La Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE) del Gobierno ha aprobado este lunes un 'extra' al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por un total de 2.934 millones de euros, de los que destina 1.693 millones a la Comunitat Valenciana, 878 millones a Catalunya y 363 millones para Murcia.

Este fondo, parte del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, busca atender parte de las necesidades de déficit de ejercicios anteriores, en concreto de 2024, pendientes de financiar, ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, en el que detalla que estos 2.934 millones se distribuirá a través de este Extra FLA.

Los 1.693 millones de euros que recibirá Valencia del Extra FLA se suman a los 2.364 millones de euros del Fondo de Financiación acordados a inicios de marzo de este año y que se asignaron a la Comunitat para cubrir los gastos extraordinarios por la dana.

Según Hacienda, la Comunitat Valenciana “es el territorio que más cantidad ha recibido de este Fondo, con más de 10.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio”.

La financiación otorgada por este acuerdo sobre el Extra FLA se realiza en unas condiciones financieras favorables que contribuyen a dotar de mayor liquidez y a reducir los costes de las autonomías beneficiadas, favoreciendo su sostenibilidad financiera, resalta el Ministerio.

Este acuerdo se adopta para ayudar a la atención de operaciones comerciales pendientes de pago de las autonomías afectadas, así como para que cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades de financiación.

Contando con lo aprobado hoy en la CDGAE, los recursos totales asignados hasta el momento por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2025 ascienden a 26.575 millones de euros.

En esa misma reunión, el Gobierno también ha acordado la asignación a las autonomías para el primer trimestre de 2026, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que asciende a 3.465,2 millones de euros.

Catalunya recibirá 1.350 millones de euros, la Comunitat Valenciana se llevará 958 millones y Castilla-La Mancha tendrá 386 millones, mientras que otras beneficiadas serán Murcia, con 193 millones; Aragón, con 180 millones; Extremadura, con 180 millones; Islas Baleares, con 158 millones y Cantabria, con 57 millones.

El acuerdo no incluye asignación para Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y Euskadi, dado que no la han solicitado con cargo al Fondo de Financiación.

Carles Puigdemont llevaba meses reclamando al Gobierno una “amnistía política”, lo que a su entender pasaba por rehabilitarle simbólicamente como interlocutor a falta de que los tribunales le apliquen de pleno la amnistía judicial. ERC, por su parte, lleva otro tanto castigando al Ejecutivo de Pedro Sánchez (y de paso al de Salvador Illa) negando su apoyo a los presupuestos hasta que no se avanzara en el cumplimiento de los acuerdos de investidura.

Con estas dos quejas en el retrovisor, el Gobierno ha decidido dar respuesta, al menos parcial, a las dos. Lo ha hecho casi a la vez: ha elegido el primer martes del inicio de curso y lo ha hecho con dos medidas muy distintas, pero que sirven ambas para afianzar los puentes con dos de las formaciones claves para la mayoría en el Congreso.

La esperada fotografía de la reunión entre el president Illa y Puigdemont se ha producido a primera hora de la tarde en la sede de la Generalitat en Bruselas. No ha habido declaraciones, aunque los equipos de ambos habían deslizado horas antes sus propias interpretaciones. Para el Govern, se trata de un encuentro dentro de la normalidad institucional con un expresident que, además, es líder de la oposición. Para Junts, según ha deslizado su secretario general, Jordi Turull, el encuentro llega “tarde” y, a su parecer, no responde al criterio propio de Illa sino al interés de Pedro Sánchez.

En Junts siempre han explicado que la rehabilitación política que Puigdemont reclama no tiene que ver con una mera fotografía sino con un encuentro con contenido político, que ellos ven más idóneo con Sánchez. Illa es, en cambio, un premio de consolación que nadie descarta, ni siquiera el Govern, que pueda ser la antesala de otras reuniones.

Con todo, el president de la Generalitat lleva semanas subrayando su deseo de que la amnistía le sea aplicada de inmediato a Puigdemont. “Hubiera preferido verme con él aquí [en el Palau de la Generalitat]”, aseguró Illa en una entrevista el lunes.

Más allá de la coyuntura judicial, la reunión de president y expresident también responde a una de las inquietudes de Junts que, tras el terremoto por la caída en desgracia de Santos Cerdán en junio pasado, se preguntaba cómo continuaría su relación con el PSOE, habida cuenta que el navarro era uno de sus principales valedores.

La respuesta del Gobierno a las dudas de Puigdemont ha sido poner más carne en el asador de la negociación de Bruselas. Primero, con la intercesión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, después, con una visita de Illa que en el Govern no contemplaban solo hace unos meses.

El mensaje que Moncloa quiere enviar es que siguen tomándose tan en serio como el primer día la relación con Puigdemont y los suyos, un partido que es clave para decantar la mayoría en el Congreso y que, si bien no lo ha puesto fácil en los últimos dos años por votaciones en las que se ha alineado con la derecha del PP y Vox, tampoco ha sido un partido que se haya llegado a descolgar nunca del acuerdo con el Gobierno. Los votos de Puigdemont son claves para aprobar unos eventuales presupuestos generales en 2026, pero también, y no menos importantes, para sacar adelante compromisos del Gobierno con otros socios.

Quita del FLA para cumplir con Junqueras

Uno de esos otros socios, también de importancia estratégica para que la legislatura continúe, es precisamente ERC. La hostilidad entre Puigdemont y Oriol Junqueras es manifiesta, pero ambos son necesarios para cumplir con las demandas recíprocas, por lo que al Gobierno más le vale alinearlos. Por eso, en paralelo a la visita de Illa a Bruselas, el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones ha aprobado una extraordinaria quita de deuda de las Comunidades Autónomas, que responde a uno de los puntos del acuerdo de investidura de Sánchez con ERC.

La condonación de la deuda en total asciende a 83.252 millones de euros, de los cuales 17.104 corresponden a Catalunya. Las cifras se han calculado mediante una fórmula con la que el Ministerio de Hacienda ha ponderado el sobreendeudamiento durante la crisis financiera que deterioró las cuentas de cada una de las administraciones autonómicas. Aunque el pacto de ERC solo hablaba de Catalunya, la comunidad que mantenía un mayor nivel de deuda a través del mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ideado por el ministro Cristóbal Montoro, el Gobierno ha optado por generalizarlo a todas las autonomías.

ERC está satisfecha del paso dado, indispensable pero no definitivo, porque tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros se inicia la siempre complicada andadura en el Congreso. Con todo, los republicanos vienen advirtiendo de que “liberar” a la Generalitat de la carga del FLA es solo una de las muchas medidas que esperan de los socialistas en cuestión de financiación.

Oriol Junqueras se esforzó por dejarlo claro en una rueda de prensa el lunes. “No habrá negociación presupuestaria mientras no se resuelva el modelo de financiación y el de la recaudación fiscal [por parte de la Agència Tributaria de la Generalitat]”, aseguró el presidente de Esquerra, que marcó como indispensable que Hacienda presente cuanto antes sus planes sobre la nueva fórmula de reparto de recursos entre autonomías.

Además, ERC ha anunciado que presentará el próximo lunes una proposición para modificar diversas leyes, entre ellas algunas orgánicas, para habilitar a la Agència Tributària de Catalunya a recaudar impuestos como el IRPF.

Los pasos dados este martes para amarrar a las dos formaciones del independentismo catalán son necesarios pero no suficientes para garantizarse la mayoría en el Legislativo, una realidad que el Gobierno ha podido comprobar durante toda la legislatura. Sin embargo, tener alineados a ERC y Junts es sin duda uno de los retos que Sánchez ya tuvo que resolver en otoño de 2023 y que, dos años después, quiere dejar encarrilado antes de enfrentar nuevos desafíos, como aprobar unas cuentas, que serían las primeras de la legislatura.

Rebelión y frente común de las comunidades gobernadas por el PP contra la condonación de la deuda autonómica que el Consejo de Ministros aprobará este martes. El anteproyecto de ley surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez para perdonar una parte de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y será extensible a las comunidades autónomas que lo pidan menos a Euskadi y a Navarra, que tienen conciertos fiscales propios. Aun así, los barones del PP se oponen por lo que consideran un trato de “privilegio” para Catalunya y varias comunidades gobernadas por este partido han anunciado que recurrirán la medida.

Al contrario de lo que sostiene el PP, el Gobierno argumenta que esta quita, que deberá ser aprobada por las Cortes, no incluye privilegio ni agravio alguno. El Ejecutivo ve “difícil” que las comunidades no acepten la condonación, pese al rechazo mostrado por el partido de Alberto Núñez Feijóo, según palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Gobierno asumirá hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas, tras el visto bueno en febrero del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde doce comunidades autónomas gobernadas por los populares ya protagonizaron un plante.

El propio Feijóo ha reiterado este lunes su rechazo explícito al planteamiento del Gobierno porque es una “trampa y una mentira”. “La deuda no desaparece, la deuda se mantiene y lo único que ocurre es que vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas”, ha señalado Feijóo, que ha apostillado que “no es justo para el conjunto de los españoles”. Para el líder del PP, lo que en un caso es mala gestión, Catalunya, en el otro es mala financiación, Comunitat Valenciana.

Según el cálculo que el Ejecutivo hacía el pasado febrero, las autonomías podrían ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses. “No tienen argumentos para renunciar”, afirmó este viernes la ministra de Hacienda desde Sevilla.

De hecho, la comunidad más beneficiada no es Catalunya, sino Andalucía, algo que también esgrime el PP para atacar a la ministra, por su condición de candidata socialista a presidir la comunidad. El Estado asumiría 17.104 millones de euros en el caso de la primera y 18.791 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Tras estas dos autonomías, se sitúan la Comunitat Valenciana (11.210 millones de euros) y la Comunidad de Madrid (8.644 millones), aunque la administración que preside Isabel Díaz Ayuso no tiene deuda del FLA y lidera la oposición de los populares. Madrid tiene deuda con bancos y otros acreedores, en total cerca de 37.000 millones de euros, un 12,1% de su PIB (Producto Interior Bruto). 16.000 millones son préstamos bancarios.

Según explicó Montero en el Consejo de Política Fiscal de febrero, el reparto de la quita de la deuda sigue criterios “técnicos y transparentes” a partir de “la población ajustada de cada territorio, el sobreendeudamiento en la anterior crisis financiera y el esfuerzo de los últimos años”.

Estas cuatro son las regiones más endeudadas de nuestro país en términos absolutos. Mientras que Catalunya y la Comunitat Valenciana destacan si se mide la deuda en relación con el PIB.

Pese a ello, el ejecutivo que preside Carlos Mazón considera “inaceptable” la condonación parcial por ser fruto de un pacto “unilateral”, carecer de consenso autonómico y que, por no tener en cuenta que el 80% de la deuda valenciana, tiene como origen la infrafinanciación, según ha señalado la consellera de Hacienda, Ruth Merino.

La infrafinanciación es, precisamente, el principal argumento de Catalunya para defender la medida, por lo que sorprende que Comunitat Valenciana lo utilice en sentido contrario. El gran telón de fondo de la condonación de la deuda es el pacto sobre la financiación promovido por Catalunya.

También se opone a esta medida Andalucía, que ve en ella una “cesión más” del Gobierno ante el independentismo catalán para poder seguir en la Moncloa y denuncia que no genera “ni un euro más para invertir en Andalucía”, sino que solo afectará al balance de las cuentas, beneficiando más a las comunidades más endeudadas al mejorar su solvencia.

Andalucía reclama un nuevo sistema de financiación, al calcular que con el actual deja de percibir 1.528 millones de euros cada año. Además, la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, ha acusado a Montero, candidata socialista en Andalucía, de no haber “movido ni un solo dedo” en siete años para paliar la infrafinanciación.

Pese a todo el ruido, el Gobierno ha considerado que las comunidades del PP se acogerán a esta medida cuando reciba el visto bueno del Congreso. El escenario más optimista es que pueda ser aprobada a finales de este 2025 siempre que el Gobierno reúna el apoyo necesario de los distintos grupos parlamentarios.

Sumar seduce a Compromís y critica el 'dumping fiscal' de Ayuso

Así se entienden las alegaciones anunciadas este lunes por Sumar. La formación que lidera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que se mejore la quita para la Comunitat Valenciana para poder contar con los votos de Compromís, al tiempo que pide que se condicione a que no haya 'dumping' fiscal.

Sumar arguye, por un lado, que la autonomía valenciana es una de las comunidades más infrafinanciadas y, por el otro, critica que el Estado condonará deuda a autonomías que “después bajan sustantivamente los impuestos”, una cuestión que “tienen que sufragar los españoles”, en alusión a la Comunidad de Madrid. Por este motivo Díaz considera la quita parcial de la deuda como una propuesta “modesta”.

Desde Compromís, Joan Baldoví se ha mostrado partidario de la quita de la deuda, “pero no” con las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda. A su juicio, los criterios “deberían ser que los que están peor” sean “los que más quita tienen”. Por eso mismo, ha cuestionado “cómo a Andalucía le quitan el 50% [de su deuda] y a los valencianos lo que nos quitan no llega al 20%”. “Por tanto, algo falla en los criterios”, ha advertido.

El Gobierno prevé aprobar “en breve” en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que regulará la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que pactó en febrero con ERC, han informado fuentes del Ejecutivo central a Europa Press.

Las mismas fuentes han subrayado que esta quita de deuda, que contempla la condonación de más de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas que asumirá el Estado, “supondrá una notable reducción del pasivo de las comunidades autónomas, mejorará su posición financiera, facilitará su acceso a los mercados y les permitirá destinar más recursos para reforzar el estado de bienestar”.

En un comunicado, ERC ha celebrado que esta aprobación por parte del Gobierno, que ha adelantado 'Nació Digital', llegará “en el primer Consejo de Ministros (del nuevo curso político) que se celebrará a principios del mes de septiembre”. Sería, por tanto, en el segundo Consejo tras las vacaciones de verano, ya que el primero se celebrará todavía en agosto, el próximo martes 26.

Los republicanos han valorado este acuerdo pero han avisado de que “hay que progresar en el entendimiento sobre la financiación singular si se quiere tener la posibilidad de lograr nuevos acuerdos”, en alusión a los Presupuestos.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que el objetivo de este pacto es “que antes de final de año el Congreso de los Diputados de luz verde a esta condonación”.

Los republicanos han asegurado que han hecho un seguimiento constante del cumplimiento del pacto que ERC y el Gobierno firmaron en febrero y que se aprobó posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano estatal competente para iniciar este tipo de trámites.

En concreto, se incorporó la condonación de la deuda del FLA y la deuda de las comunidades autónomas con entidades privadas, lo que supondrá para Catalunya “un ahorro de 17.104,95 millones de euros, que representa un 19,9% de la deuda total de la Generalitat”, han destacado los republicanos.

Junqueras ha defendido que se apruebe “antes de finales de este año para que así el Govern catalán pueda incorporar en sus cuentas un ahorro en intereses de unos 1.000 millones de euros anuales, lo que supone aproximadamente un ahorro del 20% en este concepto”, ha puntualizado.

La quita de la deuda fue planteada el pasado febrero por Hacienda como una medida “sin precedentes” para aliviar “el sobreendeudamiento de las regiones en la anterior crisis financiera y reforzar el estado de bienestar”. La medida fue recibida con el rechazo del PP y sus barones autónomicos, aunque algunos de ellos se abrieron a acogerse a ella horas después de escenificar un plante al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora, el Gobierno prevé enviar a las Cortes un proyecto de ley, tras abrir un proceso de consulta ciudadana antes del verano.

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Generalitat Valenciana el crédito de 1.800 millones de euros que reclamó Carlos Mazón. La reunión de este martes ha avalado la operación que solicitó formalmente el pleno del Consell hace una semana para poder cubrir gastos, tras semanas reclamando una dotación extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómico, que habitualmente se realiza en julio. Sin embargo, el Ejecutivo central sigue sin aclarar si se autorizará esta inyección del llamado 'extra FLA'.

La Generalitat Valenciana solicitó autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo con los bancos con el objetivo de financiar necesidades transitorias de tesorería. El Ejecutivo valenciano acumula una serie de impagos a proveedores, entre ellos las farmacias, por falta de liquidez, tras renunciar a un buen montante de ingresos con las rebajas de impuestos a grandes patrimonios.

La autorización del Gobierno central solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025, según informa Hacienda. El Gobierno destaca que el compromiso con la Comunitat Valenciana para garantizar su suficiencia financiera se ha “redoblado” con recursos adicionales y específicos tras el impacto provocado por la dana del pasado 29 de octubre. En marzo, recuerda el Gobierno, se asignó un 'FLA dana' a la Comunidad Valenciana por un importe de 2.364,3 millones de euros para cubrir los gastos extraordinarios no financieros de la Generalitat este año a consecuencia de la riada. El Ejecutivo suma los recursos ordinarios procedentes del FLA de los tres primeros trimestres del año 2025. En total se han asignado a la Comunitat Valenciana 8.373 millones de euros procedentes del Fondo de Financiación.

Hace una semana el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, comunicó a la Generalitat Valenciana y a los municipios afectados por la DANA que habían consignado gasto elegible para el Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) el reparto definitivo del anticipo de 100 millones de euros de dicho mecanismo aprobado por la Comisión Europea. En concreto, el gobierno autonómico recibirá 39,9 millones de euros y las Entidades Locales afectadas con gasto elegible otros 14,4 millones.

La autorización del crédito, que conllevará unos intereses millonarios para la Generalitat Valenciana, se produce en medio de las negociaciones de la financiación singular de Catalunya y la condonación de la deuda, que el PP rechaza. El Ejecutivo valenciano podría beneficiarse de una reducción de 600 millones de euros al año en intereses con la quita de la deuda por la infrafinanciación, si asumiera una postura similar. Por el momento, el Consell de Mazón rechaza firmemente el trato con Catalunya. Solo en intereses por la deuda actual, la Generalitat Valenciana pagará 1.200 millones de euros en 2025, según un informe de la Fundación Fedea.

El Gobierno ya ha ejecutado 7.500 millones para la DANA

El Ejecutivo central defiende que, al margen de los recursos inyectados a la Generalitat, se han ejecutado directamente 7.500 millones de euros a cuenta de la Administración central. Según los datos de ejecución presupuestaria de 2024 y los primeros meses de 2025, la Administración Central ha destinado ya más de 7.500 millones de euros a paliar los daños provocados por la DANA, lo que supone más del 90% de los recursos ejecutados por todas las Administraciones Públicas para mitigar los efectos de este desastre natural, apunta Hacienda.

En concreto, el Ejecutivo ha aprobado tres reales decretos leyes con medidas muy potentes que movilizan 16.600 millones de euros y que además contemplan ayudas directas que los damnificados no tendrán que devolver. Además, se han puesto en marcha medidas de apoyo a otras administraciones, como los ayuntamientos, como primeras administraciones en atender a los afectados por la DANA, recalcan.

“La batalla para evitar el cupo separatista”

La portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha recalcado este martes que el Gobierno valenciano dará “toda la batalla política, social y jurídica que sea necesaria para evitar” la financiación singular de Cataluña que cuenta con “el beneplácito de los socialistas valencianos” y por ello ha urgido a “su secretaria general, Diana Morant, a decir si se ponen del lado de Pedro Sánchez o del lado de los valencianos”.

Camarero, en rueda de prensa, ha señalado que esta propuesta de Sánchez es “solo para aguantar un ratito más en La Moncloa” y ha recalcado al respecto que el Gobierno valenciano está “dispuesto a la negociación, pero en el sitio donde toca negociar, que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)”.

La portavoz y vicepresidenta del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha comparecido este martes tras el pleno ordinario y extraordinario del Consell, intervención que ha aprovechado para atacar una vez más al Gobierno por la no activación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que, según ha denunciado, está asfixiando financieramente al ejecutivo autonómico hasta el punto de empezar a incurrir en impagos.

Una denuncia que, sin embargo, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, matizó al apuntar también a la Generalitat Valenciana como responsable de los impagos por destinar “fondos finalistas a otras partidas”.

Sobre estas críticas, Camarero ha explicado que “todos los recursos financieros se centralizan en una caja única, un procedimiento que viene del anterior Gobierno [del Botánico] y se hace en aplicación del artículo 68 de la Ley de Hacienda Pública, por lo tanto no es una práctica exclusiva de esta Generalitat, sino que lo han aplicado en otros casos”.

Camarero ha añadido que en la etapa del Botánico utilizó “1.300 millones de fondos europeos no ejecutados en la caja única, por lo tanto, el uso de la caja única es habitual, el problema ahora y los empresarios también lo saben porque lo han reivindicado está en la necesidad imperiosa de que por fin el Gobierno de España apruebe el FLA que se ha venido aprobando en los últimos 13 años”.

Preguntada sobre si han recibido respuesta a la petición de reunión que realizó Mazón a Sánchez, Camarero ha asegurado que hay “una voluntad de tener un encuentro que se pidió por carta el 9 de abril, está injustificado que haya venido dos veces a València sin recibir y sin atender las peticiones del presidente Mazón, no tiene sentido, no está justificado, es ilógico que en este momento que es más necesario que nunca una coordinación no se produzca esa reunión, es una deslealtad institucional inédita y poco entendible”. La portavoz del Consell ha lamentado que “no es la forma idónea de trabajar, nos gustaría más esa cooperación y nos gustaría también esa comisión mixta entre la Generalitat y el Gobierno, los afectados de la DANA necesitan esa coordinación, no perdemos la esperanza”.

La vicepresidenta, cuestionada sobre si con la aprobación de los presupuestos autonómicos este miércoles se cierra la etapa de Mazón como presidente, ha afirmado que el jefe del Consell “tiene apoyos suficientes para sacarlos adelante, algo que Sánchez no puede conseguir” y ha considerado “una muy buena noticia que se vayan a aprobar unas presupuestos muy necesarios para la reconstrucción”

En cuanto a las críticas de las asociaciones de víctimas de la DANA por la invitación a la comisión de investigación de las Corts a cualquier particular damnificado, incluso por cualquier daño material, lo que consideran que puede diluir sus reivindicaciones, Camarero ha apoyado la decisión que se adoptó este lunes en la mesa de la comisión: “Lo que ha hecho las Corts es preguntar cuántas asociaciones hay y dar la posibilidad a todas las asociaciones que se han ido constituyendo para que puedan estar presentes en la comisión. Lo que se trata es que todos aquellos que quieran, asociaciones o afectados, puedan tener voz en esa comisión de investigación”.

El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón alza la voz por la “asfixia financiera” que a su juicio está perpetrando de forma premeditada el ejecutivo de Pedro Sánchez al no haber activado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al tiempo que saca pecho por reducir 183,8 millones en impuestos a las rentas altas, 14 millones a Iberdrola, y después de oponerse a la condonación de la deuda que le ahorraría unos 1.000 millones en intereses.

Tras las primeras quejas al respecto del propio Mazón días atrás cuando advirtió de una falta de capacidad de 3.000 millones de euros, este martes hasta cinco miembros de su Consell emitieron otras tantas notas de prensa denunciando los problemas de pagos que van a tener a corto plazo si no se activa el FLA, unas transferencias económicas del Estado pensadas para compensar el déficit de financiación a las autonomías infrafinanciadas que se ha venido aplicando en los últimos 13 años. En concreto, lo denunciaron la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, la de Hacienda, Ruth Merino, la de Justicia, Nuria Martínez, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y el de Sanidad, Marciano Gómez.

Camarero informó tras el pleno del Consell de la aprobación de una declaración institucional en la que exige al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para la aprobación inminente del FLA extraordinario, que calificó de reivindicación “imprescindible y de justicia” para poder “mantener los servicios públicos fundamentales de los valencianos, dar certidumbre a las entidades prestadoras de servicios y contribuir a la recuperación económica y social de Valencia”. Así, recalcó que es el Gobierno de Sánchez “quien debe explicar a los acreedores por qué no podemos hacer frente a las facturas” al “no abonar ese FLA extraordinario cuando se ha pagado estos 12 años con gobiernos de distinto color político”

Preguntada por la contradicción entre esta reivindicación y las rebajas impositivas aplicadas por el Consell, Camarero afirmó que “no tiene nada que ver”: “La liquidez lo que permite pagar son las facturas de los proveedores y la reforma fiscal lo que permite es ayudar a los más vulnerables, a los que más lo necesitan y ayudar al ahorro de los valencianos de determinados impuestos”.

La portavoz del Consell sacó pecho de la reforma fiscal “del ahorro” y desgranó las cuantías que ha dejado de ingresar la Generalitat: “En lo que se refiere al impuesto de sucesiones y de donaciones ha permitido ahorrar casi 156 millones de euros entre enero de 2024 y febrero de 2025; en cuanto a las nuevas tarifas del impuesto de transmisiones suponen un ahorro de 27,8 millones. Ahorros en el impuesto de transmisiones que afectan por ejemplo a la compra de primera vivienda para jóvenes menores de 35 años, familias monoparentales, familias numerosas, o a personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. No son ahorros a las personas que más lo necesitan”.

La realidad es que el PP valenciano aprobó bonificar al máximo el impuesto de sucesiones, un tributo que apenas paga una décima parte de las personas que heredan en la Comunitat Valenciana, y que excluye del cómputo la vivienda habitual.

Además, Mazón anunció la eliminación de una ecotasa de 14 millones de euros a Iberdrola como muestra de apoyo al mantenimiento de la central nuclear de Cofrentes. La compañía obtuvo unos beneficios de 5.600 millones en 2024. Camarero ha defendido que esta ayuda “permite mantener la competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de los ciudadanos, ya que no hay recursos energéticos suficientes”.

Por otra parte, como informó elDiario.es, la Generalitat Valenciana se ahorraría cerca de 1.000 millones de euros en pago de intereses de aprobarse la quita de la deuda autonómica propuesta por el Gobierno.

Así se desprende de los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, según los cuales, la condonación de 83.252 millones de euros de deuda de todas las comunidades autónomas del régimen común implicaría como mínimo entre 6.500 millones y 7.000 millones de euros de ahorro en intereses. Extrapolando estos datos a la Comunitat Valenciana con una quita prevista de 11.210 millones de euros sobre su deuda, el ahorro en intereses sería de en torno a 927 millones de euros.

El Gobierno de Mazón ha rechazado hasta ahora la condonación tal y como la plantea el Gobierno. De hecho, la eliminación de la deuda histórica de la Generalitat Valenciana ha desaparecido de los objetivos que se marca el Gobierno del presidente Carlos Mazón en los presupuestos autonómicos recientemente presentados con el apoyo de Vox.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cargado este miércoles contra la condonación de deuda autonómica impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez calificándola como una “trampa” que busca trasladar la carga financiera del independentismo catalán al conjunto de los españoles y, en particular, a los madrileños. “Nos meten la mano en el bolsillo para que Sánchez siga en la Moncloa”, ha asegurado el portavoz Miguel Ángel García, en la rueda de prensa habitual posterior al Consejo de Gobierno.

Las declaraciones se producen tras el anuncio del pasado lunes por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas. Según el ministerio, la medida busca “corregir el sobreendeudamiento autonómico derivado de la crisis financiera” y será debatida este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La medida fue impulsada por el acuerdo de investidura entre ERC y el PSOE que se ha concretado esta misma semana.

La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha asegurado que este plan de condonación de la deuda es “pagar la deuda a los que han malgastado su dinero”. Además, se ha mostrado convencida de que Catalunya no sufre infrafinanciación y que el problema es que es “un infierno fiscal” donde hay un “gasto exorbitado en TV3” y de los “independentistas”, pese a que ya no gobiernan la Generalitat.

483 euros por madrileño

La consejera Albert ha insistido tras el Consejo de Gobierno que la condonación supondrá “un coste de 483 euros por habitante” en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no ha aclarado cómo ha calculado esa cifra ni de qué manera concreta repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos. La consejera de Hacienda, Rocío Albert, ha afirmado de que este “peaje” supondrá una carga adicional para los madrileños, pero al ser preguntada sobre cómo notarán ese impacto, no ha ofrecido una explicación detallada.

La propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en X que Sánchez busca “pagar sus elecciones en Catalunya” a costa de que cada madrileño deba 483 euros. Además, ha asegurado que van a “dar todas las batallas”.

La consejera ha acusado al Gobierno central de querer “jugar a esconder la bolita” para que la ciudadanía no perciba el impacto real de la condonación. “La trampa es que esto lo van a pagar los españoles, pero particularmente lo van a pagar los madrileños: 483 euros más por habitante para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno”, ha insistido.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido que expertos analicen esta cuestión en una comisión de estudio ya registrada, en la que se examinarán los efectos de esta medida sobre la financiación autonómica. Uno de los principales reproches es que el reparto de la condonación “favorece a Catalunya” en detrimento de otras regiones que han sido “más disciplinadas” en su gestión fiscal.

Según la consejera madrileña, lo que debería debatirse es una reforma del modelo de financiación basada en principios de equidad y solidaridad, y no una condonación que “premia a quienes más han gastado y castiga a quienes han sido prudentes con sus cuentas”. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado que utilizará todas las vías legales para impedir su aplicación. “No nos vamos a callar, no nos van a silenciar. Vamos a hacer todo lo posible para evitar que esta trampa salga adelante”, ha insistido Albert. 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera debatirá este miércoles la propuesta del Gobierno con las reticencias de algunos socios como Compromís, que consideran insuficiente la propuesta para sus territorios pese a que se muestran abiertos a negociar antes de que llegue la propuesta al Congreso de los Diputados.

El Gobierno no tiene garantizada la mayoría para aprobar la quita de la deuda a las comunidades autónomas que anució este martes tras pactarlo con ERC. A las críticas tanto del PP como de las comunidades que gobiernan se ha sumado este miércoles Junts, que ha amenazado con votar en contra de la propuesta.

Sales no ha avanzado cuál será su voto en el Congreso cuando llegue la propuesta, pero ha dejado claro que la formación deberá deliberarlo porque este no es su modelo. La iniciativa necesita una mayoría absoluta en la Cámara al tratarse de una modificación de ley orgánica.

Según valoran en Junts, la medida aprobada por el Ministerio “profundiza el déficit fiscal de Catalunya” y consolida el “café para todos”, según asegurado la portavoz de la formación, Mònica Sales, en una rueda de prensa. Los independentistas consideran que, en la medida que todas las comunidades se beneficiarán de la medida, los contribuyentes catalanes seguirán sufragando la quita. “Este dinero es de los catalanes y, por tanto, no debemos dar las gracias a nadie”, ha aseverado.

La propuesta de Junts es la reforma de la financiación para conseguir un concierto fiscal en Catalunya y la condonación de toda la deuda que, en su opinión, se ha generado por la infrafinanciación histórica de la Generalitat. En concreto, la portavoz se ha referido a las conclusiones de la comisión sobre la deuda histórica del Parlament, que a finales de 2023 determinó una deuda de 73.000 millones de euros del Estado hacia Catalunya. En opinión de Junts, esa es la cantidad que debería ser condonada, y no los 17.000 millones pactados entre el Gobierno y ERC.

El Govern ha salido al paso este martes de las duras críticas lanzadas desde el PP y comunidades gobernadas por este partido a la decisión del Ministerio de Hacienda de aplicar una quita de la deuda de todas las comunidades autónomas. La consellera portavoz, Sílvia Paneque ha considerado que Alberto Núñez Feijóo y los suyos cargan contra esta medida “más por quién la propone [Catalunya] que por la medida en sí”, mientras que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha sido más contundente y ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de insolidaria.

“Me sorprende que alguien que se cree tan patriota como ella sea la persona más insolidaria con el conjunto de España”, ha asegurado Dalmau en una entrevista en TV3, después de que Ayuso acusase al Gobierno de “imponer a punta de pistola” un “trágala inasumible”. Unas palabras que desde el Govern catalán consideran un exabrupto y que aseguran no creerse. “¿Qué harán, no participar de la quita?”, se ha preguntado Dalmau. “Me juego mucho a que participarán”, ha zanjado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, la consellera Paneque ha medido más las palabras, asegurando que el Govern prefiere un tono más respetuoso. Con todo, la portavoz sí ha apuntado contra la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy de la crísis de los años 2008-2015. “Esta deuda se generó en un momento de crisis y, desde nuestro punto de vista, que las comunidades autónomas se tuvieran que endeudar fue una mala decisión, una mala gestión de la crisis”, ha indicado la consellera.

“Como se ha mostrado en crisis posteriores, los recortes y la reducción de recursos no funciona ni desde el ámbito económico ni social”, ha subrayado Paneque, para defender una medida adoptada por Hacienda que a su entender libera recursos para todas las comunidades autonómas. “Se demuestra que lo que es bueno para Catalunya también lo es para el resto”, ha remachado.

Aunque la medida proviene de un acuerdo entre el PSOE y ERC que ahora el Govern hace plenamente suyo, la medida deberá llevarse desde el Ministerio de Hacienda al Congreso, y necesita el respaldo de la mayoría absoluta por ser ley orgánica. Un itinerario que, sin embargo, el Ejecutivo catalán considera que no debería de generar ningún problema. “No entiendo qué motivo habría para no aceptar aliviar la deuda de las comunidades autónomas, ni quien podría oponerse”, ha asegurado, soslayando que ha habido críticas del PP pero también de Junts, que ha asegurado que, a falta de conocer los detalles, suena a un “café para todos” del que desconfían.

Y de repente, “sorpresa en Las Gaunas”. Quien dice en Las Gaunas dice en el tablero político. En el Parlamento, como en el fútbol, también se regatea, se centra, se tira a puerta y se marcan goles. El que este lunes chutaron los socialistas entró por la escuadra mientras el equipo contrario miraba a la grada. Quien dice mirar a la grada dice enredarse con la “debilidad del Gobierno”.  El caso es que mientras Feijóo disertaba a primera hora de este lunes en El programa de Ana Rosa sobre la posibilidad de un adelanto electoral, el Ejecutivo cerraba sendos acuerdos con ERC y Junts con los que reconstruye la deteriorada relación con sus socios parlamentarios y pone, de paso, rumbo a 2027. 

Desde 48 horas antes, todo eran señales de que algo estaba cambiando. La primera la emitió Zapatero en medio de un mitin en Granada cuando pidió calma al ministro de Justicia, “Tranquilo, Félix, la legislatura durará hasta 2027”. La segunda la lanzó el mediador internacional de las reuniones entre Junts y el PSOE, Francisco Galindo, al pedir a los de Puigdemont en un inusual comunicado que retiraran la proposición no de ley que este martes se iba a debatir el Congreso y que pedía a Pedro Sánchez que presentara una cuestión de confianza. Y la tercera la soltó el secretario general de Junts, Jordi Turull, al reclamar prudencia y silencio en las redes sociales a los suyos hasta que la Ejecutiva tomara una decisión.

Fue una operación de microcirugía con la que los socialistas desbloquearon en una misma jornada las negociaciones pendientes con ERC y con Junts y dejaron fuera de juego a un Feijóo que llevaba tiempo relamiéndose por la debilidad de Sánchez en el Congreso y poniendo ojitos a Puigdemont para fraguar el principio de una bonita amistad que pudiera acabar en moción de censura.

Por un lado, el republicano Oriol Junqueras hacía público un acuerdo con los socialistas sobre la quita de la deuda contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que en lugar de los 15.000 millones de euros pactados para la investidura de Pedro Sánchez, serían 17.104. Por otro, Turull anunciaba que su partido retiraba la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, un asunto sin consecuencias jurídicas, pero con el que el PP veía más cerca el final de la legislatura. 

Y todo sin grandes cesiones, sin afectar a la estructura del Estado y sin romper España, que es el mantra más repetido por la derecha. Porque la quita de la deuda, como ya avanzó Bolaños en septiembre de 2023, no será sólo para Catalunya, sino para todas las Autonomías. De hecho, Hacienda ya ha puesto las cifras totales sobre la mesa de tal modo que la histórica condonación de la que se podrán beneficiar todos los gobiernos regionales suma 83.252 millones. El territorio más beneficiado en términos absolutos sería Andalucía, seguido de Catalunya, a quien le corresponderá una condonación del doble que a Madrid, de acuerdo a una fórmula matemática que ajusta la asunción de la deuda por habitante y que garantiza que no existan agravios entre territorios. 

Junts se conforma, de momento, con que España se adhiera a un protocolo que permitirá a los tribunales de mayor rango pedir opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que se aprobará mañana en Consejo de Ministros y que tendrá que ser confirmado por el Congreso. Peccata minuta teniendo en cuenta hasta dónde llegaron los órdagos de Puigdemont a Sánchez  y porque los mismos neo convergentes han reconocido que la adhesión, como ya han hecho otros países de la UE, debería haberse producido hace tiempo.  Quizá por eso y porque la siguiente pantalla a salvar será la de la delegación de competencias en materia de inmigración hablan tan solo de una prórroga en la relación. 

Prórroga o no, el gol del Gobierno diluye el anhelo de Feijóo por un anticipo electoral y le deja mirando a una grada en la que sus barones se muestran divididos ante la quita de la deuda, ya que no todos están por la labor de rechazar semejante bicoca, como pretende imponer Génova. Todos están necesitados de fondos públicos y el que más, en este momento, es el valenciano Mazón, que aunque convertido ya en un activo tóxico para el PP, este mismo lunes fue el primero en reclamar  una “reestructuración” de su deuda y un “fondo de compensación”.

Madrid es la única comunidad autónoma del régimen común que se financia al 100% al margen del Estado. Esta decisión de acudir al mercado por libre que tomó en 2012 Esperanza Aguirre y que han mantenido todos los presidentes que la han sucedido supone que la región está pagando más intereses que ningún otro territorio por su deuda. Solo en el último año del que existen datos, en 2022, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha abonado 612 millones de euros en intereses de la deuda. Más de la mitad, 314 millones, se los podía haber ahorrado si se hubiera financiado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), puesto en marcha en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, del PP, Cristóbal Montoro, para rescatar a las comunidades de la crisis económica. 

Los datos salen de un informe del servicio de estudios del BBVA. Según sus cálculos, Madrid pagó entonces un tipo de interés del 2,3%, frente al 1,4% de promedio del resto de las comunidades. La diferencia entre ambos tipos de interés es de dónde salen esos 314 millones, teniendo en cuenta que la deuda total de la Comunidad de Madrid asciende a 34.820 millones de euros. Probablemente la cantidad en 2023 haya sido similar o incluso superior teniendo en cuenta la subida de los tipos.

Por ponerlo en contexto, 314 millones al año es más que todo el presupuesto que el Gobierno de Ayuso destinó en 2022 a las políticas de Vivienda: 271 millones. Y el total del dinero que Madrid ha pagado de más en tipos de interés por no querer recurrir al paraguas del Estado durante los últimos diez años ascendería hasta los 2.900 millones de euros, según otros cálculos realizados desde Más Madrid.

Para 2024, la cifra incluso puede llegar a ser superior teniendo en cuenta la proyección que el Gobierno de Ayuso ha hecho en el proyecto de presupuestos aprobado hace unos días en la Asamblea de Madrid. Para este año, los intereses de deuda pública en moneda nacional (emisión) suben un 35,93% y los intereses de los préstamos crecen un 67,72%. De forma conjunta esto supone un incremento del 45,32% del pago de intereses de deuda y préstamos respecto a los últimos presupuestos. Por tanto, el Ejecutivo regional calcula que pagará en intereses unos 960 millones de euros este año. 

La decisión de Aguirre frente al Gobierno de Rajoy

El origen de ese sobrecoste por financiarse al margen del Estado es una decisión política. Viene de 2012 cuando gobernaba Esperanza Aguirre y no ha sido corregida después por ninguno de sus sucesores al frente de la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora Isabel Díaz Ayuso. Cualquiera de ellos podría haber revertido aquella decisión. 

Precisamente en julio de 2012, pocos meses después de que el PP ganara las elecciones con mayoría absoluta, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso en marcha un mecanismo para financiar a las ahogadas autonomías, y que pudieran evitar los altos tipos de interés que pagaban en ese momento en el mercado. Eran los peores años de la crisis económica y la prima de riesgo que pagaban las autonomías era mucho peor que la que soportaba el Gobierno central. Solo de 2008 a 2012, algunos territorios vieron cómo se quintuplicó su deuda.

Para ahorrar costes de financiación a las autonomías Montoro puso en marcha el FLA. El Gobierno central era quien se endeudaba por todas, y después prestaba a las autonomías, básicamente al Gobierno central los mercados le prestan dinero mucho más barato que a una autonomía porque genera más confianza. Solo hubo una comunidad autónoma entre las del régimen general –descontando Euskadi y Navarra, que tienen otro modelo de financiación– que se negó a acudir al FLA para abaratar su financiación: Madrid. 

La razón por la que Madrid rechazó el recurso del FLA ideado por un Gobierno de sus mismas siglas tiene poco que ver con el interés general de los madrileños. En aquellos años, Esperanza Aguirre tenía una guerra abierta contra Mariano Rajoy. Y también un enfrentamiento especial –casi personal– con Cristóbal Montoro, al que llegó a acusar de haber filtrado su declaración de la renta. Según distintas fuentes, esta mala relación entre Aguirre y Montoro es lo que explica por qué Madrid no quiso acudir a este sistema de financiación más barato, a diferencia de lo que hicieron las demás comunidades, independientemente de su color político.

Las conclusiones del estudio del BBVA son claras: la puesta en marcha de los mecanismos de liquidez “facilitó la financiación de las comunidades a costes más bajos”. Aquellas que nunca han recurrido a la financiación del FLA y que, por tanto, se financian directamente en mercado, “registran un mayor tipo implícito de su deuda”. “Mientras que, en general, las comunidades con mayor nivel de deuda y mayor dependencia del FLA tienen un coste de la deuda reducido”, explica la entidad en sus conclusiones.

El departamento de Economía y Hacienda de Madrid sigue defendiendo esta decisión. “Evitando utilizar el FLA salvaguardamos la autonomía financiera a la Comunidad de Madrid y nos da más libertad para gestionar nuestra política económica”, asegura una portavoz del departamento que ahora dirige Rocío Albert. El Estado somete a las comunidades que se financian a través del FLA a más controles. A pesar de que Madrid está pagando más intereses que ninguna otra región, la Consejería defiende que su gestión de la deuda y del gasto público “genera confianza y certidumbre en los inversores” porque “han respaldado las emisiones de deuda pública con gran éxito y a unas condiciones muy ventajosas”. 

Esa “libertad” para gestionar la política económica está principalmente ligada a la rebaja de impuestos. Madrid perdonaba hasta ahora más de 1.200 millones de euros a los más ricos cada año en el impuesto del patrimonio. El Gobierno de Ayuso ha recuperado parcialmente este impuesto después de que el Constitucional echase para atrás su recurso contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno aprobado por mayoría del Congreso durante la pasada legislatura. A partir de ahora, Madrid recaudará por el Impuesto del Patrimonio 555 millones de euros. Otros casi 700 millones seguirán siendo perdonados a los más ricos de la región. Madrid es también la comunidad con el tramo autonómico del IRPF más bajo del país.

En Más Madrid consideran que la decisión de financiarse por libre perjudica a la región. “De acuerdo con nuestros cálculos, de los 8.700 millones de euros pagados en intereses desde entre 2012 y 2022, los gobiernos del PP habrían pagado más de 2.900 adicionales por no acogerse a la financiación estatal”, lamenta el diputado de Más Madrid Alberto Oliver. “Además de financiarnos más caro, tenemos que añadir que Ayuso ha renunciado a recaudar 6.500 millones de euros al año mediante rebajas y bonificaciones fiscales. Esta política fiscal recae en las espaldas de nuestras futuras generaciones, a quienes les dejamos deuda y peores servicios públicos”, añade Oliver, que considera que pagar “por deuda innecesaria” y que además sea “más cara que otras regiones” es una muestra “de la pésima gestión económica del Partido Popular”.

El dirigente de IU y exdelegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, fue uno de los primeros en poner el acento en los intereses de más que Madrid estaba pagando por financiarse al margen del FLA. Según sus cálculos, la cifra el año pasado alcanzaría los 354 millones. “El riesgo país siempre hace que las comunidades se financien peor que el Estado”, explica. “Renunciar a eso por chulería le cuesta decenas de miles de euros a los madrileños”. Sánchez Mato cuestiona además el argumento del Gobierno regional sobre su “autonomía y libertad” financiera por estar al margen del FLA. El exdelegado de Hacienda de Madrid explica que como Madrid incumplió la regla de gasto en 2019, igualmente debe “pedir permiso” al Estado para emitir su deuda. 

El Gobierno condonará parte de la deuda a las comunidades

La deuda autonómica va a ser uno de los asuntos importantes de la legislatura que acaba de iniciarse, después de que el PSOE pactase con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la condonación del 20% de la deuda catalana. Una década después de que se creara el FLA para dar liquidez a los gobiernos autonómicos, las comunidades afrontan una vía que puede aligerar una carga que se disparó a partir de 2008 y que todavía sigue pesando mucho en sus cuentas. El Gobierno hará extensiva al resto de comunidades la 'quita' pactada con ERC, incluidas las que no se financian a través del FLA como Madrid, Euskadi y Navarra. 

El centro de estudios Fedea publicó recientemente un documento en el que calculaba el impacto de la condonación de deuda para el resto de autonomías en función de las cifras acordadas para Catalunya, tomando como referencia la quita por habitante. Con ello, estimaron que rondaría los 88.000 millones de euros en total, para una deuda acumulada de las comunidades de más de 322.000 millones. Andalucía, Madrid y Valencia serían las regiones más beneficiadas, según estas estimaciones. En concreto, a Madrid le corresponden 12.900 millones, más de un tercio de su deuda. 

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha realizó después otra estimación algo más conservadora. Según su cálculos, se perdonarían 58.000 millones de euros a las comunidades autónomas. A Madrid le corresponderían 3.475 millones, según estos cálculos, un 10% de su deuda actual.

En cualquier caso, desde la Consejería de Economía y Hacienda aseguran que Madrid no aceptará esa quita y se remiten a unas declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso del pasado 7 de noviembre cuando afirmó que “condonar deudas por interés político destroza nuestra imagen como país en el que se puede confiar, no es una mera cuestión de desigualdad de trato”. Ayuso trató internamente en un comité ejecutivo nacional del partido que el resto de las diez autonomías gobernadas por el PP la siguieran en esa idea de rechazar la condonación de deuda, algo en lo que no están de acuerdo. Parece que, de nuevo, Ayuso se quedará sola en esa cruzada contra el Gobierno.

El Gobierno vasco ha expresado, con suma prudencia por la falta de detalles, cierto temor a que los acuerdos para condonar deuda a las comunidades autónomas de régimen común, como Catalunya o Galicia, tengan como efecto colateral una subida de la aportación que las Haciendas forales realizan al Estado. El debate también está sobre la mesa en Navarra. Fuentes del Ejecutivo de Iñigo Urkullu avisan de que revisarán “con lupa” los posibles cambios ya que la dos comunidades forales tienen que abonar el 6,24% (en el caso de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y el 1,6% (Navarra) del gasto del Estado en intereses de la deuda, lo que podría generar un abono extraordinario cuando, además, no se podría beneficiar de una hipotética quita generalizada ya que no forman parte del denominado FLA (el fondo de liquidez autonómica)

“Esta comunidad contribuye con la financiación de políticas no transferidas pero también de la financiación de las políticas solidaridad que existen en el Estado. Aportamos una cantidad determinada. Si cambiara el escenario, tendríamos que saber si afecta a la aportación, si afecta a los términos que las Haciendas forales vascas han negociado para fijar el Cupo”, ha señalado el consejero-portavoz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, Bingen Zupiria.

“Necesitamos saber de qué manera va a afectar. Podría o no afectar a nuestra relación financiera”, ha señalado Zupiria en relación a las novedades que se van conociendo fruto de las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez. “Hay que conocer el detalle”, ha insistido a preguntas de los periodistas. Ha afirmado que, por el momento, al Gobierno vasco no le consta “ningún documento que recoja formalmente el acuerdo alcanzado con ERC con respecto a una parte de la deuda de Catalunya y con el BNG sobre Galicia”, por lo que ha apelado a la cautela.

Las comunidades autónomas vasca y navarra tienen un régimen de financiación diferente a las otras quince autonomías. Disponen de Haciendas propias que recaudan de modo autónomo los ingresos fiscales y, posteriormente, se abona un Cupo al Estado por las competencias que presta. En el caso de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, se aporta el 6,24% del coste total estatal de las competencias no transferidas, como fueron las Prisiones hasta hace solamente dos años. En esa aportación, que es independiente del volumen de recaudación, se incluyen elementos de “solidaridad interterritorial” y también de reparto de una parte de la deuda. Por otro lado, las comunidades forales no tienen acceso al denominado FLA, el fondo del que ahora se plantean quitas, por lo que no se podrían ver beneficiadas de una hipotética generalización de esa medida.

Fuentes del Gobierno vasco recuerda que el marco quinquenal de regulación actual del Cupo se actualizó en 2022 y que, en todo caso, si se producen circunstancias extraordinarias deberían arbitrarse soluciones igualmente extraordinarias. El Ejecutivo de Urkullu, del que también forman parte los socialistas junto con el PNV, prefiere ser muy prudente y no fijar una posición hasta no conocer la resolución definitiva de estas propuestas pero recalcar que está siguiendo el debate “con lupa”.

El debate también se ha abierto con fuerza en Navarra y con menos cautela que en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a pesar de ser una de las tres únicas comunidades con presidenta socialista, María Chivite. “Se negociará dentro del Convenio Económico. No vamos a permitir que se perdone deuda y que nos afecte negativamente a los navarros. El Gobierno de Navarra y el PSN van a defender sin tapujos nuestro régimen foral”, ha señalado el portavoz socialista, Ramón Alzorriz. “Sólo faltaba que los navarros pagáramos la fiesta de Pedro Sánchez para ser investido”, criticó antes el líder de la oposición, Javier Esparza, de UPN. El consejero de Hacienda, José Luis Arasti, delegado del Gobierno de Sánchez hasta hace pocos meses, tendrá que dar explicaciones sobre este asunto en el Parlamento foral.       

El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama una quita en la deuda que mantiene la comunidad autónoma con el Estado derivada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así lo ha puesto de manifiesto este lunes tras dar a conocer el documento de 40 páginas que ha remitido al Gobierno de España sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. “No somos la única comunidad autónoma en hacerlo”, decía el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien cifraba la quita en el 70% de los 14.000 millones de euros procedentes del FLA. “Es un fleco importante”, decía, al margen del debate nacional sobre cómo se van a financiar los territorios, y que hoy ha aprovechado para deslizar el Ejecutivo castellanomanchego.

La respuesta de Castilla-La Mancha al nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido presentada los grupos parlamentarios en las Cortes regionales, PSOE, PP y Ciudadanos, en tres reuniones distintas en las que participaba el presidente regional, Emiliano García-Page. “Es un documento de la comunidad autónoma, no del Gobierno regional. Se trata de aunar voluntades”, decía el consejero de Hacienda. 

Se ha abordado así la propuesta alternativa de Castilla-La Mancha a la que remitiese el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas el pasado mes de diciembre. El Gobierno de España hizo una propuesta de cálculo de población ajustada como “una de las variables esenciales del modelo de financiación y que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales”, explicaba Moncloa entonces.

Ruiz Molina ha recordado hoy que el pasado 31 de enero ya se habló del documento del Gobierno de España con los grupos políticos en el Parlamento autonómico, en cuanto al cálculo de la población ajustada y el debate de hoy se ha ampliado a lo que tiene que ver con “el volumen de recursos que han de llegar a cada comunidad autónoma para que ninguna pierda y también de organización fiscal”.

“Hemos querido poner de manifiesto el coste real de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Consideramos que hay que tener en cuenta el incremento de costes que supone prestarlos en zonas poco pobladas” y ponía como ejemplo que no es lo mismo el servicio de Atención Primaria en la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara) que en la capital de esta provincia o en la zona del Corredor del Henares. De hecho, se propone que “el fenómeno de la despoblación debe abordarse también mediante un fondo específico adicional al sistema de financiación de las comunidades autónomas”. 

Castilla-La Mancha aboga por incluir la variable de la “superficie territorial” en la prestación de servicios, y no solo los básicos. “No debe ser una variable meramente correctiva sino estructural”, decía Ruiz Molina, quien cree que la superficie de la comunidad autónoma debe tener un mayor peso en el conjunto de distribución de los recursos financieros. “Debe estar presente en cada uno de los bloques competenciales en los que se valora el sistema de financiación: sanidad, educación, servicios sociales y resto de servicios”.

“Abogamos por una política fiscal de gastos e ingresos al margen de la propia financiación autonómica para atender la despoblación”, añadía el consejero de Hacienda, quien ha recordado que “nada tiene que ver” la recaudación tributaria con el coste de los servicios públicos. Por eso la región pedirá que sea el 100% y no el actual 75% del total de los recursos tributarios (los cedidos a las comunidades autónomas y los no cedidos de los que participa la región, como el IRPF), los que se pongan en la bolsa común del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. “Queremos una nivelación total y no parcial. Supondría 200 millones de euros”.

Otra de las cuestiones sobre la mesa es la petición de “armonización fiscal”, es decir una base tributaria común para todas las comunidades autónomas. “No es de recibo que en determinadas figuras como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones haya 17 impuestos diferentes”. Dentro de esa armonización fiscal, matizaba el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, Castilla-La Mancha reclama “un margen de maniobra” en cuanto a los tipos impositivos mínimo y máximo. El objetivo, añadía, “es evitar el dumping fiscal”.

Castilla-La Mancha reclama también que “se respete statu quo y que nadie pierda recursos con el nuevo modelo”. En este aspecto, sostiene el titular de Hacienda, el Estado debe inyectar no solo recursos para mantener la actual situación sino compensar con otros ya que, decía, “los actuales recursos son insuficientes. Hay que tener reglas claras de suficiencia dinámica, según la evolución de recursos durante el periodo de vigencia del nuevo modelo de financiación autonómica”.

El vicepresidente regional ha enmarcado el nuevo encuentro con los grupos parlamentarios en la necesidad de tomar el pulso político sobre la nueva financiación autonómica de forma previa a la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma.

“La reunión pone muy de manifiesto la normalidad institucional que existe en nuestra comunidad autónoma, fruto de la estabilidad política. Esto, tal y como están las cosas a nivel nacional y en otras comunidades autónomas, es un valor que cotiza al alza”, decía Guijarro para apostillar que el Ejecutivo regional es “plenamente consciente de que cuando se abordan asuntos de calado nacional, si no se hace desde un planteamiento de unidad de todos los agentes y partidos políticos, es muy difícil defender los intereses de la comunidad autónoma” y ponía como ejemplo la cuestión del agua.

Martínez Guijarro ha pedido un “posicionamiento político unánime y el apoyo de los agentes sociales en Castilla-La Mancha” y ha valorado la “predisposición” de los tres grupos parlamentarios en las Cortes regionales al planteamiento del Ejecutivo castellanomanchego, aunque rechaza hablar de bajada generalizada de impuestos.

“En 2021 y 2022 hemos bajado la presión fiscal”. El año pasado con las modificaciones fiscales a la baja para quienes residan en zonas despobladas y en este año 2022, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales que recoge la eliminación de 19 tasas, además de ciertas deducciones fiscales “con carácter progresivo y solidario”. 

El PSOE incide en “una voz única” de la comunidad autónoma“

El primer grupo parlamentario en reunirse con García-Page ha sido el PSOE que ha pedido al resto de partidos políticos de la región tener “una voz única” por encima de las siglas respecto a la posición de la comunidad autónoma en el debate sobre la nueva financiación autonómica y ha pedido al PP no entrar “en las doctrinas de partido y los mensajes simplones” para así tener “una voz única y fuerte en defensa del interés regional”.

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, ha incidido en que Castilla-La Mancha está “infrafinanciada” respecto a lo que le cuesta mantener unos “estándares mínimos” en sanidad, educación y servicios sociales, déficit que ha cifrado en mil millones de euros, por lo que ha remarcado la importancia de “revertir la situación” y ha opinado que la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda “aún siendo buena, es insuficiente”.

Por otra parte, aunque ha reconocido que esta no es “una reforma sencilla”, Gutiérrez se ha mostrado convencido de que la posibilidad de acuerdo depende de la “alturas de miras del PP”, porque 'populares' y socialistas gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas y tienen “mayoría más que suficiente” en el Congreso para sacar adelante los cambios. El socialista ha señalado que se trata de que el PP “no haga lo mismo que con la reforma laboral” y no intente que el cambio de financiación autonómica “no le salga al Gobierno, aunque perjudique a los ciudadanos, con tal de erosionar más al partido del Gobierno”.

Ciudadanos: “Castilla-La Mancha siempre sale perdiendo”

Posteriormente, y tras su correspondiente encuentro con Page, la primera crítica ha llegado de la mano de Ciudadanos. Su líder regional, Carmen Picazo, ha rechazado la propuesta de Page. “No somos más que nadie pero tampoco menos. Si el señor García-Page se conforma con esos datos, con un poquito más de lo que había, yo no me conformo. Esta financiación sería un éxito para Page pero no para nuestra región, y como yo no tengo que rendir cuentas ante Pedro Sánchez, soy libre para decir lo que muchos castellanomanchegos piensan: que Castilla-La Mancha siempre sale perdiendo”.

De esta forma, Picazo ha advertido de que “no puede volver a suceder” que esta comunidades autónoma se lleve siempre “la peor parte” y que la dignidad merece “que seamos más exigentes”. Ha apelado así a una comunidad autónoma mejor comunicada y con infraestructuras que sean las que la región necesita. Para eso, ha agregado, hace falta “altura de miras y trabajar por lo que importa”.

Y dicho esto, ha precisado que Castilla-La Mancha es la segunda región con más deuda del país: debe el 36,6% de su PIB, debido “a la nula corresponsabilidad fiscal de las autonomías” y a un “desajuste permanente entre ingresos y gastos” del Gobierno castellanomanchego. Afirma que desde que García-Page está en el poder este problema no se ha solucionado y “nos tememos que así siga siendo por mucho tiempo más”. 

Con todo ello, ha concluido afirmando que “si es para pelear por los derechos de los castellanomanchegos y por una financiación justa, aquí estará Ciudadanos, pero si es para hacer ver que todo va bien y para repartir las migajas de siempre, que no cuenten con Ciudadanos”.

PP: “El camino es adecuado pero insuficiente”

El último en comparecer y en reunirse con Page ha sido el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha reafirmado su “compromiso” y “apoyo” al Ejecutivo autonómico en las negociaciones con el resto de comunidades autónomas y con el conjunto del Estado para la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha exigido que Castilla-La Mancha “no pierda ni uno solo de los mil millones” que está dejando de percibir, ha dicho, “como consecuencia del marzo de negociación autonómica de Rodríguez Zapatero, que perjudicaba a Castilla-La Mancha en mil millones al año”. “Esa condición la hemos marcado claramente”, ha reiterado.

En cuanto a la propuesta inicial, el presidente 'popular' en la región ha considerado que el camino iniciado les parece “adecuado pero insuficiente”, por lo que ha exigido al Gobierno autonómico “más ambición a la hora de pelear por tener más recursos económicos”. Asimismo, ha recalcado que debe existir “una compensación” por parte del Gobierno de España por esas pérdidas generadas por el actual marco de financiación autonómica, “ya sea en dinero corriente o en inversiones”.

En cualquier caso, Núñez ha admitido que tiene “poca esperanza” de que el Gobierno regional pueda llevar las negociaciones a buen término para la Comunidad Autónoma cuando las conversaciones “se recrudezcan”. “No me produce ninguna alegría ser consciente de que, cuando el Gobierno de Sánchez apriete en la negociación, el Gobierno de García-Page no estará a la altura”, ha lamentado.

El Ejecutivo regional ha solicitado al Gobierno central la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para 2021 para atender necesidades de financiación por valor de 1.669 millones y “aliviar la infrafinanciación que lastra a la Región de Murcia desde hace más de una década”, ha informado el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Javier Celdrán.

La formalización de esta petición es un requisito necesario para acceder a los créditos, una vez que el Ministerio de Hacienda ya ha expresado su conformidad con la demanda de la Comunidad, que incluye vencimientos de la deuda (1.285 millones de euros), la cantidad equivalente a la referencia de déficit orientativo para 2021 que trasladó el Ministerio de Hacienda (el 1,1 por ciento del PIB, 355 millones de euros) y liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómico (29 millones).

El titular de Hacienda ha denunciado que la Región de Murcia sigue siendo, junto con la Comunidad Valenciana, “la comunidad autónoma peor financiada”, ya que recibe 2.509 euros por habitante, frente a los 2.715 euros por habitante de la media nacional.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha manifestado tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera su “decepción” porque el Ministerio de Hacienda dirigido por la socialista María Jesús Montero no se haya comprometido a hacer efectivas las cantidades adeudadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2017 a las comunidades autónomas.

En concreto, la deuda con Castilla-La Mancha asciende a 135 millones de euros y el presidente regional, Emiliano García-Page anunció su intención de acudir a los tribunales si el pago del IVA no se hacía efectivo. Unas palabras, no obstante, que fueron matizadas posteriormente por su consejero de Hacienda quien aseguró que se renunciaría a la vía judicial si el Ejecutivo de Sánchez ofrecía una “solución”.

Ruiz Molina ha explicado que “lo importante” para Castilla-La Mancha era obtener un compromiso del Gobierno central de que iba a hacer efectivas las cantidades adeudadas pero, lamentaba, “lejos de hacer efectivas esas cantidades lo que nos propone es darnos extra FLA, darnos fondos de liquidez autonómica, darnos, en definitiva, un préstamo que elevaría nuevamente el endeudamiento de nuestra Comunidad Autónoma y, por lo tanto, no puedo estar satisfecho con la propuesta que ha hecho el Ministerio”, ha añadido en relación con este tema.

Tras reconocer el esfuerzo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo el año pasado para solucionar a través del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 este asunto, Ruiz Molina le ha solicitado a la titular de este departamento ministerial que “ahora haga el mismo esfuerzo y que utilice la misma técnica jurídica que tenía pensada para 2019 para 2020”.

Se modera el objetivo de déficit

Por otro lado, se ponían sobre la mesa una serie de compensaciones para aliviar las cuentas autonómicas, encargadas de sufragar gastos como la educación, la sanidad y la dependencia. En este sentido, según informa eldiario.es, el objetivo de déficit para 2020 se modera para dar más margen a las comunidades autónomas y queda fijado en el 0,2% del PIB.

Esto supone dos décimas más que la senda vigente (aprobada por el Gobierno del PP en 2017) y que establecía equilibrio presupuestario para las comunidades este año.

Los objetivos de déficit del 0,2% del PIB salían adelante con 11 votos a favor: nueve comunidades autónomas (Aragón, asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla–La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, todas del PSOE excepto la que gobierna Miguel Ángel Revilla en coalición con los socialistas), Melilla (Ciudadanos y PSOE) y el Ministerio de Hacienda. Por su parte, han votado en contra las cinco comunidades autónomas donde gobierna el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia) y Ceuta, también gobernada por los conservadores.

Catalunya no ha podido votar por la inasistencia del consejero de Economía, Pere Aragonès, aunque sí ha acudido la secretaria de Economía, Natàlia Mas, que no cuenta con voto en este foro por ostentar un menor cargo. País Vasco y Navarra acuden a estas reuniones pero tampoco votan, al no ser de régimen común.

El consejero castellanomanchego mostraba “la satisfacción” del Gobierno de Castilla-La Mancha después de que el Ministerio de Hacienda permita a las Comunidades Autónomas alcanzar el equilibrio presupuestario “de manera más suave” al referirse a los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que para el conjunto de las Comunidades Autónomas para el ejercicio 2020 y para el periodo 2021-2023 ha propuesto el Ministerio.

Sobre este asunto, Ruiz Molina ha querido trasladar la satisfacción del Gobierno de Castilla-La Mancha porque se permita a las regiones “aterrizar en el equilibrio presupuestario de manera más suave”, lo que, en el caso de Castilla-La Mancha, seguirá “favoreciendo toda la recuperación en materia de gasto social”.

En este sentido, Ruiz Molina ha reconocido el esfuerzo que está haciendo el Gobierno central para “en tiempo récord” tener “una perspectiva de lo que van a ser los objetivos de déficit para los próximos años”.

El argumento político sobre el “castigo” del Gobierno Central a Andalucía (que ya usase con eficacia el PSOE en su momento) ha sido el hilo central del Consejo de Gobierno que se ha celebrado en el Palacio de Viana de Córdoba, con motivo de los 25 años de la declaración del Casco Histórico de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en el que el ejecutivo andaluz ha hecho balance de su primer año de legislatura.

El presiente Juan Manuel Moreno ha desgranado los agravios que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez está cometiendo con la comunidad autónoma. Desde los 4.000 millones de euros de deuda histórica “aparcados”, la “retención de 1.300 millones de entregas a cuenta del IVA” (a lo que achaca la dificultad para contratar personal sanitario), o el caso de la fábrica de Santa Bárbara y el despido de 500 trabajadores “por una decisión arbitraria de Madrid”.

Moreno ha terminado la enumeración reprochando la “actitud de tutela o intervención cuando estamos cumpliendo el objetivo de déficit”, extremo incorrecto éste ya que en 2018, aún con Gobierno socialista, se incumplió por una décima este objetivo. De hecho, este incumplimiento del objetivo de déficit ha provocado la expulsión de la comunidad autónoma de los mercados privados, donde en el último año venía financiando  en torno a 5.000 millones de euros al año.

En este punto, ni el presidente ni el vicepresidente del Gobierno andaluz han aclarado si la comunidad autónoma se acogerá al Fondo de Liquidez Autonómica después del intercambio de correspondencia entre el consejero de Hacienda, Juan Bravo (no presente en este consejo por motivos personales) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “El plan de ajuste lo tenemos, ya hemos hecho los deberes, y se llama presupuestos de 2020”, asegura Moreno. 

Esta batalla entre administraciones se ha hecho más cruenta después de que se notificase la expulsión de los mercados privados de Andalucía. Quien notificó la expulsión fue el Ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ex consejera de la Junta y, a la sazón, responsable de las cuentas andaluzas de 2018, año del desvío. A partir de ese momento, el Gobierno andaluz ha hablado de “intervención” de las cuentas andaluzas, de aplicación “del 155” en la comunidad y ha abierto una guerra de “maltrato” a la región por parte del Ejecutivo de Sánchez. 

Desde entonces el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y la ministra del ramo, María Jesús Montero, han intercambiado sendas cartas. En la primera, Bravo solicitaba la búsqueda de una solución mixta (FLA más mercados) para Andalucía, argumentando que la mayor preocupación de la Consejería de Hacienda no es tanto el plan de ajuste al que está obligada para corregir el desvío de una décima en el déficit -cifrado en 170 millones de euros-, sino el “golpe a la credibilidad de Andalucía si se consuma que abandona los mercados”.

Por su parte, Montero le ha contestado esta semana  que no es posible esta solución y le ha recordado que acogerse al FLA “es voluntario”. La ministra ha aprovechado para agradecer al consejero que no haya utilizado la palabra “intervención” en su misiva, una afirmación que, a su juicio, es “absolutamente desproporcionada”; extremo este último que comparte el Consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, quien, en una entrevista a eldiario.es/andalucia reconoció que “la palabra intervención suena muy fuerte, no es conveniente utilizarla”. 

Montero también recordó en su carta que “no hay precedentes de que una comunidad adscrita al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) haya solicitado salir a los mercados”.  “Esto tiene solución si hay voluntad de solucionarlo”, dice el presidente andaluz, y asegura que hay margen para la “flexibilidad” y para “salir a los mercados” de manera “compatible” con otros fondos como el FLA. En cualquier caso, el Gobierno andaluz sigue sin desvelar si se acogerá finalmente a este fondo u optará a jugar sus cartas en los mercados financieros.

En abril de 2016 Montoro envió una carta a once consejerías autonómicas de Hacienda para instarles a cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto. En el plazo de 15 días, estas comunidades debían aprobar la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos que garantizase el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En Andalucía, Díaz acusó a Montoro de “intimidar a las comunidades autónomas”.

Hasta el presidente de Castilla y León, Herrera, del PP, afirmó entonces que no iban a presentar el plan que el ministro Montoro les había pedido porque ya no podían hacer más ajustes y estaba afectando a los servicios públicos. Por su parte, sus señorías del PP en Andalucía defendían a “su ministro”. Una diputada del PP lo expresaba así en debate parlamentario: “cumplir con el objetivo del déficit es cumplir, sin ninguna duda, con la buena marcha de la economía, pero también, con el empleo y con el mantenimiento del Estado del bienestar… A Andalucía, que tiene un presupuesto de más de treinta mil millones de euros, lo que se le pide es que esté conforme a la estabilidad presupuestaria”. Estas palabras bien podría firmarlas hoy Montero.

En octubre de 2018 Andalucía volvió a los mercados financieros internacionales, abandonando el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y en diciembre de 2019, la ministra de Hacienda en funciones, por carta, ha devuelto a la comunidad al FLA. El FLA es uno de los instrumentos de financiación previstos de las Comunidades Autónomas que pone a su disposición la administración central para que puedan pagar las deudas financieras privadas pendientes. Es decir, se trata de un mecanismo de refinanciación de la deuda preexistente de las autonomías; y de un instrumento que ha provocado la progresiva pérdida de autonomía política por parte de las comunidades adheridas por sus duras condiciones de adhesión.

Este instrumento no es, ni más ni menos, que una expresión de la insuficiente financiación de las comunidades. Lo era ayer, cuando el gobierno de Díaz pedía que Andalucía pudiera acudir a los mercados financieros internacionales y el FLA le parecía maravilloso al PP. Lo es hoy, cuando el gobierno de Moreno Bonilla quiere continuar en los mercados financieros internacionales y Montero lo devuelve al FLA. En ambos casos, clama al cielo la necesidad un nuevo modelo de financiación autonómica ante la insuficiencia global del actual y desfasado modelo.

La carta de Montoro de 2016 y la de Montero de 2019 se escriben bajo la misma carencia financiera del modelo de financiación autonómica y el mismo orden legal a que dio lugar la modificación del artículo constitucional 135. El momento en que los intereses de la deuda se antepusieron a los intereses de la ciudadanía supuso un punto de inflexión y el inicio del camino hacia el desamparo social que mucha gente siente en nuestro país. No hay nada más grave que los derechos pasaran a formar parte de un pasado nostálgico. Y los derechos se sustentan en presupuestos, y toman forma en los servicios públicos que nos hacen iguales. Da igual que esté Montoro o Montero si las normas que nos gobiernan son las mismas, porque la rigidez de las políticas económicas de austeridad y recortes sociales es directamente proporcional al ataque a los derechos humanos.

Cuanto más avanza la austeridad, más retrocede la democracia, encerrada en una jaula de normas jurídicas que se sitúan por encima de la soberanía política. La Unión Europea es un banco de pruebas al borde del fracaso, como está demostrando el Brexit, o el ascenso de la ultraderecha. La doctrina económica de falsa estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit desnaturaliza la  política fiscal, madre de la justicia social. Montoro ayer, y Montero hoy están gobernados por irrenunciables principios de austeridad, por encima de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Estos son los principios que conducen a acuerdos económicos en contra de las decisiones democráticas de pueblos como el griego y que dan alas a las opciones excluyentes, las que hacen que la política deje de considerarse útil.

Los hechos vuelven a poner sobre la mesa dos cuestiones ineludibles, la necesaria reforma de los mecanismos de liquidez y de acceso al crédito; y la urgente reforma del sistema de financiación. Además, para que las fuerzas políticas progresistas comiencen a ganar espacio político hay que ir al origen y salir de la jaula económica que deja desamparada cada vez a más gente, con alternativas antiausteridad que permitan avanzar hacia un horizonte común más verde, más justo y más feminista.

Rogelio Velasco (Sevilla, 1957), economista y profesor, es un independiente elegido por Ciudadanos al mando de la Consejería de Economía, Innovación y Conocimiento del Gobierno de Andalucía. Se le daba bien hablar en público antes de entrar en política. Le gusta. Pero le gusta menos salirse de su papel de académico y comulgar con discursos de partido que chirrían con sus datos. “La palabra intervención suena muy fuerte, no es conveniente utilizarla”, dice, mientras el presidente Juan Manuel Moreno, todo el Consejo de Gobierno y todos los diputados de PP y Cs lucen en la solapa lazos con la bandera blanca y verde para denunciar la “intervención” de las cuentas andaluzas por parte del Ministerio de Hacienda.

El departamento de María Jesús Montero ha enviado esta semana una carta a la Junta negándole su salida a los mercados financieros por un desvío del déficit en 2018, año computable al PSOE, y los de Moreno han encendido todas las alarmas.

¿Andalucía está intervenida?

La carta que ha enviado el Ministerio de Hacienda supone una modificación de las condiciones en las que el Gobierno andaluz puede funcionar desde el punto de vista financiero. Ahora bien, yo no lo llamaría intervención, porque Andalucía no está en quiebra. No está en suspensión de pagos, tiene recursos para seguir funcionando perfectamente y para ejecutar los proyectos de inversión contemplados en los Presupuestos. La palabra intervención suena muy fuerte, por eso yo creo que no es conveniente utilizarla. Andalucía no está intervenida, porque intervención es cuando hay un desastre financiero en una institución pública o privada. No es el caso. Andalucía tiene recursos para seguir funcionando perfectamente. Es más bien una modificación desde el punto de vista administrativa al modo en el que la Administración andaluza va a seguir funcionando.

Bruselas acaba de reprender a España por el alto nivel de endeudamiento, la baja productividad y la elevada tasa de desempleo. ¿Qué retrato hace usted de la economía andaluza?

El Estado español no ha sido capaz, durante los años de crecimiento fuerte, de rebajar de forma sustancial el déficit y la deuda pública en relación al PIB. Comprendo que saliendo de una crisis tan brutal como la que nos afectó entre 2008 y 2013, una vez que empieza la cosa a remontar a partir de 2013, seguir con ajustes era muy complicado políticamente. Y habría producido serios problemas en sanidad, educación y dependencia a los colectivos más desfavorecidos, a los que había que atender. Y eso ha presionado al alza el gasto público. Vendrán vacas flacas pero, si no ocurre nada gordo, la economía española tiene capacidad fácilmente para crecer entre un 1,5 y un 2,5% anual.

¿Si no ocurre nada como el Brexit?

Bueno, con el Brexit… Este que ha salido elegido primer ministro en Reino Unido [Boris Johnson] pondrá los pies en el suelo. Puede tener un discurso grandilocuente y del imperio, pero el Reino Unido en el concierto mundial económico es nada. Nada. El mayor mercado del Reino Unido seguirá siendo toda la vida la Unión Europea, donde ya exporta casi el 60%. Hay estudios que demuestran que para explicar el volumen de comercio entre dos países, el factor más importante es la proximidad demográfica. México comercia más con Estados Unidos que Reino Unido, aunque sean aliados preferentes y tengan el mismo idioma.

¿No prevé que el Brexit provoque grandes cambios entonces?

Al final Reino Unido hará como Noruega y Suiza, que están fuera pero tienen que pagar una cuota muy elevada por acceder a un mercado de 500 millones de personas. Y Noruega es, con perdón, una mierdecita de 4,5 millones. Y además el petróleo (y los dólares) les sale por las orejas. Paga un pastón, Suiza igual, y Reino Unido tendrá que pasar por ahí. Un acuerdo de libre comercio con Reino Unido, sin una compensación elevada, nunca será aceptado por la UE. Pero como Reino Unido crecerá menos que si siguiera en la UE, eso nos afectará indirectamente: menos turistas, menos gasto, pero no mucho menos.

¿Qué consecuencias tiene la guerra comercial entre Estados Unidos y China?

Eso no se acaba de cerrar e introduce una incertidumbre enorme en nuestra economía. Eso es más preocupante que lo del Brexit. Un arancel del 25% en determinados productos tecnológicos es muy elevado, significa que pasas de comprar un producto a no comprarlo.

En este contexto, ¿cómo de vulnerable es la economía andaluza?

La economía andaluza es pequeña. Es el 12-13% de España. Pero, en este contexto, todas las economías, incluso Alemania, son pequeñas. Todas excepto China y Estados Unidos. Y todas son, por tanto, vulnerables a estas convulsiones del comercio internacional.

Volviendo a Andalucía. No hay un solo consejero de Economía que no haya dicho: es necesario cambiar el modelo productivo andaluz. ¿Cuáles son los retos de este Gobierno?

Los economistas no tenemos una varita mágica para solventar los problemas inmediatamente. Sólo intervenciones del Gobierno desde el lado de un Banco Central o cuando tienes una Hacienda independiente pueden tener un impacto muy potente, con carácter inmediato, en el modelo productivo. A nosotros nos reducen las retenciones del IRPF el mes que viene y el impacto es inmediato. Porque toda la clase media y baja, en cuanto aumenta su renta disponible, se traduce al 100% en consumo, por tanto, en crecimiento del PIB. Eso no lo puede hacer Andalucía, pero tampoco España, por las restricciones fiscales a las que estamos sometidos.

Entonces...

¿Qué queda? La política monetaria, pero ésta depende del Banco Central Europeo, ya no es del Banco de España. Con lo cual, estar integrado en un área aduanera, como la UE, restringe mucho las posibilidades a corto plazo desde el punto de vista económico. Para cambiar el modelo productivo a largo plazo en Andalucía, tiene que ser el suministro de estímulos a las empresas para que se desarrollen más los sectores intensivos en tecnología que los sectores tradicionales.

Su apuesta es tecnológica.

Por supuesto. Siempre lo digo: Machine to machine. Machine learning. Hay ocho o diez sectores que están revolucionando hoy el mundo: máquinas que hablan unas con otras, máquinas que aprenden, inteligencia artificial, robótica, etc. Hay que crear empresas en esos sectores, y el Gobierno no va a crearlas. ¿De dónde salen? De las universidades, de los parques tecnológicos. Ahí se incuban esas empresas.

¿Y qué papel juega la Junta?

¿Qué podemos hacer para estimular esos sectores sin dar dinero o dando poco? Estamos desplegando un plan muy ambicioso de emprendimiento por el que todas las innovaciones científicas y tecnológicas que tengan algún valor de mercado en las universidades andaluzas les va a facilitar la comercialización de aquello que inventen. Por ejemplo, podemos pagarle el viaje a una empresa de Sevilla para que lleve su invención a un congreso de su sector en San Francisco, donde se verá con potenciales compradores.

Ahora que ha terminado la Cumbre Climática de Madrid, ¿la Junta se ve comprometida por alguno de los debates que se han abierto y que afectan directamente a Andalucía? Por ejemplo, los países nórdicos están comprometidos con el consumo de proximidad y el mayor fuerte de nuestra economía son las exportaciones de productos agroalimentarios.

Mira, Suecia es un país que conozco bien y para muchas cosas es admirable. Están por delante del mundo en todo. Lo que sucede allí, 20 o 30 años más tarde sucede en el resto del mundo. En este tema, lo que ha ganado terreno es la producción de energías renovables. Ahora crece a un ritmo espectacular, tanto eólico como fotovoltáico. Eso va a afectar al transporte de mercancías, que ahora consume sobre todo petróleo, y que ahora busca energías alternativas. Aquí hay muchas conversaciones con las eléctricas que distribuyen energía en Andalucía, y estos ejemplos van a proliferar porque la humanidad no tiene alternativa.

Usted hace de embajador de Andalucía para inversores externos potenciales. ¿Cuál es la fortaleza y la debilidad de esta región para asentar un negocio?

Depende de cada parque tecnológico y de la especialidad productiva de cada provincia. Córdoba tiene tradición de investigación farmacéutica y veterinaria, Granada tiene buena especialización en ciencias de la Salud, Jaén en el Olivar, Almería también en el ámbito agrario, Sevilla tiene un nicho aeronáutico… y Málaga es un poco de todo. Depende del foro al que vayas. Yo siempre vendo los diez parques tecnológicos que tenemos. Málaga es el que más demanda tiene de empresas de altas tecnologías que quieren expandirse. En los próximos meses me implicaré personalmente en sitios claves como China, Alemania, Estados Unidos, Italia…

¿Qué margen tienen desde el Gobierno para hacer atractiva la implantación de empresas en Andalucía?

Fiscalmente, muy poco margen, porque el Impuesto de Sociedades es estatal. Hay margen en el IRPF, pero muy limitado. No puedes quitar cinco puntos en el tramo autonómico de IRPF, con eso atraes a directivos extranjeros que quieran instalarse aquí, pero eso es un proceso lento. Nadie cambia la sede de una empresa de Munich a Málaga porque en lugar de un 40% de impuestos voy a pagar un 20%. Eso lleva tiempo, y mientras tanto estás provocando un agujero en tus cuentas por haber bajado esos cinco puntos los impuestos.

En el actual contexto político y económico, ¿una rebaja fiscal ambiciosa es  arriesgada?

Si en un país la presión fiscal es muy elevada, una rebaja de impuestos personales depara en el medio plazo un efecto positivo. Ahora, si la presión fiscal es muy baja, una rebaja adicional no tiene efectos positivos, de hecho, empeora la desigualdad entre colectivos. No sólo Andalucía, el Gobierno de España tiene opciones limitadas en rebajas fiscales. Dicho esto, este Gobierno ya lo ha hecho y lo va a continuar, pero como tenemos los pies en el suelo, empezando por el consejero de Hacienda y lo que yo pueda influir, no podemos proponer unas rebajas fiscales radicales, porque los servicios públicos hay que seguir atendiéndolos.

¿Usted recomendó amortiguar la bajada masiva de impuestos que prometió el presidente andaluz en campaña electoral?

Verá, no sé cuánto tiempo estaremos gobernando: cuatro, ocho años… Si continuamos con estas políticas y somos capaces de acompasar las rebajas de impuestos con una actividad económica más intensa, que nos permita recaudar más impuestos, y no provocar déficit… eso sería beneficioso.

Acaban de aprobar un principio de acuerdo para cambiar el sistema de financiación de las universidades. Esta vez sí, ¿van a ligar la financiación al éxito de las universidades, como se prometió en 2006?

Sí, se dijo, pero no se hizo nada. El sistema de financiación hoy de las universidades andaluzas no tiene racionalidad, es acumulativo. Coges el dato del año pasado, incrementas un 3% a todas las universidades por igual, y sigues adelante. Nunca se ha planteado un modelo donde importe, además de la cantidad, la calidad. El nuevo modelo tiene tres elementos: recursos para financiar los gastos estructurales de la Universidad, otros para los equipamientos de I+D, y sobre todo, la novedad: las universidades recibirán dinero en función del resultado de sus investigaciones en términos relativos.

¿Cómo se evalúa el valor de esas investigaciones?

Bueno, a través de publicaciones científicas de los resultados, por acumulación de puntos. Las revistas especializadas tienen un ranking de prestigio.

La financiación de las universidades también estará condicionada por el nivel de inserción de sus alumnos en el mercado laboral…

Eso es algo que vamos a lanzar el año que viene: un índice de empleabilidad. Por ejemplo, vosotros sois periodistas. A mí me han dicho que el 95% de los periodistas está en paro. Si antes de que nadie elija estudiar Ciencias de la Información sabe que el 95% de los periodistas titulados está en paro, se lo va a pensar dos veces. Para eso crearemos el índice de empleabilidad. Porque a lo mejor faltan profesores de Filosofía en el mercado, porque nadie quiere estudiarlo.

Eso remite a un debate siempre delicado: si sobran facultades de determinados estudios en determinadas provincias. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?

Yo. Eso es el mapa de titulaciones, que tiene que ver, pero es otra cosas. Vamos a intentar por todos los medios no suprimir ninguna facultad como tal. Lo que sí vamos a propiciar y en algún caso a obligar, porque no habrá otra alternativa, es la fusión de algunos grados universitarios. Los contribuyentes no podemos financiar facultades en las que, este año, van a entrar tres alumnos. Nos cuesta más barato mandarlos a Harvard a los tres. Y hay muchos disparates de este tipo. Pero primero abordaremos el modelo de financiación, y luego, pronto, el mapa de titulaciones.

Pero la Universidad no es sólo un espacio para fabricar empleados, también es un lugar de conocimiento e investigación.

Por supuesto, no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero permíteme: una universidad tiene que tener un departamento de Filosofía, si no, ¿qué universidad es esa? Y de lingüística. Y de Antropología. Para la cual no hay prácticamente mercado porque es el Estado, a través de la educación pública, quien los demanda. Ahora bien, una cosa es que una universidad tenga departamento de Filosofía, que comparta recursos con otros departamentos, y otra muy distinta que Filosofía tenga una facultad independiente, con un decano, con cuatro vicedecanos… No. Eso no. Ahí se van a tener que ajustar, porque no podemos financiar eso. En otros casos, hace falta lo contrario: que se divida el departamento. Aquí en Sevilla, el de Economía Aplicada, tiene 150 personas. Un departamento es más grande que la mayoría de las facultades, eso no se puede administrar, nadie quiere ser director de departamento, porque en la práctica es un decano.

La Junta impulsó un programa de retorno de talentos a Andalucía y en dos años consiguió que volvieran diez. ¿Cómo se puede hacer mejor?

Mire, no se puede hacer más daño a una institución o una empresa que cuando se adopta una política con promesa de continuidad y llega un momento que se corta. Eso genera un daño irreparable. Ya ocurrió con el Gobierno central cuando cortaron a mitad del programa las becas Ramón y Cajal. Había gente, que yo conozco, en Stanford, una universidad de puta madre, y con las expectativas de volver a Madrid con su familia, dejó la universidad, se vino, y a mitad del programa le dejan sin dinero… Bueno, quería matar al ministro. Se acordaba de su madre. Eso hace que la gente deje de confiar en las instituciones, y no me extraña. En Andalucía estamos donde estamos, y yo lo que quiero es que vuelva el mayor número posible de doctores y gente con alta formación. Se lanzará una convocatoria de casi 300 post doctorales, con recursos asegurados para todos ellos.

La mayor empresa de Andalucía es la Junta y usted ha tenido problemas para seleccionar a directivos cualificados por los bajos salarios en la Administración, ¿no?

Es que los sueldos de la Junta son miserables. En general, de todas las administraciones. En el Gobierno central se va a hacer una revisión de los salarios de altos cargos, en la Junta no está ni planteado. Y esto, en parte, es culpa del PSOE, que inició una congelación de salarios con Zapatero que ya es irreversible.

En años de crisis, subir los sueldos a los políticos está mal visto por la gente.

Sí, esto tiene mal arreglo en esta legislatura, a mí no me va a coger. Una vez que se toma una decisión de este tipo, es irreversible. Cuando se hace tanta demagogia con este tema, la gente piensa que si hay una subida salarial a los altos cargos, los políticos están aquí sólo para ganar dinero. Y la decisión que se adopta no es racional.

Usted, como economista, ¿recomienda la subida del salario mínimo interprofesional como plantea el Gobierno de Pedro Sánchez?

Eso es un arma de doble filo. Hay empresas, sobre todo en el sector industrial, que tienen capacidad para ofrecer un salario mínimo más elevado porque tiene posibilidad de aumentar la productividad y reducir los costes unitarios de producción, así absorben la masa salarial sin que repercuta en los precios. Ahora, si son actividades de servicio…

Como en Andalucía…

Exacto, como en Andalucía, donde son bares y restaurantes la mayoría… ¿Cómo aumentas la productividad en un restaurante? Ahora algunos tienen un ipad pequeñito para distribuir la comida en las mesas y eso aumenta algo la productividad del camarero, pero de forma limitada. En Andalucía, el sector servicio tiene un peso tan grande, que probablemente la subida del salario mínimo tendrá un efecto negativo considerable.

No tendrá el mismo impacto en toda España.

No, esto va por barrios. Yo creo que en País Vasco, Navarra, Cataluña y, en parte, Madrid, que tienen sectores industriales potentes, la subida del salario mínimo es perfectamente absorbible por la productividad, y en aquellas zonas donde pese más la agricultura y el sector servicio, el efecto puede ser ambiguo.

Para terminar, ¿el descubrimiento de los armarios o las cajas fuertes en la Agencia IDEA fue tan dramático como nos han contado?

Yo les he dicho: calmaos. Tened calma. La impresión que tengo es que fue más aparatoso que después real. Descubrimos los sobres en IDEA, llamaron a la viceconsejera, ella me llama a mí, se pone en conocimiento de la asesoría jurídica de la Junta y nada más. No ha pasado nada.

Usted qué es un hombre de números, ¿qué tal lleva esta espectacularidad de la política andaluza?

Hombre, a mí me gusta más el trabajo de oficina y de análisis que dar un mitin. Hablar en público, me gusta. Yo entiendo que tengo que llevar a cabo actividades que, aunque no me gusten o no las considere fundamentales, son convenientes. Los ciudadanos tienen que saber qué hacemos, no tener la sensación de que estamos encerrados. Hay que salir, dar charlas, hablar con vosotros los periodistas. Esa palabra “canutazo” no la conocía, y ahora la tengo en mente todos los días.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado en una rueda de prensa en el Congreso [min. 17:11] que el Gobierno en funciones haya pedido explicaciones a la Junta de Andalucía por incumplir los objetivos de estabilidad del pasado y les haya obligado a adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En su declaración, ha añadido: “si ellos lo hacen con Andalucía, lo tienen que hacer también con la Comunidad Valenciana y con todas las comunidades autónomas que gobierna el Partido Socialista”.

FALSO.

Desde el año 2012, la Comunitat Valenciana está acogida al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA); el fondo de financiación con el que el Estado supervisa el gasto de aquellas comunidades autónomas que hayan incumplido sus objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. De hecho, este mismo miércoles, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha explicado en una entrevista en Onda Cero [min. 6:43] que “nosotros [estamos financiados por el FLA] desde el año 2012” porque “no podemos cumplir con los objetivos de déficit”.

La Comunitat Valenciana no es la única que está sujeta al FLA. Este año, también lo están otras regiones como Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, según la última actualización del Ministerio de Hacienda.

Hay otras comunidades -como Andalucía y Baleares- que desde 2018 han tenido una autorización del Gobierno para salir al mercado privado a emitir deuda o captar recursos a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) pero, al no cumplir con el “objetivo de estabilidad presupuestaria” previsto, tal y como nos indican desde el Ministerio de Hacienda, el Gobierno les ha avisado de que su única vía de financiación es el FLA.

En ese sentido, el pasado 5 de diciembre, el Gobierno en funciones envió una carta a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía para indicarle que no se podía adherir al FFF previsto para el año 2020 y que si quiere salir al mercado privado tendrá que acudir al FLA.

Por ello, como nos han explicado desde el Ministerio de Hacienda, una comunidad autónoma estará financiada por el FLA si no cumple con los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. De hecho, Puig también lo explicaba durante la entrevista [min. 7:40]: “no ha habido ninguna discriminación por parte del Ministerio de Hacienda (...). Todas las comunidades que no cumplen de una manera objetiva, el Ministerio de Hacienda, antes y ahora cumpliendo una ley, actúan en consecuencia”.

Por otro lado, hay comunidades que, a pesar de que cumplen con los objetivos económicos, no tienen la autorización del Estado para acceder directamente al mercado y lo hacen a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF). Es el caso de las Islas Canarias, Cantabria y La Rioja. Por su parte, Asturias, Galicia y las Islas Baleares combinan el FFF con la financiación de los mercados.

Actualmente, las únicas comunidades autónomas que tienen autorización del Estado para salir al mercado privado a financiarse son la Comunidad de Madrid y Castilla y León (gobernadas por el PP), País Vasco (gobernada por el PNV) y Navarra (gobernada por el PSN), según nos confirman desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero.

Por lo tanto, es falso que el Gobierno del PSOE tenga que supervisar a la Comunitat Valenciana a través del FLA, igual que en Andalucía, como dice Pablo Casado porque ya está incluida en este fondo. En total, cuatro de las nueve comunidades que gobierna el PSOE están adheridas al FLA; Asturias, La Rioja, las Islas Canarias y Baleares están adheridas al FFF; y Navarra tiene autorización para financiarse por sí misma a través de los mercados privados sin entrar en estos mecanismos.

Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con el PP para conocer qué es lo que quería decir Pablo Casado con su declaración pero, en el momento de esta publicación, todavía no hemos obtenido respuesta.

Fuentes: