La ciudad de Puertollano, en Ciudad Real, sigue sumando proyectos como núcleo destacado en el tratamiento de residuos plásticos. A las plantas de gestión ya existentes, se sumará otra nueva de la empresa Valogreene en el polígono La Nava.

La Consejería de Desarrollo Sostenible acaba de darle luz verde ambiental, según ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), lo que le da la autorización para llevar a cabo el proyecto, una vez finalizado el período de información pública del estudio de impacto ambiental de la empresa.

En esta planta de producción, declarada además como “proyecto prioritario” (es decir, con agilización de trámites administrativos) por la Administración regional, los residuos, como plásticos no reciclables, rechazos de gestores, residuos de papeleras y de la industria de la automoción, se someterán a un tratamiento de pirólisis.

Como resultado, se obtendrá aceite pirolítico y biochar, los cuales se destinarán a su venta, mientras que la fracción del gas no condensable se valorizará en la propia instalación para cubrir sus necesidades térmicas y eléctricas.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real condicionó la propuesta de declaración de este proyecto como prioritario a su ejecución según la memoria aportada, por un importe total en activos fijos de casi 30.000 euros y a la creación de 22 puestos de trabajo directos fijos a jornada completa y contratación indefinida.

Un plazo de dos años para inversiones y condiciones

Asimismo, la empresa se compromete a finalizar las inversiones y cumplir todas las condiciones establecidas en un plazo máximo de dos años, a contar desde la obtención de todos los permisos y licencias preceptivos, y a mantener en el municipio de Puertollano los activos declarados en la memoria del proyecto, tales como la inversión, la actividad declarada y el empleo comprometido durante un periodo mínimo de dos años, que se computará desde la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto.

El proyecto, impulsado por el grupo Greene Enterprise, se ubicará en una parcela de 23.457 metros cuadrados en el Polígono Industrial La Nava II. Con una inversión de 35 millones de euros, financiada íntegramente por Greene, la planta se dedicará a la valorización de 40.000 toneladas anuales de residuos industriales, evitando que estos terminen en vertederos o incinerados.

La tecnología desarrollada la empresa para valorizar la fracción rechazo de los residuos será la base de este proyecto. Según indica, su proceso termoquímico permite descomponer los residuos a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno, obteniendo materiales de alto valor añadido como aceite pirolítico y biochar, según ha explicado la empresa.

El aceite pirolítico, con una producción estimada de entre 8.500 y 10.500 toneladas anuales, será utilizado para la síntesis de plásticos sostenibles, como las poliolefinas circulares. Por su parte, el biochar, con una producción de entre 4.000 y 5.000 toneladas al año, encontrará aplicación como combustible en cementeras, acerías e industrias cerámicas.

“Este enfoque no solo maximiza el aprovechamiento de residuos, sino que también contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, evitando 8.000 toneladas anuales de CO* si los residuos fueran a vertedero, y hasta 30.000 toneladas en comparación con la incineración”, concluye la empresa.

En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Ya entramos de lleno en la Semana Santa y como cada año, siempre hay dudas sobre los días en que los comercios permanecerán abiertos para que podamos realizar con antelación y previsión nuestras compras, ante la llegada de la sucesión de festivos y del 'parón' más largo desde la pasada Navidad.

Según establece el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en su orden de domingos y festivos autorizados para su apertura en el presente año, los supermercados, tiendas y otros establecimientos comerciales abrirán el Jueves Santo, día 2 de abril, y el denominado como Lunes de Pascua, día 6 de abril.

La relación por tanto, queda como sigue:

A partir del martes, día 7 de abril, todos los comercios retoman sus horarios de aperturas habituales hasta el próximo festivo en Castilla-La Mancha, que será el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, que este año cae en viernes y durante el que permanecerán cerrados.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la resolución por la que se conceden ayudas a 20 salas de exhibición cinematográfica en la Comunidad Autónoma.

Estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 400.000 euros, tienen como objetivo garantizar la actividad de las salas de exhibición cinematográfica de la región por su aportación al mantenimiento de la diversidad de la cultura audiovisual, así como recuperar y fomentar el hábito de asistencia a las salas de exhibición cinematográfica.

Esta línea de ayudas forma parte del “compromiso” del Ejecutivo autonómico con la cultura y el mundo del cine y se suma a las ayudas que anualmente se convocan para cortometrajes, largometrajes o elaboración de guiones.

Del total de las 20 ayudas concedidas, una de ellas es en la provincia de Albacete, seis en la provincia de Ciudad Real, seis en la provincia de Cuenca, una en la provincia de Guadalajara y seis en la provincia de Toledo.

Además de las ayudas a salas de cine, el Ejecutivo autonómico cuenta con líneas de ayudas dirigidas a la producción de cortometrajes, largometrajes o elaboraciones de guiones.

A finales de mayo del año pasado, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la apertura de un plazo de exposición pública de la Declaración de Proyecto Prioritario para la ampliación de la planta que Acteco Productos y Servicios, S.L. tiene en Almansa (Albacete), dedicada al reciclado mecánico y químico de plásticos y almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.

Se trata de una planta de tratamiento para reciclado mecánico de residuo urbano, procedente de las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha.

Ese periodo culminó y no se volvió a saber nada sobre su declaración como proyecto prioritario, que no se llevó a cabo. Declarar una iniciativa como “prioritaria” es una fórmula del Gobierno regional que implica agilización de trámites para proyectos de especial importancia para el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma.

Nuevo periodo de información pública

Ahora, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete ha vuelto iniciar un nuevo periodo de información pública para el mencionado proyecto, tal y como publica, de nuevo, el DOCM. Pero la Consejería no explica los motivos por los que el proceso vuelve a repetirse.

En la resolución, se indica que este proyecto, que prevé la construcción de nuevas instalaciones para obtener materias primas para la fabricación de plásticos y aceites de pirolisis, se desarrollará en el Camino a Casas del Campillo, polígono 519, en el Paraje el Saladar de la localidad albaceteña.

La empresa destaca en su web que Acteco tiene una amplia experiencia en el almacenamiento y acondicionamiento de residuos, consolidándonos como “una gestora de residuos y reciclaje referente en España”. Tiene plantas de transferencia y reciclaje de gran capacidad en Ibi y Sax (Alicante), Náquera y Massalfassar (Valencia), PI. Malpica y PI. Plaza (Zaragoza), San Martin de la Vega (Madrid), Arteixo (A Coruña), Almansa (Albacete), Fuentes de Andalucía (Sevilla) y Algeciras (Cádiz), así como presencia logística en toda la península e islas.

Como gestor de residuos en Almansa, explica que ofrece “soluciones integrales” que incluyen la recogida, el tratamiento y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos, y servicios especializados para empresas. “Nuestra planta en Almansa está equipada para garantizar procesos seguros y eficientes, fomentando la economía circular”, concluye.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la resolución por la que se crea la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Castilla-La Mancha (UICAM). Es la primera iniciativa de este tipo dedicada exclusivamente a la realización de ensayos clínicos en la comunidad autónoma.

La nueva Unidad surge de un proyecto impulsado por el Instituto de Investigación Sanitaria de la región (IDISCAM) que ha obtenido financiación en una convocatoria pública competitiva del Instituto de Salud Carlos III, y estará físicamente ubicada en el Hospital Universitario de Toledo, con una vocación claramente regional, permitiendo coordinar la investigación clínica que se desarrolla en el conjunto de los hospitales de Castilla-La Mancha.

Según la resolución, con su establecimiento se persigue la instauración de una estructura organizativa que armonice, coordine e impulse la investigación en la Atención Primaria, ordenando y dando sentido a las actuaciones de excelencia que en este ámbito se han venido desarrollando en la región.

El Gobierno castellanomanchego explica que los sistemas sanitarios se enfrentan, entre otros, al “desafío de adecuarse al continuo avance científico que experimenta el sector”, adecuación que tiene multitud de variantes tanto en lo relativo a la inversión como a la adaptación y construcción de infraestructuras o a la capacitación del conjunto de profesionales.

En este sentido, la investigación constituye “uno de los ámbitos estratégicos para este acompasamiento entre la evolución de la ciencia y la cada vez mayor preparación de los integrantes del sistema”.

Una nueva apuesta

Por otro lado, apunta que la Atención Primaria se ha configurado como el ámbito asistencial que actúa como eje, “superando concepciones tradicionalmente mantenidas como puerta de entrada o complemento de la atención especializada”.

“La apuesta por una mayor resolutividad debe ir necesariamente acompañada por una doble actuación: una consolidadora que cristalice las mejoras en las condiciones laborales de sus profesionales y otra transformadora que impulse y maximice la adquisición de nuevas capacidades y competencias por parte de aquellos, para coadyuvar, en suma, al refuerzo y avance de este nivel y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en su conjunto”.

En Castilla-La Mancha se ha contemplado en las diferentes estrategias a nivel general sanitario diversas acciones tanto en materia de investigación como de situar a la atención primaria en el centro del sistema. De hecho, en el Plan de Salud H3.0, actualmente en fase de elaboración, ambos campos de actuación cuentan con un renovado protagonismo.

En este sentido, el Plan de Atención Primaria de Castilla-La Mancha y la Red de Expertos y Profesionales de Investigación constituyen dos de las puntas de lanza más significativas.

La inversión total supera los 800.000 euros, financiados de manera conjunta por el Instituto de Salud Carlos III y el propio SESCAM, y se prevé que la actividad clínica con los primeros ensayos se inicie antes de que finalice el año 2026.

El Instituto de la Mujer ha convocado nuevas ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral correspondientes a este año 2026, que podrán solicitarse durante los próximos diez días hábiles a contar desde este martes, 24 de febrero.

Según ha publicado este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), tendrán la condición de entidades beneficiarias, las entidades sin ánimo de lucro o las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en Castilla-La Mancha.

Estas ayudas podrán emplearse en proyectos que promuevan la igualdad de retribuciones, la reducción de la segregación profesional tanto horizontal como vertical, y la conciliación y corresponsabilidad del trabajo y la familia.

También sirven para iniciativas que eliminen la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo y/o el fomento del emprendimiento femenino; así como en proyectos que con su realización contribuyan a reducir los obstáculos socioculturales persistentes que hace que aún existan desequilibrios de género en el ámbito laboral.

La cantidad máxima estimada destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000 euros. Se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 12.000,00 euros.

Este miércoles, día 4 de febrero, entrará en vigor la orden de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones en régimen de procedimiento simplificado de concurrencia para personas diagnosticadas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible en Castilla-La Mancha.

Esta orden, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) tiene por objeto establecer las bases reguladoras en el ámbito de Castilla-La Mancha para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas de ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

La finalidad es mejorar la calidad de vida de personas con esta y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, reconociendo la especial situación de vulnerabilidad que afrontan estos pacientes y sus familias, prestando apoyo económico a los gastos asociados a estos procesos patológicos, así como a recursos especializados.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas que, a la fecha de presentación de su solicitud, tengan un diagnóstico confirmado de ELA o sospecha de padecerla; padezcan otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, neurológicas y no neurológicas.

Solicitudes y plazos

Las solicitudes se formularán mediante instancia dirigida a la persona titular de la dirección general con competencias en materia de atención sociosanitaria de forma telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es); y de manera presencial, según formulario habilitado en sede electrónica.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, a contar desde la presentación de la solicitud de subvención.

Esta subvención se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria que figure en la convocatoria, consignada en los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La cuantía a conceder será determinada anualmente en la convocatoria, sin que la misma pueda ser superar la cantidad de 6.000 euros por persona beneficiaria, en función de las disponibilidades presupuestarias.

Las subvenciones concedidas se harán efectivas en un único libramiento una vez notificada la resolución de concesión y certificación, sobre acreditación del cumplimiento de las condiciones que dan derecho a la persona beneficiaria al cobro de la misma dentro de los plazos establecidos.

La Viceconsejería de Cultura y Deportes ha iniciado el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, la Iglesia, el Convento y el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, de Almagro (Ciudad Real).

Según relata la resolucón de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes publicada este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), las Órdenes Militares acometieron, a comienzo del siglo XVI, una gran labor reformadora de sus edificios.

En este contexto, la de Calatrava realizaría, bajo el mecenazgo de dos importantes personajes de la Orden, dos trascendentales obras en la Villa de Almagro. El comendador mayor Frei Gutierre de Padilla fundó en el año 1505 el hospital de la Misericordia, y más tarde (1523) el monasterio de la Asunción de monjas calatravas; en 1536, el clavero Frei Fernando Fernández de Córdoba, instaurará en la misma localidad el convento de Nuestra Señora del Rosario de monjes dominicos (obra de Francisco de Luna).

La fundación del convento y colegio de Nuestra Señora del Rosario se configura como una de las obras más importantes en la arquitectura renacentista de Almagro, no solo por su importancia histórica y artística, sino también por la repercusión cultural que ejerció en La Mancha, fundamentalmente en los campos de Calatrava y Montiel.

Junto con el Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción de monjas Calatravas, se convirtió en uno de los conjuntos arquitectónicos más interesantes de Almagro y de la provincia de Ciudad Real.

El monasterio fue edificado durante buena parte del siglo XVI, y se convierte en fiel reflejo de la simbiosis estilística que se produce en la arquitectura española durante la primera mitad de siglo. En él se conjugaban las técnicas constructivas mudéjares con las fórmulas tardogóticas y los planteamientos del nuevo lenguaje renacentista, expresado fundamentalmente en su repertorio decorativo de raíz plateresca; postulados que en estos momentos impregnan casi toda la actividad arquitectónica española.

Un edificio “desvirtuado y fragmentado” por las desamortizaciones

En la actualidad, el edificio está “bastante desvirtuado y fragmentado” en sus partes fundamentales, debido a las medidas desamortizadoras del siglo XIX. Fruto de estas disposiciones fue enajenado y vendido en pública subasta, momento a partir del cual sufrió las consecuencias de los nuevos usos.

La adecuación de estos espacios para funciones para las que no fue concebido (molino de aceite y fábrica de muebles), contribuyó decisivamente en la “aceleración del estado de ruina” de la iglesia y la desaparición de casi todas las dependencias conventuales y universitarias, hasta que pasó a ser propiedad municipal en la última década del siglo XX.

De estas dependencias tan solo se conserva la iglesia que todavía se mantiene como un referente en la trama urbana, defendiendo los valores que antaño tuvo y que ahora trata de recuperar, como parte del conjunto de inmuebles en los que se desarrolla el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro recordando ese hito que le permitió ser uno de los edificios más emblemáticos de la localidad.

En este sentido, tanto por su historia, como por su arquitectura conservada, por los restos arqueológicos que conserva y por su uso actual como espacio teatral, el conjunto conventual de Nuestra Señora del Rosario de Almagro es, al mismo tiempo, un bien histórico y artístico y un espacio arqueológico por su historia y evolución.

“Integra valores y bienes culturales históricos y actuales que contribuye a infundir un sentimiento de identidad y continuidad en el municipio y su entorno, con los habitantes actuales y los naturales, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente”, concluye la resolución.

El damasquinado toledano es un arte milenario. La seña de identidad de la ciudad. Y su reciente declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Bien Inmaterial ha desatado ahora toda una polvareda que traspasa los límites de la ciudad. El motivo: ¿su protección se refiere a la producción industrial, al oficio artesano o a ambos?

La polémica empezó tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de su protección como BIC, que fue solicitada en primera instancia por la Fundación Damasquinado de Toledo ante la Viceconsejería de Cultura, argumentando “su asociación con la ciudad y el mantenimiento de las técnicas tradicionales de producción”, y a la que, en el periodo de información pública, presentaron alegaciones desde el sector industrial.

Nada más trascender que su declaración como BIC era oficial, se pronunciaron en primer lugar la Asociación de Fabricantes de Productos Artesanos de la Provincia de Toledo y la Asociación de Comercio de Artesanía de la Ciudad y la Provincia de Toledo, integradas en la Federación Empresarial Toledana (FEDETO).

En concreto, manifestaron su “satisfacción y agradecimiento” a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por haber tenido en cuenta sus alegaciones presentadas y por haber promovido, en base a ellas, “una declaración construida desde el diálogo, el consenso y el respeto a la realidad histórica y actual del damasquinado de Toledo”.

También señalaron que la resolución tiene en cuenta “la evolución contemporánea del damasquinado”, incluyendo el desarrollo de “una producción industrial” que, en colaboración con la artesanía tradicional, “ha contribuido de manera decisiva a su preservación, continuidad y difusión”.

Los productores industriales hablan de “adaptación”

“Esta evolución ha permitido la adaptación del sector a los cambios sociales y económicos de las últimas décadas y ha reforzado su presencia y proyección en los mercados nacional e internacional”, destacaron.

Sin embargo, estas apreciaciones hicieron estallar al sector artesano. La Fundación Damasquinado de Toledo, entidad que representa a los artesanos y comercializadores no industriales de este arte milenario, y que promovió la iniciativa, lo tiene claro: la declaración como BIC no incluye a la producción industrial.

Luis Peñalver, profesor y miembro de esta última Fundación, considera que la resolución se expresa “en unos términos inequívocos”. “Lo que se protege con la categoría de Bien Inmaterial es un oficio artesano, es decir, una práctica tradicional que se transmite de generación en generación. No puede ser de otra manera, porque la propia declaración como bien inmaterial se refiere a eso. La producción industrial es completamente respetable, pero ni está en peligro de extinción, ni se puede reconocer como inmaterial”, argumenta.

Remite con ello a una famosa frase de Antonio Machado: “La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”. Y hace una comparación histórica: “Hay una diferencia importante entre un códice escrito por un amanuense en un escritorio medieval y un facsímil de ese códice”. Explica que lo mismo ocurre con los productos de damasquinado que “inundan los comercios toledanos” y que “claro que se pueden vender”, pero se han realizado “imitando a la artesanía milenaria”, no son objetos artesanos.

Preguntada por este medio, la Viceconsejería de Cultura no ha querido entrar en la polémica, pero, ¿qué dice exactamente el texto de la resolución publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha? En el apartado de 'Medidas de salvaguarda' apuesta claramente por impulsar acciones de identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción y revitalización del “patrimonio artesanal”.

Habla así de documentar “el oficio artesano” del damasquinador desde una perspectiva histórica (archivos, listas, censos, registros, inventarios), artística (catálogos de las principales piezas producidas, localización actual, motivos y desarrollo de las técnicas, etc.) y etnográfica, con estudios específicos también de los procesos fisicoquímicos que se desarrollan a lo largo de la producción de las piezas.

Las referencias a la artesanía se suceden en todo el documento: también señala “la riqueza y diversidad del patrimonio material asociado al trabajo artesano” y por ello propone un inventario de la cultura material asociada a esta artesanía, así como un registro de “técnicas artesanales asociadas”. Asimismo, apuesta por dar “una línea de continuidad y profundización en el conocimiento etnográfico de los diversos apartados del oficio del damasquinador”.

Promover la “memoria viva de los espacios artesanos”

En la declaración del BIC se indica la necesidad de investigar estudios que permitan entender y comprender “los diferentes procedimientos fisicoquímicos que utiliza el artesano para la producción de sus piezas”. Y en relación con la conservación de la “memoria viva de los espacios artesanos”, resalta la importancia que tuvieron los pequeños talleres-vivienda “en el desarrollo de la artesanía del damasquinado”.

La resolución indica por último que la Fundación Damasquinado de Toledo, organismo solicitante de la declaración, es el “interlocutor válido” para gestionar, con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo el patrimonio cultural del oficio, “debiendo velar para que cualquier cambio que exceda el normal desarrollo de los elementos que forman esta manifestación cultural sea comunicado a los organismos competentes en materia de patrimonio cultural para su evaluación e informe”.

Los productores industriales son un 'lobby' importante y defienden sus intereses, pero es inadmisible que se apropien de una protección que no les corresponde

Luis Peñalver — Fundación Damasquinado Toledo

Luis Peñalver lo tiene claro: “Es que ni siquiera es un debate interpretativo, porque no hay interpretación posible. El texto dice lo que dice”. Considera que los productores industriales son un “lobby importante” y “defienden sus intereses”, pero le parece “inadmisible” que se “apropien” de una protección “que no les corresponde”.

Las referencias contenidas en el texto a la existencia de producciones industriales tienen un “carácter meramente histórico y descriptivo”, y no forman parte del objeto protegido, ni aparecen recogidas en la parte dispositiva del acuerdo ni en las medidas de salvaguarda.

Estas ultimas, concluye el profesor, se orientan de forma expresa “a la documentación del oficio, la transmisión generacional, el patrimonio oral, la educación, la sensibilización social y la defensa de certificaciones de origen, calidad y empleo de técnicas tradicionales”.

No es el primer conflicto que se da entre productores artesanales e industriales de damasquinado. El pasado mes julio se vivió otra polémica cuando la marca italiana Max Mara presentó en el Parador de Turismo de Toledo de la mano de la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de la ciudad el bolso 'Pasticcino'. El objeto, que presentaba un cierre en forma de dos bolas metálicas se catalogó como si fuese artesano, pero lo cierto es que, se trataba de un trabajo “de fabricación industrial”, según afirmaron desde la Fundación Damasquinado Toledo.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado una resolución de la Consejería de Sanidad que aumenta hasta 34 las metabolopatías (errores innatos del metabolismo) a detectar a través de la conocida como prueba del talón en los recién nacidos.

Según informa el Gobierno regional, las nuevas patologías incluidas son: la Aciduria malónica / Deficiencia de malonil-CoA descarboxilasa (MAL); la Aciduria 3-metilglutacónica tipo I / Deficiencia de 3-metilglutaconil-CoA hidratasa (3MGA); la Aciduria 2-metil-3-hidroxibutírica / Deficiencia de 2-metil-3-hidroxibutiril-CoA deshidrogenasa (2M3HBA) y la Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (X-ALD).

La prueba del talón es un programa de cribado neonatal que detecta precozmente enfermedades congénitas (metabólicas y endocrinas) en recién nacidos, mediante una muestra de sangre del talón tomada entre las 48 y 72 horas de vida, permitiendo iniciar tratamientos tempranos cruciales para prevenir daños graves.

Así, las detecciones realizadas permiten iniciar un tratamiento precoz que evita discapacidades intelectuales, retrasos en el desarrollo y otros problemas de salud graves en los niños, asegurando un mejor pronóstico y calidad de vida para los bebés y sus familias.

Aumentar a 40 patologías a final de legislatura

Castilla-La Mancha ha ampliado progresivamente el número de enfermedades detectadas, pasando de 10 en 2015, a las 34 actuales y el objetivo del Gobierno regional es acabar la legislatura con la detección de 40 metabolopatías. Para ello, ha dotado al Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, de la tecnología pertinente, en este caso un nuevo procesador para realizar el scrinning genético, que se ha adquirido por un importe de 254.533 euros.

Así, los avances en las técnicas analíticas en el campo de la espectrometría de masas en tándem permiten incrementar el número de enfermedades congénitas a detectar en el cribado neonatal, dentro de la cartera de servicios complementaria de Castilla-La Mancha.

Un bono de transporte rural y el fomento de las comunidades energéticas son algunas de las novedades que incorpora la primera “Revisión Intermedia” de la Estrategia Regional frente a la Despoblación del Gobierno de Castilla-La Mancha, que publica el Diario Oficial de la región (DOCM). En total, son trece nuevas actuaciones y alrededor de medio centenar de retoques, después de cinco años de vigencia desde la aprobación de la Ley de Medidas contra la Despoblación.

El nuevo bono se aprueba una vez desarrollado ya todo el Transporte Sensible a la Demanda en toda la comunidad autónoma y al mismo se suma la puesta en marcha de tarifa plana para autónomos o la financiación para pequeñas cooperativas o sociedades anónimas laborales que presten servicios en el medio rural se incluyen en la modificación.

También se da cabida al capítulo de la vivienda a través de un programa específico de vivienda para el medio rural, colaborando con los ayuntamientos en resolver cuestiones urbanísticas, a lo que se suma el fomento de las comunidades energéticas en este entorno.

Se plantea, igualmente, la aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio de Castilla-La Mancha que se contempla en el nuevo Estatuto de Autonomía de la región.

Desarrollo y ejecución

El nuevo texto se remitirá a las Cortes Regionales para su conocimiento, y se faculta al miembro del Consejo de Gobierno competente en materia de reto demográfico y despoblamiento territorial a adoptar cuantas medidas sean precisas para el desarrollo y ejecución de este acuerdo.

Las modificaciones servirán para adaptar este instrumento de aplicación de la Ley de Medidas contra la Despoblación a las nuevas necesidades que se están detectando en los pequeños municipios de la región.

Tal y como se expuso en el último Consejo Regional de Desarrollo Rural y Despoblación, estas modificaciones surgen del proceso de participación que se ha llevado a cabo a lo largo de este 2025 con motivo de la primera evaluación intermedia de la Estrategia que tiene horizonte en 2031.

Del centenar de parcelas a las que afecta el futuro Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina, una treintena serán sometidas a expropiación forzosa, tras no alcanzarse un acuerdo con sus propietarios. Así lo publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en una resolución de la Consejería de Fomento en la que somete a información pública esta decisión.

Es el siguiente paso que el Gobierno regional ha dado después de que hace un mes se publicara igualmente el inicio de la reparcelación del terreno, un paso pendiente antes del inicio de las obras, por parte de la mercantil Zarza Networks, S.L., propiedad de Meta, matriz de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

El inicio sobre el terreno, a 12 kilómetros del núcleo urbano de Talavera, en el Polígono Industrial de Torrehierro, ya lleva dos retrasos pese a que se está tramitando como Proyecto de Singular Interés (PSI) por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Este centro albergará las operaciones y el equipo de tecnología de la información de la empresa, empleado para producción digital, procesado y almacenamiento de datos que permitan dar servicio a través de sus aplicaciones, expandiendo su capacidad informática y de servidores, convirtiéndose así en un centro clave para España y el sur de Europa.

Conexiones y acceso

En la resolución publicada hoy, Fomento detalla que para llevar a cabo parte de las conexiones exteriores se requieren obras en la Red de Alta Tensión y en la carretera TO-1287, que pertenece a la Diputación provincial de Ttoledo-

En el primer caso, para dotar de suministro eléctrico en alta tensión al Centro de Datos son necesarias las obras de conexión desde el Nudo de Calera y Chozas, mediante líneas eléctricas subterráneas y aéreas. Además, para alcanzar los puntos de suministro se contempla una intervención soterrada en media tensión.

Con respecto a la carretera, para que el Centro de Datos pueda comenzar su funcionamiento, se requiere la modificación del actual acceso rodado desde la carretera TO-1287, con una nueva glorieta, así como la modificación del trazado de la vía pecuaria Colada del Camino Real, que actualmente cruza por el centro la zona destinada a dicha glorieta.

“Resulta imprescindible, para garantizar su continuidad e integridad, alterar dicho trazado fuera de este ámbito, trasladándolo a la parte sur de la nueva rotonda, que queda libre de obstáculos que pudieran afectar al tránsito ganadero”, añade.

Al no haberse llegado a acuerdos con la totalidad de las personas propietarias de las parcelas en que se proyectan estas conexiones exteriores, Fomento considera necesaria la tramitación del correspondiente expediente expropiatorio respecto a las mismas, resultando afectadas 29 parcelas por el proyecto de suministro eléctrico y tres por el proyecto de acceso a la carretera TO-1287, todas en el término municipal de Talavera de la Reina.

Expediente expropiatorio, a información pública

Por todo ello, la Consejería de Fomento ha resuelto tramitar el expediente expropiatorio mediante el procedimiento de tasación conjunta, designar beneficiaria de la expropiación a la mercantil promotora Zarza Networks, S.L. y someter el expediente expropiatorio a información pública por el plazo de un mes.

Del mismo modo, se ha resuelto notificar individualmente las tasaciones a las personas que aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

Se procede igualmente a publicar en el Boletín Oficial del Estado a presente resolución y a dar audiencia al Ayuntamiento de Talavera de la Reina por plazo de un mes.

Ya hay nuevas convocatorias para 2026 de las ayudas de emergencia social que convoca cada año el Gobierno de Castilla-La Mancha y para la renovación del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) que también gestiona el Ejecutivo regional, según publica hoy el Diario Oficial (DOCM).

En cuanto a las ayudas de emergencia social , la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de enero de 2026 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

Pueden concurri las personas que se encuentren en situación de emergencia social, y cumplan los requisitos generales establecidos. La cuantía estimada máxima destinada a esta convocatoria es de 10.480.070 euros.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática con firma electrónica, mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección http://www.jccm.es, que quedará anotado en el registro electrónico.

Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la persona solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección: https://notifica.jccm.es/notifica. También se pueden solicitar en el registro de los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social o en el de sus delegaciones provinciales.

Renovación del Ingreso Mínimo de Solidaridad

En cuanto al Ingreso Mínimo de Solidaridad, el DOCM publica los procedimientos de renovación y de renovación excepcional, destinados a las personas que ya son beneficiarias de esta ayuda.

Pueden concurrir a esta convocatoria las personas físicas que tengan reconocido este ingreso con anterioridad a la publicación de esta resolución y que cumplan los requisitos establecidos en las bases séptima y octava de la Orden de 29 de diciembre de 2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y en esta convocatoria.

La cuantía estimada máxima destinada a esta convocatoria es de 860.000 euros. El importe máximo de estas ayudas económicas es de 6.300 euros anuales, dividida en doce mensualidades, para una unidad familiar de un solo miembro, incrementándose en 15% para el primer miembro adicional y en un 10% para el resto de los miembros adicionales de la unidad familiar hasta un máximo total de cinco miembros adicionales.

Al igual que con las ayudas de emergencia social, el plazo de presentación de solicitudes de renovación y renovación excepcional estará abierto desde el día 2 de enero de 2026 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

La Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha ha aprobado la convocatoria de concesión de subvenciones para la ocupación de plazas residenciales en espacios ubicados en Castilla-La Mancha y gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, destinados a la atención a personas con trastorno mental grave, personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social y personas con problemas de adicciones a sustancias para el ejercicio 2026. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir de este martes.

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) podrán acceder a dichas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente de la región que posean centros residenciales ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con trastornos mentales graves o a personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social, o que dispongan de una comunidad terapéutica para el tratamiento de adicciones a sustancias y que cumplan los requisitos establecidos por la Consejería de Sanidad.

El importe máximo destinado a esta convocatoria asciende a la cantidad de 5.630.798,80 euros. Con el importe de la subvención se podrá financiar hasta el 100% del coste total del proyecto subvencionado.

El importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá de los 1,5 millones en la ocupación de plazas en centros residenciales ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con trastorno mental grave o a personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social.

Mientras, en el caso de los proyectos de ocupación de plazas en centros del tipo comunidad terapéutica ubicados en Castilla-La Mancha para personas con problemas de adicciones a sustancias, el importe máximo estimado a financiar por proyecto será de un millón de euros.

Centros de rehabilitación psicosocial y laboral

De igual modo, el DOCM también publica la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con trastorno mental grave para el ejercicio 2026.

La financiación se efectuará con cargo al presupuesto de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2026. El importe máximo destinado a esta convocatoria asciende a la cantidad de 2.150.000 euros.

Se podrá financiar por parte de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha hasta el 100% del coste total del proyecto, con el límite máximo de 650.000 euros por proyecto.

No habrá planta termoeléctrica de biomasa en la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real), al menos de momento, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya desestimado y archivado su expediente de autorización ambiental, según publica el Diario Oficial de esta comunidad autónoma (DOCM).

El inicio del expediente para la construcción de esta instalación se inició en 2017 con la solicitud de presentación Estudio de Impacto Ambiental. Entonces lo gestionó la Viceconsejería de Medio Ambiente, que en ese año estaba integrada en la Consejería de Agricultura, y actualmente forma parte de la de Desarrollo Sostenible.

El pasado mes de febrero, ocho años después, la empresa promotora manifestó su intención de continuar con la tramitación mediante la presentación del citado Estudio de Impacto Ambiental, que finalmente no llevó a cabo.

Al no haber recibido la Administración hasta la fecha documentación o solicitud alguna relativa a la continuación del procedimiento ni la presentación del estudio, ha procedido a su desestimiento y archivo del expediente. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, la promotora puede interponer recurso de alzada ante la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes.

Se da la circunstancia de la empresa promotora es Athisa Biogeneración, la misma que gestiona la planta de gestión de residuos sanitarios donde el pasado mes de octubre se produjo una explosión que dejó a una persona muerta y dos heridas graves.

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, defendió entonces la licencia municipal concedida a la empresa, ubicada en el Polígono Industrial El Llano de la localidad. Los hechos todavía se están investigando, sin que por el momento hayan trascendido los motivos de la explosión.

Precisamente, la Plataforma Ciudadana de Socuéllamos ha hecho público su malestar por la falta de respuestas del Ayuntamiento en el pleno municipal del pasado 26 de diciembre en relación a este siniestro.

Preguntas sobre el accidente en el pleno municipal

Concretamente, este colectivo registró varias preguntas en las que se interesaba por el grado de control y seguimiento antes del accidente, por las actuaciones realizadas tras la explosión, especialmente en lo relativo a la protección sanitaria de la población, y por la naturaleza de los residuos existentes en las instalaciones y el posible riesgo de emisión de contaminantes a la atmósfera, “con las consecuencias que ello podría tener para la salud pública y el medio ambiente”.

Según la plataforma, la respuesta de la Alcaldía fue que, al encontrarse el expediente en sede judicial, no podía facilitar información.

A ello replica que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno solo permite denegar información cuando se acredita que su divulgación puede perjudicar de forma concreta una investigación o un procedimiento sancionador, y que la denegación “no puede ser genérica ni automática”.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué medidas de protección sanitaria y ambiental se han adoptado, con independencia de la existencia de un procedimiento judicial”, concluyen.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha hecho público el acuerdo de Consejo de Gobierno para declarar a la Antigua Iglesia de San Miguel de la localidad de Brihuega (Guadalajara) como Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento.

Según la publicación del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la Consejería considera que el mencionado bien reúne los valores históricos necesarios para gozar de la protección que la legislación vigente dispensa a los Bienes de Interés Cultural, por lo que entiende procedente su declaración.

La antigua Iglesia de San Miguel es un edificio del sIGLO XIII en el que lo primero que destaca es su localización, junto a uno de los accesos principales de la localidad, y entre las dos elevaciones ocupadas por el Castillo (al sur) y la Real Fábrica de Paños (al norte), en una pronunciada vaguada.

Esta situación geográfica ha condicionado, en gran medida, su evolución y el estado actual: la mayor parte de su fachada septentrional se encuentra semienterrada bajo los derrubios procedentes de la ladera en la que se sitúa la población, encontrándose su piso interior muy por debajo de la cota actual del terreno en este lado.

El inmueble presenta una planta basilical de tres naves, siendo la central más alta y ancha que las laterales. El acceso principal se realiza por los pies de la iglesia, conformando ésta la fachada principal del templo. No obstante, presenta otros dos accesos laterales, uno por la nave de la Epístola que comunica esta nave con el jardín exterior, antiguo camposanto; y otro, frente a este, en la nave del Evangelio, actualmente tapiado y sepultado por el recrecido del terreno circundante que, conectaba esta nave con el espacio público de la plaza de San Miguel en su fachada occidental.

La iglesia, desacralizada, se viene usando desde hace unos años como salón de actos y en la nave central se han colocado sillones. Las capillas laterales se emplean como almacén.

La Dirección General de Calidad Ambiental, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha iniciado formalmente el período de información pública para el proyecto de una planta de producción de hidrógeno renovable denominada 'H2FV Toledo'.

El proyecto, cuya promotora es la empresa Cyopsa Renovables 2, SLU -con domicilio social en Madrid-, prevé que la instalación -que contará con una planta solar- ocupe una superficie total de 101,6 hectáreas, al este del Polígono industrial de Toledo, en parcelas cercana al aeródromo de Algodor.

El acceso a la planta solar está previsto a través de la carretera CM-4006 utilizando caminos existentes, mientras que a la planta de producción de hidrógeno se accederá desde la solar a través de nuevos caminos internos dentro de los propios terrenos.

El objetivo principal es producir hidrógeno renovable, almacenarlo de forma presurizada y distribuirlo, “contribuyendo a la descarbonización y a los objetivos de cambio climático”. Así lo recoge la documentación del proyecto que se puede consultar y al que se pueden presentar alegaciones durante un plazo de 30 días -a contar desde el pasado viernes, 14 de noviembre-.

El proceso de producción partirá de la generación de energía fotovoltaica y su posterior conversión en hidrógeno verde a partir de la electrólisis de agua, para su almacenamiento posterior.

Producción e inversión

La planta de electrólisis, con una potencia total de 49,90 MW, será alimentada al 100% por la energía solar generada (138.016 MWh/año) y contará con un sistema de almacenamiento en baterías de 7.200 kWh para garantizar la seguridad operativa.

El proyecto incluye un cálculo de la inversión que cifra en 25,5 millones de euros lo que se destinaría a la planta solar y en 68,9 millones el montante que supondría la planta de producción de hidrógeno, de la que se estima un excedente energético anual de solo 3.17 MWh/año (0,002%).

Impacto ambiental

El estudio de impacto ambiental concluye que, globalmente, los impactos del proyecto son “compatibles” con el medio ambiente. En concreto el proyecto no se ubica sobre espacios de la Red Natura 2000, pero colinda con el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 'Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid' y se sitúa a 70 metros de la ZEPA/IBA 'Carrizales y Soto de Aranjuez'.

Los principales impactos negativos identificados son de carácter temporal durante la fase de construcción (emisión de polvo, ruido, alteración del suelo y vegetación) y permanentes pero “recuperables” durante la explotación (ocupación del suelo y alteración visual del paisaje).

No obstante, durante la explotación, la ocupación del territorio provocará “una ligera disminución de hábitats esteparios en el entorno inmediato de las zonas de la Red Natura 2000”. Para minimizar los efectos adversos, se ha diseñado un conjunto de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, junto con un programa de vigilancia ambiental.

Entre ellas, plantean un programa de seguimiento de avifauna (datan 84 especies), la creación de refugios de especies presa, la mejora de hábitat para avifauna, la instalación de un punto de alimentación para carroñeros como el Milano real, la creación de diez chacas o bebedores para aves esteparias y la creación de un núcleo de cría semiextensiva de reproducción de conejo.

Respecto al suministro de agua bruta, indica que se realizará mediante camiones cisterna. El consumo total anual será de 37.889 m3, con el que se producirán 20.207 m3 de agua desmineralizada para la electrólisis. El proceso generará 17.681 m3 de agua de rechazo, que será retirada por gestores autorizados. Esto implica un tráfico de 947 camiones/año para el suministro y 442 para la retirada del rechazo.

Al Gobierno de Pedro Sánchez no le gusta cómo el de Emiliano García-Page quiere modificar el decreto autonómico de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística para adecuarlo a su controvertida Ley de Simplificación Administrativa. Concretamente, hay discrepancias en cuanto a los suelos dotacionales, es decir, los destinados a colectivos vulnerables, destinados a vivienda pública.  

Para resolver este conflicto, ha iniciado sus negociaciones la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, según publica hoy el Diario Oficial de la región (DOCM), en una resolución de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales.

La controversia se encuentra en los dos primeros puntos de la disposición final novena de la normativa castellanomanchega de Simplificación Administrativa, que modifica a su vez el decreto regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El primer punto hace referencia a la vivienda dotacional pública, es decir, la destinada al alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, destinada a demandantes con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, y construida sobre suelos de titularidad pública.

Según la nueva norma castellanomanchega, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esa disposición los suelos dotacionales de propiedad privada, así como los públicos destinados a zonas verdes o espacios libres tales como viales, plazas, áreas peatonales o zonas de juego.

Planes urbanísticos

Respecto al segundo punto que también cuestiona el Estado, se refiere a que cualquier innovación de las determinaciones de los planes urbanísticos deberá ser establecida por la misma clase de planificación y observando el mismo procedimiento.

Según este cambio, no se considera innovación del planeamiento urbanístico el cambio de uso pormenorizado que puedan realizar los municipios en parcelas dotacionales de equipamientos públicos, siempre que se emita informe favorable por la Administración competente en función del uso inicial y finalmente atribuido, teniendo ambos informes carácter preceptivo y vinculante.

No es la primera vez que el Gobierno central discrepa con el de Castilla-La Mancha. Ya ocurrió hace año y medio con la decisión del Ejecutivo de Page de otorgar derechos de caza a los titulares cinegéticos en las vías pecuarias y caminos públicos, lo que también generó un conflicto ante la Administración General del Estado que consideraba que la norma podía ser inconstitucional.

El desarrollo de plantas biogás en Castilla-La Mancha continúa creciendo con la publicación de autorizaciones o exposiciones públicas para proyectos que afectan a distintos municipios de la provincia de Toledo como Villaseca de la Sagra, Villaminaya o La Villa de Don Fadrique, entre otros.

A la vez, también está aumentando el rechazo a las mismas sigue, según afirma la Coordinadora Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, y hay científicos que advierten de que estas “no son viables ni técnica ni económicamente”, tal y como afirmó Antonio Turiel, físico del CSIC, en una charla organizada en Ciudad Real por Ecologistas en Acción bajo el lema 'La burbuja del biometano'.

Recientemente se ha dado luz verde a una de estas iniciativas en Villaseca de la Sagra, para la que la Dirección General de Calidad Ambiental ha otorgado la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la mercantil La Sagra Biogás SL para su planta de producción de biometano y fertilizantes.

Esta resolución marca el final de un extenso proceso administrativo iniciado el 8 de febrero de 2022 y somete la instalación a rigurosos estándares de control ambiental, tal y como recoge la resolución publicada hace unos días en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Tratará más de 100.000 toneladas al año de subproductos y residuos

La planta se dedicará a la valorización de residuos orgánicos no peligrosos y subproductos animales no destinados a consumo humano (Sandach) a través de procesos biológicos anaerobios y aerobios. La instalación está autorizada para tratar una capacidad de 106.580 toneladas anuales de subproductos y residuos.

El proyecto, que tramitó paralelamente su evaluación de impacto ambiental ordinaria, ha visto incrementada su capacidad de producción estimada. La Sagra Biogás modificó la previsión inicial de 30 GWh/año a una nueva estimación de hasta 65 GWh/año de biometano, gracias a “una mejor mezcla de residuos y estiércoles”, sin que esta modificación representara un impacto adverso significativo sobre la seguridad o el medio ambiente, según apunta la resolución de la Administración regional.

Cautelas ambientales

El trámite incluyó la revisión y subsanación de varios aspectos del proyecto. Dado que la parcela se encuentra cerca del cauce del río Tajo, la Consejería de Desarrollo Sostenible exigió medidas compensatorias para la avifauna del entorno. Específicamente, la línea de baja tensión propiedad del promotor discurrirá soterrada para evitar riesgos, y se sustituirá el cultivo de la especie exótica invasora Arundo donax por el chopo autóctono (Populus nigra).

En materia de patrimonio, debido a que el área está catalogada como 'Ámbito de prevención arqueológica', La Sagra Biogás se comprometió a realizar un control y supervisión arqueológica directa de la retirada de la cubierta superficial.

Respecto a la seguridad, aunque Protección Civil señaló riesgos inherentes al manejo de mercancías peligrosas y riesgo químico, Desarrollo Sostenible concluyó que estos no condicionan la aprobación si se cumplen las observaciones y se redacta e implementa un Plan de Autoprotección.

El funcionamiento de la planta se regirá por la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), incluyendo la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Se han dispuesto medidas concretas para la reducción de olores y emisiones difusas, como la clausura hermética de subproductos animales durante el transporte y la obligación de higienizar e introducir los Sandach en el proceso de digestión anaerobia en un plazo máximo de 24 horas desde su entrada a la planta.

Dada su clasificación como actividad potencialmente contaminante del suelo, la empresa debe aportar un informe base de la situación del suelo y las aguas subterráneas previo al inicio de la explotación, y realizar controles periódicos de aguas subterráneas (cada dos años) y suelos (cada diez años).

En definitiva, la resolución establece un marco operativo “riguroso” para que La Sagra Biogás SL desarrolle su actividad de valorización energética en Villaseca de la Sagra, asegurando el cumplimiento de la normativa de prevención y control integrados de la contaminación y la responsabilidad medioambiental.

A escasos kilómetros de esta planta ya autorizada estará otra, en la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra, para la que el grupo Verdalia Bioenergy ha iniciado este mes de octubre los trabajos de construcción, en la que será su primera planta de producción de biometano de España. Estará. En total, invertirá unos 17 millones de euros y creará siete puestos de trabajo.

La planta cuenta con la Autorización Ambiental Integrada de la Junta de Castilla-La Mancha y con las licencias municipales correspondientes, según ha detallado la empresa. Se prevé que entre en operación a final de 2026 y durante su construcción se crearán entre 50 y 80 empleos.

A información pública otra planta de biogás Villaminaya como proyecto prioritario

Por otra parte, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo ha puesto en marcha el período de información pública para una nueva planta de biometano en el Polígono de Villaminaya. La iniciativa, promovida por la empresa Nortiben Green Energy IV S.L. consiste en una instalación destinada a la producción y mejoramiento de biogás a partir de residuos orgánicos.

En concreto, el Anuncio publicado en el DOCM recoge que la misma se va a tramitar al amparo de la Ley 5/2020, de 24 de julio, referente a Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. Adicionalmente, este procedimiento incluye la tramitación de la calificación urbanística implícita en dicha declaración.

El día 24 e octubre se inició un plazo de veinte días para que los interesados puedan consultar el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas. Los documentos están depositados y disponibles para consulta en la Unidad de Acompañamiento Empresarial, ubicada en la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo.

“Inquietud” en La Villa de Don Fadrique por una planta de biogás y otra de fertilizantes

De otro lado, otro de los proyectos que estaría tramitándose se localiza en La Villa de Don Fadrique, según trasladó la Coordinadora Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, que apunta que el alcalde, Jaime Santos, anunció el pasado mes de septiembre la instalación de dos industrias, una planta de biogás y otra de fertilizantes.

“Posteriormente, el 30 de septiembre, confirmó durante el Pleno municipal la tramitación de estos proyectos y la ayuda prestada desde el Consistorio a la promotora de la planta de biogás para solucionarle los problemas de conexión eléctrica. Paralelamente, el Ayuntamiento ha iniciado la modificación de las normas subsidiarias urbanísticas, según se refleja en la web de tramitaciones ambientales de la Junta. Dicha modificación aumenta la edificabilidad de las parcelas, a través de medidas como la eliminación de la distancia mínima entre edificaciones en una misma parcela”, explica el colectivo.

Este anuncio, subraya, ha creado “una profunda inquietud en un sector de la población, que temen que una macroplanta de biogás afecte a la calidad de vida del municipio”. “Esta preocupación sigue la línea de contestación de otros municipios toledanos ante este tipo de instalaciones, como Madridejos, Quintanar de la Orden, o más recientemente Casasbuenas, donde su alcalde ha denunciado los olores y efectos en la salud que está provocando la planta de biogás abierta en el vecino municipio de Noez”, agrega el colectivo.

Stop Ganadería Industrial C-LM ha criticado “la opacidad y el desprecio hacia la ciudadanía en el proceso de implantación de estas industrias” e informa de que se ha constituido una plataforma vecinal en La Villa de Don Fadrique que exigirá transparencia en el proceso. Este medio ha intentando recabar la versión del Consistorio sobre estos proyectos sin que haya sido posible hasta el momento.

IU rechaza estos proyectos que “convierten a un municipio en el ‘estercolero’ de purines comarcal”

Precisamente, este lunes se pronunciaba también sobre esta planta Izquierda Unida, cuyo coordinador en la provincia de Toledo, Jorge Vega, señala que “estos proyectos, que solo buscan un beneficio industrial, ni combaten el despoblamiento de las zonas rurales ni contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los pueblos”.

Vega ha apuntado al “malestar generado por un posible proyecto de estas características en La Villa de Don Fadrique después de que el Gobierno regional haya tenido que archivar otro a tan solo 16 kilómetros en Quintanar de la Orden”.

Recuerda que la organización a la que representa no comparte “el modelo de convertir a un municipio en el receptor de purines y desperdicios acumulados en los pueblos de los alrededores, en ser un ‘estercolero’ comarcal, con el único fin de producir energía y buscando el beneficio industrial y la mayor efectividad empresarial”.

Así, critica que la Junta de Comunidades respalde este tipo de proyectos que, a su juicio, “solo hacen que la Mancha despoblada sirva como planta industrial de las grandes empresas para las macrogranjas o las grandes empresas de biogás”.