Siguen los trámites para la construcción del futuro Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina. La Consejería de Fomento ha publicado una resolución donde aprueba la reparcelación definitiva de los terrenos en los que se asentará, pero con dos novedades importantes: la exigencia de una fianza a la empresa por el uso del suelo y el reconocimiento de una pequeña parte del terreno a la pedanía de Gamonal.

Concretamente y según el texto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la Administración regional exige a Zarza Networks (matriz de la empresa de Marck Zuckerberg, dueño de Instagram, Facebook y WhatsApp) una fianza de un millón de euros para asegurar la “compensación económica” por el aprovechamiento urbanístico.

La garantía es exactamente de 1.089.554 euros y se ha calculado con base en la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico del proyecto.

Esta cantidad exigida a la promotora no supone ningún beneficio directo para Talavera de la Reina. La empresa simplemente debe acreditarla ante la Consejería de Fomento por el aprovechamiento urbanístico. Para ello tiene un plazo de diez días.

El reconocimiento de los terrenos de Gamonal

Por otra parte, en la resolución también se da solución a una petición realizada por la pedanía de Gamonal. Se trata de una Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), dependiente de Talavera de la Reina. Tiene alrededor de un millar de habitantes y destaca por ser muy combativa, muy activa y con numerosas reivindicaciones. Situada a 12 kilómetros de la ciudad, nació en el siglo XIV. Tras siglos como municipio independiente, se anexionó a Talavera en los años 60 y recuperó su gestión descentralizada en el año 2000 gracias a la lucha vecinal.

Ahora, también ha visto reconocido un derecho fundamental relacionado con el futuro ‘data center’ de Meta en Talavera de la Reina: parte de los terrenos en los que se asentará esta instalación son también propiedad de Gamonal.

Son tan solo alrededor de dos hectáreas, pero es un reconocimiento “muy importante” para esta pedanía, afirma su alcalde, Álvaro Jerónimo, porque no se incluyeron en la reparcelación inicial del Proyecto de Singular Interés (PSI) con el que se ha tramitado esta gran instalación, cuyas obras son inminentes y que supondrá un revulsivo para toda la comarca.

Gamonal presentó alegaciones como EATIM para que esas dos hectáreas fueran incluidas en la reparcelación y se reconociera a la pedanía como dueña de esa pequeña parte del suelo en el que se asentará el Centro de Datos. Ahora, la Consejería de Fomento así lo ha aprobado.

El documento publicado hoy explica que se han resuelto las alegaciones presentadas por las administraciones locales, garantizando la titularidad de suelos específicos para la entidad de Gamonal y, por tanto, la protección de su patrimonio.

“Era una petición necesaria, reclamar lo que es nuestro. Desde el primer momento, en Gamonal ha habido mucha participación ciudadana y transparencia respecto al futuro centro de datos y ahora la gente está contenta. Ahora esperamos que otras propuestas que realizamos, como la preservación del entorno, y que fueron aceptadas, de verdad se cumplan”, afirma su alcalde.

Tanto el Ayuntamiento de Talavera de la Reina como la EATIM de Gamonal han desempeñado un papel activo en el desarrollo del proyecto a través de la presentación de alegaciones durante el periodo de información pública del proyecto de reparcelación. Estas alegaciones fueron analizadas y valoradas de manera individualizada por la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.

De manera específica, el papel de Gamonal ha sido especialmente relevante en la definición final de los terrenos. Ahora, para adecuar la realidad registral a la realidad patrimonial acreditada de esta pedanía, se introducen modificaciones para realizar operaciones de división y segregación de parcelas.

Ni coches, ni furgonetas, ni camiones, ni motos. Ningún vehículo motor podrá acceder a buena parte de las vías que dan acceso a montes y espacios naturales de las provincias de Cuenca y Guadalajara desde el próximo día 11 de agosto y hasta el día 13, ambos incluidos, con motivo del eclipse total de Sol del día 12.

Se trata de una medida que adopta el Gobierno de Castilla-La Mancha para blindarse ante las previsiones de afluencia masiva de visitantes en estos espacios y prevenir con ello tanto las aglomeraciones como los incendios, puesto que esos días habrá riesgo muy alto por las altas temperaturas.

El objetivo principal es que las vías de emergencia permanezcan despejadas, evitando la concentración descontrolada de vehículos en enclaves naturales, miradores y zonas altas que tienen condiciones favorables para observar el eclipse. Y es que casi la totalidad de estas dos provincias están entre los lugares de toda España donde mejor podrá contemplarse el gran fenómeno astronómico del año.

Estas restricciones solo afectan a los montes y accesos al medio natural y no a la red general de carreteras, vías urbanas o accesos ordinarios a los pueblos en los que se ubican.

Además, hay varias excepciones que permitirán el acceso: servicios de emergencia y seguridad como ambulancias, Cuerpo de Agentes Medioambientales, vehículos de extinción de incendios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esado; servicios públicos esenciales como conservación de infraestructuras de agua, energía y telecomunicaciones; personas residentes y titulares de propiedades agrícolas y ganaderas (y su personal); y autorizaciones excepcionales, que deben ser acreditadas y motivadas.

Municipios y áreas con restricciones

La medida la publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). En el caso de Cuenca, la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible incluye los montes públicos y espacios naturales de más de un centenar de municipios, desde la propia capital provincial, pero el mayor grueso se encuentra sobre todo en la Serranía y en las zonas altas colindantes con la provincia de Guadalajara.

Algunos de los más conocidos son Alarcón, Arcos de la Sierra, Barajas de Melo, Barchín del Hoyo, Beteta, Campillo del Altobuey, Carrascosa Sierra, Enguídanos, Huete, Iniesta, Las Majadas, Portalrubio de Guadamejud, Santa Cruz de Moya, Torrejoncillo del Rey, Tragacete, Uclés, Villanueva de la Jara o Zafrilla.

En la provincia de Guadalajara, la resolución indica que las restricciones afectan de forma general a varios términos municipales del Alto Tajo y de la Sierra Norte, dependiendo del tramo de la pista forestal afectada. La delimitación operativa final de cada tramo será la que se encuentre materializada mediante señalización y barreras en el terreno.

Los términos municipales afectados en Guadalajara son los de Ablanque, Alcoroches, Algora, Arbeteta, Armallones, Campillo de Dueñas, Cantalojas, Cobeta, Corduente, El Cardoso de la Sierra (incluyendo el núcleo de Peñalba de la Sierra), El Ordial, Guadalajara capital, Hombrados, Huertapelayo, La Huerce, La Mierla, Majaelrayo, Ocentejo, Olmeda de Cobeta (incluyendo el núcleo de Buenafuente del Sistal), Orea, Sacecorbo, Sigüenza, Tamajón (incluyendo el núcleo de Almiruete), Torrecuadrada de Molina, Torremocha del Pinar, Traíd, Trillo (incluyendo el núcleo de Viana de Mondéjar), Villar de Cobeta y Zaorejas.

El incumplimiento de las restricciones de acceso podrá conllevar multas y exigencia de responsabilidades legales. De hecho, el documento prohíbe explícitamente retirar, desplazar o alterar la señalización y los elementos de cierre (como barreras), acción que también está sujeta a estas sanciones.

Vamos a ser muchos. Pedimos que tengan cuidado por los episodios de incendios forestales que estamos viendo, con una pérdida tan importante de vegetación y de suelo, y que tardan mucho en recuperarse

Alfonso Sánchez — Coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha hay unos 460 agentes medioambientales y su despliegue sobre el terreno, en particular en las dos provincias donde el eclipse solar será total, se verá reforzado. “Trabajaremos a pleno rendimiento. Estamos todos los efectivos de Cuenca y Guadalajara esos días”, explica Alfonso Sánchez, coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. “La situación lo requiere por la gran afluencia de gente que se espera. Hay que organizarlo y coordinarlo para que todos lo disfrutemos”.

Sánchez se dirige a quienes se desplazarán esos días a los espacios naturales de estas provincias para esquivar la contaminación lumínica y ver el fenómeno astronómico en su máximo esplendor. “Vamos a ser muchos. Pedimos que tengan cuidado por los episodios de incendios forestales que estamos viendo, con una pérdida tan importante de vegetación y de suelo, y que tardan mucho en recuperarse”.

Los agentes medioambientales realizarán una labor de control, situándose en los principales accesos a las zonas naturales consideradas 'críticas', e informarán al público. “Se trata también de prevenir, por si en sus desplazamientos se dirigen a zonas de simas o de otro tipo con problemas de retorno, una vez que termine el eclipse. Se trata de que puedan verlo con la mayor seguridad posible”.

Los temarios de pruebas de acceso para ser policía local en Castilla-La Mancha incorporarán cuestiones sobre la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI. Es una de las novedades que incorpora un decreto de la Consejería de Administraciones Públicas mediante la que se modifica el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales en esta comunidad autónoma.

Según el texto, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el nuevo decreto establece como obligatorio incluir este tema en los programas de acceso a todas las categorías de los cuerpos de la Policía Local, que convocan los ayuntamientos.

En realidad, la modificación se realiza para adaptar el reglamento a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobada en febrero de 2023.

Este contenido se integrará dentro de la “parte especial” del temario, junto a otras materias como igualdad de género, derecho penal, y tráfico y seguridad vial. Además, la obligatoriedad de estudiar esta materia afectará a los procesos selectivos de todos los rangos: policía, oficial, inspector, subinspector, intendente y superintendente.

El objetivo de esta medida, según indica el decreto, es mejorar la regulación actual y asegurar que los futuros agentes cuenten con la formación necesaria en materia de derechos y no discriminación.

Se elimina la prueba de idiomas

La nueva regulación incorpora además otras novedades, como la eliminación definitiva de la prueba de idiomas en los procesos selectivos. En una modificación anterior de 2022, esta prueba ya había pasado a ser voluntaria para los ayuntamientos que convocaran plazas de policía local y no eliminatoria para las personas aspirantes.

Ahora, se ha constatado que las convocatorias efectuadas desde dicha modificación han dejado de incluir la prueba, lo que ha llevado a su supresión formal en el reglamento actual. El objetivo es “simplificar los procedimientos de selección”, eliminando trámites que “no se consideran imprescindibles” para valorar el mérito y la capacidad de los aspirantes.

También se elimina la entrevista personal como parte de la prueba psicotécnica en los procesos de acceso, de manera que este examen sea “lo más objetivo posible”.

Cómo será la prueba psicotécnica

De esta forma, la prueba psicotécnica se compondrá exclusivamente de dos test: uno de inteligencia general y aptitudes, y otro de personalidad y capacidades. No obstante, este examen sigue manteniendo su carácter obligatorio y eliminatorio.

Finalmente, la reforma del Reglamento incorpora cambios específicos en lo relativo a la uniformidad, principalmente centrados en la identificación y el uso de emblemas. Por ejemplo, incorpora la homogeneización de la placa que exhiben los agentes para que sea similar a la de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La única diferencia será el emblema del municipio, que también debe figurar obligatoriamente en el brazo izquierdo del uniforme.

Los cambios en el Reglamento entrarán en vigor a los veinte días desde su publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un plazo para que los ayuntamientos y se adapten a las nuevas normativas antes de que sean de aplicación obligatoria.

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha declarado oficialmente 'Municipio Turístico' a 11 localidades de la región.

A través de varias publicaciones en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), los municipios de Corduente, Molina de Aragón, Brihuega, Jadraque, Hita y Abarcón, en la provincia de Guadalajara; Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Almagro, en la de Ciudad Real; Alarcón, en Cuenca, y Alcaráz, en la provincia de Albacete, son reconocidos con esta categoría.

Para dicha declaración se deben de tener en cuenta las actuaciones en relación con los servicios públicos básicos que presta el municipio respecto a la vecindad y a la población turística asistida, y los servicios específicos que tengan una especial relevancia para el turismo.

Con esta declaración, anunciada el pasado mes de junio por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la red de 'Municipios Turísticos' de Castilla-La Mancha alcanza las 27 localidades.

El transporte interurbano en autobús, el que se realiza entre ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha, será gratuito desde hasta los 14 años en la comunidad autónoma a partir del próximo lunes, día 15 de junio.

Lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en una entrevista con Europa Press, en la que ha detallado que para acceder a esta gratuidad, los menores simplemente tendrán que presentar su carné de identidad.

El consejero ha valorado la importancia de una medida como esta especialmente en una región como Castilla-La Mancha donde “es tan importante la movilidad, especialmente para la gente más joven”. La iniciativa de la Consejería de Fomento podrá beneficiar a unas 289.000 personas.

Otras bonifidaciones para población juvenil

La orden que regula estos descuentos, que cuenta con un presupuesto anual de 600.000 euros, ya se ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En la resolución, junto a la gratuidad hasta los 14 años, se incluye un descuento del 50% en títulos multiviaje y abonos dirigidos a la población juvenil, así como una reducción del 40% en el precio final de venta de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, existentes desde el 30 de noviembre de 2025.

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado nuevas ayudas para plantaciones de chopos en Castilla-La Mancha para su aprovechamiento maderero. Lo hace a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y están previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) detalla que podrán ser personas beneficiarias del régimen de estas ayudas personas o agrupaciones de personas, tanto físicas como jurídicas.

También pueden acogerse a las subvenciones, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que sean titulares forestales públicos o privados y sus agrupaciones, cuyas parcelas de plantación estén ubicadas en Castilla-La Mancha.

Sólo serán admisibles aquellas actuaciones necesarias para la plantación de chopos que se realicen sobre terrenos situados en Castilla-La Mancha y que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que las plantaciones deben ser coherentes con las Directrices Paneuropeas para la Forestación y la Repoblación Forestal.

Terrenos con la morfología adecuada

Asimismo, deben realizarse sobre terrenos forestales de Castilla La Mancha que tengan condiciones de morfología adecuadas para que la plantación sea “efectiva y rentable”, consignándose este aspecto mediante acta de viabilidad previa a la resolución aprobatoria de la ayuda.

También deben contar con una superficie de actuación mayor o igual de una hectárea y menor de 10 hectáreas; y la densidad de plantación debe ser menor o igual a 400 pies por hectárea con espaciamiento entre árboles de cinco metros o más.

Por último, en el caso de explotaciones forestales con una superficie superior a 100 hectáreas, se deberá contar con un plan de gestión forestal o instrumento equivalente vigente antes de la publicación de la convocatoria de la ayuda.

Para la convocatoria correspondiente al año 2026 se prevé la existencia de un crédito de 140.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses que comenzará a contar desde este miércoles, 3 de junio.

Hace ya más de un mes que las últimas obras de la colección de Roberto Polo dijeron adiós a Castilla-La Mancha. En septiembre de 2025 el Gobierno regional y el propio artista decidieron dar por concluido el convenio de cesión por el que estas obras se exponían en las dos sedes de Arte Moderno de la comunidad autónoma, situadas en las ciudades de Toledo y Cuenca. El pacto se materializó en 2017, pero no fue hasta 2019 cuando se inauguraron sendas muestras.

Ahora, una auditoría de la Cámara de Cuentas a la Fundación Roberto Polo, que se creó ad hoc para la gestión de la colección, desvela que en 2022 tenía “déficit acumulado” y resalta la “incapacidad económica” para sostener los museos con fondos propios.

Aunque estos informes se aprueban siempre con mucho retraso (hablamos de cuatro años después), el informe del organismo de cuentas desvela una situación casi insostenible de esta iniciativa, en su momento ‘vendida’ como un revulsivo cultural en la región.

La Fundación Colección Roberto Polo (FCRPOLO) fue constituida en 2018 con el fin de gestionar y conservar los bienes de dicha colección, y en el año de la auditoría presentaba una situación marcada por la mejora de sus indicadores de solvencia. Pero hubo un “déficit acumulado” y “deficiencias en la formalización de activos y controles internos”.

Una situación de “dependencia total” de fondos públicos

Concretamente, en cuanto a la situación financiera, la auditoría desvela que en 2022, la Fundación tenía un déficit de 2.700 euros. En ese ejercicio, el “empeoramiento” de sus cuentas era evidente. La situación había sido todavía peor un año antes, en 2021, cuatro años después de su constitución, con 14.000 euros euros de déficit.

A pesar de reducir las pérdidas en ese año, lo que alejaba el riesgo “insolvencia”, la Fundación siguió mostrando una baja autonomía financiera (0,65%) y una fuerte dependencia de la financiación externa, es decir, de la Administración autonómica.

De hecho, la Cámara de Cuentas detalla que existió una “dependencia casi total” de las transferencias del Gobierno de Castilla-La Mancha: recibió 1,5 millones de euros en 2022. Sin estas subvenciones, la fundación no podría haber desarrollado su actividad.

La auditoría también es demoledora en otros aspectos. La Fundación Roberto Polo fue la única de las nueve analizadas en ese informe que apuntaba “deficiencias” en el registro y valoración de las existencias en el inventario a cierre de 2021 y 2022. Además, carecía manuales de procedimiento formalizados (el informe habla del 0% de cumplimiento en este indicador) y de una unidad específica de control interno.

Tampoco estaba formalizada documentalmente la cesión de uso de los edificios que ocupaba: el Convento de Santa Fe en Toledo y la Iglesia de la Santa Cruz en Cuenca. Ni siquiera la cesión de la propia colección. Es el motivo por el activos no figuraban en el balance, “desvirtuando la información patrimonial de la entidad”.

En cuanto a los niveles de transparencia, la auditoría le da un aprobado raspado al hablar del 55% de su cumplimiento, situándose por debajo de la media del sector fundacional de la comunidad autónoma, que fue del 70%. Concretamente, se detectó falta de información sobre retribuciones de altos cargos y ausencia total de datos sobre cuentas abiertas en su portal web.

En el trámite de alegaciones a este informe, la Fundación acreditó haber subsanado la inscripción de sus cuentas anuales en febrero de 2025. Asimismo, presentó la autorización previa para el gasto del seguro de las obras de arte, lo que permitió a la Cámara de Cuentas eliminar la observación de incumplimiento en ese expediente específico.

No obstante, el informe es tajante al señalar que sin las mencionadas subvenciones públicas, la fundación no hubiera podido desarrollar su actividad. Su viabilidad pasaba en 2022 de una situación de “riesgo de insolvencia técnica” inminente a una de “estabilidad frágil y dependiente”.

Sin capacidad para generar ingresos propios

Según la Cámara de Cuentas, pudo evitar el colapso financiero a corto plazo “gracias a la inyección de fondos”, pero carecía de capacidad para generar ingresos propios suficientes para sostenerse por sí misma.

Cuando el pasado mes de septiembre el Gobierno regional anunció el fin de la cesión de la colección, su consejera portavoz, Esther Padilla, afirmó que Roberto Polo había dado “mucho” a las dos ciudades que acogieron sus obras. Afirmó que el fin del acuerdo se había adoptado de “mutuo acuerdo” y que ya “no aportaba mucho más que estuviera aquí más tiempo”.

Sigue habiendo sobrepoblación de animales silvestres en el Parque Nacional de Cabañeros, ubicado entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. O así al menos lo ha constatado la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, que ha decidido prorrogar un año más el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres.

Este programa se aprobó a finales de mayo de 2023 por un periodo de tres años, por lo que estaba a punto de caducar y el Ejecutivo regional le da vigencia por un año más, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Entre sus medidas se encuentra la caza de manera controlada y sin fines comerciales ni deportivos.

Este plan incluye una serie de actuaciones para el control “poblacional” de animales y se diseñó para dar respuesta a una “problemática ampliamente identificada” en el Parque Nacional: el incremento sostenido de estas poblaciones que, en “ausencia de predadores naturales”, genera “impactos significativos” sobre los hábitats, especies de flora y fauna, la regeneración forestal y el equilibrio ecológico del espacio.

Cuando se aprobó el plan, se documentaron, entre otros efectos, la “afección negativa” a la composición y diversidad de la vegetación, la degradación de hábitats de interés comunitario, el “riesgo sanitario” asociado a altas densidades, especialmente vinculadas a tuberculosis y otras enfermedades y la competencia con otras especies de fauna silvestre, y el “riesgo de transmisión” a la ganadería de la zona.

Capturas en vivo y “extracción selectiva”

Por todo ello, la Administración regional procedió a la “intervención activa” para revertir la situación observada mediante actuaciones selectivas de control poblacional “basadas en criterios científicos” y en el marco de la normativa de Parques Nacionales.

Desde entonces se han aplicado medidas de “captura en vivo, extracción selectiva, seguimiento poblacional, control sanitario y evaluaciones periódicas” sobre el estado de los ecosistemas.

No obstante, explica el Gobierno castellanomanchego, persisten en el Parque Nacional circunstancias análogas a las que motivaron la aprobación del plan como “densidades superiores” a los objetivos establecidos y la necesidad de “mantener estrategias de reducción y estabilización poblacional”, así como de garantizar la regeneración de formaciones vegetales afectadas.

Su continuidad es “imprescindible”

Por tanto, argumenta que la continuidad del plan resulta “imprescindible” para no interrumpir las acciones de gestión iniciadas y para asegurar que las poblaciones se mantengan “dentro de los límites compatibles” con la conservación del Parque Nacional.

Esta planificación incluye la caza como medida de control poblacional aunque de manera regulada y no con carácter deportivo. Se realiza, en estos casos “bajo supervisión administrativa” y no se permite la caza comercial o tradicional.

Las labores de caza se realizan en las fincas privadas y zonas de los ayuntamientos del entorno del parque y son ejecutados por los propietarios, supervisadas por las autoridades medioambientales. El objetivo es, según el plan, única y exclusivamente, el “control poblacional”.

No obstante, cuando se aprobó este plan hace tres años, Ecologistas en Acción lo tachó de “incongruente” por “permitir batidas y recechos” en las fincas privadas.

Mientras los colectivos sociales y vecinales siguen movilizándose contra la implantación de cinco macrogranjas avícolas en el término municipal de Maranchón (Guadalajara), en las inmediaciones del valle del río Mesa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dado luz verde ambiental para la instalación de una de ellas.

Concretamente, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se otorga autorización ambiental integrada para la explotación avícola de selección para 55.000 gallinas reproductoras del proyecto denominado ‘Los Lebrones’, cuyo titular es la empresa Aviagen, S.A.U.

En el texto, la Administración regional detalla que esta explotación avícola, que se distribuirá en cuatro naves, se sitúa a más de dos kilómetros del núcleo urbano de Maranchón y que no afecta a ningún espacio natural protegido, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial ni a hábitats de protección especial.

No obstante, establece una serie de condicionantes para su explotación, entre las que destaca minimizar el uso hídrico y optimizar las aguas residuales: obliga a que todas vayan a parar a una fosa séptica estanca e impermeable, para su retirada por un gestor autorizado. “No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua”, destaca la Dirección General de Calidad Ambiental.

Emisiones de polvos y olores

En cuanto a posibles emisiones de polvo, para cada alojamiento de gallinas, el titular de la instalación debe utilizar “camas frescas”, así como separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos, y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.

Asimismo, para evitar o reducir las emisiones de olores, establece la necesidad de mantener los animales y las superficies secos, reducir la superficie de emisión del estiércol (uso de rejillas de plástico o metal, canales con una menor superficie de estiércol expuesta), evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior, así como disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol.

También añade que se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que estos se gestionen conforme a la economía circular. Esto significa que, una vez minimizada su generación, “será preferible la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética”.

En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos “se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente”.

Rechazo social

Las cinco macrogranjas proyectadas en este término municipal cuentan desde hace tiempo con el rechazo de las organizaciones ecologistas y de vecinos y vecinas.

Recientemente, el Ayuntamiento de Maranchón, en Guadalajara, ha aprobado la licencia para la construcción de otra de ellas, la macrogranja de gallinas 'Cabezo Grande-El Morenal' en la pedanía de Turmiel, a pesar de la “reiterada oposición de sus vecinos y vecinas”, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal. 

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha recogido un total de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel. Además, este colectivo también ha alertado de que estas instalaciones coinciden con el hábitat de una de las últimas poblaciones de la alondra ricotí, un ave en peligro de extinción.

La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha ha vuelto a acordar la apertura del trámite de audiencia en el procedimiento de aprobación del enésimo borrador de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real.

Este texto es un nuevo intento del Gobierno regional de dotar al emblemático Parque Natural de una nueva planificación, que está sin renovar desde hace 30 años, como ya adelantó elDiario.es Castilla-La Mancha.

Ahora, el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM) publica una resolución en la que indica que el nuevo plazo, de 15 días, se abre porque en el periodo de audiencia pública anterior los ayuntamientos con terrenos en el Parque Natural no han podido realizar la publicación del anuncio en su tablón, para acercar a los ciudadanos los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión.

Este motivo, junto a “razones de seguridad jurídica”, son los motivos que alega el Ejecutivo regional para realizar de nuevo este procedimiento.

El nuevo plazo también servirá para que todas aquellas personas y asociaciones interesadas puedan examinar el citado documento y formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que se estimen pertinentes.

Más de 30 años sin renovarse

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, declarado como tal en 1979 y con casi 4.000 hectáreas, es un complejo único en Europa por una de sus características principales: está formado por represas naturales llamadas 'barreras tobáceas' debido a la precipitación de carbonatos. Abarca los términos municipales de Ruidera, en Ciudad Real, y de Ossa de Montiel, en Albacete.

Este parque natural es una joya hidrográfica en pleno corazón de la Mancha, pero su actual Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) data de 1995. Es decir, lleva más de 30 años sin renovarse.

Aunque se han ido aprobando medidas concretas para su protección, principalmente en limitaciones de aforo y circulación de vehículos en verano, conservación de la biodiversidad, baño y actividades recreativas, ahora la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene listo un nuevo borrador del nuevo plan de dirección de este Parque Natural. El último intento fue en 2021, pero nunca llegó a aprobarse. 

La adaptación al cambio climático, la accesibilidad, la eliminación de ruinas y la autorización de instalaciones de energía de autoconsumo son algunas de las principales novedades que recoge este documento.

Rechazo de usuarios y propietarios de zonas del parque

Por el momento, ya cuenta con el rechazo de la Asociación Aromas de Ruidera, un colectivo activo desde 2013, e integrado por casi 80 miembros que representan a una gran mayoría de usuarios y propietarios de zonas del parque natural.

Su presidente, Miguel García-Noblejas, explicó a este medio que el nuevo borrador es igual de “decepcionante” que los anteriores y que no ha sido consensuado, “como se prometió”, sobre todo para un complejo lagunar que el año pasado recibió alrededor de 600.000 visitas. “Es igual de restrictivo en derechos que el redactado hace cinco años. Es que tiene hasta 217 prohibiciones”, precisó.

La Viceconsejería de Cultura y Deportes ha publicado una resolución por la que se inicia expediente para declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Nevero de Cogolludo (Guadalajara).

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el Nevero de Cogolludo se localiza a las afueras del propio casco urbano, aproximadamente a 100 metros al noroeste del castillo de la localidad, en la denominada Cuesta de los Moros.

Se trata de un lugar excepcional para la conservación de la nieve durante todo el año, aprovechando el frescor del subsuelo, los fríos vientos de la sierra norte para refrigerar el interior y la escasa exposición a la luz solar que sobrecalentaría su contenido. El Nevero de Cogolludo se caracteriza por ser un pozo excavado en el sustrato geológico calizo apoyado a su vez en el desnivel del propio terreno.

Su pozo está revestido por una estructura de mampostería a hueso, trabada sin ningún tipo de argamasa, que conforma la pared del nevero. La única parte de esta estructura que presenta algún tipo de argamasa es la cúpula, trabada con yeso y realizada con piedra de pequeño y mediano tamaño.

Tipológicamente se encuadra dentro de los denominados neveros de montaña y resulta de interés que este inmueble conserve todos los elementos característicos que presentan los pozos de nieve: depósito cilíndrico excavado en el sustrato geológico; la gruesa pared del pozo que facilita el aislamiento térmico, con el agravante de estar realizada en mampostería sin argamasa y mediante superposición de hiladas; cubierta realizada mediante falsa cúpula de piedra; el fondo, que conserva el sistema de drenaje para evacuar el agua procedente del deshielo de la carga para favorecer la conservación del resto; y dos puertas de acceso, la de carga y descarga.

Arquitectura popular

Los neveros o pozos de nieve son construcciones de arquitectura popular destinadas al almacenamiento y conservación del hielo para su posterior distribución y venta. Su objetivo primordial era garantizar el aislamiento térmico necesario para la conservación de su carga de hielo durante la mayor parte del año. Igualmente son valiosos documentos histórico-culturales y destacados ejemplos etnográficos.

El estado de conservación que presenta actualmente el nevero de Cogolludo es excelente pues conserva toda su estructura intacta y en pie. Teniendo en cuenta que la mayoría de los neveros en la actualidad permanecen ocultos en el subsuelo y con sus estructuras derruidas, o en el mejor de los casos, perceptibles en el terreno, pero con las bóvedas colapsadas, el nevero de Cogolludo es un bien inmueble con un grado de conservación muy elevado.

Este elemento de arquitectura etnográfica ha sido incluido dentro de un programa de puesta en valor promovida desde el Ayuntamiento de Cogolludo, propiciándose su documentación histórico-cultural y arqueológica, así como su consolidación y la realización de labores de limpieza y acondicionamiento para su recuperación en los años 2019 y 2020.

Con el inicio del expediente se dispone la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el asunto puedan examinarlo y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de un mes a contar desde este jueves, día 30, en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

La futura mina de fosfatos que la empresa Alcudia Phosphates quiere abrir en la pequeña localidad de Fontanarejo (Ciudad Real), muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros, sigue generando la indignación de la Plataforma No a la Mina que se constituyó contra este proyecto, con el apoyo de Ecologistas en Acción.

Mientras que el proyecto se encuentra en mitad de un proceso judicial contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Albacete debido al inicio de las obras, que sus detractores consideran “ilegal”, ahora una corrección de errores en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha vuelto a exaltar los ánimos.

El cambio en cuestión se produjo a finales del pasado mes de marzo, cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó una modificación de la declaración de impacto ambiental (DIA) concedida a este proyecto hace ocho años.

Explica la Administración regional que en 2023 ya hubo una primera corrección de errores para deslindar, una vez que el proyecto hubiera sido autorizado administrativamente por el órgano sustantivo, los conceptos de “ejecución del proyecto” y de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, de cara a la presentación de la empresa de diversa documentación exigida en la mencionada declaración de impacto ambiental.

En esa modificación de hace tres años se incluyó dentro del concepto de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, la realización de calicatas y perforaciones previas, así como “otras labores preliminares que implicaran el arranque y transporte del material rocoso”.

Un cambio a petición de la empresa promotora

No obstante, explica el documento, el pasado 11 de febrero la empresa promotora presentó un escrito ante el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en el que argumentaba que el hecho de incluir esas actuaciones de calicatas en el concepto de “actividad extractiva”, le supone dos impedimentos desde el punto de vista técnico y administrativo.

Por una parte, alegaba la promotora, le impide de plano elaborar y presentar, ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el estudio hidrogeológico integral para caracterizar cuantitativa y cualitativamente las aguas del entorno de actuación y diseñar el protocolo de control ante posibles episodios de contaminación. Esta es una de las condiciones que pide la declaración de impacto ambiental.

Y en segundo lugar, la empresa alegaba que el proyecto minero tiene asociada una planta para el tratamiento del mineral extraído durante la actividad minera, que también se ha evaluado en la declaración de impacto ambiental. Señala que para poder realizar el diseño definitivo de la planta de tratamiento es necesario “modelizar el proceso productivo en una fase previa experimental” dentro de una planta piloto que el promotor dispone en la provincia de Cáceres.

Para conformar estos ensayos técnicos, que precisan el material procedente de la zona objeto de explotación, resulta “imprescindible”, añade la promotora, realizar una cata de muestreo en seco de carácter no productivo con fines de investigación.

Por todo ello, considera la empresa que el hecho de asemejar trabajos extractivos con fines “exclusivamente experimentales” y de investigación de carácter preliminar (las mencionadas perforaciones y calicatas “de escasa entidad”) con el concepto de “actividad extractiva y productiva”, acarrea un “perjuicio”: eso “imposibilita” a la empresa avanzar en el desarrollo del proyecto desde el punto de vista administrativo y técnico.

Por tanto, el Gobierno regional modifica el apartado en el que se incluye la realización de calicatas y perforaciones previas, para incorporar que esa actividad está excluida como actividad extractiva.

La Plataforma No a la Mina de Fontanarejo interpreta que con ello, la Administración le sigue “facilitando” el proyecto a los promotores mediante este “procedimiento irregular” de la corrección de errores.

“El objetivo de este cambio, según dicen en el argumentario previo, es para poder hacer el estudio hidrogeológico y sacar materiales para afinar el proceso de la planta de tratamiento, que son asuntos previos del proyecto y de la evaluación ambiental y que ya tenían que estar resueltos antes de la declaración de impacto ambiental y no hacerse a posteriori”, argumentan.

De hecho, esta es una de las razones por las que este proyecto se encuentra en los tribunales, en el marco del recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma ciudadana y actualmente en litigio.

"La ley solo autoriza cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”

Plataforma No a la Mina de Fontanarejo

Este colectivo añade que la propia empresa alude, para defender la corrección de errores, a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que contempla esa posibilidad. “Pero, según la jurisprudencia, eso solo te autoriza a cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”, concluyen.

De cualquier forma, la corrección de errores se produce en mitad del proceso judicial, que arrancó el pasado mes de enero con dos vistas orales y después de que el conflicto se intensificara a mediados del pasado mes de octubre, cuando comenzaron las obras de preparación del terreno para la mina.

Según denunciaba la plataforma ciudadana, el inicio de obras se produjo de forma “ilegal”, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia que expiraba el 5 de febrero de 2024, una fecha anterior tanto a la licencia de obra concedida por el ayuntamiento como al inicio efectivo de los trabajos, que se produjo meses después. Ahora, es intención de la plataforma recoger esta corrección de errores para reflejarlo en las conclusiones del contencioso “para que el juez lo tenga también en cuenta”.

La empresa alega que no hay “repercusión” en el proceso judicial

Consultada por este medio, la promotora Alcudia Phosphates resta importancia a la resolución del Diario Oficial de la comunidad autónoma y asegura que es “una actuación administrativa de carácter no material” destinada a subsanar “una omisión puntual en la documentación”. 

“La corrección permite incorporar una actuación necesaria para completar los estudios requeridos por la Administración y garantizar la correcta ejecución del proyecto. En ningún caso introduce cambios de fondo ni tiene relación o repercusión alguna en el procedimiento judicial en curso”, añade.

Es la misma posición que defiende el Gobierno regional. La Consejería de Desarrollo Sostenible precisa a este medio que las correcciones de errores son “habituales en cualquier proceso de la administración”. “Si se detectan, es la obligación de la administración competente el subsanarlos. Simplemente es eso, una corrección técnica administrativa como se hacen en muchos casos”.

Un recurso judicial por presunto inicio ilegal de las obras

El litigio comenzó cuando el ayuntamiento concedió licencia para el inicio del proyecto después de la mencionada declaración de impacto ambiental. La respuesta de la Plataforma fue demandar a la Administración regional y a la empresa promotora por el inicio “ilegal” de las obras tras la concesión de explotación minera.

En este tiempo y hasta la fecha, la plataforma ciudadana ha recabado más de 100.000 firmas en contra de la mina y ha realizado una consulta popular entre la población de Fontanarejo apoyada por más de la mitad de la población, unas 120 firmas.

El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la declaración de impacto ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que “impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces”.

Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública, permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la Plataforma, “contraviene la legislación vigente”.

A estas supuestas deficiencias añaden en su recurso un estudio ornitológico independiente, realizado a lo largo de 2023 por un equipo de siete ornitólogos y coordinado, entre otros, por el profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.

El estudio documentó la presencia de 14 especies de aves rapaces en el entorno del proyecto, tres de ellas catalogadas como en peligro de extinción en Castilla-La Mancha -águila imperial ibérica, águila perdicera y milano real- y otras seis como vulnerables, entre ellas el buitre negro y el alimoche común.

Por su parte, en el escrito que el abogado del Gobierno regional remitió a la sala en marzo de 2024 con motivo de la demanda, esta administración argumentó que la declaración de impacto ambiental (DIA) presentaba “medidas correctoras de obligado cumplimiento”. “Efectivamente, el presente proyecto, como casi cualquier otro de esta naturaleza, produce un impacto ambiental, y el objeto de la DIA es, precisamente, valorar dicho impacto en relación con el interés público de la actividad, y establecer las medidas correctoras del mismo”.

Ese interés público, añade este documento, viene establecido por la Ley de Fomento de la Minería de 1977 que tiene por objeto promover y desarrollar, dentro y fuera del territorio nacional, la exploración, investigación, explotación y beneficios mineros, con el fin de procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española.

El Gobierno regional también apuntaba en su escrito que el procedimiento se ha realizado “conforme a las prescripciones legales”, con exposición pública y consulta a las entidades afectadas, incluida Ecologistas en Acción, consultada “hasta en tres ocasiones, sin hacer alegaciones al proyecto”.

La ciudad de Puertollano, en Ciudad Real, sigue sumando proyectos como núcleo destacado en el tratamiento de residuos plásticos. A las plantas de gestión ya existentes, se sumará otra nueva de la empresa Valogreene en el polígono La Nava.

La Consejería de Desarrollo Sostenible acaba de darle luz verde ambiental, según ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), lo que le da la autorización para llevar a cabo el proyecto, una vez finalizado el período de información pública del estudio de impacto ambiental de la empresa.

En esta planta de producción, declarada además como “proyecto prioritario” (es decir, con agilización de trámites administrativos) por la Administración regional, los residuos, como plásticos no reciclables, rechazos de gestores, residuos de papeleras y de la industria de la automoción, se someterán a un tratamiento de pirólisis.

Como resultado, se obtendrá aceite pirolítico y biochar, los cuales se destinarán a su venta, mientras que la fracción del gas no condensable se valorizará en la propia instalación para cubrir sus necesidades térmicas y eléctricas.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real condicionó la propuesta de declaración de este proyecto como prioritario a su ejecución según la memoria aportada, por un importe total en activos fijos de casi 30.000 euros y a la creación de 22 puestos de trabajo directos fijos a jornada completa y contratación indefinida.

Un plazo de dos años para inversiones y condiciones

Asimismo, la empresa se compromete a finalizar las inversiones y cumplir todas las condiciones establecidas en un plazo máximo de dos años, a contar desde la obtención de todos los permisos y licencias preceptivos, y a mantener en el municipio de Puertollano los activos declarados en la memoria del proyecto, tales como la inversión, la actividad declarada y el empleo comprometido durante un periodo mínimo de dos años, que se computará desde la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto.

El proyecto, impulsado por el grupo Greene Enterprise, se ubicará en una parcela de 23.457 metros cuadrados en el Polígono Industrial La Nava II. Con una inversión de 35 millones de euros, financiada íntegramente por Greene, la planta se dedicará a la valorización de 40.000 toneladas anuales de residuos industriales, evitando que estos terminen en vertederos o incinerados.

La tecnología desarrollada la empresa para valorizar la fracción rechazo de los residuos será la base de este proyecto. Según indica, su proceso termoquímico permite descomponer los residuos a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno, obteniendo materiales de alto valor añadido como aceite pirolítico y biochar, según ha explicado la empresa.

El aceite pirolítico, con una producción estimada de entre 8.500 y 10.500 toneladas anuales, será utilizado para la síntesis de plásticos sostenibles, como las poliolefinas circulares. Por su parte, el biochar, con una producción de entre 4.000 y 5.000 toneladas al año, encontrará aplicación como combustible en cementeras, acerías e industrias cerámicas.

“Este enfoque no solo maximiza el aprovechamiento de residuos, sino que también contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, evitando 8.000 toneladas anuales de CO* si los residuos fueran a vertedero, y hasta 30.000 toneladas en comparación con la incineración”, concluye la empresa.

En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Ya entramos de lleno en la Semana Santa y como cada año, siempre hay dudas sobre los días en que los comercios permanecerán abiertos para que podamos realizar con antelación y previsión nuestras compras, ante la llegada de la sucesión de festivos y del 'parón' más largo desde la pasada Navidad.

Según establece el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en su orden de domingos y festivos autorizados para su apertura en el presente año, los supermercados, tiendas y otros establecimientos comerciales abrirán el Jueves Santo, día 2 de abril, y el denominado como Lunes de Pascua, día 6 de abril.

La relación por tanto, queda como sigue:

A partir del martes, día 7 de abril, todos los comercios retoman sus horarios de aperturas habituales hasta el próximo festivo en Castilla-La Mancha, que será el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, que este año cae en viernes y durante el que permanecerán cerrados.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la resolución por la que se conceden ayudas a 20 salas de exhibición cinematográfica en la Comunidad Autónoma.

Estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 400.000 euros, tienen como objetivo garantizar la actividad de las salas de exhibición cinematográfica de la región por su aportación al mantenimiento de la diversidad de la cultura audiovisual, así como recuperar y fomentar el hábito de asistencia a las salas de exhibición cinematográfica.

Esta línea de ayudas forma parte del “compromiso” del Ejecutivo autonómico con la cultura y el mundo del cine y se suma a las ayudas que anualmente se convocan para cortometrajes, largometrajes o elaboración de guiones.

Del total de las 20 ayudas concedidas, una de ellas es en la provincia de Albacete, seis en la provincia de Ciudad Real, seis en la provincia de Cuenca, una en la provincia de Guadalajara y seis en la provincia de Toledo.

Además de las ayudas a salas de cine, el Ejecutivo autonómico cuenta con líneas de ayudas dirigidas a la producción de cortometrajes, largometrajes o elaboraciones de guiones.

A finales de mayo del año pasado, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la apertura de un plazo de exposición pública de la Declaración de Proyecto Prioritario para la ampliación de la planta que Acteco Productos y Servicios, S.L. tiene en Almansa (Albacete), dedicada al reciclado mecánico y químico de plásticos y almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.

Se trata de una planta de tratamiento para reciclado mecánico de residuo urbano, procedente de las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha.

Ese periodo culminó y no se volvió a saber nada sobre su declaración como proyecto prioritario, que no se llevó a cabo. Declarar una iniciativa como “prioritaria” es una fórmula del Gobierno regional que implica agilización de trámites para proyectos de especial importancia para el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma.

Nuevo periodo de información pública

Ahora, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete ha vuelto iniciar un nuevo periodo de información pública para el mencionado proyecto, tal y como publica, de nuevo, el DOCM. Pero la Consejería no explica los motivos por los que el proceso vuelve a repetirse.

En la resolución, se indica que este proyecto, que prevé la construcción de nuevas instalaciones para obtener materias primas para la fabricación de plásticos y aceites de pirolisis, se desarrollará en el Camino a Casas del Campillo, polígono 519, en el Paraje el Saladar de la localidad albaceteña.

La empresa destaca en su web que Acteco tiene una amplia experiencia en el almacenamiento y acondicionamiento de residuos, consolidándonos como “una gestora de residuos y reciclaje referente en España”. Tiene plantas de transferencia y reciclaje de gran capacidad en Ibi y Sax (Alicante), Náquera y Massalfassar (Valencia), PI. Malpica y PI. Plaza (Zaragoza), San Martin de la Vega (Madrid), Arteixo (A Coruña), Almansa (Albacete), Fuentes de Andalucía (Sevilla) y Algeciras (Cádiz), así como presencia logística en toda la península e islas.

Como gestor de residuos en Almansa, explica que ofrece “soluciones integrales” que incluyen la recogida, el tratamiento y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos, y servicios especializados para empresas. “Nuestra planta en Almansa está equipada para garantizar procesos seguros y eficientes, fomentando la economía circular”, concluye.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la resolución por la que se crea la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Castilla-La Mancha (UICAM). Es la primera iniciativa de este tipo dedicada exclusivamente a la realización de ensayos clínicos en la comunidad autónoma.

La nueva Unidad surge de un proyecto impulsado por el Instituto de Investigación Sanitaria de la región (IDISCAM) que ha obtenido financiación en una convocatoria pública competitiva del Instituto de Salud Carlos III, y estará físicamente ubicada en el Hospital Universitario de Toledo, con una vocación claramente regional, permitiendo coordinar la investigación clínica que se desarrolla en el conjunto de los hospitales de Castilla-La Mancha.

Según la resolución, con su establecimiento se persigue la instauración de una estructura organizativa que armonice, coordine e impulse la investigación en la Atención Primaria, ordenando y dando sentido a las actuaciones de excelencia que en este ámbito se han venido desarrollando en la región.

El Gobierno castellanomanchego explica que los sistemas sanitarios se enfrentan, entre otros, al “desafío de adecuarse al continuo avance científico que experimenta el sector”, adecuación que tiene multitud de variantes tanto en lo relativo a la inversión como a la adaptación y construcción de infraestructuras o a la capacitación del conjunto de profesionales.

En este sentido, la investigación constituye “uno de los ámbitos estratégicos para este acompasamiento entre la evolución de la ciencia y la cada vez mayor preparación de los integrantes del sistema”.

Una nueva apuesta

Por otro lado, apunta que la Atención Primaria se ha configurado como el ámbito asistencial que actúa como eje, “superando concepciones tradicionalmente mantenidas como puerta de entrada o complemento de la atención especializada”.

“La apuesta por una mayor resolutividad debe ir necesariamente acompañada por una doble actuación: una consolidadora que cristalice las mejoras en las condiciones laborales de sus profesionales y otra transformadora que impulse y maximice la adquisición de nuevas capacidades y competencias por parte de aquellos, para coadyuvar, en suma, al refuerzo y avance de este nivel y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en su conjunto”.

En Castilla-La Mancha se ha contemplado en las diferentes estrategias a nivel general sanitario diversas acciones tanto en materia de investigación como de situar a la atención primaria en el centro del sistema. De hecho, en el Plan de Salud H3.0, actualmente en fase de elaboración, ambos campos de actuación cuentan con un renovado protagonismo.

En este sentido, el Plan de Atención Primaria de Castilla-La Mancha y la Red de Expertos y Profesionales de Investigación constituyen dos de las puntas de lanza más significativas.

La inversión total supera los 800.000 euros, financiados de manera conjunta por el Instituto de Salud Carlos III y el propio SESCAM, y se prevé que la actividad clínica con los primeros ensayos se inicie antes de que finalice el año 2026.

El Instituto de la Mujer ha convocado nuevas ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral correspondientes a este año 2026, que podrán solicitarse durante los próximos diez días hábiles a contar desde este martes, 24 de febrero.

Según ha publicado este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), tendrán la condición de entidades beneficiarias, las entidades sin ánimo de lucro o las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en Castilla-La Mancha.

Estas ayudas podrán emplearse en proyectos que promuevan la igualdad de retribuciones, la reducción de la segregación profesional tanto horizontal como vertical, y la conciliación y corresponsabilidad del trabajo y la familia.

También sirven para iniciativas que eliminen la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo y/o el fomento del emprendimiento femenino; así como en proyectos que con su realización contribuyan a reducir los obstáculos socioculturales persistentes que hace que aún existan desequilibrios de género en el ámbito laboral.

La cantidad máxima estimada destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000 euros. Se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 12.000,00 euros.

Este miércoles, día 4 de febrero, entrará en vigor la orden de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones en régimen de procedimiento simplificado de concurrencia para personas diagnosticadas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible en Castilla-La Mancha.

Esta orden, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) tiene por objeto establecer las bases reguladoras en el ámbito de Castilla-La Mancha para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas de ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

La finalidad es mejorar la calidad de vida de personas con esta y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, reconociendo la especial situación de vulnerabilidad que afrontan estos pacientes y sus familias, prestando apoyo económico a los gastos asociados a estos procesos patológicos, así como a recursos especializados.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas que, a la fecha de presentación de su solicitud, tengan un diagnóstico confirmado de ELA o sospecha de padecerla; padezcan otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, neurológicas y no neurológicas.

Solicitudes y plazos

Las solicitudes se formularán mediante instancia dirigida a la persona titular de la dirección general con competencias en materia de atención sociosanitaria de forma telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es); y de manera presencial, según formulario habilitado en sede electrónica.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, a contar desde la presentación de la solicitud de subvención.

Esta subvención se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que figure en la convocatoria, consignada en los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La cuantía a conceder será determinada anualmente en la convocatoria, sin que la misma pueda ser superar la cantidad de 6.000 euros por persona beneficiaria, en función de las disponibilidades presupuestarias.

Las subvenciones concedidas se harán efectivas en un único libramiento una vez notificada la resolución de concesión y certificación, sobre acreditación del cumplimiento de las condiciones que dan derecho a la persona beneficiaria al cobro de la misma dentro de los plazos establecidos.