El refranero está colmado de alusiones a la salud, a cómo la cura depende del dinero que se tiene y a cómo desbarata el bolsillo a quienes enferman. “Cuando el doliente va a la botica, una persona pobre y dos ricas”. Hasta que llegó la Seguridad Social y la sanidad pública universal. O eso creíamos. ¿Está el mejor invento del siglo XX en peligro de extinción o seriamente amenazado? Paradójico que tras frenarse la pandemia universal del Covid en tan poco tiempo gracias a este sistema, al menos en Europa, la sanidad pública se vea cuestionada. Resultaría preocupante que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que supuso durante décadas el mayor garante de la igualdad de oportunidades para la cura de cualquier enfermedad, deje de serlo.  

Varias señales avalan la alarma. No solo la falta de financiación y la fuga de médicos formados en Andalucía. El creciente auge del negocio de las corporaciones privadas en la atención sanitaria en Andalucía es una de ellas. No preocuparía si al entrar en competencia con la pública esta fuera lo suficientemente fuerte y moderna para garantizar esa igualdad de oportunidades. Hasta ahora ha sido así. Hay dudas sobre que lo siga siendo y esas dudas alimentan el empuje de las privadas. Cierto que la presión de estas para hacerse un hueco en las clases medias trabajadoras lleva años sonando con fuerza en Andalucía, aunque el runrún ha subido decibelios con el gobierno de la derecha desde 2019. Quizás porque las citadas corporaciones se sientan en territorio amigo tras el ejemplo de Madrid.

Puede ser una especulación lo del territorio amigo, pero no ayuda mucho a creer lo contrario que, para atajar sus agujeros en las listas de espera en cirugía, el Gobierno de Moreno decida derivar pacientes a clínicas privados con un montante de 120 millones de euros. O aquel globo sonda sobre depositar en la privada la gestión de la atención sanitaria. Tampoco desmiente el cariño por las privadas el que nada más asumir el poder en la Junta deshiciera aquel acuerdo por el que los médicos con dedicación exclusiva cobraran un plus.   

El Gobierno de Juan Manuel Moreno asegura que su defensa de la sanidad pública en Andalucía es incuestionable y esgrime como causas de los boquetes en su gestión del SAS la avalancha de usuarios sesenteros, culpa a los socialistas de la herencia recibida y a la escasa financiación del Ejecutivo central para justificar la falta de médicos, el aumento de listas de espera desproporcionadas en operaciones, citas de especialistas y pruebas diagnósticas, huecos en consultas en atención primaria y pediatría y zonas rurales desasistidas y abandonadas.

El Gobierno de Moreno busca culpables fuera sin base. Clama por falta de personal sanitario para contratar e incluso está dispuesto a pagar más en atención primaria (un acierto un poco tarde), pero choca el lío que tiene con la bolsa única de empleo, con especialidades sin actualizar su baremación desde hace tres años

Como en otras parcelas en crisis, el Gobierno de Moreno busca culpables fuera sin base. Clama por falta de personal sanitario para contratar e incluso está dispuesto a pagar más en atención primaria (un acierto un poco tarde), pero choca el lío que tiene con la bolsa única de empleo, con especialidades sin actualizar su baremación desde hace tres años. Los sindicatos denuncian de forma reiterada que varias promociones de enfermeros y fisioterapeutas han de buscar trabajo fuera por el cierre de la bolsa de trabajo.

Lo de la herencia recibida y las cifras de antaño tampoco justifican la brecha en la gestión de ahora. Salud delata su pésimo hacer cuando dice que se invierte más dinero que en la etapa socialista (14.246 millones de euros en 2024, 4.400 más que en 2018) y cuente con listas de espera de casi dos millones de personas, 50 municipios en la provincia de Córdoba sin pediatra, entre otras carencias denunciadas por la oposición que no se daban en aquella etapa.

También es incongruente apelar a la falta de financiación en un gobierno que hizo gala de rebajar impuestos meses después de hacerse con el poder y sin comprobar primero cómo están las cuentas en la Comunidad. La renuncia a la subasta de fármacos que ahorraba varios cientos de millones de euros a las arcas públicas fue un gesto más que absurdo cuando después acuerda con la patronal farmacéutica reclamar un porcentaje de la venta de genéricos. Una decisión que ha resultado un desastre.

Moreno anunció una remodelación de gobierno para este mes de julio, aprovechando la salida de Carmen Crespo tras su salto al Parlamento europeo. El nombre de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, está en las quinielas de salida. Veremos. Un cambio de titular no es nunca la única solución. Hace falta algo más que nombres nuevos

La falta de financiación no es la causa, sino los errores y la mala gestión. El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha recibido, como otras comunidades, financiación del Ejecutivo de Sánchez para gestionar la etapa Covid. Un dinero destinado a contratar profesionales y también a la mejora de infraestructuras en centros y compra de equipamiento de última tecnología. Algunas de las nuevas consultas están vacías por falta de personal, cuando no casi un centro entero como el antiguo Hospital Militar de Sevilla con el que se dio tanto autobombo el presidente andaluz.

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva inyección a las comunidades autónomas, 172 millones de euros. A la Junta de Moreno le quedarán pocas excusas sobre los boquetes en su gestión sanitaria. La nueva inyección financiera del Gobierno de Pedro Sánchez para la atención primaria deberá servir para mejorar la asistencia en las ciudades y no dejar tiradas a las zonas rurales con menos votos al PP.

Moreno anunció una remodelación de gobierno para este mes de julio, aprovechando la salida de Carmen Crespo tras su salto al Parlamento europeo. El nombre de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, está en las quinielas de salida. Veremos. Un cambio de titular no es nunca la única solución. Hace falta algo más que nombres nuevos. Por ejemplo, un análisis de la realidad en Andalucía, que no es Madrid, y un proyecto claro que compita con la privada, no que la amamante. Y no olvidar nunca que la razón primera de las competencias de una autonomía como la andaluza es la gestión de la salud de sus 8,5 millones de habitantes. Puede que las encuestas aún no detecten malestar ciudadano, pero lo harán de seguir así.

La Junta de Andalucía va a retirar la obligación de “promover” la venta de genéricos en las farmacias, introducida el pasado abril en un acuerdo con los representantes de los farmacéuticos. El objetivo de aquel acuerdo era reducir el impacto presupuestario del gasto farmacéutico, disparado en los últimos años: desde mayo, las farmacias promovían los genéricos y cedían al SAS el 5% de los ingresos atribuibles a estos medicamentos.

Sin embargo, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) había advertido a la Junta de que la denunciaría, porque este esquema alteraría la competencia. Ahora, la Consejería de Salud recoge el guante: retirará el artículo que obligaba a “promover” los genéricos, pero los farmacéuticos seguirán obligados a hacer una “aportación económica” del 5% de las ventas de esos medicamentos. Está por ver si la modificación satisface a la CNMC.

La CNMC había dado un plazo de un mes a la Junta para contestar a su requerimiento, fechado el 28 de mayo. Fuentes de la Consejería de Salud confirman que enviaron su respuesta el 27 de junio, y que allí se anuncia la retirada del artículo 2 de la adenda al convenio entre la Consejería y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), cuyo texto hasta ahora señala: “Las oficinas de farmacia (…) cuando se prescriban por principio activo medicamentos que dispongan de genéricos, promoverán la dispensación de los mismos”.

La supresión de ese inciso supone un viraje de la Consejería, cuya titular, Catalina García, aseguró que todo estaba atado y supervisado por el gabinete jurídico, y que existía un informe que avalaba que el mecanismo de “promoción” de genéricos no altera la competencia.

A efectos prácticos, su impacto está por ver, ya que se mantienen el artículo 1, que fija un marco de colaboración entre el SAS y el CACOF para divulgar el uso de genéricos, y el 3, que blinda la aportación económica de las farmacias al SAS por la venta de genéricos. Dicho de otro modo: la Junta sigue garantizándose el dinero, que proviene de la venta de genéricos.

Sin embargo, el requerimiento de la CNMC cuestionaba no solo la “promoción” de los genéricos, sino la obligatoriedad de la “aportación económica” por las ventas de genéricos. “Lo cuestionable no son las reducciones acordadas, sino que éstas se limiten a un determinado tipo de medicamentos (el que se trata de propiciar), con exclusión de otro”, decía la CNMC, que pidió a la gerencia del SAS que eliminase las condiciones “que implican condiciones diferentes para los medicamentos genéricos y ”de marca“”. 

Además, esta corrección del convenio es independiente de los procedimientos judiciales ya en marcha. Un grupo de farmacéuticos anunció recurso por entender que los convierte “de manera forzosa en cofinanciadores del gasto público sanitario andaluz”. Para estos farmacéuticos, la promoción de los genéricos es una “excusa” para obligarles a renunciar a una parte de sus ingresos. Hay casi 14.000 farmacéuticos y 4.000 farmacias en Andalucía, según el CACOF.

“Posibilidad” de que se malinterprete

La Consejería explica que elimina el artículo 2 de la adenda “ante la posibilidad” de que “pueda ser malinterpretado o dar lugar a confusión entendiendo que implica una obligación para las oficinas de farmacia de dispensación preferente de medicamentos genéricos respecto de los de marca”. E insiste en que la adenda no imponía la priorización de los genéricos, ya que su “promoción” no supone obligación, ni “compromiso” para las farmacias de dispensar el genérico sobre el original si estos tienen el mismo precio, y “ni siquiera establece ningún tipo de medida de vigilancia, coercitiva o punitiva” respecto a su cumplimiento.

La CNMC, dependiente del Gobierno central, había advertido de que llevaría a la Junta de Andalucía ante los tribunales si no anulaba el tratamiento diferenciado, que consiste no solo en la promoción o prioridad dada a los genéricos, sino también en la obligación de las farmacias de devolver al SAS el 5% de las ventas mensuales de esos medicamentos y el 10% del aumento extraordinario anual respecto a la media de ventas de estos productos.

Esta aportación se articula a través de los colegios farmacéuticos, que deben descontar esas cuantías de la factura que remiten al SAS. Ernesto Cervilla, vicepresidente del CACOF, estimó en un 20% el aumento de las ventas de genéricos desde que la adenda el convenio entró en vigor, y en un 65% el porcentaje medio de ventas de genéricos sobre el total.

La “necesidad” de controlar el aumento del gasto farmacéutico

Esta obligación se mantiene, de modo que la Junta podrá seguir contando, por ahora, con este “descuento” extra, con vistas a embridar el incremento sostenido del gasto farmacéutico en los últimos ocho años.

La propia adenda justificaba la preferencia por el consumo de genéricos en el incremento de esta partida presupuestaria. “El continuo crecimiento en el gasto farmacéutico y la actual situación económica hacen necesario que los principales agentes implicados colaboren para contribuir a garantizar la sostenibilidad de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en aras a cumplir el propósito de mejorar la protección de la salud de los ciudadanos”.

Desde 2015, cuando el SAS abonó 1.587 millones de euros en productos farmacéuticos y sanitarios, esta partida no ha hecho más que aumentar: 1.624 millones en 2016 (+2,3% de incremento interanual), 1.654 en 2017 (+1,85%), 1.715 en 2018 (+3,6%); y, ya con el Gobierno de Juan Manuel Moreno, 1.729 en 2019 (+0,08%), 1.894 en 2020 (+9,5%), 2.192 en 2021 (+15,7%), 2.321 en 2022 (+5,8%) y 2.379 en 2023 (+2,4%).

Los mayores incrementos se produjeron tras expirar los últimos convenios para las subastas farmacéuticas, un mecanismo puesto en marcha por el gobierno socialista, muy criticado por el sector y eliminado por el Gobierno de Moreno, en cumplimiento de su promesa electoral.  

En la negociación entre farmacéuticos y SAS siempre sobrevoló el temor a un retorno a este sistema, que la oposición de izquierdas sigue considerando necesario para reducir el gasto. Para algunos farmacéuticos, era la “espada de Damocles” que obligaba al CACOF a aceptar la entrega del 5% de su facturación de genéricos, aunque fuentes del CACOF negaron a este medio que la consejería esgrimiera la posibilidad de un retorno a las subastas como medida de presión durante las negociaciones. 

Desde hace nueve años, el gasto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en productos farmacéuticos no para de crecer. Lo hace desde 2015, pero especialmente desde que, tras la llegada del PP y Ciudadanos al Gobierno, la Junta de Andalucía fue eliminando progresivamente las subastas de medicamentos, un mecanismo impulsado por los socialistas para abaratar esta factura, muy criticado por el sector y por el propio PP.

La hemorragia presupuestaria que supone destinar un 50% más que hace una década a pagar las recetas, que suponen ya un tercio del gasto sanitario total, es notable y afecta a otras arterias principales del presupuesto sanitario, de las que se han detraído recursos. La Junta de Andalucía busca cómo taponar esa brecha, por la que en 2023 se marcharon unos 2.500 millones de euros.

A este cóctel se añade que también busca dinero debajo de las piedras para pagar los conciertos con los que pretende reducir el aumento desbocado de las listas de espera. En febrero, el SAS anunció un plan de choque, con una partida extraordinaria de 120 millones para siete nuevos contratos, sin publicidad y a dedo, con clínicas privadas que asuman parte de la carga quirúrgica. Gran parte de ese dinero, 89 millones, se obtienen del gasto farmacéutico, al que se da un tajo vía modificación presupuestaria.

¿Cómo sacar 89 millones de una partida que en los últimos años no ha hecho más que crecer? El SAS cree haber dado con la fórmula: se trata de dar preferencia a los medicamentos genéricos (aquellos que, después de finalizar el periodo de exclusividad que da la patente al medicamento de referencia, utilizan la misma molécula a menor precio), asegurándose la colaboración económica (y aparentemente desinteresada) de los farmacéuticos. A comienzos de abril, el SAS y el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) suscribieron un acuerdo, que incorporaron al convenio que regula sus relaciones: a partir de ahora, las farmacias “priorizarán” los genéricos, y luego restarán (a través del Cacof) el 5% de la factura de esos genéricos que pasan al SAS.

Inicialmente, la idea del SAS era obligar a los farmacéuticos a dispensar el genérico si el médico prescribía el principio activo, pero el plan se acabó descartando por la rebelión de los farmacéuticos. “Esa idea nunca se plasmó por escrito”, subraya Ernesto Cervilla, vicepresidente del Cacof. En su lugar, se ha optado por una fórmula intermedia.

La motivación no se esconde: “El continuo crecimiento en el gasto farmacéutico y la actual situación económica hacen necesario que los principales agentes implicados colaboren para contribuir a garantizar la sostenibilidad de la prestación farmacéutica”. Está por ver si el torniquete es suficiente para taponar la herida. “Nos llamó la administración diciendo que le gustaría que contribuyéramos a contener el gasto”, confirma Cervilla.

Genéricos, en torno al 65% de la facturación

Cervilla asegura que las ventas de genéricos han aumentado un 20% en Andalucía en el mes que la medida lleva en vigor. El problema es que la medida ha tropezado ya con dos imprevistos. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), dependiente del Gobierno central, ha advertido de que irá a los tribunales si Andalucía mantiene este mecanismo, que entró en vigor en mayo; y, además, un grupo de esos farmacéuticos ha presentado ante el juzgado un recurso, porque entienden que esto les detrae injustamente de sus ingresos.

Consideran que los convierte “de manera forzosa en ”cofinanciadores“ del gasto público sanitario andaluz”, que atenta contra normativa básica estatal y que el Cacof carece de legitimación para firmar un acuerdo así. En el recurso, firmado por el despacho Roca Junyent - Gaona, Palacios y Rozados, piden la paralización cautelar de la adenda. También Farmaindustria ha recurrido.

Catalina García, consejera de Salud, aseguró este martes, al terminar el Consejo de Gobierno, que todo está atado y supervisado por el gabinete jurídico, y que existe un informe justificativo. Sin embargo, su departamento, que no ha facilitado ese informe, aún rumia la respuesta que dará al requerimiento de la CNMC. Tiene un mes para hacerlo.

Además, se entrevé otra variable, que atañe al grado de representatividad del Cacof, que ha suscrito un acuerdo con el SAS con el que algunos colegiados se sienten perjudicados. Cervilla asegura que la decisión siguió los cauces colegiales, y resta peso a las críticas internas en un colectivo que supera los 12.000 farmacéuticos y las 3.800 farmacias en Andalucía. “Más dolientes eran las subastas y no cerró ninguna farmacia en Andalucía”, dice: “Hemos valorado el impacto económico, y a las de viabilidad económica comprometida las hemos sacado del acuerdo. Y cualquiera está en su derecho de no estar de acuerdo”.

El farmacéutico subraya que la venta de genéricos va en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En España rondan el 65%, por debajo del resto de Europa. En Alemania rondan el 85%, según Cervilla. “Se anima a usarlo porque genera competencia y baja el precio, lo que facilita el acceso y favorece la calidad de vida”, defiende.

Preguntado por en qué beneficia el acuerdo a los farmacéuticos, cree que ayudará a mejorar la rentabilidad facilitando la gestión del stock de medicamentos. Hay unas 14.000 referencias farmacéuticas, con muchas duplicidades. “Un principio activo y muchas marcas: es imposible tenerlas todas. Dispensar genéricos cuando se receta el principio activo [algo que ocurre en el 95% de los casos, según el farmacéutico] facilita la gestión”. “Cuando lo explicas, mucha gente ve que es bueno para las farmacias y para la sostenbilidad del sistema”.

Farmacéuticos: “Pueden recuperar las subastas, y eso es peor”

“La explicación es que el SAS tiene la sartén por el mango. O nos doblegamos a esto o tenemos la espada de Damocles de la subasta, porque la ley no está derogada sino suspendida. En cualquier momento la pueden recuperar, y eso es peor para nosotros”, comenta un farmacéutico de un pueblo pequeño, cuyo porcentaje de ventas de genéricos supone más del 60%. En la mayoría de casos desconocen el alcance exacto de la medida en sus cuentas, porque hasta ahora el colegio no emitía el desglose.

La consejera Catalina García aseguró en marzo que no retomaría el modelo de subastas, que los socialistas siguen reivindicando como fórmula idónea para cuadrar las cuentas. Con este sistema, los boticarios estaban obligados a dispensar el medicamento genérico del laboratorio que hubiera ganado la subasta (a la baja), cada vez que un paciente acudía con una receta que prescribiera el principio activo. Cervilla asegura que nadie les ha “amenazado” con volver al sistema, que los farmacéuticos siguen rechazando: “Teníamos muchos problemas de abastecimiento. Si llegamos a estar en subasta en pandemia, con los medicamentos viniendo del mercado asiático, que estaba cerrado, habríamos tenido problemas de abastecimiento gravísimos”.

Aumento del 50% en ocho años

Por ahora, el Gobierno de Moreno no ha logrado contener el incremento del gasto farmacéutico, aunque en los últimos ejercicios ha reducido su aceleración. Según la serie estadística de indicadores de gasto farmacéutico y sanitario que publica el Ministerio de Hacienda, tocó suelo en Andalucía en 2015, cuando el SAS abonó 1.587 millones de euros en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación. A partir de entonces, crece sin parar, disparándose tras la llegada del PP al Gobierno andaluz: 1.624 millones en 2016, 1.654 en 2017 (+1,85 de variación interanual), 1.715 en 2018 (+3,6%); y, ya con el Gobierno de Juan Manuel Moreno, 1.729 en 2019 (+0,08%), 1.894 en 2020 (+9,5%), 2.192 en 2021 (+15,7%), 2.321 en 2022 (+5,8%) y 2.379 en 2023 (+2,4%).

El incremento más notable se dio entre 2020 y 2021, coincidiendo con la eliminación progresiva de las subastas, que el propio Moreno prometió suprimir cuando era candidato. Las finiquitó en diciembre de 2020, cuando venció el último convenio que las sostenía. Desde 2015 el incremento es 792 millones de euros, un 50% más. A nivel estatal también se produjo un crecimiento, pero de rango muy inferior: 35%.

La Junta de Andalucía suele aludir al envejecimiento de la población como factor determinante del crecimiento del gasto, pero esta tesis encaja mal con el hecho de que una población envejece paulatinamente, no en dos años. De 2015 a 2023, la edad media de la población andaluza ha pasado de los 40,69 a los 42,96, según el INE. Andalucía es la tercera comunidad más joven, muy por debajo de la media nacional (44,18).

Modificación presupuestaria para los conciertos con la privada

Este incremento del gasto farmacéutico preocupa al SAS y a los guardianes del Presupuesto, obligados a hacer contorsionismo numérico quitando dinero de algún sitio para ponerlo en la compra de medicamentos. En diciembre de 2021, cuando el gasto por esta partida crecía al 15%, la Consejería de Hacienda emitió un informe advirtiendo de su “especial preocupación” por la evolución del coste de la prestación farmacéutica y poniendo el énfasis sobre la supresión de las subastas.

La Dirección General de Presupuestos subrayaba que estos descuadres obligan a detraer “necesariamente” recursos de otras consejerías. El problema es más acuciante en un momento en que las estrecheces en gasto sanitario aprietan más, porque hay que pagar los convenios suscritos, a dedo y sin publicidad, para reducir las listas de espera.

Al cierre de 2023, los andaluces que esperaban a ser intervenidos o a una cita con el especialista eran más de un millón, el 12% de la población. Esta semana, la consejera ha anunciado que la lista de los que estaban fuera del plazo garantizado por ley ha empezado a reducirse, y Moreno ha destacado que se han operado un 10% más de andaluces de los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en esta mejora no ha influido el dinero que se tomó del gasto farmacéutico. Para comprobar su eficacia habrá que esperar a próximas actualizaciones de las listas de espera. 

El gasto farmacéutico en Andalucía ha ido escalando de forma acelerada desde 2019, primer año del Gobierno de Juan Manuel Moreno, hasta alcanzar “casi un tercio del presupuesto sanitario” en 2023, según consta en el proyecto de ley de Presupuestos Andaluces para el año que viene. El gasto farmacéutico es el dinero que la Junta abona a la industria por los medicamentos subvencionados por la sanidad pública, para que un ciudadano pague por una receta médica mucho menos de su coste real.

La Consejería de Hacienda ya emitió un informe hace justo un año alertando de su “especial preocupación” por este incremento del gasto y señalando una de las razones principales: la supresión de la subasta de medicamentos, un mecanismo de control presupuestario diseñado en 2012 por el Gobierno socialista para contener la factura de la industria farmacéutica. Moreno prometió eliminar las subastas y cumplió su promesa a lo largo de la pasada legislatura, a medida que expiraban los convenios vigentes que no fueron renovados (el último terminó el 20 de diciembre de 2020).

La subasta de medicamentos obligaba a las farmacéuticas a pujar por vender los suministros que necesitaba la sanidad pública andaluza, permitiendo a la Junta comprar lotes a un precio más beneficioso y ahorrar una cantidad de fondos públicos “nada desdeñable”. El mayor ahorro se registró en el ejercicio presupuestario 2015, cuando la factura cayó hasta los 1.587 millones de euros. El año pasado, el Gobierno andaluz pagó a las farmacéuticas más de 2.191 millones y en 2023 prevé gastar 2.566 millones.

Hacienda concluyó que al suprimir las subastas se produjo una reacción en cadena: “un incremento del gasto en farmacia hospitalaria y en recetas”, que a su vez provocó un descuadre de los dos últimos Presupuestos autonómicos, que a su vez obligó al Gobierno andaluz a recortar fondos de otras consejerías para desviarlos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), y así taponar un agujero de más de 600 millones de euros entre 2019 y 2021.

La diferencia entre el gasto farmacéutico entre 2019 y 2021 asciende a 462 millones. El Gobierno andaluz paga hoy a las farmacéuticas más por cada receta médica de lo que pagaba hace un año, y mucho más de lo que pagaba hace cuatro. Para el año que viene, la previsión del coste total de la prestación farmacéutica alcanzará los 2.566 millones de euros, 383 millones más que en las cuentas prorrogadas de este año. “El 28,93% del presupuesto sanitario, es decir, casi un tercio del total”, concluye la memoria económica del SAS recogida en el proyecto de Presupuestos para 2023, que el Parlamento aprobará previsiblemente la semana que viene.

Renuncia de ingresos

La Consejería de Hacienda tiró de las orejas al departamento de Salud el pasado diciembre, advirtiéndole de su “especial preocupación por la evolución en los últimos períodos del coste de la prestación farmacéutica (recetas)”. El informe de la Dirección General de Presupuestos de la Junta atribuye el problema de fondo a varias causas, pero pone especial énfasis en la eliminación de las subastas y la pérdida de ahorro que supuso dicha decisión: “La supresión de las subastas farmacéuticas, independientemente de las razones que motivaron la misma, ha dado origen a unos incrementos de costes en esta legislatura derivados de la falta de una serie de ingresos que llegaron a alcanzar 227.503.031 euros al año en el 2019, y que se han tenido que incorporar necesariamente al crédito presupuestario del Servicio Andaluz de Salud, detrayéndolo necesariamente de la envolvente presupuestaria general desde otras Consejerías a la hora de afrontar el presupuesto de cada año”, reza el informe.

Andalucía se ha convertido, según este documento, en “la comunidad autónoma con mayor incremento interanual en los dos últimos ejercicios” en gasto con receta médica: hasta un 15,9%, el doble que Madrid, en segundo lugar en gasto farmacéutico (7,2%) y muy por encima de la media nacional (6,8%). Estas desviaciones recogen la incidencia de la supresión de las subastas. En 2020, el aumento del gasto rebasó el 10% “al empezarse a suprimir el efecto de las subastas”, recoge el informe. En 2021 el incremento alcanzó más del 15%, resultando una “tasa acumulativa de más del 25% en dos años”, a tenor de los datos del Ministerio de Sanidad que recopila el citado informe.

En 2022, según el decreto de prórroga presupuestaria en vigor, el gasto farmacéutico siguió aumentando, pero de forma más atenuada (hasta un 9% más). Todas estas desviaciones se deben “a la suma de los citados efectos de supresión de la subasta de medicamentos más el notable incremento de costes gasto en prestación farmacéutica y productos dietéticos, a través de recetas”, explica la Consejería de Hacienda, entonces pilotada por Juan Bravo, hoy vicesecretario económico del PP nacional.

Medidas del SAS

Estas desviaciones interanuales son netas, es decir, contienen la incidencia de la supresión de las subastas farmacéuticas, elevando así el porcentaje de gasto, advierte Hacienda. La Consejería de Salud aporta otros datos, más recientes, donde la evolución del gasto mes a mes entre julio y octubre es decreciente, y comparativamente muy aproximada al gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud: en octubre la desviación de gasto fue del 4,3% en Andalucía, cuando la media nacional fue del 3,8% (menos del 0,5% de diferencia). En noviembre, el incremento fue del 1,46%.

El departamento de Catalina García evaluó las medidas para contener el gasto farmacéutico en el último año y cifró el ahorro anual en 50 millones de euros. En 2022, entre enero y julio, la factura farmacéutica ascendió a 1.311,47 millones de euros, un 6,72% más que en el mismo periodo del año anterior. Salud consideró el dato “muy positivo”, porque incluía los meses de verano en los que Andalucía multiplica su población debido a los turistas que visitan esta comunidad.

Entre las medias emprendidas por el SAS destacan las encaminadas a “contener el uso de medicamentos que puedan provocar un impacto negativo en la salud de la ciudadanía”, a través de un seguimiento de pacientes crónicos polimedicados para evitar un elevado número de medicamentos prescritos, que pueden ser innecesarios, inadecuados, y que, además, pueden provocar efectos adversos. Entre enero y julio se anularon 356.732 prescripciones a estos pacientes.

También, se ha introducido una ayuda a la prescripción en el sistema de receta electrónica que alerta al médico en aquellos pacientes con 15 o más prescripciones y de la posibilidad de cumplimentar un informe de revisión. Otro de los factores que señalaba el informe de Hacienda para explicar el incremento del gasto farmacéutico era la falta de controles del personal sanitario. “Año tras año vienen disminuyendo los tradicionales controles sobre el personal facultativo del sistema sanitario público para conseguir unas mayores tasas de eficiencia en el momento de efectuar dicha prestación farmacéutica. En la actualidad, somos probablemente la comunidad con mayor incremento interanual en los dos últimos ejercicios”, concluye el documento.

Restituir las subastas vía enmiendas al Presupuesto

El presupuesto más expansivo de las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio será el de sanidad, que asciende a 13.800 millones de euros, un 11,7% más que el actual (1.350 millones más). Es también sobre el que más enmiendas recaen de los grupos de la oposición, que han presionado a la Junta para que blindase los contratos de los 12.000 sanitarios de refuerzo que expiran el próximo 31 de diciembre, algo que finalmente se va acometer aunque la medida no está exenta de polémica porque se renovarán entre seis meses y un año.

El grupo parlamentario Por Andalucía defenderá una enmienda a los Presupuestos andaluces de 2023 para que se recuperen las subastas de medicamentos. Su portavoz, Inmaculada Nieto, denunciaba este lunes que el gasto farmacéutico “se ha disparado” desde que el PP gobierna Andalucía “como consecuencia de la supresión de las subastas”, y recordó que el presidente tomó esta decisión aduciendo “un supuesto desabastecimiento de medicamentos” en el mercado “que nunca se produjo”.

En 2019, mientras el Gobierno de Moreno ultimaba la supresión de la subasta de medicamentos en Andalucía; la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) emitió un informe en el sentido contrario, esto es, instando a aplicar en el conjunto del país el sistema de subastas, que permitiría un ahorro de hasta mil millones de euros hasta 2022. Nieto ha recuperado aquel informe, más los datos de evolución ascendente en el gasto farmacéutico andaluz, para promover la restitución del modelo anterior.

Además, la portavoz de la coalición de izquierdas ha denunciado que algunos medicamentos empiezan a escasear en las farmacias andaluzas, “provocando la interrupción de tratamientos en pacientes que los tienen prescritos”, caso del Ozempic, un fármaco utilizado para la diabetes y para la obesidad y que estos días “no se encuentra disponible prácticamente en toda Andalucía, y especialmente en Sevilla y Granada”; o analgésicos como el Eferalgán, el Permixón y algunas amoxicilinas, “cuya carestía ha quedado patente en el tratamiento de la bronquiolitis y otras enfermedades de las vías respiratorias que vienen afectando a un número mayor de niños y niñas de lo que es habitual”, sentencia.

La Junta de Andalucía se convirtió en diciembre de 2011 en la primera administración autonómica en establecer la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública y se han convocado en 14 ocasiones desde entonces. El número de laboratorios adjudicatarios es de 36, de los que 18 son españoles y, de éstos, siete son fabricantes.

Ahora, el acuerdo a tres para investir a Juan Manuel Moreno nuevo presidente andaluz incluye como medida común “revertir” ese sistema, conocido como subasta de medicamentos. Según los populares, “pone en riesgo la salud de los pacientes y usuarios”. Para el PSOE andaluz, supone un gran ahorro económico para la sanidad pública. En concreto, 568 millones de euros entre 2012 y 2017 que se sumaron a la Hacienda Pública, según la última información aportada por la aún consejera de Salud en funciones, Marina Álvarez. En 2018, se estima unos ingresos de 177 millones de euros.

La selección pública de medicamentos ha sido un caballo de batalla contra los Gobiernos socialistas para PP y Cs. Y la intención de cambiarlo ha quedado recogida en el acuerdo entre PP y Cs en el punto 59 su propósito de “revertir el actual modelo de subasta de medicamentos en Andalucía” sin detallar más. Por su parte, el acuerdo entre PP y Vox alude a “revertir el actual modelo de subastas de medicamentos, incorporando Andalucía al sistema de compra centralizada puesto a disposición de las comunidades por el Gobierno central”.

Sin embargo, la propuesta de retirar la subasta de fármacos “de forma inminente”,  recogida en los dos acuerdos firmados entre PP y su socio de Gobierno (Ciudadanos) y de investidura (Vox), tendrá que esperar al menos dos años para ejecutarse de facto. Los últimos acuerdos firmados que el SAS ha cerrado con los laboratorios suponen dos años de exclusividad en la dispensación de ese tipo de medicamentos en toda Andalucía cuando sea recetado por el sistema sanitario público. Por tanto, el nuevo Gobierno autonómico podrá no convocar más concursos, pero tendrá que esperar dos años para implantar un nuevo modelo. Eliminar las subastas vigentes incurriría en una ilegalidad que supondría una penalización millonaria por lucro cesante para las compañías farmacéuticas.

Ya que no se puede negociar a la baja pues los medicamentos tienen precio fijado por el Ministerio de Sanidad (sistema de precios de referencia), los laboratorios han pagado al SAS periódicamente a cambio de esa “exclusiva”. Ese dinero se ingresa en la Consejería de Hacienda y ese es el ahorro que aportan las subastas.

El PSOE, impulsor de la medida, defiende que es un sistema de dispensación avalado por la Organización Médica Colegial para su utilización a nivel nacional y que respalda el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado en tres ocasiones a favor de las subastas andaluzas.  Y que recientemente, ha recibido también el apoyo de la Comisión Europea.

“La prescripción por principio activo, que es la forma científica y correcta de prescribir recomendada por la Organización Mundial de la Salud, se implantó en Andalucía, con carácter voluntario, a partir de 2001 y, con posterioridad, fue incorporada a la normativa nacional. El sistema de selección de medicamentos que realiza el SAS se basa en esta prescripción por principio activo, que en Andalucía supone el 93% de las recetas oficiales que cumplimentan los profesionales, lo cual es relevante a la hora de entender y valorar la medida”, explican fuentes de la Consejería de Salud.

Desde el PP se ha criticado esta medida por “poner en riesgo la salud de los pacientes y usuarios” y “limitar el acceso de los andaluces a numerosos medicamentos”. Extremo que niegan en el Gobierno saliente ya que  “los facultativos andaluces, al igual que los del resto de España, pueden prescribir ”por marca comercial“, en los casos previsto por la normativa nacional, cuando lo consideren necesario para la mejor asistencia de sus pacientes”.

Otra de las razones que esgrimen las fuerzas políticas que conforman el nuevo Gobierno es que “profesionales y pacientes han advertido de que muchos de estos medicamentos, algunos de ellos elaborados en laboratorios de países tan lejanos como Vietnam o India, no tienen la eficacia que deberían de tener”. La Consejería de Salud ha defendido todos estos años que los medicamentos que se comercializan en España están “siempre avalados por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento”.

Compra centralizada 

Según ha explicado a este medio José Martínez Olmos, senador y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Senado, además de promotor en etapas anteriores de un sistema de compra centralizada nacional, éste ya existe y está restringido a la compra de vacunas cuya patente ya ha extinguido. “Nosotros pusimos en marcha con el Real Decreto-ley 9/2011 y el 8/2010 en aquel momento, por la situación de crisis, para hacer compra centralizadas en aquellos productos sin patente en los que las CCAA consiguieran asociarse para que el tamaño de la compra abaratara el precio. Esto siempre se ha referido exclusivamente a las vacunas. No entran todas las CCAA, solo las que quieran voluntariamente participar. A veces Andalucía se suma y otras no”.

Generalmente son las CCAA con menor población las más interesadas en participar de este modelo para conseguir un mejor precio. Según Martínez Olmos, “la propuesta de realizar compra centralizada de medicamentos genéricos ahora mismo es una opción que no existe. Podría realizarse, pero ahora mismo no la hay. Decirlo es hacer un canto al sol”. En su opinión, “la subasta es un concurso público como los que se han hecho de toda la vida en España desde tiempos del Insalud y es el que siempre han utilizado los hospitales. La subasta lo que ha hecho es aplicarlo al ámbito autonómico”.

El ejemplo de la hepatitis C tampoco sirve. Las subastas son con genéricos. En un medicamento que tiene patente no hay competencia con lo que es imposible hacer un concurso tal y como están planteada. De ahí que el acuerdo nacional para comprar los tratamientos de la hepatitis C fuera más una cuestión de disponibilidad de fondos a gran escala que de sinergias entre Comunidades Autónomas.

La farmacia, optimista con la retirada

Si no hay subastas, son las compañías farmacéuticas o las distribuidoras las que negocian directamente con las oficinas de farmacia. Y es ahí donde residen los márgenes de beneficio de ahorro. Por ello, las oficinas de farmacia criticaron la medida desde el principio y defienden que han sido ellos los que han sostenido sobre sus cuentas ese ahorro para el sistema. Así, Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, explica que “las subastas han supuesto una discriminación para los farmacéuticos y los pacientes. Han supuesto una pérdida importante para los farmacéuticos de a pie. La merma económica que ha sufrido la farmacia es muy superior al ahorro que haya podido lograr la Junta de Andalucía”. Asimismo, critica que ese ahorro ni siquiera ha revertido en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, sino que ha ido a parar a la Consejería de Hacienda sin especificar el destino de ese montante.

La Consejería de Salud asegura que este sistema “no modifica, en absoluto, el precio de venta del laboratorio que tenga establecido el Estado, y se mantienen los márgenes establecidos por la normativa estatal vigente para la distribución y dispensación y, por tanto, se mantiene el precio de venta al público (IVA incluido). No se alteran, por tanto, los márgenes de beneficio para las oficinas de farmacia por la normativa nacional ni las aportaciones que los beneficiarios, en su caso, hubieren de realizar”.

Respecto a los desabastecimientos, Pérez subraya que sí se han producido pero que ha sido la “agilidad y capacidad de gestión de las farmacias” lo que han salvado la situación: “tenemos un compromiso ético que nos ha llevado a contar con el medicamento alternativo que hacía falta en cada momento; incluso con el riesgo de que no nos fuera abonado si no podíamos justificar que el cambio respondía a causas objetivas”. “Nos ha supuesto un desgaste importante justificar ante la administración que esos medicamentos faltaban. Estamos deseando que se retire el sistema cuando antes”, añade.     

María del Carmen Sáez, farmacéutica que presta servicios de asesoría en gestión a boticas de toda España, respalda desde fuera de Andalucía esa percepción. “Concentrar la oferta aumenta la posibilidad de desabastecimiento. Cuando se fuerzan los cambios de presentaciones también afecta a los pacientes y a la adherencia terapéutica. La farmacia andaluza ha mermado sus beneficios, ha sido generosa con los pacientes y ha sobrevivido por su gestión eficiente”. Según la experta, “la farmacia rural, al ser la más débil del entorno, puede haber sido la más perjudicada por esa pérdida de facturación”. De hecho, la Consejería de Salud lanzó un compromiso de crear un fondo de compensación para las boticas rurales que se nutriese del ahorro producido por las subastas que nunca llegó a materializarse. 

Aun así, la cuestión del desabastecimiento no es solo imputable a las subastas, ya que carencias de este tipo se producen también en otros puntos de España y a veces responde a problemas de fabricación o de la cadena de suministro; o a circunstancias inesperadas, como los problemas que parecen surgir ahora con algunos medicamentos producidos en el Reino Unido a causa del ‘Brexit’.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este martes cerrar la investigación sobre sistema de subasta de medicamentos de Andalucía que había llegado hasta la institución comunitaria a través de la denuncia de la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran).

En concreto, 15 eurodiputados de esta comisión parlamentaria han preferido cerrar el caso, mientras que otros diez eran partidarios de mantener abierta la petición. Esta votación se ha producido después de un debate casi exclusivamente entre eurodiputados españoles. El PSOE e Izquierda Unida han defendido el sistema de subastas de medicamentos de la Junta, mientras que los representantes del PP han criticado duramente la medida.

La delegada del Gobierno andaluz en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, ha tomado la palabra para subrayar que se trata de un modelo que ha sido avalado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional. Además, ha asegurado que “ha generado un ahorro al sistema sanitario” que “revierte en el conjunto de la sanidad pública andaluza”.

En la misma línea se ha expresado la eurodiputada del PSOE Soledad Cabezón, quien manifestado que, a través de este sistema de subastas, la Junta negocia de forma “pública y transparente” el precio de los medicamentos, así como que “el negocio y los márgenes de beneficios que tenían los farmacéuticos” ahora van al sistema sanitario andaluz.

También ha defendido este sistema la eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina, quien ha deseado que “se generalice” y los Gobiernos centrales organicen subastas para “tener mayor capacidad de negociación con las farmacéuticas”.

La Comisión Europea también ha intervenido en el debate para reiterar que la competencia en la organización del sistema sanitario y de su financiación reside en los Estados miembros, por lo que organizar un sistema de subastas “está completamente en las manos” de los países.

Antes de que los grupos políticos iniciaran el debate, la presidenta de Afaran, Teresa Martín, ha denunciado que con el sistema de subastas los pacientes de Andalucía “están discriminados” con respecto al resto de pacientes españoles porque tienen a su disposición 533 medicamentos frente a los 10.000 de otras comunidades autónomas. Además, ha explicado que los laboratorios que ganan las licitaciones “no tienen capacidad suficiente de fabricación de medicamentos”, lo que produce desabastecimiento“.

En defensa de los argumentos de la asociación de farmacéuticos se han pronunciado varios eurodiputados del PP. La andaluza Teresa Jiménez-Becerril, por ejemplo, se ha preguntado de forma retórica por qué el sistema no existe en otra región española “si es considerada por todos como una maravilla”.

“Pelea ideológica”

Por su parte, la eurodiputada popular balear Rosa Estarás ha acusado a la delegación socialista de querer “abortar” la intervención de Afaran en la Eurocámara y ha criticado que el sistema de subastas de medicamentos incumple el principio de igualdad entre andaluces y entre andaluces y españoles y restringe la libre competencia y la libre circulación.

El eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart, ha señalado que “la idoneidad del sistema de subastas de medicamentos en Andalucía debe medirse alrededor de una mesa de diálogo, no en una pelea ideológica que solo refleja las mochilas que arrastran los participantes”, informa Ciudadanos en un comunicado.

Por su parte, Isabel Albás, portavoz de sanidad de Ciudadanos en Andalucía ha lamentado “la desigualdad que plantea este sistema con relación al resto de regiones en España; si fuera tan bueno se estaría aplicando en todas las autonomías” y ha propuesto “reunir a todos los sectores afectados, laboratorios, profesionales farmacéuticos y pacientes, y buscar una normativa que garantice la igualdad de los pacientes y no vulnere la competitividad e innovación en un sector industrial clave”. Albás ha criticado que “PP y PSOE haya escenificado hoy en Bruselas un agrio debate basado en sus diferencias insalvables, no en el objetivo que nos tiene que unir: la salud de los pacientes andaluces y de los españoles en su conjunto”.

Ciudadanos apoya una reforma de la Ley andaluza que ahora prevé un sistema monopolístico de abastecimiento de medicamentos. Se trata de algo insólito en España, pues es la única comunidad autónoma que ha decidido implementar este sistema, que no se basa en criterios sanitarios sino de ahorro, y que provoca discriminación entre los ciudadanos españoles, puesto que “a los andaluces se les vulnera el derecho de acceso a medicamentos en igualdad de condiciones con el resto de sistemas sanitarios en España” ha explicado Albás.

Una de cal para la Consejería de Salud entre tantas de arena con los profesionales del sector soliviantados desde hace meses: el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el sistema por el que la Junta de Andalucía compra los medicamentos vía subasta. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha anunciado que el TC ha acordado jueves por unanimidad rechazar el recurso presentado por el Consejo de Ministros contra el artículo uno del decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía en diciembre de 2011 con medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público que regulaban en la práctica la selección pública de medicamentos en la comunidad autónoma.

Ha expresado la “gran satisfacción” que para la Junta de Andalucía supone esta resolución del TC, que aún no ha sido notificada de forma oficial a la administración, pero que “lo que hace es avalar lo que desde el principio manteníamos acerca de que la selección pública de medicamentos era constitucional y no invadía en ningún caso competencias del Gobierno de España”.

La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha celebrado la noticia vía Twitter, consciente del daño que está sufriendo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por una campaña feroz de la oposición desde el verano pero sobre todo por la movilización ciudadana liderada por el médico Jesús Candel, alias Spiriman, que se ha convertido en la pesadilla del Gobierno de Andalucía:

En ese sentido, cabe recordar que el recurso consideraba que la regulación vulneraba las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas de la prescripción y moficando la cartera de servicios establecida con carácter básico para todo el país.

Desde su implantación en junio de 2012 hasta la fecha, se ha producido, gracias a las diez convocatorias de selección pública de medicamentos, un ahorro acumulado de alrededor de 413 millones de euros, según ha informado la Junta de Andalucía, que ha tenido que enfrentarse al intento de boicot de este modelo por parte de la derecha.

En España los precios de los medicamentos son precios “intervenidos” en cuanto que son regulados por el Estado (el Ministerio de Sanidad), que fija el precio de venta de laboratorio, el margen del almacén distribuidor, y el margen de la oficina de farmacia, para llegar así al precio de venta al público.

Las llamadas “subastas” de medicamentos son el mecanismo por el que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) selecciona el medicamento a dispensar por las oficinas de farmacia cuando es prescrito por un médico del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) como principio activo (esto es, como medicamento genérico, no una marca comercial). Por tanto, afecta sólo a los genéricos, no a todos los medicamentos.

Desde el 1 de enero de 2016, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 establece que cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico dispensará “el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea”, sea éste genérico o de marca. Esto permitiría, si el SAS convoca nuevos procedimientos de selección, que los laboratorios que tienen la marca registrada compitieran con los de genéricos.

Antes de las “subastas”, la dispensación de los medicamentos prescritos como principio activo (genéricos) funcionaba así: el médico prescribía el principio activo, supongamos que omeprazol, el paciente acudía a la farmacia, y de entre los múltiples preparados de omeprazol autorizados por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), el farmacéutico le entregaba el que él (el farmacéutico) consideraba oportuno; podía ser aquel omeprazol por el que obtiene una mayor bonificación del laboratorio (bonificación del tipo de un envase por cada x vendidos). El beneficio del farmacéutico no se trasladaba al paciente, que seguía pagando la aportación que le correspondía, ni a la Administración, que pagaba a la oficina de farmacia el precio fijado a nivel estatal (deducida la aportación del paciente).

Si el paciente volvía un mes después por su omeprazol podía ocurrir que el mismo farmacéutico le entregara el omeprazol de otro laboratorio (envase distinto, probablemente). 

¿Qué pretende el SAS?

El SAS pretende, cuando haya una prescripción de un medicamento genérico, que no sea el farmacéutico quien elija a su conveniencia qué medicamento le entrega, sino la propia Administración. Y para ello convoca una especie de concurso mediante el cual selecciona, por un periodo de tiempo (dos años ha sido hasta ahora), para cada principio activo y presentación (omeprazol 20 mg., 28 cápsulas, siguiendo con el ejemplo) al laboratorio cuyo preparado deben entregar todas las oficinas de farmacia a todos los pacientes que acudan con una receta del SAS de omeprazol 20 mg., 28 cápsulas.

Este procedimiento está previsto en la Ley de Farmacia de Andalucía, modificada en 2011 para eso, y es un resquicio legal para que el sistema público obtenga algún beneficio de esa selección: convocar ese concurso y seleccionar al laboratorio que ofrezca la mayor cantidad por unidad dispensada con cargo al SAS. Esa cantidad no es un descuento, sino que es un ingreso a la Junta de Andalucía. El Ministerio de Sanidad se opuso alegando que la Comunidad Autónoma no era competente para ello mediante recursos de inconstitucionalidad y contencioso-administrativos. A falta de un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional, las “subastas” se han seguido celebrando.

¿Dónde van los ingresos por medicamentos genéricos seleccionados? El presupuesto del SAS, como cualquier ente público, se conforma con ingresos y gastos. Los ingresos han procedido tradicionalmente de los impuestos recaudados, la asistencia sanitaria prestada a terceros obligados al pago (es el caso de los pacientes privados) y, desde hace unos años, también de la selección de medicamentos. Para 2015 el propio SAS calcula en unos 120 millones de euros los ingresos derivados de la selección de medicamentos.

Los pacientes no son perjudicados por la “subastas” del SAS. Es un argumento falaz y demagógico el que afirma que los pacientes andaluces no tienen acceso a las prestaciones del SNS como el resto de españoles. Al paciente que se le prescribe, siguiendo con el ejemplo, 28 cápsulas de 20 mg. de omeprazol en Andalucía, el sistema público se lo facilita a través de una oficina de farmacia y le financia la misma proporción del precio del medicamento omeprazol cápsulas de 20 mg. que en Madrid. La única diferencia está en quién elige de qué laboratorio es el omeprazol que vende al paciente ¿El farmacéutico o la Administración? ¿Es legítimo que sea la Administración, siempre mediante un procedimiento público, transparente y objetivo, si eso contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público?  

Más aún: los pacientes se van a beneficiar en que durante un tiempo no va a haber un cambio continuo de envases, según las preferencias del farmacéutico. Sólo si hubiera desabastecimientos reales de todos los genéricos de todos los laboratorios se verían perjudicados los pacientes. Esto podría ocurrir si la “subasta” con un único proveedor se estableciera para toda España, y fallara; el resto de laboratorios podría no estar en disposición de suministrar ese medicamento.

El efecto de las “subastas”

A nivel estatal, el Ministerio de Sanidad, debería llevar a cabo procedimientos que introdujeran mecanismos de competencia real entre laboratorios para establecer los precios de medicamentos genéricos para el Sistema Nacional de Salud (SNS); estos procedimientos deberían asegurar también la capacidad de producción de los laboratorios para evitar posibles desabastecimientos. Estas medidas de racionalización del gasto público beneficiarían así a todas las comunidades autónomas.

El efecto de las “subastas” en la comunidad autónoma de Andalucía, aunque ha sido menor de lo esperado inicialmente por el SAS, no debería despreciarse: 120 millones de euros, 20.000 millones de las antiguas pesetas, son el 7 % del gasto del SAS en recetas médicas. Esto es una medida puntual, limitada, pero contribuye a aliviar un poco los problemas de financiación del SAS. Este “ahorro” vía incremento de ingresos del SAS por la selección de medicamentos no debe suponer en ningún caso una pérdida de calidad en el tratamiento que se ofrece a los pacientes.  

Los desabastecimientos de medicamentos no son frecuentes en nuestro sistema sanitario, pero los hay: de medicamentos seleccionados por el SAS, y de otros medicamentos. Hay un procedimiento de notificación del laboratorio fabricante o distribuidor a la AEMPS, y de comunicación de ésta a los servicios autonómicos de salud, para que adopten medidas que garanticen la correcta asistencia a los pacientes.

Circulan afirmaciones y comentarios en determinados ámbitos, tanto sanitarios como no sanitarios, cuestionando la “calidad” de los genéricos en comparación con la del medicamento original (la “marca”). Así se dice a veces que es porque tienen hasta un 20 % menos de principio activo, o que es por el excipiente, o por la biodisponibilidad. Entendemos que si la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que son los organismos competentes, los autoriza tras un procedimiento de evaluación, está garantizando la calidad debida. Sería positivo que el Ministerio de Sanidad, de quien depende la AEMPS aclarase estas cuestiones, de modo que los profesionales y la ciudadanía en general tengan toda la información en un lenguaje comprensible y riguroso.

Más allá de la polémica por las “subastas” de medicamentos, el debate sobre la política farmacéutica en el SNS y en el SAS es mucho más amplio y profundo. Además del alcance estatal en lo que corresponda, dado que esta materia es, en lo sustancial, competencia del Estado, este debate deberían contemplar, entre otras, las políticas efectivas de uso racional del medicamento, tanto en Atención Primaria como en hospitales, y de precios para el SNS.

Desde los derechos de patentes (¿cómo les afectará el TTIP, si se aprueba?), pasando por los precios de los medicamentos en el SNS y los mecanismos de competencia real entre proveedores, el desarrollo de guías de referencia en hospitales consensuadas por los profesionales, la potenciación de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT’s), el uso de alternativas farmacoterapéuticas más eficientes, y abrir un debate sobre una nueva ética de la prescripción que contribuya a la sostenibilidad del sistema sanitario público.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla que se pronunció a favor del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y no consideró la suspensión de la cuarta convocatoria de selección pública de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de la comunidad autónoma.

El recurso del Ministerio de Sanidad perseguía la nulidad de la resolución del 31 de marzo de 2014 del director del SAS que regulaba esta cuarta subasta por entender que “se incurre en flagrante violación de la legalidad e invade competencias estatales”. Pero el TSJA establece que el recurso de la Abogacía del Estado no aclara las razones por las que la Junta de Andalucía incumple con la legalidad y, de hecho, establece que “la normativa analizada salvaguarda las competencias de las comunidades autónomas para adoptar medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios”.

El recurso iba contra la subasta que incluía 251 principios activos diferentes de 136 subgrupos farmacoterapéuticos. Con este procedimiento, “la Consejería de Salud continúa avanzando en medidas de eficiencia económica del sistema sanitario público”, según exponen desde el Gobierno de Andalucía. Una fórmula que ha supuesto hasta la fecha el ahorro de 120 millones de euros, “sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos”. El SAS recuerda que “el fármaco seleccionado es el más eficiente para el sistema sanitario, puesto que con la misma eficacia, supone un menor coste”.

Hace apenas una semana, Catalina García, portavo de sanidad del Partido Popular andaluz, anunció la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento autonómico para exigir la retirada inmediata del sistema de adjudicación del suministro de fármacos de uso extra hospitalario por convocatoria pública, más conocido como subasta de medicamentos.

La elección del momento, algunas fuentes parlamentarias lo explican en las recientes reuniones que algunas asociaciones de pacientes han mantenido con los distintos grupos parlamentarios. Sin embargo, y pese al anuncio, la entrada de la PNL en comisión parece que queda pospuesta hasta septiembre.

El pasado jueves, fue el propio Gobierno Central el que presentó una suerte de subasta de fármacos que ha reabierto el debate de la idoneidad o no del sistema justo después de reabrirlo el PP andaluz con su PNL. Desde el Ministerio aseguran que es una cuestión de competencias (fijar los precios es una competencia estatal) y que sólo se usará en casos escepcionales, mientras que la Consejería de Salud aseguran que no entran en ese asunto sino que se trata de la traslación del sistema de compra de los hospitales.

Sin embargo, ante uno de los elementos con los que el Gobierno socialista en Andalucía quiere marcar diferencias,el PP y el PSOE tienen sus posiciones clara pero ¿qué apoyos y posturas va a encontrarse el Partido Popular en el nuevo y múltiple arco parlamentario andaluz ante su petición de retirada?

Izquierda Unida. Inmaculada Nieto, portavoz de Izquierda Unida en la comisión parlamentaria de Salud, asegura que la federación de izquierdas no entiende muchas de las críticas que se hacen al sistema de subasta. Por ejemplo, la crítica de la efectividad de los principios activos: “A un enfermo un médico le receta un pricipio activo que es lo que te cura”. “Todo lo que sea velar por la sanidad de la clidad pública y que no se prime el margen de beneficio de determinadas compañías , no le vemos pegas”, afima Nieto. “Lo que plantea la adminsitración no será idílico pero tampoco rechazable y sobre la mesa no permite desacreditar la subasta”.

No obstante, afima que todo es susceptible de “mejora” y en esa línea trabajará IU, solicitando a la Consejería de Salud informes “independientes” que verifiquen y avalen que los medicamentos tienen la “misma efecitvidad” sobre todo, “para despejar las dudas” de colectivos de pacientes“, y ”volveremos, entre otras cosas, a pedir las cifras de ahorro“ del método.

Podemos. Juan Antonio Gil reconoce el logro de haber “rebajado los márgenes de beneficios como método de ahorrar costes y que revierta en la sostenibilidad del sistema sanitario. Si se lleva a  cabo bienn estamos de acuerdo”. “Hay argumentos de las críticas al sistema de subasta que hablando con los profesionales nos dicen que no es cierto”. Aunque también opinan desde Podemos que hay aspectos “mejorables” y expresan sus objetivos para esta legilatura en este capítulo. “Estamos a favor de la economía de escala, aunque la línea exacta tiene que ser mejorable.

“Queremos que se impulse empleo en el territorio andaluz a ser posible a través del sistema de adjudicación. Queremos que se reinvierta el ahorro en el territorio, y que entren medicamentos o tratamientos que ahora no lo hacen”. Creen que hay críticas al sistema sanitario andaluz que se achacan a la subasta sin razón y que hace falta “sentarse y dialogar”. “Apoyamos el sistema pero no queremos precipitarnos”. Y plantean, por ejemplo, “la alta medicalización de la ciudadanía andaluza con más atención a los pacientes”. Su intención es la de “evaluar todo el sistema público”.

“Los pacientes tienen derecho a elegir”, dice Ciudadanos

Desde Ciudadanos plantean una postura en contra del sistema de subasta de medicamentos y así lo hicieron constar en su programa electoral. Repiten algunos de los argumentos que plantean los populares como la de poner en duda “la efectividad de los medicamentos genéricos”. “No se cumplen los estándares de calidad -afirman- y nos dicen los farmacéuticos que se produce desabastecimiento de medicamentos”.

No están de acuerdo en el método y solicitan hacer “un concurso público” con “un pliego para establecer bien los criterios”; porque creen que “con la subasta se tiran los precios y baja la calidad. Se encargan a laboratorios en India u otro lugar de Asia que no garantizan los estándares de calidad”, aseguran. Además defienden que los pacientes “tienen derecho a elegir. Se debe dar la opción de elegir entre el genérico o el original”.

A la luz de los posicionamientos de las distintas fuerzas políticas, y pese a que todas están esperando a ver los detalles de la PNL que presentarán los populares, parece que el PP sólo podría encontrar apoyos en el Parlamento andaluz en los diputados de la formación liderada por Juan Marín.

Otro juzgado de lo contencioso-administrativo suspende un procedimiento judicial iniciado por el Ministerio de Sanidad a la espera de conocer la decisión del Tribunal Constitucional, donde el Gobierno central tiene recurridas las cuatro subastas planteadas por Andalucía.

El pasado mes de septiembre, un juzgado rechazó la solicitud del Gobierno de suspender la cuarta subasta de medicamentos aprobada por la Junta en abril a pesar de que las tres anteriores ya estaban recurridas.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ha decidido suspender el procedimiento judicial iniciado por el recurso de la Abogacía del Estado contra la Resolución de la dirección gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que iniciaba la tercera convocatoria de selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía.

El recurso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad perseguía la nulidad de la resolución que regulaba esta tercera convocatoria por entender que “resulta incompatible con la legislación estatal”. Sin embargo, este juzgado entiende que, dado que ya está planteado recurso de inconstitucionalidad sobre este asunto, no procede entrar a valorar este recurso.

El recurso presentado por la Abogacía del Estado ha sido inadmitido ahora, después de que, en abril de 2014, Andalucía convocara una cuarta subasta de medicamentos con las tres anteriores recurridas. De la misma forma, el pasado septiembre, un juzgado rechazó la solicitud del Gobierno de suspender esta cuarta subasta.

En la tercera convocatoria a la que se refiere esta última resolución judicial se incluían un total de 288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes y que se encuentran en el mercado con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas. Entre ellos destacan, por ser los más consumidos, los antihipertensivos, analgésicos, ansiolíticos, antiinflamatorios, antitrombóticos, hipnóticos y sedantes, opioides, antihistamínicos, antibióticos, hipoglucemiantes, antiúlcera péptica o protectores gástricos, antidepresivos, antibióticos y tratamientos para el colesterol. Estos fármacos suponen el 33,32% sobre el consumo total de recetas de medicamentos prescritas en Atención Primaria.

Con este procedimiento, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, según informa en un comunicado, continúa avanzando en medidas de eficiencia económica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esta medida, además de suponer un importante ahorro para el sistema sanitario público andaluz, sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, permitirá que aquellas personas que requieran hacer uso de ellos tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilitará su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento. El objetivo de ahorro de este procedimiento se sitúa en 200 millones de euros al año.

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) considera “unilateral, parcial e incompleto” el tratamiento informativo dado por los telediarios de la desconexión andaluza de TVE a la sentencia favorable a la Junta de Andalucía sobre la subasta de medicamentos. La televisión pública abordó esta noticia “tres días después de su conocimiento público y lo hizo únicamente a través de las declaraciones del líder del PP andaluz críticas con la subasta de medicamentos, sin explicar previamente la existencia del fallo judicial y sin declaraciones de otros actores de distinto signo político ni de la administración sanitaria afectada por la sentencia”.

Según informa en nota de prensa el CAA, el pleno aprobó este miércoles una resolución que pone fin a la admisión a trámite de una queja ciudadana recibida en la Oficina de Defensa de la Audiencia a finales del pasado mes de septiembre, por la forma en que la televisión pública abordó esta cuestión. Tras la recepción de la queja, el CAA analizó los dos informativos territoriales de TVE-A de los días 10 y 11 de septiembre, fechas en las que se dio a conocer públicamente dicha sentencia en el transcurso de un pleno del Parlamento de Andalucía. También fueron analizados los informativos del día siguiente (12 de septiembre), así como la edición nacional del sábado 13 de septiembre.

El resultado de este análisis, que se centró en las noticias referidas a la crónica parlamentaria, así como las menciones a la subasta de medicamentos de Andalucía, vinculadas o no a las sesiones parlamentarias, revela que los días 10 y 11 de septiembre la información parlamentaria emitida por los telediarios regionales de La1 se centró en el caso de los ERE, sin mención alguna a la subasta de medicamentos.

Sin embargo, el día 12 se ofrecieron las declaraciones del presidente del PP-A, Juan Manuel Bueno Morilla, en relación a una supuesta falta de garantías para los usuarios derivada de la subasta de medicamentos (a partir de 8:35 en el vídeo). En esta información, la televisión pública no menciona la sentencia favorable que da luz verde a la Junta para la cuarta subasta de medicamentos y de la que se había informado en el Parlamento en el día anterior. Tampoco se da voz a otros representantes políticos de distinto signo en relación a esta cuestión ni a miembros de la administración autonómica afectada por la sentencia judicial.

“Únicamente se ofrecieron declaraciones críticas por parte del principal partido de la oposición”

Este tratamiento informativo ha llevado a los servicios técnicos del CAA a resolver que los telediarios de TVE en Andalucía “ofrecieron una información descontextualizada, puesto que se emitieron declaraciones críticas sobre la subasta sin mencionar la existencia de una sentencia judicial que la avala”, y que “no se respetó el principio de imparcialidad, al ofrecer exclusivamente el punto de vista del PP y omitir a la audiencia tanto la sentencia judicial como el punto de vista del Gobierno andaluz, aludido en la información”, según la nota del CAA.

En su decisión, el pleno del CAA recuerda que el Estatuto de Información de la Corporación RTVE exige a sus profesionales en su apartado II respetar una serie de normas deontológicas con el objetivo de velar por su independencia, así como por la objetividad y veracidad de los contenidos informativos. El artículo 9.2 exige contextualizar las causas y consecuencias de los acontecimientos a través de las opiniones de protagonistas, testigos, expertos y autoridades, con representación de todos los puntos de vista posible.

Ante los resultados del análisis, el CAA considera que “TVE-Andalucía no informó con la imparcialidad exigible a un medio de comunicación público de un asunto de controversia política como es la subasta de medicamentos, puesto que únicamente se ofrecieron declaraciones críticas por parte del principal partido de la oposición, sin contextualizar debidamente la noticia y obviando que dos días antes se había conocido en el Parlamento la sentencia judicial favorable que la avala”. TVE, por otra parte, no presentó alegaciones cuando tuvo conocimiento de la queja ciudadana enviada al CAA.

Francisco Javier Guerrero es farmacéutico en el pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla. Atiende con dedicación a la población que tiene asignada, acerca los medicamentos al domicilio para pacientes crónicos que no pueden desplazarse hasta la botica, aconseja, escucha, informa y es prácticamente el único profesional sanitario cualificado que vela todos los días del año por la salud de la gente.

Se toma muy en serio su labor hasta el punto de haberse convertido en un referente en su ámbito y preside, desde su fundación hace tres años, la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar). Es la esencia de un modelo de planificación sanitaria que debe garantizar el acceso a la prestación farmacéutica a toda la población resida donde resida. Pero ese modelo está en cierta medida amenazado. Su eslabón más vulnerable son las farmacias poco viables económicamente pero con una función social clara.

En Andalucía los farmacéuticos rurales constituyen algo más del 20% de los 3.328 farmacéuticos con oficina de Farmacia. Hay unas 173 farmacias en municipios de menos de 1.000 habitantes. De ellas, 82 sobreviven en municipios de menos de 500 habitantes. Según explica Guerrero, desde el año 2010 se ha dado una bajada brutal de los ingresos en general en todas las oficinas de farmacia. “La mayoría puede resistir en estas circunstancias, pero en este tipo de farmacias en las que se atiende a poquísima población la bajada se ha evidenciado mucho”.

Además, subraya que los ingresos de una farmacia rural proceden en casi un 95% de la venta de medicamentos con receta. No hay negocio en los productos de venta libre que sí suponen un alto volumen de beneficios para otras farmacias de muchos núcleos urbanos. “Tenemos un futuro muy negro. La situación económica es apremiante y necesitamos algún tipo de empuje o de apuesta más allá de las declaraciones; necesitamos medidas que ayuden a salvaguardar la viabilidad de este tipo de farmacias”, resume Francisco Javier.

La mayor parte de las reformas sanitarias de ahorro farmacéutico han recortado margen de beneficio global al sector de la oficina de farmacia; pero sin sistemas de compensación que equilibren el impacto, las más desfavorecidas se ven abocadas a la mera subsistencia.

Los beneficios de una farmacia rural varían de un establecimiento a otro. Las pocas aproximaciones que hay proceden de un estudio elaborado por la Sefar. Este documento, atendiendo a la retribución por receta, establece que una farmacia necesita dispensar un mínimo de 530 recetas para cubrir los gastos fijos derivados de su explotación, y un mínimo de 987 recetas para cubrir los “gastos óptimos de explotación”. Las recetas facturadas al Sistema Nacional de Salud por estas farmacias ascienden a una media de 752 recetas de media al mes. Aunque una sexta parte de ellas no alcanzan ni el umbral mínimo de 530 recetas necesarias para cubrir gastos.

Sistemas de compensación, en el aire

Institucionalmente, la administración andaluza ha defendido su apuesta por la sostenibilidad del modelo farmacéutico existente y lanzó hace dos años su compromiso de destinar un fondo para ayudar a las farmacias de pequeñas poblaciones rurales. Ese fondo se compondría con un 10% del ahorro obtenido gracias a las subastas de medicamentos.

Por otro lado, existe un sistema de compensaciones recogido en el RDL9/2011 promulgado desde el Gobierno central. La ley establecía un incremento de margen de beneficio en proporción a la facturación de la farmacia; de modo que la farmacia que menos facture tenga más márgen de ganancia por receta a través de un “índice corrector”. Este decreto debe ser desarrollado por las comunidades autónomas.

Andalucía aun no lo ha hecho. Ambas medidas son complementarias. Guerrero confía en que la Consejería de Salud cumplirá y espera que no tarde mucho en concretarse y desea que sea pronto porque “la situación es urgente”, subraya con ahínco. El objetivo final sería equiparar los ingresos de un farmacéutico rural a los de un farmacéutico de un centro de Atención Primaria.

10 años sin nuevas farmacias y 252 recursos

El pasado viernes la consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció la finalización del primer concurso público de oficinas de farmacia. Un proceso que llevaba paralizado desde 2003, y que según la consejera permite una distribución más equilibrada de las farmacias, ajustadas a criterios poblacionales y de dispersión geográfica. La primera fase del concurso reservaba 61 farmacias a titulares de oficinas de farmacia con más de 10 años en municipios o núcleos de menos de 1.000 habitantes “para valorar y reconocer la labor de estos profesionales”.

El concurso autoriza así la adjudicación de 377 oficinas de farmacia, de las que 316 son de nueva creación y 61 son farmacias en municipios pequeños que han quedado libres tras haber sido sus titulares adjudicatarios de una nueva. O sea, los 61 que trabajaban en localidades pequeñas y que lograron una adjudicación en esa primera fase del concurso. Desde el año 2003, y salvo tres excepciones fruto de procesos judiciales, no se ha abierto una nueva oficina de farmacia en Andalucía.

Este proceso ha sido lento debido a las alegaciones recibidas. Contra la Orden de la Convocatoria hubo 80 recursos contenciosos administrativos. Contra las resoluciones de exclusión se recibieron 27 recursos de alzada y 7 contenciosos administrativos. Contra las resoluciones de puntuaciones definitivas 127 de alzada y 11 contenciosos administrativos. En total, 252. Durante la presentación, la titular de Salud apuntó directamente a la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA) como organización que ha recurrido “de manera sistemática” el desarrollo de la norma y Montero apuntó a la existencia de “otros grupos de presión”. “Hay sectores que van a recurrir todo lo que hagamos porque su objetivo es que no se abran oficinas de farmacia y es previsible que lo sigan haciendo”, afirma Montero.

CEOFA, a peticion de eldiario.es/andalucia, no ha querido realizar valoraciones en este sentido y se ha limitado a subrayar por escrito algunos puntos en los que indica que su organización “nunca ha solicitado la paralización del Concurso. Lo único que desde CEOFA se ha exigido ha sido el riguroso cumplimiento de la legislación vigente, como es normal dentro de un Estado de derecho”. Asimismo, subrayan que su organización “ya advirtió, desde hace años, que determinados artículos de la Orden podrían ser considerados ilegales, por lo que solicitaba su modificación o supresión”. Según indican CEOFA “nunca ha realizado ni recomendaciones colectivas ni ha adoptado ninguna medida ilegal para paralizar el concurso público de oficina de farmacia en Andalucía. La única paralización, provisional, la realizó la Consejería de Salud, para dar cumplimiento a una sentencia del TSJA”.

La corriente liberalizadora

Por otro lado, tanto este tipo de adjudicaciones como la propia filosofía del actual modelo farmacéutico está cuestionada por el proyecto de liberalización de servicios profesionales planteado por el Ministerio de Economía que pretende desvincular la titularidad y la propiedad de la oficina de farmacia en el proyecto de Ley de Sociedades Profesionales.

Hasta ahora, al ser un modelo regulado y vinculado al sistema sanitario público, es la administración quien decide y administra la apertura de las oficinas de farmacia. Liberalizar el sector implicaría que cualquiera, sea un particular, unos grandes almacenes o una multinacional; pueda abrir una farmacia. Esto supondría una amenaza para el sistema actual, llamado “modelo mediterráneo”. lo que ha provocado cierto revuelo en el sector. Aunque Javier también desconfía del modelo liberalizador, le parece incongruente que “el sector sanitario que ahora se preocupa no se mueva para favorecer alguna medida que garantice la viabilidad de las farmacias de núcleos más pequeños o remotos”.

Existe la posibilidad de que el concurso público choque con el proyecto del Gobierno. En la presentación del concurso, María Jesús Montero mostró su “incertidumbre” al respecto y subrayó que el Gobierno andaluz estaría preparado para, una vez más, litigiar en esta cuestión. En su opinión la liberalización del sector “es un planteamiendo peligroso, ya que podría generar desabastecimientos de medicamentos en aquellos municipios que, al ser muy pequeños, no serían rentables para las grandes cadenas a la hora de establecer allí oficinas de farmacias”.

La selección pública de fármacos se ha convertido en uno de los pilares de la política de contención del gasto farmacéutico andaluz. El Ministerio de Sanidad prevé impedir rebajas en el precio industrial de los medicamentos a no ser que las mismas se hagan en toda España, lo que entraría en conflicto con la subasta de medicamentos aprobada en Andalucía, recurrida hasta tres veces por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

Pero, exactamente, ¿de qué se trata? Aquí damos las claves sobre la subasta andaluza de medicamentos:

¿Qué es?

La subasta de medicamentos es, básicamente, una medida de ahorro. Su objetivo es comprar a gran escala aquellos medicamentos que más suelen ser prescritos en la red sanitaria pública para conseguir reducir el gasto farmacéutico y contribuir a bajar el déficit impuesto. Se trata de ajustar el precio a la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión.

¿Cuántas subastas se han hecho?

Hasta ahora se han realizado dos convocatorias públicas de selección de medicamentos. La primera afectó a los tres grupos más consumidos: protectores gástricos, estatinas para controlar el colesterol y antiagregantes plaquetarios. En la primera subasta 11 laboratorios fueron seleccionados, de los que siete decidieron retirarse del proceso. Cuatro siguieron adelante (Industria Química Farmacéutica VIR, Uxafarma, Medinsa y Auribindo). En la segunda, mucho más amplia, se incluyeron 330 principios, aunque solo se han adjudicado 207. Otras 11 firmas se han presentado a dicha subasta. Salud ha insinuado en alguna ocasión la existencia de presiones desde el Gobierno Central hacia estos fabricantes.

¿Cuánto se ahorraría y por qué?

Con el nuevo planteamiento, el Servicio Andaluz de Salud se hace con el margen de beneficio que hasta ahora obtenían las oficinas de farmacia de la negociación con sus proveedores para identificar una marca concreta y no otra. Ahora es la subasta el mecanismo que identifica esa marca. En los tres subgrupos de medicamentos de la primera subasta la sanidad autonómica gasta anualmente unos 235,5 millones de euros. La caída de 7 de los 11 laboratorios supuso un freno al concurso. Aun así, la subasta realizada con los cuatro laboratorios que siguieron adelante y su concurrencia generó a Salud un ahorro de 44 millones.

Con la segunda subasta, la Junta de Andalucía previó un ahorro de entre 96 y 200 millones de euros anuales. Finalmente, se han adjudicado 207 presentaciones con las que la Junta prevé ahorrar 84 millones de euros al año. Cuando la consejera María Jesús Montero presentó la norma, anunció que podría generar unos ahorros anuales de 244 millones. De momento, el ahorro puede cifrarse en cerca de 130 millones de euros. El capítulo total del gasto farmacéutico andaluz ronda los 2.500 millones de euros. El objetivo es comprar por este método el 50% del total. El resto, por tratarse de medicamentos sujetos a patente, no pueden incluirse.

¿De dónde viene?

Cuando el Gobierno andaluz aprobó en diciembre de 2011 el Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Farmacia, se convirtió en la primera administración en establecer la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública. La asfixia financiera y el límite del déficit animaron a impulsar nuevas fórmulas. La idea venía fraguándose desde el año anterior y supuso una diferencia entre el Ministerio de Salud, entonces dirigido por Leire Pajín, y la Administración andaluza. Antes de iniciar el camino, Salud quiso contar con el apoyo de los Colegios de Farmacia, pero no lo consiguió. Las negociaciones con el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos no fructificaron.

¿Qué experiencias similares hay?

Ninguna. En términos exactos es la primera en España. La compra negociada de medicamentos respetando los precios de referencia sí existe desde hace tiempo entre los servicios de farmacia de los hospitales. Por tanto, a otro nivel, esta fórmula existe para muchos medicamentos de uso hospitalario.

Si las decisiones judiciales no lo frenan, uno de los temores para el Gobierno central es que la fórmula se extienda. Andalucía también fue mirada con lupa y tuvo en contra a los profesionales médicos y la industria en bloque cuando fue el primer servicio de salud en establecer la Prescripción por Principio Activo. Hoy, esa medida está asumida por todas las comunidades autónomas y no se cuestiona.

¿Por qué se critica?

Tanto Farmaindustria, la patronal del medicamento que agrupa a los laboratorios innovadores, como la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), que reúne a los fabricantes de genéricos, se han opuesto a la medida. Creen que se invaden competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado y que este tipo de medidas marginan a la industria innovadora, la que más gasta en investigación.

Los colegios de farmacéuticos y las patronales de la distribución han criticado la medida por considerar que rompe la unidad de mercado y pone en riesgo la equidad en el acceso de la ciudadanía a los medicamentos. La Administración sanitaria central lo ve como un asalto a su competenciales exclusivas a la hora de fijar los precios de los medicamentos. Además, estos sectores han lanzado sospechas sobre la capacidad de algunos laboratorios para garantizar el abastecimiento o han querido cuestionar la calidad de los mismos.

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Desde que se aprobara el Decreto Ley que abrió la veda a la subasta, el proceso ha visto minado su funcionamiento a través de tres recursos y una enmienda para cambiar la Ley del Medicamento.

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13 de diciembre de 2011. El Consejo de Gobierno aprueba el Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Farmacia.

1 de febrero de 2012. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía recoge la primera convocatoria pública para la selección de medicamentos que afectará a los tres grupos más consumidos: protectores gástricos, estatinas e inhibidores de la agregación plaquetaria.

19 de marzo de 2012. Salud adjudica a 11 laboratorios la primera subasta de fármacos.

30 marzo de 2012. El Ejecutivo del Gobierno central lleva el Constitucional el primer recurso sobre la adjudicación de los medicamentos y suspende la resolución de la Junta por la que se convocó el concurso.

8 de mayo de 2012. El pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso anunciado por el Ejecutivo, que entiende que la Junta invade competencias estatales al sacar a adjudicación pública algunos de los principios activos más consumidos. Por ello, anuncia la suspensión durante cinco meses de la vigencia y aplicación de las subastas.

17 de diciembre de 2012. Un auto del Tribunal Constitucional argumenta el levantamiento de las medidas cautelares en que “los intereses particulares de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los generales de reducción del gasto farmacéutico”. Pese a ello no se me inmiscuye en las cuestiones competenciales de fondo.

20 de diciembre de 2012. Salud publica la resolución del gerente del Servicio Andaluz de Salud por la que se iniciaba la segunda selección de medicamentos, que incluirá 330 principios activos diferentes.

26 de julio de 2012. El Constitucional admite a trámite el segundo recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que intenta nuevamente parar la subasta. Esta vez, la impugnación del Gobierno se centra en el decreto de medidas urgentes de prestación farmacéutica aprobado por el Gobierno andaluz, que regula la convocatoria pública de medicamentos.

7 de febrero de 2013. El Servicio Andaluz de Salud firma con los laboratorios el convenio con el que se cierra la segunda convocatoria pública de selección de medicamentos, acuerdo que tiene una duración de dos años y por el que las empresas se comprometen al abastecimiento de los fármacos seleccionados.

26 de marzo de 2013. El Constitucional admite a trámite el tercer recurso interpuesto por el Gobierno central contra la nueva fase de las subastas de medicamentos de Andalucía. Sin embargo, esta admisión a trámite no supone la suspensión cautelar de la norma, ya que el Gobierno central no lo solicitó así.

22 de mayo de 2013. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla suspende el procedimiento judicial iniciado por el recurso de la Abogacía del Estado contra la Resolución de la dirección gerencia del Servicio Andaluz de Salud que aprobaba el listado definitivo de medicamentos seleccionados por convocatoria pública de la Consejería andaluza de Salud. Esta decisión conlleva igualmente, según destacó la Consejería, que no se adopten medidas cautelares sobre la selección de medicamentos y, por tanto, el procedimiento siga su curso.

5 de junio de 2013. El Gobierno aspira a prohibir por ley la subasta de medicamentos. El Partido Popular ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Farmacovigilancia que modificará a su vez la Ley del Medicamento para que no se compren medicinas por debajo del precio marcado por el ministerio de Sanidad.