El próximo 3 de febrero se completa el desmantelamiento de oficinas por la fusión de Bankia con BMN con el cierre de otras 20 en Andalucía, sumadas a las 11 clausuradas entre diciembre de 2017 y este mes de enero, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma más afectada por este proceso, por detrás de Comunidad Valenciana (49) y Baleares (35) de un total de 99 sucursales en todo el país. Pero el impacto en el empleo será todavía mayor para Andalucía, donde se calcula que habrá medio millar de rescisiones de contrato, es decir, uno de cada cuatro previstos.

Cada lunes y jueves se reúne la mesa de negociación, con presencia de nueve secciones sindicales, en busca de acuerdos para minimizar el coste laboral de esta fusión. En la última reunión la dirección de la empresa ha bajado de una propuesta de reducción de la plantilla cifrada en 2.510 trabajadores a 2.291 personas, lo que para los sindicatos todavía es una “barbaridad” y un “despropósito” y no lo ven justificado. Esa cifra equivale a más de toda la plantilla de las dos entidades bancarias en Andalucía, que son 2.019 trabajadores, de los que se calcula que en torno a la cuarta parte irán a la calle. 

Se trata de reducir la plantilla de Bankia y BMN, ya castigadas por recortes en los últimos años, en torno a un 15%, mediante prejubilaciones a partir de los 56 años cumplidos a 31 de diciembre de 2017 y con bajas incentivadas con una indemnización de 25 días por año trabajado. Los sindicatos pelean por bajar esa cifra, que este jueves se quedaba en 2.291 despidos, para que “el cien por cien de las bajas sean voluntarias”.

Desde el sindicato UGT apuntan en este sentido que Andalucía “es la comunidad autónoma donde el ERE tendrá mayor impacto en pérdida de puestos de trabajo, lo cual no implicaría necesariamente despidos, sino que pueden ser traslados u otras fórmula” igualmente dolorosas para los trabajadores.

CCOO, por su parte, cree que se busca más que “la simple eliminación de duplicidades” porque desde la dirección de la empresa no se está apostando “por un proyecto de expansión en territorios y mercados donde no tienen presencia”. La realidad es que en el caso de oficinas separadas por menos de 800 metros se habla de “solapamiento” y se opta por el cerrojazo sin que sus trabajadores sepan todavía cuál será su destino. 

“Son plantillas que han sufrido ya mucho. Muchos años de machaque y ahora otra vez siempre pagando la mala gestión”, apunta María Jesús Fernández, de CCOO en Bankia, quien apunta que “no está justificado este ajuste cuando se está prolongando por sistema la jornada laboral, por tanto, la gente no sobra precisamente”.

Granada: de la irrelevancia a la nada

En Granada el caso es especialmente sangrante. Con 11 cierres de oficinas en la Ciudad de la Alhambra, de los 14 previstos en la provincia, es la segunda ciudad, por detrás de Palma de Mallorca (21). Ya tuvo que pagar el coste laboral de la entrada de Caja Granada -y su desaparición tras 125 años de historia- en BMN, para un proyecto con Caja Murcia, Caixa Penedès y Sa Nostra que ha terminado absorbido por Bankia y centralizado en Madrid.

Un episodio más, el último, del fracaso de las cajas de ahorro de Andalucía y en una provincia, Granada, que tuvo un pasado financiero con cuatro entidades bancarias fuertes y era centro de las decisiones en la materia. Pero ha pasado de la irrelevancia a la nada. Lejos quedaron los tiempos en los que el 75% de los granadinos estaban vinculados a Banco de Granada, Caja Provincial de Ahorros de Granada, Caja Rural de Granada o Caja Granada.

En este contexto, están previstas varias concentraciones de protesta en Granada, escenario del mayor recorte por ser territorio natural de la extinta Caja Granada y porque acoge los servicios centrales de BMN en Andalucía, llamados a desaparecer, como los de Murcia y Baleares, por ese traslado de todo el poder de decisión a Madrid. En concreto serán el día 30 de enero en El Cubo, y los días 5 y 7 de febrero en la puerta de la oficina de BMN de la calle Reyes Católicos.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre se cerraron las primeras oficinas, que en el caso de Andalucía fueron cinco en Granada y dos en Jaén. Los cerrojazos continuaron el pasado 15 de enero, con una oficina en Almería; otras dos en Granada; y una más en Jaén. La operación concluirá el 3 de febrero, cuando están previstos cierres de tres centros de trabajo en Córdoba; siete en Granada; uno en Jaén; tres en Málaga; y seis en Sevilla. Hasta ese total de 31 de este plan de desmantelamiento que los sindicatos temen que sea reeditado en el futuro por otro incluso más duro. 

La Junta General Extraordinària d'Accionistes celebrada a València ha aprovat aquest matí la fusió entre Bankia i Banc Mare Nonstrum (*MN), l'entitat sorgida de les antigues Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada i Sa Nostra. Del procés ja s'havien anunciant tots els avantatges que suposarà per als accionistes -el 67 % serà de l'Estat- i per a l'entitat, però la trobada d'avui 14 de setembre ha evidenciat que existeix una gran preocupació entre els empleats. Fins a set de les 15 intervencions han sigut dels sindicats o de representants de treballadors que estan aterrits davant un possible Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), com el que es va produir en la unió entre Bancaixa i Caja Madrid.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha volgut calmar els sindicats i ha assegurat que el procés de fusió serà “modèlic”. El banc destinarà 334 milions d'euros per als ajustos d'ocupació, la integració informàtica d'ambdues entitats i el tancament d'oficines. “Avui és un gran dia per als empleats de Bankia i BMN, perquè naix un banc que té un futur més brillant que abans”, ha explicat Goirigolzarri.

Pilar Valldecabres, representant d'UGT en Bankia, ha apel·lat “a la integritat del Consell d'Administració” perquè “les plantilles que ara s'uneixen han patit ja processos de reestructuració”. Des de CGT han assegurat que preveuen un ERO després de la integració i han criticat que en la fusió “prevalga el benefici a curt termini a millorar la situació dels empleats”. “Tenim constància de la falta de personal”, ha apuntat.

El president de Bankia ha destacat que la fusió amb BMN, que es tancarà en el mes de desembre després de les aprovacions necessàries, permetrà a l'entitat elevar els ingressos bàsics del negoci bancari, al mateix temps que incrementarà un 25% la seua base de clients, fins als més de vuit milions, i possibilitarà “aconseguir posicions de lideratge en mercats de fort creixement” en els quals actualment tenen una presència“. L'entitat eixida d'aquesta operació es consolidarà com el quart banc d'Espanya.

Aurora Martínez, de la Plataforma per una Banca Pública, ha reclamat a Goirigolzarri que “no privatitze l'entitat”. Segons Martínez, “la venda de Bankia recuperarà poc dels diners que es deuen als contribuents” i, en canvi, “un banc públic no especularà amb els diners”. “Cal parar la seua privatització per a frenar l'oligopoli bancari que hi ha a Espanya”, ha assegurat.

Goirigolzarri ha explicat que té un mandat dels accionistes -el 67 % en mans del Govern- que “es basa a generar valor per a retornar les ajudes públiques”. En aquests moments l'entitat té una capitalització d'uns 13.000 milions d'euros i les ajudes que va rebre van ser de més de 22.000. A més, ha afegit el president de Bankia pel que fa als bancs públics: “Utilitzar un banc com a instrument polític de crèdit genera crisis financeres”.

Fonts de Bankia han explicat que després de l'estiu, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha manifestat la seua intenció de vendre part de l'entitat per a recuperar diners per a l'Estat i s'han reprès les converses. Segons fonts coneixedores de l'operació, “tècnicament, es podria vendre entre un 5% i un 12% de les accions”. Amb aquests percentatges, l'Estat continuaria controlant la majoria del banc. El 2014, el Govern va vendre el 7,5 % de Bankia per 1.304 milions, dels quals 134 van anar a parar als contribuents. Molt lluny dels diners rebuts amb el rescat.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en València ha aprobado esta mañana la fusión entre Bankia y Banco Mare Nonstrum (BMN), la entidad surgida de la antiguas Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra. Del proceso ya se habían anunciando todas la ventajas que supondrá para los accionistas -el 67 % será del Estado- y para la entidad, pero el encuentro de hoy 14 de septiembre ha evidenciado que existe una gran preocupación entre los empleados. Hasta siete de las 15 intervenciones han sido de los sindicatos o de representantes de trabajadores que están aterrados ante un posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE), como el que ya produjo en la unión entre Bancaja y Caja Madrid.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha querido calmar a los sindicatos y ha asegurado que el proceso de fusión será “modélico”. El banco destinará 334 millones de euros para los ajustes de empleo, la integración informática de ambas entidades y el cierre de oficinas. “Hoy es un gran día para los empleados de Bankia y BMN, porque nace un banco que tiene un futuro más brillante que antes”, ha explicado Goirigolzarri.

Pilar Valldecabres, representante de UGT en Bankia, ha apelado “a la integridad del Consejo de Administración” porque “las plantillas que ahora se unen han sufrido ya procesos de reestructuración”. Desde CGT han asegurado que prevén un ERE tras la integración y ha criticado que en la fusión se “prime el beneficio cortoplacista a mejorar la situación de los empleados”. “Tenemos constancia de la falta de personal”, ha apuntado.

El presidente de Bankia ha destacado que la fusión con BMN, que se cerrará en el mes de diciembre tras las aprobaciones necesarias, permitirá a la entidad elevar los ingresos básicos del negocio bancario, al tiempo que incrementará un 25 por ciento su base de clientes, hasta los más de ocho millones, y posibilitará “alcanzar posiciones de liderazgo en mercados de fuerte crecimiento” en los que actualmente tienen una presencia“. La entidad salida de esta operación se consolidará como el cuarto banco de España.

Aurora Martínez, de la Plataforma por una Banca Pública, ha reclamado a Goirigolzarri que “no privatice la entidad”. Según Martínez, “la venta de Bankia recuperará poco del dinero que se debe a los contribuyentes” y, en cambio, “un banco público no especulará con el dinero”. “Hay que parar su privatización para frenar el oligopolio bancario que existe en España”, aseguró.

Goirigolzarri explicó que tiene un mandato de los accionistas -el 67 % en manos del Gobierno- que “se basa en generar valor para devolver las ayudas públicas”. En estos momentos la entidad tiene una capitalización de unos 13.000 millones de euros y las ayudas que recibió fueron de más de 22.000. Además, ha añadido el presidente de Bankia con respecto a los bancos públicos: “Utilizar un banco como instrumento político de crédito genera crisis financieras”.

Fuentes de Bankia explicaron que tras el verano, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha puesto en marcha con su intención de vender parte de la entidad para recuperar dinero para el Estado y se han retomado las conversaciones. Según fuentes conocedoras de la operación, “técnicamente, se podría vender entre un 5 y un 12 % de las acciones”. Con estos porcentajes, el Estado continuaría controlando la mayoría del banco. En 2014, el Gobierno vendió el 7,5 % de Bankia por 1.304 millones, de los que 134 fueron a parar a los contribuyentes. Muy lejos del dinero recibido con el rescate.

En el número 12 de la Plaza de San Francisco de Sevilla, a espaldas de su Ayuntamiento, un cartel recuerda a sus más antiguos clientes que la que fuera oficina principal de Caja Granada en la capital andaluza “ahora es BMN”. Se lo recordará a los más antiguos, porque en dos meses se cumplirán siete años desde que la otrora orgullosa entidad granadina se diluyera (entonces se definió como una integración), junto a Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra, en Banca Mare Nostrum (BMN).

Curiosamente, al otro lado de la pared se reúnen cada día los responsables de Bankia en Andalucía. Su colindante número 11 de la Plaza de San Francisco es la sede de los “Servicios centrales de la Dirección Territorial Castilla la Mancha y Andalucía”, y de la “Dirección Nacional de Empresas Sur-Canarias”. Hace muchos años que son vecinos. De hecho, cuando aún existía Caja Granada, la sede central era también una sucursal. Ahora otro cartel informa a los clientes de que la oficina más cercana de atención al público se encuentra a escasos 200 metros, en la Avenida de la Constitución (ver foto).

Empleo

Si la que fuera oficina principal de Bankia en Andalucía dejó de atender al público fue porque, tras la crisis, el proceso de “racionalización” del sector bancario llevó al cierre de cientos de oficinas y al consiguiente despido de decenas de miles de empleados. Así, el que durante décadas fuera el principal sector empleador de la región (sin contar Educación y Sanidad) ya no es hoy ni sombra de lo que fue. Y, a lo que se ve, el proceso no ha acabado.

El primer paso que dará la entidad pública Bankia tras absorber a la también pública BMN, en el que, seguro, ya trabajan al otro lado de la pared, será decidir que sucursales se cierran por redundantes o poco rentables, y que trabajadores serán despedidos.

Buena parte de ellos provendrán de la antigua Caja Granada, cuya plantilla, tras cientos de prejubilaciones y bajas incentivadas, eso sí, es ya la mitad de la que fue en 2010 (dicho sea de paso, el mismo proceso de toma de decisiones se repite unos cientos de metros más allá, en la sede andaluza del Santander al final de la Avenida de la Constitución, con respecto a las oficinas y empleados del Popular en Andalucía).

Peso

Cuando allá por 2011, Caja Granada hizo efectiva su integración en BMN, recibió un 18% de las acciones de la nueva entidad a cambio de aportar el 100% de su activo, por aquel entonces valorado en 13.500 millones de euros. Hoy, el activo que Bankia absorbe de BMN es de 38.650 millones de euros, que apenas suma la mitad del que tenía cuando se fundó.

Así pues, Caja Granada, tras su integración en BMN, ha perdido la mitad de su empleo y la mitad de su activo. Pero además, con su 18% de capital, la Fundación Caja Granada (lo único que queda de la extinta entidad financiera), tenía alguna, aunque escasa, capacidad de influir en las decisiones de BMN. Ese 18% diluido aún mucho más en el capital de Bankia, la convierte ahora en un actor irrelevante en la gestión de la entidad, cuyo activo multiplica por cuatro el que aporta BMN.

En cambio, Bankia sí que obtiene una gran ventaja de la operación. Se convierte en actor principal en mercados en los que antes no existía. Así, frente a una despreciable, en términos económicos, cuota de mercado del 1% en Granada, pasa a convertirse en el líder bancario de la provincia con una cuota del 35%, y una ya nada despreciable cuota cercana al 15% en Andalucía.

Representación

La situación es muy diferente para los ciudadanos de a pie. Antes, los que tenían sus ahorros en las cajas de ahorro eran impositores, es decir, partícipes en el capital de aquellas entidades ya desaparecidas, y como tales, con representación en sus órganos de administración y dirección. Hoy ya no participan en la dirección de unas entidades que ya no existen tras convertirse en bancos, gestionados por organos de dirección controlados por grandes accionistas.

En aquel entonces, ya lejano, los beneficios que obtenían las cajas se repartían a través de sus obras sociales al conjunto de la sociedad. Ahora sólo llegan en forma de dividendo a aquellos con capacidad adquisitiva suficiente como para invertir en la compra de acciones en el mercado (las antiguas cajas, convertidas en fundaciones, financian su obra social con los dividendos que les correspondan por sus respectivas participaciones en el capital de los nuevos bancos, y con la explotacón de sus activos, en su mayoría inmobiliarios).

Competencia

Más aún, hace apenas una década en Andalucía (igual que en el resto del país) la mitad del mercado bancario estaba en manos de cinco cajas de ahorro locales (Unicaja, El Monte, San Fernando, Granada y Jaén) y cajas foráneas (La Caixa, Bankia-Caja Madrid, La Kutxa …), y la otra mitad repartido entre docenas de bancos grandes y pequeños, españoles y extranjeros. Ahora, apenas cinco entidades controlan cerca del 75% del mercado bancario nacional, lo que deja a los ciudadanos, empresas, consumidores y clientes sin competencia dónde elegir, y, por lo tanto, aún más, en manos de unos pocos muy poderosos situados en unas alturas en las que la voz de los ciudadanos apenas es perceptible.

La nueva entidad resultante de la absorción de Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Bankia tendrá como resultado una entidad con un 28% más de depósitos y un 20% más de créditos. La Bankia postfusión, como la denominaron en la presentación de la operación este martes, consolida su cuarto puesto en el sector financiero español (en el campo de los préstamos se encontraba en quinta posición antes de la absorción, aunque en el ranking de depósitos ya ocupaba ese puesto). El banco resultante será el que tenga que devolver las ayudas públicas recibidas: un total de 24.000 millones de euros (22.400 millones de Bankia y 1.600 millones de BMN).  

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, repitió en varias ocasiones al presentar la operación que la nueva entidad genera un mayor valor para los accionistas que las entidades por separado. “Las dos entidades unidas tienen una capacidad de gestión y un posicionamiento comercial muchísimo más potente”, señaló. ¿Y quién es el mayor accionista de ambas? El Estado a través de su brazo financiero, el FROB. La operación supone valorar en 825 millones a BMN, lo que supone un canje de una acción de Bankia por 7,82 títulos de BMN.

Para el FROB esta operación supone cambiar de bolsillo su inversión de BMN a Bankia aunque la devolución o no de las ayudas estatales dependerá de cómo se comporte la entidad en bolsa. BMN recibió ayudas públicas por 1.600 millones y ha sido vendida por 825 millones, de los que algo más del 60% corresponden al FROB. Habrá que ver si la diferencia se ve reflejada en el precio del mercado cuando el Estado proceda a la privatización de su paquete. Por lo pronto, el mercado ha recibido la noticia con subidas de la acción de Bankia de un 3,6% elevando la capitalización hasta los 12.000 millones de euros.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que no descartan vender otro paquete de acciones de la entidad si el precio es el adecuado. El único paquete que vendió el Estado a grandes inversores fue en 2014 cuando se desprendió de un 7,5% a 1,51 euros, lo que se tradujo en plusvalías, puesto que el Estado había entrado a 1,35 euros. La comparativa de estas cifras con la cotización actual se complica porque en el camino la entidad ha realizado una operación de contrasplit en la que se ha juntado el valor de varias acciones en una nueva. Con esa venta el Estado rebajó su participación hasta el 60% aunque tras los canjes de preferentes y la recompra de acciones de la salida a Bolsa su peso volvió a incrementarse hasta el 65% actual.

En cualquier caso, la fecha prevista por el Gobierno para salir de Bankia está fijada para finales de 2019. Una fecha que Bruselas dejó en manos de España y que el Ejecutivo ya ha retrasado en una ocasión (en un principio estaba prevista para este año).

“El calendario de devolución de ayudas está muy en función del proceso de privatización”, reconoció Goirigolzarri, que insistió en que no es decisión del banco, sino del accionista. Es decir que es el FROB el que tiene que decidir cuando vende su participación. “Nuestra responsabilidad es trabajar mucho, trabajar bien, crear valor. Es el accionista el que tiene que decidir cuándo y cómo desinvierte”, añadió.

Sinergias y costes

En el lado positivo de la fusión, Goirigolzarri señaló que se prevén unas sinergias de 900 millones y una mejora en el beneficio neto de Bankia en 245 millones en 2020. También esperan un incremento del 16% del beneficio por acción para la misma fecha. El ejecutivo apuntó que espera que estas cifras se vean reflejadas en el comportamiento del mercado antes de esa fecha.

Respecto a los clientes, en Bankia cifran en más de un 25% el crecimiento de la base de clientes. Además, en lado industrial de la fusión señalan como positivo el incremento de cuotas de mercados tanto de fondos de inversión, de planes de pensiones, de tarjetas de crédito y de consumo, en cifras que oscilan entre el 27% y el 35%.

La fusión entre ambas entidades va a generar unos costes de reestructuración de unos 334 millones antes de impuestos. A lo que se suma que Bankia realizará saneamientos por 1.000 millones al aumentar las provisiones de algunos de los activos de BMN. De esta cifra, 500 millones corresponderán a provisiones de créditos, 200 millones a provisiones de adjudicados y 300 millones a otros ajustes.

La dirección de Bankia minimiza los riesgos de la operación. Hay que recordar que Goirigolzarri explicó hace unos días que estudió una posible compra de Banco Popular y que, pese a que tenía sentido industrial, rechazó llevarla a cabo por los altos riesgos que conllevaba el movimiento.

Otro de los ajustes que tendrá que hacerse tras la fusión es de personal y oficinas, aunque Bankia no precisó las oficinas que se cerrarán por duplicidades o la plantilla de la que se prescindirá. Bankia contará con 2.515 oficinas tras la fusión con BMN, un 36% más, ya que a las 1.855 sucursales con las que cuenta ahora habrá que sumar las 660 de BMN.

Respecto al calendario en el que cristalizará la operación, Goirigolzarri ha asegurado que siguen las fechas previstas. Así, esperan convocar junta de accionistas en julio, que se celebre en septiembre y que la operación se cierre en diciembre. Para el segundo trimestre del año que viene prevén que ya se hayan integrado sus sistemas informáticos.

En la presentación de la fusión de Bankia con BMN, el presidente de la entidad José Igancio Goirigolzarri ha defendido la operación asegurando que genera valor para los accionistas. El Frob, el brazo financiero del Estado, controla el 65% de la entidad y tendrá un porcentaje similar en la nueva entidad resultante. Preguntado Goirigolzarri sobre si la fusión supondrá pérdidas de las ayudas del Estado, ya que, el precio pagado (825 millones de euros) supone únicamente alrededor de la mitad de las ayudas recibidas por BMN, de 1.645 millones de euros, Goirigolzarri ha señalado que realmente lo que ha habido es un cambio de vehículo del Frob.

“No han vendido nada y si no se ha vendido nada no hay ninguna pérdida. Hay simplimente un cambio de vehículo, en este cambio de vehículo el nuevo activo de Bankia post fusión tiene una capacdidad de crear valor superior al que tenían las dos entidades por separado. El Frob se queda con el 65% de la sinergias y las dos entidades unidas tiene un posicionamiento muchísimo más potente”, ha dicho. En este sentido, ha querido comentar la anécdota de lo que ha subido hoy en bolsa Bankia (repuntaba alrededor de un 3%) y que esto suponía un incremento del valor de los accionistas, entre los que destaca el Estado.

La operación ya estaba anunciada aunque faltaba por concretar el precio al que se compraría la entidad. Finalmente han sido 825 millones, una cantidad que pasa de un bolsillo del Frob a otro dado que BMN estaba también participada en un porcentaje similar por el brazo financiero del Estado.

Goirigolzarri ha afirmado que el precio acordado para fusionarse es “razonable” y “muy equitativo”, al tiempo que ha rechazado que se pueda comparar esta oferta con la que se recibió con anterioridad por el banco absorbido. El directivo hacía referencia así a la única expresión de interés recibida por el FROB en relación con BMN por parte de un potencial inversor que valoraba el 100% de la entidad en unos 1.300 millones de euros o 1.061 millones en caso de que fueran necesarios ajustes por ruptura de acuerdos de seguros y gestión de activos.

Goirigolzarri ha considerado que compara ambas valoraciones “no es válido, porque la oferta no era vinculante y se dio antes de la due dilligence”. “No son dos ofertas comparables”, ha apostillado. El presidente ha calificado esta operación como “excelemnte” y ha asegurado que es buena para los accionistas de Bankia, pero también para los de BMN. En este sentido, ha apuntado que se integran en un proyecto de “de fuerte crecimiento” que “da liquidez a sus activos”. A lo que se suma que se incorporan “a un banco que reparte dividendos”.

Sentido industrial y financiero

Goirigolzarri ha defendido que la operación de fusión con BMN tiene tanto sentido industrial como financiero. En este sentido, en la presentación han señalado que esperan generar unas sinergias de 155 millones de euros, la mayoría de ellas a partir del segundo año, el 40% de la base de costes de BMN.

Además, señalan que esperan que la integración “genere valor desde el primer año” y permita incrementar el beneficio por acción un 16% en el tercer año. En 2020 también esperan un retorno de la inversión del 12%.

La operación se realizará mediante la entrega a los actuales accionistas de BMN de 205,6 millones de acciones de Bankia de nueva emisión, de forma que Bankia pasará a tener un capital total de 3.085 millones de acciones.  Con la actual composición de los accionariados de las dos entidades (el FROB es el principal accionista de ambas), el reparto accionarial del banco resultante dejaría al FROB con un 66,56% del capital aproximadamente; los actuales accionistas privados de Bankia contarían con el 31,11%, y los accionistas privados de BMN, el 2,33%. 

BMN aporta a Bankia unos 38.000 millones de euros en activos y una franquicia líder en la Región de Murcia, Granada e Islas Baleares. El volumen de créditos crece un 20% y el de depósitos lo hace un 28%.  Tras la operación, Bankia contará con cuotas de mercado superiores al 30% en Granada y la Región de Murcia, y del 25% en Islas Baleares. Complementará de esta manera una franquicia que ya es líder en territorios de gran tamaño y dinamismo económico, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.

Bankia ha anunciado este martes el acuerdo suscrito con BMN por el que absorberá esta entidad mediante la entrega a sus accionistas de 205,6 millones de acciones nuevas de Bankia, lo que supone valorar BMN en 825 millones de euros, es decir, 0,41 veces su valor en libros.

En un comunicado, Bankia explica que los accionistas de BMN pasarán a tener un 6,7% del capital de Bankia una vez completada la operación y poseerán acciones líquidas, que cotizan en bolsa y que pagan dividendo.

De esta forma, la ecuación de canje establecida para la operación será de una acción ordinaria de Bankia por cada 7,82987 acciones ordinarias de BMN, explica esta última en una nota.

La operación “refuerza a Bankia como cuarta entidad en el mercado español” y se produce “en un momento de perspectivas positivas para el sistema financiero, tanto por el crecimiento esperado del negocio, como por la previsible evolución de los tipos de interés”.

“La operación es positiva en términos de creación de valor para los accionistas de Bankia”, pues “se espera un crecimiento del beneficio por acción del 16% y el retorno esperado de la inversión (ROIC) será del 12% en el tercer año”, explica Bankia.

La rentabilidad de Bankia, medida como el retorno sobre fondos propios (ROE), crecerá unos 120 puntos básicos.

La fusión permitirá alcanzar unas sinergias de 155 millones de euros a partir del tercer año, equivalentes al 40 % de la actual base de costes de BMN, si bien se espera conseguir ya en el segundo año la práctica totalidad de ellas, 149 millones de euros.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, destaca que Bankia está preparada para iniciar una nueva fase de crecimiento, en la que la integración de BMN es “tremendamente positiva” porque les permite completar la franquicia en unos territorios “muy dinámicos” en los que tenían una presencia “muy limitada”.

Por su parte, el presidente de BMN, Carlos Egea, considera que la fusión es una “buena operación” para sus accionistas, empleados y clientes, “por cuanto BMN se integra en el cuarto grupo financiero del país, que es, además, el más solvente, eficiente y rentable”.

El FROB ha acordado que Bankia y BMN se fusionen porque considera que es la mejor opción para recuperar las ayudas dadas a la banca. La decisión llega después de que en septiembre el FROB diera el primer paso al decir que analizaba una posible unión de ambas y tras poner el cartel de 'Se Vende' en BMN (fruto de la unión de Caja Granada, Sa Nostra, Caja Penedès y Caja Murcia) para recibir ofertas sobre ellas tras las declaraciones de algunos bancos que pedían poder pujar por la entidad nacionalizada.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró este mismo lunes que había una oferta por esta entidad “que no estaba nada mal”. Finalmente el FROB (en función de los análisis solicitados a las firmas financieras Afi y a Société Générale) estima que la fusión de las dos entidades genera “un mayor  valor” que la venta individual de las entidades. Un valor que cifra en 401 millones de euros. 

Ahora las dudas residen en si el Estado conseguirá recuperar estas cifras con un repunte de la cotización de la acción de Bankia que sigue sin volver al nivel al que compró el Estado. Para esto, además de la gestión de la propia entidad, habrá que ver cómo se resuelve el nuevo modelo bancario, cómo las entidades financieras vuelven a rentabilidades precrisis en un entorno de tipos de interés al mínimo donde el negocio tradicional de la banca tiene cada vez menos beneficio. No solo ha cambiado Bankia. Ha cambiado todo el sector. Esto es un escenario de vender la entidad, tal y como se ha pactado con Bruselas y como apoyan PP y PSOE aunque Podemos sea partidario de mantener a las entidades como banca pública.

24.000 millones de ayudas públicas

Como telón de fondo de esta operación, a la que todavía le quedan meses hasta cristalizarse, se encuentran las ayudas públicas recibidas por ambas entidades: 1.645 millones en el caso de BMN y 22.424 millones en el de Bankia, según el cuadro de ayudas públicas del FROB. En teoría, la decisión del Estado de fusionar ambas entidades es porque así será más fácil recuperar el máximo posible de este montante ya que juntas valdrán más que por separado. Pero esto depende no solo de las sinergias sino de que el mercado vuelva a creer que los bancos valen lo mismo que hace cinco años.

1 euro

Bankia cotiza actualmente en el entorno del euro por acción, con un repunte del 3% de la cotización del valor en la jornada de ayer. En la salida a bolsa en 2011, los títulos comenzaron a cotizar a 3,75 euros para desplomarse en 2012 cuando se destaparon los agujeros de sus cuentas. La acción acabó derrumbándose hasta valer 0,0136 euros en marzo de 2013. En ese momento, la entidad decide agrupar las acciones de cien en cien y así las acciones pasaron a valer 1,35 euros. En este momento es cuando entra el FROB en el capital de Bankia mediante una ampliación de capital.

Nuria Álvarez, analista de Renta 4, considera que la cotización en bolsa de la banca puede vivir repuntes pero ve difícil que se lleguen a las cotizaciones del momento del boom del ladrillo. “Muchos factores se tienen que recuperar para justificar un incremento de los múltiplos de las acciones”, apunta. Álvarez señala que por ahora la rentabilidad todavía es débil a lo que se suman las dudas que generan una normativa más estricta en el terreno de las provisiones y con la concesión del crédito todavía en ritmos lentos.

1.300 millones de oferta por BMN

En el comunicado enviado por el FROB se habla de la otra oferta recibida por la entidad (de un pretendiente desconocido): 1.300 millones de euros, que se quedarían en 1.061 millones si se tienen que activar seguros y demás, lo que supondrían unos ingresos de 690 millones para el FROB. Esta cifra correspondería a un 42% de las ayudas que recibió la entidad del Estado. Fuentes financieras señalan que aunque estae montante puede servir como referente de lo que desembolsará Bankia, es una primera propuesta por lo que el precio final puede ser menor.

Este precio final será el que haga más o menos atractiva la fusión. “Habrá que ver cómo se financia si con acciones y por tanto hay que hacer una ampliación de capital o si en efectivo mediante capital”, apunta como otra de las incógnitas que falta por resolver, Álvarez. “La operación desde el punto de vista estratégico tiene sentido”, señala ya que Bankia tiene poca presencia donde está más localizada BMN y esto da una “masa crítica” a nivel nacional sin que se solapen oficinas.

65% de participación del Estado

Las ayudas públicas que han llevado a que el Estado tenga un 65% de participación de ambas entidades deben reducirse con un horizonte temporal que primero estaba en 2017 y se ha ampliado hasta 2019. Bruselas permite que sea cada país el que ponga la fecha límite.

“Sin lugar a dudas es una decisión empresarial positiva para los accionistas de Bankia, que verían con buenos ojos la fusión, al incrementar notablemente el valor de sus activos”, apunta Marc Ribés, de la gestora Blackbird. “La operación se entiende como un paso estatal, hacia la venta de su participación en Bankia, que permitirá recuperar para los contribuyentes, parte importante de la inversión en BMN, al recibir más por la venta de Bankia”, añade.

Un paquete del 7,5%

El Estado por ahora solo ha vendido un paquete de acciones de Bankia. Un movimiento en el que colocó los títulos a grandes inversores por un valor total de 1.304 millones de euros, lo que supuso vender las acciones a un precio de 1,51 euros. Dado que la entrada del FROB en Bankia fue a 1,35 esto supuso unas plusvalías para el Estado. Con esta reducción en el capital, el Estado rebajó su participación al 60%. Aunque posteriormente con los canjes de preferentes y recompra de acciones de la salida a bolsa, el FROB volvió a tener el 65% de participación en Bankia.

La intención del Gobierno es seguir vendiendo de forma troceada el banco, pero los niveles actuales de cotización han desaconsejado hacerlo. La operación anterior fue un golpe sobre la mesa del Gobierno para demostrar que tiene capacidad para devolver el rescate y la buena marcha de la entidad que por ahora no tiene visos de repetirse.

El Estado ha dado el primer paso para la fusión entre Bankia y BMN (las siglas de Banco Mare Nostrum), ambas en manos del Frob, al anunciar que analiza una posible unión. El rumor sonaba en los mercados desde hace meses y sobre él se habían pronunciado tanto el ministro de Economía en funciones, Luis De Guindos, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que veían posible la unión de las dos entidades.

La fusión, que los analistas interpretan más bien como la inclusión de BMN dentro de Bankia, iría en la línea marcada por el BCE que aboga por una concentración del sector. “Hay demasiados bancos en Europa”, dijo Mario Draghi, gobernador del BCE, hace una semana.

La unión de las dos entidades nacionalizadas en España era un runrún del mercado, aunque la situación de incertidumbre política parecía apuntar que el movimiento quedaría dentro de los deberes del próximo Gobierno. Sin embargo, tras dos elecciones y la ausencia de un nuevo Ejecutivo, ahora se da un paso hacia esta unión, aunque todavía en una etapa muy inicial. El Frob se cura en salud y asegura además que se están “explorando, al mismo tiempo, otras posibles alternativas para maximizar el valor de las mismas”.

“Se contempla la posibilidad de una operación porque estamos además en un mercado donde ya se pronunció el BCE sobre que hay demasiadas entidades”, apunta Marc Ribés, trader y fundador de BlackBird Wealth Managememt. “Se está pensando en integrar bancos, aunque España es quizá el país europeo donde más se ha hecho en los últimos años”, apunta. “Será complicado ver una gran fusión”, señala.

Nuria Álvarez, analista de Renta 4, apunta en este sentido que no ve “un gran número de fusiones a corto plazo”. Para explicar esto, señala que hay que tener en cuenta los costes que supone una operación como esta. “Supone un consumo de capital en un entorno donde el mercado lo mira mucho”, apunta al explicar que el mercado no solo se fija en la capacidad sino en que se mantengan determinados ratios de capital. Relativo a esto, plantea el caso de Caixabank que utilizó su autocartera para comprar el portugués BPI.

Respecto al potencial de la nueva entidad, los analistas de GVC Gaesco Bekae aseguran que la entidad resultante “no cambiaría el ranking de la banca española” que tendría un valor en Bolsa de casi 9.000 millones de euros. Por su parte, los expertos de BPI estiman un potencial de creación de valor de un 5% para los accionistas de Bankia ante un posible acuerdo. La cantidad se basa en las sinergias que se crearían al unir las dos entidades. El negocio y el área de influencia de BMN (que es fruto de las fusiones de Caja Granada, Caja Murcia y la balear Sa Nostra) completaría el de Bankia.

Los bancos italianos

En España, los rumores sobre matrimonios bancarios casaron a Popular con Sabadell. Finalmente, el banco presidido por Ángel Ron anunció una ampliación sorpresa de capital de 2.500 millones para hacer frente a la crisis del modelo bancario, lo que parece descartar, por el momento, un movimiento de compra.

En este proceso de fusiones en el mercado bancario, Ribé señala al mercado italiano como uno de los lugares donde pueden verse operaciones. En marzo de este año, Banca Popolare y BPM ya se fusionaron para crear el tercer mayor banco del país. La integración dará lugar a un banco con unos activos totales de 171.000 millones de euros y 25.000 empleados, lo que le coloca en tamaño justo por detrás de Intesa Sanpaolo y Unicredit.

La crisis bancaria de la zona del Euro ha tenido una derivada relativa a la concentración del sector bancario. El último informe del think tank Europe G estima que el censo de entidades se ha reducido de 6.774 en 2008 hasta las 5.614 actuales. A pesar de esta reducción, el BCE quiere que el sector se siga reduciendo y apunta hacia las uniones transfronterizas dentro de la unión bancaria. Con esa fórmula, el regulador europeo contesta a los bancos frente a sus quejas de unos tipos de interés al mínimo que perjudican a su negocio, ya que considera que puede hacer mejorar su rentabilidad.

El caso Ausbanc ha mostrado que existía una importante relación entre la asociación y la banca, con unos flujos constantes de dinero. Los pagos en concepto de publicidad o acuerdos de otros tipo servían, según se deduce de las pesquisas de la investigación, para evitar los ataques contra las entidades. Un secreto a voces dentro del sector, pero cuyo engranaje resistió durante años.

En una década, Ausbanc recaudó 40 millones de euros de su extorsión al a banca. La policía calcula que casi el 30% de esos ingresos procedieron de Banco Santander pero, aunque en menor medida, otras entidades entre ellas las nacionalizadas pagaron a esta supuesta asociación de consumidores. Entre 2014 y 2016, BMN realizó pagos por un valor de 914.276 euros a la asociación, según se desprende del sumario del caso. Por su parte, Bankia mantuvo los pagos por publicidad a las revistas del grupo dentro de su estrategia de publicidad.

La investigación ha dilucidado que en la última década la asociación recaudó 40 millones de euros con su extorsión a la banca. Las entidades nacionalizadas también contribuían a esta cantidad. En el sumario de la investigación al que ha tenido acceso eldiario.es se registran los pagos realizados por BMN desde 2012 a 2016.

En el primer año, la entidad pagó 30.460 euros, el segundo de 37.268 euros y en 2014 se produce una fuerte subida hasta los 430.276 euros. Esta fecha es especialmente significativa porque en marzo de 2013 el Estado se hace cargo de la entidad. El FROB –el brazo del Estado para gestionar la banca intervenida– suscribió una ampliación de capital de Banco Mare Nostrum (que provenía de la fusión en diciembre de 2010 de Sa Nostra, Caja Granada, Caja Murcia y Caixa Penedès) en marzo de 2013 que en la práctica le hacía tener el control de la entidad.

En los siguientes ejercicios, BMN siguió realizando pagos a Ausbanc. Así en 2015, la entidad pagó 181.500 euros y en 2016, desembolsó 302.500 euros. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que los pagos realizados por esta entidad, así como los de Sabadell y Liberbank, estaban destinados a frenar las demandas por los procesos relativos a las cláusulas suelo, que es uno de los grandes caballos de batalla de la asociación.

Desde hacía tiempo, en los círculos económicos había comentarios sobre el poco claro funcionamiento de Ausbanc, pero no fue hasta que Luis Pineda, presidente de Ausbanc, fue detenido en abril de 2014 junto con Miguel Bernard, presidente de Manos Limpias, cuando todo salió a la luz. Tres días después de su detención, el juez dictó prisión para ambos por “liderar una organización criminal”.

Los pagos de publicidad

Bankia también ha tenido una relación con Ausbanc y su publicidad aparece en las páginas de la revista. La mancha publicitaria de la entidad en la revista Mercado de Dinero suponía al menos 43.000 euros si se tienen en cuenta las tarifas publicitarias que publicaba esta asociación y se observan los últimos doce números hasta marzo de este año. Fuentes de la entidad aseguran que “los criterios de gestión son profesionales para esta actividad y para todas”.

La relación de la entonces Caja Madrid con Ausbanc se activó con la llegada de Rodrigo Rato a la presidencia, según El Confidencial. Esto supuso un giro en la estrategia de la entidad después de que Miguel Blesa se hubiera negado a que Caja Madrid pagara a Ausbanc. Posteriormente, una vez que la entidad ya había sido rescatada, los pagos continuaron aunque fueron disminuyendo. Así, de los 600.000 euros de Rato que le atribuye el diario digital se pasó a los 150.000, que la entidad abonó este año para cubrir el ejercicio.

Uno de los caballos de batalla que utilizó Ausbanc para presionar a la banca fueron las cláusulas suelo en las hipotecas que en plena crisis no han permitido a muchos hipotecados beneficiarse de la bajada del Euríbor. La asociación ahora en entredicho fue la promotora del caso que ha sentado precedente jurídico al llegar hasta el Supremo la anulación de las cláusulas de BBVA, Cajamar y las Cajas Rurales.

La sentencia llevó a que las entidades tuvieran que devolver el dinero de más cobrado desde mayo de 2013 a los afectados. Para evitar situaciones como estas, la Policía cree que Sabadell, BMN y Liberbank supuestamente pagaron a Ausbanc para frenar las demandas.

Sin embargo, de ser ciertas las sospechas de la policía, la jugada tampoco habría salido bien a estas entidades financieras. El hecho de que BBVA se negara a pagar a Ausbanc ha terminado llevando a las cláusulas suelo a las más altas instancias jurídicas, el Supremo e incluso el Tribunal de Justicia de la UE donde un hijo de Luis Pineda lucha por que los bancos paguen todo lo cobrado indebidamente (y no solo desde mayo de 2013 como fijó el Alto Tribunal español).

Tras el éxito de esta demanda contra BBVA, se multiplicaron las demandas, individuales o de otras asociaciones, contra los bancos, que están en el disparadero. Y encima pagando algunos años alrededor de un millón de euros a la polémica asociación.

De las tres entidades, Sabadell es la que tiene mayor peso en el sistema bancario español y la que ha mantenido una postura más clara respecto a estas cláusulas. Los altos cargos de la entidad han declarado en varias apariciones ante los medios que sus cláusulas son “transparentes”. La idea que sostienen es que como los tribunales no han declarado las cláusulas en sí ilegales sino la opacidad bajo la que se comercializaron, ellos consideran que su forma de presentar estos condicionantes fue correcta.

“Tenemos un caso legal fuerte y las cláusulas suelo son legales y sólo pueden ser nulas si no son transparentes y es preciso acreditar caso a caso”, volvió a repetir el consejero delegado de la entidad, Jaime Guardiola. en la última presentación de resultados de la entidad. De esta forma, el banco no ha eliminado de todas las hipotecas las cláusulas suelo pero negocia en cada caso con el hipotecado.

Fuentes de la entidad financiera aseguran a este medio que tienen “demandas ganadas a favor y en contra” con Ausbanc por las cláusulas suelo, aunque no se facilitan sentencias que apoyen este extremo.

En el caso de Liberbank, la entidad tampoco ha eliminado las cláusulas suelo. El tercer banco aludido, BMN (donde se engloban las antiguas Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra) también había optado por la negociación de las cláusulas suelo de forma individualizada desde hace “dos o tres años”. A pesar de los pagos, que presuntamente habría hecho a la asociación de Pineda, la entidad acumulaba 1.807 demandas individuales a 30 de octubre de 2015, aunque no se aclara si estas demandas son de la Asociación. Ninguna de las entidades ha querido comentar abiertamente los datos publicados del sumario de la investigación por considerar que es un proceso judicial abierto.

La demanda colectiva

A pesar de que presuntamente las entidades pagaran a Ausbanc para evitar sus causas judiciales, esto no frenó el resto de procesos que se fueron abriendo por otras acusaciones o por otras entidades que acabó comprando el banco, como la CAM. Dentro de las causas, la más importante ha sido la demanda colectiva presentada por Adicae, que se falló hace unas semans y en la que el tribunal mercantil 11 de Madrid anuló las cláusulas suelo de prácticamente la totalidad de la banca. Siguiendo su línea de actuación, Sabadell ha decidido recurrir este fallo. Al ser un fallo de un tribunal de primera instancia la vía de recurso todavía tiene mucho recorrido por delante.

Manuel Pardos, presidente de Adicae, explica que por ahora solo conocen el recurso de Popular y Sabadell aunque señala que todavía queda plazo. Algunas entidades han pedido aclaraciones sobre la sentencia por lo que todavía podrían recurrir el fallo. Pardo apunta que “estas entidades (por Sabadell, Liberbank y BMN) junto con Popular y Caixabank son las que tienen más cláusulas suelo pendientes y son las más reticentes a admitir la nulidad de estas”.

Los recursos, según reconoce Pardos, son una forma para “ganar tiempo” por parte de la banca. Mientras tanto, las entidades están ofreciendo acuerdos individuales que son “verdaderas trampas” para los clientes porque “ni siquiera ofrecen pagar hasta mayo de 2013, ni anular la cláusula suelo porque te dicen que te la suspenden, por ejemplo, cinco años o te incluyen nuevos productos”.

Retroactividad

Otro de los puntos que están abiertos en el terreno judicial respecto a las cláusulas suelo es si su anulación debe ser desde mayo de 2013, como establece la sentencia del Tribunal Supremo que ha marcado la pauta hasta ahora, o si se tienen que eliminar desde el momento en el que se firmaron. Sobre este punto tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una sentencia a favor de que se eliminen las cláusulas suelo desde el momento de la firma del contrato conllevaría un perjuicio económico para los bancos afectados.

Un informe de Société Génerale publicado recientemente destacaba que las entidades más pequeñas son las que registrarían un impacto mayor. En este documento, Liberbank tendría un impacto del 15% sobre recursos propios, seguido de Sabadell (10,6%) y Popular (5,6%). El informe agrega que entre las entidades más afectadas se encontraría las que no cotizan, como Unicaja, Ibercaja y BMN.

Corre el año 2013 y llueven las demandas contra las cláusulas suelo que los bancos han introducido en las hipotecas. La precipitada caída del Euríbor en los años de la crisis descubre a muchos ciudadanos que las entidades habían puesto unos intereses mínimos a los créditos hipotecarios que impiden beneficiarse de las caídas de los tipos de interés. Las denuncias surgen porque estas cláusulas estaban ocultas en los contratos de préstamos, y los propietarios ni conocían que existían.

Ausbanc, la Asociación de Usuarios de Banca acusada de extorsión y chantaje, se vuelve especialmente activa en la interposición de estas demandas. La más exitosa llega hasta el Tribunal Supremo y anula las cláusulas suelo de BBVA. Pero otras muchas demandas de Ausbanc se quedaron por el camino y otras entidades no tuvieron ni siquiera que vérselas en los tribunales por este asunto. Es el caso del Banco Sabadell, Liberbank y Banco Mare Nostrum. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cree que los tres bancos pagaron a Ausbanc para que frenara las demandas por estos procesos de cláusulas suelo. Las sospechas se reflejan en el sumario del caso Ausbanc en el que se contabilizan los diferentes pagos que las entidades financieras hicieron para, supuestamente, contener la ira litigadora de Luis Pineda, el cerebro de Ausbanc.

La Policía mantiene escuchas a Pineda y de sus conversaciones infiere que llega a tratos en los que toma como referencia, precisamente, el acuerdo que alcanza en su día con Sabadell, Liberbank y Banco Mare Nostrum. La UDEF cree que Ausbanc preparaba un acuerdo similar al alcanzado con estas tres entidades con Unicaja (con Caja España, absorbida por la entidad andaluza). El acuerdo con Unicaja, bautizado en el sumario como 'caso León' no llegó a puerto a tiempo ya que la Audiencia Provincial de León ratificó hace escasas semanas la anulación de las cláusulas suelo a la entidad.

En el análisis de las cuentas bancarias de Ausbanc la Policía observa que el 27 de diciembre de 2013  se abrieron tres cuentas a nombre de Ausbank en Liberbank, y que solo tres días después de su apertura, se reciben, como primer ingreso de las tres cuentas, cinco transferencias de la propia entidad Liberbank, por un importe total de 1.162.750 de euros. La Policía cree que esos ingresos son fruto de un acuerdo del que tienen constancia por las operaciones telefónicas.

En febrero de 2013, Pineda vendió a los medios que dos cacereños habían sido los primeros usuarios de banca en cobrar la parte retroactiva que Caja Extremadura (integrada en Liberbank) gracias a su acción. No hubo muchas más oportunidades porque las demandas contra la entidad fueron desapareciendo. Se ha publicado en diversos medios que respecto a su tamaño, Liberbank sería la entidad más afectada en caso de que hubiera que devolver lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo, y no desde mayo de 2013 como se hace ahora.

En cuanto a Banco Mare Nostrum hace 27 abonos por un importe total de 985.322,75 euros entre 2011 y el 14 de enero de 2016. Sin embargo, la UDEF destaca como en el ejercicio 2012, BMN abonó 30.460 euros; en el ejercicio 2013, 37.268 euros y que luego la cantidad va aumentando. En 2014, se eleva la cantidad hasta los 430.276 euros; 181.500€ en 2015 (en un solo pago), y 302.500€ en 2016. De nuevo la investigación cree que la escalada de los abonos es por el acuerdo.

Es el año 2013 el que fue un auténtico calvario judicial para la entidad. Caja Granada, fusionada dentro de BMN, pierde varias demandas presentadas por Ausbanc por cláusulas suelo. Desde 2014, la entidad se libera de su via crucis judicial, el mismo año que se aportación se multiplica por diez.

Por su parte, Banco Sabadell realiza 28 transferencias a Ausbanc por 2,6 millones de euros. En este sentido, la escalada también tiene el mismo punto de inflexión, entre el año 2012 y 2013. Así, la entidad catalana pasa de pagar apenas 44.000 euros en 2011 a 634.568 euro en 2012; 801.454 euros en 2013 y 801.453,98€ en 2014.

En septiembre de 2011, Sabadell pierde una demanda contra las cláusulas suelo interpuesta por Ausbanc y a partir de ese momento, que coincide con la subida de las aportaciones, la entidad prácticamente no vuelve a pisar los juzgados por ese motivo.

Globalcaja y Banco BMN han alcanzado un acuerdo por el que Globalcaja adquiere el negocio bancario en la región a BMN –anteriormente Caja Murcia-, formado por una red de 18 oficinas en funcionamiento, situadas en las provincias de Albacete y Cuenca, que constituyen una de las áreas geográficas principales de la actividad de Globalcaja. Y es que en total, la red de oficinas adquirida cuenta con un volumen de negocio de 750 millones de euros y 30.000 clientes, a los que prestará el servicio personal, de calidad y cercano que preside su modelo de gestión.

Por tanto Globalcaja pasa a tener 325 sucursales, con unos activos totales de 7.000 millones de euros y más de 1.000 empleados, lo que refuerza su posición actual de liderazgo en la región y la sitúa como la tercera Caja Rural de España, dentro del grupo de la Asociación Española de Caja Rurales,donde está integrada. Con esta operación, en la provincia de Albacete, una de cada tres oficinas será de Globalcaja, y la cuota de depósitos y préstamos alcanzará el 30% y el 20% respectivamente.

La entidad ha podido llevar a cabo esta importante operación corporativa gracias a la “fortaleza de su balance, su solvencia y liquidez”, que la sitúa en una posición privilegiada para afrontar el futuro y sus principales retos, manteniendo el apoyo a sus socios, clientes, cooperativas, particulares, autónomos, instituciones y empresas de Castilla – La Mancha.

Respecto al ámbito económico financiero, esta operación supone una importante aportación de valor a los socios de la entidad, gracias a la mejora en algunas de las principales magnitudes financieras, como la productividad, y las sinergias que se producirán con la integración de las distintas ramas de negocio.

Nuevo proceso de crecimiento

Con esta iniciativa, Globalcaja, después de culminar con éxito la integración de las Cajas Rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca y las incorporaciones de la Caja Rural de La Roda y posteriormente la de Caja Rural de Mota del Cuervo, acomete un nuevo proceso de crecimiento. Se trataría, por  tanto, de la cuarta operación corporativa llevada a cabo en los últimos años por la Entidad.

El hecho de que Globalcaja y BMN compartan algunos  de sus valores esenciales, como la cercanía, el conocimiento del cliente y una dilatada trayectoria en la región, ha posibilitado el buen fin de la operación y garantizará una relación personal y de cercanía de los clientes de BMN en Globalcaja. El  acuerdo, aún pendiente de aprobación por parte de las autoridades financieras correspondientes, supone reforzar su “permanente compromiso con el futuro de la región  e  impulsar su fuerte apuesta por Castilla–La Mancha y por su desarrollo económico y social, ejes corporativos de la entidad.

El tamaño de la entidad, líder en la región, la gestión cada vez más eficiente y especializada, y el modelo de relación con los clientes basado en la cercanía y la innovación dotan a Globalcaja de una gran capacidad de respuesta a los más de cien mil socios y los seiscientos mil clientes alcanzados durante sus más de 50 años de historia.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes una resolución del Banco de España que recoge la baja en el registro de entidades dos entidades de crédito, Caja Murcia y la Kutxa, por su transformación en fundaciones

En concreto, el pasado 22 de enero se inscribió la baja de la caja murciana en el registro de entidades de crédito, mientras la correspondiente a la Kutxa se realizó el pasado 26 de enero.

Estas bajas se deben a la aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias.

Ambas disposiciones publicadas en el BOE son firmadas por el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.

Dicen los responsables de las asociaciones de consumidores que los españoles son poco dados a hacerse valer ante los abusos. De ahí que la reacción de Dcoop ante las entidades financieras que, desde su punto de vista, le dejaron tirada, sea sorprendente.

El pasado verano envío una carta a todos y cada uno de sus proveedores:

“Les dirijo la presente para comunicarles …[que] … el Consejo Rector de Dcoop tomó … el siguiente acuerdo: No realizar ninguna operación desde Dcoop a las siguientes entidades financieras, Unicaja, Banco Mare Nostrum B.M.N., CaixaBank, Bankia”.

Y añadía:

“Es por lo que les ruego nos facilite un nuevo número de cuenta de cualquier otra entidad, donde a partir de ahora haremos las transferencias que correspondan”. (Ver carta al final del texto)

En las entidades ha sentado muy mal. No sólo por el hecho en sí, o por lo que pueda tener de ejemplo para terceros, que también, sino porque las transferencias de Dcoop a sus más de un millar de proveedores suman un negocio de unos 670 millones de euros al año.

Operación estratégica

España cuenta con uno de los más modernos y desarrollados sectores agrícolas del mundo, en el que las tecnologías punta son más que habituales. Pero su posición competitiva es débil, estando en manos tanto del sector de la transformación, como del de la distribución.

No hay gobierno, nacional o autonómico, ni ministro, ni consejero de Agricultura, que no llegue al cargo con la misma receta: desarrollar un proceso de integración de los productores, para ganar un tamaño que les permita hablar de tú a tú con procesadores y distribuidores de alimentos.

Pues bien, en el sector del aceite, Dcoop, antes Hojiblanca, lleva ya casi dos décadas avanzado por ese camino, hasta convertirse en el gigante del sector agrícola español que es hoy. Agrupa en total a 75.000 agricultores y ganaderos, asociados a unas 150 cooperativas de Andalucía y Castilla la Mancha. Aunque está presente en el sector del cereal, la aceituna de mesa y la ganadería, donde realmente destaca es en el aceite de oliva. Con un 17% de la producción nacional española de aceite, es líder mundial.

Desde esa posición, Dcoop apostó por dar el salto definitivo, haciéndose con el control del también mayor envasador mundial de aceite de oliva, Deoleo (antigua Koipe). Para ello, en 2013 adquirió cerca de un 9% de la compañía, que estaba controlada por entidades financieras (Bankia, Unicaja, CaixaBank, Banco Mare Nostrum y Kutxa Bank). Dcoop se convirtió así en el único aceitero socio de la empresa.

Era una jugada estratégica. Con la intención, decía entonces Luque a eldiarioandalucía, de “poner un pie. Y si en el futuro algunos accionistas venden podremos aumentar nuestra participación”. Y hacerse, por tanto, con el control de la compañía. Se convertirían así en el primer productor de aceite del mundo y en el primer envasador.

El agravio

Ese futuro llegó antes de lo esperado, en la primavera de 2014. Cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, obligó a las entidades intervenidas Bankia y Banco Mare Nostrum a vender sus participaciones en Deoleo. Dcoop dio un paso al frente de inmediato y se ofreció a poner encima de la mesa el dinero necesario para comprar ambos paquetes y hacerse con el control de la compañía.

Pero el exfinanciero y hoy ministro De Guindos, exsocio de Lehman Brothers, prefirió vender a CVC, un fondo de inversión extranjero con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, antes que a un grupo cooperativo español. El consejo de administración de Deoleo apoyó a De Guindos y dejó fuera de la operación a Dcoop, que optó por vender también su participación y salir de la compañía. Pero, como muestra la carta enviada a sus proveedores, no sin transformar su frustración en un duro castigo a las entidades financieras, sus socios, que le dieron de lado.

No es cuestión menor para Unicaja, Bankia, Banco Mare Nostrum B.M.N., y CaixaBank. Dcoop genera una media de producción anual del entorno de los 250 millones de kilos de aceite, procedente de más de 400.000 hectáreas de olivar. Lo que se traduce en una facturación prevista para este año superior a los 700 millones de euros. De los que más del 90% son transferidos a las cuentas bancarias de sus proveedores, incluídos sus propios cooperativistas.

La fallida operación Deoleo “no cambia nuestros planes. Tardaremos algo más, pero en cinco años estaremos donde queríamos estar”, dice Antonio Luque. En 2014, Dcoop envasará entre 50 y 55 millones de litros de aceite. “En cinco años serán 150 millones” promete Luque.

Su crecimiento no será sólo en aceite. Apenas si han pasado seis meses desde su salida de Deoleo, y la mayor cooperativa de aceite del mundo ya ha cerrado un acuerdo de fusión con Baco, la mayor cooperativa de vino de España. “Si a nuestra facturación de este año le añadimos Baco, que anda por encima de los 70 millones de euros, podremos estar cerca de los 800 millones, en unos 770, 780 …”, explica su director general Antonio Luque, que asegura que “en 2016 superaremos los 1.000 millones de facturación”.

Efectivamente, Baco (Bodegas Asociadas Cooperativas), con sede en Alcázar de San Juan, está compuesta por 7.000 socios, que en sus 25.000 hectáreas generan más de millón y medio de hectólitros de vino al año. Al igual que en Dcoop, la mayor parte de su producción se vende a granel en los mercados exteriores, y al igual que los aceiteros su objetivo es dejar de ser sólo proveedores de materia prima para la industria agroalimentaria, para convertirse ellos mismos en potentes industriales capaces de mirar a la cara a la grandes cadenas de distribución.

“En todos los riesgos que existen actualmente, también hay oportunidades. Necesitamos todas nuestras habilidades, en términos de creatividad y en términos de equipos locales que, sobre el terreno, entiendan realmente la situación. Esa es la fortaleza de CVC, ese es el ADN de CVC”. Así se presenta la firma de inversión CVC Capital Partners en uno de los vídeos corporativos en los que da a conocer su modelo de gestión. Un modelo que, en breve, comenzará a ser el día a día de Deoleo, el mayor envasador de aceite de oliva de España, dueño de marcas tradicionales como Carbonell o Koipe y de emblemas italianos como Bertolli.

Muchas voces del sector alimentario se siguen preguntando qué ve el capital riesgo en una firma aceitera, donde los márgenes de beneficio no son muy altos y se depende de la evolución de cosechas, que no siempre son lo efectivas que se desearía. Además, la posibilidad de revender Deoleo dentro de unos años por mucho más de lo que hoy cuesta no parece una opción a priori muy factible.

CVC, ni desde sus oficinas en Londres, ni desde su sede en Madrid, ha querido valorar para eldiario.es el porqué de la compra de Deoleo ni, tampoco, cuáles serán los pasos que seguirá la firma de inversión a partir de ahora.

Por ahora, lo único que parece claro es que se ha evitado que Deoleo pase a ser gestionada por el Fondo Strategico Italiano (fondo soberano de Italia) que, gracias a la financiación de Qatar Holding, pretendía regir el destino de Deoleo, previsiblemente, desde tierras transalpinas. Una operación que el aún ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha tratado de evitar a capa y espada.

En su lugar, el futuro de la aceitera se decidirá desde un despacho en territorio español pero lo que se perseguirá será la rentabilidad de la firma de inversión. No en vano, en el ADN de CVC, como en el de cualquier firma de capital riesgo, lo que se busca es poder revender el negocio en un plazo de aproximadamente cinco años, de tal manera que sea muy rentable para los inversores del fondo. Y la identidad de estos últimos permanece en el anonimato.

Intereses variopintos

Intereses variopintos¿Qué tiene en común la Formula 1 con la cadena de moda Cortefiel? ¿Y hospitales como la madrileña Fundación Jiménez Díaz con los gimnasios Virgin Active? En apariencia, muy poco, salvo que todos estos negocios están controlados, en mayor o menor medida, por CVC Capital Partners.

La firma, que cuenta con una docena de oficinas en toda Europa y que también opera en Nueva York y en las principales plazas asiáticas, gestiona actualmente fondos de alrededor de 300 inversores, tanto privados como instituciones públicas, aunque no explica quiénes son estos. En España está presente desde 1996 con un equipo que encabeza Juan Arbide Estensoro, quien también ha trabajado para otras firmas de inversión, como Atlas Capital o Credit Suisse Private Equity.

En conjunto, las inversiones realizadas por CVC en todo el mundo superan los 45.000 millones de euros. Entre ellas, cabe destacar algunas de las realizadas en España, como la compra del negocio sanitario de la firma sueca Capio, rebautizada como idcsalud y que gestiona una veintena de hospitales, entre ellos la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, y tiene unos ingresos anuales de 673 millones de euros.

En España, CVC también forma parte, desde 2001, del grupo Zena, propietario de cadenas de restaurantes como Foster’s Hollywood, Cañas y Tapas o La Vaca Argentina y de franquicias de Burger King o Domino’s Pizza. Zena, cuya plantilla ronda los 6.500 empleados, suena en las últimas semanas como una de las posibles desinversiones de CVC para soltar lastre y hacer caja para su entrada en Deoleo. Un portavoz de CVC en Londres también ha rechazado opinar sobre este punto.

Esta operación (de la que se vienen hablando en el mercado desde hace tiempo) puede toparse con las consecuencias de la crisis. Porque si hay sectores que se han visto especialmente afectados por la recesión, esos son los relacionados con el consumo, cuyo valor no es el mismo hoy que hace unos años.

Lo mismo le ha pasado a CVC con el grupo de distribución textil Cortefiel, del que es propietario junto a otras dos firmas de inversión, PAI y Permira. Entraron en la compañía (propietaria de marcas como Springfield o Women'Secret) hace ahora nueve años, tras adquirirla a la familia Hinojosa. Un plazo de permanencia bastante largo para los estándares del capital riesgo y en el que han tenido que renegociar varias veces una deuda que supera los 1.300 millones de euros.

Otras inversiones de CVC en territorio ibérico tienen como protagonistas al operador de cable R, del que en 2010 adquirió una participación del 35%; y Abertis, el gestor de autopistas, en el que entró en agosto de 2010 de la mano del grupo constructor ACS, con una participación conjunta del 25,8%.

Fuera de España, las inversiones de la firma de capital riesgo son como un Monopoly corporativo. Está en todas partes. A los ya mencionados gimnasios Virgin Active y a los derechos del campeonato de Fórmula 1 (que adquirió en 2006 y donde estima unos ingresos de 1.640 millones de euros) se suman empresas vinculadas a las telecomunicaciones (la suiza Sunrise), la gestión de basuras (la holandesa Van Gansewinkel Groep) o al sector asegurador, como Brit Insurance (Reino Unido).

Cómo se va a estructurar la compra de Deoleo

Cómo se va a estructurar la compra de Deoleo“Lo que se va a encontrar CVC es una compañía saneada. Después de todos los vaivenes de los últimos años, la Deoleo que gestionará CVC no tiene nada que ver con la que dejaron los hermanos Salazar”, aseguran fuentes de la compañía aceitera. “Hoy no tenemos negocios de arroz ni de galletas, como teníamos en el pasado, que eran negocios de mucha tradición pero poco beneficio. Ahora Deoleo está sana y muy viva”, recalcan.

Hasta hace sólo unos años, Deoleo era dueño de marcas como las galletas Cuétara o el arroz Sos pero, tras el presunto desfalco de unos 200 millones de euros llevado a cabo por sus antiguos gestores, los Salazar, y el agujero que dejaron en sus cuentas, las desinversiones fueron obligadas.

La entrada de CVC en Deoleo se materializará con la compra de las participaciones que en la actualidad mantienen las dos excajas de ahorros intervenidas, Bankia y BMN, que controlan conjuntamente algo más del 22% del accionariado de la aceitera. Pero CVC irá más allá, ya que tiene previsto realizar una ampliación de capital para llegar al 29,9% del accionariado. Y, posteriormente, lanzar una oferta de compra, una opa, por el 100% de la compañía, aunque el éxito de ésta dependerá de qué accionistas decidan vender sus acciones y cuáles prefieran permanecer para garantizar cierta “españolidad” en la toma de decisiones. Algo que, a día de hoy, está en el aire. Si se cumplen todos los pasos, la operación rondará los 1.000 millones de euros, incluyendo los casi 500 en los que está valorada la deuda de Deoleo.

Este será el caso de la antigua Hojiblanca (hoy DCoop), que posee casi el 10% de Deoleo, o de Unicaja y Caixabank, que no tienen intención de vender, algo que sería del agrado del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Habrá que estar atentos a cuál es la estrategia de CVC con la aceitera en el futuro. Por ahora, lo único que se sabe es lo que la firma dice de sí misma: que busca empresas que generen flujos de caja estables, es decir, con negocios que ofrezcan ingresos constantes; y con altas rentabilidades sobre el capital invertido, bien sea a través de crecimiento orgánico o mediante adquisiciones. Algo que, en el negocio del aceite de oliva, no siempre resulta sencillo.

“Isidro, ¿recuerdas que el otro día me dijiste en mi despacho que contara contigo si hacía falta…?” Este inicio de conversación entre la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, e Isidro Fainé, presidente de La Caixa, no es real, pero sí es creíble. Fuentes conocedoras de las negociaciones en marcha, aseguran que esa es precisamente la labor que está llevando a cabo la Junta de Andalucía para intentar frenar la entrada de fondos de inversión extranjeros en el capital de la aceitera Deoleo. Negociar con las entidades financieras españolas presentes en Deoleo para que en lugar de vender sus participaciones accionariales, las mantengan.

“Tanto el Gobierno de Madrid como la Junta de Andalucía nos estamos moviendo en lo que podemos movernos, que es hablar con los distintos accionistas parta intentar mantener una mayoría del accionariado español en la compañía”, explica un alto cargo del Gobierno andaluz.

Un extremo que es confirmado por los propios accionistas de la mayor aceitera española, que están recibiendo las llamadas de responsables de ambos gobiernos: “Algunas de las entidades financieras, que tendrían que vender su participación, se lo están planteando y podrían no hacerlo”, asegura uno de los consejeros de la aceitera.

Vinculaciones sociales

Así pues, se trata de que el paquete de acciones que al final salga a la venta sea lo menor posible. De hecho, las intervenidas Bankia y BMN serían las únicas obligadas a vender su capital. El resto de las cajas podría no hacerlo. Cajas que están en Deoleo precisamente por su vocación andaluza, esa a la que ahora apela la Junta de Andalucía para evitar la fuga de todo el capital español.

Kutxabank es accionista porque se quedó con la antigua Cajasur, que dominaba el mercado financiero cordobés, para cuya economía el aceite es el principal ingreso y fuente de empleo. Lo mismo ocurre con La Caixa, que se quedó con Cajasol, pero cuya apuesta por convertirse en la primera entidad de ahorros regional ya le llevó a contar con cerca de 700 oficinas, en más de 300 municipios andaluces, vinculándose así al entramado económico y social andaluz, y disputándole de paso el liderazgo a Unicaja, la única entidad andaluza que queda, y el único accionista financiero de Deoleo que desde el principio manifestó su voluntad de no vender.

“Las cajas están viendo la repercusión social que tiene esto y calculando el efecto que podría tener en su imagen. A lo mejor La Caixa dice, como me voy a ir si Unicaja se queda. Y si se queda La Caixa, a lo mejor Kutxabank dice pues yo también…”, reflexiona un analista del sector aceitero andaluz.

Los compradores

De este modo, detalle a detalle, las claves de la venta de Deoleo van saliendo a la luz. Así, desde el Gobierno central ya han empezado también a desvelar la otra pata de la operación, que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la empresa desde la que se gestionan las empresas públicas y los intereses del Estado en las sociedades en las que éste tiene acciones, “podría tomar una participación minoritaria”, en palabras del ministro de Hacienda Cristobal Montoro.

Es decir, no sólo se trata de evitar que salga a la venta un paquete mayoritario de las acciones de Deoleo, sino de organizar una operación que asegure que las que salgan a la venta queden en manos españolas. Y esta es, posiblemente, la parte del puzzle más difícil de encajar. Hasta ahora sólo el Gobierno de Rajoy y Dcoop, la mayor cooperativa andaluza, que ya posee un 9,5% de Deoleo, se han comprometido públicamente a participar en la compra del paquete de Bankia y BMN.

Y no parece sencillo que aparezcan muchos más dispuestos a comprar. “La Junta carece de la capacidad financiera para ello”, reconocen desde el Gobierno andaluz. Por su parte, la consejera de Agricultura, Elena Víboras, reconocía hace días al eldiario.es que descartaba un desembolso económico de la Junta en la operación: “Espero que sea puramente de carácter empresarial, que sea el sector privado el que asuma, trabaje, financie…”

Efectivamente, fuentes del sector admiten las peticiones del Gobierno y de la Junta de Andalucía, pero también las dificultades que entraña una operación que exige una inversión inicial alta (alrededor de 40 millones de euros) sin garantías de que esa inversión facilite la entrada en el consejo de administración.

No obstante, la posible intervención de la SEPI da confianza y permite acariciar futuras operaciones. Juan Gadeo, presidente de Interóleo -comercializadora jiennense que aglutina a más de 20 almazaras-, reconoce que el plazo temporal en el que está desarrollando la venta de las participaciones de Deoleo no es suficiente para que el sector busque alternativas. “Los grupos no estamos preparados para atender a este requerimiento”.

El momento es otro condicionante. Gadeo admite que, si la SEPI finalmente cierra la operación Interóleo, está dispuesto a buscar una “alianza de grupos españoles” para adquirir en el futuro la participación de la sociedad estatal.

SEPI, Dcoop y ¿Unicaja?

Por lo tanto, sólo la SEPI y Dcoop (antigua Hojiblanca) estarían dispuestos por ahora a poner el dinero. El ministro Montoro dio un vuelco a la operación el lunes pasado cuando reconoció públicamente que la SEPI entraría en el capital de Deoleo con una participación minoritaria. Pero no desveló la cuantía, si será un irrelevante 1%, o un significativo 10%. “Si fuera un 10%, ¡vaya que si tiene importancia! Como que estaría solucionado el problema, porque nosotros compramos el otro 6 restante del 16% que tiene Bankia y a trabajar para vender aceite en todo el mundo, que es lo que hay que hacer”, responde el representante de Dcoop en el consejo de Deoleo Antonio Luque. Y si la SEPI no llega al 10%, Luque recurre a otra posibilidad: “La SEPI compra un 5%, nosotros compramos otro 5%, y hay alguien más que compra otro 5%. Con eso es suficiente”.

¿Alguien más? Luque no querrá desvelarlo, o no se atreverá, pero el teléfono del único financiero autóctono que queda en Andalucía también ha sonado estos días, el de Braulio Medel, presidente de Unicaja. Entidad que es accionista de Deoleo y para la que el sector aceitero forma parte de su adn financiero. Ayer mismo, tras la reunión del Consejo de Gobierno andaluz, su portavoz Miguel Ángel Vázquez afirmó que la posición política de la Junta es “apoyar todos los pasos del Gobierno español para que Deoleo siga estando en Andalucía, tenga su sede en Andalucía y su capital sea mayoritariamente español”.

Un objetivo que se lograría pues si, por un lado, la Caixa se queda con su 5% y Kutxabank con su 4%. Y por otro hay grupos locales dispuestos a reapartirse el 20% de Bankia y BMN. Al reducirse el paquete a la venta ya no sería necesario realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% del capital, y la SEPI, Unicaja, y Dcoop podrían negociar directamente con Bankia y BMN la compra de sus respectivos paquetes. “Es cierto, se está hablando en esos términos, pero falta mucho, todavía no hay una operación concreta, nadie se ha sentado a una mesa para decir que éste sería el esquema”, explica uno de los implicados en la negociación.

BMN, sigles del Banc Mare Nostrum, que a Catalunya agrupa Caixa Penedès, ha posat en marxa un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà 1.163 treballadors a tot l'Estat, dels quals 84 podrien ser del Principat, cosa que faria desaparèixer a la pràctica la seu principal l'entitat financera penedesenca. Els sindicats han respost convocant mobilitzacions que començaran el 13 d'aquest mes amb accions programades fins al 29 de maig.

El que crida l'atenció és que l'entitat bancària ha presentat l'expedient emparant-se en la darrera reforma laboral. BMN argüeix motius econòmics i forçosos, cosa que redueix les indemnitzacions al mínim fixat per la llei. A més, els treballadors que segueixin a l'empresa patiran dràstiques retallades de salari, segons explica el sindicat UGT de Catalunya.

De fet, els treballadors de BMN ja han patit dos ERO i els seus salaris han minvat un 15% els últims tres anys.

Reduccions no traumàtiques

Fins ara les caixes havien aplicat les reduccions de personal prioritzant les mesures no traumàtiques. Per tant, les baixes, quan s'han produït, han estat incentivades molts cops amb el màxim previst per la llei prèvia a la reforma laboral. Un exemple en serien les reduccions d'ocupació acordades per CaixaBank en relació amb els treballadors de l'antiga Banca Cívica. Fonts sindicals consultades per aquest diari han confiat que la posició de sortida de l'empresa es mogui durant el procés negociador.

L'ERO de BMN enxampa de ple els treballadors de l'antiga Caixa Penedès. Concretament, els afectats són els operaris i tècnics de l'antiga seu central de la societat, a Vilafranca: uns 84, segons UGT.

Quique Cantón, representant d'UGT explica: “No trobem justa la proposta. Al principi érem uns 3.500 treballadors de Penedès. En un primer ERO vam quedar-ne 2.200. La majoria d'aquests passaran al Grup Sabadell, que ha comprat la xarxa de Penedès a Catalunya, i en queden 84 que l'empresa vol incloure en l'expedient”. En aquest sentit, reclamen que es valori el coneixement tècnic acumulat i que es mantingui el servei a Vilafranca, tal com es va decidir en la primera fusió del grup.

Un portaveu de BMN ha reconegut que hi ha un tercer ERO en marxa, però assegura que “afecta a tot el grup, i si es mira a Catalunya el servei més tocat és efectivament l'antiga seu a Vilafranca”. Quan es va crear BMN es va decidir que els serveis es repartirien entre les diferents seus de les caixes que formen part del nou banc. Així, per exemple, Sa Nostra de Mallorca, té a la seva central la seu dels serveis exteriors i Vilafranca del Penedès agrupava els serveis interns de l'entitat, la denominada backoffice. Caja Múrcia es va quedar els serveis centrals. Si la negociació de l'expedient no ho evita, la dependència de Vilafranca es tancarà, i desapareixerà el darrer vestigi de l'antiga Caixa Penedès a Catalunya.

El cert és que les més de 460 oficines de Caixa Penedès a Catalunya han estat comprades pel Banc Sabadell i tot fa pensar que durant un temps seguiran mantenint el nom i el logotip, tot i estar integrades a la nova entitat, asseguren des de BMN. El que quedarà en mans de BMN serà la gestió d'un actiu d'un miler de milions d'euros en crèdits que no s'ha traspassat al banc vallesà. No obstant, BMN no tindrà cap presència a Catalunya. Molt diferent de l'inici de fusió entre caixes quan Penedès va ser la segona en importància del grup darrere de Caja Múrcia.

BMN, sigles del Banc Mare Nostrum, que a Catalunya agrupa Caixa Penedès, ha posat en marxa un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà 1.163 treballadors a tot l'Estat, dels quals 84 podrien ser del Principat, cosa que faria desaparèixer a la pràctica la seu principal l'entitat financera penedesenca. Els sindicats han respost convocant mobilitzacions que començaran el 13 d'aquest mes amb accions programades fins al 29 de maig.

El que crida l'atenció és que l'entitat bancària ha presentat l'expedient emparant-se en la darrera reforma laboral. BMN argüeix motius econòmics i forçosos, cosa que redueix les indemnitzacions al mínim fixat per la llei. A més, els treballadors que segueixin a l'empresa patiran dràstiques retallades de salari, segons explica el sindicat UGT de Catalunya.

De fet, els treballadors de BMN ja han patit dos ERO i els seus salaris han minvat un 15% els últims tres anys.

Reduccions no traumàtiques

Fins ara les caixes havien aplicat les reduccions de personal prioritzant les mesures no traumàtiques. Per tant, les baixes, quan s'han produït, han estat incentivades molts cops amb el màxim previst per la llei prèvia a la reforma laboral. Un exemple en serien les reduccions d'ocupació acordades per CaixaBank en relació amb els treballadors de l'antiga Banca Cívica. Fonts sindicals consultades per aquest diari han confiat que la posició de sortida de l'empresa es mogui durant el procés negociador.

L'ERO de BMN enxampa de ple els treballadors de l'antiga Caixa Penedès. Concretament, els afectats són els operaris i tècnics de l'antiga seu central de la societat, a Vilafranca: uns 84, segons UGT.

Quique Cantón, representant d'UGT explica: “No trobem justa la proposta. Al principi érem uns 3.500 treballadors de Penedès. En un primer ERO vam quedar-ne 2.200. La majoria d'aquests passaran al Grup Sabadell, que ha comprat la xarxa de Penedès a Catalunya, i en queden 84 que l'empresa vol incloure en l'expedient”. En aquest sentit, reclamen que es valori el coneixement tècnic acumulat i que es mantingui el servei a Vilafranca, tal com es va decidir en la primera fusió del grup.

Un portaveu de BMN ha reconegut que hi ha un tercer ERO en marxa, però assegura que “afecta a tot el grup, i si es mira a Catalunya el servei més tocat és efectivament l'antiga seu a Vilafranca”. Quan es va crear BMN es va decidir que els serveis es repartirien entre les diferents seus de les caixes que formen part del nou banc. Així, per exemple, Sa Nostra de Mallorca, té a la seva central la seu dels serveis exteriors i Vilafranca del Penedès agrupava els serveis interns de l'entitat, la denominada backoffice. Caja Múrcia es va quedar els serveis centrals. Si la negociació de l'expedient no ho evita, la dependència de Vilafranca es tancarà, i desapareixerà el darrer vestigi de l'antiga Caixa Penedès a Catalunya.

El cert és que les més de 460 oficines de Caixa Penedès a Catalunya han estat comprades pel Banc Sabadell i tot fa pensar que durant un temps seguiran mantenint el nom i el logotip, tot i estar integrades a la nova entitat, asseguren des de BMN. El que quedarà en mans de BMN serà la gestió d'un actiu d'un miler de milions d'euros en crèdits que no s'ha traspassat al banc vallesà. No obstant, BMN no tindrà cap presència a Catalunya. Molt diferent de l'inici de fusió entre caixes quan Penedès va ser la segona en importància del grup darrere de Caja Múrcia.

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BMN, siglas del Banco Mare Nostrum, que en Cataluña agrupa a Caixa Penedès, ha puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará 1.163 trabajadores en todo el Estado, 84 de los cuales en el Principado, lo que haría desaparecer en la práctica la sede central de la entidad financiera catalana. Los sindicatos han respondido ya convocando movilizaciones que comenzarán el 13 de este mes con acciones programadas hasta el 29 de mayo.

Lo que llama la atención es que la entidad bancaria ha presentado el expediente amparándose en la última reforma laboral. BMN arguye motivos económicos y de fuerza mayor, lo que reduce las indemnizaciones al mínimo fijado por la ley. Además, los trabajadores que sigan en la empresa sufrirán drásticos recortes de salario, según explica UGT de Catalunya.

De hecho, los trabajadores de BMN ya han sufrido dos ERE y sus salarios han disminuido un 15% en los últimos tres ejercicios.

Reducciones no traumáticas

Hasta ahora las cajas habían realizado las reducciones de personal priorizando las medidas no traumáticas. Por lo tanto, las bajas, cuando se han producido, han sido incentivadas muchas veces con el máximo previsto por la ley previa a la reforma laboral. Un ejemplo de ello han sido las reducciones de empleo acordadas por CaixaBank respecto a los trabajadores de la antigua Banca Cívica. Fuentes sindicales consultadas por este diario han confiado en que la posición de salida de la empresa se mueva durante el proceso negociador.

El ERE de BMN afecta de lleno a los trabajadores de la antigua Caixa Penedès. Concretamente, de los 84 afectados, según UGT, la mayoría son los operarios y técnicos de la antigua sede central de la sociedad, en Vilafranca del Penedès (Tarragona).

Quique Cantón, representante de UGT, explica: “No encontramos justa la propuesta. Al principio éramos unos 3.500 trabajadores de Penedès. En un primer ERE quedamos 2.200. La mayoría de estos pasarán al Grupo Sabadell, que ha comprado la red de Penedès en Cataluña, y quedan 84 que la empresa quiere incluir en el expediente”. En este sentido, reclaman que se valore el conocimiento técnico acumulado de los trabajadores y que se mantenga el servicio en Vilafranca, tal como se decidió en la primera fusión del grupo.

Un portavoz de BMN ha reconocido que hay un tercer ERE en marcha, pero asegura: “afecta a todo el grupo, y si se mira a Catalunya el servicio más tocado es efectivamente la antigua sede en Vilafranca”. Cuando se creó BMN se decidió que los servicios se repartirían entre las diferentes sedes de las cajas que formaron el nuevo banco. Así, por ejemplo, Sa Nostra, la caja de Mallorca, tiene en su antigua central la sede los servicios exteriores, y la de Vilafranca agrupaba los servicios internos de la entidad, el llamado backoffice . Caja Murcia se quedó los servicios centrales. Si la negociación del expediente no lo evita, las dependencias de Vilafranca se cerrarán, y desaparecerá el último vestigio de la antigua Caixa Penedès en Cataluña.

Lo cierto es que las más de 460 oficinas de Caixa Penedès en Cataluña han sido compradas por el Banco Sabadell y todo hace pensar que durante un tiempo seguirán manteniendo el nombre y el logotipo, a pesar de estar integradas en la nueva entidad, aseguran desde BMN. Lo que quedará en manos de BMN será la gestión de un activo de un millar de millones de euros en créditos que no se ha traspasado al banco vallesano. No obstante, BMN no tendrá ninguna presencia en Cataluña. Cosa muy diferente de lo que se anunció al inicio de fusión entre cajas, cuando Penedès fue la segunda en importancia del grupo detrás de Caja Murcia.

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