo de la comarca una vez que se completara el cierre minero. Desde este municipio siempre han denunciado el incumplimiento de este convenio y la “enorme factura social” que la comarca ha pagado por ello.

En todo este proceso también ha jugado un papel fundamental la plataforma ciudadana ‘Forzados de Almadén’, quien ha apelado en varias ocasiones a ese convenio de principios de siglo. Todavía se recuerda el encierro que protagonizaron en agosto de 2019, cuando siete hombres y cuatro mujeres de diferentes profesiones, edades y originarios de los pueblos de la comarca se encerraron en la primera planta de la histórica mina de mercurio de la ciudad.

Querían recrear la protesta de 11 mineros ocurrida 35 años atrás, en 1984. Si entonces los mineros protestaban por sus pésimas condiciones laborales, en 2019 quisieron mostrar a una comarca “castigada por el paro, la desindustrialización y la poca calidad de los servicios públicos”.

Porque Almadén sigue bebiendo de su historia. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se ha comprometido, a través de un convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la restauración y digitalización de la película 'Mercurio-Minas de Almadén', de 1940.

El ICAA conserva en la actualidad, en las instalaciones de la Filmoteca Española en su centro de Pozuelo de Alarcón, dos copias en nitrato de celulosa de 35 milímetro de la película. A través del convenio, el Ayuntamiento asume la tarea de restauración y digitalización de la película, mientras el ICAA pondrá a disposición sus copias, asesoramiento y apoyo a la promoción.

Mientras, Mayasa sigue a la espera de la autorización oficial de clausura de su almacén. Con ello, se cerrará un capítulo más de una comarca que ha perdido cerca de un 26% de su población en lo que va de siglo.

Yassid Ayad (Valencia, 1980) es “una rara avis” en el IGFAE, el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías de la Universidade de Santiago. En un centro muy ligado al CERN y dedicado sobre todo a la investigación fundamental, a este doctor en Física Nuclear lo que le apasiona es la transferencia de tecnología. En Berkeley trabajó en el desarrollo de vehículos autónomos como los que han bajado a 4.000 metros de profundidad para ofrecer imágenes de algunos de los 220.000 bidones radiactivos arrojados a la Fosa Atlántica entre finales de los 40 y principios de los 90 del siglo pasado.

Atiende a elDiario.es desde el FRIB (Instalación para Haces de Isótopos Raros) de la Michigan State University, la que fue su casa durante siete años y a donde ha vuelto este verano a impartir un ciclo de conferencias.

Después de que las imágenes tomadas por el Proyecto Nodssum confirmasen el avanzado estado de deterioro de parte de los barriles y la presencia de radionucleidos –en un nivel bajo pero mayor del esperado– la primera pregunta que surge es clara: ¿y, ahora, qué?

Desde el IGFAE, liderado por nuestro grupo, teníamos una iniciativa para responder a esa pregunta. Es muy complejo saber cuáles son los siguientes pasos porque hoy es irrealizable limpiar todo ese desaguisado. En realidad, lo que nos están enseñando es la punta de un iceberg. Hay muchos depósitos, porque hasta 1993 estaban permitidos los vertidos e incluso delante de la costa noruega hay un submarino nuclear hundido. Hacer un decomisionado de todo esto es básicamente imposible porque bajar a esas profundidades es un ejercicio tremendo. Es más fácil explorar el espacio que explorar las profundidades del océano, porque en el espacio sólo cambiamos una atmósfera y, aquí, cada diez metros que bajamos, incrementamos otra.

El objetivo de esta expedición era visualizar el estado de los barriles. Eso es un primer paso. Lo siguiente que sería interesante hacer, aunque tiene su complejidad, es un mapeado de la radiactividad para entender por dónde va toda esta radiación y comprobar si hay corrientes que puedan estar afectando a la vida media de los barriles, que es de unos 50 años: una bomba de relojería a sabiendas. El vertido es una gota dentro del océano, pero no significa que no pueda entrar en las cadenas tróficas o tener consecuencias en la vida marítima que pueda haber a esas profundidades.

En el remoto caso de que algún día sí pudiesen recogerse todos esos bidones, tendríamos otro problema: qué hacer con ellos.

Obviamente habría que limpiar, sacar esos residuos y hacer una disposición como se hace hoy en día en sus cementerios, que son los lugares para almacenamiento de residuos radiactivos. Los científicos no estamos parados en ese aspecto. Uno de los proyectos más importantes, junto a redefinir las centrales nucleares, hacer microrreactores... son los que investigan cómo reducir la vida media de esos residuos, a través de técnicas como el bombardeo con haces de partículas, para romperlos en elementos con una vida mucho menor. Incluso existen proyectos que parecen ciencia ficción y que se basan en reutilizar esos desechos para generar cierta energía, aunque no como la de una central: hablamos de baterías beta o alfavoltaicas, que usan la radiactividad para generar una pila de baja potencia.

Lo más difícil es sacar todo el vertido, que está a muchas alturas, a diferentes profundidades. Por cierto, no sólo existen residuos en barriles. Con varios órdenes de magnitud de diferencia, los que más se han acumulado son las pruebas de ensayos nucleares. Lo lógico, por tanto, sería organizar una expedición para bajar de nuevo, tratar de recuperar lo máximo posible y que alguien visualice una manera de contener esos barriles, que tienen una vida media que ya ha pasado hace tiempo.

Cuando los contenedores acaben de descomponerse, lo que como dices es cuestión de tiempo –y cada vez menos–, ¿qué pasará con lo que hay dentro?

Todo está sujeto al flujo y las corrientes oceánicas. En el lecho marítimo hay mucha actividad, un movimiento constante: corrientes muy fuertes y sitios donde existe una conexión con materiales radiactivos que se emiten desde el centro de la tierra. Todo esto va cambiando. Hablamos mucho ahora del cambio en las corrientes y cómo está cambiando el clima, una prueba clara de que es impredecible saber hacia dónde van a ir esos residuos. Están muy diluidos en el agua, que es mucho mayor que el contenido radiactivo, pero eso no quita que puedan llegar a entrar en vías que afecten al día a día de zonas marítimas próximas con actividad pesquera. En pocas palabras, no existe una solución simple.

¿Qué proyecto concreto proponéis desde el IGFAE?

Estamos pensando en equipar estos vehículos con sensores de radiactividad y de mapeado. Yo estuve trabajando durante un tiempo en el laboratorio de Berkeley, en California, donde desarrollábamos sistemas autónomos, en aire o en tierra, para vehículos capaces de guiarse con un mapa geográfico y, a la vez, hacer un mapeado dual de la radiactividad. Desarrollamos unos sensores para tener direccionalidad y marca de tiempo y, mientras el vehículo, se está moviendo, realizar un mapeado total. Esto se hace ya: en Estados Unidos, en cuestiones de protección civil o fronteras, pero también se han emprendido expediciones para mapear centrales nucleares, como en Chernobyl. Así no se expone a ningún trabajador a la radiación y cuentas con un vehículo autónomo que es capaz de mapear y localizar fuentes de radiactividad con muy baja actividad.

El reto es cómo demonios hacer eso debajo del agua, porque es un medio muy denso comparado con el aire, pero si han bajado a tomar las fotos es posible hacer el mapeo. La mayor dificultad es lograr una comunicación de datos eficiente. Una expedición con este objetivo permitiría tomar medidas a través de unas estaciones estáticas a diferentes profundidades que se manden la información del mapeado, conectadas con otras, dinámicas, que se encargarían de elaborarlo. Eso lo hace el proyecto europeo RAMONES (siglas en inglés de Monitoreo de Radioactividad en Ecosistemas Oceánicos). Existe además otra iniciativa enorme para mapear todo el suelo oceánico del planeta. Si eso lo combinas con un registro de radiactividad, tendría más valor aún.

Si lo que hemos visto hasta ahora es sólo la punta del iceberg, ¿qué tipo de sorpresas podemos encontrarnos en el fondo marino? Tanto en los 220.000 bidones arrojados oficialmente al océano como en lo que podemos desconocer...

Sorpresas siempre hay. Si miramos al histórico de barbaridades en cuestión de radiactividad tienes ejemplos como el ciclotrón que hay en la bahía de Tokio porque, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos decidieron que los japoneses no podían tener nada nuclear y lo tiraron directamente al mar. Hay casos documentados de tráfico de materiales radiactivos, en Italia hubo contactos con la mafia para deshacerse de esos barriles en países subdesarrollados... Lo más probable es que el inventario de la IAEA esté obsoleto o incompleto, con vertidos que no se hayan registrado. Tenemos el ejemplo de Palomares donde, por suerte para nosotros, no llegó a pasar nada, pero puede haber accidentes como ese en alguna parte del océano que no se hayan documentado.

El deterioro de los bidones nucleares sumergidos en la Fosa Atlántica frente a la costa de Galicia es la única certeza que, de momento, ha aportado la nueva expedición submarina del Proyecto Nodssum. Una vez confirmada la situación, las respuestas –y quién tiene que darlas– siguen siendo una incógnita. El Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por aguardar a conocer más datos antes de tomar decisiones. Y Bruselas, espoleada por los diputados gallegos de PSOE y BNG, mira para otro lado: en junio, la Comisión Europea manifestaba que misiones como la liderada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés está fuera de sus competencias. Las nuevas iniciativas, probablemente, encuentren una respuesta similar.

“Conviene esperar”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que los “escapes y filtraciones” detectadas en los barriles son “señales preocupantes que generan una cierta intranquilidad” pero, aun así, se muestra extremadamente prudente. Las razones son dos y de carácter muy diferente: una, la dificultad técnica para cualquier operación que afecte a 220.000 contenedores situados a 4.000 metros por debajo de la superficie del Atlántico. La otra, el auténtico laberinto burocrático que siguen siendo las aguas internacionales.

“La información que se puede recoger de esta última expedición es lo suficientemente solvente desde el punto de vista técnico para tener una idea cabal de cuál sería el siguiente paso a dar”, responde a elDiario.es. Tras recordar que en el Proyecto Nodssum están presentes el Centro Nacional de Aceleradores y la Universitat de Girona, espera a conocer las conclusiones para saber “a quiénes y cómo corresponde tomar decisiones”. “Como mínimo, debemos saber cuál es el alcance de esas filtraciones”.

Una vez conocida la realidad, cualquier respuesta obligará a buscar soluciones de gran “complejidad técnica”. “Habrá que atender si la solución, en caso de valorar un traslado, generaría más complicaciones que el hecho de tenerlos bajo vigilancia”. La cuestión, para él, no es “que se los lleven”, sino “a dónde, cómo y en qué condiciones”.

El secretario de Estado recuerda que todavía en enero entró en vigor el Tratado BBNJ (Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, con sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que protege la biodiversidad marina en aguas internacionales que, “hasta fechas muy recientes” eran “un espacio de impunidad en el que nadie se hacía responsable de lo que pudiese suceder”. Lo usa para ejemplificar la otra pata de este rompecabezas cuando se le pregunta por una posible implicación tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea.

“Si ha sido prácticamente imposible encontrar una solución a Palomares [la caída de cuatro bombas nucleares en la localidad almeriense en 1966 tras un accidente aéreo] y hablamos de aguas bajo jurisdicción, imagine lo que sería identificar la responsabilidad de la toma de decisión de utilizar ese espacio [la Fosa Atlántica] como vertedero”. Morán se pregunta “a quién habría que reclamárselo si hubiese posibilidad”, si sería a una empresa o a un estado.

Por eso, “más allá de las complejidades técnicas y de seguridad, viene la identificación de las responsabilidades del hecho causado y las consecuencias económicas que se pudiesen derivar de una posible intervención”. Aun así, no niega que haya que acabar introduciéndose en el laberinto. “Si, en último término, hay que tomar una decisión que conlleve una asunción de responsabilidades y unos, hay que identificar quién debería asumirla. Eso es evidente”.

El artículo 35 del Tratado Euratom

El 25 de marzo de 1957 no sólo se firmó el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea –la CEE, la predecesora de la actual Unión Europea–. También se rubricó el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocido como Euratom. Nacía con los objetivos de desarrollar la investigación y difundir los conocimientos, establecer normas de seguridad para proteger a la población y los trabajadores y garantizar que los materiales nucleares civiles no se destinan a otros fines, “en particular, militares”.

Las demandas de intervención a la Comisión Europea se basan en el artículo 35 del Tratado Euratom: “Cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas. La Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento y eficacia”.

Ese es el artículo que el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha invocado en una nueva carta a la Comisión. El pasado verano, tras la primera incursión submarina del Proyecto Nodssum y el hallazgo de 600 barriles, Casares reclamó al órgano ejecutivo de la UE que se implicase en la misión, algo que había rechazado ya en varias ocasiones “a pesar de reconocer, ya en 2017, que no tenía conocimiento del estado de los residuos”.

“La Comisión Europea no puede permanecer al margen de estas investigaciones, habida cuenta de las potencialmente graves consecuencias ambientales transfronterizas que podrían derivarse del progresivo deterioro de estos bidones y de la eventual liberación de material radiactivo al medio marino”, ha insistido el parlamentario, que pidió además que se solicitasen los datos científicos obtenidos por Nodssum “con el fin de permitir una evaluación completa de la situación y determinar las actuaciones más adecuadas”.

Quien había obtenido ya una respuesta negativa del gobierno de la Unión fue la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. Expediciones como la del CNRS “exceden el ámbito de aplicación del artículo 35 del Tratado Euratom”, le contestaron en la que fue su cuarta pregunta sobre los vertidos. Miranda, que ha presentado su quinta iniciativa tras las nuevas imágenes, consideraba entonces una “total inacción no sólo de la Comisión Europea, sino por parte del Estado Español” el no hacer “una investigación y una misión de control” como la francesa.

Ecos de la Guerra Fría

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, reclama a la Unión “un monitoreo continuo, en los plazos que digan los científicos, para saber qué pasa con esos bidones y si es peligroso”. “No lo parece porque el océano es enorme y, desgraciadamente, el vertedero de todos” y tanto la columna como la masa de agua “van a ir diluyendo” los radionucleidos. Santos demanda también una investigación “más exhaustiva” que garantice que los 220.000 contenedores guardan en su interior residuos de baja actividad como los 4.000 que han sido mapeados hasta el momento.

Con un punto de ironía, el ecologista recuerda que los barriles fueron arrojados al mar durante la Guerra Fría, “un contexto histórico que dice que puede haber muchas cosas”. Recuerda, por ejemplo, el caso del submarino nuclear soviético K-278 Komsomolets, hundido en 1989 en el mar de Noruega donde permanece, a 1.680 metros de profundidad, en posición vertical Esta primavera, investigadores del país nórdico comprobaron cómo, 36 años después, el pecio sigue filtrando cesio y estroncio procedente de su reactor. Por casos como éste, Santos cree prioritario “certificar que en la Fosa Atlántica no hay nada más que lo que nos dijeron”.

Desde que en 2015 comenzó a operar el vertedero de El Provencio, en la provincia de Cuenca, “siempre ha cumplido la normativa vigente” y no ha provocado “ningún problema”. Tampoco su reciente ampliación supone ninguna “afección ambiental añadida”, por lo que no ha sido necesario que la Administración autonómica realizara una nueva evaluación.

Así lo han precisado a este periódico fuentes de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo regional, con motivo de la reciente reunión de vecinos y vecinas de la localidad, convocados por Ecologistas en Acción, en la que mostraron su “creciente preocupación” por la ampliación de estas instalaciones.

El departamento explica que el grado de cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con la que cuenta este basurero ha sido “alto” y que las inspecciones se han llevado a cabo de manera periódica desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca.  

En estos 11 años, añade, “no ha dado ningún problema” y en las inspecciones que se han ido realizando, el grado de cumplimiento de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) ha sido alto.

“No es contaminante” porque las celdas están “impermeabilizadas”

“Se trata de un vertedero que cumple con la normativa en este tipo de residuos (amianto) y no es contaminante: no obstante, y para añadir más seguridad, las celdas están impermeabilizadas”, señalan las citadas fuentes, que recuerdan que es la única instalación de Castilla-La Mancha que puede acoger restos residuos.

Aunque el amianto es considerado residuo peligroso cuando se manipula y para quien lo manipula, una ver “inertizado” (volver inerte un residuo) ya no es considerado como tal. Por eso, en la Dirección General ponen el acento en el hecho de que precisamente esa es la labor que realizan en la instalación: hacer que el amianto no tenga ningún tipo de reacción química.

En cuanto a la ampliación de sus instalaciones en cuatro celdas más, que denuncia Ecologistas en Acción, la Dirección General de Calidad Ambiental afirma que “no va a tener una afección medioambiental añadida” a la que ya existe, y está “dentro de la normativa permitida”. Es el motivo por el que no ha sido necesario un nuevo expediente de evaluación como demanda el colectivo.

Por último, sobre la posible contaminación del acuífero, el departamento precisa que las celdas están “altamente impermeabilizadas” para evitar cualquier tipo de estas afecciones. “Sí hubiese algo a nivel de acuífero, la competente es la Confederación Hidrográfica, y hasta el momento no tenemos constancia de que haya problemas”.

Medio centenar de vecinos de El Provencio y Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca, se han reunido convocados por Ecologistas en Acción para mostrar su “preocupación” por la ampliación de la capacidad del basurero de residuos peligrosos ubicado en la primera localidad.

Este vertedero está ubicado sobre el Acuífero de la Mancha Occidental y a escasos 200 metros de la Tubería Manchega que abastece de agua potable a numerosas poblaciones. Propiedad de la empresa Gestión de Residuos El Provencio SL, es el único almacén de residuos peligrosos en activo de toda Castilla-La Mancha.

Carlos Villeta, representante de la organización ecologista, informó a los vecinos y vecinas de que, desde que esta instalación se abrió hace más de diez años, ha pasado de gestionar dos a 41 tipos de residuos peligrosos, y de tener cinco a nueve celdas de vertido, sin que la Junta de Castilla-La Mancha, afirma, haya sometido esta ampliación a una nueva evaluación ambiental por considerarse cambios “no sustanciales”.

“A pesar de que la instalación para la gestión y vertido de residuos industriales peligrosos lleva operando más de 11 años, la mayoría de los vecinos desconocía sus características y funcionamiento”, explica Villeta.

Una superficie de 12 hectáreas

Según precisa, con una superficie cercana a las 12 hectáreas, el vertedero puede admitir hasta 18.650 toneladas al año de residuos peligrosos (en torno a 1.200 camiones), de los que puede verter en sus celdas hasta 11.050 toneladas.

Asimismo, explica que en una visita al vertedero el 13 de junio, se pudo identificar desde el exterior, grandes volúmenes de residuos con amianto, así como postes y traviesas de ferrocarril tratados con creosota que estaban siendo astillados. “También se reciben (entre otros residuos peligrosos) lodos y tierra contaminada con hidrocarburos pero no se pudieron identificar”, añade.

En el acto informativo, alertó de que, España en general y Castilla-La Mancha en particular, con una “fiscalidad mínima”, está impulsando “la importación de residuos de otras zonas y países, promoviendo un peligroso negocio”.

Petición a la Consejería de Desarrollo Sostenible

También intervino en el acto público Ariosto de Haro, Geólogo, experto en control calidad de recubrimientos de vertederos, alertando sobre el riesgo de avenidas, desbordamientos y contaminación de acuífero.

Ecologistas en Acción ya ha dado los primeros pasos en el conocimiento pormenorizado del vertedero de El Provencio y ha solicitado por escrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible información ambiental de sus actividades en los dos últimos años.

Según Villeta, el grupo de asistentes acordó constituirse en Plataforma y conformar un grupo de trabajo. También se animó a los vecinos y vecinas a “trabajar unidos para luchar contra un proyecto que hipoteca el futuro su tierra, evitando conflictos de siglas y electoralistas”.

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con la empresa gestora del basurero como con la Consejería de Desarrollo Sostenible para recoger su valoración sobre esta denuncia y sobre la petición del colectivo ecologista, sin que por el momento haya habido respuesta.

A finales de mayo del año pasado, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la apertura de un plazo de exposición pública de la Declaración de Proyecto Prioritario para la ampliación de la planta que Acteco Productos y Servicios, S.L. tiene en Almansa (Albacete), dedicada al reciclado mecánico y químico de plásticos y almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.

Se trata de una planta de tratamiento para reciclado mecánico de residuo urbano, procedente de las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha.

Ese periodo culminó y no se volvió a saber nada sobre su declaración como proyecto prioritario, que no se llevó a cabo. Declarar una iniciativa como “prioritaria” es una fórmula del Gobierno regional que implica agilización de trámites para proyectos de especial importancia para el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma.

Nuevo periodo de información pública

Ahora, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete ha vuelto iniciar un nuevo periodo de información pública para el mencionado proyecto, tal y como publica, de nuevo, el DOCM. Pero la Consejería no explica los motivos por los que el proceso vuelve a repetirse.

En la resolución, se indica que este proyecto, que prevé la construcción de nuevas instalaciones para obtener materias primas para la fabricación de plásticos y aceites de pirolisis, se desarrollará en el Camino a Casas del Campillo, polígono 519, en el Paraje el Saladar de la localidad albaceteña.

La empresa destaca en su web que Acteco tiene una amplia experiencia en el almacenamiento y acondicionamiento de residuos, consolidándonos como “una gestora de residuos y reciclaje referente en España”. Tiene plantas de transferencia y reciclaje de gran capacidad en Ibi y Sax (Alicante), Náquera y Massalfassar (Valencia), PI. Malpica y PI. Plaza (Zaragoza), San Martin de la Vega (Madrid), Arteixo (A Coruña), Almansa (Albacete), Fuentes de Andalucía (Sevilla) y Algeciras (Cádiz), así como presencia logística en toda la península e islas.

Como gestor de residuos en Almansa, explica que ofrece “soluciones integrales” que incluyen la recogida, el tratamiento y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos, y servicios especializados para empresas. “Nuestra planta en Almansa está equipada para garantizar procesos seguros y eficientes, fomentando la economía circular”, concluye.

La expedición francesa Nossum ha informado este viernes de que tras concluir su misión han localizado un total de 3.350 bidones radiactivos en la Fosa Atlántica y ha dado cuenta de algunas fugas, “probablemente de alquitrán”, aunque no hay lecturas de radiación excesiva. La expedición, que ha contado con 20 científicos franceses, noruegos, alemanes y canadienses, ha empleado el robot submarino Ulyx para fotografiar los bidones, ubicados a más de 4.000 metros de profundidad, explica la misión en una nota de prensa.

Las imágenes de los bidones han permitido realizar una evaluación “preliminar e incompleta” que permite concluir que los bidones están en un “estado de conservación variable, con superficies corroídas y colonización por anémonas”, agrega la misión. También detectaron fisuras abiertas en los bidones y fugas de material “visibles” en algunos de ellos, “de naturaleza desconocida, probablemente alquitrán”.

Países como Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania o Países Bajos descargaron estos desechos radiactivos en la Fosa Atlántica, en aguas internacionales, desde la década de 1940 y más allá de la prohibición formal de estos vertidos, que data de 1993. Estos bidones arrojados al mar con restos contaminados eran rellenados con cemento o alquitrán.

“Entonces las autoridades consideraban que estas profundidades abisales a 4.000 metros de profundidad eran entornos geológicos suficientemente estables y alejados de la costa para arrojar allí los residuos nucleares”, ha indicado uno de los responsables de la expedición, Patrick Chardon, en una rueda de prensa desde Brest recogida por la prensa francesa.

Niveles normales de radioactividad

La misión ha tomado 345 muestras de sedimentos, 5.000 litros de agua y varios animales de las profundidades marinas como peces abisales, anfípodos y pequeños crustáceos para su análisis. “Las herramientas de medición de protección radiológica indican valores al mismo nivel que el ruido de fondo ambiental”, explica la misión.

“No hemos observado ninguna anomalía desde el punto de vista de la radioprotección en los sedimentos con las herramientas que teníamos a bordo”, ha relatado Chardon, especialista en radiactividad en el medio ambiente del Laboratorio de Física de Clermont-Auvergne.

El análisis de laboratorio permitirá obtener unos datos “aproximadamente 100 veces más precisos” sobre radiactividad, según Chardon, que ha explicado que en cualquier caso “hemos mantenido la distancia de los bidones como principio de precaución”.

La misión, respaldada por el Instituto Francés de Investigación y Exploración del Mar (INFREMER) partió de Brest el 15 de junio y regresó el jueves tras explorar una amplia zona situada a unos 600 kilómetros de la costa francesa desde la ciudad de Nantes en busca de estos bidones.

“Nos ha impresionado la cantidad de bidones que pudimos observar y el tamaño del área”, ha señalado Chardon, tras revelar que los bidones están en aproximadamente 163 kilómetros cuadrados, unos 20 bidones por kilómetro cuadrado. “La idea es saber si hemos alterado el ecosistema”, ha resaltado.

El robot submarino autónomo Ulyx ha realizado la que es su primera misión científica real con éxito. “Nos ha sorprendido la calidad de lo que nos envió el sónar. Podemos ver los bidones perfectamente con la imagen acústica. Es una grata sorpresa”, ha añadido Chardon.

200.000 bidones

En cuanto a la posibilidad de recuperar estos bidones, Chardon ha asegurado que es “técnicamente viable, pero el coste de la operación sería astronómico, por no mencionar el riesgo de que los bidones se desintegren en el proceso”. “Una sola inmersión lleva cuatro horas, así que imaginen cuántos viajes harían falta para sacar 200.000 bidones”, ha argüido.

Está prevista una segunda campaña en 2026 o 2027 que permitirá tomar muestras en las inmediaciones e incluso de los propios bidones gracias al robot teledirigido 'Victor' o al sumergible 'Nautile'. “Tenemos mucho trabajo por delante para analizar los resultados y escalar esta campaña”, ha apuntado Chardon.

Greenpeace calcula que se depositaron unos 220.000 bidones con residuos radiactivos en la zona, en lo que califica como “punto con mayor cantidad de residuos radiactivos del planeta”. En 1982 cuando el buque 'Sirius' de Greenpeace, junto a barcos gallegos, se enfrentaron a buques neerlandeses para que detuvieran sus descargas. Tras esta acción, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, el Gobierno de Países Bajos anunció la interrupción de los vertidos nucleares al mar.

Diez años mas tarde, en 1993, se firmó el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste, prohibiendo el desecho de los residuos nucleares de baja y media intensidad. Un año después, el Convenio de Londres de la Organizacién Maritima Internacional vetó cualquier vertido radiactivo al mar.

Colectivos sociales contra el vertedero de Nerva (Huelva) y grupos políticos del ayuntamiento, encabezados por el alcalde, José Luis Lozano (XNerva), han protestado este miércoles a las puertas del Juzgado Contencioso Administrativo de Huelva donde tenía lugar la vista por una denuncia interpuesta por la empresa contra el consistorio y Ecologistas en Acción después de que en febrero de 2023 se denegase la licencia de obra mayor para ejecutar las fases 2 y 3 del recrecimiento. Ante esto, han señalado que autorizarlo sería “condenar a perpetuidad” al pueblo.

Así lo han manifestado en declaraciones a los medios, el regidor de Nerva, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, y el exalcalde del municipio, José Antonio Ayala (PSOE), quién estaba al frente del ayuntamiento cuando se denegó la licencia. En este sentido, ha señalado que la instalación “no está en un suelo industrial, sino rústico” y tiene que contar con “una declaración de utilidad pública e interés social”.

Este requisito lo obtuvo en una primera fase, pero cuando se pidió el recrecimiento en 2023 el ayuntamiento mantuvo que “necesitaría otra vez el mismo procedimiento para obtener la licencia”. En este sentido, ha apuntado que la licencia anterior se dio “para que se terminara a la cota a 305 metros” pero que “ahora mismo la instalación está en la cota 325”, 20 más de lo concedido, y ha recordado que las licencias urbanísticas son “competencia municipal”.

“Con lo cual se le denegó la licencia en base a los informes técnicos de Urbanismo, que decían que necesitaba otra vez una declaración de utilidad pública y no presentar solo una solicitud de licencia de obra que es lo que presentaron”, ha explicado.

Lucha por “una tierra limpia y libre”

Por su parte, el actual alcalde, José Luis Lozano, ha subrayado que lucha por “una tierra limpia y libre” y para “no dejar a las generaciones futuras la herencia” que actualmente mantienen en Nerva. Y ha remarcado que alza la voz “por todas las humillaciones” que en el municipio “llevan soportando desde hace más de 30 años” que han supuesto “un auténtico retroceso”.

“Es un auténtico disparate, un desastre social, económico y medioambiental que estamos padeciendo en nuestras carnes y medioambientalmente a 700 metros de nuestras casas, una situación inaudita en una Europa moderna y en la que las administraciones nos dan la espalda y hacen como si allí no sucediese absolutamente nada. Si no sucede nada, que vengan a vivir allí con nuestros hijos y mayores que se ven obligados permanentemente a vivir a 700 metros de los peores residuos que se generan en el mundo”, ha remarcado.

Al respecto, ha manifestado que esta instalación, “que se hizo con la excusa de dar soporte a los residuos que se generaban en Cádiz, Sevilla y Huelva, se ha visto muy superada y entregada al negocio de los residuos, viniendo de todas partes del mundo”. “La fase 1 se ejecutó y hoy se nos pide la autorización para la 2 y para la 3, que ha sido denegada técnicamente por parte del ayuntamiento y hoy la empresa recurre entendiendo que a ellos técnicamente les asiste ese recrecimiento”, ha apostillado.

“Nosotros defendemos que no le corresponde, que no tiene nada que ver con el proyecto primigenio que se presentó, está muy alejado de aquello que se nos presentó hace muchísimos años”, ha enfatizado el alcalde. Y ha añadido que “lo principal es que debe de escucharse no solo judicialmente, sino ejecutivamente, que los ciudadanos de Nerva no queremos esto porque es insostenible que se nos siga machacando y obligando a vivir en esta situación”.

El recrecimiento “duplicaría lo que hay”

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, ha señalado que el hecho de que la empresa ganara y se le otorgara la licencia para elevar los vasos 2 y 3 supondría “un recrecimiento de cinco metros en todo el perímetro y duplica la cantidad que actualmente hay, que está estimado en más de un millón y medio de toneladas de residuos tóxicos en el vaso peligroso”.

“Supondría ampliar a perpetuidad el negocio de los residuos, porque actualmente la empresa trae residuos peligrosos de todos sitios, le da una estabilización”, operación tras la cual “pasan a tener la calificación o la caracterización de no peligroso”. “Pero ahora contemplan una planta de tecnosuelos, utilizar los residuos no peligrosos como materia prima para restaurar suelos degradados y le interesa mantener el vaso de peligroso, convertirlo en residuo supuestamente no peligroso y darle una salida, echándolo por nuestros campos o por los suelos degradados de la minería”, ha detallado.

En este sentido, ha explicado que “se duplicaría el millón y medio que hay y serían más de tres millones, cuatro millones posiblemente”. Esto “condenaría a perpetuidad a Nerva”, porque “ya las instalaciones nunca se cerrarían” porque los residuos “entran y salen” con la planta de tecnosuelos, ha remarcado.

Base legal para no dar licencia

De otro lado, ha señalado que por el decreto 646 de 2020, los vertederos “tienen que actualizarse al amparo de esta nueva legislación” y que “la empresa, unos días antes, solicitó una suspensión”. Esto conlleva que, a su juicio, “ahora mismo no cuenta con una autorización ambiental integrada que los ampare” y, por lo tanto, “el ayuntamiento tiene ahora mismo una base legal para no conceder la licencia”.

Finalmente, ha pedido a la Justicia que “entre en el fondo” y que “le dé un carpetazo” al vertedero, toda vez que ha lamentado que, además de los problemas de “olores insoportables, nadie ha movido ficha para hacer un estudio epidemiológico, un estudio sanitario”. Este análisis “lo tiene que hacer la administración y lo tiene que pagar la empresa”, para así “conocer los resultados y hablar con objetividad, rigor y no en base a opiniones”.

“No somos el retrete tóxico. Hemos sido muy solidarios, que cierren y que busquen industrias alternativas, que es lo que se merece la Cuenca Minera, pero nada de tecnosuelos, nada de residuos”, ha remarcado Romero.

Adelaida Guerrero nació hace 93 años en una casa menuda y arrinconada del barrio del puerto pesquero de Portmán, en el sureste de la Región de Murcia, y ahora –“desde hace ya tantas décadas que he perdido la cuenta”, matiza– se levanta cada mañana, se asoma a su puerta y observa, con una decepción a la que nunca ha logrado habituarse, el único puerto marítimo sin agua del mundo. Ella tiene, dice, la extraña sensación de estar viviendo en el mismo día desde que la playa y la bahía con la forma de una concha y el sonido de los barcos desaparecieron para siempre, arrastrados por la minería de plomo y zinc que enterró el pueblo entero.

A Portmán le han prometido una y otra vez en los últimos 35 años, con el fin de paliar el declive económico que acarreó ese cierre de la actividad minera de la multinacional Peñarroya, y para revertir uno de los mayores atentados ecológicos de la historia del Mediterráneo, que los 60 millones de toneladas de estériles mineros vertidos directamente al mar entre 1957 y 1990 como si fuera un pozo sin fondo serían limpiados; que el agua salada y el tranquilo oleaje volverían a dignificar el pueblo; que la pesca resurgiría otra vez como la principal manera de ganarse la vida; que se atraería, además, el turismo vacacional y las inversiones inmobiliarias.

Menos de 1.000 vecinos, y bajando

En pleno 2025 no se han cumplido ninguna de esas promesas, y el declive económico, lejos de mitigarse, ha avanzado como una enfermedad letal. Tan solo hubo, en 2016, tras largos años de estudio, una tentativa de proyecto de descontaminación de la bahía que resultó estar plagada de errores y que dejó la playa y el mar inaccesibles e invisibles desde la calle por la construcción de tres balsas de seis metros de altura que no sirvieron para nada. Entonces los vecinos tenían el consuelo de que el Gobierno central estaba trabajando a destajo por hacer realidad la promesa más definitiva de todas: el convenio que firmó en 2006 junto con el Ayuntamiento de La Unión y el Ejecutivo regional para dragar la bahía y generar una línea de costa a 250 metros de distancia de la original. Los estériles mineros colmataron el mar 600 metros hacia dentro.

Al fin se iba a recuperar, pensaron todos, una parte de la identidad que siempre hizo especial al pueblo. Pero aquellos trabajos se detuvieron en 2019 sin demasiadas explicaciones, y comenzó una nueva espera, y otro catálogo de estudios, que culminó el pasado 10 de abril con una decisión definitiva. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) descartó la opción del dragado y propuso, sin vuelta atrás, un sellado de los estériles que ya fue rechazado unánimemente por los habitantes de Portmán en 2005.

Los paseos de Adelaida Guerrero por la ensenada del puerto la sumergen en la costumbre nunca asimilada de mirar y no reconocer. Residir en el pueblo se ha convertido en una tarea difícil. En sus años más prósperos llegaron a ser más de 3.000 vecinos. Ahora quedan menos de mil, y bajando. Los jóvenes se marchan porque no hay trabajo. “¿Por qué otros sitios sí se han descontaminado y Portmán no?”, exclama.

El MITECO apuesta por el sellado

Pero esta pregunta, que resuena con eco en las calles desiertas del barrio, no tiene una respuesta sencilla. El 10 de abril se puso fin, con el anuncio del sellado por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a ese sueño vecinal de recuperar la bahía y revertir el desastre consentido por todas las administraciones que estuvieron al mando durante la explotación minera: primero, la franquista; después, la democrática. La decisión de enterrar los estériles cuenta con el amparo de un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). “Aquí hay una mano negra que no tiene interés en que este pueblo vaya para arriba. Al contrario. No hacen más que echarnos a pique. Nos dejan años esperando, sin soluciones, y les damos igual. Yo ya no tengo esperanza”, reitera Adelaida Guerrero, resignada, vestida con un tocado negro de luto. Su marido murió hace 27 años arrastrando las secuelas de un accidente laboral en la mina.

En su casa conserva, enmarcada en el gotelé, una panorámica en blanco y negro de la bahía. En Portmán todo el mundo tiene una foto parecida. Es como esos iconos de santos y mártires antiguos que decoraban antes las casas. Se ven buques de vapor, barcas pesqueras y un humo denso escapando de las chimeneas del principal responsable del problema: el lavadero Roberto. Cuando ella era joven los camiones ya revolvían la tierra inagotable de la sierra y los carros del ferrocarril llegaban solos y como suspendidos en el aire a esa ciudad industrial que extraía el mineral y expulsaba al mar 7.000 toneladas de desechos diarias. Ahora el lavadero es una ruina de ventanales rotos, metales oxidados y techos caídos que nadie se atreve a visitar por miedo a que ocurra la desgracia del derrumbe.

En casi cualquier punto, sea cerca o lejos de la casa de Adelaida Guerrero, el pueblo trata de escapar de una contrarreloj hacia el olvido, con viviendas que se vinieron abajo hace años y muros de hormigón con pintadas de ‘se vende’ muy leves, como asumiendo de antemano que no habrá ninguna llamada. La determinación del MITECO, recalcan fuentes consultadas del Ministerio, ha sido tomada, además de por la imposibilidad técnica de realizar el dragado de la bahía, para no dar lugar a más proyectos fallidos. En las casas que sí están habitadas los portmaneros gritan y escriben y reclaman que el Gobierno está rompiendo el compromiso que adquirió con ellos en 2006.

“Nos sentimos ciudadanos de tercera”

El presidente de la Liga de Vecinos de Portmán, Daniel Portero, explica que ahora, después de décadas de trabajo y espejismos de avances, se ha vuelto al punto de partida, y narra, porque él la vivió en primera persona, aquella mítica manifestación del año 2005 en la que cientos de vecinos conformaron sobre la arena negra de la playa una pancarta humana: “No al sellado”. En esa época, prosigue, el Ministerio había tomado la misma decisión que ahora.

“Pero conseguimos, gracias a nuestra presión, que –el Gobierno– diera marcha atrás y firmara el convenio para recuperar la playa y el espejo de agua que tuvimos toda la vida. Sabemos que el problema de Portmán es único, y entendemos que es difícil extraer los residuos. Pero no aceptamos el sellado como solución. No queremos más engaños. Llevan 35 años haciéndolo. Queremos que se invierta el dinero que haga falta, que se implemente la tecnología necesaria para que no sigamos pisando veneno”.

Daniel Portero recalca un agravio comparativo: que el Ejecutivo apuesta por la opción del confinamiento de los estériles porque pretende evitar una elevada inversión económica en la bahía tanto tiempo después. Las fuentes del MITECO preguntadas al respecto subrayan que el coste del nuevo proyecto “no será menor a 50 millones de euros”.

“Por qué ahora dicen de sellar cuando llevan prometiéndonos tanto tiempo que se va a hacer un dragado. Por qué se empezó ese dragado en 2016. Por qué se cambia de opinión sin importar cómo nos sentimos”, cuestiona Portero. “Es un tema de dinero. Todos los desastres ecológicos de España se han solucionado invirtiendo mucho en ellos, como el Prestige o Aznalcóllar. Pero, al parecer, este no lo merece. Nos sentimos ciudadanos de tercera. Exigimos respeto por los vecinos que han luchado por la descontaminación de Portmán y ya no la van a ver”.

La protesta política y la especulación inmobiliaria

Los científicos contactados por elDiario.es para este reportaje sostienen que en la bahía de Portmán hay tal cantidad de restos mineros contaminantes que dragarlos supondría un riesgo elevado y del todo incomprensible. La intención del Ministerio es que “la solución definitiva esté plenamente perfilada antes de verano y que los trabajos se liciten para que puedan arrancar en 2026”. Ahora hay un plazo de un mes para que las partes implicadas presenten propuestas.

En cuanto Hugo Morán hizo públicas las intenciones del MITECO, la protesta de las administraciones locales fue inmediata: una confrontación política que ahora resuena a todo volumen en el pueblo con un estruendo de megáfonos. “No al sellado. Sí a la regeneración. Vecino, vecina, te necesitamos”. Una furgoneta pagada por el Ayuntamiento vaticina grandes concentraciones de rechazo a la iniciativa del Ejecutivo. La primera de todas se celebró el pasado domingo 27 de abril. Estuvo comandada por el alcalde, Joaquín Zapata (PP), por la Consejería de Fomento de la Región de Murcia y por Vox y su presidente autonómico, José Ángel Antelo. 

La reivindicación obedece a razones financieras. El Ayuntamiento busca la descontaminación completa de los terrenos porque prevé el uso turístico de la zona. No es ningún secreto la intención empresarial de construir urbanizaciones de veraneo, como las que se anuncian en un cartel utópico que aún sorprende junto a las ruinas del lavadero. Si la bahía se sella, el suelo no podría convertirse en urbanizable. 

El primer edil Zapata recibe a este periódico en su despacho y asegura que la decisión del MITECO es “inaceptable” y que condena “la creación de un motor económico en el municipio”. El PP municipal pretende comparecer incluso ante el Parlamento Europeo para explicar la “atrocidad que quiere hacer el Gobierno”. Fuentes consultadas de la Consejería de Fomento regional se oponen, de la misma forma, “rotundamente” al sellado. Ambas administraciones apelan a ese acuerdo “histórico” de 2006.

Dragar liberaría contaminantes

Para saber bien cuál es la mejor solución, si el sellado o el dragado, resulta útil escuchar al catedrático de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, Miquel Canals, que ha estudiado a fondo el problema de Portmán durante años.

“Hay que tener presente”, explica, “que el depósito de residuos mineros de la bahía está fijo y ocupa un espacio concreto y concentrado. En otros casos de contaminación, como el Prestige o Aznalcóllar, los contaminantes se estaban expandiendo, y la cantidad de residuos era mucho menor. Que esté fijo abona la opción de plantear un sellado”.

A partir de esa premisa, Miquel Canals opina que las alternativas de dragado son “excesivamente agresivas”. “Extraer residuos daría lugar a una generación de nubes de material en suspensión cargadas de metales pesados que se expandirían por un área mucho más extensa. Luego habría que secar los estériles para alojarlos en una corta, y ese secado ocasionaría flujos ácidos que se infiltrarían en el terreno. Recuperar algo similar al estado inicial de la bahía no es del todo realista. Hay que pensar en cómo se puede regenerar minimizando los riesgos ambientales”.

El catedrático añade que los contaminantes, que ahora permanecen relativamente estabilizados a nivel subacuático, se liberarían sin control al dragar. Sería algo parecido a abrir un sarcófago de plomo, zinc, cadmio, mercurio o arsénico. El edafólogo José Matías Peñas profundiza en la idea: “Se trata de cambios en la especiación química de los residuos cuando entran en contacto con el oleaje. Eso los haría más solubles y tóxicos”.

El informe del CEDEX que sirvió de apoyo consultivo al MITECO plantea un “dragado mínimo”, de menos de un 0,3% del total de residuos –unas 150.000 toneladas–, sin que retroceda la actual línea de costa, y recomienda un “recubrimiento” del resto de materiales contaminados para evitar que lleguen a pie de playa o se sigan esparciendo por el mar.

Pero, ¿qué es en realidad sellar?

Ante estos condicionantes surge una pregunta: ¿En qué consistiría ese “recubrimiento”? “Sellar no es tapar residuos y ya está”, explica José Matías Peñas. “Es estabilizar el terreno y cubrirlo con capas impermeabilizantes; generar un perfil de playa que permita el baño y las actividades recreativas, con arenas limpias; promover en la zona sellada usos deportivos, campos de golf, chiringuitos, estaciones balnearias o lagunas. Es cumplir con la normativa de residuos. Es aislar los materiales y evitar que sigan contaminando. Dragar de forma masiva implicaría ir contra todas las leyes ambientales”.

“Con el sellado nos podemos quedar razonablemente tranquilos, porque la posibilidad de que haya escapes de metales pesados hacia el agua marina, como sucede ahora y lleva sucediendo años, se va a disminuir en un grado muy elevado”, detalla Miquel Canals.

El experto saca a la palestra otra cuestión, también importante, que no contemplaría el dragado masivo de la bahía: el “ecosistema submarino”. “En torno al 90% de los estériles mineros está bajo el agua y eso hace que la vida en el fondo sea inexistente. La capa superior contará con elementos como arenas, gravas o rocas para favorecer la recuperación de organismos, especies animales y praderas de posidonias”.

Errores pasados y muy visibles

Entre la pugna política de las administraciones locales y la realidad científica con la que trabaja ahora el MITECO, los errores cometidos por el Ejecutivo en la recuperación de la bahía saltan a la vista en cualquier costado de la localidad. Aquel proyecto fallido de 2016 que se paralizó en 2019 –y obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2011 firmada por Teresa Ribera–, terminó por hundir la poca moral que les quedaba a los vecinos. En la playa del Lastre, un cartel blanco escrito con mayúsculas rojas deslumbra a quienes ya se tumban al calor de finales de abril. “11/04/2019. Se paralizó la limpieza y el dragado de la bahía. Después de 29 años esperando. Hasta cuándo”. Las fechas se quedan grabadas a fuego en Portmán.

Ese intento de descontaminación buscaba cumplir con el convenio de 2006 y retrasar la línea de costa hasta los 250 metros, pero resultó ser “una chapuza inviable”, a juicio de José Matías Peñas, en la que se invirtieron cerca de 33 millones de euros.

Únicamente se construyeron las infraestructuras. Josefina Marín pasa su día a día frente a las consecuencias directas de la paralización de los trabajos. A unos pocos pasos de su casa, que hace poco más de medio siglo estaba en primera línea de playa, ahora se perfila la valla kilométrica que protege la nada absoluta: las balsas de secado altísimas, la cinta transportadora que pretendía llevar los residuos, una vez secos, a los intersticios de la sierra, la escollera que provoca cada año la desaparición de la línea de playa.

Cuando sale a su puerta no puede ni ver el mar. “Este desastre”, señala, “nos terminó por fastidiar del todo”. “La obra nos quitó nuestras vistas. El acceso al Mediterráneo. La brisa. Nos han ido matando la esperanza. Dentro de un tiempo, si al final se sella, nadie hablará del dolor que nos produce que la bahía no se vaya a recuperar”.

Entre toda la sinfonía de dilaciones y sueños frustrados hay tan solo una promesa, la más simple de todas, que sí llegó a materializarse. Josefina Marín abre la portezuela de un armario en el comedor de su casa. Afuera intimida siempre la envergadura de la cinta transportadora, la valla como un muro o como la frontera de un país confinado. Agarra de dentro del armario un frasco de cristal. “Nos prometieron que nos lo darían el día en que dejasen de tirar mierda al mar. Lo hicieron, supongo, para que nunca se nos olvidara este crimen. Pero cómo se nos iba a olvidar”.

Dentro del frasco están contenidos los mismos lodos que durante 33 años sepultaron para siempre la bahía. En la parte frontal hay pegada una etiqueta que se desharía entre los dedos con solo moverla. La tinta de las palabras impresas aún resiste a la humedad. “31 de marzo 1990. Fin de los vertidos en Portmán”.

Volvemos a escuchar un episodio que es una historia de décadas de codicia y corrupción empresarial. Hablamos de un compuesto químico conocido como PFAS, del que existen miles de variantes, que se usa para fabricar multitud de objetos de consumo que tenemos a nuestro alrededor: de cajas de pizzas a sartenes antiadherentes o abrigos impermeables. Desde hace décadas, existen evidencias médicas de que su acumulación en el organismo provoca enfermedades, algunas muy graves. 

Hablamos con Ana Tudela y Antonio Delgado, fundadores del proyecto periodístico Datadista, que han investigado junto a otros medios internacionales las estrategias que durante décadas han desplegado las industrias químicas para esconder las evidencias clínicas de la toxicidad de estos compuestos y evitar su prohibición. Con Argelia Castaño, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, y hasta hace poco presidenta de la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana, hablamos del estudio científico que va a medir la cantidad de este compuesto químico que ya ha llegado al agua del grifo de los hogares.

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 3 de febrero de 2025 ***

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“El arrastre de partículas de alto contenido metálico originadas en el vertedero de Los Blancos supone una contribución continua tanto a la contaminación de los terrenos agrícolas por los que discurren las aguas de escorrentía, así como al lecho de la rambla de Ponce y, finalmente, a los sedimentos marinos del Mar Menor”. Son las conclusiones del informe pericial aportado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena como parte de la causa abierta contra las mercantiles Portmán Golf y Tragsa por un presunto delito contra el medio ambiente tras el sellado del vertedero minero de Los Blancos, en la diputación cartagenera de Llano del Beal. 

El escrito firmado por la UCOMA, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, evidencia que el depósito de Los Blancos, que fue autorizado como vertedero de “estériles mineros inertes” por el Gobierno regional hace más de dos décadas y fue cubierto en 2017 con una tierra vegetal que supera “los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para algunos metales como el cadmio, el zinc y el plomo”, es un foco constante de toxicidad que, en episodios de lluvia, es arrastrada sin remedio hacia los campos de cultivo cercanos y hacia la propia laguna salada.

“Dado su carácter torrencial y su concentración en periodos cortos de tiempo, las precipitaciones ejercen una gran fuerza erosiva sobre el suelo”, recoge el escrito. “La erosión hídrica puede arrastrar materiales contaminantes de tal forma que exista un riesgo sobre el medio natural en un área de hasta cinco kilómetros desde la fuente de escorrentía”, continúa. 

Varios agentes del Seprona tomaron durante varios días, en 2022, muestras representativas de las fincas agrícolas ubicadas debajo del mismo vertedero de Los Blancos. En ellas se ha cultivado, en los últimos años, de manera periódica, y bajo el beneplácito de la Administración murciana, hortaliza con sello ecológico.

Los resultados de los análisis, recopilados ahora en el informe, son demoledores. “Se encontró la superación de los NGR de metales pesados en todos los puntos de muestreo coincidentes con la línea de escorrentía”, afirma la Guardia Civil. Asimismo, el Instituto Armado constata que se están generando “focos de concentración de estos metales en las zonas donde el agua se estanca”. “Estas partículas metálicas son susceptibles de ser arrastradas fácilmente durante episodios de lluvias intensas, con destino final probable el Mar Menor”, incide.

El plomo concentrado en una de las explotaciones agrarias llega hasta los 12.750 miligramos por kilogramo (mg/kg). Otros terrenos de cultivo presentan baremos de 4.700 o 3020 mg/kg del mismo metal. El nivel de referencia de plomo para declarar un suelo contaminado en la Región de Murcia está situado, según un estudio de la propia Comunidad Autónoma basándose en el Real Decreto 09/2005, en 43 mg/kg.

El Seprona ya avisó en 2022

La UCOMA advierte que dichos terrenos no son aptos para actividades agrícolas y señala, además, que consumir productos cultivados ahí podría “comprometer la salud” de las personas y los animales. El documento menciona diferentes afecciones en función de la concentración y la frecuencia de exposición: desde problemas y daños gastrointestinales hasta casos de cáncer.

De forma previa a este informe, en octubre de 2022, un atestado del Seprona remitido al mismo Juzgado ya solicitó que se suspendiera cautelarmente la producción agrícola en tres de esas parcelas próximas al vertedero de Los Blancos, así como cualquier comercialización de los productos plantados y criados en ellas. Dicha suspensión fue revocada meses después, no obstante, por la Audiencia Provincial. Desde el año 2023 el juez investiga, en una pieza separada, si hay un posible delito por parte tanto de las empresas al mando de dichas explotaciones agrícolas como de la propia Comunidad Autónoma, que fue la que concedió la certificación de calidad de la hortaliza que se cultivaba entre contaminantes.

La Guardia Civil considera “necesaria” la “realización de un muestreo tanto de tierra como de vegetales de la zona para determinar la concentración de metales pesados en la misma y poder concretar las afecciones producidas en el medio ambiente y la salud de las personas que hayan estado expuestas a estos episodios de contaminación continua”.

Un foco tóxico desde 2003

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Cartagena trata de esclarecer, con esta investigación, si existe una posible responsabilidad penal no solo en el sellado de los residuos mineros alojados en Los Blancos, que se llevó a cabo con una tierra contaminada y llena de escorias de la fundición del plomo, sino también en el traslado previo de esos residuos mineros a dicho vertedero que tuvo lugar hace ya más de dos décadas.

En el informe, la Guardia Civil admite el papel que juega la actuación administrativa del Gobierno de la Región de Murcia en Los Blancos para que esta situación de contaminación de fincas agrícolas y del Mar Menor se siga produciendo a día de hoy.

La cronología lo pone en evidencia. Tragsa y Gestalia, una filial de Portmán Golf, la propietaria del vertedero, trasladaron entre 2003 y 2005 los residuos mineros procedentes de la balsa Jenny, un solar que rozaba el casco urbano de la localidad de Llano del Beal, a Los Blancos. El Ejecutivo autonómico fue el promotor del traslado y tuvo la responsabilidad de su supervisión. 

Aquel transporte, que costó a la Comunidad murciana y al Ministerio un total de 6,5 millones de euros, se realizó, según el mismo atestado que el Seprona aportó al Juzgado de la ciudad portuaria en 2022, de manera inadecuada. La división ambiental del Instituto Armado apuntó, concretamente, a los camiones que cargaron los estériles mineros. Estos no iban cubiertos, y la carga fue cayendo sin control a lo largo de la pista que recorrieron hasta recalar en Los Blancos. Los vehículos cubrieron más de un kilómetro de distancia. El Seprona ofreció una cifra exacta: un total de “15.980 toneladas de residuos peligrosos” se dispersaron por los caminos que conectan la balsa Jenny con el vertedero de Los Blancos bajo la responsabilidad de Tragsa y de la Consejería de Medio Ambiente. Actualmente, esos mismos residuos siguen llegando al Mar Menor y a las fincas agrícolas cada vez que llueve. Contaminan, sin que más de 20 años después se haya puesto remedio, las ramblas, los suelos, el acuífero y la propia laguna.

Fue la Comunidad Autónoma la que dio el visto bueno, en su momento, a depositar los residuos mineros procedentes de la balsa Jenny en Los Blancos. Durante más de una década, aquellos estériles depositados en el vertedero estuvieron sin sellar, a merced del aire y el agua de lluvia. La UCOMA subraya en su prueba pericial que el Gobierno murciano declaró dichos residuos “como residuos mineros inertes”, a pesar, inciden, “de que reunían los criterios para ser clasificados como peligrosos”. 

Ese matiz en la clasificación del material acabó siendo clave no solo en la tardanza del sellado, sino en la manera en que este se llevó a cabo. Cuando Portmán Golf, la dueña de Los Blancos, lo acometió en 2017, lo hizo de manera deficiente. Además de verter en la cubierta vegetal una tierra contaminada, llevó a cabo “una impermeabilización”, asegura la Guardia Civil, “desprovista de revestimiento artificial con lámina impermeable, constando únicamente de materiales procesados o compactados”. Si se hubiera tratado de residuos peligrosos no habría sido posible hacerlo así y se habría sellado mucho antes.

Esta redacción ha preguntado a fuentes de la Consejería de Medio Ambiente por la situación actual de Los Blancos, por la presunta responsabilidad administrativa del Ejecutivo autonómico en la contaminación del vertedero al Mar Menor y a las fincas agrícolas colindantes, por el traslado inadecuado de los residuos mineros a dicho vertedero que tuvo lugar entre 2003 y 2005 y su posterior no clasificación como residuos peligrosos. En ningún caso ha obtenido respuesta.

Los Blancos y El Lirio

El envío por parte de la UCOMA de este informe pericial al Juzgado de Cartagena coincide con el sellado, en 2024 y también con tierra contaminada por metales pesados, del depósito minero de El Lirio que este periódico desveló el pasado 11 de febrero.

Una denuncia de Ecologistas en Acción depositada el pasado jueves en dependencias judiciales contra el Gobierno regional y la Consejería de Medio Ambiente murciana relaciona las tierras vertidas en El Lirio con las que se utilizaron en 2017 en el sellado de Los Blancos.

“El análisis comparativo entre los antecedentes del sellado del vertedero Los Blancos y la noticia sobre la restauración de El Lirio”, reza el texto de la demanda, “demuestra una clara relación entre los materiales empleados en ambas capas de sellado”. “En los dos casos se suponía que debía utilizarse una tierra vegetal de primera calidad para garantizar una correcta restauración ambiental. Sin embargo, las investigaciones y análisis han evidenciado que, en lugar de tierra vegetal, se empleó material altamente contaminado con metales pesados y residuos industriales”, sostiene la confederación ambientalista.

En El Lirio, la promotora, directora y supervisora de las obras fue la Comunidad Autónoma, y la ejecución estuvo a cargo de Tragsa. Se gastaron 6,2 millones de euros procedentes de las arcas públicas.

Casi 17 años después de que se cerrara para siempre la antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa) en Torreciega, una pequeña pedanía situada a un kilómetro del centro de Cartagena, sus cerca de 600 vecinos siguen viviendo, ininterrumpidamente, junto a los restos intocados y tóxicos de aquella actividad industrial. Basta con asomarse a las ventanas de las casas o con pasear por sus calles y espacios públicos para percibir, demasiado cerca, las balsas de químicos y residuos peligrosos, las montañas artificiales de escorias de la metalurgia del zinc, los acopios y escombros de la demolición de los edificios. 

Tras dos resoluciones judiciales que ordenaron sellar los contaminantes en 2021 y 2024 sin que se llevara finalmente a cabo por parte de la Administración regional, la única competente en la materia, ahora un informe pericial consensuado y revisado por parte de la comunidad científica europea sentencia “un riesgo inaceptable y crítico para la salud de la población” y recomienda, con carácter urgente, su “reubicación inmediata” en “viviendas alejadas de la contaminación”.

El estudio, que ha requerido varios años de trabajo y análisis ‘in situ’ en Torreciega y está firmado por el investigador de la Universidad de Limoges José Matías Peñas, será remitido este lunes al Juzgado de Instrucción nº5 de Cartagena. En el documento, Peñas exige “responsabilidades” al Gobierno regional por permitir “esta grave vulneración del derecho a la salud y a un medio ambiente seguro”, que está provocando, afirma, una “exposición crónica” de las personas, adultos y niños, a “metales pesados y metaloides presentes en el polvo ambiental” que se encuentra en cualquier rincón, por pequeño que sea, del pueblo.

No hay calle ni casa de la pedanía cartagenera que no presente altos niveles de un polvo negruzco abarrotado de contaminantes que se acumula de manera casi invisible y que, según el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es de la Región de Murcia, puede penetrar en el organismo de los residentes por vía “dérmica”, en contacto directo con la piel; “inhalatoria”, mediante la respiración de las partículas en suspensión, y a través, también, de la “ingestión”. 

Los metales pesados que se internan en el cuerpo y corren acto seguido por la sangre provocan una “bioacumulación” en “tejidos críticos como el hígado, los riñones, los huesos y el sistema nervioso central”. Existe, por tanto, según se extrae de las conclusiones del estudio, una posibilidad “peligrosamente alta”, y muy por encima de los umbrales mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por diversos organismos estatales, de padecer “enfermedades degenerativas, disfunciones renales, trastornos cardiovasculares y cáncer”.

Más metales pesados que en cualquier otra ciudad

Quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad y peligro en la pedanía, recalca el documento redactado por Peñas, es la población infantil. “La exposición al polvo compuesto por residuos peligrosos derivados de la metalurgia del zinc”, y teniendo en cuenta sus “factores fisiológicos, sistemas de detoxificación inmaduros y un sistema inmunológico y nervioso en pleno desarrollo”, detalla, “los hacen -a los niños- particularmente sensibles a los efectos neurotóxicos y genotóxicos” de metales pesados como el plomo, el arsénico y el cadmio, que se encuentran todos en abundancia en Torreciega.

El solar abandonado de la fábrica de Zinsa está repleto de montañas de escorias de la manipulación del zinc abandonadas durante años a la intemperie y de balsas y vertederos de residuos peligrosos sin sellar. Los contaminantes llegan cada día al pueblo por la acción del viento predominante del norte y noreste, y terminan depositándose en viviendas, parques y cualquier espacio público. Lo cotidiano, lo tranquilo, lo de toda la vida, se ha tornado en la localidad en un peligro inadvertido. Se trata, ahonda el estudio, “de un contacto ininterrumpido los 365 días del año”.

Los residuos de la antigua industria se extienden a lo largo de un terreno que ocupa más de 76.000 metros cuadrados. José Matías Peñas fue poco a poco, durante meses, cogiendo muestras de polvo de las vías urbanas y del interior y exterior de las casas. Analizó sus cantidades exactas y calculó las dosis diarias de ingesta, inhalación y contacto correspondientes a la población infantil y adulta.

No hay metal pesado que no se encuentre en cada resquicio de Torreciega. Los nombres se suceden uno a uno durante el transcurso del estudio, que contiene más de cien páginas de datos, cálculos, gráficos, mapas y demoledoras conclusiones. Plomo, zinc, cadmio, arsénico, manganeso, cobre, boro, cromo, cobalto, molibdeno, antimonio, estroncio, uranio. 

Los valores de muchos de los metales pesados superan con creces los niveles de referencia seguros establecidos genéricamente para zonas habitadas, y también los datos existentes en otras poblaciones cercanas. Así, según el estudio, las concentraciones de plomo en Torreciega alcanzan un promedio de 1.435,39 miligramos por kilo (mg/kg), siendo estas, resalta José Matías Peñas, “16,89 veces superiores a los valores de Cartagena”. En el caso del zinc, que tiene una concentración promedio de 20.352,39 mg/kg, los resultados son “140,36 veces superiores” a los de la ciudad portuaria. El cobre, por su parte, presenta guarismos en Torreciega “26,04 veces superiores” a los de Cartagena. El cadmio, que aparece en 327,19 mg/kg de polvo en las calles y casas de la pedanía, incrementa en más de 200 veces el nivel de la ciudad murciana.

En el colegio de Torreciega, los niveles analizados por el investigador son incluso más alarmantes. El plomo y el zinc “son hasta 25,63 y 150,76 veces superiores, respectivamente, a la media de los colegios de Murcia -capital-”. Se trata de “un riesgo directo e inaceptable para la población infantil”, y, en mayor perspectiva, de “una amenaza crítica para la salud pública”. El informe pericial subraya que es “imperativo tomar acciones inmediatas”, como “el sellado” de las balsas y “la remediación del entorno”, para “proteger a la población de un peligro continuo”.

El cáncer, la mayor amenaza

Una evidencia sanitaria sale a la palestra en los resultados cosechados por el estudio del investigador de la Universidad de Limoges. “Todo el espacio urbano de Torreciega es un foco de material particulado extremadamente contaminado”, asevera con rotundidad. 

“La falta de sellado y las medidas inadecuadas de contención”, situaciones ambas provocadas bajo la responsabilidad del Gobierno regional, que tiene las competencias en recuperación de suelos contaminados y lleva enredado más de una década en disputas legales con la mercantil propietaria de los terrenos, Cartagena Parque S.A., del magnate inmobiliario cartagenero Tomás Olivo, “han perpetuado”, prosigue el documento, “la dispersión prolongada y significativa” de los tóxicos.

La salud de las personas que viven en Torreciega está amenazada. Cada vez queda menos tiempo para actuar. Ya ha habido consecuencias devastadoras para muchas de ellas. En la población infantil, la acumulación de metales como el arsénico, el cadmio y el plomo tiene “efectos adversos en el desarrollo cognitivo”. El riesgo estimado de los niños de la localidad de padecer casos de cáncer representa, según los datos arrojados por el informe de Peñas, “487 casos adicionales” de la enfermedad “por cada 100.000 niños expuestos”. Con respecto a la población adulta, ese riesgo total estimado es de “50,7 casos adicionales” por el mismo número de residentes. Ambas cifras se encuentran considerablemente alejadas del umbral máximo tolerable, de un solo caso por cada 100.000 habitantes, fijado por el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central en el año 2007.

“La magnitud del riesgo carcinogénico supera con creces cualquier límite, consolidando una emergencia sanitaria sin precedentes. La permisividad y negligencia en la gestión de estos residuos tóxicos han derivado en un impacto irreversible, particularmente en niños, cuya exposición temprana multiplica su vulnerabilidad a lo largo de su vida”, sentencia el informe.

“Ante esta crisis inminente, resulta imperativo e inaplazable adoptar medidas urgentes para mitigar el daño, prevenir una catástrofe sanitaria mayor y exigir responsabilidades a las autoridades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que han permitido esta grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a un medio ambiente seguro”, incide a continuación.

“Estamos abandonados por las autoridades regionales”

Teniendo en cuenta todas las variables y los datos y las conclusiones obtenidas en el estudio, el investigador José Matías Peñas recomienda, como medidas “para la protección” de las personas “residentes en Torreciega”, su “reubicación inmediata en viviendas alejadas del foco de contaminación”.

“En caso de que la reubicación no sea viable”, prosigue el texto, “se deberán implementar medidas estrictas de contención y mitigación del riesgo”: la “divulgación de información clara y accesible de los peligros que implica la permanencia de las personas en un entorno altamente contaminado”; “el cierre y precintado de los espacios públicos contaminados”, “la prohibición de métodos de limpieza que suspendan el polvo tóxico”, la “restricción del tráfico rodado en los viales contaminados”; “el aislamiento estructural de las viviendas para reducir la infiltración de polvo”; y “el seguimiento médico continuo de la población expuesta y apoyo psicológico a los afectados”.

El informe ha calado hondo en los vecinos de la localidad nada más conocer sus conclusiones. Uno de ellos, Pedro Gálvez, que participó en un reportaje publicado por este periódico en abril de 2024 donde se hizo hincapié en las consecuencias sociales de vivir tanto tiempo junto a los residuos contaminados de la industria cartagenera, señala ahora, a tenor del informe redactado por Peñas, que este da cuenta “de la realidad espantosa” de la pedanía. 

“Es una barbaridad que estemos abandonados por las autoridades regionales y municipales, que no se haya tomado ni una sola medida en tantos años. Como vecinos, nos encontramos indefensos. Hay negocios, personas que viven toda la vida aquí, niños, y estamos envenenándonos. Nadie hace nada. Se siguen limpiando las calles con sopladoras que nos meten la mierda en casa. Llevamos década y media denunciando el abandono de los contaminantes sobre el terreno de la fábrica, y nadie se ha preocupado por nosotros”, evidencia Gálvez.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente consultadas por esta redacción ponen el foco en un estudio general encargado por la propia Administración autonómica “de concentración de metales pesados en el aire ambiente de entornos poblacionales influenciados por actividades de minería”, en el que se concluyó, tras analizar “dos puntos cercanos a Torreciega”, que no se producía “superación de los valores límite” de “plomo, arsénico, cadmio y níquel”. Asimismo, las mismas fuentes recalcan que se está procediendo actualmente “al vaciado de depósitos con residuos”, y que “en las próximas semanas” se exigirán “nuevas actuaciones para continuar con la descontaminación”, sin entrar en más detalles.

A lo largo de ese reportaje publicado el pasado abril, elDiario.es de la Región realizó visitas a Torreciega y recabó testimonios de varios vecinos de la localidad, que contaban cómo el cáncer había destrozado sus vidas o las vidas de algunos miembros de su familia. Úrsula Marín relató que los vecinos, cuando la fábrica de Zinsa funcionaba a pleno rendimiento y convivían entre nubes negras de tóxicos y un polvo negruzco y pesado imposible de limpiar, soportaban la situación “porque no había dinero” para ir a vivir “a otro sitio”. “Si hubiésemos podido irnos, lo habríamos hecho. Mi marido murió hace 13 años de cáncer de pulmón. A mí me tuvieron que operar de uno de pecho. A otros vecinos también se los llevó por delante”, contaba Marín mientras desayunaba en el bar de la asociación de vecinos.

Torreciega está construida en torno a una estrecha carretera que conecta la pedanía con Cartagena, junto a un puente elevado que sortea la antigua vía del tren. La fábrica de Española del Zinc, el daño que hizo y que todavía sigue haciendo sin que las autoridades hayan puesto remedio, permanece inalterable en la memoria de todos sus habitantes. Y les duele. Pedro Gálvez acompañó a esta redacción en un paseo por las calles del pueblo. Algunos vecinos estaban limpiando las ventanas y los aleros de sus casas. Pegadas a ellas, a apenas veinte metros, tras una tapia de hormigón, se encuentran siempre las montañas de escombros y metales pesados, las balsas y los vertederos de residuos peligrosos. Antonio Romero repasaba los cristales y las rejas de su vivienda con un trapo manchado de color negro. “Hay que limpiar siempre, sin falta. Lo mismo sucede dentro, con los muebles. Es una suciedad como incolora, pero que cuando se acumula se vuelve negra”, dijo. Toda esa suciedad penetra también en el cuerpo de los habitantes sin que se percaten.

El límite urbano de la pedanía lo marca el inicio de una tierra inhóspita en la que nunca hay nadie: un solar devastado por una multiplicación de balsas tóxicas con colores intensos de químicos en descomposición, un desierto contaminado y olvidado desde hace casi 17 años. El informe pericial suscrito por José Matías Peñas arroja ahora una nueva esperanza. Y pone el foco en lo verdaderamente importante: la salud de las personas. El titular del juzgado de la ciudad portuaria, Ignacio Munitiz, será el encargado de dar los próximos pasos.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), un órgano que atiende denuncias de ciudadanos ante las instituciones europeas, ha solicitado a la Comisión Europea que “lleve a cabo una investigación preliminar” al Gobierno andaluz por autorizar una balsa de residuos tóxicos próxima al municipio de Cortegana (Huelva).

El pasado 28 de agosto, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente firmó la autorización ambiental unificada para la construcción de un depósito de desechos mineros, a cargo de la empresa Sandfire-MATSA, con una capacidad para 15 millones de metros cúbicos. En diciembre, el departamento de Industria también dio su visto bueno al proyecto. La ubicación elegida está a unos 500 metros de las casas de Valdelamusa, una pedanía de Cortegana, que enseguida empezó a movilizarse en contra.

En diciembre, la asociación Valdemusa Viva recogió 5.000 firmas de rechazo al proyecto de vecinos del entorno -El Cerro de Andévalo, La Zarza, Calañas y La Mora- y las presentó ante la Diputación de Huelva y la sede de la Junta de Andalucía en esta provincia, ambas instituciones gobernadas por el PP.

En paralelo, la misma asociación elevó una denuncia ante el Parlamento Europeo, alegando que la empresa responsable del proyecto prevé almacenar residuos de metales pesados que “exceden de los niveles de referencia permitidos por motivos de salud, como plomo, arsénico o talio, con riesgo para la población y con un impacto permanente sobre las aguas, las tierras y el aire”.

La Comisión de Peticiones es una suerte de ventanilla de atención al ciudadano europeo que ahora está presidida por el polaco Bogdan Rzonca, del partido conservador, y por la eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, vicepresidenta de la institución. En una carta de respuesta a la denuncia de los vecinos de Valdelamusa, a la que ha tenido acceso este periódico, Bogdan confirma que ha requerido a Bruselas la apertura de una investigación, además de remitir el asunto a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del propio Parlamento Europeo.

Fuentes comunitarias confirman a este periódico que la Comisión Europea “tiene la obligación” de abrir una investigación, a requerimiento del órgano de Peticiones, para “evaluar si hay un posible quebranto de la legislación europea”. Si Bruselas confirma este extremo, el siguiente paso será remitir un requerimiento de documentación al Estado miembro -España- para profundizar en la investigación. En caso de no encontrar elementos suficientes, daría carpetazo al asunto. La Comisión Europea no tiene un plazo estipulado para responder, advierten las citadas fuentes.

Desde la Consejería de Medio Ambiente aseguran no haber recibido aún ninguna notificación con la inminente apertura de una investigación por parte de las autoridades europeas.

Dos directivas europeas: agua contaminada y residuos tóxicos

El escrito en el que se admite la denuncia contra la balsa minera ya anticipa hacia dónde puede discurrir la investigación, al hacer mención de dos directivas marco de la Comisión Europea: una sobre contaminación del agua y otra sobre la gestión de residuos. La balsa de tóxicos de Cortegana, según los demandantes, puede afectar al dominio público hidráulico en dos arroyos que están en una zona de especial protección ambiental.

Las directivas a las que alude la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recuerdan que los Estados miembros deben “reducir progresivamente la contaminación” de sus aguas naturales, les exige “garantizar”, en el caso de las aguas superficiales, que “se alcance el estado ecológico y químico más elevado posible, dados los impactos que no podrían haberse evitado razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o la contaminación”. La segunda directiva, más taxativa, “protege el agua de los residuos tóxicos, que clasifica como ”peligrosos“.

La capacidad del depósito de residuos que ha autorizado el Gobierno de Juan Manuel Moreno en la localidad de Cortegana triplica el volumen de desechos que arrojó la famosa balsa de lodos mineros de Aznalcóllar al romperse en 1998, inundando con materiales tóxicos el río Guadiamar (5,5 millones de metros cúbicos), que alimenta el Parque Natural de Doñana. Es un paralelismo que hicieron los vecinos de Valdelamusa en su reclamación ante la Eurocámara.

La asociación demandante se queja de que el Gobierno de Moreno no aceptó ninguna de las alegaciones procedentes de los vecinos ni de las organizaciones ecologistas que también se han opuesto frontalmente al proyecto, y pidieron que la balsa se reubicase “en otro lugar con menos impacto para la población”. La solicitud requería al Parlamento europeo que abriese una investigación y “protegiese a la población contra este proyecto”.

La normativa europea habla de “categoría A” cuando se refiere a desechos tóxicos de esta naturaleza. La balsa que prevé construir la empresa Sandfire-MATSA ocupará 130 hectáreas y para ello se talarán 36.000 pinos en las cercanías de la pedanía onubense de Valdelamusa. Los vecinos ven un alto riesgo en que la construcción “se ubique encima de un pantano de rescate que suministra agua a poblaciones del entorno y que llega al río Odiel”.

La balsa, “fundamental” para el futuro de la mina

En agosto, la Junta de Andalucía informó favorablemente de la modificación de la autorización ambiental unificada otorgada a Matsa para la construcción de una balsa confinada para la gestión de tailings, debido al final de la vida útil del depósito actual. El proyecto contempla el cierre de áreas superficiales a partir de estructuras de contención conformadas por rellenos de material suelto compactado.

Lo que quiere hacer MATSA (Mina de Aguas Teñidas SA) es excavar en medio de un pinar un gran depósito para desechos mineros. Los llamados tailings son los materiales que quedan del proceso de separación de la fracción valiosa (la mena) de la que se desprecia (la ganga).

La construcción de la balsa se prevé en dos fases, incluyendo como estructura de apoyo un dique central que aprovecha una elevación lineal del terreno anteriormente utilizado como pista de aterrizaje de un aeródromo que, según consta, nunca llegó a estar en uso. También se van a construir una serie de infraestructuras necesarias como tuberías de bombeo y línea eléctrica que afectan a los términos municipales Almonaster la Real y El Cerro de Andévalo.

MATSA considera “fundamental” esta infraestructura para ampliar su actividad minera en la provincia de Huelva. Solicitó una primera vez esta autorización en diciembre de 2022, pero no pudo tramitarse porque la empresa no completó la documentación. El 17 de mayo de 2023 se denegó el proyecto por esa causa. El 19 de mayo de 2023, la Junta recibió “nuevamente la solicitud”, como recogen los antecedentes de hecho de la resolución de la Delegación de Medio Ambiente que, en agosto de 2024, autoriza la construcción del almacén de residuos.

En la documentación que la empresa presentó a la Consejería de Medio Ambiente se destaca que “para la continuidad de la operación minera es necesario una instalación donde depositar los estériles, por ello [la balsa de residuos] es una instalación fundamental para la futura vida operativa de la mina”. Los desechos que se acumularán son estériles procedentes de una “fase de flotación” en la que se genera una mezcla de agua y mineral llamada pulpa.

Después son espesados antes de ser depositados en la balsa. Los residuos que se proyecta retener en el depósito tienen “una alta concentración de sulfuros y alto potencial generador de ácidos” así que se los considera como “peligrosos”, según la normativa, indica la documentación de la minera.

La Junta: “Sin un impacto severo o crítico”

La resolución ambiental de la Junta que autoriza el proyecto defiende que la balsa de residuos no generaría “un impacto severo o crítico” sobre los “factores ambientales” de los que enumera: atmósfera, geología, hidrología, vegetación, hábitats, fauna, población, infraestructuras, patrimonio cultural y paisaje. “Todos ellos en su mayoría [se ven] afectados de manera moderada o compatible”, detalla la resolución. Y añade que “la población resulta con un impacto positivo debido a la creación de empleo y actividades económicas en la fase de construcción”.

Sandfire MATSA defiende que la instalación para la gestión de residuos sería construida sobre suelos clasificados como suelo rústico de naturaleza común y, por tanto, “no afectaría a ninguna zona protegida y sería compatible con el planteamiento municipal”.

El delegado territorial en Huelva de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía, Pedro Yórquez Sancha, firmó el 28 de agosto la autorización ambiental para una balsa de 15 millones de m3 de residuos tóxicos en el municipio de Cortegana que planea construir la minera Sandfire-MATSA, empresa en la que trabaja su hermano.

Pedro Yórquez Sancha fue nombrado delegado territorial de la consejería el 7 de septiembre de 2022. De esa manera adquiría la condición de alto cargo de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Para entonces, su hermano llevaba unos diez años desempeñando distintas funciones en la minera MATSA, según su perfil profesional.

El delegado territorial de la Junta rubricó así el visto bueno ambiental para la infraestructura que la empresa denomina “instalación de gestión de tailings”. Lo que quiere hacer en realidad MATSA (Mina de Aguas Teñidas SA) es excavar en medio de un pinar un gran depósito para desechos mineros. Porque eso son los tailings: los materiales que quedan del proceso de separación de la fracción valiosa (la mena) de la que se desprecia (la ganga).

El proyecto prevé un depósito con capacidad para 15 millones de metros cúbicos a unos 700 metros de las casas de Valdelamusa (una barriada de la localidad de Cortegana). Por dimensionar, la balsa de lodos mineros de Aznalcóllar que, al romperse en 1998, inundó de residuos el río Guadiamar que nutre Doñana dejó escapar 5,5 millones de m3 de desechos.

La minera considera que este depósito es crucial para sus planes. En su Proyecto de Diseño ha descrito que “es de destacar la importancia de la construcción de la Instalación de Gestión de Tailings (en lo sucesivo IGT) para el mantenimiento de la actividad minera y el funcionamiento de la planta de tratamiento”.

Y prosigue ligando el futuro de la actividad empresarial a esta balsa: “Para la continuidad de la operación minera es necesario una instalación donde depositar los estériles, por ello la IGT es una instalación fundamental para la futura vida operativa de la mina”, señala el documento presentado a la Administración.

Los desechos que se acumularán son estériles procedentes de una “fase de flotación” en la que se genera una mezcla de agua y mineral llamada pulpa. Después son espesados antes de ser depositados en la balsa. Los residuos que se proyecta retener en el depósito tienen “una alta concentración de sulfuros y alto potencial generador de ácidos” así que se los considera como “peligrosos”, según la normativa, indica la documentación de la minera.

La resolución que autoriza el plan afirma que el proyecto no generaría “un impacto severo o crítico” sobre los “factores ambientales” de los que enumera: atmósfera, geología, hidrología, vegetación, hábitats, fauna, población, infraestructuras, patrimonio cultural y paisaje. “Todos ellos en su mayoría [se ven] afectados de manera moderada o compatible”, detalla la resolución. Y añade que “la población resulta con un impacto positivo debido a la creación de empleo y actividades económicas en la fase de construcción”.

En este sentido, al menos, parte de la población no comparte esa visión benefactora. Vecinos del área cercana al proyecto en Valdelamusa, El Cerro de Andévalo, La Zarza, Calañas y La Mora protestan, sobre todo, contra la ubicación del depósito. Han recogido 4.400 firmas de apoyo y convocado una manifestación para el 17 de noviembre. La objeción principal, apuntan, no es tanto la actividad minera, sino el lugar escogido para excavar la balsa “a escasos metros de las viviendas”, recuerdan.

“No guarda relación con el proyecto”

La Delegación territorial de Medio Ambiente ha contestado a elDiario.es que “desde el punto de vista jurídico” considera que “no hay incompatibilidad”. Y argumenta que el hermano del delegado “no es un alto cargo de la empresa, ni ha presentado él el proyecto y no está en el área de la empresa implicada”.

La ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía establece que estos cargos “están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil”.

La empresa, a su vez, responde que “el proceso de autorización de la AAU se ha realizado conforme a la legislación vigente, por lo que no existe conflicto de intereses ni incompatibilidad en su tramitación administrativa”. También argumentan que “dentro el área facultativa de MATSA, compuesta por una decena de profesionales, el referido trabajador no ha tenido participación alguna en el proyecto de construcción de la instalación de gestión de estériles a la que se refiere la AAU. Sus funciones no guardan relación alguna con dicho proyecto”.

Asesor, concejal, delegado

Pedro Yórquez Sancha empezó su carrera política como asesor del alcalde de Aljaraque (Huelva) del Partido Popular Juan Manuel Orta entre 2003 y 2007, según consta en su currículo alojado en el Ayuntamiento de localidad onubense. A partir de 2007 pasó a ser concejal del PP en el municipio hasta 2022. Llegó a ser segundo teniente de Alcalde. De ahí pasó a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta.

MATSA considera “fundamental” esta infraetructura para ampliar su actividad. Solicitó una primera vez esta autorización en diciembre de 2022, pero no pudo tramitarse porque la empresa no completó la documentación. El 17 de mayo de 2023 se denegó el proyecto por esa causa. El 19 de mayo de 2023, la Junta recibió “nuevamente la solicitud”, como recogen los antecedentes de hecho de la resolución de la Delegación de Medio Ambiente que, en agosto de 2024, autoriza la construcción del almacén de residuos.

Su familiar, ingeniero técnico de minas, aparece actualmente como técnico facultativo y afirma en un correo electrónico remitido a elDiario.es que empezó a trabajar para MATSA en 2012. “Mi contratación fue por méritos propios y no estuvo relacionada con ningún tipo de relación personal o familiar. Tampoco he sido promocionado, ascendido ni se ha incrementado mi salario desde que una persona de mi familia ostenta las responsabilidades públicas que refieren”. “No he tenido ninguna participación ni intervención, de ninguna manera, en el proyecto de instalación de gestión de tailings”, repite.

Según este calendario, ya estaba ligado a la minera MATSA antes de que la australiana Sandfire adquiriera la sociedad en 2021 por 1.500 millones de euros. La empresa había sido hasta entonces propiedad de la multinacional petrolera Trafigura y el fondo soberano de inversión de Emiratos Árabes Unidos Mubadala que entró en la sociedad al comprar a Trafigura el 50% del accionariado en 2015 por unos 400 millones de euros.  

Viscofan, empresa navarra dedicada a la fabricación de envolturas para productos cárnicos, envió a las instalaciones de la empresa Ecofert Sansoian, ubicada en Artajona y que producía fertilizantes y abonos, 597 toneladas de residuos líquidos, según un informe oficial al que ha tenido acceso este periódico. La planta de Ecofert Sansoain, que no tenía autorización para recibir lixiviados, fue clausurada de manera cautelar por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra por recibir más de 20.000 toneladas de este material de manera irregular enviados desde una planta pública de Zubieta (Gipuzkoa) y de otras procedencias, como las empresas Oleofat o la propia Viscofan.

El informe de inspección detalla que Viscofan, que en Navarra tiene instalaciones en Pamplona y Cáseda, envió durante el año 2023 al menos 597 toneladas de un residuo técnicamente catalogado con el código europeo común (LER) 190814 con código de instalación 07, que corresponde a “residuos de procesos químicos orgánicos”. Ecofert Sansoain solamente podría importar lodos de la industria alimentaria y de la transformación de madera. Por ello, el informe de los técnicos de Medio Ambiente califica este envío como “muy relevante” y ordena el “cese inmediato” de la recepción de “cualquier residuo líquido no autorizado”. Además añade que “con posterioridad al informe de inspección (fechado en noviembre de 2023)” Ecofert Sansoain continuó recibiendo estos residuos líquidos procedentes de la empresa Viscofan.

Desde Viscofan reconocen a este periódico que realizaron los envíos de ese residuo y puntualizan que lo llevaban haciendo desde el 2017, fecha en la que firmaron un contrato con Ecofert Sansoain. Añaden que en ese contrato, la empresa productora de fertilizantes les aseguró que sí tenía autorización para recibir los lodos que ellos les iban a enviar. Por el momento desconocen que el Gobierno de Navarra les haya propuesto una sanción por estos envíos, que apuntan cesaron en enero de 2024. Desde entonces los envían a otra empresa.

El informe llega tras una cascada de inspecciones e investigaciones que han implicado a técnicos de Medio Ambiente, Guarderío forestal, Policía Foral y Guardia Civil, y que han constatado que la planta recibió de modo “ilegal” residuos líquidos como si fueran lodos, cuando carece de autorización para sustancias que no sean sólidas o lodos consistentes, procedentes de la empresa Oleofat (13.799 toneladas entre 2022 y 2023) la planta de Zubieta, gestionada por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), dependiente de la Diputación Foral (5.500 toneladas) y Viscofan (597 toneladas). Es más, la Guardia Civil comprobó que había niveles altos de ecotoxicidad en la balsa de residuos de la empresa y que había un trasiego no autorizado de líquidos entre Ecofert Sansoain y otra empresa de los mismos dueños, La Coya.

Por estos hechos, el Gobierno de Navarra, además de clausurar la planta de Ecofert Sansoain en Artajona de manera cautelar, sancionó a esa empresa y a Oleofat con multas económicas que superan los 100.000 euros. También pidió al Ejecutivo vasco que hiciera lo propio con la incineradora dependiente de la Diputación de Gipuzkoa al no poder Navarra sancionar a una empresa residenciada en otra comunidad. Pero el nuevo Gobierno de Imanol Pradales ha decidido no sancionar a Gipuzkoa al considerar que “no existe infracción alguna” en el traslado de 5.500 toneladas de lixiviados.

En paralelo, un juzgado de Donostia tiene abierta desde comienzos de octubre de 2023 una investigación penal en la que hay varios imputados, incluido José Ignacio Asensio, el diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa y responsable del complejo de Zubieta en calidad de presidenta del consorcio público foral GHH. El caso tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía por dos posibles delitos, uno de tipo ambiental y otro de falsedad documental por haber intentado tapar los movimientos de los residuos líquidos cambiando el código LER de los envíos. El ministerio público, eso sí, ha pedido una prórroga del plazo de instrucción hasta abril de 2025 porque la Guardia Civil, que es la Policía judicial en esta causa, no ha entregado aún su informe de conclusiones. Será después cuando comparezcan los investigados, entre ellos el diputado Asensio, que siempre ha defendido con vehemencia que no se ha producido ningún tipo de anomalía, hasta el punto de cargar duramente contra Navarra. También está citada como testigo la directora general de Medio Ambiente de la comunidad foral, Ana Bretaña, que deberá ratificar sus acusaciones.

Los gobiernos navarro y vasco estudiarán en una reunión para la que todavía no han fijado una fecha una posible sanción a Ekondakin, la empresa gestora de las instalaciones públicas del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) en Zubieta, conocidas como CMG-I y que incluyen una incineradora, por el envió irregular de lixiviados a la planta de Ecofert Sansoain en la localidad navarra de Artajona, tal y como le solicitó a sus homólogos del Gobierno vasco el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo navarro, José María Aiedi. Así lo ha confirmado este miércoles Imanol Pradales en una comparecencia en Pamplona tras su primera reunión como lehendakari con la presidenta de Navarra, María Chivite.

Las instalaciones de Artajona no tenían autorización para recibir ese tipo de sustancias, según insiste Medio Ambiente de Navarra, que ya ha ejecutado la clausura de esas instalaciones, pero sin embargo recibió esas y otras 13.799 toneladas de una empresa domiciliada en Vitoria pero con su actividad residenciada en Tudela, Oleofat.

Según ha precisado el lehendakari, “hay una voluntad de mantener una reunión entre los equipos de ambos gobiernos” para analizar el envío de las toneladas de residuos líquidos de Zubieta a Artajona. Una cuestión, que ha reconocido, es “técnicamente vidriosa” y “compleja”.

Y es que el presidente de GHK es el diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, número dos de la Diputación y secretario general del PSE-EE provincial y compañero de partido de María Chivite. Asensio ha negado en todo momento que se hayan producido irregularidades en la gestión de los lixiviados pero, en paralelo, está abierta en un juzgado de Donostia una investigación penal en la que se analiza no solamente el envío a Artajona, sino también si Ekondakin caracterizó como lodos los residuos líquidos para camuflar su envío a Ecofert Sansoain.

El Gobierno de Navarra ya ha clausurado las instalaciones de Ecofert Sansoain en Artajona, pero considera que lo sucedido merece una multa económica. Según han explicado, una comunidad autónoma no puede actuar contra empresas residenciadas en otra, y por ello han pedido al Gobierno vasco que sancione a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ahora, según ha indicado el lehendakari, serán las dos administraciones las que aborden el asunto en una futura reunión.

En paralelo, el Gobierno navarro ya ha anunciado sanciones que superan los 100.000 euros a Ecofert Sansoain así como a la empresa Oleofat, la otra que envió residuos de manera irregular a Artajona, por haber generado un residuo llamado “concentrado de evaporador”, técnicamente catalogado con el código europeo común (LER) 190809 pero que fue enviado a la planta de Ecofert Sansoian de Artajona en camiones cisterna con el código 190814, el equivalente de “lodos” de tratamientos de aguas residuales. 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha emitido un auto con el que impide que la empresa Ecofert Sansoain pueda reabrir temporalmente la planta de residuos situada en Artajona y cerrada por recibir de manera irregular más de 20.000 toneladas de lixiviados (residuos líquidos) enviados desde la incineradora de Zubieta (Gipuzkoa) y la empresa Oleofat de Tudela, así como desde otros proveedores. La empresa buscó en los tribunales una medida cautelarísima que suspendiera el cierre, pero, como cuenta 'Diario de Noticias de Navarra', la Justicia, que no entra a dirimir el fondo de la cuestión, sí deniega la reapertura. Considera, según el mismo periódico, que la medida es “proporcionada a los hechos”.

El cierre llegó tras una cascada de inspecciones e investigaciones que han implicado a técnicos de Medio Ambiente, Guarderío forestal, Policía Foral y Guardia Civil, y que han constatado que la planta recibió de modo “ilegal” residuos líquidos como si fueran lodos, cuando carece de autorización para sustancias que no sean sólidas o lodos consistentes, procedentes de la empresa Oleofat (13.799 toneladas entre 2022 y 2023) y de la incineradora de Zubieta, gestionada por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), dependiente de la Diputación Foral (5.500 toneladas). Es más, la Guardia Civil comprobó que había niveles altos de ecotoxicidad en la balsa de residuos de la empresa y que había un trasiego no autorizado de líquidos entre Ecofert Sansoain y otra empresa de los mismos dueños, La Coya.

Desde el cierre cautelar de Ecofert Sansoain, que se hizo efectivo el primer día de julio, la empresa no puede recibir ni dar salida a nueva mercancía. Parte de la plantilla (conformada en total por 25 empleados entre trabajadores directos e indirectos) fue convocada por la empresa en el primer día de clausura para protestar por el cierre de las instalaciones.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra da más valor a la protección de “los intereses generales atinentes al medio ambiente” que a la de “los intereses económicos” de la empresa que recurre. Recuerda, asimismo, la negativa de la empresa a cumplir con los requerimientos que se le han hecho a lo largo del proceso. Ecofert Sansoain tendrá que seguir buscando la reapertura pero sin poder retomar su producción de fertilizantes.

Parte de la plantilla de Ecofert Sansoain, empresa dedicada a la generación de fertilizantes y compostaje cuyas instalaciones se encuentran en Artajona, ha protestado esta mañana en la puerta de la planta contra el cierre cautelar de las instalaciones decretado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra después de que la compañía haya recibido de manera irregular más de 20.000 toneladas de lixiviados (residuos líquidos) enviados desde la incineradora de Zubieta (Gipuzkoa) y la empresa Oleofat de Tudela, así como desde otros dos proveedores. Acusan al Ejecutivo de María Chivite de “prevaricar” -es decir, de cometer un delito a sabiendas- y lamentan que el cierre cautelar de la planta vaya a provocar la pérdida de todos los puestos de trabajo.

Ecofert Sansoian abrió sus puertas en 2016 como un proyecto de “economía circular” para generar abonos y fertilizantes a partir de los residuos generados por distintas empresas. El Gobierno de Navarra la ha sancionado con multas que superan los 100.000 euros por haber recibido de manera “ilegal” residuos líquidos como si fueran lodos, cuando carece de autorización para sustancias que no sean sólidas o lodos consistentes, procedentes de la empresa Oleofat (13.799 toneladas entre 2022 y 2023) y de la incineradora de Zubieta, gestionada por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), dependiente de la Diputación Foral (5.500 toneladas). La Guardia Civil comprobó que había niveles altos de ecotoxicidad en la balsa de residuos de la empresa y que había un trasiego no autorizado de líquidos entre Ecofert Sansoain y otra empresa de los mismos dueños, La Coya.

Tras el cierre cautelar comunicado a la empresa el viernes, que se ha hecho efectivo este lunes, Ecofert Sansoian no puede recibir ni dar salida a nueva mercancía. A primera hora de la mañana, parte de la plantilla (conformada en total por 25 empleados entre trabajadores directos e indirectos) ha sido convocada por la empresa, para protestar por el cierre de las instalaciones. Además, han anunciado que intentará levantar la decisión administrativa con una resolución judicial cautelarísima (urgentísima) ante una sala de lo contencioso-administrativo del Superior con el fin de suspender el cierre de sus instalaciones.

El dueño de Ecofert Sansoian, Juan Luis Yabar, insiste que su empresa no ha recibido residuos de manera “irregular” y que “en ningún caso” eran líquidos, argumentando que los lodos tienen un porcentaje de líquido “superior al 90%”. Acusan al departamento que dirige José María Aierdi (Geroa Bai), que repetido en numerosas ocasiones ya que se han cometido graves ilícitos, de “prevaricar” con el cierre cautelar de sus instalaciones y lamenta que ya ha sufrido pérdidas superiores a los 600.000 euros que llevarán a la compañía al cierre definitivo.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha firmado y enviado ya a la empresa Ecofert Sansoian la resolución del cierre cautelar de sus instalaciones, situadas en Artajona, por haber recibido de manera irregular más de 20.000 toneladas de lixiviados (residuos líquidos) enviados desde la incineradora de Zubieta (Gipuzkoa) y la empresa Oleofat así como desde otros dos proveedores que no han sido revelados. El cierre se hará efectivo el próximo lunes, día en el que la empresa ha convocado a sus trabajadores a realizar una cadena humana en señal de protesta. La compañía, dedicada a la generación de fertilizantes y compostaje, ha anunciado que intentará levantar la decisión administrativa con una resolución judicial cautelarísima (urgentísima) ante una sala de lo contencioso-administrativo del Superior con el fin de suspender el cierre de sus instalaciones.

La resolución del Gobierno navarro, algo anunciado ya hace meses, llega tras una cascada de inspecciones e investigaciones que han implicado a técnicos de Medio Ambiente, Guarderío forestal, Policía Foral y Guardia Civil, y que han constatado que la planta recibió de modo “ilegal” residuos líquidos como si fueran lodos, cuando carece de autorización para sustancias que no sean sólidas o lodos consistentes, procedentes de la empresa Oleofat (13.799 toneladas entre 2022 y 2023) y de la incineradora de Zubieta, gestionada por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), dependiente de la Diputación Foral (5.500 toneladas). Es más, la Guardia Civil comprobó que había niveles altos de ecotoxicidad en la balsa de residuos de la empresa y que había un trasiego no autorizado de líquidos entre Ecofert Sansoain y otra empresa de los mismos dueños, La Coya.

Además del cierre cautelar de estas instalaciones, el Departamento que dirige José María Aierdi (Geroa Bai) ya ha anunciado sanciones que superan los 100.000 euros a la empresa Oleofat por haber generado un residuo llamado “concentrado de evaporador”, técnicamente catalogado con el código europeo común (LER) 190809 pero que fue enviado a la planta de Ecofert Sansoian de Artajona en camiones cisterna con el código 190814, el equivalente de “lodos” de tratamientos de aguas residuales. 

Este área del Gobierno de la socialista María Chivite también ha solicitado a sus homólogos del Gobierno vasco que abran un “expediente sancionador” a Ekondakin, que es la empresa gestora de las instalaciones públicas del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), por el envío irregular de 5.500 toneladas de residuos líquidos a Ecofert Sansoain. El presidente de GHK es el diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, número dos de la Diputación y secretario general del PSE-EE provincial, que fue denunciado por estos hechos a la Fiscalía. Es un juzgado de Donostia el que investiga la causa, en la que se analiza no solamente el envío a Artajona sino también si Ekondakin caracterizó como lodos los residuos líquidos para camuflar su envío a la planta de Artajona.

“Vivimos junto a terrenos llenos de residuos químicos peligrosos. Pero las administraciones competentes no los descontaminan, porque llevan 24 años detrás de un pelotazo inmobiliario. La salud de los vecinos es lo que menos les importa”. Parado delante de la puerta del Palacio de Justicia de Cartagena, el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación de la ciudad portuaria, Fulgencio Sánchez, expresa su hartazgo ante la presencia inamovible, a apenas un paso de su casa, de los suelos altamente contaminados del páramo de El Hondón, donde se encontraba la antigua fábrica de Potasas y Derivados, cuya actividad industrial cesó en el año 2001.

Sánchez ha acudido este jueves a las dependencias judiciales junto a su abogado y una veintena de vecinos para presentar una denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que se acusa a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de Cartagena de, presuntamente, ser “responsables directos, por inacción, de los riesgos para la salud de los vecinos derivados del retraso en la remediación del terreno de El Hondón” y de supeditar “la integridad física de las personas al aprovechamiento urbanístico futuro del suelo”. 

Detrás de Sánchez, que sostiene la pila de documentos con los pormenores del litigio, los vecinos despliegan una pancarta. Hay en ella fotografías aéreas del solar, con balsas abarrotadas de metales pesados y elementos químicos. Permanecen a la vista de todos, desprotegidas. Algunas se encuentran a muy pocos metros de las primeras viviendas. Muchos de los que sostienen la pancarta viven en esas mismas casas. Primero lo hicieron cuando la antigua fábrica funcionaba a pleno rendimiento y apenas podían respirar ni salir a la calle, porque Cartagena amanecía cada mañana sumida en una gran nube tóxica. Después, cuando pasó el tiempo, todos han visto cómo las tierras, con sustancias potencialmente radiactivas, han permanecido intocadas por las administraciones responsables de su descontaminación. 

La finca de El Hondón, que abarca un desierto de más de 100 hectáreas, sí ha sufrido, sin embargo, modificaciones burocráticas: el Ayuntamiento de la ciudad portuaria fue comprando los terrenos, según recoge la denuncia, a “un precio especialmente ventajoso” con el objetivo de “acomodarlos a usos residenciales”. El Consistorio se hizo con la totalidad del terreno en el año 2018. Pero su primera transacción fue en el mismo 2001, el año del cierre de la fábrica, cuando en conjunción con la Comunidad Autónoma constituyó una sociedad, Podecasa, con la intención única de proyectar la construcción de un residencial.

“A pesar de ostentar la doble condición de Administraciones competentes y de propietarios del emplazamiento de referencia”, señala la denuncia, “estas dos administraciones no han hecho nada durante más de 20 años para remediar la calidad del suelo”.

“En contra” del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear

Dos soluciones posibles se atisban desde hace más de dos décadas para descontaminar los terrenos de El Hondón. Fulgencio Sánchez las expone, leyendo por encima el documento que tiene en la mano. La primera pasa por la retirada absoluta de los más de 700.000 metros cúbicos de residuos que hay en la finca, según los datos arrojados por el técnico en recuperación de suelos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Ángel Faz. La segunda opción consiste en acometer un sellado de los contaminantes y destinar el terreno al uso industrial o a un proceso de renaturalización. La única alternativa viable para declarar un uso urbanizable es la primera. Pero, según recoge la denuncia, la comunidad científica y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) solamente avalan la segunda.

“Quieren hacerlo todo en contra de los científicos y de lo que dice el CSN, porque su única meta es construir casas y ganar dinero. Pero la realidad es que estamos contaminados por los cuatro costados, que respiramos veneno y les da igual”, afirma Fulgencio Sánchez. La denuncia lo corrobora: en ella se recoge que, en el año 2020, la empresa Ercros, antigua propietaria de la fábrica, presentó un proyecto de remediación con una inversión de 5 millones de euros que fue “informado favorablemente por todas las Administraciones sectoriales”. “En especial”, subraya el texto, “por el CSN, la máxima autoridad a efectos de valorar las opciones que mejor garantizan la salud de las personas en materia de protección radiológica”.

Pese a tales pronunciamientos favorables, “los denunciados, desde los cargos públicos que ocupan”, continúa la demanda, “han emitido informes y resoluciones administrativas que desoyen expresamente el criterio vinculante del CSN”.

La Comunidad Autónoma, al hilo de la denuncia, no considera válido el plan de remediación propuesto por Ercros y validado por el máximo organismo estatal en seguridad nuclear, así como por investigadores de la UPCT y de la Universidad de Limoges. La Región de Murcia presentó el pasado 15 de marzo una resolución hacia Ercros que era también un ultimátum: un plazo de tres meses para presentar un proyecto que incluya una descontaminación total. En caso de no hacerlo, la propia Comunidad acometerá los trabajos de retirada con un proyecto propio que no existe y en un tiempo que todavía no está calculado, y pasarán la factura a la empresa como responsable subsidiaria.

“Estas graves actuaciones administrativas de los denunciados (…) constituyen conductas arbitrarias ejecutadas a sabiendas de su injusticia con potencial relevancia penal”, concluye la denuncia. Todo con la meta de “maximizar el aprovechamiento urbanístico” en detrimento “de la salud de las personas”.

“Hay miles de casas planeadas desde hace mucho tiempo en esos terrenos”, prosigue Fulgencio Sánchez, antes de entrar por la puerta de los juzgados y presentar formalmente la demanda. “Pero solo podrían construirse si se lleva a cabo el método desaconsejado por todos los organismos vinculantes. Es un problema de voluntad política y de dinero. No han puesto -en el Gobierno de la Región de Murcia- ni un euro en ningún presupuesto durante estos años para solucionar la contaminación que todos nosotros sufrimos”, sentencia el vecino.

Por su parte, José Manuel Muñoz, el abogado que acompaña a Fulgencio Sánchez, asegura a este periódico que los “órganos administrativos ponen obstáculos de forma injustificable a un proyecto que puede solucionar el problema y que precisa de todas las validaciones”. “El fundamento de la denuncia”, apunta el letrado, “es que entendemos que la administración está prevaricando y actuando por sus propios intereses”. El texto de la denuncia, en concreto, va dirigido al Director General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Juan Antonio Mata Tamboleo, a otros dos altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y a varios técnicos del Ayuntamiento de Cartagena.

“La Región de Murcia y los denunciados priorizan el desarrollo económico de la zona frente a la garantía de la seguridad y la salud de los vecinos de El Hondón y la protección del medio ambiente”, concluye la denuncia.

“El metal entra en el cuerpo y se bioacumula”

elDiario.es ya se puso en contacto el pasado mes de abril con varios científicos encargados, junto con el CSN, de validar el proyecto de Ercros que la Comunidad desdeña. 

El investigador de la Universidad de Limoges, edafólogo y doctor en minería y desarrollo sostenible José Matías Peñas contó que las balsas de residuos abandonadas a la intemperie en El Hondón se dividen en dos tipos: unas son de ceniza de pirita. Otras, de lodos fosfatados. “Las de cenizas de pirita”, contó Peñas a este periódico a tenor de sus investigaciones, “son las que mayor concentración tienen de arsénico, unos 200 miligramos por kilo de terreno”. En ellas, según Peñas, “también hay concentraciones de cromo, cadmio, plomo, zinc y mercurio”. Esas balsas, añadió el investigador, son las que están más pegadas a las primeras calles de Cartagena.

“En las balsas de lodos fosfatados”, continuó, “hay valores elevados de todos esos metales, pero también de uranio, un isótopo que emite radiactividad”. Peñas estableció un veredicto: “Todo supone un riesgo para la salud, porque el metal, que llega a la ciudad convertido en polvo tras la erosión del viento, entra en el cuerpo al respirar y se queda, se bioacumula”.

El técnico Ángel Faz, de la UPCT, afirmó, en el mismo reportaje, que llevar a cabo una retirada de todos esos materiales, como según la denuncia pretenden Comunidad y Ayuntamiento, sería “una verdadera burrada”. “Hemos calculado que se necesitarían en torno a 33.000 camiones con bañeras de 21 metros cúbicos repletas para sacar todos los contaminantes de ahí”, enumeró. Moverlos, también lo advirtió el CSN, supondría un elevar sustancialmente el riesgo para la integridad física de los habitantes de la ciudad portuaria.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia aseguran a este medio que los vecinos “se equivocan al señalar y culpabilizar al Ayuntamiento y la Comunidad porque es Ercros la única responsable de la inacción”. “Después de diferentes requerimientos, la empresa no ha presentado a día de hoy un proyecto de descontaminación que permita recuperar los suelos”, señalan dichas fuentes.

“Tan solo han planteado una propuesta que no cumple con la legislación vigente”, prosiguen, sin entrar en más detalles. “En caso de que -este mes de junio- concluya el plazo dado a la empresa, el Gobierno regional actuará de manera subsidaria. Ercros demuestra que su intención está lejos de recuperar los suelos”, concluyen las fuentes adscritas a Medio Ambiente. Se mueven bajo el principio de quien contamina paga. Pero quien contaminó, aseguran los vecinos, tuvo en todo momento “el visto bueno” de las administraciones que ahora lo exigen.

Este medio ha tratado, además, y en varias ocasiones, de preguntar al Ayuntamiento de Cartagena, propietario de los terrenos, por su versión de una situación que lleva más de dos décadas encallada. En ningún caso ha obtenido respuesta. El páramo de El Hondón que rodea por el norte a la ciudad portuaria es un desierto cruzado por hendiduras artificiales y colores muy llamativos. Amarillos de azufre, verdes de ácidos, blancos de sulfatos y rojos de piritas. No hay nada más. Ni un árbol, ni un animal, ni una persona. “Toda esa contaminación llega cada día a nuestras casas”, sentencia Fulgencio Sánchez, con la denuncia ya depositada en el juzgado.