La presidenta de Navarra, María Chivite, viaja esta semana a China para firmar la llegada de la empresa de fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Chivite encabeza una delegación en la que también está el consejero de Industria, Mikel Irujo, que también visitará otras compañías del país para “vender” a la comunidad foral como “una tierra de oportunidades” de inversión. El viaje coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Será de hecho en esa reunión en la que las autoridades chinas firmarán la autorización para que Hithium pueda invertir del orden de 400 millones de euros en la fábrica de baterías que generará más de 700 empleos, un paso clave para que las compañías chinas puedan exportar su tecnología a países extranjeros. La fábrica de la comunidad foral será la primera que Hithium instale en Europa.

Esta firma supone un paso “fundamental” para la llegada de la inversión china a Navarra, destacan fuentes del Ejecutivo foral consultadas por este periódico, pero no definitivo. Tal y como explicó la presidenta navarra todavía queda “mucho trabajo que realizar”. Chivite mencionó entre los puntos a tratar la necesidad de “constituir una empresa público-privada para el desembarco” de Hithium. También falta por fijar la ubicación de la futura fábrica, que todavía no se ha anunciado aunque las instalaciones de la ya clausurada BSH en Esquíroz se postulan como la principal opción.

La delegación navarra aprovechará el viaje a Pekín para visitar otras compañías en la busca de nuevas inversiones para la comunidad foral. “Queremos seguir vendiendo a Navarra como una comunidad muy atractiva para la inversión”, apuntó la presidenta Navarra el viernes.

“Tenemos fuertes ecosistemas en el ámbito de la automoción, tenemos un fuerte ecosistema en el ámbito de las renovables, y las empresas que vamos a visitar están en esos ámbitos”, añadió.

Muchos todavía lo recordarán. El olor a galleta en la carretera de Santander, o incluso la tradición de comprar las galletas de Fontaneda allí mismo, donde se fabricaban. Ahora ya no huele a galleta y hace mucho que la propia fábrica de Gullón ya no vende su producto in situ, sino en una tienda dentro de Aguilar de Campoo. Laura Sanz Corada es hija de esa Aguilar que ha ido cambiando en las últimas décadas: hija de galletera y nieta del de la vainilla, ha querido plasmar en su último libro las vivencias de una villa -que no pueblo- de la mano de uno de sus grandes iconos: la galleta María Fontaneda; a través del recuerdo de las mujeres que trabajaron en sus fábricas. Muchas de ellas solo tenían 14 años cuando empezaron a trabajar en algunas de las secciones, solo eran unas chiguitas, como dicen en Palencia, cuyas primeras veces estuvieron fuertemente marcadas por la fábrica. Galleteras. La otra memoria de la galleta maría (2026) aborda cómo fueron las mujeres que sostuvieron no solo la fábrica de Fontaneda, sino el propio símbolo de la galleta maría desde la antropología y la sociología.

Las protagonistas de este ensayo son la madre de Sanz Corada, trabajadora en Fontaneda durante 21 años, y algunas de sus compañeras, que recibieron con “vértigo” la oferta de entrevistarlas para conocer su historia. “Tenían miedo a tocar heridas que no están todavía cerradas. Esos recuerdos las llevan a un lugar muy concreto en sus emociones, pero estaban muy dispuestas a hablar de lo feliz y de las partes buenas”, reconoce Sanz Corada. En Aguilar de Campoo se mezclaba lo industrial con lo social y lo afectivo, igual que ella ha plasmado en su obra a través del recuerdo, el olor y la memoria corporal.

Estas mujeres sacaron adelante Aguilar de Campoo con su esfuerzo, su cuerpo y sus manos. Porque esas manos -y sus esparadrapos- resultaban especialmente importantes. “La tecnología tiene un papel más importante en las fábricas de galletas que todavía hay en Aguilar, pero durante la transición, y antes, había mucha más carga física. Me interesaba el impacto que la fábrica en su cuerpo, casi me interesaba más reflejar eso que la propia fábrica por dentro: ver cómo se recuerda a través del cuerpo, sus dolencias de huesos, los morados...”, explica la escritora y antropóloga social a elDiario.es. El libro se apropia del término de 'galleteras', que los estudiantes utilizaban de manera despectiva, para reivindicar el trabajo de esas mujeres.

Sanz Corada quería “explorar la fábrica y la galleta desde todas las vías posibles”. Por eso la obra recorre la historia industrial de Aguilar a través de múltiples voces, que recorren la galleta “como materia, necesidad gastronómica”, pero también desde lo afectivo y lo industrial a escala local e internacional, la “conexión mundial que ocurre a la hora de llevarnos una galleta a la boca”.

“Quizá una entra en el libro pensando que que va a rememorar o que va a tener recuerdos de infancia feliz, merendando, pero de repente se encuentra también con con una serie de emociones muy distintas que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con el asco, que tiene que ver con con el trabajo esclavo de las plantaciones de azúcar”, comenta por teléfono.

La escritora reflexiona también sobre cómo esas empresas familiares se acaban desdibujando en el panorama actual, e incluso aquellos que quieren 'consumir local' lo tienen más complicado. “Con una marca como Fontaneda queda reflejado. Esas multinacionales vinieron a comérsela y hoy en día no sabemos muy bien quién está... cada vez tenemos menos acceso a esas historias, porque ya no son negocios familiares y el tipo de acceso es otro. Y eso tiene un punto perverso y extraño de injusticia con las manos que fabrican esas galletas”, agrega.

Un trabajo muy feminizado

El trabajo de la fábrica de Fontaneda -que después continuó con Ruvil, Fontribre, Tefe y Gullón- estuvo especialmente feminizado. Aguilar de Campoo llegó a producir casi una cuarta parte de todas las galletas de España en los años 60. Los hombres trabajaban en otros departamentos como los de carga o el turno de noche, pero muchas de las secciones eran femeninas. Eso sí, encabezadas por un jefe.

En Aguilar, por lo tanto, las mujeres fueron un pilar importante no solo en la economía doméstica, sino también en la industrial e incluso sindical. Esto les dio mucha más independencia económica y social que a otras mujeres de la España rural, según interpreta Laura Sanz Corada. “Hay una sociología muy específica de lo que es la mujer aguilarense y creo que tiene que ver con esto”, ahonda. Empezaron a trabajar muy temprano en una fábrica y luego tomaban sus propias decisiones: se esperaba de ellas que el trabajo fuera una especie de pausa entre la escuela y el matrimonio, y muchas todavía recuerdan el nombre de la primera mujer que decidió continuar trabajando una vez casada. “El director la llamó para felicitarla y le dijo que era una valiente. Muchas de estas galleteras recuerdan a este hombre como un ser muy machista en esa época, pero lo reconoció. Esto refleja también cómo funciona el feminismo desde un lugar muy afectivo y muy sencillo. Es una una decisión que parece sencilla, pero que implica una serie de de cambios estructurales muy fuertes y supone un modelo para que otras lo repliquen”, apunta.

Un ERE que todavía deja huella 30 años después

Esa decisión supuso un cambio, aunque todavía les quedaba mucho por recorrer: al trabajo en la fábrica se le sumaban las labores del hogar y la crianza, y a las escasas bajas por maternidad se les acabó añadiendo una sensación de abandono a finales del siglo pasado. El despido de un centenar de trabajadoras en 1996 dejó un sabor amargo en la industria galletera, que vio escaso respaldo del pueblo ante los recortes de la industria.

“La mayoría de las despedidas eran mujeres y muchas estaban afiliadas a Comisiones Obreras. Se generó una tensión muy importante porque todos querían permanecer en sus puestos de trabajo”, desgrana Sanz Corada. Y cuando se convocó un encierro no se apoyó por todas partes, y el pueblo ni siquiera dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, como sí pasó en 2002, cuando la gente se movilizó contra United Biscuits -que ya había comprado Fontaneda- tras su anuncio de cierre de la fábrica. “Ellas lo recuerdan casi como un abandono. Llevaban adelante la industria del pueblo, la crianza del pueblo y se las dejó solas.... así es como ellas lo sienten. Y en 2002 muchas ya no tienen fuerza para luchar por la marca, porque ellas peleaban por unos puestos de trabajo que pudieran permanecer en el pueblo”, apunta.

Laura Sanz Corada insta a recordar la historia de María, Piedi, Luisa y las demás 'galleteras': cómo tuvieron que cargar con el trabajo y los cuidados, cómo pelearon por sus derechos laborales y cómo reclamaron que no se despidiera a sus compañeras. Porque lo que les dio la fábrica, a pesar de todo, no era tan fácil de quitar: el compañerismo, la amistad y las primeras veces, de las que Aguilar de Campoo fue mero espectador mientras ellas aprendían a vivir.

En Castilla-La Mancha, los centros logísticos automatizados ya no son una promesa de futuro, sino una realidad palpable. En ellos, la tecnología no solo aumenta la productividad: también reduce de forma significativa el número de trabajadores necesarios. Donde antes hacían falta cientos de empleados, hoy bastan decenas apoyados por robots, algoritmos y sistemas inteligentes. Este nuevo paisaje económico, que convive con nuestros campos y molinos, nos plantea una pregunta inevitable: ¿Quién pagará las pensiones dentro de veinte o treinta años?

El debate suele presentarse como un enfrentamiento entre generaciones. Por un lado, los jubilados, que reclaman pensiones dignas tras toda una vida de trabajo y cotización —porque su pensión no es un regalo, sino el fruto de haber contribuido durante toda su vida laboral—. Por otro, los jóvenes, que perciben cómo su salario soporta una creciente presión fiscal mientras su futuro resulta incierto. Sin embargo, este conflicto es, en gran medida, un espejismo. Enfrentar a un joven mileurista con un jubilado es discutir por las migajas, mientras el verdadero problema sigue sin resolverse.

Una trampa fiscal compartida

La situación actual refleja una contradicción evidente. Las pensiones suben para mantener el poder adquisitivo, pero un sistema fiscal que no se ajusta a la inflación provoca que parte de esa mejora se diluya. Al mismo tiempo, muchos trabajadores jóvenes sienten que su esfuerzo fiscal es cada vez mayor, sin que ello se traduzca en una mejora real de su capacidad de ahorro o acceso a la vivienda.

El problema no es que unos reciban demasiado o que otros aporten demasiado. El problema es que el sistema sigue dependiendo casi exclusivamente del trabajo humano en una economía que ya no funciona así.

Cuando la riqueza ya no depende solo del trabajo

La automatización ya está transformando sectores enteros en Castilla-La Mancha. Lo vemos en la logística, pero también en otros ámbitos donde la tecnología permite producir más con menos empleo directo.

Esto genera una paradoja: aumenta la productividad y la riqueza, pero la base tradicional que financia el sistema —las cotizaciones sobre el trabajo— pierde peso relativo. Aquí surge una idea cada vez más presente en el debate económico: si las máquinas generan valor, ¿por qué no contribuir también al sostenimiento del sistema público?

Silicio y pensiones: ampliar la base del sistema

No se trata de frenar la innovación, sino de adaptarse a ella. Igual que en su día se construyó el Estado del bienestar sobre las cotizaciones del trabajo, hoy podría incorporarse una nueva vía: captar parte de la riqueza generada por la automatización y la inteligencia artificial. Podríamos llamarlo, de forma sencilla, una “cuota de solidaridad tecnológica”. Una forma de que el silicio —la base de los microchips que hacen posible esta revolución— también contribuya al contrato social.

Las consecuencias de un enfoque así serían relevantes:

Cambiar el enfoque para evitar el conflicto

Cuando se amplía la base de financiación, el debate deja de centrarse en cuánto debe aportar cada generación. Ya no se trata de enfrentar a jóvenes y jubilados, sino de adaptar el sistema a una economía que ha cambiado profundamente.

En ese contexto, medidas como ajustar el IRPF a la inflación dejarían de ser una amenaza para las cuentas públicas y pasarían a ser una cuestión de sentido común y equidad.

El verdadero reto

El desafío no es menor. Se trata de actualizar un modelo diseñado en el siglo XX para una economía que ya pertenece al siglo XXI. La tecnología no es solo una herramienta de producción: es también una fuente de riqueza que debe formar parte del sostenimiento colectivo.

Enfrentar generaciones es un error. Es discutir por el último vaso de agua en medio del desierto. La solución no es repartir mejor la escasez, sino encontrar una nueva fuente.

Esa fuente puede estar en la fiscalidad tecnológica. Solo incorporando al sistema la riqueza generada por la automatización podremos garantizar algo esencial: que los jóvenes de hoy lleguen a ser los jubilados dignos de mañana.

Quizá el futuro del contrato social no se escriba únicamente con el esfuerzo humano, sino también con el silicio de las máquinas que ya están transformando nuestra economía.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones dentro del periodo de información pública al proyecto de construcción de una planta de producción de hidrógeno renovable de 20 MW (PPH2R) prevista en suelo no urbanizable, en las parcelas 255, 256 y 257 del polígono 9 del término municipal de Villar de Arnedo.

La organización ecologista manifiesta su “preocupación” por diversos aspectos del proyecto que, a su juicio, “no han sido adecuadamente evaluados ni justificados, y que podrían tener impactos significativos sobre los recursos naturales, el clima y la seguridad”.

Uno de los principales puntos señalados es el elevado consumo de agua necesario para la producción de hidrógeno. Según los cálculos del promotor, la planta consumiría 172,8 m³ diarios, una cifra que que la asociación ecologista  considera claramente infraestimada.

La organización advierte que, según estimaciones de organismos internacionales y consultoras especializadas, “el consumo real podría situarse entre 250 y 517 m³ diarios, lo que equivaldría al consumo de entre 2.000 y más de 4.000 personas”. Esta diferencia, señalan, “podría comprometer seriamente el abastecimiento hídrico local, especialmente teniendo en cuenta la limitada capacidad del depósito del polígono industrial El Roturo”. Por ello, solicitan una evaluación rigurosa, transparente y realista del consumo de agua, así como un estudio detallado del impacto sobre los recursos hídricos de la zona.

El proyecto prevé el vertido diario de aguas residuales con alta carga salina a la red de saneamiento, lo que podría afectar gravemente al funcionamiento de la depuradora del municipio cuyo caudal medio es limitado. La organización considera imprescindible analizar si esta infraestructura puede asumir dicho volumen sin comprometer su eficacia ni generar impactos ambientales adicionales.

También se  cuestiona que el hidrógeno producido pueda considerarse realmente “verde”, ya que la electricidad utilizada procederá de la red general, “sin garantías de origen renovable adicional”. La organización advierte que el sistema actual de certificados no asegura una reducción real de emisiones, al basarse en mecanismos contables sin impacto ambiental efectivo. Asimismo, critican la ausencia de un análisis de eficiencia energética del proyecto, teniendo en cuenta el elevado consumo eléctrico de este tipo de instalaciones.

“Aunque el hidrógeno no es un gas de efecto invernadero, su potencial de fuga y su interacción con otros gases pueden contribuir indirectamente al calentamiento global”. Ecologistas en Acción alerta de que fugas significativas podrían “reducir considerablemente los beneficios climáticos esperados”.

Además, señalan la necesidad de reforzar las medidas de seguridad industrial y laboral, incluyendo sistemas de monitorización continua, protocolos de emergencia, formación específica para trabajadores, identificación de riesgos laborales específicos, y evaluaciones detalladas de riesgos. Como un acceso público de dichas informaciones.

Ecologistas en Acción denuncia también la falta de definición concreta sobre la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), fundamentales para minimizar el impacto ambiental de la instalación. Reclaman que estas medidas se detallen, se hagan públicas y sean evaluables por parte de la administración y la ciudadanía. Por todo lo expuesto, Ecologistas en Acción solicita al Gobierno de La Rioja la paralización de la tramitación del proyecto, la denegación de su autorización en suelo no urbanizable y la emisión de una declaración de impacto ambiental desfavorable.

La organización insiste en la necesidad de que la transición energética se lleve a cabo “con criterios de sostenibilidad real, transparencia y respeto al territorio y a los recursos naturales”.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha defendido la declaración como PIER del proyecto de Soluciones en Prefabricados Industriales (SOPREIN) para una planta en Manjarrés a pesar de la concentración que este pasado fin de semana convocaron los vecinos del municipio en su contra. Ha garantizado que “está asegurada la sostenibilidad ambiental de la explotación”.

Alfonso Domínguez ha respondido que “las movilizaciones son siempre legítimas”, pero ha considerado que son “infundadas” porque “la declaración como PIER está fundamentada en argumentos que declaran la sostenibilidad ambiental de la explotación económica a realizar”. “Está verificada desde todos los puntos de vista y por la Consejería de Medio Ambiente por lo tanto esos argumentos que defienden en la concentración no encuentran soporte en los informes presentados”, ha añadido.

Así, ha destacado que la instalación se realizará en una comarca afectada por la despoblación, podrá crear 110 trabajos directos y otros 20-30 indirectos, traerá inversión y recaudación y desarrollo industrial a la comarca“.

Mientras el Gobierno de La Rioja defiende la “sostenibilidad ambiental” uno de los motivos de la COTUR para suspender la tramitación del proyecto fueron “motivos paisajistos”. El otro motivos fueron los accesos que se solucionan con la construcción de la variante de la carretera que ha proyectado el Gobierno de La Rioja, por 2,4 millones de euros, que tampoco convence al vecindario.

Además de las quejas vecinales y de la asociación Amigos de la Tierra en La Rioja, algunos grupos políticos también han comenzado a denunciar públicamente este macrofábrica prevista en Manjarrés. Izquierda Unida de La Rioja ha mostrado su tajante oposición a la declaración como Proyecto de Interés Regional (PIER) del proyecto industrial previsto en Manjarrés y considerón “inaceptable” que el Gobierno de La Rioja impulse esta tramitación “sin que estén despejadas las dudas sobre el impacto ambiental y paisajístico”, por lo que ha registrado 22 preguntas parlamentarias para exigir transparencia al ejecutivo. También el PR+ ha apoyado a los vecinos en su concentración y ha rechazado “la falta de transparencia y el nulo diálogo” del Ejecutivo regional.

“Esto es una tortura”, así define Daniel Andreu, miembro del comité de empresa de Sabic, el calvario que viven él y sus compañeros desde que se les comunicó el posible cierre de la planta en La Aljorra (Cartagena). Apenas ha pasado un mes desde que la empresa anunció a sus empleados la venta al fondo buitre Mutares de su fábrica Lexan 1. Sin noticias, sin un plan social, sin salida estipulada. Desde entonces, los trabajadores y el comité de empresa se han visto sometidos a un calendario maratoniano para intentar detener el cierre, entre paros, manifestaciones, encuentros con la prensa y reuniones con los principales partidos políticos, y representantes del gobierno local, regional y central.

Echando la vista atrás, la noticia del cierre fue un disparo a bocajarro que no les terminó de sorprender del todo: “Antes de que lo comunicaran oficialmente ya había un pequeño rumor. Pero la noticia a los trabajadores y al comité de empresa nos llega el día 9 de enero. Viene Rütger Bosch [director de la empresa en Europa] desde Holanda y se junta con la dirección. Nos comentan que estamos inmersos en una compra venta del negocio a nivel europeo y de Estados Unidos y que se contempla el cese de la de la producción de Lexan 1. Así te lo dicen y así lo tienes que gestionar”, lamenta Rafael Pedreño, miembro del comité de empresa.

“Hace ya más de un año que cambiaron el CIF de la empresa. Era una sociedad corporativa por acciones con un capital de 500 millones y lo cambiaron a una sociedad limitada con un capital de cero millones. Es decir, descapitalizaron la sociedad como sociedad limitada. Eso según el manual de cierre y venta solo se hace para cerrar o vender una planta”, detalla Pascual Sánchez, presidente del Comité de empresa de Sabic.

“Sabic instaló capacidad productiva en China y en Arabia. Y cuando esa capacidad la han tenido lista, han decidido dejar de fabricar en Europa, porque en Europa no va a fabricar ni ellos ni nadie, porque en Europa no se puede”, sostiene el presidente del comité de empresa.

De acuerdo con Sánchez, el músculo industrial europeo no puede competir con el plástico de fuera del continente: “El precio de venta al público del plástico chino está entrando en Europa a precio de venta al público de 1,20. Nosotros lo producimos a 2,8, a eso le tienes que sumar los impuestos y luego venderlo para darle beneficios”.

Uno de los caminos que conducen hasta la planta pasa por un pequeño viaducto, que forma un túnel de apenas unos metros para la carretera de acceso. En sus paredes reza “No al ERE de Sabic”, vestigios del Expediente de Regulación de Empleo de 2020 por el cierre de la unidad de Ultem, que segó 76 empleos. En 2023 llegó el turno de la planta Lexan 2, tras dos ERTE previos, y se saldó con 112 despidos más: “Nosotros ya en 2020 dijimos, cuando cerraron la primera fábrica, que esto era una deslocalización industrial encubierta. Bueno, ahora ya no es encubierta porque es más que clara y manifiesta”, recuerda Sánchez.

El próximo 24 de febrero el comité de empresa tendrá la primera toma de contacto con los futuros compradores de la planta, con representantes de Mutares desplazándose hasta Cartagena. La semana pasada, el comité de empresa se reunió con la dirección europea de Sabic en Holanda para intentar evitar el cierre de la planta.

“Llevamos un mes sin dormir”

Rafael tiene 49 años y un hijo de quince: “Tengo hipotecas. Tenía planes y todo eso se paraliza cuando una noticia te llega así. En lo primero que pienso es en el día a día, en cómo voy a pagar las actividades del niño, cómo voy a pagar la hipoteca este mes. Por favor, que no se me rompa el coche. Aquí hay 517 historias, que hay que sumar a las 2000 historias de las empresas auxiliares. Todas diferentes y a cada cual más grave”.

“Tengo 53 años, mi hermano [también trabajador de la planta] tiene 55 años. ¿Dónde vamos?”, se pregunta Andreu. “El ánimo está por los suelos. Hay gente que con la edad que tenemos, que todos rondamos los 50 años, no saben lo que van a hacer. Llevan toda la vida aquí trabajando y en la industria en la Región de Murcia no hay mercado para nosotros”, advierte Pedreño.

“La conversación que teníamos esta mañana en el comedor con los trabajadores que estaban allí era sobre las horas de sueño que llevábamos desde que nos lo dijeron. He oído como una compañera le ha recomendado a otra unas pastillas para poder dormir, que ella las utiliza, que le va muy bien. Ese era el tema de conversación, que llevamos un mes sin dormir”, describe Juan Lozano, miembro del comité de empresa de Sabic.

La presión y la incertidumbre es, en palabras de Andreu, un “riesgo psicológico”: “El martes pusimos una denuncia a la inspección de trabajo, esto es un riesgo al que nos someten de forma gratuita. Tenemos un psicólogo para más de 500 personas, el servicio ya está desbordado”.

El caso de Daniel Andreu es, como define el sindicalista e historiador José Ibarra Bastida, ejemplo del “eterno retorno” de la reconversión industrial en Cartagena. En 1992, cuando se quemó la Asamblea Regional, su padre Juan Andreu era sindicalista de Comisiones Obreras y presidente del comité de empresa de Peñarroya. Esta fundición, el astillero de Bazán y las tres fábricas de fertilizantes del Valle de Escombreras entraron en crisis, dilapidando centenares de puestos de trabajo en Cartagena: “Yo me dedicaba a sacar los estudiantes a manifestarse y estábamos ese día en la calle, el día de la quema”, recuerda Andreu hijo.

“Se pegaron al cuerpo 127 manifestaciones. Una caminata a Murcia. Mi padre no había andado en su puta vida y llego con los pies destrozados, llevaba mis botas. Durmieron en Corvera en un pajar, acabaron llenos de caparras. Se encadenaron en la Asamblea. Tiramos piedras en San Esteban”, detalla.

“Mi padre, como líder sindical, fue vetado en muchos sitios. Era otra época donde no se entendían las condiciones sindicales. Tuvimos que buscar trabajos precarios, tanto mis hermanos como yo, para poder mantener la familia y comer como fuera”, describe Andreu. Ahora, 34 años después, la historia se repite: “Estamos experimentando la tristeza, el dolor y la desesperación que se vivió en ese momento, nos vuelve a dar la punzada en el corazón”, lamenta. Ironías del destino, la reconversión industrial en Cartagena dio paso a nuevas factorías, entre ellas Sabic (entonces a nombre de General Electric Plastics) en 1994.

La diferencia entre los años 90 y la actualidad, alertan desde el comité de empresa, es que ahora no hay músculo industrial para absorber a todos los trabajadores que se van a ver en la calle: “De momento nos vamos a encontrar que van a acabar en la calle sobre unas 300 o 350 personas que llevan 25 años trabajando en el sector. No hay tanta industria en la Región para absorber tal cantidad de trabajadores y tan cualificados como hay aquí”, explica Pedreño.

El pasado 2 de febrero, el Gobierno Regional presentó su Plan Industrial 2026-2035, una hoja de ruta con el objetivo de incrementar un 30 por ciento la contribución de la industria a la economía regional y alcanzar los 100.000 empleos industriales, con más de 15.000 nuevos puestos de trabajo y 45.000 oportunidades vinculadas al relevo generacional. Pero Andreu teme que no llegue a tiempo para los trabajadores de Sabic y los de las empresas auxiliares: “No hay capacidad. Ahora mismo no hay ninguna empresa que se vaya a asentar ni que esté discutiendo de terrenos. Están discutiendo de un plan que vendrá a medio largo plazo”, ha alertado.

Por ahora, la empresa propietaria de la planta asegura que “no ejecutará medidas de reestructuración en estos momentos y mientras pertenece al grupo SABIC” y se compromete en “mantener operaciones seguras para los empleados y la comunidad en la que opera”.

Sin embargo, no descartan que, una vez la planta esté en manos de Mutares, pueda echar el cierre: “Se entiende que, tras completar el proceso de adquisición, el comprador considerará opciones para la reestructuración del negocio con el objetivo de mejorar el actual rendimiento financiero negativo. Estas opciones podrían incluir el cese de producción de la línea LX1 en Cartagena”.

“Una vez que se haya tomado la decisión por parte del comprador y que se conozcan los detalles de una potencial reestructuración, el comprador analizará qué medidas corresponderían adoptar, asegurando el cumplimiento de los procedimientos legales que puedan ser de aplicación”, abundan.

Sobre el acuerdo preliminar de compraventa, Sabic detalla “el alcance de la transacción incluye los activos de producción y la comercialización de termoplásticos de ingeniería (por ejemplo, PC, PBT, ABS), incluyendo los activos localizados en España, así como centros de Innovación & desarrollo”, describen desde Sabic, que anticipan que la transacción será finalizada antes de finales de 2026.

Incertidumbre doble para las empresas auxiliares

“Sabemos que fuera no hay trabajo. Si al menos tuviéramos el alivio de que si nos echan de aquí podemos irnos a otro sitio, pero es que realmente sabemos que fuera no tenemos nada todavía”, lamenta Teresa Alcantud, delegada sindical de CCOO en CTC, una de las empresas auxiliares de Sabic.

La incertidumbre se hace doble en el caso de las empresas auxiliares. Casi 30 compañías prestan servicio a la multinacional saudí en Cartagena, aglutinando a más de 2.000 trabajadores: “En mi caso estamos mi marido y yo. Él va a cumplir 57 años y yo tengo 55. En mi empresa un 20% tenemos esta edad”, explica. Si su empresa cae junto a Sabic, de un día para otro se quedarán sin ingresos.

“Estamos muy asustados. Al principio [antes de que se anunciase el cierre de Sabic] oímos rumores, pero no los tomamos muy en serio. Ahora tenemos el miedo dentro del cuerpo”, describe la trabajadora.

De acuerdo con Alcantud, los trabajadores de las empresas auxiliares están viviendo este proceso a ciegas, y con temores a no recibir las mismas coberturas sociales que los trabajadores de Sabic: “Mi empresa supuestamente no tiene de momento ninguna información, por lo que no hemos podido hablar con ellos. Sabic aún no les ha trasladado el cierre”, abunda.

“El tiempo corre. Uno está trabajando, sigue siendo un profesional y sigue estando aquí a muerte. Pero imagínate la cabeza donde la tenemos, entre Pinto y Valdemoro. Necesitamos que se pronuncien seriamente y digan que esto es lo que hay”, urge.

El comercio de La Aljorra, en una incógnita

Lexan 1 está afincada en La Aljorra, una diputación de más de 4.000 habitantes dependiente de Cartagena. A su alrededor, el infinito paisaje agrícola se ve interrumpido por naves industriales. Al fondo, como un telón, se extiende la planta de Sabic. Desde la carretera se pueden ver a tres jornaleros tratando de remolcar un coche del barro, rodeados de coliflores.

Dentro de La Aljorra, en el centro cívico, se siguen despachando cafés, pero menos: “Ya no vemos a las de la ETT”, explica una mujer fumando en la terraza. Ella y su amiga acaban de llegar, relevando a una mesa repleta de señores de sonrisa cuarteada y ojos brillantes. “Tenemos amigos trabajando en las auxiliares. Nos dicen que no saben si los van a despedir o no, que tienen mucho miedo”, abunda la otra mujer.

“Las empresas cuando le ven las orejas al lobo lo primero que hacen es echar a gente. Eso impacta aquí en el pueblo. La industria auxiliar aquí deja dinero”, apunta Ángel, vecino de la zona. “Tenemos un local que abre solo para dar los desayunos, no abre el resto del día. Ellos tendrán que cerrar”, vaticina.

Son casi las tres de la tarde, pero el comedor del restaurante de Patricia está vacío con la salvedad de dos trabajadores de la planta en la barra: “Los autónomos lo vamos a notar. Tenemos pagamentas, en enero como siempre sube todo y si encima perdemos clientes, no se puede”.

“Ha bajado bastante la cosa. Aquí servimos menú diario, normalmente unos 15 o 20. Miras como está ahora [la sala], hace un mes o así a esta hora estaba corriendo de un lado para otro para poner los postres”, describe Celia, su empleada. “El cierre nos va a afectar a todos nosotros, a la gasolinera, los supermercados, a todo el mundo”, abunda Patricia.

“Este sábado vamos a hacer un concierto, para ver si atraemos a la gente de la zona. Haremos también un menú especial para el Día de los Enamorados. Si desaparece una parte de la clientela, tendremos que fomentar la otra”, detalla Celia.

“Soy amiga de ellos, los conozco muchísimos años prácticamente a todos. Llevan muchos años trabajando ahí [los empleados de Sabic], y ahora los quieren echar con una mano delante y una detrás. Igual que ellos han dado la cara por esa empresa tantos años, lo normal es que la empresa de la cara ahora por ellos”, razona Patricia.

“Al final haces familia, ¿sabes? Se les coge aprecio, vienen, te cuentan y tú les escuchas”, explica Marisa en el bar de al lado. La joven abrió el negocio hace un año junto a su pareja: “Ya no se trata del gasto que puedan hacer aquí, es el que se ausenten. El bar está triste. Muchos siguen viniendo, a lo mejor salen de la huelga o vienen a verte simplemente a tomarse algo. Yo no pierdo la esperanza”.

Sus hornos no paraban ni siquiera en las huelgas más cruentas que sufría la empresa, sus sanitarios eran conocidos en toda España y su nombre, llevado en la boca de sus obreros con orgullo. De todo eso hace ya años. A día de hoy, la firma de sanitarios Roca explota sus mismos terrenos en operaciones inmobiliarias y urbanísticas. Así sucede con la factoría de Roca en Alcalá de Henares (Madrid), donde la fabricación llegó totalmente a su fin poco después de 2022. En ella tan solo quedan 75 trabajadores y dos cigüeñas que coronan la planta, justo al lado de un reloj parado hace años a las 12:05 horas.

La compañía y el Ayuntamiento complutense han presentado un “ecobarrio” con hasta 3.000 nuevas viviendas y equipamientos públicos que ocuparán los casi 210.000 metros cuadrados sin edificar en el centro de la ciudad que un día fueron testigos de una producción sinigual. Atrás queda una larga genealogía de lucha y compromiso que comenzó en 1961, cuando la empresa catalana nacida en 1917 y con sede fundacional en Gavá-Viladecans (Barcelona) llegó a este municipio madrileño.

La factoría de Roca en Alcalá de Henares fue la primera oportunidad para familias llegadas de toda España de poder cobrar al final de mes sin mirar cada día de tajo al cielo. Dejaron el campo por el trabajo duro de los hornos. Eugenio Algar llegó con nueve años a la ciudad complutense. Nació en 1955, en Noalejo, un pueblo de Huelva. Cuando entró con 16 años como aprendiz, en febrero de 1970, los mayores les llamaban “los pinches”. Entre esos mayores se encontraba su padre, quien también ingresó en las filas de Roca al abrazar Alcalá como lugar de residencia.

“Era todo trabajo manual, duro y peligroso. No se había mecanizado nada todavía. Decíamos que entraba barro y salía oro”, relata a elDiario.es Algar a sus 70 años. Todo se hacía con sus manos callosas de trabajar el material a altas temperaturas. Elaboraban hasta 11.000 piezas diarias. “El inspector sabía si una pieza estaba bien finalizada por el sonido que producía al golpearla con un martillo de madera”, ilustra este veterano.

Una constante de lucha obrera

Los hornos nunca se apagaban, ni siquiera en las grandes huelgas que la plantilla protagonizó aquellos años 70, en los que parecía que una nueva España podía amanecer. Los primeros paros ya tenían claras entre sus reivindicaciones que, a cuanto menor salario, mayor incremento había que luchar. “Pedíamos una subida lineal de 4.000 pesetas. Había mucha diferencia entre los salarios de los obreros de producción y los mandos intermedios. Si hubiera sido porcentual, ellos hubieran ganado mucho más que nosotros”, ejemplifica el mismo Algar retrotrayéndose a una de esas luchas.

La conflictividad se alargaba durante semanas en las que unos pocos y agazapados esquiroles conseguían entrar en la factoría. “Eso era algo problemático y muy desagradable, pero conseguimos aguantar mucho tiempo”, comenta. Para los huelguistas que lo necesitaran existía una caja de resistencia fraguada con la solidaridad de la ciudadanía alcalaína, nunca ajena a los conflictos laborales en una de sus más grandes industrias, y articulada gracias al tesón de las mujeres de los obreros.

Las asambleas se desarrollaban en la conocida como Pista Florida del Parque O’Donnell, a escasos metros de las naves de Roca. “Había detenidos. Nos juntábamos en las puertas de la fábrica, venían los grises y daban palos, y a algunos se los llevaban a los calabozos”, concretiza este onubense.

La mayor huelga se vivió en los cuatro centros que Roca tenía en España, del 12 de noviembre de 1976 al 15 de junio de 1977. Se levantaron en lucha Gavà-Viladecans (Barcelona), Sabadell (Barcelona), Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Alcalá de Henares. Miles de trabajadores se sumaron al paro para conquistar mejoras laborales, tal y como se explica en ‘Asalto a la fábrica. Luchas autónomas y reestructuración capitalista 1960-1990’ (Alikornio, 2002). Lo mismo sucedería en la planta madrileña casi 40 años después, con el llamado Campamento La Esperanza, en el que resistieron todo lo que pudieron los trabajadores de Roca para impedir el primero de los últimos grandes despidos de la factoría. 

Una fuerte sindicación 

Vladimiro Pastor es otra de las miles de personas que pasaron por las instalaciones de Roca en Alcalá, donde también se deslomó su padre. Formado en Magisterio, a los 23 años entró por primera vez en la fábrica. Ahora tiene 61 y en su voz amargan templados viejos recuerdos de compañerismo y sacrificio en el trabajo. “Las bañeras que hacíamos aquí eran de hierro fundido, no de chapa. Era increíble. Cuando entrabas ahí y veías a tanta gente... Joder, pensabas en dónde te estabas metiendo”, rememora.

Este alcalaíno de nacimiento, aunque residente actual de Pioz, siempre estuvo en la sección de bañeras, la mayor parte del tiempo esmaltando. “La gente mayor nos acogía con mucho cariño. Era un compañerismo especial”, añade. Atrás quedaron aquellas jornadas de ocho horas que comenzaban a las 6.00, 14.00 o 22.00 horas, con 20 minutos de descanso para el bocadillo. Horas en las que era fácil asarte del calor en la fundición y la esmaltería, y congelarte de frío en la desbarbadora. “Teníamos estufas hechas ya por los mayores que se encendían con el carbón de la fundición”, apunta.

La fábrica de Roca en la ciudad que vio nacer a Cervantes llegó a ser el cobijo de millares de obreros que en ella encontraron un modo de labrarse el futuro a base del trabajo a destajo. El centro de trabajo llegó a cosechar un 90% de sindicación por parte de la plantilla, lo que hizo que nunca se llegara a bajar el salario y las condiciones siempre estuvieran estipuladas en un convenio propio. Esto lo cuenta Pastor, quien integró la representación de los trabajadores durante 18 años, hasta que atravesó las puertas de Roca por última vez tras incluir su nombre en un ERE hace tres años.

Perdió su esencia: “Los obreros ya no importábamos como antes”

Algar duda en qué año Roca Alcalá de Henares perdió su esencia. “En un tiempo, se convirtió en una marca. Los obreros ya no importábamos como antes”, critica. En su memoria revolotean algunos pasajes de este clasismo: “El aparcamiento estaba reservado para mandos intermedios y oficinistas, no para quien se pringaba en la factoría. Era una imagen muy fea esa”. Sin dudarlo, este septuagenario afirma que “nunca tendrá la Roca actual en ninguna parte del mundo trabajadores como aquellos”.

Fueron trabajadores como aquellos quienes gozaron de otra Roca, en la que se llegó a disfrutar de una biblioteca, sala de juegos, club social, campo de tenis, equipo de fútbol y, sobre todo, bar con terraza, archiconocido por los alcalaínos, el Bar Chorrillo. “Había campeonatos de tenis entre los trabajadores de Roca, y hasta equipo de fútbol. Al final lo quitaron porque si alguien se lesionaba no sabían si era un accidente laboral o no”, precisa el mismo Algar antes de soltar una risotada. También había un economato en la calle Torrelaguna. “Mis padres compraban allí de todo con el carnet de Roca”, abunda Pastor.

El declive paulatino

Juan Ángel Lucas Carreras también ha vivido el declive de Roca. Entró en 1989, cuando trabajaban unos 1.200 obreros en la planta, y todavía recuerda sus primeras sensaciones. “Ver aquello era ver a gente trabajando hasta en el último rincón de las naves. Luego vino la decadencia, cuando se empezaron a llevar piezas a otros centros”, asegura. Sitúa en 1997 el primer revés para la plantilla, justo con la mecanización de la producción. “Invirtieron en maquinaria y ahorraron mucha mano de obra y espacio, así que ahí se dio la primera oleada de despidos”, agrega. La de Alcalá llegó a ser la factoría de Roca más tecnificada de todas las del grupo.

Las ganancias aumentaron y la producción se expandió por países como Bulgaria, Egipto, Portugal, India y Croacia. La crisis económica ligada al ladrillo de 2008 fue “la excusa perfecta”, opina el propio Carreras, para acometer los despidos masivos de los empleados más mayores. “Parte de nuestra producción ni siquiera era para España, pero les sirvió para justificarlo ante la Administración”, critica.

La llama de la resistencia: Campamento La Esperanza

Manuel García es militante de CC.OO. y el actual presidente del comité de empresa de Roca, y también se retrotrae a 2008 para explicar la venida a menos, ya casi nada, de lo que fue esta compañía para Alcalá de Henares. Tras un ERE voluntario, dos años después la compañía despidió a 713 personas de sus tres centros: Gavà-Viladecans, Alcalá de Guadaira y Alcalá de Henares. La fábrica madrileña se quedó con unos 600 obreros en la plantilla.

Años después, el anuncio del cierre de la porcelana en la ciudad complutense auguró unas navidades turbulentas. El 18 de diciembre de 2012, Roca comunicó al comité que cerraría esta sección al año siguiente y presentó un ERE para 258 trabajadores. Respondieron acampando frente a la fábrica. Se llamó Campamento La Esperanza y resistió al frío con el calor de la solidaridad obrera durante tres meses. Nada paró a la patronal. Varias idas y venidas, tribunales mediante, el comité y la empresa llegaron a un acuerdo.

Los pocos trabajadores que quedaron pasaron a fundición, donde se realizaban las bañeras. La invasión en 2022 de Ucrania por parte de Rusia, a donde iban a parar muchas de estas bañeras, y las sanciones de la UE fueron la última estocada. A día de hoy, en Roca Alcalá hay 75 trabajadores. Cuatro decenas desarrollan sus funciones en el almacén. El resto trabajan para el Grupo Roca, asentado en Barcelona. La marca asegura a elDiario.es que mantendrá el empleo de estos trabajadores una vez cierre la planta.

El “ecobarrio” se abre paso

Los terrenos de la factoría de Roca en esta ciudad madrileña Patrimonio Mundial de la Humanidad constituyen la única finca de esas dimensiones sin edificar en el centro del municipio, contiguos a uno de sus mayores pulmones verdes, el Parque O’Donnell, y frente a las murallas históricas que circundan gran parte del casco histórico. Hace dos meses, la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, presentó el futuro del recinto como un “ecobarrio” con hasta 3.000 nuevas viviendas. “El proyecto urbano más importante de las últimas décadas” en la ciudad, afirmó.

El proyecto es calcado a lo que Roca ya lleva a cabo en Gavà-Viladecans. En el caso de Alcalá, recoge más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes integradas con el mencionado parque y un corredor verde paralelo a las vías del tren. El proyecto viene acompañado por amplias zonas peatonales, nuevos espacios estanciales, una zona comercial y un aparcamiento de 400 plazas orientado a mejorar el acceso y la movilidad en el entorno del centro histórico, tal y como recogió el Ayuntamiento complutense en una nota de prensa. La actuación incluye, además, un edificio multiusos para congresos, ferias, cultura y eventos empresariales.

“Se acaba la industria en la ciudad”

“Cuando todavía paso por esos terrenos, lo que pienso es todo lo que he sudado yo ahí”, cuenta con cierta añoranza Pastor, quien estuvo 35 años en la empresa. Sin embargo, la pena es la emoción que más acompaña a este trabajador, al pensar en una compañía que lo tuvo todo y externalizó la producción para aumentar sus beneficios, con cientos de despidos.

Carreras, por su parte, siente “nostalgia de una lucha dura” al ver el espacio que ocupó el Campamento La Esperanza, pero también “rabia” si mira hacia el futuro. “La última sorpresa es que Roca va a ser la promotora del nuevo barrio. Ya no les importa la industria en España, ahora tienen otros objetivos”, considera. Él salió de la empresa en 2022 y hasta entonces formó parte del comité. “Roca ha recibido subvenciones millonarias por estas instalaciones que se han llevado a otros países. Aquí se han quedado cuatro hierros y las estructuras de hormigón”, comenta. Tras varios intentos, Roca no ha permitido a elDiario.es visitar la factoría junto a algunos de sus antiguos trabajadores.

Sin embargo, la firma asegura que no tiene “vocación de promotora inmobiliaria”. Se definen más como “impulsora de tramitación urbanística”, una figura que le permite “supervisar el proyecto que devolverá la vida al recinto junto al casco histórico, y transformarlo en un barrio conectado y sostenible”, en sus términos. Y añaden: “Se trata de una nueva manera de hacer ciudad y de seguir vinculados a este municipio”.

A día de hoy, el Grupo Roca posee 16 fábricas en América, 38 en Europa, 7 en África, 17 en Asia y una en Oceanía. En términos de capacidad de producción, los grandes volúmenes se concentran sobre todo en Brasil e India, mercados con gran población y en los que la producción se destina, casi en su totalidad, a los mercados locales, especifican.

Algar, a quien no le gusta la idea del nuevo “ecobarrio”, considera que Roca todavía puede hacer algo por la ciudadanía. “La factoría tiene unos sótanos tremendos, altos y muy resistentes, porque por encima pasaban carretillas con muchísimo peso. Eso podría ser un aparcamiento público subterráneo y gratuito para todos los alcalaínos”, propone.

García no esconde sus lágrimas al pensar en el futuro de este espacio en pleno centro de Alcalá. “Se acaba la industria en la ciudad, y eso que fue una insignia en todo el Corredor del Henares. A mí me han crecido los dientes aquí, laboralmente hablando. Ahora tienen casi 80 factorías en los cinco continentes, pero todo lo que son lo son gracias a las de Gavà-Viladecans y las dos Alcalás, y nos lo agradecen así”, concluye. Dentro de un tiempo, aquí no quedarán ni las dos cigüeñas que decidieron aposentar su nido junto al reloj que ya solo marca un pasado imposible de recuperar.

CCOO Industria ha rechazado “categóricamente” las declaraciones del secretario general de UGT FICA, sobre la situación de las personas trabajadoras de la fábrica de butacas Euro Seating de Eezcaray, calificándolas de “lamentables y denunciables”. CCOO defiende que sus representantes han sido elegidos mediante un “proceso electoral democrático y transparente, nacido de la base afiliativa de la empresa”. “Jamás pedimos a la dirección de ninguna empresa que nos ponga candidatos, ¿Igual lo dicen porque otros sí que lo hacen?”, afirma la organización con ironía, desmintiendo así cualquier complicidad con la dirección de Euroseating.

Respecto a los procesos judiciales abiertos por el plus de transporte y la paga del convenio, CCOO aclara que es parte activa del proceso. Si bien sus delegados no encabezaron la demanda inicial, fue por una “decisión estratégica”: “al ser UGT quien lideraba las negociaciones previas al proceso electoral, CCOO optó por sumarse a la demanda de estos para no entorpecer la defensa técnica, dada la mayor veteranía de UGT en ese conflicto específico”, explican.

Asimismo, CCOO Industria confirma que mantuvo reuniones de mediación con la empresa para intentar aplicar el plus de transporte de forma inmediata, propuesta que la dirección declinó a la espera de la resolución judicial. En relación a las informaciones que apuntan a supuestas firmas de documentos bajo presión en la plantilla, CCOO Industria es tajante: “La Federación desconocía estas prácticas y se desmarca de cualquier acción que no nazca del diálogo y el debate libre”.

El sindicato asegura ademñas que “jamás será cómplice de medidas tomadas bajo amenazas, coacción o sugerencia de consecuencias negativas”, independientemente de si el fin es favorecer a la empresa o desmentir situaciones.

Por otro lado, CCOO Industria lamenta la suspensión de la reunión prevista con la empresa el pasado día 30 y advierte que el actual cruce de acusaciones solo sirve para “crispar a la plantilla y desprestigiar a la compañía”.

Por ello, la Federación se pone a disposición de UGT FICA y de la dirección de la empresa para mantener una reunión urgente entre todas las partes. El objetivo es, según dicen, “buscar una solución conjunta, evitar coacciones y garantizar que cualquier proceso de valoración de la plantilla se realice con total libertad y transparencia”.

UGT se reafirma en todas sus denuncias

Por su parte, UGT FICA La Rioja, ha respondido a las declaraciones de CCOO a través de un comunicado en el que se reafirma en todas y cada una de las denuncias públicas realizadas en torno a la situación de la empresa, así como en las demandas presentadas judicialmente.

UGT FICA asegura que desconoce si CCOO Industria tiene o no conocimiento de lo que este delegado está haciendo en la empresa; “no obstante, si la propia CCOO Industria reconoce no tener ni constancia del documento que se hizo firmar a los trabajadores por parte de su delegado, es probable que éste haya actuado a espaldas de CCOO y su Federación de Industria”, añaden. Es por ello que UGT FICA ha informado esta misma tarde al secretario general de la Federación de Industria de CCOO sobre los detalles del conflicto.

Por último, UGT ha invitado a CCOO a denunciar aquello que considere o, de lo contrario, sugiere que se desvincule de las prácticas de este delegado concretamente, ya que éstas “sólo manchan la labor sindical y escaso favor hacen a los trabajadores a los que debería representar”. Todo ello, añaden, “sin merma de la acción sindical conjunta que las Federaciones de Industria de CCOO y de UGT desarrollan con éxito en otros centros de trabajo”.

El Ayuntamiento de Gijón ha presentado este miércoles la nueva señalización de fábricas y empresas históricas de la ciudad, actuación que se enmarca en el 'Proyecto Memoria' que busca preservar y difundir la memoria social, urbana e industrial.

A través de un comunicado, la Fundación Municipal de Cultura ha explicado que las placas que hoy se han instalado sustituyen a las colocadas en 2016, cuando, con motivo de la exposición 'Gijón oeste, una memoria industrial', se señalizaron por primera vez las ubicaciones de numerosas fábricas y empresas históricas.

Código QR

Estas nuevas placas, realizadas en materiales más resistentes y visibles, incorporan, además, un código QR que permite acceder a información ampliada en la web municipal del proyecto.

La Algodonera de Gijón, Avello-Puch-Suzuki, La Cerillera, Crady, Cristasa, La Estrella de Gijón, Conservas La Gloria, La Harinera, la Fábrica de Loza, la Fábrica de Moreda, Astilleros Riera, La Sombrerera y Litografía Viña son las fábricas y empresas que se han señalizado de nuevo.

Las obras actuales en el edificio de Gijón Fabril, que aún se mantiene en pie, y las de demolición de La Cordelera, retrasarán la instalación de sus placas hasta su conclusión.

La desaparecida Compañía de Maderas de Bilbao, situada en el solar donde hoy se erige el museo Guggenheim, es considerada como la primera “víctima” del llamado efecto Guggenheim, símbolo del radical proceso de transformación postindustrial que alteró profundamente el paisaje y la identidad del Bilbao metropolitano. Decenas de obras de artistas han reflejado el fin de aquella arquitectura industrial en Euskadi como por ejemplo Eduardo Sourrouille, que en su obra Yo estuve allí (1993), fotografió a varios personajes enmascarados entre las ruinas del edificio poco antes de su demolición, en un gesto de despedida y reivindicación de la memoria del lugar o Juan Carlos Eguillor, crítico con la desindustrialización, que convirtió la chimenea de la Compañía en un motivo recurrente y simbólico de su obra. En su dibujo Bilbao, representa una figura vestida con placas de titanio —en alusión al Guggenheim— y cabeza de chimenea, que abraza un libro también titulado Bilbao, como metáfora de la identidad ambigua y contradictoria de la ciudad.

Otro de los artistas que reflejaron la desaparecía compañía en sus obras fue Jesús María Lazkano, en Compañía de Maderas (1990). Paradójicamente, la pintura fue adquirida por el propio Museo Guggenheim Bilbao, de modo que la memoria de la Compañía de Maderas permanece, literal y simbólicamente, en el mismo espacio que ocupó. Así, el arte logra mantener viva la memoria de un patrimonio desaparecido, integrándola en el nuevo relato cultural del Bilbao postindustrial.

Ahora, esas obras forman parte de la exposición ARS EX INDUSTRIA, el arte como espejo de la cultura y el patrimonio industrial vascos, una muestra colectiva de arte contemporáneo que rinde homenaje a la huella de la industrialización vasca a través de la creación artística. La exposición, disponible en Itsasmuseum hasta el próximo 26 de abril, recoge 36 obras de artistas que, desde los años 80 hasta hoy, han trabajado desde y sobre lo industrial. “Pinturas, esculturas, fotografías, dibujos e instalaciones audiovisuales componen un recorrido visual que no ilustra la historia, sino que la interpela, la transforma y la proyecta desde la sensibilidad artística. Lenguajes, técnicas y miradas diversas dialogan con el hecho industrial como inspiración, como herida, como paisaje, como símbolo o como relato compartido”, explican los impulsores de la muestra, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP), que nació hace 40 años con el objetivo de “preservar, estudiar y reivindicar el patrimonio industrial vasco como una parte esencial de nuestra identidad colectiva”.

“La Asociación nació en un contexto en el que las chimeneas comenzaban a apagarse, las fábricas se cerraban y el silencio empezaba a cubrir espacios que durante décadas habían marcado el ritmo vital, económico y social de Euskadi. Hoy, ese trabajo incansable por custodiar fábricas, máquinas, puentes, planos, voces y vivencias se ha convertido en una fuente poderosa de conocimiento, identidad… y también de inspiración artística. La industria no solo forjó estructuras de acero, ladrillo y cemento: también forjó cultura. Dio lugar a valores, estéticas, memorias familiares, formas de resistencia y comunidades en transformación. Esta exposición es también un homenaje a esa dimensión intangible, a la memoria sensible de la industrialización, esa que pervive en la obra de quienes han hecho del arte un espejo de nuestra historia reciente”, sostienen.

La exposición, comisariada por el doctor en Bellas Artes Alberto Salcedo Fernández, se divide en distintas fases, una de ellas centrada en el factor humano, en aquellos hombres y mujeres que sostuvieron la industria vasca con su trabajo y su lucha colectiva, buscando mejorar las condiciones de vida y los derechos sociales que hoy son heredamos. “También se aborda la convivencia cotidiana entre lo industrial y lo urbano en aquellas poblaciones donde la frontera entre fábrica y ciudad se desdibujaba. La fábrica se convertía así en una vecina más, un elemento inseparable del paisaje cotidiano, dando lugar a las llamadas ”ciudades-fábrica“, territorios híbridos en los que lo fabril y lo urbano se entretejían de forma natural”, explican desde AVPIOP.

Ejemplo de ello son las obras Sin título (1986) de Agustín Ibarrola, Familia y grúas (2004) de Iñaki Izquierdo, perteneciente a su proyecto Fin de una cultura industrial, y Compañeros de hierro (1995) de Fidel Raso, dentro del proyecto Semillas de hierro, junto con las piezas de Jesús Ángel Miranda y Juantxu Rodríguez, conforman este relato visual de la sociedad industrial. “Mientras Ibarrola y Raso nos introducen en el universo obrero, Miranda, Rodríguez e Izquierdo retratan la vida industrial desde su más pura cotidianidad”, detallan. En este sentido, las obras, en su gran parte fotografías de aquellos trabajadores, muestran el crudo día a día, pero también el ocio tras el trabajo.

El probablemente símbolo más importante de aquella industrialización fue la fábrica, y así lo expresa la exposición. “La fábrica, núcleo simbólico de la industrialización vasca, se presenta en esta intrahistoria no solo como vestigio material de una época, sino como un espacio de reflexión sobre el progreso, la memoria y la transformación del territorio. Las grandes arquitecturas fabriles fueron verdaderas ”catedrales de la modernidad“ en las que confluyeron técnica, arquitectura y vida obrera. En el País Vasco, aunque el territorio estuvo salpicado de infinidad de instalaciones fabriles, los principales focos donde se concentraron fueron: los márgenes de la Ría del Nervión, la comarca del Bidasoa o la Llanada Alavesa. Las fábricas fueron, además de motores económicos, espacios de sociabilidad, creación y resistencia colectiva. En ellas se forjaron saberes técnicos, relaciones sociales y luchas colectivas que lograron las grandes conquistas sociales del siglo XX. Hoy, en un contexto postindustrial, aquellas estructuras de hierro y hormigón se han transformado en lugares de memoria, símbolos de una identidad colectiva que la AVPIOP se esfuerza por preservar y reinterpretar”, reconocen.

Las obras que ponen la fábrica como gran protagonista son Altos Hornos de Vizcaya (2024) de Vinicius Libardoni, Bilbao, Zorroza (1993) de Carlos Cánovas, Heavy Metal de Juan Carlos Eguillor, Paisajes en la memoria (1987) de Santiago Yaniz, Mineros del mar (2016) de Ana Olías, Marcial Ucín Azpeitia (2000) de Xabier Otero y Opus I y Opus II (1994) de Joan Fontcuberta. Todas ellas abordan, desde lenguajes diversos, la fábrica como metáfora del paso del tiempo, la obsolescencia y la persistencia.

Más allá de las pinturas, dibujos y fotografías la exposición también aborda proyectos audiovisuales, creados para responder a la pregunta: ¿Dónde están las fábricas que cerraron? Se trata de las obras Aires de cambio (2001-2002) de Itxaso Díaz y Fabrika(k) (2019) de Igor Rezola. En el caso de Díaz, realiza un riguroso trabajo de investigación etnográfica y rescata los testimonios de vecinos y vecinas de Gallarta, así como de mineros que trabajaban en las minas de hierro de los montes encartados, justo cuando el cierre de las explotaciones vizcaínas se había vuelto irreversible. Su obra funciona como una correa de transmisión intergeneracional de memoria inmaterial, preservando relatos sobre la vida cotidiana en entornos altamente industrializados y la dureza del trabajo en la mina, evitando que estas experiencias se pierdan para siempre.

Mientras Rezola, por su parte, se centra en la deslocalización de los centros de producción industrial, trasladados desde los países occidentales a naciones en vías de desarrollo, principalmente en Asia. El artista reflexiona sobre el impacto que la muerte simbólica y física de la fábrica ha tenido en la sociedad vasca, cuestionando las consecuencias sociales y económicas de este traslado globalizado del trabajo industrial. “Ambos trabajos, desde perspectivas diferentes, nos interpelan para pensar sobre los efectos de la rápida transformación postindustrial y el cambio del modelo socioeconómico en Euskadi. Mientras Díaz nos conecta con la memoria y la experiencia vivida, Rezola nos invita a mirar críticamente las dinámicas contemporáneas de la producción y sus consecuencias en la comunidad. Juntas, estas piezas conforman una reflexión profunda sobre la memoria industrial, la pérdida de la fábrica y sus implicaciones sociales”, sostienen los organizadores de la muestra.

La exposición también reune las obras importantes de grandes esqueletos de la industria como la central nuclear de Lemoiz o la historia de los astilleros desaparecidos como Astilleros Euskalduna, Astilleros de la Sociedad Española de Construcción Naval, Astilleros Luzuriaga o más recientemente La Naval. En el primer caso, el de la central nuclear, se muestran fotografías de lo que quedó de ella y su paisaje realizadas por los artistas Marisa González y Mikel Alonso mientras que en el segundo caso, Mikel Alonso, Mikel Zalbidea, Alfonso Batalla, Javier Riaño y Rafael Paz muestran el desmantelamiento de los astilleros y llevan al público al interior de ellos.

La compañía de electrodomésticos Cata negocia con los sindicatos el cese de la fabricación en Torelló (Barcelona), donde está su sede desde hace más de 75 años, y el traslado de la producción a una de las tres fábricas que tiene en China. La empresa estima que la medida afectará a entre el 20% y el 30% de la plantilla, que está compuesta por 125 trabajadores. El diseño, la I+D y la actividad comercial seguirán en Torelló.

La empresa, que pertenece a CNA Group, propietario también de otras marcas como Edesa y Nodor, ha explicado en un comunicado que la medida responde a causas organizativas y productivas, “derivadas de la necesidad de adaptar la estructura, los costes de fabricación y logísticos a un entorno de competencia global y nuevas dinámicas del mercado internacional buscando reforzar su competitividad”.

Cata se ha comprometido con los representantes de los trabajadores a “afrontar este proceso de forma ordenada y negociada, buscando alcanzar el mejor acuerdo posible para las partes, tratando de preservar el mayor número de puestos de trabajo vinculados a la innovación, rasgo que nos debe diferenciar en el desarrollo global del grupo”, según ha declarado el presidente ejecutivo de la empresa, Santiago Torent.

La empresa cerró 2024 con unas pérdidas de 26.000 euros, frente a un beneficio de casi un millón de euros registrado en 2022. Ese fue su mejor año en ventas, al ingresar casi 93 millones de euros, frente a los 88,3 millones de facturación de 2024, según la información recogida por Insight View a partir de los datos del Registro Mercantil.

Con todo, el beneficio de explotación ha crecido en estos dos años, al pasar de un millón de euros a 2,5 millones, mientras que los gastos de personal han bajado ligeramente, hasta los 7,6 millones de euros.

Fundada en 1947 en Torelló como fabricante de molinillos de café y otros pequeños electrodomésticos, Cata cuenta hoy con una amplia presencia en el segmento de grandes electrodomésticos de cocina, como campanas, encimeras de gas, inducción y vitrocerámica, hornos, microondas, frigoríficos, y lavavajillas, entre otros.

Cata pertenece a CNA Group, que está compuesto por otras tres marcas, Edesa, Nodor y Apelson. Tiene sedes internacionales en Hong Kong, China, Reino Unido y Portugal. Emplea a más de 600 trabajadores y a 30 ingenieros, fabrica componentes y electrodomésticos en tres continentes y sus productos están presentes en más de 107 países.

Un trabajador de 50 años ha fallecido esta mañana en un accidente laboral en una empresa del polígono El Sequero de Arrúbal. El accidente ocurrió hacia las 22.30 horas y la víctima quedó atrapado por una puerta, provocando su muerte por aplastamiento.

El sindicato UGT ha añadido que el accidente se ha producido en una planta del grupo Alueuropa (antiguo Siproal). Según han dicho, al parecer, el hombre habría fallecido al quedar atrapado por la puerta horizontal corredera de las instalaciones, que cayó tras salirse de su guía, probablemente por “la ausencia de la pieza que bloquea su movimiento”. 

La Guardia Civil investiga las causa del accidente laboral y el cadáver ha sido trasladado para practicarle la autopsia. Este es el séptimo fallecido por accidente laboral en lo que va de año en La Rioja.

El sindicato CCOO ya ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas en la puerta del sindicato en Logroño por el trabajador fallecido. También UGT ha convocado una concentración, en este caso el jueves 30 de octubre a las 11 horas en su sede de Logroño.

La empresa Bridgestone ha iniciado este miércoles el desarrollo de un Plan de Revitalización para el entorno de su planta en Puente San Miguel, una herramienta que busca dinamizar la economía local, fomentar la creación de empleo y promover un desarrollo industrial sostenible en la comarca del Besaya tras su ERE (Expediente de Regulación de Empleo).

Y es que el despliegue de este plan, que también se ha puesto en marcha desde julio en la fábrica de la compañía en Basauri (Bizkaia), fue una de las medidas recogidas en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos en la negociación del ERE, que supuso 188 despidos en Puente San Miguel y 232 en la fábrica vasca. Precisamente, el objetivo de esta 'revitalización' es que los trabajadores que resultaron afectados encuentren una alternativa laboral lo antes posible.

Con este fin, la Cámara de Comercio de Torrelavega ha sido este miércoles el escenario donde se ha constituido oficialmente la Mesa de Revitalización para el desarrollo de este plan, integrada por representantes del Ministerio de Industria y Turismo; la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria; la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN); los ayuntamientos de Reocín y Torrelavega; CEOE-CEPYME: la propia Cámara y los sindicatos firmantes del ERE: CCOO, UGT y BUB.

La empresa LHH, perteneciente al Grupo Adecco, será la encargada de coordinar el Plan de Revitalización que durará dos años, de modo que las reuniones entre administraciones, representantes empresariales y agentes sociales tendrán continuidad tras esta primera toma de contacto para analizar la situación.

Así, durante los próximos meses se desarrollarán acciones concretas orientadas a atraer inversión, impulsar el emprendimiento, apoyar el crecimiento empresarial y presentar nuevas oportunidades de desarrollo.

El concejal de Industria de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha explicado en declaraciones a los medios antes del comienzo de la primera reunión de la mesa que la “voz cantante” en este proceso la llevará LHH y las administraciones se pondrán “a su disposición para lo que puedan necesitar”.

El modelo a aplicar será en mismo que el elaborado en Basauri, aunque se adaptará a la situación de la comarca. “Ahora estamos teniendo un mercado laboral pujante en Torrelavega que está favoreciendo la contratación de muchos de los trabajadores de nuestro entorno”, ha valorado el edil, junto al que han participado en el encuentro el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, o el presidente del comité de Bridgestone Puente San Miguel, Álvaro Castillo.

El pleno de la Corporación municipal de Puertollano (Ciudad Real), reunido este jueves 24 de julio en sesión extraordinaria, ha aprobado la adjudicación de una parcela del polígono industrial La Nava III a la compañía de origen chino Arctech para la construcción de un campo de pruebas fotovoltaico experimental en el que desarrollará proyectos piloto vinculados a la fabricación de placas fotovoltaicas para viviendas prefabricadas y aparatos de limpieza para paneles solares.

Según ha detallado la concejala de empresas, María Castellanos, la compañía se ha interesado en esta parcela, situada al lado del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos y de Concentración ISFOC, institución con la que pretende establecer líneas de colaboración.

Se trata de la misma parcela adjudicada en su momento a la empresa Rai Investments SLU, vinculada de RIC Energy, grupo que ha desistido en el desarrollo de una planta de producción de hidrógeno verde.

Arctech invertirá en Puertollano 1,1 millones de euros y prevé la creación de nueve puestos de trabajo.

Precisamente esta circunstancia es la que ha motivado la abstención del grupo municipal de Izquierda Unida.

Su portavoz, Jesús Manchón, ha advertido de que la adjudicación no cumple con el requisito de un ratio de un puesto de trabajo por cada 1.500 metros adjudicados a la empresa.

PP y Vox

Esta circunstancia no supone ningún obstáculo para los grupos municipales de PP y Vox.

Tanto María Castellanos como el portavoz de Vox, Félix Canal, han esgrimido un informe técnico en el que se abre la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda aprobar la adjudicación de suelo a proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de Puertollano, al margen de esa puntuación mínima.

De su lado, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Manuel Sánchez, ha expresado su acuerdo con la adjudicación del terreno en lo que ha considerado un “voto de confianza”, aunque también ha advertido de que no se llega al ratio exigido.

Convenio del bosque

De otro lado, el pleno de la Corporación ha aprobado la modificación del convenio de financiación con la Consejería de Fomento y la Diputación Provincial para la remodelación del Paseo del Bosque.

Precisamente este punto del orden del día ha motivado la convocatoria extraordinaria, con el fin de poder remitir el documento a la Junta y que el Gobierno regional pueda aprobarlo en el último Consejo de Gobierno del mes de julio.

Las modificaciones se producen a petición de la Diputación, y afectan a detalles como la anualidad de pago del millón de euros que aporta la corporación provincial y a la gestión de los certificados de obra y su orden de pago.

Nuevos concejales socialistas

Por otra parte, el pleno ha asistido también a la toma de posesión de los tres concejales socialistas que sustituyen a Casto Sánchez Gijón, Zeyd Hijazi Quiles y Estefanía Sanz Ávila, quienes presentaron su renuncia el pasado mes.

Así, han jurado sus cargos María del Pilar Avilero Madrid, Francisco José García Sánchez y Carlos Cañizares Hernández.

Sus compañeros de corporación les han dado la bienvenida y el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, les ha deseado “acierto y responsabilidad en su tarea para contribuir al bien común de los ciudadanos de Puertollano”.

Ence Energía y Celulosa registró unas pérdidas de 6,9 millones de euros en el primer semestre del año, frente a las ganancias de 26,5 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, afectado por el descenso del precio de la celulosa y las incertidumbres arancelarias, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo papelero y energético se situó a cierre de junio en los 58 millones de euros, con un recorte del 42,5% con respecto a hace un año.

La cifra de negocios de la empresa entre enero y junio alcanzó los 379,2 millones de euros, lo que representa una caída del 15,5% frente al mismo periodo del año pasado. En el segundo trimestre, los ingresos del grupo alcanzaron los 192 millones de euros, con un incremento del 3% frente al trimestre anterior. Esta cifra se vio impulsada por un mayor volumen de ventas tanto en celulosa -con 243.000 toneladas, 12% más que en el trimestre anterior, en el que se produjo la parada de Navia-, como en el negocio de Energía -con 303 gigavatios hora (GWh), un 9% más que en el trimestre anterior- que permitieron mitigar un entorno débil de precios de venta.

Ence indicó que el precio bruto medio de la fibra corta (BHKP) en Europa fue de 1.177 dólares por tonelada entre abril y junio, frente a máximos de 1.218 dólares alcanzados en abril, y en el mes de julio se sitúa en 1.060 dólares por tonelada, por debajo del coste marginal de producción de parte de la industria.

Espera una recuperación en los precios

No obstante, la compañía estima que el proceso de restocaje debería “impulsar una recuperación de los precios una vez superadas las incertidumbres arancelarias”. En lo que respeta a la deuda financiera neta del grupo, se situó a cierre de junio en 362,5 millones de euros -incluyendo 60 millones de pasivos IFRS 16-, de los que 256 millones de euros corresponden al negocio de Celulosa y 106,5 millones de euros al de Renovables.

En lo que va de ejercicio, el grupo dirigido por Ignacio Colmenares siguió centrado en su estrategia de transformación hacia un fabricante de celulosas especiales de mayor valor añadido, sustitutivas de la fibra larga y que le posicionarán como uno de los productores más competitivos en dicho mercado. A ello se suma su apuesta por las energías renovables no convencionales, a través de nuevos desarrollos en biometano y calor industrial renovable. Asimismo, durante el segundo trimestre Ence ha logrado reducir su coste medio por tonelada de celulosa ('cash cost') hasta los 488 euros, lo que representa una mejora de 22 euros/toneladas respecto al trimestre anterior, gracias a la mejora continua de la eficiencia operativa y a las iniciativas de optimización energética.

De esta manera, las celulosas especiales continúan ganando protagonismo dentro del mix comercial de la compañía, alcanzando ya el 32% del total de ventas de Celulosa en el primer semestre, frente al 23% del primer semestre de 2024 y en el camino de su objetivo del 62% en 2028. Esta evolución refleja el firme compromiso de Ence con productos de mayor valor añadido, y se verá reforzada, en el cuarto trimestre del año, con la entrada en operación de la nueva línea de producción de celulosa fluff destinada al mercado de productos higiénicos absorbentes.

En lo que respecta al negocio Renovable, la empresa está impulsando una plataforma de biometano para alcanzar una producción de un TWh y un Ebitda de 60 millones de euros en 2030. Adicionalmente, en calor industrial renovable, se estima alcanzar una producción de 2 TWht/año y un Ebitda de 40 millones de euros en 2030.

La fábrica de sillas Sillalfaro SL, en el polígono Tambarria de la localidad de Alfaro, se incendió esta miércoles a primera hora de la mañana. Las ocho personas que se encontraban trabajando resultaron afectadas por inhalación de humo, de las que dos fueron trasladadas al Hospital de Calahorra.

El fuego se inició en torno a las 7.00 horas en la cabina de barniz y se ha extendido rápidamente por la cubierta del pabellón generando también una gran columna de humo. La empresa tiene dos naves, una de ellas colapsó totalmente y la otra parcialmente. El incendio se ha dado por controlado a las 18:43 y finalmente, se han retirado el resto de medios a las 22:52 de la noche.

Han trabajado en el incendio Bomberos del CEIS Rioja, Bomberos de Tudela, Protección Civl de Alfaro, Policía Local de Alfaro, Guardia Civil, ambulancia en preventivo y los Bomberos de Logroño, a quienes se les ha solicitado apoyo con vehículo de altura. Se ha movilizado también a Iberdrola por el riesgo de un poste eléctrico en la empresa.

El fabricante de electrodomésticos BSH ha confirmado este lunes al Gobierno de Navarra y al Ministerio de Industria en una reunión por videoconferencia el cierre de su fábrica en Esquíroz, Navarra, y el consiguiente despido de sus 660 trabajadores en la comunidad foral. La presidenta navarra, María Chivite, ha afeado a la empresa que no haya querido “flexibilizar” el plazo de cierre a la espera de que se pudiese concretar una posible compra de la planta. “No les han importado los trabajadores”, ha lamentado.

La dirección de BSH, que anunció su intención de cerrar la fábrica en Navarra a finales del 2024 alegando pérdida de competitividad en el mercado a pesar de no tener pérdidas, iniciará el 17 de junio la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a los 660 trabajadores de la planta. En total, entre empleos directos e indirectos, dependían de la fábrica unos mil puestos de trabajo.

“Le hemos trasladado nuestro desacuerdo con esta decisión”, ha señalado María Chivite, que ha asegurado que “se están trabajando proyectos industriales que pueden ser solventes” y que se habían comprometido a dar una respuesta “en unas semanas”. Por ello, ha continuado la presidenta, se había solicitado al fabricante de electrodomésticos que “flexibilizara” los plazos a la espera de obtener una respuesta. Incluso, ha apostillado Chivite, se les puso encima de la mesa la posibilidad de ir aplazando el cierre “de 15 días en 15 días”. “Nosotros les hemos transmitido que es mejor trabajar en alternativas industriales teniendo paz social, pero la empresa no ha tenido a bien flexibilizar. No ha tenido en cuenta la parte de los trabajadores y el empleo”.

A partir de ahora el Ejecutivo foral va a “redoblar esfuerzos”, ha destacado la presidenta, para buscar alternativas de industrialización de la planta que permitan mantener los puestos de trabajo. A este respecto el consejero de Industria, Mikel Irujo, ha añadido que desde el mes de enero se ha contactado “con innumerables” empresas de diversos sectores como el de las renovables, el de la automoción o defensa, de las que algunas han mostrado “su interés” en comprar la fábrica de Esquíroz y que incluso ya han visitado las instalaciones.

“Hemos pedido tiempo porque realmente necesitamos más tiempo para hacer este proceso de una manera ordenada y bajo la premisa de asegurar los puestos de trabajo”, ha explicado el consejero, para afear la “falta de humanidad” de la dirección de BSH por no atender a las peticiones del Gobierno navarro y del comité de empresa.

Desde la empresa señalan a este periódico que la decisión de cerrar la planta de Esquíroz “ha sido el resultado de un examen exhaustivo de varios escenarios y medidas a lo largo de los años”. “Lamentablemente, en nuestros mercados, la demanda de electrodomésticos ha disminuido en los últimos años, lo que ha dado lugar, entre otras cosas, a un problema de sobrecapacidad productiva”. Aseguran que han estado “abiertos” al diálogo con “todos los interlocutores” para “explorar alternativas para la reindustrialización de la planta” y que “continuará el proceso en curso con representantes de las administraciones regionales y nacionales” para tratar de encontrar un nuevo inversor. Finalizan asegurando que son conscientes “de su responsabilidad hacia sus empleados” y que se comprometen “a hacer todo lo posible para negociar, con vistas a alcanzar un acuerdo”.

Un grupo de activistas protagonizó ayer, miércoles, una acción de protesta a la entrada de la fábrica de armas de Trubia, en Oviedo, para denunciar el genocidio de Israel en Gaza. Los manifestantes, que actuaron en calidad de ciudadanos sin alinearse en un movimiento con siglas especificas, pidieron igualmente el cese del bloqueo israelí a la Franja de Gaza y se encadenaron impidiendo el acceso y la salida a las instalaciones de varias decenas de camioneros.

Los manifestantes depusieron su actitud, una hora y media después, con la llegada de varios agentes de la Guardia Civil que procedieron a identificarlos e instaron a unos trabajadores de la fábrica a cortarles las cadenas para facilitar de nuevo el acceso a las instalaciones.

Los activistas portaban pancartas con el lema “El Xenocidiu entama equí” (“El genocidio empieza aquí”) y “ STOP Genocidio” y su acción fue respaldada por una veintena de ciudadanos y ciudadanas que se incorporaron posteriormente convocados a través de las redes sociales.

La identificación

La acción de protesta comenzó a las 10 de la mañana y se prolongó hasta las 11.30 horas; tiempo en el que impidieron la entrada y salida de vehículos. Tras ser alertada la Guardia Civil, varios agentes se trasladaron a la zona para regular el tráfico de la carretera AS-228, aledaña al complejo, e identificaron a los asistentes.

El bloqueo finalizó cuando los agentes solicitaron a unos trabajadores de la fábrica que cortasen las cadenas con una cizalla de la empresa.

“Desde Asturies, exigimos el cese de toda actividad económica y mercantil con Israel y no permitiremos la colaboración de España en el genocidio a Palestina”, explicaron los activistas que recalcaron que se trataba de “una acción de protesta civil”.

El cese del bloqueo israelí

Su acción se une a otras que se han llevado a cabo en Asturias, con manifestaciones, concentraciones y acampadas universitarias como la de los estudiantes de la Universidad de Oviedo en el campus del Milán, donde se posicionaron “en contra de la complicidad de las instituciones españolas en la ocupación y limpieza étnica del pueblo gazatí”.

El bloqueo de la fábrica ocurre el mismo mes que un barco de la Flotilla por la Libertad zarpa hacia Gaza con ayuda humanitaria, además de la Marcha Global desde El Cairo hasta Raffah donde ciudadanos de todo el mundo exigirán el cese del bloqueo israelí en sus fronteras.

Con la acción de protesta de ayer, en Trubia, se quiere denunciar la connivencia de las instituciones europeas y del estado español con el genocidio que Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino.

Entre los ejemplos de esta connivencia citan los contratos de venta de armamento o la participación de la Universidad de Oviedo, vulnerando sus propios estatutos, en el Proyecto TICHE de desarrollo de tecnología bélica, en colaboración con una empresa armamentística estatal israelí.

Según los datos que manejan, la cifra de muertos en Gaza supera los 51.000 y más de 14.000 bebés sufren malnutrición en el territorio palestino.

“Las últimas semanas se ha visto cómo más de 3.300 personas han sido asesinadas, un tercio de ellas niñas y niños. Tras casi 20 meses de invasión y ataques indiscriminados, y con más de 50.000 civiles asesinados, en lo que hace ya muchos meses que la ONU calificó de claro genocidio por parte de Israel, la inacción de los estados europeos es una clara muestra de que los intereses económicos valen más que los derechos humanos”, aseguran.

La presidenta de Navarra, María Chivite, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, mantendrán el próximo lunes una reunión, en la que también participará el Ministerio de Industria, con la dirección del fabricante de electrodomésticos BSH para tratar de revertir el cierre de la planta de Esquíroz, que emplea a más de 660 personas, previsto para el próximo 16 de junio.

Desde el comité de empresa, que este jueves ha mantenido un pequeño encuentro con los representantes del Ejecutivo navarro que acudirán a la reunión con BSH, insisten en que existen “proyectos para que se pueda materializar una alternativa industrial factible” en la fábrica navarra que permita mantener el empleo a las más de 660 personas que trabajan en la planta de Esquíroz. Para ello han reclamado a la presidenta Chivite que pida a la dirección de BSH “flexibilizar” el plazo de cierre, previsto para dentro de diez días.

“La presidenta nos ha reafirmado su compromiso en la defensa de los mil puestos de trabajo, de las mil familias y nos ha dicho que se está trabajando para buscar una posibilidad de reindustrialización que sea una alternativa factible y fiable”, ha señalado el presidente del comité de empresa, Juanjo Hermoso de Mendoza, a la salida de su encuentro con los miembros del Gobierno de Navarra en el Parlamento foral. Fuera del Legislativo navarro se han concentrado más de 200 empleados de la planta de BSH de Esquíroz, que han gritado mensajes como 'BSH no se cierra', 'Chivite escucha, Esquíroz está en lucha' o 'Ya no hay amigos en Balay'.

El presidente del comité de empresa también ha pedido a Chivite “un compromiso inequívoco” para que la empresa, que ha destacado cuenta con una trayectoria “de más de 50 años en Navarra”, pueda tener “una continuidad de la forma que sea” en la comunidad foral. Ha valorado que la presidenta y sus consejeros han mostrado “receptividad en ese compromiso” y han llamado a “mantener la coordinación” tanto con el Gobierno de Navarra como con el Ministerio de Industria.

El comité de BSH quiere implicar también a la Comisión Europea en la lucha por los empleos y por ello una “pequeña representación” de la plantilla viajará la próxima semana a Bruselas para “buscar y recabar el apoyo del comisario de Industria y de la comisaria de Empleo”. “Necesitamos que empujen en esa orientación de la flexibilización del plazo porque no se puede permitir que haya un proceso de deslocalización en la Unión Europea de estas características”, ha aseverado Juanjo Hermoso de Mendoza.

Aquella fuerza de trabajo acabó por constituir una pequeña Galicia en el interior de Catalunya. “La colònia dels gallecs', la colonia de los gallegos, era como se conocía en la vegueria (comarca) de Osona al poblado de los obreros de la fundición de cobre La Farga Lacambra. ”Entonces no empezabas el colegio hasta los seis años. Llegabas a él pensando que vivías en Galicia, no en Catalunya“, relata a elDiario.es Belén López, que nació en el lugar hace ahora 49 años. Su padre, natural de Aranga (A Coruña), trabajaba en la factoría. Su madre, de Guitiriz (Lugo), en una textil cercana. Los domingos, al salir de misa, acudían al bar de Lisardo donde había una pulpeira. Y las fiestas las amenizaban grupos de gaiteiros y baile tradicional gallego. Esta era, sin duda, la legua dominante en el lugar. A la panadería del pueblo más cercano, ”panaderos de ocho apellidos catalanes“, no le quedó otro remedio que aprender a elaborar pan gallego. La de López, hoy en día secretaria general de Comisiones Obreras de Catalunya, fue una de las 80 familias que, a partir de 1960, nutrió de mano de obra la empresa de Las Masías de Voltregá y conformó una de las colonias más singulares de la industria catalana.

La burguesía del país había importado de Inglaterra, ya en el siglo XIX, el modelo: una solución reformadora e higienista a la cuestión obrera. Aquellas aldeas, sufragadas por la propiedad, florecieron asociadas sobre todo al potente sector textil catalán. La Farga Lacambra constituyó una excepción. En 1850 instaló su fragua de cobre a la orilla del río Ter, en Las Masías de Voltregá, pero no fue hasta los años 20 del siguiente siglo que la familia Lacambra construye las primeras viviendas para los obreros, pegadas a la fundición. En ellas nació en 1960 Carmiña Pérez, hija de emigrantes procedentes de Aranga, en la comarca de Betanzos (A Coruña, Galicia). “Soy de las pocas que nació en la colonia”, cuenta por teléfono a este periódico. Ha vivido de primera mano la historia del emplazamiento y los porqués de la abundancia de familias gallegas. De familias gallegas originarias de Aranga y Curtis, en concreto.

Antonio Platas era el nombre del responsable de recursos humanos de Lafarga Lacambra a finales de los 50. Había nacido en Aranga, un pequeño municipio del interior gallego a los pies de la Serra da Loba. El conde Lacambra, Fernando José Lacambra Estany, lo había conocido en la mili, cree Pérez. Fue Platas, a partir de 1960, quien comenzó a reclutar trabajadores en su localidad natal y en la vecina Curtis. Hasta el punto de acudir a la feria de este último pueblo, sucedió en 1970, para captar empleados. “Al principio venían matrimonios con hijos, o padres que después trajeron a las familias. La empresa les ofrecía casa”, relata. A veces las familias tenían que compartirla, eso sí, y el tamaño era discreto, unos 60 metros cuadrados. La compañía construyó entonces un segundo poblado, en Vinyoles, a un quilómetro escaso del primero. Con escuela propia, economato y bar. En él se crio Belén López.

“A la entrada estaba la casa del encargado, más grande. Después las viviendas adosadas. Mis padres llegaron en torno al 62 o el 63”, narra López, “recuerdo que había mucha solidaridad entre los que ya se habían mudado y los que llegaban nuevos, a quienes acogían hasta que se establecían por su cuenta”. Eran familias amplias, los niños y niñas abundaban, y la lengua vehicular era el gallego. También lo recuerda Carmiña Pérez, aunque en la sección original de la colonia, había, calcula, un 40% de andaluces. “Pero el gallego se imponía”, señala divertida. Hacia 1970, Platas decide contratar unos 30 jóvenes, de 17 ó 18 años, de nuevo Aranga y Curtis como fuente de mano de obra, y albergarlos en una residencia para hombres solteros que había en el interior de la colonia. Con uno de ellos acabaría Pérez formando familia: “También trabajé en Lacambra, aunque ya no vivía en la colonia. Seguí vinculada toda la vida”.

Calma durante los convulsos años 70

El proletariado de la industria catalana fue, a finales de los 60 y durante los 70, uno de los principales focos de conflictos y oposición a la dictadura. La colonia La Farga permaneció, sin embargo, al margen. López, en la actualidad líder sindical, arriesga una explicación. “La función de las colonias también era aislar y mitigar la revindicación obrera. Cómo vas a reclamar nada si te juegas el trabajo, la casa y el colegio de tus hijos”, indica. Y todavía se extraña de cierto carácter de las colectividades migrantes gallegas. “Mantienen sus costumbres, pero esa reivindicación antropológica, a veces casi exagerada, no la acompañan de exigencias políticas o sociales”, dice, “me llama la atención: había como mucha nostalgia, pero sin una conciencia colectiva de, por ejemplo, las razones que los obligaron a marcharse. No en todas partes, es verdad: en el cinturón rojo de Barcelona sí se organizaban”.

La misma López es un ejemplo de ese esfuerzo por guardar sus costumbres en común: nacida en la colonia en 1976, su primera lengua es el gallego, la segunda el catalán y la tercera, el castellano “que apenas uso en mi espacio íntimo”. Carmiña Pérez coincide a respecto de las aguas mansas de la colonia en los convulsos 70, aunque lo enfoca de otra manera. Según su versión, los propietarios de La Farga Lacambra eran ejemplos acabados de algo así como el paternalismo empresarial. “Cuidaban la vertiente social, favorecían las familias, las protegían y ayudaban”, entiende, y esas circunstancias sofocaban la agitación. El caso es que aquel mundo, que ya en los 60 era, a decir de López, “un poco extemporáneo” -las colonias textiles en Catalunya son anteriores-, comenzó a declinar en los 80. Los condes vendieron la empresa y le afectó la reconversión. Algunos trabajadores adquirieron las viviendas, pero el sentido original de la colonia se fue diluyendo. La Farga sobrevivió y ahora es una firma puntera en el sector del cobre.

Pérez nunca se desligó de La Farga. Todavía forma parte de la fundación de la fábrica, que mantiene la memoria industrial con un museo. Su vínculo con Galicia también resiste: su pareja, uno de aquellos mozos que llegaron en el 70, es gallego y en su lugar natal tienen casa. Belén López abandonó la colonia de Vinyoles para estudiar ciencias políticas. Fue entonces cuando estructuró su militancia social. Algunos de sus recuerdos son ambivalentes. “El control social era tremendo, bajabas con un chico y a la media hora tu madre ya lo sabía”, se ríe, “lo que sí había era esa cultura de ayuda mutua”. Su madre aún vive en la misma casa que la recibió hace ahora 62 ó 63 años.