Vicenta Burguete enfermó por culpa del amianto sin ni siquiera pisar una fábrica. Ha sido una víctima pasiva del asbesto, un mineral de inocente apariencia pero que puede resultar mortal cuando sus partículas navegan por el aire que respiramos. Vicenta, fallecida el 22 de marzo del 2017, era esposa de un trabajador de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., más conocida por sus siglas CAF, compañía fundada hace más de un siglo en Beasain. Murió como consecuencia de una enfermedad derivada del contacto con el amianto, al manipular y lavar los buzos de trabajo de su esposo, que portaban la sustancia con la que trabajaban en la empresa. Así lo recoge una sentencia de la Justicia vasca, que condena a CAF a abonar al viudo de Vicenta una indemnización de 175.897,50 euros, más 15.000 euros para otro familiar.

Se trata de la primera sentencia firme en Euskadi de estas características, según lam Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviamie) . “Esta sentencia demuestra que incluso las amas casas pueden ser afectadas, e incluso pagar con su vida las negligencias de las empresas”, apunta Asviamie. La organización también denuncia  “la actitud obstruccionista de CAF intentando no asumir sus responsabilidades y dilatando los procesos judiciales”.

La Justicia vasca ya ha condenado a otra empresa por una circunstancia parecida. Fue en 2015 cuando impuso a la empresa Arcelor Mittal una indemnización de 71.519 euros para los hijos de una mujer que falleció por una enfermedad derivada del amianto, con el que estuvo en contacto al lavar la ropa de trabajo de su marido, empleado de la compañía siderúrgica. En sus alegaciones, Arcelor Mittal argumentó que el trabajador no estuvo en contacto con el amianto, pero el juez consideró probado que sí estuvo expuesto a este material altamente cancerígeno durante los 21 años en los que trabajó en la planta.

La particularidad de la empresa CAF es que se trata de la empresa vasca que arrastra más muertes de trabajadores por amianto. Y también está entre las que más del resto de España. Hasta el momento, el comité tiene contabilizados 85 muertos (38 en la planta de Beasain; 45 en la de Zaragoza y 2 en la Irun) aquejados de enfermedades pulmonares derivadas de la exposición a partículas de amianto azul.

“Juan Capote ama a los animales. Se refugia en ellos, de ellos aprende y son muchos los que han marcado alguna etapa de su vida”. La escritora Elsa López presentó este viernes en la Sociedad La Investigadora de Santa Cruz de La Palma el libro La huella de los animales, del biólogo y veterinario palmero Juan Capote.

En el libro, ilustrado por Miguel Ángel Brito, Juan Capote realiza un viaje por diferentes circunstancia y experiencias vitales con diferentes animales, en una prosa brillante con tintes muy sonoros que llegan para adentrarse en una lectura cercana, elegante y tierna.

“Un bestiario siempre ayuda a conocer lo que esconde el corazón de un hombre y hasta dónde llega su amor a la naturaleza, su correspondencia con ella. Y cuando alguien es capaz de amar a un ser vivo distinto de su especie es una prueba de lo ancho de ese corazón”, asegura Elsa López.

Las veinte historias que recoge La huella de los animales fueron publicadas por primera vez en La Palma Ahora.

Juan Capote (Santa Cruz de La Palma, 1953), es biólogo, veterinario, diplomado en Sanidad, doctor, académico y profesor de Investigación. Ha dedicado gran parte de su vida profesional e investigadora al mundo caprino donde ha llegado a ser presidente del máximo organismo, IGA. Ha publicado numerosos trabajos de investigación. La huella de mis animales es su primer bestiario.

El Gobierno de Cantabria busca aliados para afrontar el grave problema que tiene con las más de 600 viviendas declaradas ilegales por los tribunales. En caso de que no prosperen las autorizaciones provisionales -una figura urbanística ideada por el Ejecutivo autonómico para intentar salvar de la piqueta a 449 de esas viviendas- y de que los órganos judiciales pasen de la tolerancia mostrada hasta ahora a ser beligerantes en el cumplimiento de las sentencias, la administración pública deberá demoler las urbanizaciones e indemnizar a los afectados, con lo que tendría que hacer frente a un gasto multimillonario. Unos 300 millones de euros, según las estimaciones de los afectados.

Mientras llega la solución definitiva, que pasa por la aprobación de nuevos planes generales de ordenación urbana en los municipios implicados, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) -que engloba a los afectados- presiona a los responsables del Gobierno para que se comprometan a establecer un “límite temporal” que ponga, de una forma u otra, fin a un problema que arrastran desde los años 90, cuando la mayoría de estas viviendas fueron construidas fuera de ordenación en localidades costeras y como consecuencia de ello fueron declaradas ilegales.

En la última reunión mantenida por ambas partes, el Ejecutivo -formado por PRC y PSOE- planteó la posibilidad de implicar al Gobierno central (PP) dada la magnitud del problema. Fue una idea lanzada al vuelo, sin sostén, pero que va cogiendo forma, aunque todavía esté muy verde.

El bipartito aprovechó el pasado martes la visita a Cantabria de la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, para plantearle esta cuestión. Además de analizar el panorama político nacional, hablar de la reforma de la financiación autonómica, de los proyectos del Ministerio de Fomento en la comunidad y de la partida pendiente para costear las obras de Valdecilla, socialistas y regionalistas expusieron el problema de los derribos. La vicepresidenta tomó nota y acordaron que el Gobierno regional remitiría a Madrid un informe al respecto.

Límite 2019

La propuesta que AMA ha puesto encima de la mesa de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria es fijar como límite el final de la legislatura -entre febrero y mayo de 2019- para poner fin a las sentencias de derribo.

En este sentido, reclaman a las administraciones implicadas que tras la tramitación de los planes generales de Argoños, Piélagos y Escalante acaten las sentencias y no interpongan nuevos recursos que prolonguen la causa. De este modo, se regularían aquellas viviendas donde así lo han autorizado los tribunales y se concedería una vivienda de sustitución o indemnización donde no sea posible.

En esta línea, piden que se extiendan los convenios que regulan las indemnizaciones a todos los afectados y que se incluya una partida presupuestaria de 100 millones de euros como muy tarde en 2018. Todo ello, añaden, ha de ser recogido una proposición no de ley aprobada en la Cámara autonómica.

De momento, el borrador de los presupuestos de Cantabria para el año 2017 fija una partida de 1,6 millones de euros para el Plan de Derribos, una cantidad similar a la de este año.

Fue allá por el año 1990, Irene apenas tenía 47 años, y toda la ilusión del mundo por una pequeña vivienda en su pueblo; con muchos esfuerzos, los ahorros de una vida y la ayuda de sus padres dio la entrada e hizo frente a una larga hipoteca de 25 años. Poco a poco fue amueblando su casa, realizó el traslado allí, a ese pueblo donde se sentía segura cerca de los suyos, después de una dura experiencia personal.

Por aquellas fechas, Felipe González iniciaba la tercera legislatura con una mayoría absoluta por un escaño, algo inusitado en la Europa de aquellos tiempos, pero ya con una situación que puede tener ciertas similitudes con la actual. Los casos de corrupción iban apareciendo como margaritas en primavera, saltó el caso Filesa que eran tres empresas fantasmas creadas para financiar ilegalmente al PSOE, muy comparable a la situación del caso Gürtel actualmente pendiente de resolución judicial, pero que la financiación del PP también parece estar detrás del mismo; posteriormente en su última legislatura aparecían y debilitaban la credibilidad en instituciones importantes del Estado, desde el propio Director del Banco de España, la Directora del Boletín Oficial del Estado, el Director General de la Guardia Civil… y Solchaga daba el banderazo al pelotazo con su frase mítica “España es el país europeo donde más fácil hacerse rico”, el boom del ladrillo y sus graves consecuencias. Maradona perdía el mundial ante aquella Alemania, donde se decía que “el fútbol es un juego donde participaban 11 jugadores por equipo y siempre ganaba Alemania”. Se producía la invasión de Kuwait por Irak, semilla de la Guerra del Golfo, y en la radio sonaban Azúcar Moreno con su “devórame otra vez” y Juan Guerra y sus 4.40. ¡Qué lejos queda todo esto! En el baúl de los recuerdos.

En esos tiempos, Irene estaba de vacaciones en la playa, cuando por la radio escuchó una noticia que la dejó helada, comentaban que una sentencia había declarado ilegal el edificio en el que ella vivía, no se lo podía creer, era imposible… ¿Cómo iba a ser ilegal su vivienda si ella había comprado con todos los permisos pertinentes? Si ella no tenía ningún problema legal, si nadie la había denunciado, ni había participado en ningún proceso judicial, si ni había podido defender su vivienda, y su legitima propiedad… Por un momento pensó que había entendido mal, que tenía que haber algún error.

Cuando llegó a casa y habló con los vecinos, la confusión era total, unos decían que en el Ayuntamiento les habían asegurado que era un problema administrativo que se solucionaba con un recurso, que estuviesen tranquilos. Otros por el contrario tenían más dudas, decían que una sentencia es una sentencia y no es un tema menor, la realidad es que los argumentos de las instituciones iban tranquilizando a los vecinos, al insistir con el argumento del recurso que, según ellos, daría resultados positivos ya que todo era un mal entendido.

El tiempo fue pasando, e Irene como los demás vecinos fueron volviendo a sus trabajos, cuando parecía que todo iba quedar resuelto; otra vez, por los medios de comunicación, se enteró que el Tribunal Supremo había ratificado la sentencia de derribo de sus viviendas. El miedo se apoderó de ella y salió escopetada con el periódico en la mano donde venía la noticia, lo habló con sus vecinos y con el Ayuntamiento, nadie era capaz de dar una respuesta coherente, los nervios y las lágrimas de algunos saltaban ante la inquietud por una situación que no podían entender, ni creer.

¿Cómo es posible una situación tan injusta, que te digan que te van a derribar tu vivienda si tú no has hecho nada que sea ilícito, o ilegal?, ¿cómo es posible que me vayan a derribar mi casa, sin tener culpa alguna? El mundo se le cayó encima a Irene, fueron días de reuniones, de nervios y de una infinita pena. Era todos sus ahorros los que había invertido en su vivienda, estaba pagando la hipoteca con su sueldo de cajera, no podía comprender cómo funciona la justicia que manda derribar su vivienda, y a la única que no ha informado en todo el proceso ha sido a la legítima propietaria, a la que tiene los derechos sobre la misma, y no puede ni defenderlos.

A pesar de todo, una realidad monstruosa se imponía, se habla de un derribo inminente, las reuniones con la instituciones fueron subiendo de tono, y las situaciones enconándose. Pero una luz se empezó a abrir cuando alguien le anunció que intentarían buscar una vía de legalización para su vivienda, ya que era una auténtica locura derribar una vivienda para volver a construir en el mismo sitio. Estaba claro, no cabía ninguna duda, así lo decía la propia sentencia: el suelo sobre el que estaba la misma era un suelo urbano consolidado, y se podía volver a construir en el mismo lugar, e incluso algunos hablaban que con el PGOU se podían edificar en ese lugar más viviendas de las que existen actualmente.

Fueron pasando los años, con autos de derribos y recursos de las instituciones; en el año 2005 apareció una asociación de afectados con situaciones similares a la suya, AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), y llevó las injusticias cometidas con estas familias al Parlamento de Cantabria, quien, por unanimidad, instó a las instituciones a pedir perdón a las mismas por el grave daño que les habían producido y sobre todo, a dar una solución en el menor tiempo posible reparando el daño producido a las mismas en su totalidad. También se fue a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, allí se nos manifestó nuestro derecho a la defensa de la propiedad privada, con la máxima que los ciudadanos no puedan ser condenados por actos que han realizado las Administraciones Públicas, porque éstas están para solucionar sus problemas no para creárselos. Por último, ante el Congreso y Senado, donde con la participación de AMA, AUAN, SOHA. CALU, FAUN y por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, se aprobaron dos artículos el 319.3 del C.P. y el 108.3 de la LJCA , ambos buscando proteger al tercero de buena fe ante los ilícitos de las Administraciones Públicas y otros.

Ahora que se derriban las viviendas del Alto del Cuco, a personas como Irene, el miedo les vuelve a sus vidas, ven la destrucción de las viviendas, pero nunca ven realizadas todas las promesas, las leyes por las cuales tantas veces nos han dicho que las viviendas se iban a regularizar, esas nunca llegan. Van a derribar mi vivienda para construir otra en el mismo sitio, para otro propietario. Si existe el artículo 105.2 de LJCA que permite acabar con estos problemas, ¿por qué no se aplica?

Irene nos decía: “Si la justicia no es justa, ¿para qué sirve la justicia?”. “Si las instituciones no cumplen lo que aprueban y prometen, ¿qué podemos hacer las familias?”

Irene ya tiene 73 años, está jubilada y su estado de salud es preocupante, sus padres fallecieron hace tiempo. Ella nos dice que ya no tiene fuerzas, hace apenas un mes ha recibido un nuevo auto que la vuelve a torturar con el posible derribo de su vivienda. Casi no sale de su casa, como mucho nos acompaña a algunas reuniones de la Asociación, y siempre nos hace unas preguntas que no sabemos responderle, el pasado sábado me decía: “¿Por qué nos hacen este daño? ¿Por qué no nos dan una solución?, ¿Me moriré, como mis padres, sin que se haga justicia?

Antonio Vilela Fernández

Presidente de AMA - Asociación de Maltratados por las Administraciones

Presidente de CAJU - Coordinadora Nacional de Asociaciones Pro Justicia en el Urbanismo

El desplome “abismal” del deporte ruso en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 motivó que el Gobierno pusiera en marcha un sistema de dopaje estatal que ha constatado la investigación independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) publicada este lunes. Cuatro años después, Rusia dobló el número de medallas (de 15 a 33) y cuadriplicó sus campeones: de tres pasó a 13. Ganó el medallero en Sochi 2014.

El informe McLaren ha confirmado que Rusia desarrolló entre 2011 y 2015 todo un entramado para cubrir el uso de sustancias dopantes dentro del deporte ruso.

Sistema de desaparición de positivos

El entramado consistía, no en desarrollar nuevas drogas que no dieran positivo, sino encubrir su uso. Los análisis detectaban el dopaje. Pero se iban al limbo. Para conseguirlo, el gobierno, desde el Ministerio de Deportes, tomó el control del laboratorio antidopaje acreditado por la AMA en Moscú. Así, cada vez que un primer análisis revelaba un positivo, se daba cuenta al ministerio. El viceministro personalmente conocía de quién se trataba y daba la orden: “Salvar” o “cuarentena”. Después, el personal del laboratorio “falsificaba la información” en el sistema oficial de la AMA para que apareciera negativo en lugar de positivo. El deportista agraciado podía seguir compitiendo.

El 'cambiazo' en Sochi

Este sistema para evaporar positivos servía para controlar, sobre todo, los periodos de preparación. El informe explica que el problema surgió para los Juegos de Sochi (Rusia) ya que la instalación era controlada por la “comunidad internacional”. Así que se ideó un sistema en el que se implicó completamente a la Agencia de Seguridad Federal: la FSB (heredera del KGB).

El plan era cambiar las muestras de orina de aquellos atletas controlados que se sabía que estarían contaminadas por orina “limpia”. Para esto, Rusia había creado un “banco de orina limpia como fuente de donde sacar muestras limpias” para dar el cambiazo, subraya McLaren.

Los atletas designados (no menos de 37) hacían llegar sus muestras sin sustancias al Centro de Entrenamiento Nacional en Moscú. Allí se congelaban. Algunas eran analizadas para asegurarse de que no tenían restos. La encargada de coordinar el plan era Irina Rodionova que en 2014 era miembro del equipo del Comité Olímpico Ruso, a la cabeza del Programa Antidopaje.

Esto permitió aplicar desde los entrenadores y con colaboración de personal médico, un programa de dopaje para un grupo de atletas a los que se les atribuyó especial potencial para conseguir medallas en los juegos. Su entrenamiento apoyado en la química no se vería en peligro por controles sorpresa.

Luego entró en juego la FSB. Ellos eran los encargados de llevar las muestras congeladas a un edificio propio en Sochi cercano al laboratorio oficial. Con el tiempo, la investigación ha demostrado, que agentes del FSB, como Eugeny Blokhin, hacían que las pruebas tomadas durante la competición salieran por la noche de la zona de seguridad y pasaran a una sala de operaciones propia. Allí eran abiertas y su contenido cambiado. Terminada la manipulación, regresaban al laboratorio donde eran analizadas a la mañana siguiente.

Extensión del engaño

El sistema se extendió a 29 deportes olímpicos (también hubo casi una cuarentena de deportistas de otras disciplinas). Casi 120 de atletismo y 115 de halterofilia destacan por mucho en el ránking. Pero también hubo casos en ciclismo, lucha, patinaje, remo, piragüismo, natación, fútbol, esquí, biatlón, bobsleigh, jugo, volleybol, boxeo, taekwondo, esgrima, triathlon, pentatlón moderno, tiro olímpico, curling, baloncesto, vela, snowboard y ping-pong. No se han salvado los deportistas paralímpicos.

La investigación ha podido constatar la existencia de 643 positivos de los que el 89% habían sido introducidos en el sistema de la AMA como casos negativos de dopaje. “Solo es un mínimo”, explica, ya que no han tenido acceso completo a los datos.

Los protagonistas

El informe McLaren concluye que Rusia implementó un “sistema para el dopaje de atletas dirigido por funcionarios de alto nivel del deporte ruso. Se basaba en la corrupción de los encargados del control, trabajando bajo la dirección de la agencia rusa antidopaje”. Además, se implicó a la seguridad del estado.

Vladimir Putin: era Primer Ministro cuando, tras la pobre actuación olímpica rusa en 2010 se decidió echar mano de las ayudas químicas

Vitaly Mutko: ministro de deportes y hombre de confianza de Vladimir Putin. Actualmente es el presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo de Fútbol 2018 y miembro del comité ejecutivo de la FIFA. También dirige la federación rusa. Sus iniciales preceden la exoneración de los jugadores fútbol que mostraban controles positivos: “Decisión final de V.L. [Vitaly Leontiyevich]”.

Dr. Rodchenkov: la fuente del escándalo. Uno de los encargados del programa cuyas revelaciones a The New York Times dispararon la investigación encargada a McLaren.

Yuri Nagornykh: viceministro de Deportes y también miembro del Comité Olímpico Ruso. La mano ejecutora. Él era notificado de cada positivo detectado en el laboratorio de Moscú desde 2011. Y él decidía quién merecía la protección estatal y a quién se dejaba caer.

Irina Rodionova: actualmente es la subdirectora del Centro de Entrenamiento de los Equipos Nacionales de Rusia, un departamento subordinado al Ministerio de Deportes. Coordinaba el sistema del banco de orina limpia que debía estar disponible para los JJ OO de Sochi.

Natalia Zelanova: Alexei Velikodniy Dr. Avak Abalyan: altos funcionarios que actuaron de enlace entre el laboratorio de Moscú y el viceministro de Deportes. A ellos se les informaba de que había un positivo y se les daba un perfil del implicado.

Eugeny Blokhin: oficial del FSB. Encargado de la operación de cambio de orina en los análisis del los Juegos de Sochi.

Destrucción final

La AMA informó en 2014 a Moscú de que iba a recoger por sopresa algunas de las muestras que el laboratorio debía conservar.

Tanto el personal del laboratorio como del Ministerio de Deportes entraron en pánico. Allí se conservaban un gran número de pruebas que habían dado positivo y habían sido informadas como negativo.

La medida que tomaron en Rusia fue destruir 1.417 muestras antiguas. Pero debieron mantener 37 que eran las que la AMA pensaba recoger. Entonces, el Ministerio de Deportes llamó a “los magos”, según el informe. Estos eran los agentes de la Agencia de Seguridad que, sin testigos, entraron en el laboratorio y, al salir, habían dejado abiertos los botes de orina para que los sustituyeran por producto limpio. Sin tiempo, los técnicos metieron allí cualquier muestra sin droga. Incluso de otros deportistas.

La AMA examinó los botes. Al microscopio. Un experto determinó que había minúsculos arañazos. La AMA examinó la orina. Y, al menos en un caso, un bote que había sido manipulado mostró que el ADN de la orina no era el mismo en los dos botes asignados para una misma persona. En otro caso una doble medallista olímpica, tenía orina que provenía de dos personas diferentes.

La situación de cerca de un millar de familias cuyas viviendas tienen sentencia firme de derribo en Cantabria sigue estancada desde hace lustros. El boom inmobiliario y la proliferación de urbanizaciones en el litoral convirtieron a la comunidad en uno de los lugares con más afectados por la mala gestión del suelo durante la burbuja del ladrillo. Las distintas soluciones que se han planteado desde las administraciones públicas se han encontrado reiteradamente con el freno de los tribunales, que exigen un calendario definitivo para el derribo de estos inmuebles, que no cuentan con las autorizaciones pertinentes y están amenazados por la piqueta.

Por eso, y pese a las continuas promesas de los responsables políticos, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha pedido de nuevo que “se clarifique de una vez por todas” la situación en que se encuentran, tras conocer en los últimos días que los municipios de Argoños y Escalante darán luz verde al proceso que permitirá la demolición de 287 viviendas, 255 en el primer ayuntamiento y 32 en el segundo.

Así lo ha advertido el portavoz de AMA, Antonio Vilela, tras mantener una reunión este lunes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Cantabria, José Luis López del Moral. El encuentro se ha producido con motivo de una concentración que han secundado cerca de 200 personas frente a la sede judicial de Las Salesas, previa a otra que han celebrado ante el edificio del Gobierno autonómico, y donde han sido recibidos por la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y los directores de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel Ángel Palacio y Francisco González.

Vilela ha mostrado su “sorpresa” por la postura de los alcaldes de Argoños y Escalante al presentar el calendario de derribos y ha lamentado la descoordinación que, a su juicio, hay entre las instituciones. “Ante un mismo problema, todas las administraciones tienen que dar idéntica respuesta, más cuando tienen una responsabilidad grande en los derribos”, ha recordado el portavoz de los afectados.

Al respecto, el presidente de AMA ha contrastado que mientras el Gobierno es partidario de suspender la ejecución de los derribos, algunos ayuntamientos presentan calendarios para las demoliciones, cuando todos habían manifestado que la solución a los requerimientos de los tribunales era la aprobación de nuevos planes generales de ordenación urbana.

Además, Vilela ha considerado que la justicia ha sido “tremendamente beligerante con cualquier solución planteada”, y ha recordado al respecto la postura de la Sala de lo Contencioso del TSJC con las autorizaciones provisionales, aprobadas la pasada legislatura para tratar de evitar los derribos hasta la aprobación de los nuevos planes urbanísticos municipales, una figura que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y que fue anulada posteriormente.

Mientras, los afectados insisten en su postura, que pasa por que “se legalice lo que se pueda legalizar” y “se indemnice al resto de propietarios” al precio que marca el mercado. “No puede ser que el que no es culpable esté, años y años, pidiendo justicia, mientras que los culpables están en las playas y disfrutando”, ha sentenciado Vilela.

“Víctimas inocentes”

En una comparecencia ante los periodistas, la vicepresidenta de Cantabria y responsable de Medio Ambiente ha asegurado que el Gobierno bipartito PRC-PSOE “defenderá los intereses y el patrimonio de los afectados”, a los que ha calificado como “víctimas inocentes” de “una situación que no han provocado”.

También ha informado a los propietarios de estas viviendas de que ha mantenido una reunión con el alcalde de Escalante, Juan José Alonso (PP), quien le había manifestado que el escrito que el Ayuntamiento había remitido a los tribunales (el calendario de derribos) “no era lo acordado”, por lo que se iba a enviar uno nuevo, en línea con la postura del Gobierno autonómico, algo que los miembros de AMA confían que haga también el Consistorio de Argoños.

El último intento gubernamental de amnistiar cientos de construcciones ilegales en el litoral cántabro ha sido abortado por los tribunales de justicia. El colectivo AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), que agrupa a quienes adquirieron con licencia propiedades ilegales “para las que en el Ayuntamiento nos dijeron que no había ningún problema”, ha protagonizado la reacción, calificando la sentencia de “nuevo golpe”. En su línea, ha incidido en la vía de la legalización retroactiva y el pago de los daños morales para acabar con esta “tortura” que se prolonga ya más de dos décadas, asumiendo cada vez más la de la compensación económica o el realojo a través de la construcción de casas similares.

De quienes nadie ha hablado nunca es de las otras víctimas del ladrillazo: los naturales del territorio, que primero sufrimos la masificación urbanística de nuestros pueblos y ahora tendremos que hacer frente al pago de indemnizaciones públicas por valor de cientos de millones de euros.

Mi pueblo, Argoños, conformaba un paisaje de verdes praderías rodeado del Parque Natural de las Marismas de Santoña y montes de encinar cantábrico. Allí, la infancia (entiendan la idealización) consistía en ir al Ribero a pescar cámbaros y esquilas, esperar a que el paisano segara el prau junto al parque para echar un partido, aventurarse en bicicleta por las camberas, pinar y buscar los bolos que los paisanos tiraban arrudiabrazu, o jugar a las chapas en carreteras por donde apenas transitaban carros con verde (si le pasaba a tu chapa por encima suponía una caída y el correspondiente abandono, que incluso así se cebaban con Alex Zülle). Pero las y los jóvenes argoñeses de hoy no conocen nada de eso, viven en un Marina d’Or norteño.

Primero, hundieron los sectores económicos tradicionales (ganadería y pesca) y las salidas ofrecidas fueron el monocultivo de eucaliptos o la venta del terreno para la construcción de grandes colonias de pareados. En pocos años, el alcalde del segundo municipio más pequeño de la Comunidad Autónoma, Joaquín Fernández (PP), con la aquiescencia de Miguel Ángel Revilla (entonces consejero de Obras Públicas), duplicó su población construyendo urbanizaciones que, según sentencias firmes de derribo (hasta 252, una por cada siete habitantes) vulneran el paisaje, las normas urbanísticas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales e invaden suelo rústico, de protección forestal e incluso los municipios vecinos de Arnuero y Noja.

El único objetivo era construir al máximo para ganar el máximo dinero. Las redes comunitarias se deshicieron, los caminos comunales se privatizaron, las tradiciones culturales se perdieron, la armonía arquitectónica se rompió, las boleras se sustituyeron por edificaciones, las tienducas se cerraron incapaces de competir con una gran superficie que vino a instalarse, el coste de la vida subió… y ahora, con el territorio convertido en colonias de segunda residencia que además son inaccesibles para los jóvenes del municipio, ¿qué futuro le queda al pueblo? ¿De qué vamos a vivir? Entiendo el malestar de quienes han perdido una segunda residencia entre nuestras playas y montes, pero nosotros hemos perdido la infancia, nuestro pueblo, el futuro. Todo.

Los responsables políticos y técnicos, que se habrán lucrado a costa de esto que llamaban “progreso”, no solo han salido impunes judicial y patrimonialmente, sino también políticamente. Tras décadas de atentados ambientales e ilegalidades urbanísticas manifiestas, no ha habido una sola dimisión. Es más, el PP sigue gobernando con mayoría absoluta en el municipio y Revilla es hoy presidente de la Comunidad Autónoma.

Para entender la irresponsabilidad de los electores hay que contextualizar estos hechos en un régimen político que aún no ha superado el caciquismo y en las últimas elecciones ofrecía votar al PP que lleva gobernando desde la muerte del dictador, a un PRC que presentaba como alternativa a la hija del citado Joaquín Fernández que gobernó durante 32 años y a un PSOE en el que la mujer del candidato está imputada por chantajear al alcalde a cambio de no revelar documentación presuntamente comprometida que tenía su marido. De esta realidad, además, el pueblo ha sido tradicionalmente informado a través de un diario hegemónico que se hacía eco de afirmaciones como que “hay ecologistas radicales que están sembrando el miedo en Cantabria y deciden dónde se puede construir y dónde no”.

La Villa de Argoños no es sino el arquetipo de un régimen político tripartito con un modelo de desarrollo consistente en vender Cantabria por parcelas al peor postor del cártel del asfalto. En palabras de Carlos García, presidente de ARCA, “aquí había un plan para construirlo absolutamente todo, en una filosofía errónea de trasladar el modelo Mediterráneo al norte. Gente del País Vasco, Castilla, Madrid… el que quería una casa en la playa venía aquí. Hasta que la crisis puso fin a la fiesta”.

Alegría que también se trasladó a las nomenclaturas. Pienso en la 'Urbanización El Encinar', bautizada así en honor al bosque que la precedió, en Isla. O la 'Urbanización Duque de Ahumada', promovida por una asociación del instituto militar en Hazas. O las colonias 'Castilla del Mar', 'Neguri', 'Negurigane' o 'Palm Beach' en Laredo. No han respetado ni la toponimia tradicional de los lugares cons… destruidos.

Mientras escribo esta columna, se presenta el 'Monopoly de Cantabria', en el que “con un poco de pericia, cualquiera se puede hacer con las Cuevas de Altamira o construir un rascacielos en pleno Sardinero. Solo hay que tener dinero”. Aunque pedagógicamente preferimos otros juegos que no consistan en apropiarse de todo el territorio especulando para construir el máximo posible, que ya vemos a dónde nos ha traído, hay que reconocer que supone una metáfora inmejorable de la realidad cántabra. Para terminar de darle realismo, tendrían que tener casilla también El Alto del Cuco, Cerrías o Argoños. Allí se podrían colocar todas las casas que quisieras, habría tarjeta-suerte “modificas la ley de suelo con carácter retroactivo sin pasar por la casilla de la cárcel” y después de 20 vueltas pagaría el resto de jugadores tus ilegalidades.

Pagaría lo que fuera por que nos devolvieran nuestro pueblo.

El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado este jueves sobre las denominadas 'autorizaciones provisionales' concedidas por el anterior Gobierno de Cantabria a las viviendas con sentencia de derribo y lo ha hecho de forma negativa para los intereses del Ejecutivo cántabro y de los afectados, ya que ha declarado inconstitucional esta figura urbanística que se creó durante la pasada legislatura con el ánimo de amparar a las urbanizaciones con orden de demolición.

El fallo de la Sala Primera del Tribunal Constitucional se produce a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) planteara a este órgano judicial un recurso de inconstitucionalidad al considerar que las autorizaciones provisionales podrían vulnerar las competencias del Estado, tal y como ha estimado ahora el TC. La sentencia tan sólo hace referencia al primer recurso presentado por la sala de Cantabria, el que afecta a las 32 viviendas del edificio Las Torres, ubicado en el municipio de Escalante, pero crea jurisprudencia, por lo que es determinante para el resto de autorizaciones provisionales aprobadas, que con toda seguridad correrán la misma suerte.

Con las autorizaciones provisionales, el Gobierno autonómico pretendía salvar de la piqueta a 449 de las 621 viviendas con sentencia firme de derribo que hay en la comunidad. Esta herramienta urbanística fue aprobada por el Parlamento -con los votos favorables de PP y PRC y la abstención del PSOE- en junio de 2013, a través de una reforma de la Ley del Suelo que otorga a los ayuntamientos la posibilidad de legalizar, de forma provisional, las viviendas afectadas.

Para ello, los consistorios han de poner en conocimiento del juzgado que dictó la orden de demolición que están elaborando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y que el suelo en el que se asientan las casas será catalogado en el mismo como urbano y, por lo tanto, serán legales. Es por este motivo que todos los ayuntamientos cántabros en los que hay viviendas con sentencia de demolición (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos, Miengo y San Vicente de la Barquera) están tramitando nuevos planes generales.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria va a impulsar el pago de las indemnizaciones por daños morales reconocidos a las personas afectadas por sentencias de derribo.

Además, Díaz Tezanos ha anunciado que el Ejecutivo va a respetar y cumplir los 329 convenios que el anterior Gobierno había suscrito con afectados por sentencias de derribo y va a suscribir los 236 que quedan pendientes.

“Es una prioridad política del actual Gobierno ante un problema social que tenemos en nuestra comunidad autónoma”, ha afirmado Díaz Tezanos, tras la reunión que ha mantenido esta mañana con una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), encabezada por su presidente, Antonio Vilela.

“Hemos pedido al Gobierno que tengamos unos objetivos claros y unos plazos concretos, que tengamos presupuesto para realizar lo que decimos, que pasemos del mundo de las palabras al mundo de los hechos, y hoy la vicepresidenta ya nos ha hablado de hechos concretos”, ha afirmado Vilela.

Díaz Tezanos ha asegurado que durante este año hará efectivo el pago de todas las indemnizaciones que se resuelvan en este ejercicio, con cargo al fondo de derribos de los Presupuestos de 2015, que asciende en estos momentos a 900.000 euros. Además, ha avanzado que en las cuentas públicas de 2016 también se incluirá una partida para este fin.

La previsión del Gobierno es que el pago de las indemnizaciones por daños morales a las personas afectadas por sentencias de derribo pueda superar los 6,5 millones de euros.

“Para nosotros el pago de los daños morales es importante por lo que supone de reconocimiento para las familias”, ha afirmado el presidente de AMA. “Se ha hecho un daño muy profundo desde las administraciones y éstas tienen que devolver a todos los ciudadanos de Cantabria esa legalidad y restituirla”, ha afirmado.

Díaz Tezanos además ha asegurado que el Gobierno va a asumir las consecuencias económicas de los convenios que el anterior Ejecutivo suscribió con los afectados y firmará los que quedan pendientes. Vilela ha asegurado que los convenios, en su opinión, son “una buena fórmula para dar garantías a los afectados”.

“Vamos a dar respuesta y lo vamos a hacer desde el diálogo y la colaboración con todos, con AMA fundamentalmente porque son ejemplo de diálogo y colaboración, con los denunciantes, con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios”, ha afirmado la vicepresidenta, quien ha asegurado que “las familias afectadas son una preocupación fundamental para este Gobierno y somos conscientes de que son víctimas inocentes de estas sentencias que amenazan seriamente su patrimonio”.

Además, ha defendido que la búsqueda de soluciones a esta situación se haga desde el respeto y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia “porque forma parte de nuestro Estado de Derecho”, y bajo la colaboración permanente con los ayuntamientos para que revisen sus planes generales.

“Queremos que los revisen para que den seguridad jurídica a futuras decisiones urbanísticas y porque son un instrumento fundamental de planteamiento territorial que se deben hacer con criterios sociales y económicos para superar las situación de crisis económica en la que nos encontramos”, ha afirmado.

Díaz Tezanos ha destacado la labor del AMA como “ejemplo de lucha, tenacidad y de diálogo permanente con el Gobierno y la administración”.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre el artículo de la Ley del Suelo que regula las autorizaciones provisionales para las viviendas con sentencias de derribo, una figura en suspenso hasta que el Constitucional se pronuncie aunque sigue siendo válida.

En esta ocasión, las cuestiones de inconstitucionalidad se refieren a la urbanización denominada L05 de Liences y a Santa Marina de San Vicente de la Barquera, similares a la que ya el Constitucional admitió a trámite relativa a las edificaciones de Escalante.

Y es que cada vez que se produzca una autorización provisional, el TSJC presentará una cuestión de inconstitucionalidad porque ésta ha de plantarse “caso a caso”, han precisado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Así figura en sendos anuncios del TC publicados este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los que se informa de que el Alto Tribunal otorga un plazo de quince días a las partes que quieran personarse en el proceso que ha correspondido a la Sala Segunda.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite estas cuestiones de inconstitucionalidad por providencia de 14 de abril de este año.

El TSJC inició este procedimiento en el pleito que tiene abierto a raíz de un incidente de ejecución de la sentencia que ordenó la demolición del edificio de Las Torres, en Escalante, con 32 viviendas.

La cuestión de inconstitucionalidad se basa en la posible vulneración en “algún apartado concreto” de competencias del Estado -concretamente la legislación procesal-, la tutela judicial efectiva y la plena potestad jurisdiccional.

Sin embargo, cuando se anunció esta posibilidad, en septiembre de 2014, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, anunció que el Gobierno alegaría ya que piensa que se trata de una ley “constitucional” y además con una figura -la de las propias autorizaciones provisionales- que es “tremendamente útil y que, en su opinión, ”va a quedar“ en el ordenamiento jurídico.

En este sentido, el titular de Urbanismo cree que el TC “dará la razón” al Gobierno porque la ley cántabra “solo autoriza lo que el plan (urbanístico) permite”. Se trata de no demoler para construir lo mismo, lo que es “una figura lógica y razonable”, para el consejero.

Con todo, el Gobierno destacó entonces que la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad permite ganar el tiempo necesario para finalizar los planes generales que hagan posible legalizar “buena parte” de las viviendas afectadas.

Fernández advirtió entonces de que podrían plantearse otros autos similares en Piélagos, Miengo y Argoños en la Sala de lo Contencioso, aunque calculó que todos ellos ya dispondrán de licencia cuando resuelva el TC, incidiendo en que el Gobierno cree en la “constitucionalidad” de esta figura que, en su opinión, no afecta a la tutela efectiva, y que comparó con el otorgamiento de una licencia en cuanto a que su legalidad “no plantea duda”.

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) cumple diez años aunque su batalla viene de mucho tiempo atrás. La última década ha llevado a los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria a plantar cara a las instituciones en los distintos municipios, en el Parlamento de Cantabria o en el Gobierno autonómico. Su voz se ha escuchado ante el Defensor del Pueblo o en el Parlamento Europeo, donde han recabado apoyos para salvar sus casas de la piqueta.

En una semana en la que los propietarios de las urbanizaciones más señaladas por los órganos judiciales han empezado a recuperar la esperanza, a firmar acuerdos con el Ejecutivo regional y a suscribir los primeros contratos de compensación por los que el Gobierno de Cantabria se compromete a proporcionar otra vivienda en caso de que no sea posible legalizar la suya, el colectivo que aglutina a los afectados por sentencias de derribo ha celebrado este sábado su aniversario con un acto en Argoños, donde dio sus primeros pasos.

La urbanización Pueblo del Mar I, uno de los símbolos de la especulación urbanística en años de bonanza y refugio de familias que se vieron atrapadas por la burocracia, ha acogido un acto sencillo en el que los afectados han plantado los primeros árboles del futuro parque y zona de ocio AMA, un lugar de descanso que servirá para homenajear a todos los que han peleado hasta el final para defender sus viviendas, con mayor o menor éxito.

El acontecimiento ha contado con la presencia del consejero de Urbanismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Fernández; los alcaldes de Argoños, Juan José Barruetabeña, y de Escalante, Juanjo Alonso, así como los diputados autonómicos Miguel Ángel Palacio, del PSOE; y Rafael de la Sierra, del PRC, e Iñigo Fernández, del PP. Precisamente, la asistencia de miembros de los tres partidos con representación parlamentaria es una muestra más del consenso que se está escenificando en los últimos días. 

De ahí las distintas propuestas aprobadas en el antiguo Hospital de San Rafael para 'desatascar' una situación que, como último paso, ha dado lugar esta semana al pacto, entre todos los grupos, de una proposición no de ley para apoyar la firma de convenios de compensación entre el Gobierno de Cantabria y los afectados como vía para garantizar el patrimonio de las familias.

Para Antonio Vilela, el presidente de AMA y cara visible del movimiento durante todo este tiempo, “ahora más que nunca” es necesario que la justicia sea “sensible” y entienda el “sufrimiento” de las familias propietarias de algunas de las 621 viviendas que hay en Cantabria con sentencia firme de derribo, porque, según ha recordado, “somos víctimas a las que no se les puede seguir maltratando”.

Y es que los miembros del colectivo, tras diez años de trabajo, marchas, protestas y reivindicaciones, esperan ver legalizadas sus viviendas o que se les construyan otras casas de similares características en zonas cercana. Y si no, al menos, recibir el valor económico de la propiedad. Vilela, durante su intervención, ha reconocido que “se ha avanzado en esa solución, aunque no es definitiva, y estamos mejor, a pesar del dolor de estos años”.

Homenaje múltiple

Homenaje múltipleMuy emocionado y en nombre de la AMA, Vilela ha recordado a todos los integrantes ya no se encuentran con ellos -muchas familias afectadas eran de edad avanzada y los propietarios han fallecido sin ver una solución para sus viviendas- y ha avanzado que la intención del colectivo es publicar un libro sobre su historia que se titulará 'Casas de papel'.

En el acto convocado con motivo del aniversario han sido homenajeados los periodistas Roberto Alonso y Josu García, por el trabajo desarrollado en estos años y por ser quienes publicaron los primeros artículos sobre la fundación de la Asociación de Maltratados por la Administración. También la Asociación de la Prensa de Cantabria ha tenido un reconocimiento por el trato recibido por los medios de comunicación en general. De hecho, el colectivo ha mostrado en una serie de cuadros los numerosos artículos de prensa que acreditan la historia de AMA.

AMA teme que el problema de los derribos acabe siendo una “cadena perpetua” para las familias propietarias, “terceros de buena fe” que, según insiste el colectivo, “no tienen culpa ni responsabilidad de nada”.

“Sin delito, sin ilícitos, sin sentencia, sin razón ética y moral para que la misma (la cadena perpetua) se produzca”, ha aseverado este domingo en un comunicado AMA, el colectivo que aglutina a los afectados por las sentencias de derribo.

AMA ha criticado que “los años pasan y las soluciones nunca llegan” y -ha añadido- “las que se anuncian son trucos y maniobras en la oscuridad, para dilatar en el tiempo las responsabilidades” de las Administraciones.

A juicio de AMA, actualmente el nuevo paquete de propuestas del Gobierno de Cantabria ante el problema que padecen “lleva el germen para los recursos, los autos desestimatorios y nuevas sentencias de derribo sobre viejos temas”.

En opinión de este colectivo, esta situación “pone la incertidumbre sobre las cabezas de cientos de familias” y hace que siga la “cadena perpetua” para las familias.

Según AMA, la “mayor preocupación” de los afectados es que su situación no se una “cadena perpetua” para los afectados para siempre, en la que pasen los años y nunca haya una solución y en la que nunca las Administraciones asuman y haga efectiva su responsabilidad con las familias, cancelando la deuda que tiene con las mismas.

Reunión en Argoños

Esta preocupación ha sido expresada en la reunión que AMA ha celebrado este domingo una reunión en el Centro Cultural de Argoños, en la que la Dirección de este colectivo ha intentado explicar a los afectados, que representaban a todas las urbanizaciones con sentencias de derribo, las nuevas vías abiertas desde las Administraciones.

Este colectivo ha aludido a los dos expedientes administrativos abiertos, por un lado el de reclamación patrimonial ante el Gobierno de Cantabria y, por otro, el expediente para la aprobación de las autorizaciones provisionales ante los ayuntamientos afectados.

También se ha expuesto el contenido propuesto por el Gobierno regional para la firma de un convenio con los afectados para responder de las responsabilidad que tiene las Administraciones Públicas con los mismos, y que han sido fijadas por la Justicia y siguiendo las recomendaciones y normas aprobadas por el Parlamento de Cantabria.

AMA ha creado un grupo de trabajo para coordinar y apoyar a las diferentes comisiones de las urbanizaciones afectadas por sentencia de derribo

Por otra parte, en la reunión de este domingo, a la que han acudido unos 300 afectados, se ha acordado la fecha en la que se conmemorará el nacimiento de AMA, que será el 28 de marzo, a partir de las 12.00 horas en la urbanización Pueblo del Mar I.

Las 200 viviendas construidas en el Alto del Cuco siguen esperando las palas. Hace más de tres años que el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Piélagos y la constructora -Martinsa Fadesa-, obligando entonces a la Administración pública a derribar las viviendas y a restaurar el monte protegido sobre el que fueron levantadas.

El Gobierno de Cantabria, que trabaja en coordinación con el Consistorio, anunció que el derribo se haría efectivo durante el año 2014, cosa que no ha sucedido, y ahora todo apunta a que será el próximo Gobierno el que haga frente a la ejecución de la sentencia. Así se desprende de las palabras del consejero de Urbanismo, Javier Fernández, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa para hacer una recapitulación del estado del Plan de Derribos.

Durante su comparecencia, Fernández ha manifestado que la intención del Ejecutivo autonómico es “impulsar” durante el 2015 la demolición del Alto del Cuco que, según sus cálculos, tendrá un coste de entre 300.000 y 500.000 euros. Gobierno y Ayuntamiento han de elaborar el pliego de condiciones, sacar a concurso público los trabajos de demolición y adjudicarlos, algo que casi con toda probabilidad no sucederá antes de mayo, cuando hay elecciones, con que el derribo quedará en manos del próximo Gobierno.

De momento, la prioridad del Ejecutivo presidido por Ignacio Diego es conceder todas las 'autorizaciones provisionales' a las viviendas con sentencia de derribo que, a juicio del Gobierno, son susceptibles de ser legalizadas. Con esta figura urbanística, aprobada a través de una modificación de la Ley del Suelo, se concede una especie de indulto temporal, que será definitivo cuando los ayuntamientos afectados aprueben sus nuevos planes generales de ordenación urbana.

El Gobierno ya ha concedido 183 autorizaciones provisionales -41 en Piélagos, 32 en Escalante y 110 en Miengo- y tiene en tramitación otras 262. Con ello, espera tener aprobadas durante el mes de marzo 449 licencias provisionales sobre las 621 viviendas que hay en Cantabria con sentencia firme de derribo.

Estas licencias quedarán a expensas de lo que decidan los tribunales de Justicia, ya que está previsto que sean recurridas por el demandante, la asociación ecologista ARCA. Es decir, que el veredicto final no se conocerá hasta dentro de dos o tres años, según ha reconocido el propio consejero.

De forma paralela, el equipo de Fernández está desarrollando junto a AMA -la asociación formada por los afectados- un acuerdo que determine la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública ante los compradores.

En las 130 viviendas ubicadas en Arnuero que no son susceptibles de ser legalizadas y que tienen que ser demolidas, el Gobierno ofrece a los damnificados otra vivienda de similares características que se les entregará antes de que la ilegal sea demolida o la indemnización en el modo fijado por los tribunales, que corresponde al precio de la escritura más la actualización del IPC, una valoración no compartida con los afectados, que denuncian que perderán casi la mitad de lo que invirtieron.

Este acuerdo, que el Gobierno espera cerrar entre abril y mayo, también se está ofreciendo a las viviendas con autorizaciones provisionales, si bien el Ejecutivo cántabro confía que “muy pocas” familias se acojan a él dado que hay “fundadas esperanzas” que pueden ser legalizadas.

¿Cuánto costará?

Preguntado por la cuantía a la que ascenderá el desarrollo del Plan de Derribos -las indemnizaciones, demoliciones y construcción de nuevas viviendas-, Fernández ha recordado que a comienzos de legislatura el Gobierno de Cantabria realizó un estudio que cifraba el coste entre 150 y 250 millones de euros, bastante inferior a los cerca de 350 millones que estima AMA. No obstante, el consejero ha subrayado que la cifra será “sustancialmente más baja” porque confía en que la mayoría de las viviendas sean legalizadas.

Fernández ha detallado que el Gobierno ha consignado una partida de 500.000 euros en los presupuestos de 2015, con la que prevé hacer frente a la indemnización de las cerca de cinco familias que ya han reclamado el pago. El consejero también ha dicho que con este fondo el Gobierno licitará las obras de demolición del Alto del Cuco, estimadas entre 300.000 y 500.000 euros.

A preguntas de la prensa, Fernández ha indicado que en la “mayoría” de los casos la responsabilidad patrimonial es compartida entre el Gobierno y los Ayuntamientos, aunque ha explicado que será el Ejecutivo el que inicialmente asuma los costes, de modo que actuará a modo de prestamista con los ayuntamientos, que tendrán que ir devolviendo el préstamo anualmente. Para el consejero, ésta cuestión es “indiferente” a los afectados, que lo que les preocupa es recuperar su patrimonio. “Las Administraciones ya se arreglarán entre ellas”, ha espetado.

Ejecutar las sentencias

La legalidad o no de las autorizaciones provisionales será determinada por el Tribunal Constitucional después de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) presentara una cuestión de inconstitucionalidad al entender que la reforma de la Ley del Suelo de Cantabria -aprobada en junio de 2013- puede vulnerar las competencias del Estado. El fallo no se espera hasta dentro de unos dos años.

Las licencias definitivas aprobadas a través de los nuevos planes generales también se espera que sean recurridas por ARCA. En este caso, como cada ayuntamiento aprobará su plan general en periodos distintos, la sentencias llegarán en fechas distintas aunque también transcurrirán varios años. En este sentido, el portavoz de los afectados, Antonio Vilela, cree que la solución a las viviendas con sentencia de derribo se prolongará durante dos legislaturas más, según afirmó en una entrevista concedida a eldiario.es Cantabria.

Por su parte, el consejero de Urbanismo ha asegurado que no habrá por parte del Gobierno “más intentos de legalización” y “se respetará” la decisión que tomen los jueces sobre cada una de las licencias. De esta forma, se demolerán las viviendas cuyas licencias no tengan el respaldo de los tribunales y la Administración o bien indemnizará económicamente a los afectados o asumirá el coste del realojo y la construcción de una vivienda similar que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada municipio dé por buena.

Han pasado cerca de 25 años desde que la Justicia dictaminó en Cantabria la primera orden de derribar una urbanización de casas que había sido construida ilegalmente. Esa sentencia todavía no se ha ejecutado, y el problema no solo no se ha resuelto sino que afecta ya a 621 viviendas, la mayoría de ellas edificadas al borde del litoral.

El Gobierno cántabro cree que puede salvar de la piqueta 449 de estas viviendas mediante la aprobación en los ayuntamientos afectados de nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana.

El portavoz de AMA -la asociación que aglutina a los afectados- Antonio Vilela, atiende a eldiario.es Cantabria en la sede del Parlamento regional, tras haber mantenido una nueva reunión con los partidos políticos PP, PRC y PSOE. Están negociando un convenio que garantice el patrimonio de los damnificados en caso de que el plan del Ejecutivo sea echado abajo por los tribunales de Justicia.

Este viernes el Tribunal Constitucional admitía a trámite un recurso de inconstitucionalidad y ahora debe juzgar la legalidad de las autorizaciones provisionales, una figura urbanística que ha aprobado el Parlamento de Cantabria para conceder una especie de bula temporal a las viviendas afectadas hasta que sean aprobadas los nuevos planes urbanísticos. El fallo no llegará, por lo menos, hasta dentro de año y medio.

Se acaba otra legislatura más y el tema de los derribos sigue latente.

El compromiso que adquirió este Gobierno fue que en esta legislatura iba a acabar con el problema. De hecho, si se hubiera aplicado el plan del Gobierno, en este momento estarían legalizadas el 80% de las viviendas. Lo que pedimos es que no se tenga a las familias esperando sine die una solución porque esto nos condena a cadena perpetua, a estar con unas viviendas que siempre están pendientes de la piqueta y del derribo.

El consejero de Urbanismo y Medio Ambiente afirma que el problema se va a dejar encauzado.

Mucho nos tememos que dentro de dos legislaturas estaremos hablando del mismo tema. Con una situación jurídica tan insegura, podemos estar otros diez años sin solución.

¿Diez años más sin solución y con las sentencias de derribo sin ejecutar?

Con los instrumentos que hay, es muy factible por las propias administraciones públicas. Con lo cual, lo que hablamos del horizonte de cinco o siete años sin soluciones claras y definitivas, nos parece que es una hipótesis muy real. Reconocemos el esfuerzo del consejero y de su equipo; lo que ya nos cuesta más es valorar positivamente las soluciones.

¿Ha resultado positivo para vuestros intereses el cambio de Gobierno?

(Silencio) (Resopla). Sinceramente, teníamos muchas expectativas. El PP, cuando estaba en la oposición, nos prometió que se iban a dar soluciones. Desgraciadamente, la realidad es que no se han cumplido esas promesas.

¿En qué ha mejorado el problema en estos cuatro años?

La situación sigue siendo incómoda y dura. Ha variado poco, y nosotros somos cuatro años mayores. Y esto es importante porque la edad media de los afectados supera ampliamente los 65 años.

Si todos remáis en la misma dirección (Gobierno, oposición y afectados), ¿por qué después de más de diez años se sigue sin solución?

Es increíble. Aquí faltan dos partes importantes: el demandante, ARCA. Tendría que ser mucho más comprensivo con personas que son inocentes. Y luego, preguntarse qué derecho están defendiendo porque en un terreno urbano consolidado saben, perfectamente, que aunque se derribe la vivienda, se va a construir.

Y, por otra parte, está una posición muy intransigente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que tiene que comprender que hay unos terceros de buena fe que tienen olvidados y a los que está condenando a esa cadena perpetua.

Lo tenéis asumido…

No tenemos más medios con los que luchar. Con todas las instituciones dándonos la razón, el problema no solo no está resuelto sino que no vemos visos de futuro de que se resuelva.

¿Quiénes son los responsables de este desaguisado?

Los culpables los conocemos perfectamente. No tenemos que ir a buscarlos a ningún lado, entre otras cosas, porque ha sido la Justicia quien los ha definido y quien ha condenado en 30 sentencias firmes de derribo al Gobierno y a los Ayuntamientos, que son los verdaderos culpables. Ahora, evidentemente, también hay demandantes que han ganado esas sentencias -la asociación ecologista ARCA- y que pueden tener en cuenta la situación social que están sufriendo algunas familias, y que se puede mirar una solución.

Viendo que la solución desde el Parlamento no termina de llegar, ¿no valoráis intentar acercar posturas con ARCA?

Estamos abiertos totalmente a llamarles una y otra vez. Cuando quieran, donde quieran, como quieran. Yo como presidente de AMA, cada mes enviaba un correo a la dirección de ARCA pidiéndoles una entrevista. Nunca nos han recibido. Estamos convencidos de que si ARCA hablara con los afectados, les mirara a los ojos y viera el daño que está produciendo, cambiaría su posición. Nosotros somos los primeros que defendemos el ecologismo, pero también hay otras cosas que hay que valorar. El diálogo no hace absolutamente daño a nadie.

Derribar para volver a construir, visto desde fuera no parece muy coherente…

Es una locura de despilfarro. Lo lógico es que una gran parte se puedan legalizar. Eso es un 'debe' que también creo que la Sala de lo Contencioso tendría que tener en cuenta. Con los suelos urbanos consolidados merece la pena que lo miren y que se lo hagan mirar. Porque no puede darse autos y autos de derribo sobre aquello que se puede volver a construir. Y si tiene que derribarse, derríbese ya. No pueden tener durante años a las familias en el limbo jurídico.

¿Preferirías que se derribara ya antes de seguir buscando vías de legalización?

Lo que no estamos es en que se dilate artificialmente. Es decir, si se puede legalizar, legalícese. Y si no puede ser, no perdamos más tiempo. No tengamos 30 años a una persona amarrada a un patrimonio que se hunde. Terminemos con ese procedimiento lo antes posible, condenemos al que ha hecho las cosas mal, pero no podemos seguir condenando a familias que no tienen la culpa de nada.

La herramienta urbanística con la que el Gobierno de Cantabria pretende legalizar una gran parte de las viviendas con sentencia firme de derribo ha quedado ya, definitivamente, en manos del Tribunal Constitucional. Será éste órgano judicial el que determine la legalidad o no de las denominadas 'autorizaciones provisionales'.

Mediante esta figura urbanística, el Gobierno regional pretende salvar de la piqueta 449 de las 621 viviendas que hay en Cantabria con sentencia firme de derribo. Fue aprobada por el Parlamento autonómico en junio de 2013, a través de una reforma de la Ley del Suelo que otorga a los ayuntamientos la posibilidad de legalizar, de forma provisional, estas viviendas.

Para ello, la administración local ha de poner en conocimiento del juzgado que dictó la orden de demolición -la mayoría en los años 90 a raíz de una denuncia de la Asociación Ecologista ARCA- que está elaborando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el que el suelo en el que asientan las casas afectadas puede ser y será catalogado como urbano. Es por este motivo que todos los ayuntamientos cántabros en los que hay viviendas con sentencia de derribo (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos, Miengo y San Vicente de la Barquera) están tramitando nuevos planes generales.

Por ahora, solo Escalante ha concedido autorizaciones provisionales -32-, aunque próximamente serán aprobadas otras 40 en el Ayuntamiento de Piélagos.

La modificación de la Ley del Suelo fue impulsada por el Gobierno de Ignacio Diego (PP) y aprobada por el Parlamento de Cantabria en junio de 2013. Contó con el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), liderado por Miguel Ángel Revilla, mientras que el PSOE, por su parte, se abstuvo al entender que existía “incertidumbre” sobre la seguridad jurídica de la norma.

Esta reforma llega ahora al Tribunal Constitucional después de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) presentara una cuestión de inconstitucionalidad al entender que puede existir una vulneración de las competencias del Estado.

El TSJC inició este procedimiento en el pleito que tiene abierto a raíz de un incidente de ejecución de la sentencia que ordenó la demolición del edificio de Las Torres, en Escalante, aunque es previsible que se repita para las autorizaciones provisionales del resto de municipios afectados.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha manifestado en reiteradas ocasionadas estar “convencido” de que serán ratificadas por los tribunales.

Año y medio

Los afectados creen que la sentencia del Constitucional no llegará como pronto hasta dentro de año y medio. Mientras tanto, las autorizaciones provisionales seguirán vigentes, de modo que la ejecución de las sentencias de derribo también quedan paralizadas.

Mientras tanto, el Gobierno de Cantabria y Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) trabajan en la redacción de un convenio marco que recogerá los compromisos del Gobierno con los afectados en caso de que las autorizaciones provisionales sean anuladas por el Tribunal Constitucional.

Este órgano, en abril de 2013, ya falló en contra de otra modificación de la Ley del Suelo de Cantabria aprobada durante el mandado del anterior Gobierno de coalición PRC-PSOE, que proponía indemnizar a los propietarios antes de la ejecución efectiva de los derribos.

El Gobierno asegura que dejará "encauzada" la solución antes de finalizar la legislatura.

El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, acompañado por otros integrantes de la plataforma, ha mantenido un nuevo encuentro de trabajo en el Parlamento con los diferentes grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE) al objeto de continuar dando forma al convenio marco que recogerá los compromisos del Gobierno de Cantabria con los afectados por sentencias de derribo en caso de que las autorizaciones provisionales sean anuladas por el Tribunal Constitucional.

En declaraciones a eldiario.es Cantabria, Vilela ha apuntado que la intención de AMA es que el convenio sea aprobado en la Cámara regional “por consenso” antes de que finalice la legislatura. Dicho acuerdo será una especie de contrato marco que el Gobierno deberá desarrollar posteriormente con las urbanizaciones afectadas, dado que cada una de ellas tiene sus particularidades. El presidente de la Asociación valora como “positivo” el borrador, aunque deja entrever sus dudas.

“Hay que ver como terminan las negociaciones y, sobre todo, la aplicación y el desarrollo”, subraya Vilela, que recuerda que algunas de las leyes aprobadas por el Parlamento han quedado en “nada” después de haberse vendido como la solución. Sin mencionarlo, Vilela se refiere a la conocida como ‘ley de derribos’, anulada por el Tribunal Constitucional en abril de 2013, y que pretendía paralizar el derribo hasta que la administración resolviera quién debía pagar las indemnizaciones y hasta que dichas compensaciones no se hubieran pagado a los propietarios de las viviendas a derribar.

Ahora, con las autorizaciones provisionales pendientes de la resolución del Constitucional, el Ejecutivo autonómico trata de tender una red que proteja el patrimonio de los afectados. “Si los jueces deciden el derribo, automáticamente se aplica el convenio”, destaca Vilela.

Este nuevo acuerdo se basa, fundamentalmente, en que aquellos casos en los que el derribo de la vivienda sea insalvable, la Administración regional, en colaboración con los ayuntamientos implicados, se compromete en proporcionar a los afectados otra de similares características. En el caso de que la persona no quiera otra vivienda y prefiera el cobro de la indemnización, habrá un arbitraje que fije la cantidad.

Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, la intención es “garantizar” el patrimonio de las familias mediante el procedimiento de ‘vivienda por vivienda’ para compensar a los propietarios de los inmuebles que vayan a ser demolidos. El representante del Gobierno ha comenzado a mantener reuniones bilaterales con cada una de las urbanizaciones para explicar los planes del Ejecutivo presidido por Ignacio Diego. La primera, este pasado sábado con los 78 afectados de la urbanización Pueblo del Mar I.

El convenio sobre el que trabajan AMA y el Ejecutivo no especifica, por un lado, qué administración será la encargada de construir el nuevo inmueble ni en qué parcela y, por otro lado, quién será el árbitro que determine la cuantía de la indemnización. En este sentido, desde AMA apuntan que el convenio puede ser una prórroga, un aplazamiento, o el traslado del problema actual a un futuro más o menos próximo. En cualquier caso, Vilela enfatiza que lo que no desean los afectados es que se continúe alargando la solución ya que, según recuerdan, las primeras sentencias de derribo datan de hace 25 años.

Problema encauzado

Problema encauzadoEl titular de Medio Ambiente reiteró este viernes que el objetivo del Gobierno es que para finales del primer trimestre del año estén aprobadas por los ayuntamientos todas las autorizaciones provisionales que caben, es decir, que esta figura se concederá a las 449 viviendas que el Gobierno entiende son susceptibles de ser legalizadas con los nuevos planes urbanísticos.

Además, Fernández señaló que de forma paralela se trabajará en los expedientes de responsabilidad patrimonial para la indemnización a los afectados a los que haya que demoler sus viviendas y que no acepten la sustitución de su casa por otra o en el caso de que finalmente no puede ser legalizada. Dicha indemnización será “muy rápida” y correrá a cargo de un “árbitro independiente”, asegura el consejero.

Daniel Ellsberg, el whistleblower de Los Papeles del Pentágono, ha anunciado en los foros de Reddit que Edward Snowden se une a la junta directiva de la Freedom of the Press Foundation, de la que él es cofundador.

Ellsberg es el analista militar que filtró 7.000 documentos clasificados sobre la Guerra de Vietnam, que hoy se conocen como Los Papeles del Pentágono. Estos papeles demostraban que Lyndon Johnson sabía que iba a perder la guerra de Vietnam y que mintió sobre los informes de inteligencia mientras seguía enviando tropas norteamericanas a un fracaso seguro. En ese momento, Ellsberg envió copias a 20 medios entre los que estaba el New York Times, haciendo lo que Julian Assange repetiría años después. Además de salpicar a Johnson, el escándalo llegó hasta otros dos gobiernos: el de Kennedy y el de Nixon y creó un precedente para la democracia. Ellsberg fue llevado a juicio por espionaje y lo ganó.

Ellsberg ha elegido abrir un AMA en Reddit para anunciarlo. AMA es el acrónimo en inglés de Ask Me Anything (Pregúntame Lo Que Quieras) y es un formato que tienen en Reddit, uno de las comunidades más visitadas en internet, para que cualquiera pueda ser entrevistado por quienes visitan los foros, quedando registradas todas las preguntas y las respuestas del entrevistado.

Allí Ellsberg dice que cree que Snowden “ha hecho más para apoyar y defender la Constitución -en particular la primera y la cuarta enmienda- que cualquier miembro del Congreso o cualquier otro empleado del cuerpo ejecutivo, llegando hasta el presidente: cada uno de quienes tomaron el mismo juramento, el que mucho de ellos han violado”.

En la junta directiva de la Freedom of Press Foundation se encuentran otros activistas por la libertad de expresión, como Glenn Greenwald, el periodista que publicó en The Guardian las revelaciones de Snowden sobre la NSA; John Perry Barlow, escritor; Laura Poitras, documentalista, y Xeni Jardin, editora de Boing Boing, entre otros.

Esta asociación sin fines de lucro tiene como objetivo ayudar a promover el periodismo en favor del interés público enfocado en desvelar la corrupción, el mal manejo y las violaciones de la ley por parte del gobierno. En estos momentos tienen una campaña en marcha para proteger las comunicaciones digitales de los periodistas mediante el mantenimiento de herramientas de cifrado: LEAP, Open WhisperSystems, Tails y Tor Project.

En la sesión del AMA, que duró unas 7 horas, Ellsberg debatió sobre otras cuestiones, como la vigilancia de la NSA, la posición de Obama con relación a los whistleblowers y los peligros de un gobierno poco transparente.

Un momento curioso fue cuando de los participantes, PulvisEtUmbraSumus, le preguntó cuándo se había dado cuenta de que la administración de Nixon lo vigilaba antes de que se produjera la filtración de los papeles del Pentágono, y Ellsberg contesta que acaba de enterarse hace 10 minutos por su enlace, mostrándose maravillado de que lo haya encontrado. 

El usuario lcogan pregunta sobre los argumentos para contestar a quienes dicen que  ellos “no tienen nada que ocultar”, y quería saber cómo les hacía ver que no era un argumento válido. 

Ellsberg contesta: “¿Quieren vivir en una democracia, con equilibrio de poderes y control sobre el poder ejecutivo? (Pueden sentir que no les importa, aunque yo diría que debería importarles, pero si lo hacen es relevante a la pregunta que le sigue). ¿Creen realmente que una democracia real es viable cuando un poder del gobierno, el Ejecutivo, sabe o puede saber cada detalle de cada conversación privada (o transacción financiera) o cada periodista, o la fuente de cada periodista, cada miembro del Congreso y sus empleados, cada juez, en cada nivel de la Corte Suprema? ¿Piensan que cada una de estas personas no tiene ”nada que ocultar“, nada que pueda ser usada para chantajearlos o manipularlos, o neutralizar su disconformidad con las políticas del Ejecutivo o influir su voto? ¿Es realmente posible el periodismo de investigación o la investigación confrontativa del Ejecutivo en el Congreso, o el control judicial de ciertas prácticas del Ejecutivo sin esa transparencia por parte del Ejecutivo de la vida privada y profesional de esas personas y asociaciones? Y sin cualquiera de esos controles, el tipo de democracia que tienes es la de la República Democrática Alemana en la Alemania del Este, con su Stasi (la que tenía una minúscula fracción de la capacidad de vigilancia que tiene la NSA ahora, pero suficiente para convertir a una fracción de la población de la Alemania del Este en informantes secretos). 

¿Podrían estos “buenos y honestos ciudadanos”, que no tienen nada que esconder imaginar que alguna vez podrían sentir el desafío de ser whistleblowers, o una fuente para un periodista o un congresista, o comprometerse en asociaciones o partidos políticos críticos de la actual administración? Como dejó de manifiesto “The Burglary” [la revelación de papeles del FBI] era suficiente con escribir una carta crítica del FBI a un periódico para entrar en la lista negra de J. Edgar Hoover para una posible detención o una vigilancia más activa. Y una vez allí, difícil o imposible salir. (Mirad las listas “no fly”, de pasajeros que no pueden volar hoy).“

Otra de las respuestas interesantes fue en torno a qué sería necesario para que una verdadera reforma de la NSA tuviera lugar. Ellsberg dijo que “conseguir que una NSA responsable de sus actos y bajo control democrático es un desafío muy grande, difícil y un problema incierto”. “Los cuatro expertos de la NSA que renunciaron en protesta a la inconstitucionalidad de sus medidas desde el 11-S -Kirk Wiebe, Thomas Drake, Ed Loomis y Bill Binney- han publicado recientemente una lista de reformas que creen que son necesarias. Para asegurarnos de que estas medidas son llevadas a cabo, después de que el Congreso y el presidente las hayan aprobado (bajo presión pública), ellos proponen un cuerpo de técnicos expertos en inteligencia empotrado en la NSA con auditoría continua y acceso a todas las bases de datos y ordenadores la NSA, reportando al Congreso y a la Corte de la FISA. ¿Aceptarán inmediatamente el presidente o la NSA ese cuerpo? NO. Pero el Congreso puede crearlo y otorgarle poderes, si estuvieran lo suficientemente presionados a hacerlo por un público alarmado.”

Foto: Thomas Good [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons