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El Constitucional anula la autorización provisional que suspendía los derribos

El Tribunal declara inconstitucional la reforma de la Ley del Suelo aprobada durante la anterior legislatura por el Parlamento de Cantabria para evitar la demolición de más de 400 viviendas declaradas ilegales

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Los propietarios de viviendas con sentencia de derribo en una de sus marchas reivindicativas.

Los propietarios de viviendas con sentencia de derribo en una de sus marchas reivindicativas.

El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado este jueves sobre las denominadas 'autorizaciones provisionales' concedidas por el anterior Gobierno de Cantabria a las viviendas con sentencia de derribo y lo ha hecho de forma negativa para los intereses del Ejecutivo cántabro y de los afectados, ya que ha declarado inconstitucional esta figura urbanística que se creó durante la pasada legislatura con el ánimo de amparar a las urbanizaciones con orden de demolición. 

El fallo de la Sala Primera del Tribunal Constitucional se produce a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) planteara a este órgano judicial un recurso de inconstitucionalidad al considerar que las autorizaciones provisionales podrían vulnerar las competencias del Estado, tal y como ha estimado ahora el TC.  La sentencia tan sólo hace referencia al primer recurso presentado por la sala de Cantabria, el que afecta a las 32 viviendas del edificio Las Torres, ubicado en el municipio de Escalante, pero crea jurisprudencia, por lo que es determinante para el resto de autorizaciones provisionales aprobadas, que con toda seguridad correrán la misma suerte.

Con las autorizaciones provisionales, el Gobierno autonómico pretendía salvar de la piqueta a 449 de las 621 viviendas con sentencia firme de derribo que hay en la comunidad. Esta herramienta urbanística fue aprobada por el Parlamento -con los votos favorables de PP y PRC y la abstención del PSOE- en junio de 2013, a través de una reforma de la Ley del Suelo que otorga a los ayuntamientos la posibilidad de legalizar, de forma provisional, las viviendas afectadas.

Para ello, los consistorios han de poner en conocimiento del juzgado que dictó la orden de demolición que están elaborando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y que el suelo en el que se asientan las casas será catalogado en el mismo como urbano y, por lo tanto, serán legales. Es por este motivo que todos los ayuntamientos cántabros en los que hay viviendas con sentencia de demolición (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos, Miengo y San Vicente de la Barquera) están tramitando nuevos planes generales.

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