El canon del agua en Castilla-La Mancha, conocido oficialmente como Canon Medioambiental de la Directiva Marco del Agua (DMA), es un impuesto autonómico indirecto que grava el uso, el consumo y los vertidos de agua en la región, que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Todo lo recaudado se destina a financiar infraestructuras hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y depuración) y la mejora de los ecosistemas acuáticos. Y dentro de esa distribución de fondos, al menos el 25% de la recaudación debe devolverse a los ayuntamientos para que realicen obras en el ciclo integral del agua de su competencia. El 75% restante lo gestiona el Gobierno regional.

Casi dos años después de su entrada en vigor, la Administración autonómica ya ha sacado a información pública el proyecto de decreto por el que procederá a transferir esa cantidad a los ayuntamientos de la región, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en virtud de la reforma de la Ley de Aguas de la comunidad autónoma donde se incluyó su aprobación.

Este impuesto autonómico tuvo un controvertido proceso de aprobación. Se aprobó inicialmente en febrero de 2022 en las Cortes regionales, pero fue suspendido de manera indefinida solo unas semanas después debido a la crisis económica y la subida de precios derivadas de la guerra en Ucrania. Posteriormente, el Gobierno de Castilla-La Mancha retomó y aprobó de nuevo canon en marzo de 2024, fijando su entrada en vigor definitiva para el 1 de enero de 2025.

Según lo estipulado en la reforma para su implantación, los primeros 10.000 litros de agua al mes (10 metros cúbicos) por vivienda están completamente exentos de pago. El impuesto solo se empieza a aplicar a partir de los consumos que superen ese umbral.

Exenciones del pago

Además, el reglamento exime del pago total de este canon medioambiental a familias y personas que tengan la condición de vulnerabilidad social severa o se encuentren en riesgo de exclusión social; a agricultores y ganaderos.; y al uso que de la misma se haga para la extinción de incendios.

En general, para un hogar medio de tres personas que no supere los límites de consumo básico, el impacto estimado es de menos de 1 o 2 euros al mes, divididos en una parte fija y otra variable según los bloques de consumo que excedan los 10 metros cúbicos exentos.

Ahora, el proceso de información pública para la devolución a los ayuntamientos de la cuarta parte de lo recaudado se prolongará durante 20 días hábiles para que los interesados puedan presentar alegaciones. Cuando lo apruebe el Consejo de Gobierno, se pondrá en funcionamiento el sistema de transferencias para que los municipios de Castilla-La Mancha puedan financiar inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras municipales de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Un canon finalista

Esto es así porque el impuesto, en virtud de la mencionada Directiva Marco, tiene un carácter finalista, es decir, se utiliza exclusivamente para financiar infraestructuras hidráulicas para la mejora de la calidad y disponibilidad del agua en la región.

Además, el decreto contempla un régimen especial para los municipios de menor población que suelen disponer de menos recursos económicos y capacidad técnica para acometer este tipo de actuaciones. Concretamente, regula que las localidades menores de 5.000 habitantes tendrán una asignación mínima de 4.000 euros anuales cuando la cuantía que les corresponda conforme a la recaudación efectiva del canon no alcance ese importe.

Para estas actuaciones se regula un Fondo de Inversiones en Infraestructuras del ciclo integral del agua con una serie de medidas entre las que destacan las relativas a captación, aducción y transporte, estaciones de tratamiento de agua potable, depósitos, redes de distribución, redes de saneamiento, colectores, estaciones de bombeo, estaciones depuradoras de agua residuales y actuaciones para la reducción de pérdidas y la mejora del control y gestión del consumo de agua

Ya hay nueva línea de ayudas públicas destinadas a la rehabilitación energética y mejora de edificios y viviendas de Castilla-La Mancha finalizados antes de 2006. La convocatoria la ha publicado la Consejería de Fomento en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y está cofinanciada al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027). En total, se destinarán 50 millones de euros. Pueden solicitarse hasta el próximo 30 de noviembre.

La finalidad principal de estas subvenciones es reducir el consumo de energía primaria no renovable en el parque edificatorio y fomentar el uso de energías renovables como la solar, biomasa, geotermia y aerotermia.

Las actuaciones se organizan en tres líneas principales. La primera de ellas está dirigida a edificios de uso residencial colectivo y exige lograr una reducción de al menos un 40% en el consumo de energía primaria no renovable.

En segundo lugar, otro bloque está destinado también a edificios residenciales, pero en lo referido a instalaciones térmicas por biomasa (requiere reducir al menos un 30% la energía primaria no renovable y un 45% las emisiones de CO2 en actuaciones integradas), así como sistemas fotovoltaicos, térmicos o híbridos con un máximo subvencionable de tres kilovatios (kW) por vivienda.

La tercera línea de ayudas se destina a viviendas unifamiliares. Exige una reducción mínima del 60% en el consumo de energía primaria no renovable.

Beneficiarios y novedades

Pueden beneficiarse de estas subvenciones personas físicas o jurídicas propietarias de viviendas unifamiliares o edificios colectivos, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y cooperativas.

Una de las novedades de esta convocatoria es que las personas propietarias en situación de vulnerabilidad económica pueden percibir una ayuda complementaria de hasta el 100% del coste de la actuación que les sea imputable. El umbral de vulnerabilidad se determina según los ingresos de la unidad de convivencia respecto al IPREM.

También destaca el hecho de que en municipios de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación la cuantía máxima y el porcentaje de ayuda aumentan un 20%.

A esto se añade que se reducen los requisitos de potencia fotovoltaica exigidos para acceder a las ayudas de la sublínea de energía solar, la obligación de presentar el Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación junto con la solicitud y la exigencia de que las viviendas constituyan domicilio habitual y permanente para poder acceder a las ayudas. 

La convocatoria establece tres condiciones fundamentales para poder acceder a las ayudas, que son que los edificios tienen que estar construidos antes de 2006, que los trabajos no podrán haberse iniciado antes de la presentación de la solicitud y que la inversión mínima tiene que ser de 200.000 euros.

Estas ayudas recibieron luz verde del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha la semana pasada. Entonces, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, recordó que se trata de la segunda convocatoria en materia de rehabilitación con fondos FEDER y que el objetivo es poder rehabilitar más de 2.000 viviendas.

Participaciones societarias valoradas en más de 2,8 millones de euros, grandes cantidades destinadas a fondos de inversión, inversiones fallidas, criptomonedas y saldos bancarios superiores a los dos millones de euros. Son algunos de los datos que desvelan las declaraciones de actividades, bienes y rentas de más de 352 cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha, y sus respectivos cónyuges.

El listado, publicado por la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, incluye a miembros del Gobierno regional, directivos de organismos públicos, responsables sanitarios y personal eventual que han presentado sus declaraciones por nombramiento, cese o en cumplimiento de la obligación anual establecida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Abarca toda la estructura administrativa regional, pero reúne perfiles de distintos niveles de responsabilidad institucional: directores generales, delegados provinciales, responsables de organismos autónomos y asesores de los gabinetes.

En el bloque de altos cargos aparecen la Presidencia y las Vicepresidencias del Gobierno regional, los titulares de las consejerías y responsables de viceconsejerías, secretarías generales y direcciones generales. El documento incluye además a directivos del SESCAM, responsables de gerencias hospitalarias, representantes de medios públicos y dirigentes de empresas y fundaciones vinculadas a la Administración autonómica.

A ellos se suma el personal eventual, integrado por directores de gabinete y asesores destinados a funciones de comunicación, prensa, innovación y otros ámbitos de apoyo institucional.

Las cifras patrimoniales y salariales ofrecen una visión de los bienes, las inversiones y los ingresos declarados por los responsables públicos, aunque su interpretación requiere distinguir entre patrimonio societario, activos financieros, saldos bancarios e ingresos del trabajo.

Datos patrimoniales más destacados

Con todo ello, no es en los altos cargos donde se aprecia un mayor patrimonio. Uno de los datos más destacados, por ejemplo, corresponde a María Belén López Donaire, directora de los Servicios Jurídicos y presidenta de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN). Su declaración incluye una participación del 38,41 % en la sociedad Torre de Abraham, S. L., con un valor declarado de 2,8 millones de euros. En la misma declaración, figura también el cobro de 192.050 euros en concepto de dividendos y participación en beneficios procedentes de esta misma entidad

La participación societaria constituye la cifra de mayor volumen entre los activos destacados en el resumen de las declaraciones. No obstante, su valoración no debe confundirse con dinero disponible en efectivo ni con el valor total de la sociedad, ya que corresponde a la participación declarada.

Otro de los patrimonios que sobresalen es el de Francisco Javier de Irizar Ortega, consejero y presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, cuya declaración recoge participaciones societarias de su cónyuge en IROR Inversiones, S. L., valoradas en 3,7 millones de euros. Asimismo, en la propia declaración del titular consta que él posee un 38% de participación en dicha sociedad y ejerce como su administrador único.

Por su parte, Alberto Jara Sánchez, director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), declara un saldo medio conjunto de cuentas bancarias, depósitos y otros activos por importe de 2,7 millones de euros, según los datos aportados.

Fondos de inversión, Letras del Tesoro y criptomonedas

El documento también recoge otros activos financieros de cuantía relevante y productos de inversión de distinta naturaleza. Entre ellos figura Carmen Encinas Barrios, directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad, que declara 406.272 euros en un fondo de inversión de Diaphanum (entidad de asesoramiento financiero y gestión patrimonial) y 91.200 euros en un plan de pensiones.

Las declaraciones incluyen asimismo inversiones en activos digitales y metales preciosos. Por ejemplo, Víctor Moreno Fernández, asesor de Comunicación Social como personal eventual, refleja posiciones en la criptomoneda Bitcoin por un importe indicado de 2.114 euros y en oro físico por valor de 1.710 euros a través de Trade Republic (banco alemán y plataforma digital de ahorro). Por su parte, Sara Elisa Fernández Calcerrada, también asesora como personal eventual de la Junta, declara igualmente saldo en Bitcoin.

Otro dato singular es el de Francisco Damián Montoro Carrión, consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Su declaración recoge más de un millón de acciones de clase A en la empresa Abengoa, actualmente valoradas en cero euros. Este tipo de acciones fueron suspendidas de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 14 de julio de 2020 y posteriormente excluidas de forma definitiva de las bolsas el 26 de septiembre de 2022 tras entrar en fase de liquidación.

Cabe señalar, no obstante, que la inclusión de estas acciones muestra que una declaración patrimonial puede reflejar participaciones cuyo valor declarado sea nulo, sin que ello implique necesariamente que nunca hayan tenido valor económico.

Entre las declaraciones de bienes e inversiones publicadas para los altos cargos y directivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el mayor patrimonio, después del de la mencionada cónyuge del presidente del Consejo Consultivo; el de María Belén López Donaire y el de Alberto Jara, es el de Damián Aranda, director gerente de Atención Integrada de Valdepeñas (perteneciente al SESCAM) con 370.000 euros en un producto financiero estructurado y depósitos bancarios.

La alondra ricotí ya ha sido incluida oficialmente como especie en peligro de extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Un decreto de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha aprobado el Plan de recuperación de esta ave y declara como zonas sensibles las áreas críticas para su supervivencia.

También conocida como dupont es un pequeño paseriforme perteneciente a la familia Alaudidae de 18 centímetros de longitud y un peso de entre 36 y 40 gramos.

Como otras alondras su plumaje es de tonos ocres y grisáceos y con finas listas negras. Tiene un pico curvado y largo que llega en los machos a superar los dos centímetros de longitud. Muestra un comportamiento muy esquivo, ocultándose frecuentemente entre el matorral bajo y desplazándose andando por el suelo.

Sólo al amanecer se muestra más activa, realizando vuelos de canto muy característico y monótono, muy diferente a otras alondras, al que hace referencia su nombre onomatopéyico 'ricotí'. Vive en medios esteparios de zonas llanas, desde el nivel del mar hasta los 1.400 metros de altitud. Ocupa una gran diversidad de formaciones vegetales arbustivas. Requiere de matorrales de bajo porte (20-40 centímetros) que le aportan sustrato de nidificación y refugio ante posibles depredadores.

La distribución de la especie en España se ha dividido en cinco grandes regiones: Zamora, Sistema Ibérico, Valle del Ebro, Meseta Sur y Sur, habiéndose extinguido en la región denominada Centro-Norte (Meseta Norte). Dentro de cada una de estas áreas muestra un patrón general de distribución muy fragmentado.

Área de distribución en Castilla-La Mancha

Existe un núcleo principal en el interior peninsular y un pequeño grupo de zonas marginales dispuestas en su entorno, sujetas a un alto grado de aislamiento geográfico. El área de distribución en Castilla-La Mancha está dividida en dos sectores, uno relativamente continúo en la franja norte de Guadalajara y que forma parte del gran núcleo del área de distribución en España.

El otro al sur formado por cinco poblaciones en Cuenca y una en Albacete y distribuidas de manera dispersa y aislada. La especie parece haber desaparecido recientemente en las provincias de Toledo y Ciudad Real. Las últimas estimas de la población regional ofrecen un total de 544 machos, la mayor parte de ellos en la provincia de Guadalajara (487), seguida de Cuenca (54). Resulta muy escasa en Albacete (únicamente tres machos).

La población de Castilla-La Mancha es la tercera en importancia a nivel nacional (19,3% de la población total). Guadalajara es también la tercera provincia en número de machos en España. Las poblaciones de alondra ricotí han experimentado un declive generalizado durante los últimos años.

La estimación más reciente de 3.116 machos a nivel nacional supone un descenso del 4,6% respecto a los 3.267 machos territoriales estimados durante el II Censo Nacional, lo que se traduce en un descenso anual del 0,31%.

Menos ejemplares por la reducción de las estepas de matorral

La principal amenaza para la alondra ricotí en España y Castilla-La Mancha, es la reducción y fragmentación de la población que está motivada a su vez por la reducción y fragmentación de las estepas naturales de matorral.

Se trata un problema de disminución en cuanto a calidad y cantidad del hábitat disponible para la especie. Esta pérdida de calidad del hábitat está relacionada con los cambios sufridos a diferentes escalas del paisaje rural motivados por la pérdida de los usos agrarios y ganaderos tradicionales. En ocasiones estos cambios han sido potenciados por políticas como la PAC y en menor medida por el desarrollo de algunas infraestructuras.

El objeto del decreto es aprobar el plan de recuperación de la especie en Castilla-La Mancha, determinar las áreas críticas para la supervivencia de la especie y actualizar su catalogación en el catálogo Regional de especies amenazadas acorde a su grado de amenaza.

La Consejería de Fomento ha publicado una orden por la que efectúa la convocatoria de las ayudas a la mejora de la accesibilidad en viviendas de Castilla-La Mancha, que podrán solicitarse desde este jueves, 1 de octubre, hasta el 30 de noviembre.

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), podrán ser beneficiarias las personas propietarias de viviendas o edificios de viviendas; las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios; y las personas propietarias que, de forma agrupada, sean propietarias de edificios y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal. En todo caso, las personas beneficiarias no deben ejercer actividad económica.

La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de ayudas es de siete millones de euros, dividida en cinco partidas presupuestarias, cuyas cuantías son estimativas podrán modificarse antes del agotamiento del crédito total.

Se consideran subvencionables las actuaciones para la mejora de la accesibilidad que mejoren el cumplimiento los parámetros establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-SUA, siempre que se hubiesen iniciado desde el 1 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.

La cuantía de la ayuda será igual al 60% del coste subvencionable de la actuación, porcentaje que se incrementará hasta el 80% si en la vivienda o en el edificio de viviendas residiera una persona con discapacidad o mayor de 65 años.

Viviendas unifamiliares y colectivas

En actuaciones en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila la subvención máxima será de 12.500 euros por vivienda, llegando a 15.000 si residiera una persona con discapacidad y 18.000 si residiera una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

En actuaciones correspondientes edificios de viviendas de tipología residencial colectiva la ayuda podrá alcanzar los 9.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles. Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de superficie construida de uso comercial u otros usos compatibles será necesario que los predios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.

Asimismo, se apunta que la subvención podría llegar a 15.000 euros por vivienda si residiera una persona con discapacidad y 18.000 si residiera una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Finalmente, en actuaciones en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, la ayuda alcanzará los 6.000 euros por vivienda, incrementándose a 15.000 euros por vivienda si residiera una persona con discapacidad y a 18.000 euros si residiera una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Los límites unitarios indicados serán incrementados en 3.000 euros más por vivienda, en edificios o viviendas declaradas bien de interés cultural, catalogados o que cuenten con algún nivel de protección en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete ha emitido un informe de impacto ambiental simplificado mediante el que da luz verde a la construcción de dos naves porcinas destinadas a 12.000 lechones en el término municipal de Hellín, en Albacete. Este nuevo proyecto está impulsado por la empresa CEFU, S.A. (Grupo Fuertes, matriz de ElPozo), que ya dispone de otro complejo con capacidad para unos 150.000 cerdos en la zona de Cancarix.

En la documentación publicada no consta que se trate de una ampliación de la planta existente, pero el informe de impacto ambiental refleja que la empresa ya cuenta con presencia e infraestructuras en la zona.

Concretamente, al referirse al suministro eléctrico de las dos nuevas naves, establece que se conectarán a una línea aérea de media tensión (LAMT) propiedad de la propia empresa CEFU, S.A., ubicada a 800 metros de distancia. Y en cuanto al suministro hídrico, el agua necesaria (17.038 metros cúbicos al año) se obtendrá mediante “concesiones de aguas subterráneas de las que la empresa ya dispone en la zona”.

Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el proyecto nuevo, ubicado en la parcela 3 del polígono 36 de la localidad, no requerirá una evaluación ambiental ordinaria al determinarse que carece de efectos adversos significativos sobre el entorno natural.

Medidas preventivas

Pero para garantizar su viabilidad, la resolución establece estrictas medidas preventivas y correctoras enfocadas en la protección de la fauna, la vegetación, el patrimonio cultural y el paisaje circundante. Asimismo, se imponen rigurosos controles sobre la gestión de residuos, purines y recursos hídricos, exigiendo la impermeabilización de balsas, el uso de piezómetros y la correcta manipulación de sustancias peligrosas.

Igualmente, para la protección del medio natural y la avifauna, en la resolución se exige la adaptación de las líneas eléctricas (soterramiento o protección específica) para evitar riesgos en zonas de producción de águila real y halcón peregrino, así como limitación de ruidos y vallado perímetro estricto.

También establece la obligatoriedad de impermeabilizar la balsa de purines (de 1.665 metros cúbicos) e instalar un sistema de detección de fugas mediante red de drenaje y piezómetro de control. Junto a ello, la promotora debe implementar transporte estanco, evacuación periódica de estiércoles, alimentación multifase con baja proteína para reducir las emisiones de amoniaco y restricciones horarias de actividad.

Estas dos nuevas naves se suman igualmente al proyecto de una macrogranja de terneros a menos de medio kilómetro de la pedanía de Torre Uchea, también en Hellín, y promovida en este caso por Nutripelet, S.L. contra la que se han movilizado vecinos y vecinas.

Según apuntaron a principios de mes, en un informe de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la ciudad, se recogen “numerosas deficiencias técnicas”, entre ellas que la propia pedanía no aparece mencionada y solo incluye a Nava de Campana como la zona habitada más cercana.

Ginetarock, el festival de heavy metal de La Gineta (Albacete) se suma a las Fiestas de Interés Turístico Regional de la provincia. El anuncio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, reconoce la relevancia turística y el impacto de este evento musica.

Así lo han valorado el delegado del Gobierno regional en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el delegado de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino; el alcalde del municipio, José Sánchez; el concejal de Festejos del municipio, Fernando Rodríguez; y el presidente de la asociación Corazón de Metal, Demetrio Ortiz.

Durante su intervención, Ruiz Santos ha felicitado al Ayuntamiento por el trabajo realizado y ha destacado el impacto económico que esta celebración tiene tanto para el municipio como para las localidades más cercanas.

Además, ha explicado que con esta nueva incorporación, la provincia suma ya 38 Fiestas de Interés Turístico Regional habiéndose incrementado la cifra de manera notable en la última década. “Desde 2015 hemos pasado de 19 a 38 reconocimientos regionales y ese no es un reconocimiento normal, es el doble”, comentaba explicando que a estas distinciones se suman otras dos que han pasado de 'Regional' a Fiesta de Interés Turístico Nacional (en el caso de la Semana Santa de Albacete), y de 'Nacional' a Fiesta de Interés Turístico Internacional (con las Fiestas Mayores de Almansa).

“Como el mejor de los regalos”

Desde La Gineta, su alcalde, José Sánchez, se ha mostrado muy agradecido con un reconocimiento que llega “como el mejor de los regalos”, justo unos días antes de que el festival celebre su 18º aniversario.

Ha subrayado la importancia que tiene para un municipio de alrededor de 3.000 habitantes acoger un evento que cada año atrae a miles de personas y que ha convertido al festival en una cita de referencia para los aficionados al heavy metal.

Por parte de la Asociación Corazón de Metal, su presidente, Demetrio Ortiz, ha destacado la programación de esta XVIII edición, que reunirá a once bandas y más de diez horas de música ininterrumpida.

El Ginetarock arrancará a primera hora de la tarde y contará con dos escenarios, uno cubierto y otro al aire libre. Entre los nombres destacados de esta edición se encuentra Dirkschneider, junto a diferentes bandas nacionales que completan un cartel que combina grupos consolidados con nuevos proyectos.

La organización espera repetir el respaldo de años anteriores y consolidar una cita que ha ido creciendo edición tras edición hasta convertirse en uno de los principales acontecimientos musicales de La Gineta y su entorno.

Durante la presentación también se ha puesto de relieve la oferta hostelera y gastronómica de La Gineta como complemento a la celebración del festival. En este sentido, Ruiz Santos ha felicitado al restaurante Los Chopos, establecimiento de la localidad que recientemente ha recibido el distintivo Travellers' Choice 2026 de TripAdvisor, un reconocimiento que se suma a los atractivos turísticos y gastronómicos de La Gineta.

Siguen los trámites para la construcción del futuro Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina. La Consejería de Fomento ha publicado una resolución donde aprueba la reparcelación definitiva de los terrenos en los que se asentará, pero con dos novedades importantes: la exigencia de una fianza a la empresa por el uso del suelo y el reconocimiento de una pequeña parte del terreno a la pedanía de Gamonal.

Concretamente y según el texto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la Administración regional exige a Zarza Networks (matriz de la empresa de Marck Zuckerberg, dueño de Instagram, Facebook y WhatsApp) una fianza de un millón de euros para asegurar la “compensación económica” por el aprovechamiento urbanístico.

La garantía es exactamente de 1.089.554 euros y se ha calculado con base en la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico del proyecto.

Esta cantidad exigida a la promotora no supone ningún beneficio directo para Talavera de la Reina. La empresa simplemente debe acreditarla ante la Consejería de Fomento por el aprovechamiento urbanístico. Para ello tiene un plazo de diez días.

El reconocimiento de los terrenos de Gamonal

Por otra parte, en la resolución también se da solución a una petición realizada por la pedanía de Gamonal. Se trata de una Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), dependiente de Talavera de la Reina. Tiene alrededor de un millar de habitantes y destaca por ser muy combativa, muy activa y con numerosas reivindicaciones. Situada a 12 kilómetros de la ciudad, nació en el siglo XIV. Tras siglos como municipio independiente, se anexionó a Talavera en los años 60 y recuperó su gestión descentralizada en el año 2000 gracias a la lucha vecinal.

Ahora, también ha visto reconocido un derecho fundamental relacionado con el futuro ‘data center’ de Meta en Talavera de la Reina: parte de los terrenos en los que se asentará esta instalación son también propiedad de Gamonal.

Son tan solo alrededor de dos hectáreas, pero es un reconocimiento “muy importante” para esta pedanía, afirma su alcalde, Álvaro Jerónimo, porque no se incluyeron en la reparcelación inicial del Proyecto de Singular Interés (PSI) con el que se ha tramitado esta gran instalación, cuyas obras son inminentes y que supondrá un revulsivo para toda la comarca.

Gamonal presentó alegaciones como EATIM para que esas dos hectáreas fueran incluidas en la reparcelación y se reconociera a la pedanía como dueña de esa pequeña parte del suelo en el que se asentará el Centro de Datos. Ahora, la Consejería de Fomento así lo ha aprobado.

El documento publicado hoy explica que se han resuelto las alegaciones presentadas por las administraciones locales, garantizando la titularidad de suelos específicos para la entidad de Gamonal y, por tanto, la protección de su patrimonio.

“Era una petición necesaria, reclamar lo que es nuestro. Desde el primer momento, en Gamonal ha habido mucha participación ciudadana y transparencia respecto al futuro centro de datos y ahora la gente está contenta. Ahora esperamos que otras propuestas que realizamos, como la preservación del entorno, y que fueron aceptadas, de verdad se cumplan”, afirma su alcalde.

Tanto el Ayuntamiento de Talavera de la Reina como la EATIM de Gamonal han desempeñado un papel activo en el desarrollo del proyecto a través de la presentación de alegaciones durante el periodo de información pública del proyecto de reparcelación. Estas alegaciones fueron analizadas y valoradas de manera individualizada por la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.

De manera específica, el papel de Gamonal ha sido especialmente relevante en la definición final de los terrenos. Ahora, para adecuar la realidad registral a la realidad patrimonial acreditada de esta pedanía, se introducen modificaciones para realizar operaciones de división y segregación de parcelas.

Ni coches, ni furgonetas, ni camiones, ni motos. Ningún vehículo motor podrá acceder a buena parte de las vías que dan acceso a montes y espacios naturales de las provincias de Cuenca y Guadalajara desde el próximo día 11 de agosto y hasta el día 13, ambos incluidos, con motivo del eclipse total de Sol del día 12.

Se trata de una medida que adopta el Gobierno de Castilla-La Mancha para blindarse ante las previsiones de afluencia masiva de visitantes en estos espacios y prevenir con ello tanto las aglomeraciones como los incendios, puesto que esos días habrá riesgo muy alto por las altas temperaturas.

El objetivo principal es que las vías de emergencia permanezcan despejadas, evitando la concentración descontrolada de vehículos en enclaves naturales, miradores y zonas altas que tienen condiciones favorables para observar el eclipse. Y es que casi la totalidad de estas dos provincias están entre los lugares de toda España donde mejor podrá contemplarse el gran fenómeno astronómico del año.

Estas restricciones solo afectan a los montes y accesos al medio natural y no a la red general de carreteras, vías urbanas o accesos ordinarios a los pueblos en los que se ubican.

Además, hay varias excepciones que permitirán el acceso: servicios de emergencia y seguridad como ambulancias, Cuerpo de Agentes Medioambientales, vehículos de extinción de incendios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esado; servicios públicos esenciales como conservación de infraestructuras de agua, energía y telecomunicaciones; personas residentes y titulares de propiedades agrícolas y ganaderas (y su personal); y autorizaciones excepcionales, que deben ser acreditadas y motivadas.

Municipios y áreas con restricciones

La medida la publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). En el caso de Cuenca, la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible incluye los montes públicos y espacios naturales de más de un centenar de municipios, desde la propia capital provincial, pero el mayor grueso se encuentra sobre todo en la Serranía y en las zonas altas colindantes con la provincia de Guadalajara.

Algunos de los más conocidos son Alarcón, Arcos de la Sierra, Barajas de Melo, Barchín del Hoyo, Beteta, Campillo del Altobuey, Carrascosa Sierra, Enguídanos, Huete, Iniesta, Las Majadas, Portalrubio de Guadamejud, Santa Cruz de Moya, Torrejoncillo del Rey, Tragacete, Uclés, Villanueva de la Jara o Zafrilla.

En la provincia de Guadalajara, la resolución indica que las restricciones afectan de forma general a varios términos municipales del Alto Tajo y de la Sierra Norte, dependiendo del tramo de la pista forestal afectada. La delimitación operativa final de cada tramo será la que se encuentre materializada mediante señalización y barreras en el terreno.

Los términos municipales afectados en Guadalajara son los de Ablanque, Alcoroches, Algora, Arbeteta, Armallones, Campillo de Dueñas, Cantalojas, Cobeta, Corduente, El Cardoso de la Sierra (incluyendo el núcleo de Peñalba de la Sierra), El Ordial, Guadalajara capital, Hombrados, Huertapelayo, La Huerce, La Mierla, Majaelrayo, Ocentejo, Olmeda de Cobeta (incluyendo el núcleo de Buenafuente del Sistal), Orea, Sacecorbo, Sigüenza, Tamajón (incluyendo el núcleo de Almiruete), Torrecuadrada de Molina, Torremocha del Pinar, Traíd, Trillo (incluyendo el núcleo de Viana de Mondéjar), Villar de Cobeta y Zaorejas.

El incumplimiento de las restricciones de acceso podrá conllevar multas y exigencia de responsabilidades legales. De hecho, el documento prohíbe explícitamente retirar, desplazar o alterar la señalización y los elementos de cierre (como barreras), acción que también está sujeta a estas sanciones.

Vamos a ser muchos. Pedimos que tengan cuidado por los episodios de incendios forestales que estamos viendo, con una pérdida tan importante de vegetación y de suelo, y que tardan mucho en recuperarse

Alfonso Sánchez — Coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha hay unos 460 agentes medioambientales y su despliegue sobre el terreno, en particular en las dos provincias donde el eclipse solar será total, se verá reforzado. “Trabajaremos a pleno rendimiento. Estamos todos los efectivos de Cuenca y Guadalajara esos días”, explica Alfonso Sánchez, coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. “La situación lo requiere por la gran afluencia de gente que se espera. Hay que organizarlo y coordinarlo para que todos lo disfrutemos”.

Sánchez se dirige a quienes se desplazarán esos días a los espacios naturales de estas provincias para esquivar la contaminación lumínica y ver el fenómeno astronómico en su máximo esplendor. “Vamos a ser muchos. Pedimos que tengan cuidado por los episodios de incendios forestales que estamos viendo, con una pérdida tan importante de vegetación y de suelo, y que tardan mucho en recuperarse”.

Los agentes medioambientales realizarán una labor de control, situándose en los principales accesos a las zonas naturales consideradas 'críticas', e informarán al público. “Se trata también de prevenir, por si en sus desplazamientos se dirigen a zonas de simas o de otro tipo con problemas de retorno, una vez que termine el eclipse. Se trata de que puedan verlo con la mayor seguridad posible”.

Los temarios de pruebas de acceso para ser policía local en Castilla-La Mancha incorporarán cuestiones sobre la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI. Es una de las novedades que incorpora un decreto de la Consejería de Administraciones Públicas mediante la que se modifica el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales en esta comunidad autónoma.

Según el texto, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el nuevo decreto establece como obligatorio incluir este tema en los programas de acceso a todas las categorías de los cuerpos de la Policía Local, que convocan los ayuntamientos.

En realidad, la modificación se realiza para adaptar el reglamento a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobada en febrero de 2023.

Este contenido se integrará dentro de la “parte especial” del temario, junto a otras materias como igualdad de género, derecho penal, y tráfico y seguridad vial. Además, la obligatoriedad de estudiar esta materia afectará a los procesos selectivos de todos los rangos: policía, oficial, inspector, subinspector, intendente y superintendente.

El objetivo de esta medida, según indica el decreto, es mejorar la regulación actual y asegurar que los futuros agentes cuenten con la formación necesaria en materia de derechos y no discriminación.

Se elimina la prueba de idiomas

La nueva regulación incorpora además otras novedades, como la eliminación definitiva de la prueba de idiomas en los procesos selectivos. En una modificación anterior de 2022, esta prueba ya había pasado a ser voluntaria para los ayuntamientos que convocaran plazas de policía local y no eliminatoria para las personas aspirantes.

Ahora, se ha constatado que las convocatorias efectuadas desde dicha modificación han dejado de incluir la prueba, lo que ha llevado a su supresión formal en el reglamento actual. El objetivo es “simplificar los procedimientos de selección”, eliminando trámites que “no se consideran imprescindibles” para valorar el mérito y la capacidad de los aspirantes.

También se elimina la entrevista personal como parte de la prueba psicotécnica en los procesos de acceso, de manera que este examen sea “lo más objetivo posible”.

Cómo será la prueba psicotécnica

De esta forma, la prueba psicotécnica se compondrá exclusivamente de dos test: uno de inteligencia general y aptitudes, y otro de personalidad y capacidades. No obstante, este examen sigue manteniendo su carácter obligatorio y eliminatorio.

Finalmente, la reforma del Reglamento incorpora cambios específicos en lo relativo a la uniformidad, principalmente centrados en la identificación y el uso de emblemas. Por ejemplo, incorpora la homogeneización de la placa que exhiben los agentes para que sea similar a la de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La única diferencia será el emblema del municipio, que también debe figurar obligatoriamente en el brazo izquierdo del uniforme.

Los cambios en el Reglamento entrarán en vigor a los veinte días desde su publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un plazo para que los ayuntamientos y se adapten a las nuevas normativas antes de que sean de aplicación obligatoria.

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha declarado oficialmente 'Municipio Turístico' a 11 localidades de la región.

A través de varias publicaciones en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), los municipios de Corduente, Molina de Aragón, Brihuega, Jadraque, Hita y Abarcón, en la provincia de Guadalajara; Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Almagro, en la de Ciudad Real; Alarcón, en Cuenca, y Alcaráz, en la provincia de Albacete, son reconocidos con esta categoría.

Para dicha declaración se deben de tener en cuenta las actuaciones en relación con los servicios públicos básicos que presta el municipio respecto a la vecindad y a la población turística asistida, y los servicios específicos que tengan una especial relevancia para el turismo.

Con esta declaración, anunciada el pasado mes de junio por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la red de 'Municipios Turísticos' de Castilla-La Mancha alcanza las 27 localidades.

El transporte interurbano en autobús, el que se realiza entre ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha, será gratuito desde hasta los 14 años en la comunidad autónoma a partir del próximo lunes, día 15 de junio.

Lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en una entrevista con Europa Press, en la que ha detallado que para acceder a esta gratuidad, los menores simplemente tendrán que presentar su carné de identidad.

El consejero ha valorado la importancia de una medida como esta especialmente en una región como Castilla-La Mancha donde “es tan importante la movilidad, especialmente para la gente más joven”. La iniciativa de la Consejería de Fomento podrá beneficiar a unas 289.000 personas.

Otras bonifidaciones para población juvenil

La orden que regula estos descuentos, que cuenta con un presupuesto anual de 600.000 euros, ya se ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En la resolución, junto a la gratuidad hasta los 14 años, se incluye un descuento del 50% en títulos multiviaje y abonos dirigidos a la población juvenil, así como una reducción del 40% en el precio final de venta de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, existentes desde el 30 de noviembre de 2025.

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado nuevas ayudas para plantaciones de chopos en Castilla-La Mancha para su aprovechamiento maderero. Lo hace a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y están previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) detalla que podrán ser personas beneficiarias del régimen de estas ayudas personas o agrupaciones de personas, tanto físicas como jurídicas.

También pueden acogerse a las subvenciones, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que sean titulares forestales públicos o privados y sus agrupaciones, cuyas parcelas de plantación estén ubicadas en Castilla-La Mancha.

Sólo serán admisibles aquellas actuaciones necesarias para la plantación de chopos que se realicen sobre terrenos situados en Castilla-La Mancha y que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que las plantaciones deben ser coherentes con las Directrices Paneuropeas para la Forestación y la Repoblación Forestal.

Terrenos con la morfología adecuada

Asimismo, deben realizarse sobre terrenos forestales de Castilla La Mancha que tengan condiciones de morfología adecuadas para que la plantación sea “efectiva y rentable”, consignándose este aspecto mediante acta de viabilidad previa a la resolución aprobatoria de la ayuda.

También deben contar con una superficie de actuación mayor o igual de una hectárea y menor de 10 hectáreas; y la densidad de plantación debe ser menor o igual a 400 pies por hectárea con espaciamiento entre árboles de cinco metros o más.

Por último, en el caso de explotaciones forestales con una superficie superior a 100 hectáreas, se deberá contar con un plan de gestión forestal o instrumento equivalente vigente antes de la publicación de la convocatoria de la ayuda.

Para la convocatoria correspondiente al año 2026 se prevé la existencia de un crédito de 140.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses que comenzará a contar desde este miércoles, 3 de junio.

Hace ya más de un mes que las últimas obras de la colección de Roberto Polo dijeron adiós a Castilla-La Mancha. En septiembre de 2025 el Gobierno regional y el propio artista decidieron dar por concluido el convenio de cesión por el que estas obras se exponían en las dos sedes de Arte Moderno de la comunidad autónoma, situadas en las ciudades de Toledo y Cuenca. El pacto se materializó en 2017, pero no fue hasta 2019 cuando se inauguraron sendas muestras.

Ahora, una auditoría de la Cámara de Cuentas a la Fundación Roberto Polo, que se creó ad hoc para la gestión de la colección, desvela que en 2022 tenía “déficit acumulado” y resalta la “incapacidad económica” para sostener los museos con fondos propios.

Aunque estos informes se aprueban siempre con mucho retraso (hablamos de cuatro años después), el informe del organismo de cuentas desvela una situación casi insostenible de esta iniciativa, en su momento ‘vendida’ como un revulsivo cultural en la región.

La Fundación Colección Roberto Polo (FCRPOLO) fue constituida en 2018 con el fin de gestionar y conservar los bienes de dicha colección, y en el año de la auditoría presentaba una situación marcada por la mejora de sus indicadores de solvencia. Pero hubo un “déficit acumulado” y “deficiencias en la formalización de activos y controles internos”.

Una situación de “dependencia total” de fondos públicos

Concretamente, en cuanto a la situación financiera, la auditoría desvela que en 2022, la Fundación tenía un déficit de 2.700 euros. En ese ejercicio, el “empeoramiento” de sus cuentas era evidente. La situación había sido todavía peor un año antes, en 2021, cuatro años después de su constitución, con 14.000 euros euros de déficit.

A pesar de reducir las pérdidas en ese año, lo que alejaba el riesgo “insolvencia”, la Fundación siguió mostrando una baja autonomía financiera (0,65%) y una fuerte dependencia de la financiación externa, es decir, de la Administración autonómica.

De hecho, la Cámara de Cuentas detalla que existió una “dependencia casi total” de las transferencias del Gobierno de Castilla-La Mancha: recibió 1,5 millones de euros en 2022. Sin estas subvenciones, la fundación no podría haber desarrollado su actividad.

La auditoría también es demoledora en otros aspectos. La Fundación Roberto Polo fue la única de las nueve analizadas en ese informe que apuntaba “deficiencias” en el registro y valoración de las existencias en el inventario a cierre de 2021 y 2022. Además, carecía manuales de procedimiento formalizados (el informe habla del 0% de cumplimiento en este indicador) y de una unidad específica de control interno.

Tampoco estaba formalizada documentalmente la cesión de uso de los edificios que ocupaba: el Convento de Santa Fe en Toledo y la Iglesia de la Santa Cruz en Cuenca. Ni siquiera la cesión de la propia colección. Es el motivo por el activos no figuraban en el balance, “desvirtuando la información patrimonial de la entidad”.

En cuanto a los niveles de transparencia, la auditoría le da un aprobado raspado al hablar del 55% de su cumplimiento, situándose por debajo de la media del sector fundacional de la comunidad autónoma, que fue del 70%. Concretamente, se detectó falta de información sobre retribuciones de altos cargos y ausencia total de datos sobre cuentas abiertas en su portal web.

En el trámite de alegaciones a este informe, la Fundación acreditó haber subsanado la inscripción de sus cuentas anuales en febrero de 2025. Asimismo, presentó la autorización previa para el gasto del seguro de las obras de arte, lo que permitió a la Cámara de Cuentas eliminar la observación de incumplimiento en ese expediente específico.

No obstante, el informe es tajante al señalar que sin las mencionadas subvenciones públicas, la fundación no hubiera podido desarrollar su actividad. Su viabilidad pasaba en 2022 de una situación de “riesgo de insolvencia técnica” inminente a una de “estabilidad frágil y dependiente”.

Sin capacidad para generar ingresos propios

Según la Cámara de Cuentas, pudo evitar el colapso financiero a corto plazo “gracias a la inyección de fondos”, pero carecía de capacidad para generar ingresos propios suficientes para sostenerse por sí misma.

Cuando el pasado mes de septiembre el Gobierno regional anunció el fin de la cesión de la colección, su consejera portavoz, Esther Padilla, afirmó que Roberto Polo había dado “mucho” a las dos ciudades que acogieron sus obras. Afirmó que el fin del acuerdo se había adoptado de “mutuo acuerdo” y que ya “no aportaba mucho más que estuviera aquí más tiempo”.

Sigue habiendo sobrepoblación de animales silvestres en el Parque Nacional de Cabañeros, ubicado entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. O así al menos lo ha constatado la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, que ha decidido prorrogar un año más el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres.

Este programa se aprobó a finales de mayo de 2023 por un periodo de tres años, por lo que estaba a punto de caducar y el Ejecutivo regional le da vigencia por un año más, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Entre sus medidas se encuentra la caza de manera controlada y sin fines comerciales ni deportivos.

Este plan incluye una serie de actuaciones para el control “poblacional” de animales y se diseñó para dar respuesta a una “problemática ampliamente identificada” en el Parque Nacional: el incremento sostenido de estas poblaciones que, en “ausencia de predadores naturales”, genera “impactos significativos” sobre los hábitats, especies de flora y fauna, la regeneración forestal y el equilibrio ecológico del espacio.

Cuando se aprobó el plan, se documentaron, entre otros efectos, la “afección negativa” a la composición y diversidad de la vegetación, la degradación de hábitats de interés comunitario, el “riesgo sanitario” asociado a altas densidades, especialmente vinculadas a tuberculosis y otras enfermedades y la competencia con otras especies de fauna silvestre, y el “riesgo de transmisión” a la ganadería de la zona.

Capturas en vivo y “extracción selectiva”

Por todo ello, la Administración regional procedió a la “intervención activa” para revertir la situación observada mediante actuaciones selectivas de control poblacional “basadas en criterios científicos” y en el marco de la normativa de Parques Nacionales.

Desde entonces se han aplicado medidas de “captura en vivo, extracción selectiva, seguimiento poblacional, control sanitario y evaluaciones periódicas” sobre el estado de los ecosistemas.

No obstante, explica el Gobierno castellanomanchego, persisten en el Parque Nacional circunstancias análogas a las que motivaron la aprobación del plan como “densidades superiores” a los objetivos establecidos y la necesidad de “mantener estrategias de reducción y estabilización poblacional”, así como de garantizar la regeneración de formaciones vegetales afectadas.

Su continuidad es “imprescindible”

Por tanto, argumenta que la continuidad del plan resulta “imprescindible” para no interrumpir las acciones de gestión iniciadas y para asegurar que las poblaciones se mantengan “dentro de los límites compatibles” con la conservación del Parque Nacional.

Esta planificación incluye la caza como medida de control poblacional aunque de manera regulada y no con carácter deportivo. Se realiza, en estos casos “bajo supervisión administrativa” y no se permite la caza comercial o tradicional.

Las labores de caza se realizan en las fincas privadas y zonas de los ayuntamientos del entorno del parque y son ejecutados por los propietarios, supervisadas por las autoridades medioambientales. El objetivo es, según el plan, única y exclusivamente, el “control poblacional”.

No obstante, cuando se aprobó este plan hace tres años, Ecologistas en Acción lo tachó de “incongruente” por “permitir batidas y recechos” en las fincas privadas.

Mientras los colectivos sociales y vecinales siguen movilizándose contra la implantación de cinco macrogranjas avícolas en el término municipal de Maranchón (Guadalajara), en las inmediaciones del valle del río Mesa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dado luz verde ambiental para la instalación de una de ellas.

Concretamente, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se otorga autorización ambiental integrada para la explotación avícola de selección para 55.000 gallinas reproductoras del proyecto denominado ‘Los Lebrones’, cuyo titular es la empresa Aviagen, S.A.U.

En el texto, la Administración regional detalla que esta explotación avícola, que se distribuirá en cuatro naves, se sitúa a más de dos kilómetros del núcleo urbano de Maranchón y que no afecta a ningún espacio natural protegido, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial ni a hábitats de protección especial.

No obstante, establece una serie de condicionantes para su explotación, entre las que destaca minimizar el uso hídrico y optimizar las aguas residuales: obliga a que todas vayan a parar a una fosa séptica estanca e impermeable, para su retirada por un gestor autorizado. “No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua”, destaca la Dirección General de Calidad Ambiental.

Emisiones de polvos y olores

En cuanto a posibles emisiones de polvo, para cada alojamiento de gallinas, el titular de la instalación debe utilizar “camas frescas”, así como separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos, y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.

Asimismo, para evitar o reducir las emisiones de olores, establece la necesidad de mantener los animales y las superficies secos, reducir la superficie de emisión del estiércol (uso de rejillas de plástico o metal, canales con una menor superficie de estiércol expuesta), evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior, así como disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol.

También añade que se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que estos se gestionen conforme a la economía circular. Esto significa que, una vez minimizada su generación, “será preferible la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética”.

En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos “se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente”.

Rechazo social

Las cinco macrogranjas proyectadas en este término municipal cuentan desde hace tiempo con el rechazo de las organizaciones ecologistas y de vecinos y vecinas.

Recientemente, el Ayuntamiento de Maranchón, en Guadalajara, ha aprobado la licencia para la construcción de otra de ellas, la macrogranja de gallinas 'Cabezo Grande-El Morenal' en la pedanía de Turmiel, a pesar de la “reiterada oposición de sus vecinos y vecinas”, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal. 

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha recogido un total de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel. Además, este colectivo también ha alertado de que estas instalaciones coinciden con el hábitat de una de las últimas poblaciones de la alondra ricotí, un ave en peligro de extinción.

La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha ha vuelto a acordar la apertura del trámite de audiencia en el procedimiento de aprobación del enésimo borrador de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real.

Este texto es un nuevo intento del Gobierno regional de dotar al emblemático Parque Natural de una nueva planificación, que está sin renovar desde hace 30 años, como ya adelantó elDiario.es Castilla-La Mancha.

Ahora, el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM) publica una resolución en la que indica que el nuevo plazo, de 15 días, se abre porque en el periodo de audiencia pública anterior los ayuntamientos con terrenos en el Parque Natural no han podido realizar la publicación del anuncio en su tablón, para acercar a los ciudadanos los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión.

Este motivo, junto a “razones de seguridad jurídica”, son los motivos que alega el Ejecutivo regional para realizar de nuevo este procedimiento.

El nuevo plazo también servirá para que todas aquellas personas y asociaciones interesadas puedan examinar el citado documento y formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que se estimen pertinentes.

Más de 30 años sin renovarse

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, declarado como tal en 1979 y con casi 4.000 hectáreas, es un complejo único en Europa por una de sus características principales: está formado por represas naturales llamadas 'barreras tobáceas' debido a la precipitación de carbonatos. Abarca los términos municipales de Ruidera, en Ciudad Real, y de Ossa de Montiel, en Albacete.

Este parque natural es una joya hidrográfica en pleno corazón de la Mancha, pero su actual Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) data de 1995. Es decir, lleva más de 30 años sin renovarse.

Aunque se han ido aprobando medidas concretas para su protección, principalmente en limitaciones de aforo y circulación de vehículos en verano, conservación de la biodiversidad, baño y actividades recreativas, ahora la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene listo un nuevo borrador del nuevo plan de dirección de este Parque Natural. El último intento fue en 2021, pero nunca llegó a aprobarse. 

La adaptación al cambio climático, la accesibilidad, la eliminación de ruinas y la autorización de instalaciones de energía de autoconsumo son algunas de las principales novedades que recoge este documento.

Rechazo de usuarios y propietarios de zonas del parque

Por el momento, ya cuenta con el rechazo de la Asociación Aromas de Ruidera, un colectivo activo desde 2013, e integrado por casi 80 miembros que representan a una gran mayoría de usuarios y propietarios de zonas del parque natural.

Su presidente, Miguel García-Noblejas, explicó a este medio que el nuevo borrador es igual de “decepcionante” que los anteriores y que no ha sido consensuado, “como se prometió”, sobre todo para un complejo lagunar que el año pasado recibió alrededor de 600.000 visitas. “Es igual de restrictivo en derechos que el redactado hace cinco años. Es que tiene hasta 217 prohibiciones”, precisó.

La Viceconsejería de Cultura y Deportes ha publicado una resolución por la que se inicia expediente para declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Nevero de Cogolludo (Guadalajara).

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el Nevero de Cogolludo se localiza a las afueras del propio casco urbano, aproximadamente a 100 metros al noroeste del castillo de la localidad, en la denominada Cuesta de los Moros.

Se trata de un lugar excepcional para la conservación de la nieve durante todo el año, aprovechando el frescor del subsuelo, los fríos vientos de la sierra norte para refrigerar el interior y la escasa exposición a la luz solar que sobrecalentaría su contenido. El Nevero de Cogolludo se caracteriza por ser un pozo excavado en el sustrato geológico calizo apoyado a su vez en el desnivel del propio terreno.

Su pozo está revestido por una estructura de mampostería a hueso, trabada sin ningún tipo de argamasa, que conforma la pared del nevero. La única parte de esta estructura que presenta algún tipo de argamasa es la cúpula, trabada con yeso y realizada con piedra de pequeño y mediano tamaño.

Tipológicamente se encuadra dentro de los denominados neveros de montaña y resulta de interés que este inmueble conserve todos los elementos característicos que presentan los pozos de nieve: depósito cilíndrico excavado en el sustrato geológico; la gruesa pared del pozo que facilita el aislamiento térmico, con el agravante de estar realizada en mampostería sin argamasa y mediante superposición de hiladas; cubierta realizada mediante falsa cúpula de piedra; el fondo, que conserva el sistema de drenaje para evacuar el agua procedente del deshielo de la carga para favorecer la conservación del resto; y dos puertas de acceso, la de carga y descarga.

Arquitectura popular

Los neveros o pozos de nieve son construcciones de arquitectura popular destinadas al almacenamiento y conservación del hielo para su posterior distribución y venta. Su objetivo primordial era garantizar el aislamiento térmico necesario para la conservación de su carga de hielo durante la mayor parte del año. Igualmente son valiosos documentos histórico-culturales y destacados ejemplos etnográficos.

El estado de conservación que presenta actualmente el nevero de Cogolludo es excelente pues conserva toda su estructura intacta y en pie. Teniendo en cuenta que la mayoría de los neveros en la actualidad permanecen ocultos en el subsuelo y con sus estructuras derruidas, o en el mejor de los casos, perceptibles en el terreno, pero con las bóvedas colapsadas, el nevero de Cogolludo es un bien inmueble con un grado de conservación muy elevado.

Este elemento de arquitectura etnográfica ha sido incluido dentro de un programa de puesta en valor promovida desde el Ayuntamiento de Cogolludo, propiciándose su documentación histórico-cultural y arqueológica, así como su consolidación y la realización de labores de limpieza y acondicionamiento para su recuperación en los años 2019 y 2020.

Con el inicio del expediente se dispone la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el asunto puedan examinarlo y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de un mes a contar desde este jueves, día 30, en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

La futura mina de fosfatos que la empresa Alcudia Phosphates quiere abrir en la pequeña localidad de Fontanarejo (Ciudad Real), muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros, sigue generando la indignación de la Plataforma No a la Mina que se constituyó contra este proyecto, con el apoyo de Ecologistas en Acción.

Mientras que el proyecto se encuentra en mitad de un proceso judicial contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Albacete debido al inicio de las obras, que sus detractores consideran “ilegal”, ahora una corrección de errores en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha vuelto a exaltar los ánimos.

El cambio en cuestión se produjo a finales del pasado mes de marzo, cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó una modificación de la declaración de impacto ambiental (DIA) concedida a este proyecto hace ocho años.

Explica la Administración regional que en 2023 ya hubo una primera corrección de errores para deslindar, una vez que el proyecto hubiera sido autorizado administrativamente por el órgano sustantivo, los conceptos de “ejecución del proyecto” y de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, de cara a la presentación de la empresa de diversa documentación exigida en la mencionada declaración de impacto ambiental.

En esa modificación de hace tres años se incluyó dentro del concepto de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, la realización de calicatas y perforaciones previas, así como “otras labores preliminares que implicaran el arranque y transporte del material rocoso”.

Un cambio a petición de la empresa promotora

No obstante, explica el documento, el pasado 11 de febrero la empresa promotora presentó un escrito ante el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en el que argumentaba que el hecho de incluir esas actuaciones de calicatas en el concepto de “actividad extractiva”, le supone dos impedimentos desde el punto de vista técnico y administrativo.

Por una parte, alegaba la promotora, le impide de plano elaborar y presentar, ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el estudio hidrogeológico integral para caracterizar cuantitativa y cualitativamente las aguas del entorno de actuación y diseñar el protocolo de control ante posibles episodios de contaminación. Esta es una de las condiciones que pide la declaración de impacto ambiental.

Y en segundo lugar, la empresa alegaba que el proyecto minero tiene asociada una planta para el tratamiento del mineral extraído durante la actividad minera, que también se ha evaluado en la declaración de impacto ambiental. Señala que para poder realizar el diseño definitivo de la planta de tratamiento es necesario “modelizar el proceso productivo en una fase previa experimental” dentro de una planta piloto que el promotor dispone en la provincia de Cáceres.

Para conformar estos ensayos técnicos, que precisan el material procedente de la zona objeto de explotación, resulta “imprescindible”, añade la promotora, realizar una cata de muestreo en seco de carácter no productivo con fines de investigación.

Por todo ello, considera la empresa que el hecho de asemejar trabajos extractivos con fines “exclusivamente experimentales” y de investigación de carácter preliminar (las mencionadas perforaciones y calicatas “de escasa entidad”) con el concepto de “actividad extractiva y productiva”, acarrea un “perjuicio”: eso “imposibilita” a la empresa avanzar en el desarrollo del proyecto desde el punto de vista administrativo y técnico.

Por tanto, el Gobierno regional modifica el apartado en el que se incluye la realización de calicatas y perforaciones previas, para incorporar que esa actividad está excluida como actividad extractiva.

La Plataforma No a la Mina de Fontanarejo interpreta que con ello, la Administración le sigue “facilitando” el proyecto a los promotores mediante este “procedimiento irregular” de la corrección de errores.

“El objetivo de este cambio, según dicen en el argumentario previo, es para poder hacer el estudio hidrogeológico y sacar materiales para afinar el proceso de la planta de tratamiento, que son asuntos previos del proyecto y de la evaluación ambiental y que ya tenían que estar resueltos antes de la declaración de impacto ambiental y no hacerse a posteriori”, argumentan.

De hecho, esta es una de las razones por las que este proyecto se encuentra en los tribunales, en el marco del recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma ciudadana y actualmente en litigio.

"La ley solo autoriza cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”

Plataforma No a la Mina de Fontanarejo

Este colectivo añade que la propia empresa alude, para defender la corrección de errores, a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que contempla esa posibilidad. “Pero, según la jurisprudencia, eso solo te autoriza a cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”, concluyen.

De cualquier forma, la corrección de errores se produce en mitad del proceso judicial, que arrancó el pasado mes de enero con dos vistas orales y después de que el conflicto se intensificara a mediados del pasado mes de octubre, cuando comenzaron las obras de preparación del terreno para la mina.

Según denunciaba la plataforma ciudadana, el inicio de obras se produjo de forma “ilegal”, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia que expiraba el 5 de febrero de 2024, una fecha anterior tanto a la licencia de obra concedida por el ayuntamiento como al inicio efectivo de los trabajos, que se produjo meses después. Ahora, es intención de la plataforma recoger esta corrección de errores para reflejarlo en las conclusiones del contencioso “para que el juez lo tenga también en cuenta”.

La empresa alega que no hay “repercusión” en el proceso judicial

Consultada por este medio, la promotora Alcudia Phosphates resta importancia a la resolución del Diario Oficial de la comunidad autónoma y asegura que es “una actuación administrativa de carácter no material” destinada a subsanar “una omisión puntual en la documentación”. 

“La corrección permite incorporar una actuación necesaria para completar los estudios requeridos por la Administración y garantizar la correcta ejecución del proyecto. En ningún caso introduce cambios de fondo ni tiene relación o repercusión alguna en el procedimiento judicial en curso”, añade.

Es la misma posición que defiende el Gobierno regional. La Consejería de Desarrollo Sostenible precisa a este medio que las correcciones de errores son “habituales en cualquier proceso de la administración”. “Si se detectan, es la obligación de la administración competente el subsanarlos. Simplemente es eso, una corrección técnica administrativa como se hacen en muchos casos”.

Un recurso judicial por presunto inicio ilegal de las obras

El litigio comenzó cuando el ayuntamiento concedió licencia para el inicio del proyecto después de la mencionada declaración de impacto ambiental. La respuesta de la Plataforma fue demandar a la Administración regional y a la empresa promotora por el inicio “ilegal” de las obras tras la concesión de explotación minera.

En este tiempo y hasta la fecha, la plataforma ciudadana ha recabado más de 100.000 firmas en contra de la mina y ha realizado una consulta popular entre la población de Fontanarejo apoyada por más de la mitad de la población, unas 120 firmas.

El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la declaración de impacto ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que “impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces”.

Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública, permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la Plataforma, “contraviene la legislación vigente”.

A estas supuestas deficiencias añaden en su recurso un estudio ornitológico independiente, realizado a lo largo de 2023 por un equipo de siete ornitólogos y coordinado, entre otros, por el profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.

El estudio documentó la presencia de 14 especies de aves rapaces en el entorno del proyecto, tres de ellas catalogadas como en peligro de extinción en Castilla-La Mancha -águila imperial ibérica, águila perdicera y milano real- y otras seis como vulnerables, entre ellas el buitre negro y el alimoche común.

Por su parte, en el escrito que el abogado del Gobierno regional remitió a la sala en marzo de 2024 con motivo de la demanda, esta administración argumentó que la declaración de impacto ambiental (DIA) presentaba “medidas correctoras de obligado cumplimiento”. “Efectivamente, el presente proyecto, como casi cualquier otro de esta naturaleza, produce un impacto ambiental, y el objeto de la DIA es, precisamente, valorar dicho impacto en relación con el interés público de la actividad, y establecer las medidas correctoras del mismo”.

Ese interés público, añade este documento, viene establecido por la Ley de Fomento de la Minería de 1977 que tiene por objeto promover y desarrollar, dentro y fuera del territorio nacional, la exploración, investigación, explotación y beneficios mineros, con el fin de procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española.

El Gobierno regional también apuntaba en su escrito que el procedimiento se ha realizado “conforme a las prescripciones legales”, con exposición pública y consulta a las entidades afectadas, incluida Ecologistas en Acción, consultada “hasta en tres ocasiones, sin hacer alegaciones al proyecto”.

La ciudad de Puertollano, en Ciudad Real, sigue sumando proyectos como núcleo destacado en el tratamiento de residuos plásticos. A las plantas de gestión ya existentes, se sumará otra nueva de la empresa Valogreene en el polígono La Nava.

La Consejería de Desarrollo Sostenible acaba de darle luz verde ambiental, según ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), lo que le da la autorización para llevar a cabo el proyecto, una vez finalizado el período de información pública del estudio de impacto ambiental de la empresa.

En esta planta de producción, declarada además como “proyecto prioritario” (es decir, con agilización de trámites administrativos) por la Administración regional, los residuos, como plásticos no reciclables, rechazos de gestores, residuos de papeleras y de la industria de la automoción, se someterán a un tratamiento de pirólisis.

Como resultado, se obtendrá aceite pirolítico y biochar, los cuales se destinarán a su venta, mientras que la fracción del gas no condensable se valorizará en la propia instalación para cubrir sus necesidades térmicas y eléctricas.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real condicionó la propuesta de declaración de este proyecto como prioritario a su ejecución según la memoria aportada, por un importe total en activos fijos de casi 30.000 euros y a la creación de 22 puestos de trabajo directos fijos a jornada completa y contratación indefinida.

Un plazo de dos años para inversiones y condiciones

Asimismo, la empresa se compromete a finalizar las inversiones y cumplir todas las condiciones establecidas en un plazo máximo de dos años, a contar desde la obtención de todos los permisos y licencias preceptivos, y a mantener en el municipio de Puertollano los activos declarados en la memoria del proyecto, tales como la inversión, la actividad declarada y el empleo comprometido durante un periodo mínimo de dos años, que se computará desde la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto.

El proyecto, impulsado por el grupo Greene Enterprise, se ubicará en una parcela de 23.457 metros cuadrados en el Polígono Industrial La Nava II. Con una inversión de 35 millones de euros, financiada íntegramente por Greene, la planta se dedicará a la valorización de 40.000 toneladas anuales de residuos industriales, evitando que estos terminen en vertederos o incinerados.

La tecnología desarrollada la empresa para valorizar la fracción rechazo de los residuos será la base de este proyecto. Según indica, su proceso termoquímico permite descomponer los residuos a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno, obteniendo materiales de alto valor añadido como aceite pirolítico y biochar, según ha explicado la empresa.

El aceite pirolítico, con una producción estimada de entre 8.500 y 10.500 toneladas anuales, será utilizado para la síntesis de plásticos sostenibles, como las poliolefinas circulares. Por su parte, el biochar, con una producción de entre 4.000 y 5.000 toneladas al año, encontrará aplicación como combustible en cementeras, acerías e industrias cerámicas.

“Este enfoque no solo maximiza el aprovechamiento de residuos, sino que también contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, evitando 8.000 toneladas anuales de CO* si los residuos fueran a vertedero, y hasta 30.000 toneladas en comparación con la incineración”, concluye la empresa.