El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha anunciado este miércoles que su departamento está trabajando en una reforma del IRPF que, en el marco de la vía fiscal asturiana, “concentre todos los beneficios fiscales en la mayoría social”.

Esta reforma, según ha añadido, “incluye también una bonificación de los tramos para beneficiar fiscalmente a las clases medias y trabajadoras de acuerdo con la vía fiscal”.

El anuncio se produce dos días después del acuerdo alcanzado entre el gobierno catalán y ERC para rebajar el tramo autonómico del IRPF a contribuyentes con ingresos inferiores a 33.000 euros, medida similar a la que el PP defendió la semana pasada en el parlamento asturiano y que fue rechazada por socialistas, IU-Iniciativa por Asturies y la diputada Covadonga Tomé.

Partido Popular y Vox han arremetido este miércoles contra la política fiscal del Gobierno de Adrián Barbón, al que han pedido que tome nota del presidente catalán, el también socialista Salvador Illa, para dar un giro en materia de impuestos y que Asturias deje de ser la comunidad que más hace pagar a las rentas más bajas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha reivindicado que su formación ha demostrado ser “una fuerza política imprescindible para mejorar la vida de la gente” con el acuerdo para la revisión fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi. Aunque ha admitido que no es la reforma que “Podemos Euskadi habría hecho en solitario”, ha subrayado que se ha “girado a la izquierda” el proyecto de PNV y PSE-EE.

Según ha informado Podemos Euskadi, Vaquero ha agradecido, en su intervención en esta reunión, tanto a la Ejecutiva como al Consejo Ciudadano Euskadi su “trabajo, compromiso y determinación”, sin el que “no habría sido posible” el acuerdo de revisión fiscal anunciado este jueves entre su formación y el PNV y el PSE-EE. El coordinador de Podemos Euskadi ha reivindicado a su partido como “una fuerza transformadora” que ha demostrado, “con hechos y no solo con palabras”, que es “imprescindible para mejorar la vida de la gente” al lograr un acuerdo en materia fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi.

Podemos era decisivo porque PNV y PSE-EE solamente tienen mayoría absoluta en Bizkaia. En el caso de Álava y de Gipuzkoa, los Gobiernos forales de Ramiro González y Eider Mendoza, respectivamente, tienen 24 de 51 escaños y precisan de un tercer socio. Los socialistas habían cerrado claramente la puerta a la derecha, al PP, y EH Bildu ha presentado enmiendas de totalidad al entender que este proceso no implica cambios estructurales en el modelo tributario.

Así, Vaquero ha subrayado que este acuerdo, tras “una negociación intensa”, beneficiará a más de un millón de personas, “casi el 50% de la población vasca”, según recoge Europa Press. Para Vaquero el pacto alcanzado “marca un antes y un después” ya que Euskadi “tiene hoy un sistema fiscal más justo, más progresivo y más solidario”. Así, ha destacado que, con la puesta en marcha de la revisión fiscal, “las rentas por debajo de 20.000 euros, y que no pagarán IRPF, pueden recibir hasta un 35% de lo que han abonado en concepto de alquiler”, lo que supone “un alivio real para miles de familias, jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad”. “Por primera vez en la historia, quienes menos tienen recibirán apoyo directo de la Hacienda foral. Es un paso enorme hacia una sociedad más equitativa”, ha manifestado.

También ha resaltado los “pasos decisivos” en materia de vivienda, ya que se ha podido “desbloquear” el envío de datos al Ministerio de Vivienda para fijar los Índices de Precios de Referencia y regular los precios del alquiler en Euskadi. Vaquero ha reconocido que, pese a las 27 medidas que se han introducido en el proyecto de revisión fiscal mediante este acuerdo, “no es el que habría hecho Podemos Euskadi en solitario”. En todo caso, ha remarcado que sí se ha logrado “girar el proyecto fiscal a la izquierda. ”Hemos conseguido que paguen más quienes más tienen, que las grandes empresas y las entidades financieras aporten lo que les corresponde, y que las rentas más bajas reciban un apoyo real“, ha manifestado.

La formación ha reunido este sábado en Bilbao su Consejo Ciudadano Autonómico, su primer encuentro con la nueva Ejecutiva, que integran Leticia Jiménez (Organización), Luis Miguel Lapeña (secretaría Política), Xabier Marrero (Emergencia Climática y Modelo Productivo), Gustavo Angulo (Acción Institucional), Ana Viñals (Municipalismos), Joseba Andoni Fernández (Sociedad Civil), Inés Unzaga (Comunicación) y Thania Pazos (Feminismos). Además, cuentan con un grupo asesor compuesto por David Rodríguez y Eneritz de Madariaga, portavoces en las Juntas Generales de Álava y Bizkaia, respectivamente.

Su cordinador general considera que el acuerdo fiscal pone de manifiesto que Podemos Euskadi es “determinante”. Según ha reivindicado es “la fuerza que impulsa los cambios necesarios para que Euskadi avance con justicia e igualdad” y seguirá haciéndolo. “Seguiremos defendiendo los derechos de la mayoría social, de las trabajadoras y trabajadores, de quienes más dificultades tienen, de quienes necesitan una política que les escuche y que responda con soluciones reales”, ha afirmado. Además, se ha comprometido a “seguir trabajando sin descanso para que Euskadi sea un ejemplo de justicia social, de igualdad y de progreso”. “Porque para eso nacimos y para eso seguimos aquí: para cambiar las cosas y para demostrar que otra política es posible”, ha indicado.

El Govern quiere empezar a aterrizar el acuerdo con ERC sobre la financiación singular para Catalunya que le permitió amarrar la investidura de Salvador Illa. A la espera de concretarse el modelo, el gran meollo del asunto, la segunda pata es la gestión de todos los impuestos de la comunidad, empezando por el IRPF en 2026.

Como se trata de “un reto gigantesco”, en palabras de la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) aprovechará la campaña de la renta de este año, que empieza el 6 de mayo i termina el 30 de junio, para contratar a nuevo personal. El objetivo es “ganar músculo, prepararse y aprender para asumir la gestión en solitario”, ha explicado la consellera.

La ATC se reforzará con 192 efectivos esta primavera. De éstos, 90 son plazas fijas para que el organismo vaya aumentado su plantilla paulatinamente, formada hoy por unas 850 personas. La contratación de 50 estaba prevista para el año que viene, pero Economía ha decidido avanzar su incorporación y ampliarla a 40 personas más.

También se convocarán este año para aumentar la plantilla de los tres cuerpos del ATC: inspectores tributarios (20 plazas), técnicos (30 plazas) y gestores (40 plazas). Con todo, en los últimos meses la Generalitat ha admitido que para poder asumir todos los impuestos en Catalunya tendría que multiplicar por cuatro la plantilla de la ATC.

Por otro lado, la Agencia se reforzará con 102 personas de forma temporal para ayudar a la Agencia Tributaria estatal en la atención presencial y telefónica a los contribuyentes. Se trata de “un primer paso” en el objetivo de gestionar todo el IRPF el año que viene.

“Nunca la Generalitat había tenido esta implicación en la campaña de la renta. Hay que coger músculo para gestionar la renta solos el año que viene”, ha resaltado la consejera, que ha comentado que, aunque la gran mayoría de los catalanes presentan la renta en línea, unas 350.000 personas en Cataluña recurren a servicios de atención presencial o telefónica.

El incremento de personal eventual irá acompañado de un despliegue territorial. Se pasará de los 35 mostradores disponibles para la campaña del año pasado a los 87 del actual, y se habilitarán 36 oficinas en toda Catalunya, media docena más que el año pasado.

De éstas, cuatro se situarán en las capitales de provincia y contarán con varios mostradores de cita previa. En cuanto al resto de poblaciones, además de las oficinas de la red Tributos de Catalunya, se dispondrá de nuevas oficinas en Badalona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido que ve en Salvador Illa, actual líder del Ejecutivo catalán, un “talante” que le recuerda en algunos aspectos a su antiguo partido, Convergència i Unió (CiU). “Tiene un talante que intenta ser constructivo y positivo”, ha dicho del socialista en una entrevista en Catalunya Ràdio. “En esto le reconozco que tiene ese talante [convergente]”.

Mas ha matizado que, a pesar de sus palabras, “sabe dónde está cada uno” para después reconocer que en su partido había tenido a políticos con el mismo perfil que Salvador Illa. “Yo mismo cuando llegué a la presidencia del Govern en 2010 incorporé a personas que venían del PSC”, ha remachado en alusión a los fichajes de Illa de cargos vinculados al catalanismo conservador.

Sobre la renuncia del presidente de Junts, Carles Puigdemont, a ejercer de líder de la oposición, Mas lo ha considerado “lógico” porque “no es fácil” ejercer ese cargo cuando previamente se ha sido president de la Generalitat. Aun así, se ha mostrado partidario de que alguien de la formación ejerza esa responsabilidad. “Si no es él, lo tiene que hacer alguien”, ha añadido.

Según Mas, el “principal reto” de Junts es que el partido sea visto por los votantes como “alternativa” al actual Govern. “No solo tiene que ser un partido que resiste en las elecciones sino que sea capaz de organizarse para ser una alternativa potencialmente ganadora”, ha añadido.

Financiación singular y pacto fiscal

Mas se ha referido a la financiación pactada entre PSC, el Gobierno y ERC comparándola con el concierto económico que él reclamó en 2012 cuando presidía la Generalitat. “Le han cambiado el nombre pero es exactamente lo mismo”, ha defendido.

En cuanto a la actitud de Junts ante esta negociación, Mas considera que el hecho de que el partido no haya formado parte del pacto inicial no tiene porque implicar que se oponga al acuerdo. “Lo que se tiene que procurar es que salga lo mejor posible”, ha añadido.

“Cuando llegue [el acuerdo] al puerto final, cuando haya las leyes en el Congreso, entonces veremos el posicionamiento de cada uno. Si el modelo va en la línea que se dice, que es un concierto económico, yo estoy seguro que Junts ayudará a que esto sea, incluso, algo mejor”, ha afirmado el expresident. “No me puedo plantear un escenario diferente a este”, ha concluido.

El Gobierno sigue sin terminar de hincarle el diente al recorrido que tendrá el pacto fiscal comprometido con ERC, uno de los grandes melones por abrir del recién inaugurado curso político. Ni se sabe cómo se afrontará la reforma del sistema de financiación autonómica con el resto de territorios, ni cómo se pretende aplicar la “financiación singular”, ni tampoco cuándo. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez empieza a poner el foco en que ese calendario no depende exclusivamente de la voluntad de la Moncloa.

“Vamos a ajustar al calendario lo máximo posible, pero no solo depende del Gobierno. También de la Generalitat y de su capacidad y disponibilidad para asumir las tareas del propio acuerdo”, planteó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes tras el Consejo de Ministros. Montero anunció, además, que ya se han producido contactos entre su departamento y el Govern de Salvador Illa para agendar una serie de reuniones que aborden hasta qué punto Catalunya tiene ya la capacidad de impulsar su propia Hacienda.

“Tenemos previstas reuniones con la Generalitat para ver su disponibilidad de asumir las nuevas tareas que le corresponden según el acuerdo”, adelantó la vicepresidenta, que no quiso concretar más sobre el recorrido de la reforma y pidió tiempo y discreción. “Déjennos trabajar. Podremos ir informando en la medida en que vayamos avanzando, pero necesitamos la prudencia suficiente”, solicitó después de subrayar, una vez más, que el Gobierno no se plantea otro escenario que el de cumplir “íntegramente” lo firmado con Esquerra.

Hacienda no convocará el Consejo de Política Fiscal

Cuestionada por el contacto con el resto de comunidades para que su departamento dé las explicaciones que le demandan la mayoría de presidentes acerca de las implicaciones del pacto alcanzado en Catalunya, Montero puso en duda que el PP quiera realmente afrontar ese debate y arremetió contra las consignas de Feijóo a sus barones. “He asistido perpleja a instrucción del señor Feijóo a los presidentes autonómicos de que no hablen ni de la condonación de la deuda ni de financiación con el Gobierno. ¿Cómo puede el presidente del PP dar instrucciones a personas que tienen responsabilidades tan importantes para que no acudan a las reuniones a hablar sobre esto? Me gustaría saber cómo van a responder los presidentes autonómicos”, señaló.

Desde el Gobierno explican que durante el mes de julio quedaron comprometidas reuniones bilaterales entre el Ministerio de Hacienda y las consejerías autonómicas para afrontar la condonación de la deuda. Una interlocución que, según consideran en el departamento de María Jesús Montero, ha hecho saltar por los aires el líder de la oposición.

“Luego se quejan de no tener contactos con el Gobierno o se quejan de que otras comunidades sí sean recibidas. Pero es que siempre hacen lo mismo: no van a las reuniones, bajan los impuestos en sus territorios y le piden más dinero al Estado”, señaló Montero.

Fuentes del Ministerio de Hacienda descartan, al menos por ahora, volver a convocar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como reclaman los populares para abordar una negociación multilateral. “Si es que son ellos quienes dejan sin efecto los órganos multilaterales. En julio se abstuvieron sobre la senda de estabilidad que les presentamos en el Consejo de Política Fiscal y luego en el Congreso la tumbaron”, lamentan esas mismas fuentes.

La propia vicepresidenta calculó en unos 11.500 millones de euros el impacto que tiene en las finanzas de comunidades autónomas y ayuntamientos que el Partido Popular tumbe una senda de estabilidad que este martes el Consejo de Ministros volvió a aprobar y que el Gobierno volverá a llevar al Parlamento, donde fue rechazada en el mes de julio con los votos en contra de PP, Vox y Junts, entre otros.

María Jesús Montero avisó también a los populares de que su voto en contra, más allá del perjuicio a las cuentas públicas de las autonomías y consistorios, no provocará que el Gobierno se eche atrás con los Presupuestos Generales del Estado.

“Si el PP cree que tumbando la senda de déficit tumba los Presupuestos, que se olvide. El Gobierno de España va a presentar los Presupuestos de 2025 ya sea con esta senda o con la anterior”, se comprometió. Aunque el Ejecutivo asume la dificultad de ahormar ahora una mayoría parlamentaria que respalde esas cuentas, la ministra de Hacienda aseguró que impulsarán las negociaciones con todos los grupos políticos. También con Junts y ERC, cuyos congresos afrontarán ambas formaciones independentistas durante este próximo otoño. “Si no salen adelante lo tendrán que explicar aquellos que ponen todo el tiempo chinas en el camino para que el Gobierno no pueda desplegar su iniciativa política”, concluyó.

Durante el Comité Federal del PSOE el pasado sábado, el propio Pedro Sánchez ya advirtió de que el escenario de unas elecciones anticipadas no es ni siquiera una hipótesis por mucho que se le compliquen las cosas en el Congreso. “Con un poder legislativo constructivo o restrictivo, vamos a seguir gobernando para la gente, para la convivencia y el progreso”, dijo en un intento de ofrecer alguna garantía de continuidad a la legislatura.

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, ha denunciado este viernes la “andanada insolidaria del nacionalismo” que parece haber puesto la diana en la destrucción de la solidaridad fiscal. “Sin embargo, el resto de los españoles, incluidos los asturianos, exigimos que nuestra dieta alimenticia contenga una porción razonable de pescado”, ha añadido.

El presidente del parlamento asturiano ha hecho esta advertencia durante el pleno institucional que se ha celebrado en la Junta General del Principado con motivo de la celebración del Día de Asturias, que tendrá lugar el próximo domingo, 8 de diciembre.

Afortunadamente, ha añadido, en Asturias se ha trabado “un fuerte y sólido compromiso transversal”, que alcanza a la práctica totalidad de los agentes políticos, acerca de los mimbres que se deben considerar a efectos del futuro modelo de financiación, para asegurar la solidaridad del sistema y garantizar la igualdad entre todos los españoles, independientemente del territorio de residencia.

“Los populismos nacionalistas han vuelto a aparecer y se vuelven a convertir en la más peligrosa amenaza para la convivencia”, ha añadido el presidente de la Junta.

Cofiño ha aprovechado también para reivindicar el estado autonómico, puesto en entredicho injustamente por diferentes actores en los últimos tiempos, ya que, según ha añadido, ha prestado grandes servicios a los ciudadanos, en la mejora, por ejemplo, de la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Aunque también ha reconocido que es preciso introducir mejoras para “para optimizar el modelo”, ha pedido a quienes impugnan el modelo autonómico que “revisen sus planteamientos a la luz de la razón y de las positivas experiencias adquiridas, no vaya a ser que su enmienda a la totalidad termine en la tragedia de tirar al niño junto con el agua del baño”.

La portavoz socialista, Dolores Carcedo, también ha defendido el valor del pacto y de la unidad al referirse al acuerdo alcanzado hace cuatro años, y ratificado recientemente, sobre el modelo de financiación autonómica que reclama Asturias, en un momento en el que aún queda por ver cómo se concreta el pacto alcanzado para la financiación singular de Cataluña.

Tras asegurar que “por intereses espurios” se ha puesto en peligro la financiación de los servicios más fundamentales de los asturianos, el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, ha reclamado “una gestión mejor y una política seria frente a la inacción”.

La portavoz de Vox, Carolina López sí que ha arremetido directamente contra el presidente del Principado, Adrián Barbón, al que considera “dominado por la delegada del Gobierno”, Adriana Lastra, y a quien ha acusado de enfrentar a la sociedad con su decisión de no asistir a la misa de Covadonga y de utilizar el Día de Asturias como arma política para desacreditar y poner en duda el pasado, la historia, cultura, bandera y esencia de Asturias.

Ausencia en Covadonga que también ha criticado el diputado de Foro, Adrián Pumares, mientras la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha reivindicado la separación entre Iglesia y Estado, asegurando que el pueblo asturiano “no tiene que arrodillarse ante ninguna autoridad clerical”.

Por último, desde IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas ha trasladado su preocupación “por la mar de fondo que trae extremismo, intolerancia y discursos de odio”, así como por la “fiebre del fascismo” contra la que no hay confinamientos ni vacunas y ante la que hay hacer un muro de contención.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido este miércoles en que el Gobierno de Pedro Sánchez “siempre actúa en el marco constitucional”, de tal forma que las normas que salen y que emanan de su Ejecutivo “lo son en el marco de los principios constitucionales”.

De este modo reaccionado Rodríguez, preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo, junto a la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, sobre las críticas del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que este martes se mostraba convencido de que el preacuerdo entre el PSC y ERC para ceder a Cataluña la gestión del cien por cien de sus ingresos no cristalizará por ser “un flagrante ataque” a la Constitución.

“Es un acuerdo público y político que se expresa en sus propios términos y que no me corresponde a mí interpretarlo”, ha zanjado Rodríguez, que de igual modo, se ha congratulado de que lo acordado entre PSC y ERC “ratifique la presencia de la Generalitat y de Cataluña en los órganos multilaterales de gobernabilidad de España”.

“Por tanto, tranquilidad, no somos nuevos. Ahí está nuestra gestión con la que arrancamos este curso político. Este Gobierno ha dado buena cuenta de su compromiso con las autonomías, de su defensa y la ampliación de las políticas sociales, del incremento de las pensiones, o la confianza en la educación pública”.

“Hemos escuchado muchas veces esa misma retahíla, pero la realidad es que hoy las comunidades autónomas cuentan con más apoyo que nunca por parte del Gobierno de España”, ha defendido la titular nacional de Vivienda y Agenda Urbana, que ha insistido en calificar de “buena noticia para España” que Salvador Illa esté al frente de la Generalitat de Catalunya, y “que estemos hablando de financiación y no de independencia”.

“Que la Generalitat de Catalunya esté gobernada por un socialista es siempre garantía de solidaridad, de igualdad, de justicia social, en definitiva, los valores que nos mueven a todos los hombres y mujeres socialistas”.

“El PP está dañando a Castilla-La Mancha y al conjunto de España”

Dicho esto, y tras reconocer ha necesidad de abordar “cuánto antes” un nuevo pacto de financiación autonómica y local, ha mirado al PP, al que ha pedido que “vuelva a sentar la cabeza y llegue alguien al frente que sea capaz de poner a altura de miras”.

A juicio de Rodríguez, la postura de los 'populares', “que ni están ni se les espera, está dañando a Castilla-La Mancha y al conjunto de España con decisiones tan importantes como la votación que se producía hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y que nos están privando a todos de 7.500 millones de euros adicionales para poder llevar a cabo estas políticas públicas”.

Rodríguez ha insistido en reprochar al PP al no apoyar la senda de estabilidad que presentó el Gobierno, “y que tuvo la complicidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, se le está privando a Castilla-La Mancha de más de 280 millones de euros para poder hacer políticas sociales”.

El Gobierno de Page eleva el tono: o se aborda de manera conjunta, “o no se abordará”

Mientras, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado hoy que la financiación autonómica se abordará de manera conjunta entre todas las comunidades autónomas del conjunto nacional “o no se abordará”.

Así de contundente se ha mostrado la portavoz del Gobierno de Emiliano García-Page durante la rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas, después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, haya culpado al Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de bloquear la negociación de la financiación autonómica.

Padilla ha señalado que “es imprescindible” que se aborde “con urgencia” para las “comunidades que llevamos desde hace tiempo denunciando que estamos infrafinanciadas”.

En este sentido, ha comentado que la financiación autonómica debe de abordarse “en su conjunto” y no de manera singular solo con Cataluña, reiterando que la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha “está radicalmente en contra” de ese “tratamiento especial hacia Catalunya”.

“Politiquería barata”, así define el presidente del Principado, Adrián Barbón, el manifiesto que ayer firmaban todos los presidentes autonómicos del PP contra el acuerdo catalán de fiscalidad, que reconoce no haberse leído. Y es que el presidente asturiano vuelve a instar a los populares a que presenten una propuesta de financiación, aunque asegura que “no son capaces de hacerlo” pues cada comunidad autónoma defiende sus propios intereses, a pesar de estar presididas por el mismo partido.

Adrián Barbón ha vuelto a reivindicar los pactos de financiación autonómica rubricados por el Principado, que son el acuerdo del parlamento asturiano apoyad por todos los grupos políticos, salvo Vox, el pasado 2020, la 'Declaración de Santiago', firmada en 2021 por ocho comunidades autónomas (cinco de ellas socialistas), y los acuerdos aprobados en el 33 Congreso de la Federación Socialista Asturiana.

Lo que sí ha pedido Barbón es no adelantar acontecimientos y esperar a que el Gobierno central presente su propuesta para “analizarla en detalle”, todo lo demás solamente responde a una “puesta en escena”, ha puntualizado el jefe del ejecutivo asturiano en referencia a las declaraciones realizadas a este respecto por el Partido Popular.

El presidente asturiano ha destacado la vuelta del sentido común a Catalunya, gracias al gobierno de Salvador Illa, en cuya toma de posesión estuvo presente, asegurando que “se ha pasado del discurso bronco e independentista a un discurso catalanista y progresista”.

Barbón ha visitado esta mañana el Museo de Bellas Artes de Asturias, que está pendiente de iniciar sus obras de ampliación, “una muestra clara del compromiso de mi gobierno con la cultura”, y ha señalado que la reunión de seguimiento del pacto de gobierno con Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies, pospuesta al mes de septiembre, será previsiblemente el día 3.

La Junta de Portavoces del parlamento asturiano se ha reunido este martes para abordar las dos declaraciones institucionales presentadas por separado, por el PP y los grupos de izquierda, en torno a la reforma de la financiación autonómica y el pacto fiscal alcanzado en Cataluña.

El Partido Popular, primera formación en hacer pública su propuesta de declaración, se ha quedado solo esta mañana, con el único apoyo del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, lo que obligó a ambas formaciones a apoyar la declaración presentada por la izquierda.

Mientras el PP pedía en su iniciativa el rechazo absoluto de Asturias al pacto catalán, que suponía un “intento de secesión fiscal y una ruptura total del principio de igualdad entre españoles”, la declaración presentada por PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y el Grupo Mixto, ratificaba la postura de Asturias, que fue la aprobada por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, en 2020.

La portavoz socialista, Dolores Carcedo, ha señalado que la reforma del modelo de financiación autonómica debe abordarse cuanto antes, para acabar con la “infrafinanciación” de las comunidades autónomas, y debe hacerse, en el marco del régimen común, basándose en los principios de igualdad, equidad y solidaridad.

Asimismo, ha acusado al PP de “servir a los intereses de Génova en vez de a los de Asturias”. Carcedo ha hecho hincapié en la importancia de fortalecer al gobierno asturiano, a la hora de encarar esta negociación con el resto de comunidades y hacerlo desde el acuerdo alcanzado en 2020.

En este sentido, desde Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, ha aprovechado para recordar el dumping fiscal que ejercen, sobre el resto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como el ajuste fiscal para Asturias, cifrado en 156 millones de euros, que supondrá el rechazo del aumento del techo de gasto, por parte del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, en el Congreso de los Diputados.

A los factores que afectan de manera específica a la comunidad autónoma, como la dispersión geográfica, la despoblación, el envejecimiento o la baja natalidad, hay que añadir, según explica Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, el coste medioambiental que ha supuesto para Asturias ser, a lo largo de su historia, una comunidad exportadora de energía eléctrica para el resto del país, sin haber recibido nunca financiación adicional por ello, y con los problemas de contaminación y para la salud de las personas que esto ha generado.

Tomé ha propuesto también el impulso de la mesa de financiación constituida en 2019, en la que el gobierno regional informe del transcurso de las negociaciones.

A pesar de su voto afirmativo, el portavoz adjunto del PP, Luis Venta, ha reconocido que no ha habido sorpresas y que la de esta mañana ha sido un “nueva traición de PSOE a los asturianos”. Además ha acusado a Adrián Barbón de ser el decimoséptimo consejero del gobierno de Salvador Illa y ha reiterado que los acuerdos alcanzados hace cuatro años fueron dinamitados por la “secesión fiscal aprobada en Cataluña”.

Mientras, el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha explicado que no tenía sentido votar en contra de la declaración aprobada, que se recoge el acuerdo del año 2020, si bien ha acusado a la izquierda de ejecutar “piruetas indignas y humillantes” para no censurar el pacto catalán.

El coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, ha mostrado este miércoles la discrepancia de su formación con el “marco fiscal” del pacto del PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ya que “pondría en riesgo el Estado social” y el desarrollo de las comunidades autónomas.

El también consejero de Ordenación del Territorio del Principado ha celebrado que haya un acuerdo del progresismo en Catalunya y que “vaya a haber un presidente de izquierdas”, si bien ha matizado que desde su formación discrepan “profundamente” con el hecho de que el principio de ordinalidad ataca un modelo de Estado federal “solidario” que debe ayudar a unas comunidades “por encima de otras”.

Pese a todo, ha insistido en que IU no va a apoyar la campaña completamente interesada del PP, tal y como ha calificado la propuesta de los populares para convocar una Junta de Portavoces para abordar una declaración conjunta sobre el pacto catalán en el parlamento asturiano.

En este sentido, y en los mismos términos en los que se expresó estos días a este respecto el diputado de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha insistido en que en Asturias “hay un consenso” que se logró entre todos los partidos democráticos en cuanto a la financiación autonómica en el año 2020 y ahí es donde la coalición que lidera sigue estando, ha remarcado.

Tal y como había anunciado su presidente, Álvaro Queipo, el pasado fin de semana, el PP asturiano ha registrado este martes una solicitud para la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces del parlamento, en la que pedirá al resto de partidos con representación en la Junta General del Principado que se sumen a una declaración institucional de “absoluto rechazo” al acuerdo entre los socialistas y la izquierda republicana catalana.

Por ello el PP ha trasladado al resto de grupos políticos una propuesta en la que evidencian que el pacto supone un ataque “sin precedentes” a los principios de solidaridad, equidad, suficiencia, lealtad institucional y seguridad jurídica, que son los que deben regir cualquier modificación del sistema de financiación autonómica, según ha explicado en rueda de prensa el diputado Luis Venta.

El texto expresa también que ninguna comunidad autónoma debe sufrir una merma de su financiación por la reforma de un sistema que lo que debe es garantizar una mejor suficiencia para cumplir con la prestación de los servicios públicos, según Venta.

La propuesta de los populares advierte asimismo de que el pacto catalán supone “un intento de secesión fiscal” acordado de forma unilateral y la salida de Catalunya del régimen común de financiación, causando un perjuicio “objetivo” a otras comunidades, como Asturias.

Los populares aseguran que el parlamento asturiano debe ser claro y contundente y por eso plantea que la reunión de los portavoces debe producirse, según el reglamento, la próxima semana. Precisamente sobre este asunto se pronunciaba ayer el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, asegurando que en cuanto el PP registrase su iniciativa, ésta seguiría la tramitación reglamentaria.

También ayer se pronunciaba sobre este tema el diputado de Foro, Adrián Pumares, quien manifestaba el apoyo de su formación política a cualquier tipo de iniciativa dirigida a frenar el pacto de fiscalidad catalán. Añadía también que su partido propondría una proposición no de ley que pudiese servir de base a la declaración institucional planteada por el PP.

Mientras, desde Convocatoria por Asturies-IU, su diputado Xabel Vegas aseguraba que la iniciativa del PP carece de sentido pues “ya hay un acuerdo político sobre el modelo de financiación autonómica, firmado por todas las fuerzas democráticas asturianas”, y acusaba al PP de pretender solamente alimentar la crispación con su propuesta.

Por su parte, Luis Venta (PP) ha acusado al presidente del Principado de ser un “superhéroe del engaño y el filibusterismo político” debido a su actitud ante un acuerdo en el que se emplea el dinero de todos los españoles “para beneficiar a unos pocos”.

Asegura que Barbón no defiende los intereses de Asturias “donde toca, que es en el seno del PSOE”, mientras para la vicesecretaria general de la FSA-PSOE, Adriana Lastra, el pacto es “bueno”.

Las bases de ERC han hablado. El 53,5% de los más de 8.200 militantes del partido que estaban llamados a las urnas este viernes han refrendado el acuerdo de investidura que convertirá a Salvador Illa, salvo sorpresa de última hora, en el 133º president de la Generalitat.

La participación ha sido alta, del 77%, tal como ya lo auguraba el hecho de que menos de una hora después de empezar la consulta ya hubiera votado el 25% de la militancia. El resultado final ha sido de 3.397 votos para el sí, 2.847 (44,8%) para el no y 105 (1,7%) abstenciones.

El pacto refrendado hoy es “coherente con lo que es ERC”, según ha apuntado la líder del partido, Marta Rovira, durante una comparecencia de prensa tras el anuncio de los resultados. Los acuerdos, según la republicana, responden a una lectura del nuevo ciclo político que ha acabado con la mayoría independentista en el Parlament y en el que las izquierdas han perdido fuerza. “Estos dos hechos nos han llevado a pensar, escucharnos y proponer decisiones sin olvidar nuestros objetivos: la independencia y la justicia social”.

Rovira ha aprovechado su comparecencia para alabar la alta participación de sus bases y congratular a los suyos por el “gran ejercicio de participación y democracia que hemos demostrado”. El acuerdo, dice, tiene toda la legitimidad, a pesar de haber ganado por la mínima. “El resultado es claro. Hemos dicho que sí a tener más recursos, a la Hacienda catalana, a poder hablar en condiciones de igualdad con el Estado. Hemos dicho que sí a ser solidarios”, ha dicho.

Ahora bien, Rovira ha avisado que ERC ha dado un “sí vigilante. No es un sí absoluto”. La líder de los republicanos ha reconocido que entre los contrarios al pacto, las dudas no venían por el contenido del mismo, sino por “quién lo subscribe al otro lado”. Rovira se ha mostrado consciente de que buena parte de los suyos “desconfía” del PSC. Por eso, ha insistido en que ERC se quedará en la oposición. “Es desde donde tenemos más fuerza para ser vigilantes y asegurar el cumplimiento del acuerdo, que es lo que nos pide la militancia”.

Oriol Junqueras también ha enfatizado el alto porcentaje del 'no' en la votación en un mensaje publicado en la red social X, ante lo que ha pedido ser “muy exigentes” con el cumplimiento de los acuerdos y afrontar el “reto” de gestionarlos. Además, propone reforzar el diálogo “franco y honesto” con el conjunto de los militantes.

Una votación reñida

Durante toda la jornada, los nervios han estado a flor de piel, tanto entre los partidarios del sí como entre los del no. Y es que el partido ha votado en un momento de máxima división. Mientras la cúpula ha defendido insistentemente el acuerdo alcanzado con el PSC, algunas voces destacadas como la diputada Pilar Vallugera o el exconseller Alfred Bosch han hecho campaña activa por el no. Y en medio, Oriol Junqueras, a quien buena parte de la militancia todavía considera referente político, no dio explícitamente apoyo al texto y aseguró entender las dudas que el mismo levantaba.

Los sucesivos batacazos electorales y la polémica por los carteles contra los hermanos Maragall sólo han contribuido a calentar un ambiente ya de por sí tenso en ERC, que vive pugnas internas desde hace diversos meses. Todo ello coronado por una disputa evidente los dos líderes que han capitaneado el partido desde el inicio del procés: Oriol Junqueras y Marta Rovira.

Hoy la victoria, aunque por la mínima, es para Rovira, que durante las últimas semanas ha dado la cara para sacar este acuerdo adelante y ha defendido el pacto ante los detractores, que no han sido pocos.

Aún así, todavía falta un escollo por solventar. Las juventudes republicanas (JERC) anunciaron este jueves que, independientemente de lo que escogieran las bases, convocarían un Consejo Nacional, en el que decidirían el sentido del voto de la diputada Mar Bessas en el pleno de investidura.

Lo anunciaron en un comunicado en el que se mostraban claramente en contra de investir al candidato socialista. “A nosotros no nos dan miedo las urnas”, apuntaron, en referencia a la repetición electoral a la que se vería abocada Catalunya si no se consigue dar por bueno a un president antes del 26 de agosto.

El Consejo Nacional ha sido finalmente convocado para el lunes 5 de agosto y, si las juventudes deciden que no quieren dar su voto a Illa, el candidato socialista perdería la mayoría (que se sitúa en 68 diputados, exactamente la suma de todos los votos del PSC, ERC y Comuns). Lo que decidan las JERC puede suponer un brusco giro de guión en los acontecimientos de los próximos días. Rovira ha apuntado que respetarán los procesos internos de las juventudes, pero se ha mostrado tranquila. “Estoy convencida de que tendremos acuerdo”, ha zanjado.

Si finalmente fuera así, la pelota estará en manos del president del Parlament, Josep Rull. Una vez Illa le comunique su intención de presentarse a la investidura, deberá iniciar la ronda de consultas a todos los grupos parlamentarios y, después, convocar el pleno. Si nada cambia y los trámites no se demoran más de la cuenta, se espera que la cita sea entre el martes y el miércoles de la semana que viene.

Como Illa contaría con 68 votos, que equivalen a la mayoría absoluta del Parlament, no sería necesaria la segunda vuelta y Catalunya podría tener un nuevo president a mediados de la semana próxima.

Junts reúne a su ejecutiva

Las reacciones al acuerdo de investidura han ido apareciendo durante la tarde. Una de las primeras ha sido la de Junts, que a través de un comunicado ha anunciado que reunirá a su ejecutiva este sábado para “valorar la nueva situación política” y lo que este pacto “comportará para el país y el proceso de independencia”.

Algo a tener en cuenta es que Puigdemont aseguró que se personaría en el debate de investidura fuera quien fuera el candidato, a pesar de que ello supondrá, casi seguramente, su detención. Preguntada sobre si la detención del expresident podría hacer cambiar el sentido el voto de ERC, Rovira ha apuntado que el pacto firmado con el PSC también es para que “vuelva con la máxima tranquilidad y libertad. Pero en caso de que no ocurriera eso, esta ejecutiva debería reunirse y tomar decisiones que todavía no ha tomado”.

El Govern ha puesto sobre la mesa este martes el modelo de financiación singular para Catalunya que aspira a negociar con el Gobierno central y con el que el president Pere Aragonès acudirá a las elecciones del próximo 12 de mayo. El Ejecutivo catalán ha presentado un informe con el que defiende recaudar y gestionar el 100% de los impuestos generados en la comunidad autónoma, un sistema similar al foral vasco, y negociar un cupo con el Estado y un fondo de reequilibrio territorial. 

La consellera de Economía, Natàlia Mas Guix, ha argumentado que esta propuesta pondría fin al déficit fiscal y permitiría a la Generalitat duplicar sus ingresos en materia tributaria, hasta los 52.000 millones de euros anuales. “Es un planteamiento justo, razonable e imprescindible”, ha proclamado, y ha añadido que darán traslado del documento a los grupos parlamentarios catalanes, a los agentes económicos sociales y al Gobierno central. 

La propuesta de un nuevo modelo de financiación forma parte del pacto de investidura de Pedro Sánchez que cerraron ERC y el PSOE. Además de la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en el plano económico el acuerdo incluía la constitución durante el primer trimestre de 2024 de una comisión bilateral entre Generalitat y Gobierno para abordar una “financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Catalunya”. 

El Gobierno descarta un abordaje solo con Catalunya

Sin embargo, desde el Gobierno no han tardado en enfriar las perspectivas de Aragonès. Antes de que el president presente el miércoles la propuesta en Madrid, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido que el debate debe abordarse junto con las demás administraciones autonómica.

“Vienen propuestas por parte Catalunya pero hemos recibido también otras comunidades”, ha expresado. En contra de lo acordado con ERC sobre una negociación bilateral, la voluntad del Estado, ha añadido la portavoz, es llegar a un acuerdo con “el conjunto” de las comunidades.

En la misma línea el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la reforma del sistema de financiación autonómica se debe llevar a cabo en el marco del grupo que dirige la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que están presentes los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. Asimismo ha remarcado que es una medida que tiene “complicaciones” y por eso lleva “más de una década pendiente” 

Abiertos a una reforma del Estatut

La Generalitat ha analizado el encaje jurídico del modelo singular y ha concluido que para aprobarlo habría que modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), aunque ha descartado participar en una negociación multilateral con otras comunidades, tal como ha dejado entrever el Gobierno de Pedro Sánchez. 

En el apartado jurídico, el documento esconde además la predisposición del Govern a reformar el Estatut de Autonomía si hiciera falta. “Si se llegara a la conclusión de que algunos preceptos estatutarios no son compatibles con un régimen de financiación como el pretendido, su implantación podría exigir la reforma del Estatut”, se lee en el texto. “Habrá que tener en cuenta por lo tanto la regulación estatutaria en materia de financiación para analizar su compatibilidad con el régimen singular”. 

Del 9% al 100% de los tributos

La financiación singular catalana que ha esbozado Mas Guix supondría que Catalunya gestione y recaude impuestos como el IRPF, el IVA o el de Sociedades, de modo que pasaría de asumir el 9% de los tributos al 100%. Según ha justificado la consellera, este modelo les acercaría a otros de países federales como Estados Unidos, Alemania, Suiza o Canadá. 

Actualmente, según los cifras de la Generalitat, los catalanes pagan en impuestos unos 52.000 millones de euros, de los cuales el gobierno catalán gestiona aproximadamente la mitad, 25.000. De todo el montante, los recaudados directamente por la Administración catalana son unos 5.000. 

Mas Guix ha denunciado que desde hace cuatro décadas Catalunya aporta a la caja común recursos por encima de la media estatal, y recibe “sistemáticamente” por debajo del promedio, un déficit que estiman del 8% del PIB catalán. “Ha habido gobiernos del Estado de todo tipo, con sistemas de financiación distintos, pero con un resultado de insuficiencia financiera crónico”.

Sin concretar el fondo de solidaridad

Con todo, el documento presentado por la Generalitat solo esboza y no desarrolla dos piezas fundamentales del sistema de financiación. Por un lado, las transferencias al Estado por sus servicios prestados en Catalunya, como los de Acción Exterior, Defensa o Justicia, que se deberán calcular realizando una serie de ajustes vinculados a los impuestos indirectos. El otro es el fondo de reequilibrio territorial para garantizar la cobertura de los servicios públicos en las comunidades con menos capacidad fiscal. 

Preguntada por ese porcentaje que Catalunya debería destinar a la solidaridad entre territorios, y que el documento no concreta, Mas Guix se ha limitado a afirmar que se debería abordar en el futuro, de forma “transparente”: “Lo que no haremos es condicionar con cifras que puedan contaminar y condicionar una negociación que debe ser honesta y rigurosa”. Ha añadido la consellera que en cualquier caso las transferencias a otros territorios superarían las que contempla el modelo vasco, que según ha alegado “casi no existen”.

La expectación generada por la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para permitir a todos los presidentes regionales pronunciarse sobre la amnistía que el PSOE negocia con los independentistas no ha estado a la altura de su desarrollo. El PP buscaba mostrar este jueves la división del PSOE en un escenario institucional del más alto nivel, pero el rechazo de los barones socialistas a acudir a la llamada de la Cámara Alta desbarató los planes de Alberto Núñez Feijóo. El aliciente de la inesperada presencia de Pere Aragonés elevó un poco el interés, pero su espantada tras proclamar que la amnistía es el primer paso para un referéndum pactado pinchó el globo.

Los presidentes del PP optaron así por centrar sus discursos en reivindicaciones económicas lanzadas a un Gobierno en funciones también ausente en la jornada. Todos los barones de Feijóo han acudido este jueves a la llamada del Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta. Tras agradecer a Aragonés su presencia, y reprocharle también que no se quedara al resto del debate, todos han actuado también como un bloque al rechazar la medida de gracia para los actos delictivos cometidos durante el procés, y para plantarse contra una consulta de independencia.

Una sucesión de discursos tasados (de unos 10 minutos), calcados los unos a los otros en las líneas generales, con continuas referencias a la unidad de España, a la ruptura de la Constitución, a los “500 años de historia” de la nación española o a que “dejará de haber españoles” si Pedro Sánchez logra un tercer mandato con el apoyo de los independentistas, fueron constantes, y casi calcadas las unas y las otras. El PP ha entrenado mucho el discurso en los últimos meses, y ninguno de los barones se ha salido de la línea marcada por el partido.

Pero el debate (en realidad una sucesión de pequeños monólogos de 10 minutos sin turnos de réplica) ha servido además para que los presidentes autonómicos presentes hayan reclamado casi de forma unánime una mejora de la financiación de sus respectivas comunidades, y un incremento de las inversiones en infraestructuras. O casi, porque la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por liquidar su intervención con un discurso breve en el que no ha mencionado la cuestión económica.

La petición de más dinero ha sido así generalizada. Pero ahí ha terminado la unanimidad en el PP, porque cada barón ha centrado su intervención en sus propias necesidades, y en denunciar supuestos “agravios” de unas regiones contra otras, y no siempre ni necesariamente refiriéndose solo a Catalunya.

“No hablo en contra de nadie ni para impedir nada. No hablo contra ninguna comunidad autónoma”, ha dicho el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien ha intervenido justo después de que Aragonés haya lanzado su mensaje sin escuchar después al resto de jefes de gobierno autonómicos.

Rueda ha denunciado la “ganancia de unos a costa de otros”, ha hablado de “pagar para sumar una mayoría parlamentaria”, de una “subasta”. Todo referencias económicas. “El Gobierno evita hablar de la financiación de todos en una conferencia sectorial”, ha lamentado, para señalar que ha aprobado un presupuesto “sin saber techo de gasto, entregas a cuenta y objetivo de déficit”.

“Si quebramos la igualdad pondremos en riesgo nuestro progresos como país”, ha continuado el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. “Ningún territorio es más importante que otro2, porque ningún español es más importante que otro”, ha dicho, para denunciar un “reparto” presupuestario “injusto para Andalucía”, que ha cifrado en “más de 15.000 millones de euros desde 2009”.

Moreno ha intentado marcar su propio perfil. “Todos creemos que nuestras comunidades están mal financiadas, pero Andalucía y otras están muy por debajo”, ha asegurado. “No queremos más, queremos dejar de recibir menos”, ha reclamado ante sus compañeros, alguno de los que estarán en ese grupo de supuestos beneficiados. “No aceptamos que se pague trato de favor, que se nieguen infraestructuras vitales. Los Presupuestos deben reconocer la singularidad hídrica de la España seca”, ha apuntado.

Con el mismo tono se han pronunciado, uno a uno, el resto de líderes convocados. La presidenta de Baleares, Margalida Prohens, ha iniciado de hecho su intervención con una petición: “Mejorar el sistema de financiación que atienda lo general y lo particular” basado en “la multilateralidad”. Eso sí, respetando “la autonomía fiscal”.

Prohens ha tenido un arrebato de sinceridad al señala que “todos” defienden “los intereses” de sus “ciudadanos”. “Tenemos nuestra agenda”, ha asumido. “Pero siempre desde la lealtad y dentro del marco constitucional”, ha matizado. La dirigente balear, que ha visto como sus socios de Vox le han rechazado sus primeros presupuestos, ha pedido un Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha insistido en un “sistema con carencias” y ha rechazado una “financiación a la carta para unos pocos mientras otros pagamos la factura”.

La sucesión de mensajes ha sido similar. La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha lamentado que “Bildu, ERC y Junts deciden por todos los españoles” para inmediatamente pasar a denunciar un déficit de infraestructuras y ha lamentado las “diferencias en el acceso a la función pública” por la existencia de lenguas propias en algunas regiones.

Buruaga ha lamentado “años de abandono desde el Gobierno central”, que también ha ocupado el PP, que no haya “conexión ferroviaria de alta velocidad”, una idea que también han promulgado el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, e incluso el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, quien ha venido en el lugar del presidente autonómico, Fernando Clavijo, cuyo partido se ha abierto a negociar la investidura de Sánchez. En las obras públicas ha hecho también mucho hincapié la presidenta extremeña, María Guardiola, quien ha denunciado desde la tribuna una nueva avería en el tren que une su comunidad con Madrid.

La dirigente cántabra ha reclamado “igualdad ante la ley de Presupuestos, también”. Es decir, no solo importa la amnistía. El murciano, Fernando López Miras, ha lamentado que el Gobierno central niegue “el acceso a los fondos del BEI bajo el chantaje de dejar atrás nuestras políticas fiscales”. Miras ha defendido así las bajadas masivas de impuestos como el de Sucesiones, Patrimonio o Donaciones por parte de los ejecutivos del PP para luego reclamar “inversión en infraestructuras”.

“Aragón tiene necesidades”, ha planteado Jorge Azcón, quien también ha pedido “infraestructuras” tanto de comunicación como hidráulicas. El presidente autonómico ha reclamado un “Pacto del Agua” que enfrenta a los barones de su partido según de qué comunidad sean.

Azcón se ha dado un fuerte abrazo con su homólogo castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, a la salida de la sesión matutina de la comisión, que ha concluido pasadas las dos y media de la tarde. “El origen de España”, han dicho entre risas. Mañueco también ha pedido “inversiones” y ha recordado que su región tiene “pendientes autovías y ferrocarriles”.

La que se ha escapado del guion ha sido la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso, quien ha llegado con la sesión muy avanzada por coincidirle con el Pleno de la Asamblea, ha optado por limitarse al clásico discurso apocalíptico, con una sucesión de consignas políticas en contra de la amnistía y otras posibles prebendas concedidas a los independentistas. “Vamos a decir claramente a los españoles lo que significa esta amnistía. Se ha dicho que si esta felonía se consuma habrá dos tipos de españoles, pero es mucho peor. Si esta indignidad triunfa pronto no habrá españoles”, ha dicho.

Tras el receso para comer, los presidentes han asistido a un coctel organizado por el presidente del Senado, su compañero de partido Pedro Rollán. Después, se marcharán los pocos que aún no han partido a sus lugares de origen. El debate seguirá en el Senado por la tarde, con la intervención de los grupos. Todos, salvo Moreno. El presidente andaluz se quedó sentado escuchando todo el debate, especialmente la intervención del hoy portavoz socialista, su rival en las urnas en las pasadas elecciones, Juan Espadas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este viernes su propuesta para la reforma del marco de gobernanza fiscal de la Unión Europea (UE), tras ser suspendido el anterior en 2020 por la pandemia. La proposición renuncia al control del déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos del estado) como principal límite y también al objetivo de una ratio de endeudamiento del 60% sobre el PIB (Producto interior bruto), totalmente alejada de la realidad económica de este momento de históricos esfuerzos presupuestarios.

En cambio, pide que los gobiernos fijen una meta de deuda y de gasto para cada legislatura, que sea aprobado por las autoridades europeas y que se pueda modificar bajo circunstancias excepcionales, como el propio shock de la COVID o la actual crisis energética por la invasión rusa de Ucrania. El Ejecutivo proyecta en este contexto que el endeudamiento baje del 110% en 2025, y que el déficit sea inferior al 3% en ese mismo horizonte.

El calendario marca que el 9 de noviembre la Comisión Europea trasladará su proposición para las nuevas reglas fiscales, que iría en la línea de explicada por la AIReF, según la propia institución. Y el debate planteado, “incluso desde antes de la pandemia”, parte de establecer “objetivos de medio plazo que se puedan cumplir y que tengan un compromiso político, frente a metas a corto que si no se cumplen no pasa nada”.

Para ello, la AIReF cree esencial que se establezcan “objetivos diferenciados, porque no es la misma situación la de Italia que la de Alemania”, y que utilizar “una regla de gasto, que es el elemento que más controlan los gobiernos”. Por supuesto, con una clausula de escape, que permita modificar la meta bajo circunstancias excepcionales.

El “ancla” para el endeudamiento para cada país, según lo denomina la AIReF, sería variable según medidas de ingresos y según cambiara la factura de la deuda, que depende de los tipos de interés y de la estrategia de política monetaria marcada por el Banco Central Europeo (BCE).

“El marco actual, suspendido por la pandemia, es extremadamente complejo y pro cíclico, contractivo en recesiones, y expansivo en fases de crecimiento económico”, continúa la Autoridad fiscal, que la califica de “poco eficaz”.

“La reglas fiscales han sido cortoplacistas hasta el momento, condenadas al déficit”, añade. Como ejemplo, han recurrido al año 2010, cuando se acordó con la UE una política fiscal con un objetivo de déficit del 2,2% en otoño de 2009, y el año fue mucho peor de lo esperado.

“Mantener ese objetivo de déficit supuso una política expansiva muy intensa de los Presupuestos”, lamentan en la institución. Desde entonces, “los objetivos de déficit se cambiaron 6 veces entre 2009 y 2019 desde el diseño de los Presupuesta hasta su ejecución”, recuerdan. Por eso, ven importante “que sea cada gobierno comprometa una trayectoria fiscal vinculante al inicio de la legislatura”.

En un plano más técnico, “el ancla de endeudamiento” debe tener en cuenta: nivel de partida, las proyecciones tendenciales de ingresos y gastos y el pasado. Mientras que la AIReF descarta “un mecanismo sancionador, ya que nunca se han aplicado, primero porque Alemania y Francia no han cumplido con las reglas fiscales en muchas ocasiones, después porque políticamente es complicado para la Comisión Europea. Debería servir el coste reputacional”, concluye.

Los jefes de Estado del G20 darán respaldo hoy domingo a la propuesta de reforma del sistema fiscal internacional. Un acuerdo que se ha querido decir histórico, porque introduce dos elementos que rompen con el statu quo del diseño conocido en las casi diez décadas desde que se diseñó.  Por un lado, rompe con la idea de que las bases tributarias de mega corporaciones globales tan sólo pueden ser consideradas como nacionales, para empezar a redistribuir una parte (pequeña, del 25%) de los super beneficios globales por encima del 10% de rentabilidad a los mercados de destino. Así, se da la vuelta a la imposibilidad de gravar a grandes operadores que con la digitalización de la economía y los medios pueden operar desde fuera del territorio, pero manteniendo una total ausencia de presencia fiscal. El “truco”, es que es un acuerdo medido por lo que la Cámara de Representantes podrá aceptar, aplicándose a menos de 100 mega corporaciones de todo el planeta y apenas generando ingresos adicionales a los países en desarrollo. Oxfam ha calculado, junto con la consultora Oxford Economics, que los 52 países más pobres del planeta apenas ganarán unas migajas, un 0,002% del PIB en ingresos adicionales, para algunos países un 1 millón de euros más. 

La contrapartida en cambio es altísima, porque obliga a los países firmantes a no implementar medidas unilaterales tipo la “tasa Google” a partir de octubre de este año. España junto con otros 4 países (Reino Unido, Italia, Austria y Francia) han acordado un plan de transición con los Estados Unidos que levantará las sanciones comerciales a cambio de la retirada de este tipo de impuestos a diversos servicios digitales de aquí a fin de 2023. Una limitación severa a la soberanía nacional que también deja en el aire la propuesta de la Comisión Europea que aspiraba a plantear una iniciativa de impuesto digital (o “digital levy”) antes de fin de año como vía para generar recursos para dotar de fondos propios el presupuesto comunitario. La CE tiene ahora un elegante ejercicio de innovación y creatividad para cumplir sus objetivos, algo que nunca ha sido fácil por la regla que obliga a la unanimidad en la toma de dediciones fiscales en el marco europeo. 

El segundo elemento, es quizás del que más se ha hablado, la idea de fijar un mínimo del 15% en la tributación empresarial. Sin duda una mala noticia para los paraísos fiscales más agresivos, los del 0% (aún existen 13 territorios en el planeta con nula imposición en la tributación empresarial), pero una concesión del resto de países a países fiscalmente tan agresivos como Irlanda o Singapur. Porque realmente, el escaso nivel de ambición aquí alcanzado ha sido dictado por los intereses de Irlanda que amenazaba con no validar el acuerdo de la OCDE y el G20 y por tanto también torpedear cualquier posibilidad de consenso europeo futuro. ¿Por qué no es tan histórico tampoco en esta dimensión? De hecho, es esencialmente injusto en su diseño. Dos terceras partes de lo que potencialmente pueda recaudarse por este mínimo global irá a los países ricos, G7 y UE, porque sólo los países donde está la matriz de las grandes corporaciones podrán activar ese 15% de tipo mínimo. Si una gran empresa española cuenta con una filial en Argentina pero controlada desde otra filial en Irlanda a la que desvía gran parte de sus beneficios, sólo la AEAT española podrá reclamar la diferencia entre el tipo efectivo pagado en Irlanda para igualarlo con el 15%. A Argentina, no le quedará ningún beneficio directo, sino que cruzar los dedos esperando que en el futuro la empresa española no tenga más incentivos para seguir utilizando el puente de Irlanda. 

Según el Observatorio Europeo de la Fiscalidad dirigido por Gabriel Zucman, este mínimo global al 15% podría aportar 5.200 millones de euros a España. No son 5.200 millones de euros adicionales, sino ingresos que dejaríamos de perder porque ahora, las debilidades de los marcos internacionales hacen que los controles resulten inefectivos para retener esas bases tributarias. 

Pero en realidad, pueden quedarse en mucho menos. Otra de los grandes agujeros del acuerdo es la definición de la base sobre se va a aplicar este 15% de tipo mínimo, permitiendo hasta 10 años de periodo de transición en el que se pueden aplicar exclusiones considerables en tratamientos fiscales ad-hoc que podrían dejar el 15% de mínimo global reducido en un 30% en términos netos. En palabras mismas del director de asuntos fiscales de la CE, Benjamin Angel, el 90% de las discusiones de los socios europeos en el proceso se han centrado en amplificar al máximo la posibilidad de aplicar estas exclusiones. De hecho, España parece ser el país que más recaudación podría perder en términos relativos de los países OCDE

A nadie se le escapaba que el tratamiento fiscal de grandes corporaciones, en sus operaciones globales, hacía aguas hasta ahora y que la digitalización acelerada de la economía lo convirtió en absoluto sinsentido. Alcanzar un acuerdo era sin duda una urgencia en términos incluso de honestidad fiscal si eso pudiera considerarse. Pero este no es ese acuerdo que después de ocho años de negociaciones deberíamos haber alcanzado. El que han impuesto Irlanda y los Estados Unidos. El que el sector financiero, que se queda fuera, ha logrado negociar. Trato y truco. 

El Gobierno de PP y Ciudadanos de la Comunidad de Madrid ha iniciado una nueva guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante su intención de hacer modificaciones en el sistema fiscal dirigido a una mayor armonización entre las distintas comunidades para evitar el conocido como dumping fiscal que se genera en algunos territorios, como el madrileño, por tener bonificados los impuestos de patrimonio y sucesiones o donaciones. Son tributos que el Estado cedió a las comunidades autónomas para corresponsabilizarlas en la gestión de los gastos y los ingresos y que los gobiernos del Partido Popular en Madrid pretenden llevar a cero, a base de bonificaciones. El punto de inflexión se produjo raíz del pacto anunciado por ERC en el marco de la negociación presupuestaria para crear un grupo de trabajo que analice esa cuestión, aunque el Gobierno sostiene que ya pretendía llevar a cabo una reforma que evite la competencia desleal entre comunidades autónomas.

El debate ni siquiera es nuevo ni exclusivamente de este Gobierno. Ya en 2017, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, los expertos para la reforma de la financiación autonómica que puso en marcha el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, del PP, plantearon una revisión de esos tributos para fijar tipos mínimos que evitasen distorsiones entre territorios.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido no obstante hacer campaña contra el Gobierno sobre esta cuestión y ha anunciado que se opondrá “por todas las vías”, incluido el recurso al Tribunal Constitucional, si el Gobierno resta competencias a las comunidades en materia fiscal. Este martes, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se unía al discurso iniciado por Ayuso con un vídeo institucional que movió en sus redes sociales y que está plagado de falsedades e inexactitudes sobre qué supondría la armonización fiscal que aún estudia el Gobierno y el nivel de impuestos que se pagan en Madrid y en otras autonomías como Catalunya.

“Los separatistas catalanes, el PSOE y Podemos han iniciado una ofensiva, para tratar de subir los impuestos a todos los madrileños”.

Falso. Lo que propone el Gobierno es la puesta en marcha una comisión para estudiar la reforma fiscal integral que se enmarcará previsiblemente en la modificación del modelo de financiación autonómica que se empezará a trabajar desde febrero. Por lo tanto, todos los partidos políticos podrán participar en la definición y aprobación del nuevo marco fiscal.

También es falso que pretenda “subir los impuestos a todos los madrileños”, básicamente porque todavía no se conoce en qué línea irán los trabajos de dicha comisión. Lo que se ha avanzado es la posible aprobación de un mínimo de recaudación sobre algunos impuestos como el de Patrimonio, bonificado al 100% en la Comunidad de Madrid, o en Sucesiones y Donaciones, con una exención del 99%. A nivel de España ya hay un mínimo exento del Impuesto de Patrimonios sobre 700.000, euros, por lo que el cambio que se pretende es que haya un tope máximo de bonificaciones sobre las rentas más altas, de manera que no es cierto que el futuro cambio del marco impositivo afecte a todos los madrileños.

“Dicen que [los madrileños] pagamos pocos impuestos”.

Falso. La Comunidad de Madrid recaudó por tributos propios 2.164 millones de euros, un poco más que Andalucía (2.099 millones, pero bastantes menos que Catalunya (3.424 millones), pero la realidad es que hay figuras impositivas, las que afectan a los más ricos, como el Impuesto de Patrimonio, por la que Madrid solo recaudó 1,9 millones ese mismo año mientras que Catalunya ingresó 554 millones, Valencia cobró 152 millones y Andalucía, 86 millones.

¿Cómo compensa Madrid esa caída de recaudación? El efecto capitalidad tiene un impacto directo ya que la región tiene muchas sedes de empresas y, por ejemplo, tiene como una de las principales vías de ingresos al Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales, que recoge cualquier transmisión patrimonial –desde la compraventa de un inmueble pasando por fianzas, alquileres, promesas y opciones de contratos, pensiones y concesiones administrativas–, con una recaudación de 1.162 millones, frente a Catalunya (1.525 millones) o Andalucía (1.144 millones), según datos de la Agencia Tributaria. Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto que tiene ese efecto capitalidad en sueldos más altos a la hora de la recaudación por IRPF, ya que todos los ministerios, los principales tribunales del país y las grandes empresas se encuentran en Madrid. De hecho, Madrid es la comunidad con un un salario medio mensual más alto, de 2.264,58 euros, seguida de el País Vasco (2.241,8 euros) en 2018, según el INE.

“Si aplicásemos la fiscalidad de Catalunya a la Comunidad de Madrid cada familia madrileña pagaría 2.000 euros más al año de lo que está pagando a día de hoy”.

Falso. Aguado no especifica qué tipo de familia, el número de hijos, si son rentas del trabajo o del capital, ni a qué impuestos se refiere, con lo que es imposible saber de dónde sale esa cifra. Para aclarar un poco, Madrid tiene un tipo mínimo autonómico del IRPF de los más bajos, el 9% (18,5% junto al estatal) –Ayuso ha anunciado que lo quiere bajar más– y el más bajo entre los tipos máximos, 21% (que pasa a ser del 43,5% agregado el Estatal). Es decir, los que cobran menos y los que cobran más pagan menos impuestos en Madrid que en otras comunidades autónomas, mientras que las personas con una renta media pagan más o prácticamente lo mismo.

De hecho, en el último informe Panorama Fiscal del Consejo General de Economistas de España se hace una comparativa en el que se muestra cómo un contribuyente que obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero, menor de 65 años y sin hijos con un sueldo de 20.000 euros pagaría en Madrid un IRPF de 2.269 euros, mientras que en Andalucía tendría que abonar 2.338 euros y en Álava 2.185 euros. Mientras que para un sueldo de 110.000 euros, con las mismas condiciones del contribuyente, se pagan 36.235 euros de IRPF, el importe más bajo de España, mientras que en Navarra tendría que pagar 38.547 euros y en La Rioja se abonan 38.192 euros.

“Si un hijo o una hija heredan en la Comunidad de Madrid de sus padres 160.000 euros, el valor aproximado de una vivienda pequeña, a día de hoy estaría pagando 22 euros de impuestos. Con la fiscalidad que se aplica en Cataluña tendría que pagar 2.200 euros, casi 100 veces más”.

Aguado mezcla conceptos y cantidades para crear confusión ya que en cada comunidad autónoma hay diferentes bonificaciones y exenciones o multiplicadores que hacen muy complejo definir el pago por una herencia, pero además, la legislación cambia mucho por heredar un inmueble o cobrar una cantidad de dinero en la herencia. En caso de que fuera la vivienda habitual, tanto en Madrid como en Cataluña este impuesto tiene una bonificación del 95%, pero en Madrid la limitación llega a 123.000 euros mientras que en Cataluña alcanza los 500.000 euros, aunque si son varios herederos el límite individual para cada sujeto pasivo no podrá ser inferior a 180.000 euros. Pero si atendemos a la normativa de cada comunidad, en una herencia con una base liquidable de 159.888 euros el tipo aplicable es del 21,25% en Madrid mientras que en Catalunya hasta una base liquidable de 150.000 euros el tipo es del 17%. Pero luego en Madrid hay una bonificación del 99% para los hijos mientras que en Catalunya esa bonificación es del 95%.

“En lo que va de año 433 empresas han huido de los sablazos fiscales del separatismo y han venido a la Comunidad de Madrid”.

La Gobierno regional no explica de dónde sale esa cifra, pero un estudio de Informa D&B, filial de la compañía Cesce, que recoge los cambios de domicilios fiscales de las empresas por comunidades, establece que en los tres primeros trimestres del año 352 empresas de Catalunya se mudaron a Madrid, aunque también hubo cambios a la inversa: 131 empresas dejaron Madrid para instalarse en Catalunya. Si se bucea un poco más en los datos, se observa cómo en el primer trimestre la comunidad más perjudicada del cambio de domicilio a la capital no fue la catalana, sino Murcia: 203 empresas se mudaron de esa autonomía a Madrid en los tres primeros meses del año. En el segundo semestre fue Andalucía con 47 empresas.

Además, Aguado habla de que el motivo fueron los “sablazos fiscales” que aplica Catalunya. La realidad es que el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios, es igual para el conjunto de España, a excepción de País Vasco y Navarra donde se aplica el concierto económico. Es cierto, no obstante, que las empresas sí pueden ahorrarse una alta suma de dinero en el IRPF de los directivos y además, como se mencionaba anteriormente, Madrid tiene unos tipos muy bajos tanto en el Impuesto de transmisiones patrimoniales como el de Actos Jurídicos Documentados Madrid, aunque hay otras comunidades como Navarra, País Vasco o Canarias que están al mismo nivel.

“Comunidades como Cantabria, Castilla la Mancha o Extremadura ya nos están imitando”.

Falso. Ninguna de las tres comunidades autónomas ha aplicado rebajas fiscales como las de Madrid en sus últimas cuentas ni en las que están tramitando. Ni Patrimonio ni Donaciones ni el IRPF se han tocado a la baja, aunque el PP lo haya intentado en alguno de esos territorios desde la oposición presentando enmiendas a las cuentas en esa dirección, como es el caso de Castilla-La Mancha.

En Cantabria, por ejemplo, donde gobiernan en coalición el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PSOE anunciaron la congelación de impuestos este año por la pandemia y tienen pendiente una reforma fiscal que han parado por la situación actual, pero que va más en la línea de penalizar más a las rentas altas. Como novedad, el Gobierno de Revilla tanto este año como el anterior ha incluido medidas con desgravaciones fiscales para luchar contra la despoblación rural, rebajas impositivas en una dirección opuesta a la de Madrid. Es cierto, no obstante, que en el impuesto de Sucesiones sí han elevado los límites que no quedan exentos.

Extremadura, gobernada por el PSOE, sería la única comunidad que habría tomado medidas en esa dirección. Desde 2018 el impuesto de sucesiones tiene una bonificación del 99% de todas las herencias que pasen de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges. Es un paso más allá del que dio el PP con su reforma fiscal de 2015. En ella solo se bonificaba al 99% las herencias que pasaran de padres a hijos.

Las Donaciones también cuentan con bonificaciones del 99% en casos como donaciones de dinero a hijos y descendientes para la adquisición de primera vivienda habitual o de una vivienda que vaya a constituir la vivienda habitual. En cuanto al IRPF, la reforma más reciente rebajó el tipo más bajo, situándolo en el 9,5%. En 2018 el más bajo era del 10,5%. De este modo, los tramos van del 9,5% al 25%.

El diputado general de Álava insiste en su propuesta de pacto fiscal y advierte que pese al rechazo suscitado por el PNV no la van a retirar.

De Andrés dice que su planteamiento de ventajas fiscales para las rentas más bajas favorece el apoyo a las gentes "que piensan y contribuyen con el sistema".

"Si los demás no la asumen es porque no han hecho bien sus deberes y ahora pasan la factura de su mala gestión a los ciudadanos"

El diputado general de Álava se ha centrado en arremeter contra el PNV en la presentación de las líneas estratégicas del nuevo curso político. Javier de Andrés considera que “el pánico a EH Bildu condiciona la política del PNV y por eso nos retira la mano a cada propuesta que el PP hace desde la razón”, ha dicho en referencia a la propuesta de pacto fiscal, que incluye rebajar el tipo mínimo del IRPF del 23 al 21% y el segundo tramo, del 28 al 27%. Ha insistido en mantenerla pese al rechazo suscitado y asegura que la Diputación Foral de Álava sí está en condiciones de ejecutar dicha rebaja porque han logrado equilibrar las cuentas. “Somos la institución más solvente de España- ha resaltado -a diferencia de otros, que necesitan seguir presionando al ciudadano”. De Andrés dice que su planteamiento de ventajas fiscales para las rentas más bajas favorece el apoyo a las gentes “que piensan y contribuyen con el sistema”.

El diputado general de Álava y candidato a la reelección considera que la Diputación de Bizkaia y el Gobierno Vasco no asumen y apoyan su propuesta porque “no han hecho bien sus deberes”. “Tienen que cuadrar sus cuentas y salvar sus balances y ahora pasan la factura de su mala gestión a los ciudadanos”, ha declarado de Andrés en referencia a la gestión del PNV. Además de criticar el rechazo mostrado por el Gobierno vasco a su propuesta le han acusado de no ofrecer “nada” en políticas sociales. “Han retirado las partidas de conciliación familiar, no ejecutan las partidas para las que ya había dinero destinado, como el VIAP, y apremian para que se acaben las fases del TAV mientras se olvidan del tranvía de Vitoria”, ha enumerado de Andrés.

Puesta en escena electoral

También se ha referido a otra de las discrepancias que mantiene con el PNV, la Ley Municipal. Dice que pretende restar competencias a las diputaciones porque el PNV no admite las diferencias entre territorios. “Tratan de que no se perciba la singularidad de Álava, que no es como Oiartzun o Hernani. Quieren hacer tabla rasa pero el origen foral tiene que ser defendido”, ha remarcado.

El dirigente alavés ha comparecido en un hotel -no en la sede foral- rodeado de más de medio centenar de militantes y con una puesta en escena propia de un mitin electoral con sintonía del PP incluída. Ha concluido el acto con un llamamiento a los presentes “no os preocupéis en absoluto. ¿Cuándo las encuestas nos son favorables en Álava? Nunca. Tranquilos. Dejemos que sean ellos quienes ganen las encuestas que nosotros vamos a ganar las elecciones”, ha concluido.

EH Bildu tacha de reaccionario el sistema tributario acordado por PSE.EE y PNV. ¿Avanzar hacia la igualdad fiscal en todo Euskadi es reaccionario? ¿Avanzar en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal es reaccionario?

Uno no sale de su asombro cuando lee el titular en el que EH Bildu tacha de reaccionario el pacto fiscal al que ha llegado el PSE.EE con el PNV y al que se ha adherido, tras unas modificaciones mínimas, el PP. Uno estudia el acuerdo de estos dos partidos en Euskadi y no puede sino felicitarse porque, por fin, se avanza en la idea de que somos un país que por fin, va a tener un sistema fiscal para la ciudadanía de los tres territorios vascos que lo conforman, pues deja expedita la vía para que se apruebe en las juntas generales el sistema fiscal común de los ciudadanos vascos. Un pacto que se compromete, como nunca se había hecho hasta la fecha, en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal y con el que los firmantes adquieren compromisos concretos que habrán de trasladar al ámbito de gestión de las diputaciones, gobierno, OCT, Consejo vasco de finanzas…etc.

Uno no sale de su asombro cuando se miente diciendo “con la entrada del PP en el pacto, se elimina la interconexión de datos entre territorios históricos, lo que obstaculiza la lucha contra el fraude fiscal. Se trata de una medida que recibió el visto bueno del PSE en Gipuzkoa”. [ Gara 2013/10/9 pag. 23 Iraia Oiarzabal].

El pacto establece actuaciones concretas contra el fraude fiscal como la constitución de la Comisión que elaborará un plan conjunto, anual, en el seno de la OCT, integrada por 4 miembros de gobierno y diputaciones, que se reunirá como mínimo dos veces al año (noviembre y mayo). Se prevén convenios de colaboración entre las diputaciones para la formalización de un sistema estable y recíproco de intercambio de información, incluyendo la interconexión de las bases de datos tributarias… ¡Cómo se puede afirmar esto! cuando se dice textualmente en el pacto “la interconexión de las bases de datos tributarias… para permitir el acceso recíproco en tiempo real a la información que precisen en relación a actuaciones fiscales de su competencia, tendrá, al menos, la misma intensidad y contenidos que los que se recogen en el Convenio que firmaron el 11 de mayo de 2011, el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Agencia Estatal de la Administración tributaria plasmado en la orden foral 481/2011…”. Es decir, se toma como referencia lo acordado en Gipuzkoa; por eso, precisamente, por eso no se quiere entrar en un análisis detallado de la cuestión. Se opta por la mentira y la descalificación sin entrar en análisis alguno.

Quien lo tacha de reaccionario no entra en el análisis de los contenidos porque dicho calificativo no se sostiene a no ser que el mismo calificativo se extienda a Martín Garitano y su equipo que pactó con el PSE-EE el sistema fiscal en vigor en Gipuzkoa y con el que las diferencias, como bien se ha encargado de afirmar el PP, son mínimas. Veamos:

- Las rentas superiores a 91.000 euros tributan en Gipuzkoa igual que en el referido pacto [46% de 91.370 a 121.819; 47% de 121.820 a 177.649; 49% a partir de 177.650] Igual de reaccionario en uno que en otro. Quizá es que prefieren el sistema que opera en el resto de España.

- Ahorros y plusvalías: el sistema guipuzcoano grava los ahorros con el 21% los primeros 1.500 euros, el 23% hasta 8.500 y el 25% a partir de ahí. El acuerdo del PSE.EE y PNV era gravar con el 21% los 15.000 primeros euros de ahorro y plusvalía, 23% para los siguientes 15.000 euros y el 25% a partir de ahí. Ahora con la pequeña modificación introducida por el PP se han introducido 3 tramos para los ahorros menores de tal forma que los 2.500 euros primeros tributarán al 20%, de 2.500 euros a 10.000 al 21% y de 10.000 a 15.000 al 22%. Es decir, que las diferencias con lo acordado con los guipuzcoanos no son sustanciales. Vamos, que si la propuesta fiscal acordada con la adhesión del PP equivaliera a 100 en una supuesta escala de carácter reaccionario la de Martín Garitano y su equipo estaría en 99,9. El sistema del resto de España es dos puntos más gravoso que el de Gipuzkoa y el acordado para todo Euskadi.

- Deducción de vivienda: vaya como previo para ver la escasa incidencia de lo añadido por el PP a lo acordado previamente por el PSE con el PNV en esta materia, que la adquisición de vivienda está en mínimos y que más de la mitad de los jóvenes en edad de trabajar y con voluntad de hacerlo no tienen trabajo. Pero veamos las “abismales diferencias”: Bildu en Gipuzkoa establece un crédito fiscal de 30.000 y en el pacto se mantiene el que había de 36.000 euros, Bildu fija el 15% y un límite anual deducible de 1.500; el pacto , un régimen general del 18% ( 20% para jóvenes y familias numerosas) y un límite anual de deducción de 1.530 euros en el tratamiento de vivienda habitual. El pacto establecía para el alquiler de vivienda un régimen general del 20% con límite de 1.600 y para familias numerosas era de 25% con límite anual de 2.000. Ahora con la modificación introducida por el PP se deduce un 23% con límite de 1.700 anuales. Es ésta, quizá, la parte más novedosa, pero teniendo en cuenta que nadie compra casa, que los jóvenes no se independizan y por tanto no alquilan, sólo nos quedan como hipotéticos beneficiarios las familias numerosas, un grupo reducido, que, sin lugar a duda, debe tener un tratamiento fiscal de discriminación positiva en un contexto de envejecimiento de la población como el que tenemos en Euskadi. Nadie puede considerar esto como reaccionario. En el resto de España sólo se desgrava a rentas inferiores a 24.000 euros y con un límite de 1.352 euros.

- En el impuesto de sociedades la gran diferencia es que el pacto fiscal tiene un mínimo establecido para los beneficios empresariales del 13%, que no tiene fijado en Gipuzkoa Martín Garitano; el tipo general del 28% y el 24% para las Pymes es idéntico en los dos casos. El añadido del PP es la deducción de 600 euros por contratación indefinida de menores de 30 años, parados de larga duración y colectivos de difícil inserción laboral. No creo que sea como para considerar la cuestión como reaccionaria viendo cómo está el nivel de desempleo en Euskadi .En el Estado se aplica un tipo general del 30% y un 25% para PYMES.

- En donaciones no hay diferencias se aplica el mismo 1,5%. Por tanto, igual de reaccionario el pacto que el sistema tributario de Bildu.

- En sucesiones el pacto PSE.EE- PNV establece una exención individual de los primeros 400.000 euros en familiares de primer grado y a partir de ahí un gravamen del 1,5%. Esta es la gran diferencia con Bildu pues aquí el mínimo exento se reduce a 220.000 euros en las herencias y se grava a partir de ahí el 1,5%. Desconozco el nivel de recaudación que por esta cuestión pero no creo que sea base suficiente para descalificar lo acordado! Esta es la gran diferencia entre los dos sistemas!

- En la aportación a planes de pensiones el máximo desgravable se ha fijado en 5.000 euros, la misma cantidad acordada para el 2.013 en Gipuzkoa Garitano y Romero. En el resto de España se puede deducir hasta un máximo de 10.000.

La conclusión, mal que les pese a algunos, es que avanzamos hacia un sistema más igualitario, más progresista, más armonizado y por tanto, más justo y equitativo. Es cierto que en algún aspecto muy puntual se puede retroceder en progresividad pero no tiene entidad para que se descalifique lo acordado. ¡Sin exagerar!. Nadie ha dicho que este sea un acuerdo fiscal maravilloso, como tampoco lo es el acuerdo de Gipuzkoa sellado con el PSE.EE pero nadie le puede negar a este acuerdo lo que persigue: obtener los recursos suficientes para mantener los servicios públicos y sociales, evitar los recortes, luchar contra el fraude y la elusión fiscal. Es un pacto que se rige por el principio de que paguemos todos y los que más tienen paguen más. Podrán decir todas las majaderías que se les ocurra pero afirmar sin ruborizarse que se va a castigar a las rentas del trabajo es mentir como bellacos; éste no es un pacto reaccionario ni conservador; si algún aspecto muy puntual puede suponer un paso atrás en progresividad estoy convencido que esto se compensará con una mayor recaudación global en otros aspectos y sobre todo con la armonización fiscal para toda la ciudadanía de Euskadi que esto entraña.

Ante las palabras de Ortúzar y Quiroga de que el pacto sobrepasa lo fiscal, ya se verá. El PNV parece haber aprendido la lección de lo que sucedió con los presupuestos de 2013, no creo que caiga en el mismo error. En el caso del PP, la relación de fuerzas en juntas generales de Alava y el Ayuntamiento es bien diferente a la que hay en Euskadi o en Gipuzkoa. Pero en todo caso resulta patético el papel de la desautorizada y puenteada presidenta del PP vasco, un partido que hasta ayer descalificaba el acuerdo con palabras gruesas tanto en prensa como en el parlamento, en el pleno de política fiscal y ahora, tras dar un giro de 180 grados y , una vez autodesautorizados De Andrés y G. Damborenea, el PP tiene prisa. Ahora quiere un pacto presupuestario que garantice la estabilidad de todas las instituciones, y en especial las gobernadas por el PP en Alava.

El pacto fiscal compromete al PSE.EE pero no es un cheque en blanco para que PNV y PP saquen sus presupuestos; para 2014 hay que negociar en cada territorio y en Euskadi.

Ya saben los socialistas los riesgos de pactar con la derecha pero la política debe ser útil a los ciudadanos, por eso, en lugar de colocarse en una oposición deslegitimadora como la que practicó el PNV con López, han preferido hacer una oposición nítida, útil y responsablemente constructiva. El PSE-EE debe seguir, desde la exigencia del cumplimiento de los compromisos adquiridos, haciendo una oposición a estos gobiernos tan nítida como responsable y constructiva. Por tanto, si bien hay acuerdo en cómo generar más ingresos con una nueva política fiscal, ahora toca la parte del gasto en los presupuestos del año que viene. Habrá que negociarlos y acordarlos; si se incumple lo pactado, si no se negocia el gasto desde el respeto a lo firmado no me cabe la menor duda de que el PSE.EE no apoyará los presupuestos de 2014.

La letra pequeña del acuerdo fiscal sellado ahora con el PP para sumar al partido que preside Arantza Quiroga al consenso entre socialistas y peneuvistas deja algunas buenas noticias para los populares. Pero no ha logrado el 100% de sus exigencias y está por ver la influencia del acuerdo en las maltrechas arcas de la Diputación que dirige Javier de Andrés. Precisamente, el mismo representante institucional que tensó la cuerda en la negociación para encarecer el acuerdo, ha sido el encargado de hacer público el acuerdo. “Hemos logrado que se modere la subida fiscal” diseñada inicialmente en el acuerdo PNV-PSE, ha declarado De Andrés al anunciar su adhesión. Los tres partidos se comprometen en el acuerdo a tramitar en las Juntas Generales de Bizkaia y Alava, donde gobiernan PNV y PP, respectivamente, una proposición de norma que incluya la reforma pactada inicialmente por socialistas y peneuvistas con las aportaciones del PP.

En Gipuzkoa, la iniciativa la deberá llevar el gobierno foral, en manos de Bildu. No se descarta un acercamiento previo entre PSE y Bildu -al igual que han hecho PP y PNV para incorporar a los populares al pacto, con reuniones incluso de los responsables de Hacienda de ambas instituciones forales-, dado que la norma foral tributaria vigente lleva el sello de socialistas y de la coalición soberanista. Los comisionados por la Ejecutiva del PSE para esa tarea son el responsable de area económica de la dirección, Javier Lasarte, y el líder guipuzcoano de partido, Iñaki Arriola. En caso de que, previsiblemente, no se produzca ese acercamiento con Bildu, los tres partidos presentarán conjuntamente el contenido del pacto a tres a través de una proposición no de norma esta misma semana.

IRPF (Pequeños ahorradores). El nuevo acuerdo abre el abanico de tramos para incluir alguno nuevo entre los pequeños ahorradores y modificar otros de los pactados entre PNV y PSE. Así, como exigía el PP, se incluye un nuevo tramo de 0 a 2.500 euros, con un gravamen del 20%. De 2.500 euros a 10.000, el 21%. De 10.000 euros a 15.000, el 22% de gravamen. De 15.000 euros a 30.000, el 23% y más de 30.000 euros tendrá un gravamen del 25%.

Deducción por Vivienda. Queda todo igual, pero se recoge la petición del PP de ampliar la deducción por compra y alquiler del 20% al 23% para las familias numerosas con un límite de 1.700 euros anuales.

Impuesto de Sociedades. Se crea una bonificación de 600 euros para los empresarios que contraten de manera indefinida a menores de 30 años, parados de larga duración y determinados colectivos especialmente castigados por el desempleo o con determinadas minusvalías. La petición el PP, según explican fuentes socialistas, era más amplia al pretender una bonificación “para todos los contratos indefinidos”.

Emprendedores. El acuerdo rechaza expresamente el tratamiento exigido por el PP a lo largo de la negociación para este grupo en relación con los beneficios fiscales. El texto señala expresamente que “no nos parece adecuado” el planteamiento popular, pero tanto el PNV como el PSE dejan “abierta la posibilidad” de limar las diferencias a lo largo de la tramitación en las Juntas Generales. El PP pretende que esos beneficios fiscales no se limiten solo al Impuesto de Sociedades, sino que también afecten a los que en su IRPF tributen como autónomos o se den de alta en el IAE.

EPSVs. Aquí, la petición de que las aportaciones realizadas a esos fondos por parte de los mayores de 52 años con un límite de 5.000 euros anuales tuvieran otro tratamiento que el definido en el pacto también han sido rechazada.

Donde el PP no ha logrado invertir el planteamiento diseñado en el Acuerdo de Reactivación económica es en la Adenda (anexo) relacionado con los proyectos concretos en los diferente territorios. El PP veía con buenos ojos más inversiones en Álava, ya que el acuerdo solo incluye el proyecto del hospital de Santiago. Pero no hay nada nuevo bajo ese sol. Fuentes populares, finalizada la negociación, aducían que “no se trataba de eso, sino de modificar el pacto con una rebaja impositiva” como la lograda. Fuentes socialistas creen que, en este asunto, el PP ha jugado a la “tergiversación, porque el acuerdo no incluía un desglose territorial de inversiones, sino volver a poner en pista proyectos que ya venían de la legislatura anterior y que el Ejecutivo de Urkullu había decidido abandonar”. Andrés ha dicho públicamente que no han querido poner encima de la mesa el capítulo de inversiones ahora para allanar el acuerdo que, finalmente, se ha producido, como todo el mundo esperaba.