“La sentencia es otro golpe para las familias inocentes”

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria, considera que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula las autorizaciones provisionales es “otro golpe para las familias inocentes”.

Por este motivo, AMA ha convocado el domingo 13 de diciembre, a las 12.00 horas en el Ayuntamiento de Argoños, un acto de apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Previamente y ante la inquietud creada por esta sentencia sobre las autorizaciones provisionales, se informará a los afectados de las consecuencias de la misma, así como la situación de los convenios y daños morales pendientes.

AMA cree que las autorizaciones provisionales “son un instrumento positivo para solucionar problemas dentro del ámbito urbanístico y subraya que su función no es la regularización o legalización, sino ”dar un tiempo prudencial“ para que los instrumentos urbanísticos apropiados se puedan desarrollar, siempre bajo la supervisión judicial, ”lo cual parece muy razonable“.

“Lo contrario nos puede llevar al absurdo de derribar viviendas que posteriormente pueden ser legales e incluso en muchos casos derribar viviendas, donde luego en el mismo sitio se pueden volver a construir”, subraya la asociación en un comunicado de prensa.

Para AMA, el hecho de que las autorizaciones provisionales hayan sido declaradas inconstitucionales, “lo que deja patente es que el ámbito de competencia no puede ser autonómico y que quizás este tipo de problemas urbanísticos necesitan una mejor y mayor regulación en nuestra legislación estatal”. Además, insisten en que es necesario una redacción “más acorde” con la normativa vigente, y en concreto que respete el artículo 117.3 de la Constitución, al considerarse legislación procesal.

“Hay que dar soluciones y no puede ser que los problemas de ejecución de sentencias duren en muchos casos más 20 años, sin una solución justa”, reivindica.

AMA dice tener la impresión de que “hay normas que duran lo que dura una legislatura, de tal forma que los problemas van pasando de mano en mano, de legislatura en legislatura, como la falsa moneda”. Asi sucedió, explican desde la asociación, con la Ley de Cantabria 2/2011 de 4 de abril, con relación a los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística, y ahora con la Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales.

En este sentido, AMA reitera su “preocupación porque las leyes de nuestro Parlamento se queden en papel mojado, en intentos frustrados de dar soluciones a los ciudadanos, creando una gran frustración en cientos de familias que han confiado en que las mismas iban ser las soluciones prometidas”.

“También produce inquietud por la tendencia que puede suponer una merma de competencias de las comunidades autónomas, y con ello de derechos de todos ciudadanos, con sentencias donde, y con todo respeto al alto tribunal, quizás no se están valorando, suficientemente, leyes y estatutos de las mismas”, opina AMA.

Muchas familias sin convenio

Por otra parte, la asociación señala que estas situaciones hacen que aumente la preocupación, porque “son todavía muchas las familias afectadas que no tienen convenios, tal y como se habían comprometido las instituciones de Cantabria, el Gobierno y los ayuntamientos afectados”.

También explican los afectados que solamente el artículo 108.3 de la LRJCA que se aprobó en el Senado el pasado 24 de junio por unanimidad de todos los grupos, por el cual, hay que indemnizar antes de derribar las viviendas de las familias inocentes, “nos ofrece actualmente alguna garantía global”.

Desde AMA piden al Gobierno y los municipios afectados por sentencias de derribo, que por vía de urgencia aprueben los instrumentos que se han comprometido, “y que son de justicia, para que las familias no sigan pasando miedo ante nuevos autos de derribo que se pueden producir con la situación actual”.

“Mientras que los culpables no sufren pena, ni castigo, ni consecuencia alguna por sus actuaciones ilícitas y delictivas, las víctimas, cientos de familias siguen con su condena perpetua y parece que no revisable”, denuncia.