La quita de la deuda autonómica amenaza la paz interna del PP

El PP presume de unidad de partido. Pese a las discrepancias estratégicas y discursivas, que existen, se asumen y se intentan aprovechar, la situación interna está pacificada. La inesperada derrota de Alberto Núñez Feijóo tras las generales de julio del año pasado no ha provocado movimientos sucesorios. Los barones autonómicos están dedicados a gestionar el amplio poder territorial logrado en mayo de 2023 gracias a su alianza con Vox. Pero sí se vislumbran algunos nubarrones que el Gobierno podría aprovechar para abrir una grieta en el principal partido de la oposición: las quitas de deuda.

La financiación autonómica será uno de los temas prioritarios durante la legislatura. No solo porque el sistema actual nació ya cojo hace más de una década, y se ha demostrado que no satisface a ninguna de las partes. Sino porque la situación política y económica es bien distinta a cuando otro Gobierno liderado por un socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, lo negoció. 

Fue antes de la durísima crisis económica de hace una década. Y también antes del shock de la pandemia, que puso sobre la mesa la falta de recursos que tienen las Autonomías para gestionar sus cada vez mayores y más complejas competencias. La deuda regional se ha multiplicado, y también su coste. Solo la participación directa del Estado a través del FLA ha permitido financiarse a algunas comunidades.

Ahora ha llegado el momento de revisar toda esa deuda acumulada. El pacto de investidura firmado por el PSOE con ERC recoge expresamente una quita de la deuda que Catalunya mantiene con el Estado a través del FLA, lo que redundaría en una bajada también de los pagos que hace el Govern por los intereses que genera esa deuda. Se trata de cientos de millones de euros cada año.

Feijóo criticó esta medida con dureza cuando se hizo pública, e intentó atacarla con el argumento de que no se puede dar a una comunidad un trato diferente a las demás. Es una de las palancas de la oposición a Pedro Sánchez. Según Feijóo, el Ejecutivo está formalizando la “desigualdad entre españoles”. Pero el Gobierno de coalición replicó que lo mismo que se aplique a Catalunya se ofrecerá al resto. 

Y ahí está el problema para Feijóo, que puede perder el control del relato si sus barones, algunos o todos, dicen ‘sí’ a María Jesús Montero. Dicen ‘sí’ a una quita de deuda. 

Este riesgo lo reconocen en privado muchos dirigentes del PP. Pero también en público. Las primeras discrepancias aparecieron a finales del año pasado, cuando los presidentes de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostraron favorables a un mecanismo que desde la dirección nacional de la calle de Génova se rechaza.

A comienzo de este 2024 el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, dijo que la quita de la deuda “no es la solución”. Pero eso depende de a quién se pregunte dentro del partido. No es lo mismo la posición de Mazón, que podría ver liberados varios cientos de millones de euros al año solo en intereses (la deuda valenciana asciende a 45.000 millones), o la de Juan Manuel Moreno en Andalucía (26.136 millones), que la de Murcia (menos de 10.000) o Galicia (por debajo de los 3.000 millones).

Madrid no tiene deuda con el Estado porque Esperanza Aguirre decidió en su día no recurrir al FLA, pero sí la tiene con acreedores en el mercado, lo que tiene un coste extra de 314 millones de euros por intereses más caros. Con todo, también se vería beneficiada de una medida que desde el Gobierno insisten en que será generalizada y abierta a todas las regiones con mecanismos variables en función de la naturaleza de cada deuda.

La estrategia del PP pasa por forzar una negociación conjunta, que recoja la quita de la deuda y una nueva financiación autonómica. Así lo plantearon los respectivos consejeros de la derecha en la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera presidida por María Jesús Montero.

Y es la idea que tiene Génova. Feijóo sabe que si Hacienda lanza una consulta para que los diferentes gobiernos autonómicos pidan una quita de su deuda, serán muchos los que acudan. Un disparo a la línea de flotación de la dirección nacional del PP y su discurso de que el pacto del PSOE con ERC atenta contra la igualdad de los españoles. 

En las filas del PP creen que una propuesta del Gobierno en ese sentido sería una “trampa”. Pero todos asumen que, llegado el caso, los que necesitan esa quita caerían en dicha trampa. Y los que no lo necesitan, o podrían pasarla por alto al representar una cantidad pequeña, tendrían difícil explicar cómo rechazarla.

De hecho, ya han sido varios los presidentes del PP que han reconocido, en público y en privado, que si el Gobierno les llama para asistir a una reunión bilateral para tratar el tema de la financiación, acudirán seguro. Feijóo quiere negociar con “todos en la misma mesa”, e incluso tener algunos elementos comunes que poder liderar para no quedar fuera de juego.

De momento no hay fecha para que Hacienda ponga en marcha el proceso, y los contactos son ahora mismo de segundo nivel. En el Gobierno tienen claro que tratarán deuda y financiación como dos asuntos “distintos”. De hecho, el presidente planteó a Feijóo hablar de financiación autonómica en la reunión que ambos mantuvieron a finales de 2023. Para el PSOE es una cuestión “de partidos”, porque se tiene que tramitar como ley en el Congreso. En la oposición oscilan entre defender la autonomías de sus territorios y darle un papel relevante a su líder.

Pero los barones autonómicos del PP no quieren delegar en Madrid la negociación de algo que atañe a sus presupuestos, a la calidad de los servicios públicos que ofrecen a sus posibles votantes. Y los intereses de unos y otros son muy contrapuestos. Cantabria y Baleares tienen realidades dispares, como Murcia y Aragón. Población dispersa o concentrada, joven o envejecida. 

En el PP hay quien cree que el sistema de financiación es imposible de reformar, al menos en la circunstancia actual. Y apuestan por que el Gobierno haga un aporte que mejore la situación de los llamados “infrafinanciados”. Sería quizá una buena solución a corto plazo para quienes tienen que cuadrar las cuentas cada año, pero un mal escenario para un Feijóo que quedaría fuera de juego, con la flamante vicepresidenta primera repartiendo quitas de deuda y sus barones (algunos o todos) acudiendo a la llamada.