En 2024 un nombre se coló en la conversación cinéfila. Se llamaba Jane Schoenbrun, y aunque había dirigido una película antes (Todos vamos a la feria del mundo) fue su segundo filme, I saw the TV glow (El brillo de la televisión) el que llamó la atención de la industria. Pasó haciendo ruido por Sundance y Berlín, y fue construyendo su estatus de título de culto de ese año poco a poco. Finalmente, la distribuidora de moda, A24, la compró para un estreno limitado, lo que hizo que llegara a mucha más gente, que se sorprendieron por una mezcla inclasificable de coming of age, surrealismo, referencias pop y una estética vibrante. Hasta Martin Scorsese declaró que se había quedado “impactado a nivel emocional y psicológico”.

Scorsese confesaba que la vio sin saber quién la había rodado, y que entonces apuntó ese nombre, Jane Schoenbrun, que también aprovechó esa película para hablar de lo trans desde un punto de vista inusitado. Ella, cineasta no binaria, ha puesto siempre lo queer en el centro del relato, pero lo hace sin grandes subrayados y dentro de un universo peculiar que ha hecho que, rápidamente, la comparen con David Lynch. No hay que entender todo en el cine de Schoenbrun. Ni falta que hace. Solo dejarse llevar por una experiencia más cercana al sueño, o al viaje alucinógeno, que a la narrativa clásica. 

La artista ha aceptado con gusto esa etiqueta de heredera de Lynch, y aunque siempre afirma que es la gran referencia, dice que en su cine cabe tanto él como directoras como Kelly Reichardt o incluso Abbas Kiarostami. “Me inspiro en Lynch, pero no en todos los surrealistas, porque dentro de la tradición surrealista existe la idea de que el surrealismo es aleatorio. Pero para mí, después de ver esas películas, como las de Buñuel, encuentro que su estructura es mucho más rigurosa que la de las películas comerciales tradicionales. En el caso de Lynch, sus películas se estructuran en torno a la idea de que nada de lo que se ve en pantalla es realismo. Todo es una especie de sueño. Eso no significa que todo sea simplemente una locura; significa que uno se libera de una cierta construcción de la realidad al hacer una película”, contaba en una entrevista en Screen Anarchy.

Esas normas surrealistas las vuelve a desarrollar en su nueva película, la esperada (y de título bastante imposible) Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, que ha inaugurado la sección Una cierta mirada, dedicada —sobre todo— a descubrimientos y jóvenes promesas, y donde Schoenbrun ha llegado como una de las cineastas estrella. Tras ver su Campamento Miasma uno tiene claro que se encuentra ante una de las voces más peculiares, libres e interesantes del cine independiente de EEUU.

Ahora ha llegado de la mano de Mubi, porque como declaraba hace poco la directora a The Hollywood Reporter, ningún estudio había querido producir su filme. Según ella “se debe a las limitaciones sobre qué tipo de historias queer y trans se consideran comerciales o no comerciales”. “Cuando miro a mi alrededor en esta era ‘post-woke, post-Biden’, no veo a ningún otro artista trans recibiendo presupuestos, y eso es una verdadera lástima”, dijo al medio de EEUU.

En esa declaración da las claves de su nueva película, una revisión en clave queer de un género como el slasher. Es decir, el filme con asesino en serie que va matando uno a uno a todos los jovencitos que pasan por su lado de las formas más truculentas. Un género que normalmente ha sido sexista, misógino y que ha sexualizado a la mujer. Pero la mirada de Schoenbrun, en vez de ser adoctrinadora, en lugar de echar la bronca a los que han disfrutado de ello, decide que por qué no se puede abrazar todo mientras aprendemos a mirarlo de nuevo.

¿Y si aquellas películas fueron también el despertar sexual de muchas personas queer en la soledad de sus casas? ¿Y si una mujer puede aceptar sin avergonzarse que sus fantasías sexuales son misóginas? ¿Y si el cine pudiera releerse una y otra vez, como si nosotros fuéramos personajes de una franquicia que se repite?

Campamento Miasma plantea una trama que tiene un punto metacinematográfico, ya que su punto de partida es el mismo al que se enfrenta la propia Schoenbrun con esta película: una directora que ha triunfado con una película indie acepta el reboot de una franquicia de slasher. Lo acepta pretendiendo hacer un caballo de Troya con el que meter toda la teoría queer del mundo a un estudio que solo quiere aprovecharse que lo LGTB está de moda. Para ello va a convencer a la final girl original de que sea la protagonista de su nueva historia.

La directora comienza así un filme que funciona como remake y revisión de un clásico del género, Sleepaway Camp, filme cuyo giro final ha sido acusado de tránsfobo, mientras que también supuso una de las primeras representaciones de la transexualidad en el cine en 1983. Hay menciones casi explícitas a ese famoso giro y al propio título del filme. Para la directora una película puede ser las dos cosas a la vez, ¿pudo Sleepaway Camp abrir los ojos a jóvenes trans de todo el mundo y a la vez ser una representación terrible vista con los ojos de 2026? 

Hay decenas de ideas en la película, que mete su colmillo de forma inteligente hasta en el Me too, pero sobre todo hay muchísimo amor al cine y al slasher. La misma pasión que muestra esa protagonista a la que da vida Hanna Einbinder, que se emociona cuando un filme usa un split diopter, recurso usado en el terror, que popularizó Brian de Palma y que Jane Schoenbrun usa unas cuantas veces. La directora homenajea el lenguaje del propio género. Hay sangre a borbotones, asesinatos, personajes idiotas, una crítica al mundo del cine y una relación psicosexual lésbica entre Einbinder y la final girl a la que da vida riéndose de sí misma una maravillosa Gillian Anderson. Ambas se verán dentro de su propio slasher al resucitar el mismo asesino de la película que quieren rehacer, uno de nombre ‘Little death’, es decir, pequeña muerte, nombre con el que se conoce también al orgasmo, y al que da vida la estrella trans de El brillo de la televisión, Jack Haven.

Todo ello sin renunciar a su estilo, a sus propias normas surrealistas, por eso el filme avanza siguiendo unas normas que quizás solo entienda su creadora, pero en las que da gusto perderse porque desafían la lógica narrativa clásica y abrazan una libertad total y un amor al cine sin comparación. Está claro que el legado de Lynch tiene muchos nombres reclamándolo, pero Jane Schoenbrun es, sin duda, uno de los más prometedores.

Suecia no es, en principio, un país que se asocia con violencia, y mucho menos, con menores reclutados para matar. Sin embargo, en los últimos años, una serie de casos obliga a matizar esa imagen. Durante 2024 las autoridades suecas identificaron alrededor de 1.700 adolescentes de menos de 18 años vinculados a redes criminales y al menos 52 casos con participación de menores de 15 años en homicidios o intentos de homicidio.

Ese mismo año, en la ciudad de Karlskoga, se registraron por lo menos dos casos en los que bandas locales reclutaron a adolescentes de entre 13 y 15 años como sicarios aprovechando su condición de inimputables, según informes policiales recogidos por medios suecos como SVT Nyheter. En uno de estos episodios, uno de los menores expresó en redes sociales su deseo de cometer su “primer asesinato” en un intercambio directo con su 'empleador'.

Estos ejemplos permiten observar con nitidez el papel de las plataformas digitales en los procesos de reclutamiento. Otros casos alcanzan edades aún más bajas. Un niño de 12 años fue detenido por su presunta participación en un asesinato por encargo valorado en unos 20.000 euros, en el que además acabó disparando contra el objetivo equivocado. En otro caso, a un niño de 11 años le ofrecieron más de 13.000 euros a través de Snapchat para cometer un asesinato. Más allá del carácter extremo de estos sucesos, emerge un rasgo persistente: la disponibilidad de menores de 18 años como ejecutores de asesinatos por encargo.

Según la agencia Reuters, en 2024 el número de sospechosos de menos de 15 años en homicidios o intentos de homicidio se multiplicó en Suecia respecto al año anterior, en un contexto en el que las autoridades advierten sobre el uso creciente de adolescentes como asesinos a sueldo. El fenómeno ha llevado a que algunos medios y actores políticos hablen de barnsoldater, niños soldados. Más allá de la retórica del término, su uso da cuenta de una mutación en las pautas delictivas en la Suecia del bienestar.

Lejos de ser un fenómeno difuso, esta dinámica encuentra en ciertas ciudades una concentración particularmente visible. Gävle, al norte de Estocolmo, es una de ellas. Allí la violencia se ha intensificado de forma notable. En esa ciudad de poco más de 100.000 habitantes se han producido varios tiroteos, asesinatos y ataques con explosivos, incluido el uso de granadas de mano. En octubre de 2025, un tiroteo en una zona de bares y restaurantes dejó seis personas heridas; fue detenido un menor de 14 años. En febrero de ese mismo año se registraron dos homicidios en menos de una semana ambos vinculados a disputas entre bandas. Meses antes, en julio de 2024, un joven de 15 años fue procesado por el asesinato de un hombre de 23 años frente a un club nocturno, identificado como figura relevante dentro de la trama criminal local. En estos episodios se presenta el mismo patrón: las organizaciones reclutan de forma sistemática a menores de entre 10 y 14 años canalizando los encargos a través de redes sociales y mensajería cifrada, como han advertido organismos como la ONG Humanium y medios internacionales como Al Jazeera.

En este contexto, el trasfondo económico adquiere relevancia. ¿Según el informe Hur mycket narkotika finns det i Gävles avloppsvatten? (¿Cuánta droga hay en las aguas residuales de Gävle?, 2025), elaborado por Johnny Gustavsson y Sven Persson para el área de bienestar del municipio de la ciudad, el análisis de aguas residuales permitió estimar no solo el consumo de drogas, sino también el valor económico del mercado a escala local. En esta ciudad, el mercado anual de cannabis, cocaína y anfetaminas se sitúa en torno a los 46 millones de coronas suecas, aproximadamente 4 millones de euros. Lejos de ser un dato accesorio, esta escala de ingresos permite entender la dinámica de la violencia: en contextos donde la circulación de drogas genera rentas elevadas y se desarrolla en condiciones de ilegalidad, la competencia por el control de ese valor se resuelve mediante la fuerza. Incluso en esta pequeña ciudad, la combinación entre rentabilidad y competencia por mercados clandestinos configura un escenario en el que los conflictos se traducen en enfrentamientos armados. 

El mercado sueco de las drogas podría situarse entre los 300 y 600 millones de euros anuales, lo que refuerza la idea de que la violencia observada no responde a episodios aislados, sino a la disputa por circuitos económicos de considerable volumen.

Exportación de niños sicario

La violencia no solo organiza los mercados a nivel local, sino que tiende a desplazarse allí donde ese valor se produce, circula o se disputa. El reclutamiento de adolescentes como sicarios forma parte de esa lógica: no es solo una dinámica circunscrita a Suecia, sino un fenómeno que empieza a proyectarse fuera de sus fronteras, en el marco de circuitos criminales transnacionales.

En noviembre de 2024 la policía española desarticuló una red en Alicante que reclutaba adolescentes suecos para asesinar por encargo. La organización incluía a un matrimonio sueco y a su hijo de 15 años, que era el encargado de captar a otros jóvenes a través de Telegram, gestionar los pagos y coordinar la logística de los ataques. En el contexto de este caso, un menor fue enviado a la costa andaluza con un fusil de asalto y un plan de fuga previamente diseñado.

No se trata de un episodio aislado. Al mismo tiempo, en Benalmádena, otro joven sueco de 17 años fue detenido mientras planeaba un asesinato por encargo. Las autoridades españolas, así como otros organismos europeos, han documentado de forma reiterada la presencia de ciudadanos suecos implicados en tiroteos, atentados y ajustes de cuentas en la Costa del Sol, un destino que pasó de asociarse con la llegada de turistas escandinavas en bikini en los años 60 del siglo pasado, a estar hoy marcado por la presencia de jóvenes de ese mismo origen vinculados al asesinato por encargo. En esa lógica se inscribe el asesinato del famoso rapero sueco Hamza Karimi, conocido como “Hamko”, ejecutado a plena luz del día en Marbella por otro ciudadano sueco.

Reclutados en la red

El carácter transnacional de estos episodios ha llevado a Europol a describir el fenómeno como violence as a service (VaaS), una modalidad en la que las redes criminales externalizan la violencia mediante la contratación de terceros. El VaaS representa una mutación relevante en la organización del delito: la violencia deja de ser un recurso interno de las estructuras criminales para convertirse en un servicio subcontratado. Aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram o Signal, junto con redes sociales como TikTok, Snapchat o Instagram, funcionan como espacios de intermediación donde circulan ofertas concretas para contratar asesinos a través de canales y grupos donde se publicitan, configurando un mercado descentralizado en el que los ejecutores no necesariamente forman parte de la organización que ordena el ataque. La lógica es simple: sustituir miembros propios por ejecutores externos permite reducir costos, acelerar los tiempos de acción y, sobre todo, desplazar el riesgo penal hacia actores periféricos.

El aumento reciente de la violencia en Suecia presenta un rasgo paradójico: la delincuencia juvenil en términos generales ha tendido a disminuir, sin embargo, la violencia con armas de fuego ha seguido una trayectoria divergente, concentrada en redes criminales y protagonizada principalmente por jóvenes varones

Felipe Estrada — profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo

Dentro de este dispositivo los jóvenes ocupan el lugar central. De acuerdo con autoridades policiales suecas, la captación de adolescentes en plataformas digitales se ha intensificado en los últimos años, en parte debido a su menor exposición judicial, pero también por la facilidad de contacto en estos entornos. Las fuentes describen a estos actores como ejecutores intercambiables, incorporados bajo una lógica de uso intensivo y reemplazo rápido. La violencia se organiza así como una cadena fragmentada donde quien ordena, quien financia y quien ejecuta rara vez coinciden.

Este modelo responde además a una racionalidad económica precisa. El instigador, frecuentemente situado en otro país, tal como señala el especialista José Luis Gil, conserva la dirección estratégica, mientras que el ejecutor asume la totalidad del riesgo operativo. Su captura o neutralización no interrumpe necesariamente la actividad, lo que otorga a estas redes una elevada capacidad de resiliencia.

Un rasgo distintivo de esta nueva modalidad criminal es su articulación con códigos propios del entorno digital. Las tareas violentas son presentadas como “misiones” o “desafíos”, en una lógica que remite al lenguaje de los videojuegos. Distintos informes policiales y coberturas mediáticas han advertido sobre este proceso de gamificación, que contribuye a desensibilizar a los reclutas y facilita su incorporación en plazos extremadamente breves, en algunos casos de apenas 48 horas entre el primer contacto y la ejecución del hecho.

Las redes sociales no solo operan como canales de captación, sino también como dispositivos de legitimación simbólica: la exhibición de dinero, armas y estilos de vida asociados al delito funciona como mecanismo de atracción, mientras que la circulación de actos violentos, pensados también para ser vistos, contribuye a su normalización y amplificación, en una lógica donde la violencia no solo se ejecuta, sino que se muestra, se consume y se reproduce.

Finalmente, el vínculo entre reclutadores y ejecutores incorpora formas de manipulación digital que recuerdan a otros esquemas de captación coercitiva. Autoridades europeas han advertido sobre el uso combinado de seducción y amenaza, donde un contacto inicial en tono amistoso puede derivar en presiones explícitas una vez que el joven ha aceptado participar, reduciendo significativamente su capacidad de desvinculación.

La fábrica de reclutas asesinos

El reclutamiento de menores no es un fenómeno marginal. Distintos organismos e investigaciones en Suecia coinciden en que forma parte del funcionamiento estructural de las redes criminales. El Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito (Brå) señala que estas organizaciones operan a partir de jerarquías por edades, en las que adolescentes mayores incorporan a los más pequeños en las tareas de mayor riesgo, todo, en una lógica que permite segmentar funciones y desplazar el riesgo penal.

Varios estudios advierten sobre la necesidad de evitar explicaciones simplistas. Como sostiene Felipe Estrada, profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo, en conversación con elDiario.es, “el aumento reciente de la violencia en Suecia presenta un rasgo paradójico: la delincuencia juvenil en términos generales ha tendido a disminuir, sin embargo, la violencia con armas de fuego ha seguido una trayectoria divergente, concentrada en redes criminales y protagonizada principalmente por jóvenes varones”. “Esto no se trata de la punta de un iceberg, sino de un fenómeno específico que exige explicaciones situadas”, señala.

Entre los factores que identifica el profesor Estrada se encuentran la baja capacidad de detección de delitos graves en las fases iniciales de la ola de violencia entre 2016 y 2023, lo que facilitó dinámicas de venganza, la disponibilidad de armas y la competencia por mercados de drogas altamente rentables. Al mismo tiempo, advierte Estrada, “el reclutamiento de menores sigue siendo difícil de contener y la respuesta política ha tendido a privilegiar herramientas punitivas sobre estrategias de prevención”.

Más allá de su dimensión económica, este fenómeno responde a trayectorias educativas débiles, falta de expectativas y entornos socialmente deteriorados combinados con la capacidad de estas organizaciones para ofrecer estatus, pertenencia, protección y recompensas inmediatas en una lógica capitalista de enriquecimiento a corto plazo. 

En este paisaje de violencia desatada la dimensión urbana resulta clave. El llamado Programa del Millón, impulsado en Suecia entre los años 60 y 70 para garantizar la vivienda, dibujó en la periferia de las grandes ciudades una serie de barrios que, con el tiempo, fueron cambiando de signo. Lo que nació como emblema del Estado de bienestar hoy aparece, en muchos casos, como territorio deteriorado: zonas donde se concentra vulnerabilidad social, economías informales y presencia estatal más tenue. No es casual que la policía las identifique como utsatta områden, “áreas vulnerables”.

Es allí donde la violencia vinculada a redes criminales encuentra su mayor intensidad. No se trata de una simple causalidad, sino de una trama reconocible. Como advierte la investigadora Isabelle Magnusson, el diseño y la localización de estos barrios han contribuido a reforzar dinámicas de aislamiento, estigmatización y cohesión interna que, con los años, facilitaron la consolidación de redes delictivas. En ese cruce entre espacio, desigualdad y economías ilegales, la violencia deja de ser un hecho excepcional y pasa a formar parte cotidiana del paisaje.

La disputa política por la violencia

Como era de esperar, el fenómeno también se ha metido de lleno en la política sueca. Sectores de la derecha han vinculado el aumento de la violencia con problemas de integración e inmigración, impulsando una agenda de endurecimiento penal con foco en los jóvenes. Hoy la edad de imputación se mantiene en los 15 años, pero en los últimos años han ganado fuerza propuestas para bajarla incluso hasta los 13 en casos graves. Aunque todavía no se han aplicado, estas iniciativas están en el centro del debate.

El paquete incluye medidas como el aumento de penas para delitos vinculados a bandas, la reducción o eliminación de beneficios penales para jóvenes, la creación de centros de detención específicos para menores y la ampliación de poderes policiales, con permiso para hacer allanamientos sin sospecha previa (visitationszoner). También se ha planteado endurecer las políticas migratorias y ampliar el sistema penitenciario, con previsiones de duplicar, o incluso triplicar, su capacidad en la próxima década.

El reclutamiento de menores sigue siendo difícil de contener y la respuesta política ha tendido a privilegiar herramientas punitivas sobre estrategias de prevención

Felipe Estrada — profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo

Pero este enfoque genera críticas. Expertos y organismos de derechos humanos advierten sobre sus posibles efectos contraproducentes. Felipe Estrada sostiene que el endurecimiento de las penas no reduce la reincidencia. En contextos donde muchos jóvenes operan con alta exposición a la violencia y una expectativa de vida corta, la disuasión pierde peso. A ello se suma un problema de calado: en mercados ilegales de alta rentabilidad como el de las drogas, la cárcel no desarma las redes. Al contrario, abre espacios que otros jóvenes y niños ocupan rápidamente.

En esa línea, organizaciones como BRIS (una ONG sueca dedicada a la defensa de los derechos de niños y adolescentes) advierten que el endurecimiento penal puede empujar a las redes a reclutar menores aún más jóvenes. A la vez, especialistas señalan que la entrada temprana al sistema penal tiende a reforzar trayectorias delictivas, al romper vínculos educativos y aumentar la exposición a entornos criminales. También hay cuestionamientos por el sesgo de las medidas. Entidades como Amnistía Internacional y Civil Rights Defenders advierten que las zonas de registro afectan de forma desproporcionada a jóvenes de origen inmigrante, profundizando la desconfianza en barrios ya marcados por la segregación. El debate queda así abierto entre quienes apuestan por el control y quienes ven en la violencia el resultado de problemas estructurales más profundos.

Niños que matan en un país que funciona

El cuadro que emerge de estos casos resulta especialmente significativo si se pone en relación con la posición que ocupa Suecia en los indicadores internacionales. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el país se ubica de manera sostenida entre los más altos del mundo en el Índice de Desarrollo Humano. A ello se suma una fuerte capacidad estatal, bajos niveles de corrupción y sistemas de bienestar ampliamente consolidados, rasgos que suelen asociarse a contextos de baja criminalidad estructural. Sin embargo, la evidencia muestra que estos atributos no funcionan como blindaje frente a determinadas dinámicas del crimen organizado. En particular, la expansión de mercados ilícitos de alto valor, como el de la cocaína y otros estupefacientes, introduce lógicas que no se dejan absorber fácilmente por las instituciones. Allí donde la regulación es imposible, la competencia no desaparece: se reorganiza.

En ese terreno, la disputa por el control del mercado se traduce en violencia. Y esa violencia, lejos de concentrarse en estructuras cerradas, tiende a externalizarse. En un país con altos niveles de desarrollo, fuerte presencia estatal y amplias capacidades institucionales, la combinación entre mercados ilícitos de alto valor y prohibición genera un tipo específico de criminalidad: fragmentada, adaptable y con capacidad para reclutar a los actores más vulnerables y rentables.

En ese escenario, los menores no son el origen del problema, sino uno de sus efectos más visibles. Son quienes absorben el riesgo en el último eslabón de una cadena que se organiza a escala transnacional. Y es ahí donde la imagen inicial termina de quebrarse: en uno de los países más ricos y estables del mundo, hay chicos que a los 10, 11 o 12 años aceptan un encargo de asesinato a través del teléfono móvil. No como excepción, sino como parte de una lógica que convierte la violencia en un servicio y la ejecuta, muchas veces, como si de un videojuego se tratara.

Los asesinos en serie repiten gestos cuando eligen a quién atacar, y esa repetición se nota en los rasgos de las personas que acaban siendo sus víctimas. Ted Bundy, por ejemplo, buscaba mujeres con el pelo oscuro y la raya en medio, una elección que se repitió en varios de sus crímenes y que formaba parte de su forma de actuar.

Ese tipo de comportamiento no aparece al azar, porque muchos agresores fijan su atención en caras que recuerdan a alguien de su entorno cercano. En varios casos, esas similitudes apuntan a figuras familiares ligadas a experiencias traumáticas durante la infancia.

Un equipo universitario plantea medir similitudes faciales

Un estudio de la Universidad de Murdoch, publicado en The Police Journal: Theory, Practice and Principles, muestra que los asesinos en serie tienden a elegir víctimas con rasgos faciales similares y propone una herramienta para detectarlo.

El trabajo indica que esa repetición puede medirse con datos, no solo con impresiones, y que esos patrones pueden ayudar a vincular casos sin resolver. Según el equipo, el sistema detecta “rasgos sutiles de la geometría facial” que pasan desapercibidos cuando se revisan fotos sin un método definido.

Los investigadores explican que muchos delincuentes seleccionan a sus víctimas siguiendo criterios como edad, sexo o apariencia, y esos criterios se repiten en varios ataques del mismo agresor. En algunos casos, el parecido se dirige hacia una persona concreta del pasado, como un progenitor, y esa referencia se traduce en elecciones repetidas con características físicas similares.

El patrón observado en Bundy anticipa futuros objetivos

El caso de Theodore Robert Bundy encaja en ese comportamiento, ya que sus víctimas compartían un tipo de peinado y rasgos que se repetían una y otra vez. Ese patrón no solo describe lo que ocurrió, también permite anticipar qué tipo de persona podría ser objetivo en futuros ataques.

Cuando no hay testigos ni restos biológicos, la investigación se queda sin apoyos claros para avanzar, y eso deja muchos casos abiertos durante años. En ese contexto, resulta difícil conectar crímenes cometidos en lugares distintos aunque el autor sea el mismo.

Muchos asesinos en serie han sido detenidos, pero no se ha logrado demostrar su relación con todos los hechos que se les atribuyen. Esa falta de conexión entre víctimas obliga a buscar métodos que permitan comparar casos a partir de otros datos disponibles.

El sistema mide proporciones a partir de 21 puntos del rostro

La técnica que propone el estudio se llama Vínculo de Similitud Facial y se basa en medir partes concretas del rostro en lugar de mirar fotos de forma general. El equipo identificó 21 puntos en cada cara, entre ellos las comisuras de los labios, los bordes de los ojos, la punta de la nariz y el mentón, y midió la distancia entre ellos para construir proporciones.

Ese sistema evita errores provocados por fotos tomadas desde distintos ángulos o con tamaños diferentes, algo habitual cuando las imágenes proceden de redes sociales o archivos personales. Al trabajar con proporciones, las comparaciones se mantienen aunque la imagen esté inclinada o recortada.

Tras aplicar este método, los investigadores obtuvieron 55 medidas faciales que permiten diferenciar a personas relacionadas entre sí de otras que no lo están. Esas medidas funcionan incluso cuando las imágenes no son de buena calidad, y permiten agrupar víctimas que comparten rasgos sin necesidad de otros datos. El análisis no se queda en una coincidencia general, porque define qué partes del rostro coinciden y en qué grado lo hacen. Esa precisión permite separar casos que parecen similares de otros que realmente siguen un mismo patrón.

El sistema también se ha probado con personas sin experiencia previa, y aun así lograron mantener un error cercano al 5% siguiendo instrucciones sencillas. Esa facilidad abre la puerta a que se utilice en distintos equipos de investigación sin necesidad de formación avanzada.

Además, los autores plantean que el proceso puede integrarse con inteligencia artificial para analizar miles de imágenes en poco tiempo. Con ese desarrollo, la policía podría revisar grandes bases de datos y encontrar conexiones entre víctimas que hasta ahora no se habían detectado.

La herramienta se integra con otras pruebas policiales

La herramienta no sustituye a pruebas como el ADN o las huellas, pero se añade cuando esos datos no están disponibles o se han deteriorado. En esos casos, comparar rostros permite orientar la investigación hacia un sospechoso común cuando varias víctimas presentan rasgos similares. Ese uso convierte el análisis facial en una forma de organizar la información disponible y reducir el número de hipótesis abiertas.

El estudio de la Universidad de Murdoch plantea que este tipo de análisis puede incorporarse como parte habitual del trabajo policial, siempre que se utilice junto a otras pruebas. Los autores explican que características como la edad, el sexo o la apariencia influyen en la elección de la víctima, y que esos factores pueden medirse con herramientas como esta. Esa forma de analizar los casos permite revisar investigaciones antiguas con nuevos criterios y comprobar si varias víctimas responden al mismo patrón de elección.

El mismo sistema que ayuda a resolver pequeñas dudas domésticas también puede revelar mucho más de quien lo usa. ChatGPT permite preguntar cosas tan normales como si una pared soportará el peso de un cuadro, pero también responde a dudas sobre medicamentos, mezclas peligrosas o riesgos para la vida humana.

Cada consulta deja un rastro que queda almacenado en los registros de uso. Esa información forma una huella digital que investigadores y empresas pueden revisar cuando ocurre un delito. De ese modo, una simple serie de preguntas puede terminar convertida en una prueba dentro de una investigación criminal.

Un caso en Asia oriental sitúa esas consultas en el centro de una investigación

Un caso reciente en Corea del Sur mostró hasta qué punto esas búsquedas pueden resultar determinantes. La policía concluyó que una mujer consultó a ChatGPT antes de dos muertes que ahora se investigan como asesinatos. Según The Korea Herald y la BBC, la sospechosa dio bebidas con sedantes a dos hombres jóvenes y ambos fallecieron después de ingerirlas.

Los investigadores hallaron en su historial preguntas sobre los efectos de tomar pastillas para dormir junto con alcohol y sobre si esa combinación podría causar la muerte. Esas consultas llevaron a los agentes a considerar que existía intención previa.

La investigación también incluyó una evaluación psicológica. Según South China Morning Post, la mujer obtuvo una puntuación alta en la llamada lista revisada de psicopatía. Ese examen mide veinte rasgos relacionados con impulsividad, falta de empatía o conducta irresponsable. El resultado máximo posible es 40 puntos y una puntuación igual o superior a 25 se considera compatible con psicopatía.

Los investigadores del Seoul Gangbuk Police Station informaron de que la evaluación de la sospechosa superó ese umbral y enviaron el resultado a la fiscalía para preparar el caso.

La cronología policial reconstruye varios episodios ocurridos entre diciembre y febrero

Los hechos investigados abarcan varios meses. La policía sitúa el primer intento el 14 de diciembre, cuando la mujer dio a su entonces pareja una bebida con benzodiacepinas en un aparcamiento de cafetería en Namyangju, en la provincia de Gyeonggi. El hombre perdió el conocimiento pero sobrevivió.

El 28 de enero, según los investigadores, la sospechosa entró en un motel del barrio de Suyu en el distrito de Gangbuk con otro hombre de unos veinte años y salió sola dos horas después. Al día siguiente el joven apareció muerto en la cama de la habitación. Un episodio similar ocurrió el 9 de febrero en otro motel del mismo distrito.

Las consultas registradas en el chatbot se volvieron una pieza importante del caso. De acuerdo con Chosun Daily, la mujer preguntó al sistema varias cosas antes de los hechos. Entre ellas figuraban dudas como “qué ocurre si se toman pastillas para dormir con alcohol” y “qué cantidad se considera peligrosa”.

Un investigador citado por The Korea Herald afirmó que “Kim preguntó repetidamente en ChatGPT sobre medicamentos”. El mismo agente añadió que “era plenamente consciente de que beber alcohol junto con fármacos podía causar la muerte”. Tras examinar ese historial, los fiscales cambiaron el cargo inicial de causar lesiones con resultado de muerte por dos acusaciones de asesinato.

La decisión de no revelar públicamente la identidad de la sospechosa generó una fuerte reacción social. Según Korea JoongAng Daily, la familia de una de las víctimas pidió que se hiciera público el nombre. El abogado Nam Eon-ho transmitió su postura: “Los crímenes de la sospechosa han quedado demostrados por pruebas abrumadoras”. También mencionó imágenes de cámaras de seguridad, confesiones y datos forenses.

Mientras tanto, un mensaje en internet difundió supuestos datos personales de la mujer. The Korea Times informó de que una cuenta de redes sociales vinculada a ella pasó de unos 200 seguidores a más de 11.000 en apenas diez días antes de que fuera puesta en modo privado.

Otros episodios recientes reabren el debate sobre supervisar diálogos con inteligencia artificial

El caso se produce en un momento de debate sobre el control de las conversaciones con sistemas de inteligencia artificial. El The Wall Street Journal reveló recientemente que un sistema automático de revisión detectó diálogos inquietantes de un joven de 18 años en la provincia canadiense de Columbia Británica antes de un tiroteo masivo. A

lgunos empleados de OpenAI pidieron avisar a las autoridades, aunque finalmente no se hizo. El ataque terminó con ocho muertos, incluido el propio autor. Estos episodios han intensificado la discusión sobre cómo vigilar el uso de chatbots y qué responsabilidad tienen las empresas cuando aparecen señales de riesgo en las conversaciones registradas.

Los aldeanos se reunieron al borde del bosque con faroles de aceite y perros ladrando. El aire olía a humedad y cera derretida, y alguien murmuraba que había huellas frescas en el barro. Detrás de los matorrales, un ruido seco rompió el silencio. No era el viento. Una sombra menuda se movió entre los árboles, y un anciano dijo que esa noche la luna estaba llena y que el peligro andaba suelto.

A la mañana siguiente, el rumor era unánime: el hombre que decían que se transformaba había vuelto a matar, pero pronto se sabría que ni los colmillos ni la maldición eran reales, solo el miedo y la mentira que él mismo había alimentado.

Manuel Blanco Romasanta acabó juzgado por creerse un hombre lobo

El caso de Manuel Blanco Romasanta, conocido como el Hombre Lobo de Allariz, se convirtió en el primer proceso judicial español en el que un acusado fue juzgado por licantropía. Nacido en 1809 en Regueiro, Ourense, Romasanta medía poco más de 1,30 cm y trabajaba como tejedor y vendedor ambulante.

Entre 1846 y 1852, sus crímenes se extendieron por pueblos gallegos donde atraía a mujeres y niños con falsas promesas de empleo. Confesó trece asesinatos, aunque solo se probaron nueve, y aseguraba extraer grasa humana para venderla como ungüento, lo que lo llevó a ser conocido como sacamantecas.

La sentencia que inicialmente lo condenó a muerte se transformó en cadena perpetua por orden de Isabel II en 1854. La intervención de un hipnólogo francés, el doctor Philips, resultó determinante: consideró que Romasanta no era plenamente consciente de sus actos y padecía una enfermedad mental. Ese informe persuadió a la reina de que el reo debía ser internado, no ejecutado. Romasanta fue enviado al penal de Ceuta, donde murió en 1863 a los 54 años.

En el juicio aseguró que una bruja lo había condenado a convertirse en lobo

Durante sus años de actividad, Romasanta actuó en zonas rurales de Galicia, sobre todo en Allariz y Redondela. Se ganaba la confianza de las víctimas y las llevaba a lugares apartados donde las mataba, a veces estrangulándolas, otras degollándolas. Después enviaba cartas a las familias fingiendo que las mujeres habían encontrado trabajo o emigrado, un método que mantenía la sospecha lejos de él durante meses. Los vecinos empezaron a hablar de un hombre capaz de devorar a sus víctimas y de vender sus restos como grasa animal.

En el juicio, celebrado en 1852 bajo el nombre Causa contra el Hombre Lobo, Romasanta declaró haber actuado bajo una maldición. Afirmó que una bruja lo había condenado a convertirse en lobo durante las noches de luna llena y que cazaba junto a otros dos hombres, Antonio y don Genaro. “La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso”, explicó ante el juez. “Me revolqué tres veces en el suelo y me convertí en un lobo”. Sus palabras sorprendieron al tribunal y marcaron un precedente en la historia judicial española.

El impacto del caso se extendió por toda Europa. La historia del supuesto licántropo apareció en periódicos y estudios de la época. En Galicia, el personaje pasó a ser parte del folclore popular y con los años inspiró relatos, cómics y ensayos.

Antes de sus crímenes, Romasanta ya tenía antecedentes: en 1844 había matado a un hombre en León y escapó de prisión. Su experiencia como guía de caminos le permitió moverse sin control por las montañas gallegas. Esa movilidad le dio ventaja para desaparecer tras cada asesinato y reanudar su vida de vendedor ambulante, hasta que fue detenido en Toledo tras una larga persecución y devuelto a Galicia. El proceso no solo sacó a la luz las dos caras de Romasanta, también hizo que se empezara a hablar en serio de hasta qué punto alguien enfermo puede ser responsable de lo que hace.

Cientos de personas se han concentrado en Barakaldo este martes para denunciar el asesinato de una mujer de 54 años el pasado domingo y por el que hay detenido un hombre de 27 años. “Barakaldo no va a tolerar ni va a mirar impasibles ante el asesinato de una de nuestras vecinas”, ha señalado la alcaldesa, Amaia del Campo, tras una pancarta en la que se leía “No a la violencia contra las mujeres”. Además de la alcaldesa y miembros del Ayuntamiento de la localidad vizcaína se han acercado a la concentración otros representantes institucionales como la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe o la directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), Miren Elgarresta.

Tras condenar el asesinato, Del Campo ha insistido en que espera que “a quien ha cometido este atroz crimen le caiga todo el peso de la ley”. “Y también le va a quedar la condena del pueblo de Barakaldo, que claramente ha dicho que no vamos a tolerar ni vamos a mirar impasibles ante el asesinato de una de nuestras vecinas”, ha subrayado.

Por su parte, la responsable del Instituto vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, se ha unido al dolor de la familia de la víctima, a quienes ha trasladado su apoyo. “Ponemos a su alcance todos los recursos y servicios públicos dispuestos para estos casos. Este asesinato es la punta del iceberg de un problema estructural de gran calado como es el de la violencia machista contra las mujeres presente en todos los ámbitos de nuestra vida y que condiciona y limita la vida y la libertad de muchas mujeres en nuestro país y en todo el mundo”, ha lamentado.

Por ello, ha apelado a toda la sociedad a luchar contra “la cultura de la violencia” que, como en este caso, “muestra su cara más cruel”. “Necesitamos la ayuda de toda la sociedad para desactivar el machismo y para conseguir que nuestra sociedad sea cada día más igualitaria y libre de violencia machista contra las mujeres”, ha señalado.

Horas antes, en el Parlamento Vasco, consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha indicado que el hombre detenido por su presunta relación con la muerte de la mujer “ejerció violencia” sobre ella hasta que “perdió la vida” y, tras asegurar que está siendo interrogado, ha señalado que será puesto este martes a disposición judicial. “La Ertzaintza está desarrollando su actitividad y siguiendo instrucciones de la justicia. Serán al final los jueces quienes calificarán los hechos y tendrán que tomar una decisión sobre este presunto homicidio”, ha aclarado.

Desde el año 2018, el Parlamento Vasco cuenta con un protocolo de actuación en casos de violencia machista que se activa en caso de “asesinato, o agresiones especialmente graves”. Después del asesinato del pasado domingo, en Barakaldo, la Cámara vasca ha activado el protocolo en el pleno de este martes por el que han procedido a llevar a cabo la lectura de la declaración institucional por la presidenta del Parlamento Vasco y, tras ello, un minuto de silencio. Ha sido secundado en pie por los parlamentarios.

“Entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres, derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres”, señala el texto leído por la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, que invita a la ciudadanía a adoptar “compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres”. Asimismo, insta a las instituciones, que tienen una “responsabilidad crucial en la erradicación de la violencia contra las mujeres”, a desarrollar planes integrales dotados de los recursos necesarios para lograr “su definitiva desaparición”, de tal modo que “no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres, y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida a Josune”.

Desde el movimiento feminista han convocado manifestaciones para la tarde de este martes en Barakaldo, Donostia, Gernika, Vitoria o Bilbao, entre otros, para denunciar el asesinato machista. Con este ya son 33 los casos de asesinatos machistas de mujeres en Euskadi desde el año 2012, según el listado oficial de mujeres empadronadas en municipios y ciudades vascas realizado por el Departamento de Seguridad. Y 2025 es el año con más crímenes en esa relación, seis.

En el año 2025, el 3 de enero, Alicia (84 años) fue asesinada en Barakaldo por su hijo, el 5 de febrero, María Antonia (74 años) fue asesinada en Irún por su hijo, el 25 de abril, Miriam (35 años) fue asesinada en Haro por su pareja, el 30 de mayo, Eva Jasmin (13 años) fue asesinada en Bilbao por su padre, el 15 de octubre, Yoanna (53 años) fue asesinada en Zarautz por su pareja. En el año 2024 el 12 de septiembre, Yanely (31 años) fue asesinada en Bilbao por su pareja, el 30 de noviembre, Leonor (45 años) fue asesinada en Pasaia por su expareja. En el año 2023, el 16 de mayo, Lourdes (50 años) fue asesinada en Orio por su expareja, que se suicidó posteriormente, el 28 de mayo, Maialen (32 años) fue asesinada en Vitoria por su expareja.

En el año 2022, el 26 de septiembre, Maria Luisa (68 años), natural de Soraluze, fue asesinada en Benidorm por su marido, el 27 de diciembre, Rebeca (45 años) fue asesinada en Bilbao por su pareja. En el año 2021, el 12 de febrero, Conchi (56 años) fue asesinada en Sestao por su marido, el 12 de octubre, Erika (37 años) fue asesinada en Vitoria por su marido. En el año 2020, el 11 de marzo, Miren (56 años) y su hija Paola (24 años) fueron asesinadas en Abanto-Zierbena por su marido y padre. En el año 2019 no hay registros de víctimas mortales por violencia machista en Euskadi. En el año 2018 el 20 de abril, Maria José (43 años) fue asesinada en Vitoria por su expareja. Florentina (69 años) exsuegra del agresor y madre de Maria José fue también asesinada ese día, el 25 de septiembre, Maguette (25 años) fue asesinada en Bilbao por su marido. En el año 2017, el 3 de septiembre, Ana Belén (44 años), de Álava, fue asesinada en Miranda de Ebro por su expareja, el 28 de septiembre, Noelia Noemí (32 años) fue asesinada en Sestao por su pareja.

En el año 2016, el 23 de julio, Mª Aranzazu (51 años) fue asesinada en Bilbao por su pareja y el 26 de enero, Alicia (una bebé de 17 meses) fue asesinada en Vitoria por un recientemente conocido. En el año 2015, el 2 de abril, María Ana (29 años) fue asesinada en Vitoria por su expareja, el 8 de agosto, Leyre (34 años) fue asesinada en Bilbao por su expareja y el 3 de octubre, Almudena (39 años) fue asesinada en Erandio por su pareja. En el año 2014, el 17 de marzo, fue asesinada Andina (35 años) en Mungia y el 10 de diciembre, fueron asesinadas en Abadiño María Luz (54 años) y la madre de ésta, Amelia (88 años). En el año 2013, el 23 de mayo fue asesinada Amagoia (26 años) en Llodio y el 3 de octubre fue asesinada Yaisha (3 años) en Barakaldo, por la pareja de su madre. Por último, en el año 2012, el 25 de marzo fue asesinada María Caridad (26 años) en Tolosa y el 27 de noviembre fue asesinada María Teresa (65 años) en Araia (Álava).

En ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’ una de las tramas principales es la composición de su álbum ‘Nebraska’, cuya canción que da título al disco surgió mientras Bruce Springsteen vio una película en televisión basada en un asesino en serie, sobre lo que investigó para ofrecer un tema que fue una obra más de las que inspiró este caso que conmocionó en Estados Unidos en la década de 1950.

Y es que la historia de Charles Starkweather, la de uno de los asesinos en serie que perpetuó una de las oleadas de crímenes más cruentas que se recuerdan en Estados Unidos en tan solo en cuatro semanas, después de que su protagonista quisiera emular al propio James Dean, al que se parecía físicamente, en ‘Rebelde sin Causa’, inspiró varias películas como ‘Badlands’ de Terrence Malick o ‘Natural Born Killers’, un guion que elaboró Quentin Tarantino, pero que dirigió finalmente Oliver Stone y que se estrenó en 1994.

Charles Starkweather, el asesino en serie que quiso ser James Dean en ‘Rebelde sin Causa’

Este asesino en serie que inspiró a Quentin Tarantino y Bruce Springsteen nació como Charles Raymond Starkweather un 24 de noviembre de 1938 en la localidad de Lincoln en Nebraska en el seno de una familia de clase media de un padre carpintero y una madre camarera.

Defectos congénitos de nacimiento le hicieron ser objeto de bullying en el colegio, al ser tartamudo, miope y patizambo, lo que significa que tenía las piernas arqueadas, y que intentó corregir a través del deporte como una forma también de canalizar su rabia y frustración.

Unos sentimientos que después de ver ‘Rebelde sin causa’ de James Dean transformó en violencia como forma de enfrentarse a los abusos y burlas, lo que lo llevó al camino de la delincuencia y a dejar los estudios. Así fue como comenzó a trabajar en un almacén de periódicos y como basurero, mientras también robaba casas.

Además, fue entonces cuando comenzó una relación ilegal con Caril Ann Fugate, de 13 años entonces, y que tenía la oposición de la familia de ella, que fue objeto del comienzo de una oleada de crímenes que conmocionó a Estados Unidos. Antes, sin embargo, ya había cometido su primer asesinato, un 30 de noviembre de 1957, cuando mató al empleado de una gasolinera al no tener dinero para comprar un peluche.

Una relación ilegal y un viaje trágico con 11 asesinados

Tras ello, en una visita a su novia, su familia le impidió entrar y Charles Starkweather asesinó a los padres de esta, justo a la media hermana, bajo la mirada de la propia Caril Ann. Junto a ella emprendería un viaje por carretera que dejaría 11 muertos, y todo ello con tan solo 19 años a sus espaldas.

Un amigo de la familia Bartlett, dos amigos que les quisieron ayudar con el coche, un industrial junto a su esposa y su asistenta, un conductor de un vehículo que robaron fueron algunas de las víctimas que asesinó un Starkweather que se dejó llevar por la rabia interior acumulada.

Todo ello hasta el 29 de enero de 1958 cuando la pareja procedía a robar otro coche con una persona dentro a la que amenazaron, pero apareció el ayudante del Sheriff del condado al que Caril Ann fue a contarle todo, lo que aprovechó Starkweather para fugarse, pero ser detenido tras una peligrosa persecución.

Tras un juicio que tuvo lugar en junio de 1959 y en el que el acusado ofreció todo tipo de versiones que sus abogados defendieron alegando enajenación mental, fue condenado a pena capital y a morir en la silla eléctrica. Su novia pasó 18 años en la cárcel a pesar de asegurar que era su rehén y que no tuvo nada que ver, y cambiaría su nombre al salir de prisión por el de Caril Ann Clair al casarse.

El asesinato de hasta 16 personas, ocho parejas, entre 1968 y 1986, conmocionó a Italia con una ola de crímenes en los alrededores de Florencia, en la región de la Toscana, cometidos de una misma manera y que se atribuyeron a un perfil llamado ‘Monstruo de Florencia’, cuya identidad no está confirmada a pesar de haberse detenido e interrogado a varias personas.

Estos hechos reales son los que han inspirado la última ficción del género llamado ‘true crime’, una miniserie italiana que consta de cuatro episodios, dirigida por Stefano Sollima, y que se ha estrenado este 22 de octubre a nivel mundial en la plataforma Netflix, donde ya se ha convertido entre lo más visto.

Quién fue el Monstruo de Florencia

El asesinato de ocho parejas en la Toscana con un mismo método entre 1968 y 1985 conmocionó a toda Italia, cometidos por un asesino en serie, cuyo perfil se conoció como el ‘monstruo de Florencia’ al tener lugar en las proximidades de la capital de la Toscana, y cuya identidad sigue siendo un misterio.

Si bien se interrogó a varias personas y hubo detenidos, su identidad no se llegó a confirmar, aunque se atribuyó a Pietro Pacciani, un agricultor de la zona que tenía antecedentes de violencia doméstica, asesinato y agresión sexual, y que fue detenido en 1994 acusado de siete de los ocho asesinatos.

Sin embargo, su condena fue revocada por falta de pruebas y su fallecimiento impidió un segundo juicio que había para evaluar el caso, por el que también se detuvo a Mario Vanni y Giancarlo Lotti, acusados de cómplices de Pacciani, y que también murieron, después de ser liberados al deteriorarse su salud.

El mismo método y unas víctimas concretas

Los asesinatos se entendieron ser una serie al tener todo un método claro, durante la noche, en zonas alejadas, siempre a parejas, y en las que se usó un mismo tipo de pistola y un cuchillo que luego utilizaba para mutilar algunas zonas de los asesinados.

Las víctimas del llamado ‘monstruo de Florencia’ fueron todo parejas que se reunían en los coches para dar rienda a su amor, en lo que se conocía en Italia entonces como ‘camporella’ y que provocó una oleada de reuniones grupales, con coches que se tapaban con periódicos, para evitar ser asesinados, así como más familias que permitían que sus hijos se vieran en casa y dejaran fuera el conservadurismo.

El primero de los asesinatos ocurrió en agosto de 1968, fue el de Barbara Locci y Antonio Lo Bianco, ambos amantes y que fueron matados con el hijo pequeño de ella durmiendo en la parte trasera del vehículo, que más tarde fue a avisar a una casa cercana de lo ocurrido. Si bien se pensó que este fue obra del marido de Locci, Stefano Mele, más tarde se añadió a la oleada de crímenes, siendo el inicio del caso.

Y es que se tardó varias muertes hasta que los asesinatos fueron reunidos y vistos como un serial, es por ello por lo que este se vio primero como un caso aislado, que luego conectó con otros parecidos, hasta que se produjo el último de ellos, en 1985, de Jean-Michel Kraveichvili y Nadine Mauriot. 

La gallega Remedios Sánchez Sánchez, condenada hace casi dos décadas a 144 años de prisión por el asesinato de varias ancianas en Catalunya, ha sido detenida por la muerte de otra mujer mayor en A Coruña, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

En concreto, está abierta una investigación por homicidio en relación al cadáver aparecido en una vivienda de la ciudad herculina a principios de octubre, en concreto el día 3, de una mujer de avanzada edad. Cinco días después se detuvo a Remedios Sánchez en la prisión de Teixeiro, de la que había salido durante un permiso penitenciario.

A la cárcel, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional que procedieron a la detención de la mujer, condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona por matar a tres ancianas, la tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

Absuelta por otro delito

La sentencia la condenó también al pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas, mientras que la absolvió de otro delito de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar entre junio y julio de 2006 en Barcelona, unos asesinatos calificados entonces como “especialmente violentos” y sin capacidades de defensa. Todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios.

Una Junta de Revisión de California negó este viernes la solicitud de libertad condicional a Lyle Menéndez, quien corre con la misma suerte que su hermano y ambos permanecerán en prisión cumpliendo la pena de cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989.

Durante la audiencia, una de las comisionadas del panel estatal dijo que los asesinatos cometidos por los Menéndez el 20 de agosto de 1989 muestran “un notable nivel de inestabilidad y odio hacia el otro”, por lo que se consideró negar la solicitud de Lyle para obtener una medida sustitutiva.

Lyle recibió la negativa, la misma respuesta que recibió su hermano, Erik, el jueves. Ambos continuarán pagando su condena en la correcional de Richard Donovan, ubicada en San Diego, California, a pocos kilómetros de la frontera con México.

La familia de los Menéndez dijeron, en un comunicado, que están “decepcionados” por la decisión de la junta de revisión pero que seguirán buscando las medidas legales para lograr su liberación y esperan que los recursos presentados sean revisados por otro tribunal en la ciudad de Los Ángeles.

Las decisiones judiciales cortaron el camino hacia la libertad de ambos hermanos, quienes asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez, con escopetas mientras veían la televisión en su casa de Beverly Hills. El caso generó conmoción nacional por el perfil adinerado de la familia y la brutalidad del crimen.

Inicialmente, Erik y Lyle afirmaron a la Policía que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa, pero levantaron sospechas cuando comenzaron una vida de excesos tras acceder a la fortuna familiar.

Los homicidas fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional en 1996, tras dos juicios mediáticos.

La defensa de los asesinos alegó abusos sexuales, pero el jurado no lo consideró suficiente para justificar el doble homicidio. Desde entonces, Erik y Lyle Menéndez permanecieron en prisión separados, hasta 2018 cuando volvieron a reencontrarse por una hora en una habitación vigilada.

El caso recobró notoriedad pública en 2024 gracias a la exitosa serie de Netflix ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, en la que participó el actor Javier Bardem, y a la que se sumaron un documental y el revuelo levantado por una nueva generación que observa con otros ojos a quienes antes fueron considerados asesinos despiadados.

La Junta de Libertad Condicional de California reunida este jueves ha decidido negarle la libertad condicional a Erik Menéndez, uno de los dos hermanos estadounidenses condenados por el asesinato a tiros de sus padres en 1989 en el exclusivo barrio de Beverly Hills.

Erik, condenado a cadena perpetua junto a su hermano Lyle, recibió el fallo negativo tras una audiencia virtual de 10 horas que incluyó declaraciones de la Oficina del Fiscal de Los Ángeles y numerosos testigos del caso que son considerados víctimas del crimen, que cumplió 36 años desde su comisión este 20 agosto.

Según informaba la periodista Helen Jeong para la cadena NBC de Los Ángeles, el fiscal de distrito del condado de la ciudad californiana Nathan Hochman recordó durante la audiencia la posesión por parte de Erik Menéndez de un teléfono móvil en su celda. Aunque esta no habría sido su única violación disciplinaria en prisión.

Durante la junta de revisión de California se relataron al menos tres peleas o altercados en los que estuvo envuelto el preso, que alegó “defensa propia” en una pelea en noviembre de 1997. También se le acusó de haber cometido fraude fiscal desde el interior de la prisión en 2013, de haber consumido marihuana o heroína en su celda en 2018 e incluso de haber mantenido “contactos físicos excesivos” con su mujer en el interior de la capilla de la prisión con su hijastra presente en al menos una ocasión.

La única salida que le queda ahora a Erik tras el fallo de los comisionados de libertad condicional, es que el gobernador del Estado, Gavin Newsom, decidiera eventualmente revocar el fallo para otorgarle una salida de prisión. El abogado de los hermanos, Mark Geragos, ya llegó a pedir a Newson directamente la liberación inmediata del preso tras conocerse que padecía “una condición grave” cuando fue hospitalizado a finales de julio por un cálculo renal.

Este viernes, el mayor de los hermanos, Lyle, será escuchado por la Junta de Libertad Condicional por separado, aunque el fallo contra su hermano deja malos pronósticos para su caso.

Esta condena fue revisada el pasado mes de mayo por la Justicia de Estados Unidos y se redujo la pena a entre 50 años de cárcel y cadena perpetua, permitiendo la posibilidad de solicitar una audiencia para salir de prisión en libertad condicional. Esta revisión partió de la Fiscalía de Los Ángeles después de que una veintena de familiares de los hermanos pidieran su liberación tras el impacto mediático de la serie 'Monstruos'.

Los hermanos fueron hallados culpables en 1996 del asesinato de sus padres, Kitty y José Menéndez, ocurrido el 20 de agosto de 1989 en su casa de Beverly Hills, en un controvertido caso en el que los jóvenes denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre.

Inicialmente, Erik y Lyle afirmaron a la Policía que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa, pero levantaron sospechas cuando comenzaron una vida de excesos tras acceder a la fortuna familiar.

El caso recobró notoriedad pública en 2024 gracias a la exitosa serie de Netflix ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, en la que participó el actor Javier Bardem, y a la que se sumaron un documental y el revuelo levantado por una nueva generación que observa con otros ojos a quienes antes fueron considerados asesinos despiadados.

Scream, contigo recomenzó todo. Porque el denominado cine slasher, el cine de cuchilladas, de asesinatos seriados cometidos por todo tipo de figuras (desde asesinos en serie realistas a figuras sobrenaturales como Freddy Krueger), había comenzado muchos años atrás. De los thrillers de terror posteriores a Psicosis, y de la masiva producción de películas de asesinatos seriados llevada a cabo en EEUU y otros países (con la Italia de Mario Bava, Dario Argento y compañía como punta de lanza), nacieron obras como Viernes 13 o La noche de Halloween. Su éxito comportó un evidente desgaste derivado de la proliferación de secuelas poco ambiciosas y de producciones independentísimas de valor muy desigual.

El éxito masivo del filme dirigido por el experto Wes Craven y guionizado por un entonces joven Kevin Williamson devolvió el atractivo al género: chicos y chicas guapas deambulaban por los pasillos de institutos y universidades descubriendo la vida adulta, el sexo y la muerte, entre canciones de pop-rock con barnices grunge o punk supuestamente rebeldes. Y llegó un nuevo ciclo de películas de presupuestos moderados, pero nacidas con la ambición de alcanzar los cines multisalas de todo el mundo.

Fue el caso de Leyenda urbana, de Destino final (también relanzada recientemente) o de variantes con barniz sci-fi como The faculty o Comportamiento perturbado. Y, obviamente, de Sé lo que hicisteis el último verano, franquicia que se recupera tardíamente mediante una secuela de título homónimo con elementos de remake y reboot. Un enfoque que comienza a ser habitual en el audiovisual corporativo de vocación rentista (véase Alien: Romulus, otra secuela-remake con aires de reboot).

Sé lo que hicisteis el último verano fue, desde el principio, una especie de exitoso patito feo. Williamson había firmado su guion antes de Scream, y el resultado parecía un poco más obvio, un poco menos ingenioso. También podría decirse que era un poco más clásico, pero terminó recibiéndose como un trabajo previo que llegaba tarde. Aun así, el filme cosechó un éxito muy apreciable. Y, revisado hoy día, puede considerarse una obra muy correcta: una teen movie de misterio y muertes con algunas escenas apreciables, aunque a menudo abandonase las convenciones del terror para acercarse al cine de acción. Cosas del Hollywood de los noventa.

¿Dos generaciones que no se encuentran?

¿Y qué podemos esperar de esta nueva Sé lo que hicisteis el último verano? En realidad, algo muy parecido al original. El filme es una secuela, pero tiene mucho de remake porque incluye muchísimas repeticiones de situaciones, conscientes y buscadas, respecto al filme inicial. Tanto que puede llegar a parecer la reconstrucción de la escena de un crimen, o un ejercicio de espiritismo. De nuevo, un grupo de jóvenes se ven involucrados en un accidente de tráfico, se desentienden de ello y comienzan a recibir notas amenazantes.

Tampoco estamos ante una obra que apueste por unas formas visuales muy distintivas. No hay asesinatos retratados como obras de arte, al estilo del Dario Argento de Suspiria, pero los aficionados al género podrán encontrar alguna escena bastante efectiva (véase el primer asesinato) dentro de un conjunto pulcro, estandarizado (para bien y para mal) como el consumo de unas patatas fritas de bolsa. Aunque por el camino pueda encontrarse alguna sorpresa.

La inclusión de los personajes supervivientes de la primera entrega, la pareja formada por Julie James (Jennifer Love Hewitt, futura estrella de la televisiva Entre fantasmas) y Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.), resulta previsiblemente problemática. Porque este género suele representar el mundo como un espacio de tardo-adolescentes, donde los progenitores están ausentes o desubicados, donde los representantes de las instituciones están desaparecidos o no comprenden nada. Incluir a estos dos personajes de mediana edad tiene algo de caricia a contrapelo que los responsables del filme no saben (o no quieren) armonizar con el resto del relato. Durante el grueso del metraje, parece que ambos permanecen en los laterales del cuadro narrativo.

No parece que la nueva Sé lo que hicisteis el último verano pueda levantar grandes pasiones aunque tampoco parecía que lo fuese a hacer la original, y terminó encontrando su lugar dentro del terror estadounidense de su época. Quizá solo fue por su premisa poderosa (heredada de la novela de título homónimo de Lois Duncan), quizá porque había algo más que encajaba, aunque todo tuviese bastante de cliché. La buena chica de ojos lacrimosos enamorada del chico de mirada atormentada, un trasfondo con un poco de conflicto de clase y de oportunidades desiguales para estudiar, para prosperar económicamente... o para salir indemne (social, económica, psicológicamente) de un atropello accidental.

Veremos qué ocurre con esta nueva entrega, que no deja de incluir alguna decisión atrevida (y potencialmente polémica) y ciertas dosis de ingenio y de competencia profesional. Con todo, los mismos responsables del filme no parecen confiar demasiado en el poder de convocatoria de los nuevos miembros del reparto. En una escena en medio de los créditos finales se anticipa con irritante impaciencia la posibilidad de una nueva secuela, como robándonos la posibilidad de paladear el reencuentro y de volver a echar de menos a los personajes. Obviamente, el gancho no son los jóvenes que han sobrevivido la nueva matanza, sino esa Julie James que se había mantenido en un segundo plano durante todo el metraje... y otro personaje recuperado del pasado de la franquicia.

Personajes y cineastas confusos

En todo caso, puede resultar agradable variar de registro y visionar un slasher que incluye bromitas sobre la nostalgia, sí, pero que no se lanza al abismo de la metareferencialidad desatada. Que no emplea el tono resabiado de slasher posmodernísimos, absolutamente rebozados en un humor cruel, como la sarcástica Bodies, bodies, bodies. De alguna manera, la nueva entrega se acerca al espíritu del original, más bien serio, aparentemente conservador (si la amabilidad es el nuevo punk, según la voz autorizada de Superman, ¿quizá ser un poco clásico resulte ahora arriesgado?).

Como en el caso de tantas otras películas de género producidas en el Hollywood reciente, en Sé lo que hicisteis el último verano se enuncian y subrayan algunos mensajes que levantarán las iras del público hostil. Resulta interesante que los responsables del filme, liderados por la directora y coguionista Jennifer Kaytin Robinson (Revancha ya), parezcan mostrar una cierta conciencia de las contradicciones de los feminismos pop difundidos a través del cine comercialísimo de Hollywood. Ese Hollywood que considera que el cine de acción con mujeres matando a montones de personas (a menudo sin circunstancias de autodefensa detrás) envía un mensaje feminista.

Una frase pronunciada por uno de los protagonistas parece ridiculizar esta idea del empoderamiento femenino a través del ejercicio de la violencia ciega. La broma no parece tener una intención cínicamente polisémica, aunque la audiencia interesada en ello podrá resignificarla en esa clave. También se incluye un comentario sobre la resistencia a visitar el psicólogo, en una versión hipersensacionalista y alarmista (el cine de terror suele ser así) de las llamadas a cuidar la salud mental a través de terapias.

Robinson y compañía pueden manifestar una cierta intencionalidad filofeminista, pero difícilmente podríamos considerar que esta es interseccional. Porque detrás de este cuento de misterio y terror vuelve a asomar el clasismo. Matan los pobres resentidos, los que no han tenido las oportunidades de escapar de una ciudad que no parecía tener futuro. Una ciudad que, para mayor condena, termina gentrificándose para que tengas todavía menos dinero en el bolsillo, para que el progreso económico te deje más atrás. Y para que barran la muerte de los tuyos bajo una alfombra porque la fiesta turística en una localidad costera debe continuar (¿recuerdan Tiburón?).

Así que el filme puede leerse como otro ejemplo de antitrumpismo banal. En ese caso, sus autores caerían en una inercia habitual en el Hollywood que se mueve en las coordenadas de lo que la filósofa política Nancy Fraser ha denominado 'neoliberalismo progresista': un neoliberalismo que reconoce diversidades e identidades, pero que no redistribuye rentas, poderes y soberanías. En esta ocasión, el antitrumpismo no se expresaría a través de la crítica a figuras autoritarias (como sucedía en El reino del planeta de los simios, Blancanieves y mil blockbusters más), sino en forma de dardo a las bases del movimiento MAGA, a su ira y sus deseos de venganza. En su desprecio del desfavorecido que está frustrado, la nueva Sé lo que hicisteis el último verano puede acabar sonando tan elitista como ese mismo Trump al que (suponemos) se estaba criticando.

Japón ejecutó este viernes a Takahiro Shiraisi, conocido popularmente como el 'asesino de Twitter', que mató y descuartizó a nueve personas en 2017, adelantó la cadena pública NHK citando a fuentes gubernamentales.

Shiraishi, de 34 años, fue condenado a muerte por asesinar, desmembrar y almacenar los cuerpos de las víctimas en su domicilio en la localidad de Zama, en la prefectura de Kanagawa, a unos 45 kilómetros de Tokio. Las víctimas, ocho mujeres y un varón de entre 15 y 26 años, fueron asesinadas entre agosto y octubre de 2017.

El asesino se fijaba en personas que manifestaban pensamientos suicidas en redes sociales y las atraía a su piso para matarlas.

El Ministerio de Justicia, Keisuke Suzuki, dijo tras la ejecución que el caso había causado “gran conmoción y ansiedad en la sociedad por la pérdida de nueve valiosas vidas humanas para satisfacer las propias necesidades sexuales y económicas” del reo.

“La sentencia de muerte se ejecutó tras un juicio exhaustivo. A la luz de los hechos expuestos, he ordenado la ejecución tras la máxima consideración. La pena de muerte es un castigo extremadamente grave que priva de la vida a una persona, por lo que, por supuesto, debemos abordarla con cautela”, añadió el ministro.

Shiraishi fue ejecutado por la mañana en la prisión de la capital en el que se encontraba recluido. Se trata de la primera ejecución en el país asiático desde julio de 2022. También es la primera desde que tomó posesión el primer ministro Shigeru Ishiba.

El abogado de Takahashi y principal defensor en el caso, Akira Omori, dijo tras la ejecución que esta fue “repentina” y pidió tiempo para reflexionar al respecto, según declaraciones recogidas por la cadena estatal.

Durante el juicio, el principal punto de debate entre la acusación y la defensa fue si el acusado tuvo el consentimiento de las víctimas.

La defensa había pedido que se evitara la pena de muerte con el argumento de que su defendido solo era culpable de homicidio con consentimiento, porque tenía la aprobación tácita de las víctimas en los mensajes que le habían enviado con anterioridad.

El testimonio de Shiraishi, en el que señaló que los fallecidos se resistieron al estrangulamiento, contribuyó a desmontar su defensa. También el hecho de que les robara dinero y agrediera sexualmente a las víctimas mujeres, según detalles recogidos por NHK y la agencia de noticias Kyodo.

Shiraishi contactó con sus víctimas femeninas a través de Twitter (ahora X) y las atrajo a su domicilio con ofertas para ayudarlas a morir.

El único hombre asesinado fue la pareja de una de las mujeres, quien se puso en contacto con él tras la desaparición de su novia, que el criminal ya había asesinado.

Shiraishi declaró que no tenía intención de recurrir la sentencia, incluso si se trataba de la pena capital.

Con la ejecución de hoy, el número de presos condenados a muerte en cárceles de todo Japón es de 105, de los cuales 49 buscan que se repita el juicio.

En noviembre de 1957, una pequeña localidad de Wisconsin quedó conmocionada, junto al resto de los Estados Unidos, cuando la policía encontraba una escena macabra en una granja de Plainfield. Propiedad de Edward Gein, lo que vieron allí los agentes no solo quedaría en sus retinas, sino que incluso trascendería hasta la cultura popular, de hecho, es el asesino que protagonizará la próxima temporada de Monstruos de Netflix, que ha pasado por las historias de Jeffrey Dahmer o Los hermanos Lyle y Erik Menendez en las anteriores.

Lo que se encontró en casa de Edward Gein fueron toda una serie de muebles y diferentes objetos, como máscaras e implantes, que se crearon con la piel y los huesos de diferentes humanos. Hasta allí habían llegado por la sospecha que tenían sobre su participación en la desaparición de Bernice Worden, propietaria de la ferretería local, y cuyo último cliente registrado había sido él.

El cuerpo de ella sería uno de los que aparecieron en la granja de Ed Gein, así como otros que habían sido profanados del cementerio local, la gran mayoría de ellas mujeres. Una escena macabra que daría pie a la inspiración detrás de los personajes más cruentos del cine como Norman Bates de Psicosis o Leatherface de La matanza de Texas, arraigando así en la cultura pop.

Una infancia y vida marcada por una madre autoritaria

Edward Gein nació en 1906 en el seno de una familia dominada por su madre, Augusta, una mujer autoritaria y profundamente religiosa, que tenía una visión conservadora y rígida sobre el pecado y las mujeres, a las que consideraba corruptas. Así, sobre estos ideales crio y educó a sus dos hijos, que apenas tuvieron contacto con el exterior y la sociedad.

Todo ello se cuenta en el libro de Harold Schechter, The Ed Gein File, que se basa a su vez en documentos del FBI, donde se detalla como toda esta educación conservadora y de extremismo religioso afectó en el desarrollo emocional de sus hijos, que no llegó a tener relaciones sociales ni vínculos más allá de su familia.

Edward, en concreto, sentía un claro rechazo a la sociedad y tenía gran dependencia emocional de su madre. Un momento clave de su vida sería cuando ocurrió la muerte de su hermano Henry en un incendio de sospechosas causas, y la de su madre al año siguiente, en 1945, con lo que se quedó solo en la granja, aislada de la población, y en la que comenzaría su obsesión hacia cuerpos humanos sin vida.

La sórdida afición de Ed Gein y el debate que abrió sobre salud mental y crimen

Primero se dedicó a profanar el cementerio local para hacerse con cuerpos con los que creaba decoración, todo ello gracias a las técnicas que había aprendido de su padre, carnicero. Pero esto derivó en que diera su siguiente paso, el de secuestrar y asesinar, conociéndose dos las víctimas, una de ellas Bernice Worden.

Ese noviembre de 1957 sería cuando todo ello acabó al encontrar sus macabras decoraciones, y sería deteniendo, abriendo un debate sobre salud mental al ser declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio ese mismo año. Tras ello, recibiría tratamiento psiquiátrico y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y otras patologías.

Tras ello, sería finalmente en 1968 cuando fue juzgado y declarado culpable de asesinato en primer grado, aunque fue llevado a una institución psiquiátrica como relata el Journal of Criminal Law and Criminology de ese año. Moriría en 1984 en el Instituto para Enfermos Mentales Mendota en Madison, Wisconsin.

La sala primera del Tribunal Constitucional ha ordenado al juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao reabrir la investigación sobre el homicidio de un hombre de 61 años, con Nelson David Moreno como principal sospechoso, y archivada en su día por al considerar que no había indicios de muerte violenta. Moreno ha sido condenado recientemente por asesinato y estafa a 25 años de cárcel y a otros 10 años de cárcel por el intento de homicidio de otro hombre. Se le relaciona con al menos 7 muertes, en procesos que se encuentran en distintas fases. En este caso, el acusado fue condenado a dos años y tres meses de cárcel, por un delito de estafa continuada, al probarse que había utilizado las tarjetas bancarias del fallecido para realizar compras y retirar dinero. Sin embargo, en un jucio celebrado en octubre de 2024, la jueza consideró que no había indicios de muerte violenta y decidió archivar la acusación del delito de homicidio.

Ahora, tras un recurso presentado por el abogado Saúl Castro Fernández, de la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco (Gehitu), entidad promotora de la acusación popular contra Nelson David Moreno, se ha decidido reabrir el caso debido a que en la investigación se ha podido “vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva”. Es decir, el Tribunal Constitucional considera que sí existen indicios suficientes para investigar un posible homicidio y reprocha a la magistrada una “insuficiente actividad probatoria”. Según la resolución, esta falta de diligencia vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los familiares del fallecido, quienes tampoco fueron informados del archivo y, por tanto, no pudieron recurrir la decisión ni participar en el proceso penal.

“Debe quedar claro desde un primer momento, que no es objeto de este proceso de amparo determinar la causa del fallecimiento, sino examinar si la investigación de las circunstancias en que se produjo la misma, fue suficiente y eficaz”, aclara el Constitucional. “Este tribunal advierte que existían en el procedimiento datos suficientemente indiciarios como para afirmar la existencia de una sospecha razonable sobre las circunstancias del fallecimiento. Pese a la gravedad de los hechos, el hallazgo del cadáver en su domicilio -; la constatación de gestiones efectuadas desde su propio teléfono, efectuadas en el día y franja horaria en la que se podría situar el fallecimiento, para verificar el pin de la tarjeta bancaria del fallecido, modificar las condiciones para las transferencias a través de la plataforma Bizum y efectuar intentos de envíos de dinero; así como la constancia de la utilización de la tarjeta del fallecido en los días posteriores para efectuar compras y extracciones de dinero en cajeros automáticos; la resolución judicial, sin embargo, mantuvo que no existían datos objetivos de comisión de supuesto delito de homicidio y justificó el sobreseimiento en las conclusiones de los sucesivos informes periciales (…). Atendiendo a las concretas circunstancias del caso, cabe adelantar que el grado de esfuerzo judicial desarrollado no alcanza la suficiencia y efectividad exigida por la jurisprudencia constitucional en la materia. El Tribunal advierte que se clausuró la investigación renunciando de modo injustificado a la práctica de diligencias que podrían contribuir al debido esclarecimiento de los hechos”, recoge la sentencia.

En este sentido, el tribunal advierte que se clausuró la investigación renunciando “de modo injustificado a la práctica de diligencias que podrían contribuir al debido esclarecimiento de los hechos”. “Los nuevos datos puestos de manifiesto por la policía judicial sobre la hipótesis en la que trabajaban exigían una mayor diligencia por el órgano instructor que, sin embargo, denegó determinadas diligencias y acordó el sobreseimiento, llegando incluso a indicar a la policía judicial que se centrase únicamente en el delito contra el patrimonio, obviando referencias a supuestos homicidios no objeto de investigación”, apunta el Constitucional, ahora que se dispone de dos condenas que prueban el 'modus operandi' de Moreno.

Tanto desde Gehitu como desde el Observatorio Vasco LGBTI+ han mostrado su satisfacción por la sentencia. “Queremos insistir en la importancia que posee el hecho de que si no fuera por haber emprendido esta actuación (acusación popular) los derechos vulnerados, de los cuales se deja constancia, por quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia se habrían perpetuado. De hecho, todos los casos de fallecimientos, los siete, han sido a priori sobreseídos por todos y cada uno de los juzgados de instrucción bilbaínos responsables de su tramitación, y dos de los fallecimientos continúan estándolo. Desde la acusación popular no podemos requerir la reapertura de estos dos procedimientos, dignificar también las muertes de estas dos personas requeriría que, bien sus familiares o bien el Ministerio Fiscal lo solicitasen”, detallan desde Gehitu.

Asimismo, entienden que “se ha producido un cambio positivo en la actitud y posiciones desde el Ministerio Fiscal”. “Lo vimos en el trabajo de la fiscal que intervino en el último juicio recientemente llevado a cabo o en el posicionamiento respecto al recurso de amparo objeto de esta nota. Nos alegramos que, por fin, haya personas dentro del Ministerio Fiscal que se estén tomando en serio estas muertes y que ejerzan el trabajo con profesionalidad”, reconocen. En el último juicio relacionado con el acusado, la Fiscalía exigió desde el primer momento 25 años para él por asesinato, algo que durante todo el juicio argumentó y defendió la fiscal frente al jurado popular.

“Que se hayan mantenido abiertos al menos siete procedimientos consideramos que es un logro muy valioso. Y hay que enfatizar que ha sido posible por haber emprendido el ejercicio de la acusación popular desde Gehitu y por la colaboración de gran parte de los familiares, así como a los dos sobrevivientes, a quienes teníamos y tenemos el deber moral como integrantes de la comunidad de acompañar y de ayudar en lo posible en este difícil y muy duro camino”, sostienen desde la asociación.

Sin embargo, critican “la no acumulación procesal en un único procedimiento con múltiples víctimas”, algo que según lamentan “está permitiendo que se diluya y que no se acabe de entender el motivo por el que reclamamos con insistencia se contemple la agravante por orientación sexual: el denominador común de todas las personas que han perdido la vida o estuvieron a punto de perderla”. En ninguna de las sentencias ha sido admitida la agravante por orientación sexual que en todos los juicios han defendido la acusación popular y particular representada por Gehitu. “Evidenciar este factor discriminatorio, no ya con ánimo punitivo de incrementar los años de condena del victimario (no es nuestro objetivo como acusación popular) sino para poner sobre la mesa la evidencia de que estos actos constituyen el reflejo manifiesto de una discriminación sistémica, que sufrimos las personas LGBTIAQ+. Merced a la cual muchas personas del colectivo están vulnerabilizadas y más expuestas a determinados riesgos, aun moviéndose en espacios que se consideran seguros. La falta de formación y el desconocimiento de los operadores jurídicos respecto a esta violencia estructural heteronormativa en la que vivimos, posibilita que ni la tengan presente ni, mucho menos, busquen restaurar el daño ocasionado desde tal perspectiva, mediante fallos que sienten precedentes antidiscriminatorios por su valor pedagógico más que por el peso cuantitativo de las condenas”, concluyen.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural y que aún siguen así.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional.

El pasado octubre de 2023 se celebró el juicio por intento de homicidio de una de las víctimas. Las tres jornadas de juicio, con los testimonios del acusado, la víctima, las vecinas de la víctima, los ertzainas y los forenses que han participado en el caso dejaron entrever que el acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de asesinato de otras dos, ya que en la habitación del acusado encontraron “documentación bancaria sobre compras con las tarjetas de los fallecidos, y bizums realizados minutos después de sus muertes”. Junto con ello, también hallaron teléfonos móviles de algunos de los fallecidos. Todos ellos utilizaban la misma aplicación de citas. Según la hipótesis de los ertzainas que han declarado, las personas fallecidas y que fueron declaradas como muertes naturales, “pudieron ser atacadas con la técnica del abrazo o 'Mataleón'”, que produce asfixia, la misma de la que la víctima de este caso logró escapar.

El pasado noviembre de 2024 se dio a conocer la sentencia en la que, tras un juicio con jurado popular, la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a Nelson David Moreno, acusado de la muerte de un hombre con el que se citó a través de una aplicación en Bilbao en 2021, a 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia.

En la sentencia se declara probado de acuerdo con el veredicto del jurado que, sobre las 16:00 horas del 17 de octubre de 2021, el acusado acudió al domicilio de la víctima en Bilbao y, con el ánimo de acabar con su vida o, en todo caso, asumiendo plenamente el riesgo y la consecuencia, procedió a estrangularle mediante una técnica conocida como 'Mataleón'. También que el acusado actuó de “forma sorpresiva e inesperada prevaleciéndose de la situación de confianza” creada con la víctima. Utilizó “una aplicación de contactos entre hombres, con la expectativa de mantenimiento de una relación sexual, de manera que la víctima de ningún modo podía esperarse ese comportamiento que se califica de sorpresivo, impidiendo cualquier posibilidad de reacción”. Además, se concluye que la capacidad defensiva de la víctima fue anulada por la técnica empleada para acabar con su vida y que el acusado mató a la víctima “con la finalidad de obtener acceso a sus datos y a su cuenta bancaria y llevar a cabo operaciones patrimoniales ilícitas a su favor, así como hacerse con sus bienes patrimoniales, dinero y tarjetas bancarias para la utilización posterior de estas en su beneficio, tal y como efectivamente hizo”, recoge el documento.

Las investigaciones de los delitos supuestamente realizados por el acusado se encuentran bajo secreto de sumario y la información sobre las causas abiertas, al encontrarse en fase de instrucción, se conoce con cuentagotas. Sin embargo, Gehitu, ha hecho público que se ha personado como acusación popular en siete procedimientos que están abiertos en diferentes salas de Bilbao por dos tentativas de homicidio y por cinco posibles homicidios tras los que se habrían cometido diferentes delitos patrimoniales. Tras las dos sentencias -de asesinato y de intento de homicidio- se producirá la apertura de esta tercera y los cuatro procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Antes de que existieran los influencers como tal, existió una pareja que supo explotar su imagen a su favor para ganarse al público sin ellos pretenderlo, y siendo además una pareja de criminales, que robaba por beneficio propio. Hablamos de Bonnie & Clyde, que pasarían a ser leyenda tras su ejecución y que pervive gracias al cine y la literatura. Un 23 de mayo de 1934, un grupo de seis policías rangers ejecutaron a la pareja de criminales con 167 balas sobre su Ford V8 robado tras una emboscada en un pueblo de Indiana, Bienville Parish, y a pesar de estar muertos, su fama solo haría que crecer.

El inicio de Bonnie & Clyde, la pareja de delincuentes más famosa

Bonnie Parker y Clyde Barrow comenzaron su historia juntos desde el primer momento que se conocieron en la casa de una amiga en común. Lo suyo fue amor a primera vista, como contaría la propia delincuente en una carta a su amado mientras este estaba en la cárcel, y solo la prisión los separaría.

Ambos provenían de clases humildes, ella de una familia de clase media de madre costurera y padre albañil que moriría cuando era pequeña y se casaría a los 16 años con un marido que la maltrataría, y del que se divorciaría tan solo tres años después cuando él fue condenado por asesinato.

Clyde, por su parte, provenía de una familia de ocho hermanos a los que la situación económica las tenía llena de deudas, lo que lo llevaría a comenzar su actividad delincuente siendo menor de edad, siendo detenido por primera vez a los 20 años. En prisión cometería su primer asesinato, el de otro preso que lo tenía sometido, y se cortaría dos dedos del pie para no tener que volver a una cárcel de la que ya estaba liberado por un perdón judicial que había conseguido antes su madre.

Así se forjó el fanatismo por Bonnie & Clyde

Bonnie y Clyde no se separarían desde que se conocieron y ella comenzó a participar de los pequeños robos y asesinatos que él cometía, en los que nunca se le vio a ella disparar según testigos. Pero serían dos hechos los que harían que tuvieran miles de seguidores y fanáticos, con una opinión pública que los apoyaba.

Esto se debe al relato de los medios de comunicación y a la imagen que se tuvo de ellos cuando se encontró una cámara y unos poemas en una huida precipitada que hicieron en un hotel mientras eran perseguidos ya por la policía, con la compañía también del hermano de Clyde, Buck, y su esposa, Blanche.

La cámara fotográfica de Blanche que fue la que encontraron los policías fue revelada y las fotos que surgieron fueron instantáneas de jóvenes enamorados que posaban sonrientes, y que al aparecer en los periódicos se ganaron la empatía de un público que se fascinaba por esa pareja joven bien vestida. Además, también se publicaron los poemas de Bonnie, de su propio puño y letra en los que ella contaba su historia con Clyde romantizada y que comparaba con otros forajidos famosos como Jesse James.

Esto los hizo leyenda, la gente ya les ponía cara y esto los hizo ser icónicos, junto con el robo de coches, que hacían siempre escogiendo un Ford, con conductor, al que dejaban lejos y con dinero para que pudieran volver, y esto los hacía ser testigos que relataban el trato amable de Bonnie & Clyde.

Esos pequeños robos, sin planear e impulsivos en almacenes, tiendas y estaciones de servicio, los hizo famosos, pero también les hizo estar en fuga perpetua. La traición de Henry Methvin, quien negoció su inmunidad con la policía, fue clave para que les tendieran una emboscada en Indiana. Un lugar del crimen en el que tuvieron que frenar a una multitud curiosa que se acercó a tomar recuerdos como balas, partes del coche o incluso objetos de Bonnie, y se contó que tuvieron que despejar tras intentar algunos cortar una oreja al cadáver.

Uno de los responsables de la investigación de la Ertzaintza por la muerte de un hombre en Bilbao en octubre de 2021 ha afirmado en el juicio por este caso, en el que se juzga a un hombre acusado también de las muertes de otros cuatro varones, que “se produjo un homicidio”. “No puedo determinar si fue con intención de acabar con su vida o fue con intención de robarle o extraerle sus tarjetas y se le fue la mano. Pero tengo claro que fue un homicidio”, ha señalado. La Audiencia de Bizkaia ha acogido este jueves la segunda sesión del juicio con jurado popular que se sigue por este caso, por el que la fiscalía pide 16 años de prisión por homicidio y la acusación particular y popular solicitan una pena de 39 años por asesinato, mientras que la defensa únicamente reconoce un delito de estafa.

En esta jornada, según recoge Europa Press, han declarado once testigos, entre agentes de distintas unidades de la Ertzaintza que han intervenido en el caso y amigos tanto de la víctima como del acusado, tras lo que este viernes el juicio se centrará en las pruebas periciales. Los policías que acudieron a realizar la inspección ocular al domicilio de la víctima, tras ser localizada sin vida, han relatado que encontraron “todo en orden” y que “aparentemente” no había “signos de violencia visualmente”, por lo que no se hicieron búsquedas de huellas o de otras pruebas.

Sin embargo, el hermano de la víctima denunció movimientos en las cuentas bancarias posteriores a la muerte y la desaparición de un ordenador, por lo que se inició una investigación. Según ha explicado, uno de los agentes del grupo de Estafas, entre los movimientos detectados, “llamó la atención un nombre de una persona a la que en 2019 se le habían instruido diligencias por unos hechos parecidos”.

Aunque no se pudieron obtener imágenes de los cajeros de Bilbao en los que habían hecho extracciones con la tarjeta de la víctima porque ya no disponían de ellos en la entidad bancaria, ha relatado que se lograron las de una perfumería en el momento en el que se estaba realizando una compra. En esas imágenes, aparecían tres varones, de los que se logró identificar a dos de ellos. Según ha indicado, en ellas se ve cómo el acusado --al que reconoció “claramente” por las diligencias de 2019-- “en ese momento aporta la tarjeta y hace el pago”, y a un segundo varón que “interactúa también con la dependienta” y al que se identifica después cotejando con una ficha policial. Ambos, ha señalado, se consideraron como investigados como presuntos autores de hurto y estafa. En lo que respecta al ordenador, ha explicado el responsable de la investigación en otra de sus fases, se detectó que se había vendido “uno o dos días” después en un local “muy cercano” al domicilio de la víctima, por 213 euros, por parte de “solo una persona”.

En el transcurso de la investigación, ha relatado, llamó la atención un caso posterior, de diciembre de 2021, “en la misma zona prácticamente” con “un modus operandi parecido” aunque en esa ocasión la víctima consiguió escapar. En concreto, ha explicado, primero se contactaba a través de plataformas de citas con varones homosexuales para tener “en sus domicilios un encuentro” y después se intentaba “hacerse con las tarjetas o las claves de las cuentas para extraerles dinero”.

A juicio del responsable policial, teniendo en cuenta los datos de la investigación llevada a cabo, “se produjo un homicidio”. “No puedo determinar si fue con intención de acabar con su vida o fue con intención de robarle o extraerle sus tarjetas y se le fue la mano. Pero tengo claro que fue un homicidio”, ha señalado el responsable de la investigación hasta que, ha explicado, fue traspasada a otra sección encargada de crímenes seriales. También han comparecido como testigos dos amigas de la víctima y una compañera de trabajo, que le han descrito como una persona “muy sensata, inteligente”, que llevaba “una vida ordenada” y que no consumía drogas ni alcohol. Sus amigas han confirmado que utilizaba plataformas de internet para conocer personas y que había comentado que “había conocido a alguien”. El acusado en este procedimiento tiene una condena firme de diez años de prisión por un intento de asesinato de otro varón en Bilbao y se encuentra ingresado en la prisión de Basauri.

“Van a tener ustedes presente durante todo el juicio sentado ahí al acusado, pero yo les pido, por favor, que tengan presente a la víctima, que es la persona por la que estamos aquí. Yo no la conocía, pero hasta donde yo sé era una persona que tenía su trabajo, su familia, sus amistades y sus proyectos vitales. Era una persona que solo tenía 43 años, tenía media vida por delante y hasta donde yo sé no había generado jamás ningún problema a la sociedad, al contrario, era un valor positivo. Por eso quiero que lo tengan presente, porque ni por lo más remoto se podría imaginar que ese día, la persona a la que le abría la puerta de su casa, a la que dejaba entrar a su ámbito de intimidad, le iba a matar. Ni por lo más remoto se podría imaginar que ese día su vida se acababa”. De esta manera se ha dirigido la fiscal a los siete hombres y dos mujeres (y a la mujer y hombre suplentes) que forman parte del jurado popular en el juicio por el asesinato de un hombre en Bilbao a manos del ya condenado a 10 años por intento de homicidio e investigado por la muerte de siete hombres en 2021, Nelson David Moreno.

Es la primera vez que Moreno se sienta en el banquillo acusado de asesinato. En un juicio presidido por el magistrado José Ignacio Arévalo Lassa, la Fiscalía solicita para él una condena de 16 años y tres meses de prisión por homicidio, estafa continuada y hurto leve, mientras que la acusación particular y la acusación popular ejercidas por la Asociación de gais, lesbianas, transexuales y bixesuales del País Vasco (Gehitu) piden 39 años por un delito de asesinato con la agravante, entre otras, de actitud discriminatoria con el colectivo LGTBI. Su abogado solicita su absolución al sostener que falta pruebas.

Durante la primera jornada del juicio, celebrada este miércoles en la Audiencia de Bizkaia, se ha seleccionado el jurado popular, y el acusado ha declarado. A diferencia de en el juicio anterior, por tentativa en grado de homicidio celebrado en octubre de 2023, ha respondido a las preguntas realizadas por la fiscal y la acusación popular y particular, representadas por el abogado de Gehitu, Saúl Castro, además de las de su abogado, quien ha recalcado este hecho.

Según ha explicado la fiscal, acusado y víctima, según se cree, pero a día de hoy “no está acreditado” se conocieron a través de una aplicación. El encuentro fue en la casa de la víctima. “Entró a su casa, no sabemos qué pasó en un determinado tiempo, pero el acusado le dejó inconsciente o le mató directamente. Lo que hizo después fue llamar al servicio de atención de un banco del que la víctima era cliente, se hizo pasar por él y consiguió la clave e hizo un bizum”, ha detallado la fiscal. Una de las pruebas principales para argumentar que el acusado sí que estuvo en la vivienda de la víctima, algo que ha negado en todo momento, es esa llamada. Se le ha dado la posibilidad de realizar un cotejo de voz, pero el acusado se ha negado. Sin embargo, debido a que Nelson David Moreno ya ha testificado en otros juicios y tienen su voz registrada, la Fiscalía asegura que se “ha probado” que es él.

En su declaración, el acusado ha negado haber estado en la vivienda de la víctima y haberle provocado la muerte con la técnica 'Mataleón' de estrangulamiento. Como han recordado a los miembros del jurado tanto la fiscal como el abogado de la acusación popular y particular, todos los imputados en un proceso penal tienen derecho a mentir. Según ha declarado, fueron otros dos miembros de una banda de cuatro que se dedicaban a robar a través de esta técnica, los que quedaron con la víctima en su vivienda, mientras él esperó fuera “durante dos horas” a que salieran. Cuando salieron de la vivienda le entregaron a Nelson David Moreno, al que le llamaban 'Cali', una tarjeta de crédito que utilizó para retirar dinero y un ordenador portátil que vendió. Más vaga ha sido la explicación acerca de por qué recibió los bizums realizados desde la casa y con el móvil de la víctima en su teléfono. “Yo recibí el bizum, pero no lo hice yo. Para eso me contrataban. No tenía permiso de trabajo y tengo mi familia en Colombia. Me ofrecieron trabajo de tarjetero”, ha asegurado.

Según su versión, compaginaba el “dinero extra” de los robos y estafas con un trabajo de repartidor y realizaba reformas en domicilios. Aparentemente, los miembros del grupo, quienes se “marcharon a Venezuela”, según ha recalcado, contactaban con él a través de Instagram y hablaban con las víctimas a través de una cuenta a nombre de Carlos en la app de citas Guapo. Todos los miembros del grupo tenían acceso a dicha cuenta, pero en la declaración, el acusado ha aclarado que “él no habló” con la víctima, sino que verificaba “si le venía bien” la fecha, hora y lugar del encuentro. No obstante, ha asegurado que “nunca” se interesó por lo que pudo haber pasado con las víctimas y que “quiere pagar por lo que ha hecho”, pero “no por lo que no ha hecho”. “He sido ladrón y estafador, pero nunca he agredido a nadie. El bobo de la trampa fui yo. Me considero utilizado”, ha concluido.

En las próximas jornadas testificarán los agentes de la Ertzaintza que han intervenido, peritos, así como los particulares relacionados o con el acusado o con la víctima. Entre los testigos hay uno que ha sido clave en el caso, el hermano de la víctima, quien, según ha recalcado la fiscal “se dio cuenta de que se había sacado dinero de la cuenta de su hermano cuando estaba muerto”. “Si no llega a ser por él, no estaríamos aquí”, ha destacado, para después explicar que ha fallecido, por lo que testificará en su lugar el ertzaina con quien habló y al que contó su versión de los hechos. En un primer momento, al igual que otras muertes relacionadas con el mismo sospechoso, la muerte de la víctima fue considerada “natural”, un paro cardíaco, debido a que, como ha explicado la fiscal, “no tenía ningún tipo de señal externa ni interna de violencia”. “Una vez en su domicilio, estando ambos en el salón de la vivienda y prevaleciéndose de la creencia que Nelson David Moreno había generado en la víctima de que iban a mantener relaciones sexuales, actuando con ánimo de neutralizar a la víctima, asumiendo plenamente el riesgo y la consecuencia de acabar con su vida, así como con ánimo de facilitar la comisión de los delitos patrimoniales y de dificultar que se supiera su autoría de tales delitos, procedió a estrangular sorpresiva e inesperadamente a la víctima mediante una técnica letal de estrangulación antebraquial de presa carotídea, conocida como 'Mataleón'. Para ello el acusado se aprovechó también conscientemente del estado de intimidad e indefensión de la víctima que él había generado. La técnica estrangulatoria referida produjo que la víctima perdiera el conocimiento y en un breve lapso de tiempo falleciera sin poder oponer resistencia alguna y en un estado pleno de indefensión”, ha argumentado la fiscal.

Por su parte, el abogado de la acusación particular y popular, Saúl Castro, ha insistido en que  el fallecido “fue víctima de un asesinato discriminatorio cometido a sangre fría” por el encausado, “que seleccionó a la víctima exclusivamente porque era homosexual”. “Le hizo creer que quería tener relaciones sexuales con él, consiguió que le invitara a su piso con ese fin y le estranguló, con el método del 'Mataleón', con la finalidad de apropiarse de su tarjeta bancaria. No era la primera vez que hacía esto. Que fuera homosexual era un elemento principal y necesario. Si la víctima no hubiera sido gay el acusado no habría ido a su casa. Si el acusado se hubiera hecho pasar por un revisor del gas no estaríamos hablando de un hecho discriminatorio por ser homosexual. El hecho de que la víctima fuera homosexual era un elemento principal, deseado y necesario para el crimen”, ha indicado Castro quien ha descrito al acusado como una persona “calculadora y fría, un mentiroso profesional que sabe aparentar y actuar muy bien para zafarse de cualquier responsabilidad por sus actos”.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural y que aún siguen así.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional.

El pasado octubre de 2023 se celebró el juicio por intento de homicidio de una de las víctimas. Las tres jornadas de juicio, con los testimonios del acusado, la víctima, las vecinas de la víctima, los ertzainas y los forenses que han participado en el caso dejaron entrever que el acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de asesinato de otras dos, ya que en la habitación del acusado encontraron “documentación bancaria sobre compras con las tarjetas de los fallecidos, y bizums realizados minutos después de sus muertes”. Junto con ello, también hallaron teléfonos móviles de algunos de los fallecidos. Todos ellos utilizaban la misma aplicación de citas. Según la hipótesis de los ertzainas que han declarado, las personas fallecidas y que fueron declaradas como muertes naturales, “pudieron ser atacadas con la técnica del abrazo o 'Mataleón'”, que produce asfixia, la misma de la que la víctima de este caso logró escapar.

Las investigaciones de los delitos supuestamente realizados por el acusado se encuentran bajo secreto de sumario y la información sobre las causas abiertas, al encontrarse en fase de instrucción, se conoce con cuentagotas. Sin embargo, Gehitu, ha hecho público que se ha personado como acusación popular en siete procedimientos que están abiertos en diferentes salas de Bilbao por dos tentativas de homicidio y por cinco posibles homicidios tras los que se habrían cometido diferentes delitos patrimoniales. Tras la sentencia del Tribunal Supremo los seis procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Asistimos a un debate manipulado sobre libertad de expresión y censura, construido sobre un silenciamiento previo. El libro El odio objetivamente proporciona un nuevo altavoz a José Bretón, el criminal machista que asesinó el 8 de octubre de 2011 a los hijos de Ruth Ortiz, quemando sus cuerpos y fingiendo que se habían perdido en un parque, como venganza contra su esposa, según los hechos probados de la sentencia, por no aceptar la ruptura de una relación de maltrato.

Quienes priorizan su libertad por encima de todos los demás derechos y libertades, en particular los de las mujeres -eso sí es un clásico-, conocen los límites legales, establecidos en el artículo 20.4 de la Constitución de 1978: “La libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones tiene su límite en el respeto a los derechos fundamentales, especialmente al honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud e infancia”. Todas las editoriales deben saber que, según la ley (LO 1/1982, reformada en 2010), es una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de las víctimas “la utilización del delito por el condenado para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos”. Ya veremos si su contenido, además de violar esos derechos a la intimidad personal y familiar de las verdaderas víctimas, puede considerarse que quebranta la condena de prohibición de comunicación con Ruth y con sus padres por cualquier medio, directo o indirecto, durante cuarenta años. Eso lo decidirá la justicia, que por el momento ha denegado en la vía civil la medida cautelar interesada por la Fiscalía, por no haber podido valorar el conflicto de derechos al carecer del libro.

El debate está manipulado de antemano porque la única alternativa posible, una vez escrito y editado el libro, es impedir o no su difusión. Pero la responsabilidad de que no haya más alternativas que esa dicotomía es de quien decidió, voluntaria y conscientemente, no dar agencia ni voz siquiera a la víctima principal, una mujer que sigue viva pese al crimen devastador: se le ha impedido saberlo, contradecir las mentiras, prevenir o prepararse, y como consecuencia, ha sufrido un daño adicional catorce años después. Por eso solo ha podido pedir que se detenga. Ante ello, el patriarcado no solo la critica, sino que pretende erigir en víctima, merecedor de público apoyo, a quien causa un daño previsible y evitable, y admite haberse ahorrado esa comunicación para que no interfiriera en su proyecto personal. Si decides dar altavoz a un asesino machista contando solo su versión y difundiendo sus mentiras, las que dijo en el juicio u otras nuevas, tienes que saber, como sabe cualquiera que pisa una cárcel, que se presentará como víctima, y que si envías sus mensajes al exterior, tienen una destinataria a la que él tiene prohibido dirigirse. Es una ofensa intelectual muy propia de estos tiempos sostener ese análisis de brocha gorda entre libertad y censura, simulando defender la fina pluma de la literatura, eso sí, con el prefacio del máximo respeto a las víctimas del terrorismo machista. Ampliemos un poco la mirada y el debate.

Hablemos de la violencia de género. Lo mínimo para comprender que es una violencia específica, distinta al resto, que tiene mil caras y utiliza cualquier instrumento al alcance del agresor. Incluido un libro. Una violencia con tantas modalidades de actuación como vidas a las que afecta (600.000 mujeres al año, sin contar otras víctimas, según los datos oficiales, de las cuales casi 200.000 denuncian). Un hombre machista está convencido de que tiene derechos sobre las mujeres, reclama su “patria potestad”, considera a “su” mujer, hijos e hijas no como personas y sujetos de derechos, sino como objetos de su propiedad. Cuando nombran a sus hijos, reales o potenciales, como “sangre de mi sangre, no personas para criar o educar, sino para perpetuar la especie”, difunden el manual del patriarcado escrito durante siglos de historia con la sangre de sus víctimas, no la suya.

Partiendo de esta evidencia, cuesta menos comprender las violencias vicarias e instrumentales, directas e indirectas. En 2025, una “violencia de libro” no es solo un cadáver ni un ojo morado.

Ha costado décadas asumir que es violencia romper objetos de la casa sin tocar el cuerpo de la mujer e infancia que lo presencian. Una intimidación que ahora nos parece obvia.

También se ha aceptado ya socialmente la violencia vicaria, que es legalmente violencia de género desde 2021: la que utiliza a los hijos -u otras personas allegadas menores de edad- como arma o meros instrumentos de la violencia contra la mujer -otra vez objetos, no personas- para golpear donde más duele. No son solo los casos de asesinatos: conocemos miles de víctimas de violencia machista que pasan con angustia y miedo cada hora de régimen de visitas del agresor y en vela cada noche. Aunque hayamos conseguido cambiar la ley y que la regla general sea suspender los contactos ante los indicios de violencias machistas, aún hay gente que defiende, contra toda evidencia, que un maltratador puede ser un buen padre.

Hablemos de otros casos reales de violencias instrumentales, un poco menos directas que un puñetazo: el abuso de propiedades comunes, desde el coche hasta el piso, para que ella reciba multas y embargos o sea desahuciada. Recuerdo un atestado con imágenes de una víctima de maltrato a quien el Juzgado obligaba a compartir por quincenas el hogar, donde permanecía el hijo común, y lo recibió pintado de negro, asquerosamente sucio y lleno de material pornográfico y preservativos usados. Un exmarido que adquirió el edificio entero sin residir en él, por el alejamiento. El que compró acciones de la empresa para adquirir la mayoría social y que ella pasara a ser su empleada. El que operó a su exmujer, realizó mastectomía bilateral y prescribió ovariectomía. El que utilizó las portadas de las revistas de cotilleos para que toda España creyera que ella era una mala madre. El que daba la dirección de su ex y fotografías a los compañeros de módulo que salían de permiso. 

Por supuesto, el uso y abuso de las instituciones, en particular de la administración de justicia. Cuando el Código Penal castigaba como falta el incumplimiento del régimen de visitas, había hombres que conseguían tener a sus ex parejas más horas en los Juzgados que cuando trataron de retenerlas en casa. “No denuncia para ver al niño, sino a mí”. Qué mujer separada no recuerda que el cumplimiento de las visitas condicionaba su horario, sus ingresos, sus pocas actividades de ocio, vacaciones, celebraciones familiares. Algunas sentencias o acuerdos permitían al hombre un control mayor que cuando convivían. 

Porque de eso se trata: del control. Del poder sobre la vida de la otra persona, de la mujer como persona subordinada, obligada -lo estuvimos legalmente en el franquismo- a obedecer y seguir al marido, a estar pendiente de sus deseos. 

Hablemos de la evolución de las formas de quebrantamiento de condena, cuando la pena incluye la prohibición de comunicación por cualquier medio, directo o indirecto: antes se consideraban sólo delito de quebrantamiento las expresiones dirigidas a la víctima por el delincuente; ahora también por terceras personas, no solo por mensaje sino también por los estados o perfiles en redes sociales o aplicaciones de mensajería; canciones, fotografías, llamadas sin mensaje… y por supuesto, un libro puede ser perfectamente instrumento de ese delito, otra violencia machista del delincuente. La protección legal de las víctimas, tanto las mujeres como las criaturas, que conlleva la suspensión de visitas con el agresor, parte de la evidencia de que, una vez perdido el control sobre ella tras la separación personal, el agresor busca nuevas vías para estar presente en su vida y continuar haciéndole daño. Sabiéndolo, es más difícil que la gente peque de ingenuidad, siendo consciente de cuándo se le está facilitando una nueva vía de contacto, que es un factor objetivo de riesgo de violencia. 

También debemos tomar conciencia de la jactancia del crimen, una actitud sobradamente compatible con el arrepentimiento formal, la confesión del delito e incluso la reparación meramente económica del daño, reconocidas incluso legalmente como atenuantes, carentes de un mínimo enfoque de género en el conocimiento y la comprensión de esta violencia estructural.

Finalmente, tampoco se ha destacado estos días que el criminal no solo mató a sus hijos: fingió su desaparición pretendiendo torturar a la madre de por vida, condenarla a creer que estaban vivos y convertirla en una mujer errante en eterna búsqueda, negarle hasta el duelo y el ínfimo consuelo humano del entierro. Como hizo diez años después Tomás Gimeno con las hijas de Beatriz Zimmermann en Tenerife. Un intento de máximo control sobre la vida de las mujeres: el castigo infinito por pretender vivir como seres humanos libres e iguales. El apoyo social a los agresores machistas es aún demasiado flagrante en los medios, en el fútbol, en las redes, como para seguir alegando ignorancia. Quienes tienen altavoces y deciden quiénes tienen voz en los debates, han hablado muy poco esta semana de esa libertad, la de las mujeres. Y de los silenciamientos, castigos y violencias sistémicas, en las que algunos viven como peces en el agua. 

Uno de los conceptos que todos repetimos y, al mismo tiempo, nos negamos a entender, es el de la banalidad del mal. Que los que cometen actos horribles no suelen tener ningún interés como personas, que a menudo son mediocres con motivaciones mediocres con la profundidad de pensamiento de un charco. Y, sin embargo, dejamos que un acto de brutalidad ilumine sus existencias banales, buscamos explicaciones filosóficas y complejas a sentimientos y acciones mezquinos. El racismo, el machismo, el clasismo, las relaciones de dominación institucionales de los hombres sobre las mujeres, el abuso de la infancia vulnerable, la negación de la Ilustración, la explotación de nuestros semejantes, las supersticiones y conspiraciones son la expresión de nuestros límites, de la insignificancia, la incapacidad, de nuestra banalidad. Lo complejo es la bondad, la empatía, el amor, el perdón, pero una y otra vez buscamos explicaciones en lo más sencillo de entender, que es nuestro lado más miserable.

En España, en 2011, un hombre mediocre y sin interés asesinó a sus hijos para hacer daño a la mujer que se le escapaba. Intentó ocultarlo, no pudo, acabó en la cárcel, y la madre, Ruth, ha tenido que vivir cada día después de ese sin sus hijos y dañada para siempre. La sociedad, o sea, nosotros, nos negamos una y otra vez a elevarnos sobre lo peor que somos, chismorreamos sobre sucesos y muertes ajenas y de vez en cuando, aparece alguien que disfraza el morbo de creación artística y eleva la tertulia truculenta a literatura sobre los límites del ser humano. En ese punto estamos con la publicación de El odio, de Luisgé Martín, de la editorial Anagrama. Un libro lleno de párrafos que me han producido vergüenza ajena y que la editorial y el propio autor se han apresurado a comparar con A sangre fría, La ciudad de los vivos o El adversario. Es como comparar El Valle de los Caídos con la Piedad de Miguel Ángel. Esta historia, como todo lo que sucede en el mundo actual, no podía contarse sin la falta de pudor, el olvido de los otros, la importancia del marketing, el rechazo al talento y la defensa torticera, al estilo trumpista, de la libertad de expresión.

Si se quiere buscar una explicación a lo que hizo Bretón, que no es el objetivo de este libro, bien hubiera estado hablar con la madre y con cualquier asociación o institución que trabaja con las víctimas de violencia machista. Ellas lo han contado muchas veces pero no tienen el interés ni el morbo suficientes. Al fin y al cabo, las víctimas solo sufren pasivamente a su agresor, jamás han llevado la trama hacia adelante. Siempre vende mejor el romanticismo idiota en torno a los asesinos, el intento de sofisticar la crueldad, concediéndola un misterio que nunca tuvo, que hablar con ellas, casi siempre ellas. Los expertos en la materia, y las mujeres víctimas, se esfuerzan en desmentir lo que la ficción, y El odio es ficción en el sentido de que es engaño, se empeña en afirmar. Desmontar con rigor científico o periodístico las fantasías que tantos argumentos han proporcionado al true crime es demasiado trabajo. También es demasiado pedir que se huya de la afectación y de dar color a los asesinatos, especialmente de niños, especialmente los que se enmarcan dentro de la violencia hacia la mujer.

Bretón utiliza el libro y al autor para dirigirse a la mujer cuya vida destrozó y a la que no puede dirigirse mientras viva por sentencia judicial. Sus hijos fueron un instrumento, el libro es otro que se le ofrece en bandeja y, que de nuevo, insulta la memoria de esos niños y agrede a su madre. El autor, demasiado preocupado por contarnos cómo se siente él ante la visión de lo que considera el mal absoluto, no piensa en ningún momento en la madre y sus hijos. Reconoce el encantamiento, le da el beneficio de la duda, le lleva ropa a prisión (ropa que no compra el autor, sino la madre del autor porque el autor es un hombre ocupado), se esfuerza por contarnos que no le cree pero que es humano (menudo descubrimiento), hace de portavoz y decide, y lo justifica como una decisión creativa, ignorar a la víctima del crimen. Me resulta difícil creer que una editorial como Anagrama no prevea la reacción de la madre de los niños asesinados y la polémica que va a acompañar a la publicación del libro y el efecto en las ventas. No me entiendan mal: estoy a favor de que se publique este libro banal y mediocre que ha decidido que la mejor campaña de ventas era provocar la reacción de la víctima. Aquí no hay misterio. Solo vulgaridad y mucho, muchísimo dolor.