Como cada verano, la Junta de Andalucía se ve obligada a restringir el acceso de vehículos a las playas ubicadas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería, con el objetivo de preservar un entorno de altísimo valor ecológico. Las restricciones, que comenzaron el 21 de junio y este año es activan una semana más que en 2024, estarán vigentes hasta el 28 de septiembre de 2025.

“Las playas naturales situadas a poniente de la barriada de San José, comprendidas entre la de Genoveses y Cala Carbón, pertenecientes al término municipal de Níjar (Almería), dentro de los límites del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, constituyen un espacio natural de elevado valor ecológico, geológico y paisajístico considerado como uno de los enclaves más privilegiados de la franja litoral mediterránea”, detalla la disposición que limita el acceso a Cabo de Gata publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar destaca su carácter semidesértico y de pasado volcánico. Su fauna y flora endémica particular y sus diversos biotopos naturales crean la necesidad de proteger este frágil ecosistema.

“La aglomeración de personas y vehículos que se concentran en estos parajes naturales durante el periodo estival supone el deterioro del ecosistema litoral que caracteriza el entorno”, abundan desde la orden. También explica cómo, sin restricciones, en época estival se generan “problemas de colapsos en las vías de acceso que impiden garantizar tanto las condiciones mínimas de seguridad en caso de incendio forestal o cualquier situación de emergencia que pueda generarse, como la cobertura de servicios básicos sanitarios y de salubridad”.

Playas y calas con acceso limitado en el Cabo de Gata

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (PRUG) precisan los límites del Parque Natural y además recoge las normas básicas de funcionamiento y regula la gestión del Espacio Natural Protegido.

Las playas y calas con el acceso limitado durante los meses de verano de 2025 son las de Los Genoveses, Barronal, Mónsul, Media Luna y Cala Carbón.

Cupo de vehículos y coste del aparcamiento

En total, se permite el estacionamiento de vehículos simultáneo a 399 en los aparcamientos establecidos en el Cabo de Gata, con el abono previo de seis euros.

En periodos de gran intensidad en temporada alta también habrá restricciones horarias al acceso de vehículos para evitar colapsos en los accesos a las playas del Cabo de Gata y garantizar la seguridad de los visitantes.

Autobús lanzadera

El acceso es posible a través de buses lanzadera desplegados por el Consorcio de Transporte de la Consejería de Fomento. El trayecto, con un coste a partir de los dos euros, permite el acceso a las playas sin tener que depender del vehículo privado.

Limitaciones a kayaks, piraguas y otras embarcaciones recreativas

El director conservador del Parque Natural, Salvador Parra, detalla que “las acumulaciones de embarcaciones en grandes números y sin control pueden afectar a la conservación de especies marinas litorales y deteriorar los valores paisajísticos del parque. Además, pueden ser incompatibles con otras actividades de uso público”. Es por ello que se limita la actividad recreativa de kayaks, piraguas y otras embarcaciones flotantes sin motor.

La resolución limita a grupos de cinco las agrupaciones de kayaks, piraguas y otras embarcaciones flotantes sin motor. En el caso de sobrepasar este número, será preciso contar con una autorización de la Delegación Territorial. En ella se establecerán las condiciones para que la circulación por el agua pueda tener lugar.

La Junta de Andalucía acaba de autorizar a la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas, S.L. (EADE), un centro privado adscrito a una universidad británica, impartir nuevas titulaciones en su oferta académica de enseñanzas universitarias en Málaga, en pleno debate político sobre la privatización del sistema universitario español.

La resolución de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación –publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)– amplía la oferta académica de este centro privado de estudios universitarios con cuatro nuevos grados. La autorización se concede apenas dos días después de que el Gobierno central le haya declarado la guerra a los “chiringuitos” universitarios, poniendo en marcha un endurecimiento de la normativa para crear universidades.

La EADE es un centro universitario adscrito a la University of Wales Trinity Saint David (de Reino Unido) con sede en la capital malagueña, que ha solicitado varias veces (sin éxito) el reconocimiento de universidad privada a la administración andaluza (en 2001, 2004 y 2018, según contó el propio director de Estudios Universitarios del centro en una entrevista hace dos años).

Durante el último mandato de Juan Manuel Moreno, ha multiplicado su oferta de títulos oficiales (autorizados por la Junta de Andalucía), sumando tres nuevos títulos de grados y tres de máster en 2023, y otros cuatro en 2025, tras la reciente autorización que le ha concedido la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos. Las nuevas titulaciones que incorpora ahora –pero que ya anunciaba en su página web como “en preparación”– son el Grado en Ciencias del Deporte y el Ejercicio, Grado en Diseño de Videojuegos, Grado en Gestión Hotelera y Grado en Animación y Efectos Visuales.

Un centro universitario con afán de universidad privada

La actualización de la normativa para el reconocimiento de universidades impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez se detiene a explicar “la creciente diversidad de modalidades de universidades privadas”, mencionando, entre ellas, a los centros privados adscritos. Distingue, además, entre la denominación de “universidad” y “centros universitarios”. Estos últimos funcionan como entidades privadas que imparten enseñanza universitaria, pero los títulos que otorgan dependen de la validación de una universidad oficial.

El centro EADE de estudios universitarios lleva más de 30 años de trayectoria en el sector de la formación. Y casi 25 intentando constituirse como universidad privada en Málaga. En 2018 –durante el último mandato socialista– presentó por tercera vez la documentación para convertirse en “la universidad privada de la Costa del Sol”. Entonces solo existía la Loyola –con sedes en Córdoba y Sevilla– y su objetivo era erigirse como la primera de este tipo en la provincia malagueña.

Ese propósito se ha visto frustrado por los reiterados informes desfavorables que ha obtenido su petición, mientras le tomaban la delantera en Málaga la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (Utamed) y la Universidad Europea de Andalucía, tres de los cinco campus privados que han recibido el visto bueno del Gobierno de Moreno estos últimos dos años.

Como centro adscrito a la University of Wales Trinity Saint David, solicitó el pasado mes de enero la incorporación de cuatro nuevas titulaciones a su oferta académica en Málaga. Petición que acaba de autorizar la Secretaría General de Universidades andaluza, al considerar que cumple con “los requisitos para la autorización de centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros”, recogidos en el Real Decreto que el Gobierno central se ha propuesto actualizar para frenar las “fábricas de títulos”, en palabras del presidente.

El director de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), Antonio José Cubero Atienza, ha dimitido “a petición propia” de su cargo para el que fue nombrado en febrero de 2023. Entre las funciones que tiene encomendada esta entidad dependiente de la Consejería de Universidad, se encuentra la evaluación de los complementos autonómicos, cuyo pago ha sido uno de los motivos de fricción entre el Gobierno andaluz y las universidades públicas de Andalucía, resuelta la semana pasada con un acuerdo en materia de financiación que busca materializar un pacto anterior, firmado en junio de 2024.

Aunque la resolución –publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)– asegura que el cese se produce “a petición propia”, también indica que fue “a propuesta del consejero”. Este periódico ha contactado con la Consejería de Universidad para aclarar si la iniciativa partió realmente del propio alto cargo o si estuvo motivada por indicaciones del departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, y señalan que la fórmula empleada en la resolución es un “mero formalismo,” ya que quien eleva el cese al Consejo de Gobierno es el propio consejero.

Fuentes de la Consejería de la que depende la ACCUA aseguran que la decisión la ha tomado Cubero “por motivos personales” y han agradecido su “magnífica labor” al frente de la agencia, destacando la puesta en marcha de la misma, la acreditación europea obtenida y la agilización de los procesos de evaluación. Cubero, que es doctor en Ingeniería Agrónoma, formó parte del equipo rectoral de Gómez Villamandos en la Universidad de Córdoba (UCO) y fue uno de los compañeros que se llevó consigo a la Junta cuando asumió la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, según recuerdan fuentes universitarias.

Función de evaluar al profesorado

El hasta ahora director de la ACCUA, quien es catedrático en el área de conocimiento de Proyectos de Ingeniería por la Universidad de Córdoba (UCO), asumió el cargo en febrero de 2023, fruto de una elección que se llevó a cabo “teniendo en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad”, según informó el Ejecutivo andaluz en el comunicado remitido con motivo del Consejo de Gobierno en el que se dio luz verde a los estatutos de la agencia.

Esos mismos estatutos encomendaban a la agencia la función de “evaluar, acreditar y certificar las actividades de las universidades y de su profesorado, así como las iniciativas de investigación, desarrollo e innovación de los agentes del sistema andaluz del conocimiento”. La ACCUA valora, entre otras cuestiones, las actividades docentes, investigadoras y de gestión de los cuerpos docentes contratados en las universidades y evalúa las propuestas presentadas a las convocatorias dirigidas a fomentar la carrera investigadora y el desarrollo de proyectos de I+D, con “autonomía, imparcialidad e independencia”.

Además, asume la representación del sistema andaluz del conocimiento en los organismos y redes internacionales como es el caso de la Asociación Europea para la Calidad de la Educación Superior, el Registro Europeo de Agencias de Calidad Universitaria, la Red Internacional de Agencias de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior y la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes, 16 de diciembre, la convocatoria de concurso público para la adjudicación de 122 nuevas oficinas de farmacia en la comunidad autónoma de Andalucía. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno autonómico mediante una Orden de la Consejería de Salud y Consumo, abre nuevas oportunidades para profesionales farmacéuticos en toda la región.

Según informa la Consejería de Salud, la distribución por provincias es la siguiente: Almería, 17 oficinas; Cádiz, 5 oficinas; Granada, 20 oficinas; Huelva, 6 oficinas; Jaén, 1 oficina; Málaga, 50 oficinas; y Sevilla, 23 oficinas.

Primera convocatoria bajo el Decreto 36/2018

Desde la entrada en vigor de la Ley de Farmacia de Andalucía, el único concurso público para adjudicar nuevas oficinas de farmacia se celebró en 2010. Esta convocatoria es la primera que se realiza al amparo del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, que regula el procedimiento de adjudicación.

El sistema de adjudicación será por concurso público, garantizando los principios de publicidad, transparencia, concurrencia pública y mérito. Las nuevas oficinas de farmacia serán asignadas siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos en la Orden y las normativas aplicables.

Requisitos para participar en la convocatoria

Las personas interesadas deben contar con la titulación de licenciatura o grado en Farmacia. El plazo para presentar las solicitudes es de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOJA.

La solicitud y la documentación requerida pueden presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Junta de Andalucía en el siguiente enlace.

Para consultar los detalles completos de la convocatoria, accede al texto oficial publicado en el BOJA a través de este enlace: Convocatoria BOJA 2024/242/2

Las familias con ingresos por debajo de los 15.000 euros anuales y con menos de cinco miembros podrán pedir el cheque escolar único de 100 euros por hijo escolarizado; y a partir del quinto miembro se deberán añadir 3.750 euros a la renta anual por cada nuevo miembro computable. El plazo empieza este miércoles 26 de octubre y termina el 9 de noviembre. Así se explica en la orden publicada este martes en el BOJA para el curso 2022 -2023. Esta cantidad quiere ayudar a las familias gastos de comedor, aula matinal, actividades extraescolares, uniformes o material escolar con la subida de la inflación.

20 millones de presupuesto

La resolución de la concesión será en régimen de “concurrencia competitiva”, se priorizarán las peticiones en función de la menor renta per cápita de la familia y se abonará por transferencia bancaria. El cobro de este cheque es compatible con becas o ayudas al estudio concedidas por la Junta, el Estado o los ayuntamientos. Esta ayuda cuenta con un presupuesto total de 20 millones de euros con los que la Junta prevé alcanzar unos 200.000 alumnos andaluces.

Los vehículos con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify van a seguir operando en las ciudades andaluzas con ciertas restricciones. Fundamentalmente, esta es la premisa que se desprende del nuevo decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía “a contrarreloj” el pasado martes, en tanto que se aproximaba la fecha límite del 1 de octubre que había fijado el conocido como decreto Ábalos.

Restricciones que el taxi considera insuficientes para frenar “el intrusismo” que denuncian desde el sector, al entender que la normativa recién publicada en el BOJA es un “traje a medida de las plataformas y las multinacionales” mientras “deja en la cuneta a las 10.000 familias andaluzas del taxi” y sentencia al sector a “un futuro muy oscuro”, como lamenta David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi. En esta línea, la organización en defensa de los consumidores Facua Andalucía ha cuestionado la efectividad del nuevo decreto para garantizar el “equilibrio” entre las dos modalidades, además de criticar que “no está pensado especialmente en la protección del consumidor”, como indica a este diario su secretario general en la región, Jordi Castilla.

Sin embargo, para la titular andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, con la aprobación de la norma no hay “ganadores ni perdedores”, sino que es el resultado de “más de cien horas de negociación”, y de “poner en el centro los intereses de los usuarios”, así como la seguridad jurídica y la convivencia de taxis y vehículos VTC, según manifestó la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó el decreto ley.

“Son palabras vacías”, reprochaba David Capelo, después de su intervención y aseveraba que el “decretazo” (como lo han denominado desde el sector) “no contempla ninguna de las aportaciones y sugerencias que se le ha hecho llegar por parte del taxi”, contradiciendo así las palabras de la consejera.

Al día siguiente de su aprobación, la norma se debatió en el Pleno del Parlamento andaluz y la Marifrán Carazo volvió a defender que su departamento ha promovido una regulación del sector de los VTC “centrada en el usuario” para que tenga “el mejor servicio”. Y reiteró que “en ningún momento daña al sector del taxi”, sino “todo lo contrario”. Un pleno tenso y dividido en el que la oposición reprochaba al Gobierno de Moreno Bonilla no haber alcanzado un acuerdo con el sector del taxi y en su lugar, haber promovido una regulación que “viene a enquistar” el “conflicto” entre los taxis y los VTC, mientras que los populares elogiaban la determinación de la Consejería de Fomento en lo que han defendido como una regulación “valiente”. Entretanto, a las puertas del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, taxistas de todos los rincones del territorio andaluz pedían la dimisión de Carazo y lanzaban proclamas de “tristeza” y “enfado”, además de huevos contra el edificio.

¿Qué dice el decreto?

El decreto ley por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA, es decir, este sábado 1 de octubre. Según consta en el documento, la finalidad de este decreto es la de “establecer un marco común para la actividad” de los VTC en Andalucía, “tras las nuevas exigencias introducidas” en 2018 por normativa estatal, según la cual el Estado solo habilitaba a las VTC a prestar servicios urbanos (esto es, dentro de las ciudades) hasta el 1 de octubre y a partir de ese momento delegaba en las Comunidades Autónomas la decisión de que siguieran operando en territorio urbano y bajo qué condiciones.

Responde así, de acuerdo con el contenido del decreto, a la necesidad de “solventar el vacío legal existente para la prestación del servicio en el ámbito urbano” a partir de septiembre. Y se escuda diciendo que la no regulación (escenario anhelado por los taxistas) “tendría un impacto económico y en términos de empleo inasumibles para la sociedad andaluza, condenando además a un sector [el de los VTC] a la práctica desaparición”, así como “efectos negativos para la movilidad urbana”.

Por ello, se autoriza a los vehículos con conductor a “seguir desarrollando su actividad en el ámbito urbano” en aras de “asegurar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios”, al tiempo que se establece un conjunto de “limitaciones al servicio de VTC”, de acuerdo con el planteamiento del Tribunal Supremo, para “permitir una competencia equilibrada entre ambas modalidades de transporte urbano y hacer posible con ello el mantenimiento del servicio”, tal y como recoge el texto.

Medidas concretas

En este punto, el decreto se remite a la ley estatal que regula la actividad de las VTC - el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre - en el que dice basarse para garantizar que se diferencie la actividad de estas dos modalidades que compiten en el mismo mercado de transporte urbano. Así, los VTC “únicamente podrán circular si se justifica que están prestando un servicio previamente contratado” y “en ningún caso” podrán “circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente”. Esto es, precontratación y prohibición de captar clientes alzando la mano a pie de calle. A partir de ahí, se establecen entre otras, las siguientes limitaciones al servicio de los vehículos de transporte con conductor, que están siendo en algunos casos objeto de controversia:

No se concederán más autorizaciones. A partir del sábado, operarán en el territorio andaluz los mismos vehículos con licencia VTC que hasta ahora, y solo podrán ampliar el número en un futuro si se cumple la ratio fijada por el Gobierno de España de un VTC por cada 30 taxis. Actualmente, Andalucía registra una proporción de un VTC por cada 2,7 taxis. Desde la Consejería explican que dicha proporción podría alcanzarse en caso de que algunas licencias VTC decaigan por no cumplir las condiciones, llegado el momento de la renovación. Con todo, este punto lo han recibido con alivio los representantes de los vehículos con licencia VTC, porque “no se ven afectadas las que ya están concedidas a día de hoy”, y se evita así el temido “ERE de 8.000 trabajadores que supondría ajustar la proporción a la que establece el decreto Ábalos”, como explica el secretario regional de acción sindical de la Federación de Servicios para la Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Andalucía, Juan Antonio González. Por tanto, en nombre del sector, desde UGT-A “se dan por contentos” de que la Consejería “haya regulado el sector”, pudiendo “garantizar la estabilidad del sector de las VTC en Andalucía”.

Limitación espacial. Esta es la principal medida en discordia. El decreto elaborado por el departamento de Carazo establece “zonas de protección” de alta demanda en las que los vehículos con conductor no podrán aparcar ni circular sin contratación. De esta forma, a menos que hayan sido contratados por un usuario, tendrán que permanecer alejados 300 metros de aeropuertos, puertos y estaciones de tren y autobús, y a 150 metros de hospitales, centros comerciales, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o espacios en los que se esté celebrando un evento multitudinario (deportivo, cultural o socia). Con la excepción de “aquellos servicios que deban prestarse de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera”.

No obstante, la reivindicación del taxi instaba a limitar la precontratación por un criterio de tiempo - de al menos 15 minutos - y no de espacio, pues consideran que esta última en la práctica no va a suponer gran cambio para el servicio de los VTC. Una medida (la del tiempo) que cuenta en el Parlamento Andaluz con el visto bueno del ala izquierda y también con el posicionamiento favorable del Ayuntamiento de Sevilla.

Sin embargo, la Consejería de Fomento ha optado por desestimar esta demandada por “la inseguridad jurídica” que propicia a la Administración, en palabras de Marifrán Carazo. Alude en este punto la consejera de Fomento al caso de Catalunya, donde su aplicación provocó que “Uber abandonara” la región y acarreó “reclamaciones patrimoniales millonarias” contra la referida administración autonómica que “aún no están resueltas”.

Prohibida la geolocalización previa a la contratación. Es decir, el usuario solo podrá conocer la ubicación del vehículo solicitado una vez contratado. Antes de solicitar el servicio, no podrá disponer de información acerca de los vehículos disponibles ubicándolos en el espacio.

Características técnicas. Los nuevos vehículos con licencia VTC que se incorporen a la circulación (por sustitución, por ejemplo) deberán reunir determinadas condiciones técnicas relativas al color (todos serán negros) y al tamaño (un mínimo de 4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco y 4,5 metros para los cero-emisiones). El tema de la rotulación quedará sujeta al desarrollo reglamentario posterior a la norma, pero “en ningún caso se instalarán signos o elementos externos que induzcan a confusión con la actividad de los taxis”.

Al respecto, Ignacio Manzano, presidente de la Asociación Andaluza de Alquiler de Vehículos VTC, Andeval, ha expresado preocupación por “algunas restricciones desproporcionadas, como las medidas de los vehículos”, pues entiende que “el tamaño mínimo, sobretodo en vehículos ECO, ralentizará sin duda el proceso de electrificación del parque de vehículos en Andalucía y dificultará el acceso a alternativas de movilidad más sostenibles para los usuarios”. Aun así, celebra como “una buena noticia” que la nueva regulación “garantice la continuidad del sector de la VTC en Andalucía”.

¿Y los derechos de los consumidores?

Durante las diversas reuniones que han mantenido con los dirigentes andaluces, Facua asegura haber trasladado propuestas para que la normativa contemplara un marco de relación de derechos entre los usuarios y las VTC. Sin embargo, “las promesas de protección al consumidor asumidas con Facua” se han “diluido” en el texto “sin concretar nada y sin que en la práctica suponga ningún avance” para mejorar los derechos de los usuarios, aun cuando “el documento refleja algunos detalles tan específicos como el color o las medidas de los vehículos, pero no así qué derechos tienen los usuarios a la hora de usar estos medios de transporte”, critica Facua Andalucía.

Precisamente, algunas de estas propuestas han quedado sujetas al posterior desarrollo reglamentario y a la potestad de la administración, como lamenta Jordi Castilla. Por un lado, en lo relativo a limitar los precios abusivos - que en los VTC no están sujetos a tarifa administrativa, como sí los del taxi - el texto recoge que “se podrá establecer una tarifa máxima por proporcionalidad y necesidad”, “previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios”.

De esta forma, el límite “queda condicionado a un acuerdo con las plataformas” y si Uber o Cabify “no quieren ceder en determinados aspectos, no existirá este marco de derechos para los consumidores”, advierte la organización. Con lo cual “podría no aplicarse nunca esta limitación y aún así se estaría cumpliendo la ley”, lamentan el secretario general de Facua a nivel regional.

Otro de los elementos del que se había hablado de manera expresa en la negociación y que han quedado “en el aire”, es el relativo a las “indemnizaciones por daños y perjuicios concretos, especialmente en el caso de que los prestadores cancelasen el servicio de manera unilateral”, como denuncia Facua. Por último, Jordi Castilla reprocha a la Junta de Andalucía que “tampoco esté garantizando el acceso universal de las personas con movilidad reducida”, pues la normativa estipula que el 5% de vehículos adaptados solo será imprescindible en las flotas con más de 100 coches.

El papel de los ayuntamientos

Otro punto controvertido del decreto es la cesión de “la potestad sancionadora” a los ayuntamientos. Con este gesto, la Consejería de Fomento demanda la “colaboración” de los gobiernos municipales a la hora de “vigilar la aplicación de la ley”, con el aliciente de que podrán hacer uso propio de la recaudación. Así lo dio a conocer la titular andaluza de Fomento en rueda de prensa, asegurando que contaba con el visto favorable por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Asimismo, el decreto concede a los consistorios la potestad de recrudecer las sanciones a los taxis que operen sin licencia y de regular en su ámbito territorial un máximo de 52 días de descanso al año para los VTC “para garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda del transporte urbano de viajeros”, si bien “en ningún caso podrán implantarse durante los periodos de mayor demanda del servicio”, como reza el documento.

No obstante, el delegado del Área de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha criticado la intención de “traspasar una competencia propia de la Junta de Andalucía” a los consistorios en la medida en que “supone para los ayuntamientos un coste añadido y una complejidad” referente a la “tramitación de las sanciones y la inspección”. “¿Quién controla e inspecciona eso?”, se ha preguntado el delegado que subraya la “complejidad” que entraña para el Ayuntamiento sin que “la Junta hable para nada de proporcionar medios”.

En cualquier caso, la nueva regulación de los VTC ya ha echado a andar en Andalucía con el taxi andaluz en contra. “Estamos muertos, pero no enterrados”, afirma a este periódico David Capelo. Por ello, sostienen que seguirán trasladando su malestar al Gobierno de Moreno Bonilla, aunque avanzan ya que “a partir de ahora” van a “emprender otro camino”: el de las reclamaciones judiciales. “Sabemos que la justicia es lenta pero creemos en ella y en los jueces encomendamos nuestro futuro”, sentencia el presidente de la Unión Sevillana del Taxi en nombre del sector.

“Estamos desquiciados. Al límite. A mí se me acaba el paro este mes, estoy en casa de mis padres porque no tengo sueldo, y tampoco es fácil buscar trabajo diciendo en la entrevista que soy funcionario. ¿Dónde se ha visto un funcionario de carrera en paro? Se suponía que iba a casarme el año que viene, comprar una casa, vivir… Haces esto para asegurarte la vida, y mira”. Daniel Marín tiene 30 años, es de Jerez y ha aprobado con plaza unas oposiciones a funcionario de la Junta de Andalucía. Sabe que será funcionario del cuerpo superior, especialidad en gestión financiera, pero no sabe cuándo y ni dónde. Es un funcionario en paro.

Como él, cientos de opositores (los examinados calculan que más de 700) reclaman desde hace meses que la Administración autonómica resuelva de una vez procesos que arrancaron hace más de un lustro. Muchos de ellos se presentaron por acceso libre, han aprobado y tienen plaza, pero aún no se han publicado las vacantes ni se les han adjudicado. Otros esperan lograr plaza en algunos de los procesos de estabilización que la Junta sigue sin resolver.

La primera oferta de empleo público (OPE) se publicó en BOJA en noviembre de 2017, pero la Junta de Andalucía retrasó la convocatoria dos años, y acabó convocando en noviembre de 2019 las OPE de tres años: 2017, 2018 y 2019. En total, unas 2.500 plazas. A aquel primer retraso se ha ido sumando una ristra eterna, que arrancó por causa de fuerza mayor, la pandemia, y obligó a retrasar las primeras pruebas. Por ejemplo, el primer examen de gestión financiera, inicialmente fijado para marzo de 2020, se trasladó a septiembre.

A partir de ahí, entre el primer y el segundo examen pasaron seis meses, y antes del tercero, otros cuatro. Todo ello, a pesar de que el Reglamento General de ingreso de la Junta de Andalucía exige a la administración que entre prueba y prueba transcurran como mucho 45 días hábiles. Decenas de preguntas quedaron obsoletas y la administración tuvo que sustituirlas sobre la marcha. Hasta 20 en algún examen.

Así se plantaron en julio de 2021, en el caso de gestión financiera. En septiembre leyeron la última prueba y en diciembre de 2021, cuatro años después de la convocatoria, salieron las notas. Y desde entonces, silencio. “Es una convocatoria maldita”, comenta una opositora.

La demora en constituir el Colectivo 2

La única explicación que ha dado la Junta de Andalucía es que tiene que resolver recursos, según dijo en una entrevista en la SER Ana Vielba, secretaria general de administración pública, y que todo terminaría pronto. Sin embargo, el plazo para resolverlos finalizó el 3 de abril, en el caso de la especialidad en gestión financiera. “Recursos hay siempre y no entendemos por qué se está demorando tanto”, dice Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que llama a estos opositores “funcionarios en paro”.

Según los datos del Instituto Andaluz de Administración Pública, la situación afecta a la convocatoria en acceso libre y por estabilización de 28 cuerpos de funcionarios. A finales de mayo, la administración publicó la oferta de vacantes de los cuerpos C1 (Cuerpo General de Administrativos) y A1 (Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administración General), dos de los más numerosos, pero otros muchos siguen en vilo. A 24 de junio, ninguno de los 28 cuerpos que ofertaban tanto plazas ordinarias como de estabilización han publicado listado definitivo de aprobados con plaza. Seis de las convocatorias de estabilización siguen incluso pendientes de baremación. 

La administración no responde a cuántos, ni a cuántas personas afecta esta situación, pero los opositores estiman que, solo entre los cuerpos A1, A2, C1 y C2, quedarían por publicarse más de la mitad de las 1.500 plazas ofertadas. Tampoco aclara a qué se deben los retrasos ni cuándo prevé solventarlos.

“Hemos hecho todo tipo de escritos, y llamamos a diario a Función Pública y al Instituto Andaluz de Administración Pública. Ya no nos cogen el teléfono. Lo peor es la desinformación y el trato miserable”, lamenta Carmen, una opositora cordobesa. El 31 de mayo realizaron una protesta ante la Dirección General de Función Pública y lo único que consiguieron fue que cerraran las ventanas. “Nadie de la Junta de Andalucía nos dice nada. Cero. Con lo que eso conlleva”, protesta Marín, que define su situación: “Somos los opositores fantasma”.

Estos opositores añaden otro agravio. A pesar de tener la lista de aprobados desde hace meses, la Junta de Andalucía ha demorado la actualización del colectivo 2 de la bolsa de interinos hasta hace apenas unos días, sin explicar por qué. En este plazo, cientos de vacantes de interinidad han ido cubriéndose con candidatos de otras bolsas o procedentes del SAE (sin oposiciones aprobadas) mientras los aprobados en estas convocatorias (que tendrían preferencia de haberse actualizado la bolsa) seguían en casa de brazos cruzados.

Estrés, ansiedad e insomnio entre los afectados

ElDiario.es/Andalucía ha contactado con casi una decena de afectados. La mayoría prefiere no dar sus apellidos, por temor a que la administración les represalie. Casi todos lo apostaron todo a la oposición y tras cinco años estudiando están fuera del mercado laboral. Más aún, si tienen la oposición aprobada. “¿Qué digo en una entrevista de trabajo? ¿Soy honesto y les cuento que tengo una plaza y que me voy a ir en algún momento, o les miento?”, se pregunta Marín, que recuerda sin dudar el día que empezó a estudiar: el 16 de septiembre de 2016. Sabe que le espera una plaza, pero como no hay oferta de vacantes, no puede aventurar dónde, y tiene su vida parada.

Varios de ellos refieren estrés, ansiedad o insomnio, y algunos han pagado un duro coste personal. Pedro, de 37 años, empezó a estudiar en 2019: “Entre medias perdí a mi madre por la segunda ola y a mi padre de un derrame cerebral. Dejé de pasar tiempo con ellos para poder aprobar, nunca me lo podré quitar de la cabeza”. Dice que ni aprobando le habrá merecido la pena.

María C. tiene 46 años y se quedó en paro en el verano de 2017. Entonces empezó a preparar las oposiciones para Auxiliar Administrativo, las que le recomendaron porque tenía dos hijos pequeños. En la academia le aseguraban que los exámenes serían a principios de 2019, así que hizo sus cálculos, y le salían. Pero los exámenes fueron en marzo y julio de 2021.

Cinco años después de empezar, dice entre sollozos que en agosto agotará la renta de inserción. Tiene posibilidades de lograr una plaza en la convocatoria irresuelta, pero ha vuelto a sacar los apuntes, porque la Junta anunció en plena campaña la convocatoria de nuevas plazas de estabilización, aun estando sin cerrar las de 2017-2019. Una situación similar a la generada con las oposiciones al SAS en 2018.

La incertidumbre crea en estos opositores un dilema: ¿cómo dejar de preparar unas oposiciones cuando llevas tanto invertido en ellas? Puede que tenga plaza, pero, ¿y si no? Y al contrario: “¿Cómo puedo concentrarme y hacer malabares con mi familia para poder sacar esto adelante sin saber si tengo plaza? Y en el hipotético caso de que tenga plaza, ¿quién me devuelve estos meses de tiempo y dinero invertidos?”.

“No sé qué hacer con mi vida”

“Yo sigo sin saber si tengo plaza, y lo mismo tengo que preparar otra vez el mismo examen”, dice Fátima, de 47 años. En la misma situación está María G., que asegura que la situación le provoca episodios de ansiedad y se siente por “seguir desatendiendo” a su familia, lo que estaría repercutiendo en el desarrollo de su hija.

“Estoy ya agotada mentalmente: no tengo ganas de quedar con ninguna amistad porque me preguntan si tengo plaza o no, y no tengo ganas de hablar del tema. No sé qué hacer con mi vida: si estudiar de nuevo, si buscar trabajo...”, dice Cristina, de 34 años y opositora al cuerpo de administradores generales (grupo C2). Dejó su trabajo de diez años en 2018 y ahora cuando habla del asunto siente ganas de llorar: “Pensé que pasaría varios años encerrada pero que tendría mi recompensa: derechos, trabajar en la categoría que me corresponde, el salario que me pertenece y, sobre todo, tener vida”.

A pesar de su intensa campaña en Twitter, los “opositores fantasma” lamentan que ningún partido político o sindicato haya recogido sus reivindicaciones. Dice María que no son tan complicadas: “Sólo pedimos que resuelvan. Que aceleren. En seis meses, el Estado va a tener su listado de aprobados con plaza de C2 en estabilización. Nosotros hace un año que hicimos el examen. Y el problema no es solo que no resuelvan, sino que no informan. Estamos así cientos de personas: sin dinero, con problemas de ansiedad, echando tiempo y dejando de lado cosas importantes. Solo necesitamos que nos aclaren. ¿Tan difícil es?”. 

De nuevo otro fin de semana con todos pendientes del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), esta vez de su ya tercer número extraordinario del recién estrenado 2021 a cuenta de las medidas para hacer frente a la pandemia y que le han dado a la edición digital -y actualmente única- del diario cifras de bestseller, si no fuera porque es gratuito, claro. Han sido las sucesivas órdenes que la Junta de Andalucía ha publicado con restricciones para intentar frenar el avance del coronavirus las que han disparado las visitas a la web: de los 23 millones de páginas vistas en 2019 a más de 40 en 2020, un año que se ha cerrado con 91 números extraordinarios, cifra nunca antes conocida.

Lo más leído durante el pasado año en el BOJA fue la publicación del 29 de septiembre de 2020 con la orden por la que se adoptaron “medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19”, en localidades o parte de las mismas que ya tenían limitada la movilidad. Era esa orden la que se prohibían las salidas y entradas a residencias de la tercera edad o se limitaban a 15 las personas en los velatorios o a un 50% el aforo en los establecimientos de hostelería, justo después de que la Junta de Andalucía anunciara un primer municipio confinado: Casariche. Era también ese día en que se hizo viral el vídeo del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, explicando cómo y en qué condiciones podía la gente reunirse en las viviendas. Nada menos que 852.207 páginas vistas tuvo este BOJA, cinco veces más que el más consultado en 2019, en concreto el 25 de marzo, con la convocatoria de oposiciones para maestros, con 168.080.

También en 2018 fue una convocatoria de oposiciones, en ese caso para el cuerpo de profesores, con una orden del 5 de abril, también con una marca (143.915) lejos de las batidas este año. Y es que están las consultas de los opositores, de los periodistas, pero también de la ciudadanía, que parece haber optado bastante por la fuente más oficial posible para informarse durante esta pandemia. Esto obliga a veces a llevarse hasta el filo de la medianoche de la entrada en vigor porque en ocasiones ha sido publicado in extremis por la Junta de Andalucía, a lo que hay que sumar casi siempre una segunda entrega con “correcciones” de estos números extraordinarios, en ocasiones fruto de rectificaciones y otras, de lo errático de la última hora.

El caso es que el BOJA ha sumado en 2020 un total de 10.861.040, según datos facilitados a través de una resolución por el Portal de Transparencia, lo que supone unos dos millones más que en 2019 (7.802.571). Desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior explican que para su obtención se utiliza la herramienta Google Analytics, desde 2017. Como se trata “de una fuente de datos externa, a día de hoy, Google Analytics no proporciona información acerca de las descargas de ficheros”.

El furor que ha causado el BOJA este año coincide con la puesta en marcha de un sitio menos visitado por el momento y con el que la Junta de Andalucía dice que pretende combatir los bulos, una estrategia que distintos gobiernos están poniendo en marcha. El último post ha sido precisamente una información para desmentir que se hubieran equivocado con la compra de jeringuillas para la vacuna contra el coronavirus, como publicaron determinados portales de internet.

Los días previos al cese de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y al nombramiento de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo dirigente andaluz, publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 18 de enero, la administración andaluza, dirigida todavía el PSOE, apuró para incoar los procedimientos para la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de hasta nueve emplazamientos de la comunidad autónoma.

En concreto, los BOJA de 16 de enero y 17 de enero publicaron oficialmente los acuerdos de la Dirección General de Memoria Democrática de incoación de los procedimientos que se tomaron, precisamente, uno o dos días después de que PP y Vox acordaran, entre otras muchas cuestiones, “promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica”. La Ley de Memoria aprobada por el Parlamento andaluz en marzo de 2017 ha favorecido que estos años hayan sido señalados decenas de espacios emblemáticos, dibujados ya en 2015, vinculados con el golpe de Estado militar de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, para servir de homenaje a las víctimas de la represión.

Ciudadanos, el socio del Gobierno de coalición, se ha desentendido de estos acuerdos entre PP y Vox, pero en su programa para las elecciones, como en el de los populares, no se incluía ninguna referencia a la memoria histórica. La nueva Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en manos de la popular Patricia del Pozo, acaba de asumir las políticas sobre Memoria Democrática, hasta ahora adscritas a la Consejería de la Presidencia.

La esquina de Caparrós

Las nuevas inscripciones para engrosar el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía se adoptaban, entre otros, para la vieja cárcel de Úbeda (Jaén), el Palacio de la Aduana de Málaga, la colonia de Víznar (Granada), el refugio antiaéreo de la Plaza de España de Villanueva de Córdoba, la Jefatura Superior de Policía y la sede de la Capitanía General de la Gavidia, en Sevilla, así como el lugar donde Francisco Rodríguez Ledesma fue herido de muerte, también en la capital hispalense. 

Estos nueve lugares y otros cinco más (entre ellos, la esquina donde asesinaron a García Caparrós, declarado Lugar de Memoria el 4 de diciembre de 2017) fueron ya valorados como tales el 18 de julio de 2017, cuando se cumplían 81 años del golpe de estado. Es decir, que año y medio después, en los boletines de 16 y 17 de enero, se ha ordenado incoar los procedimientos para declarar la mayor parte de esos lugares como espacios de memoria histórica.

Anteriormente a estos acuerdos, en el BOJA del pasado 10 septiembre se acordaba la inscripción de la fosa común del cementerio de San Roque, en el municipio de Puerto Real (Cádiz) y de la fosa común de Nuestra Señora del Buen Suceso y la Plaza de la Constitución, en el municipio de Baena (Córdoba), como Lugares de Memoria. Los diferentes acuerdos publicados ahora no estiman de aplicación ninguna medida cautelar salvo la señalización de cada lugar “para su recuerdo”, habilitando un plazo de 15 días como periodo de información pública de las decisiones.

Mantenimiento y custodia

La Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía regula la figura de Lugar de Memoria Democrática, estipulando todo un “régimen de protección y conservación” para los lugares declarados como tales, determinando que “la Consejería competente en materia de memoria democrática podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un Lugar de Memoria Democrática”.

Esta regulación expone que para “salvaguardar los valores históricos, etnográficos o antropológicos” de los lugares declarados de Memoria Democrática, “será necesaria la autorización de la Consejería competente, con carácter previo a las restantes autorizaciones o licencias, para cualquier cambio o modificación que se desee llevar a cabo, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso”.

En paralelo, el artículo 27 de esta ley regula las “obligaciones” de los propietarios de lugares de Memoria Democrática, comenzando por “el deber de conservarlos y mantenerlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores”. En consecuencia, la Administración andaluza goza de potestad para ordenar como tal a los propietarios, la ejecución de medidas destinadas a “garantizar la conservación, mantenimiento o custodia de los bienes inscritos como Lugar de Memoria Democrática”. Los dueños de inmuebles declarados de Memoria Democrática, además, tienen “la obligación de permitir su visita pública cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados”.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes las órdenes que regularán el regreso de las subvenciones de formación profesional para el empleo, por concurrencia competitiva, tras cinco años sin convocatoria, dado que la última fue en 2011.

Pero no se convocarán hasta que se publiquen las correspondientes resoluciones cuando se convoquen las mismas con las correspondientes cuantías. Esta vez, la Junta de Andalucía se dará un plazo de seis meses, en lugar de tres, desde la finalización del tiempo para la presentación de solicitudes que se establezca en la citada convocatoria, en principio dentro de unas semanas, para resolver la concesión de las subvenciones, de manera que con toda probabilidad los beneficiarios no empezarán a recibir las cantidades hasta el próximo año.

De este modo, en las órdenes que ya se pueden consultar en el BOJA se reconoce que “tras la experiencia de anteriores convocatorias, en aras de alcanzar una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de los proyectos a la vez que se revisa su contenido, dada la cantidad y complejidad de los expedientes, se establece un plazo de seis meses para adoptar y publicar la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones”. Se da la circunstancia de que estas subvenciones regresarán marcadas por más de dos años de investigación por su supuesto uso indebido, con varias causas abiertas en los tribunales y todavía sin resolver.

Otra de las novedades es que ya no se otorgará el 75% de la subvención y luego el 25% cuando se haya comprobado la documentación de justificación del gasto presentada por el beneficiario, sino que sólo se le adelantará el 60% y en dos fases. De este modo, tras resolución la concesión de la subvención y en un plazo máximo de tres meses se le otorgará el 25%. Una vez acreditado el inicio del curso, que será validado por el órgano competente en el seguimiento, se concederá otro 35%, también con un plazo de tres meses. El 40% restante lo recibirá el beneficiario en la liquidación final, siempre que la justificación supere el importe del anticipo y para lo que la administración se da un plazo máximo de 12 meses.

Dos órdenes

Se trata de dos órdenes: por un lado, la que regula los cursos para parados y para trabajadores en activo, que la Junta de Andalucía ha prometido dotar con 70,1 y 20,7 millones de euros respectivamente, y por otro, la relativa a escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y unidades de promoción y desarrollo, con otros 50,3 previstos, si bien tendrá que ser concretado cuando se conozca la convocatoria. La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo deberá convocar las subvenciones mediante resolución que será publicada igualmente en el BOJA y en la que se establecerá el plazo de presentación de solicitudes así como la cuantía total máxima destinada en cada caso.

Las subvenciones para cursos podrán pedirlas las entidades de formación, públicas o privadas, acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro. En el caso de las escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y unidades de promoción y desarrollo, la orden fija expresamente, entre otros requisitos, que no podrán concurrir entidades que hayan sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. Esto no impide concurrir a los investigados en los tribunales en el supuesto fraude de la formación porque no hay todavía condenas, ni siquiera juicio oral contra ellos. Tampoco podrán optar las entidades que no se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Eso sí, se considerará que se encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

En todo caso, el presupuesto total, que deberá ser confirmado cuando se publiquen las convocatorias, está en esta ocasión por debajo de los 150 millones de euros, cuando en las anteriores se aproximaba a los 200 por ejercicio. La Junta de Andalucía no ha podido llegar a más porque lo ha tenido que financiar con fondos propios, que ha logrado reunir con mucha dificultad, según ha reconocido el propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, después de que quedaran fuera de la convocatoria del Gobierno de España para 2016, que se cerró el pasado mes de octubre. De hecho, la Junta de Andalucía ha prometido hasta tres plazos diferentes para retomar estos cursos: finales de 2015, primer trimestre de 2016 y mayo, para finalmente conseguirlo en junio, por lo menos en lo que respecta a la publicación de las órdenes -que fueron enviadas al BOJA los pasados días 2 y 3- y a la espera de que sean convocadas las subvenciones.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este sábado el decreto de la presidenta, Susana Díaz, por el que se deroga el firmado por ella misma el pasado jueves y que retiraba a la Consejería de Fomento y Vivienda las competencias para adjudicar viviendas públicas.

El decreto, publicado en el Boletín Extraordinario número 1 y que entra en vigor este mismo sábado, devuelve a la citada Consejería dichas competencias después de que fueran retiradas tras el realojo de las familias de la Corrala Utopía de Sevilla y que había generado una crisis sin precedentes en la presente legislatura para los socios de gobierno PSOE-A e IULV-CA.

Desde este viernes está en vigor el decreto de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, por el que retira la competencia en materia de adjucación de vivienda protegida a la Consejería de Fomento y Vivienda. Figura publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 11 de abril de 2014. Lo firmó este jueves y se ha publicado un día después, pese a que a veces estas tramitaciones tardan varias jornadas y había quien apostaba porque pasaría el fin de semana sin que entrara en vigor.

Esta decisión se ha adoptado después de que esta consejería continuara adelante con su plan para realojar a la veintena de familias que habían sido expulsadas el pasado domingo de la conocida como Corrala Utopía, un inmueble de la avenida Juventudes Musicales de Sevilla que ocupaban desde el 15 de mayo de 2012. Eso, pese a las órdenes contrarias de la presidenta que tenía dudas legales sobre el procedimiento e intuía que se podía incurrir en prevaricación si no estaban perfectamente documentados los informes de los servicios sociales que acreditaran que era un caso de emergencia y de riesgo de exclusión social frente a otras personas que están en los registros de demandantes a la espera.

En dicho decreto la presidenta decide que “corresponden a la consejería de Hacienda y Administración Pública”, en manos de María Jesús Montero, las competencias “relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica” dentro de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en materia de vivienda protegida y suelo. También aclara que las otras dos consejerías de IU, Turismo y Comercio y Relaciones Institucionales y Administración Local, mantienen sus competencias.

El decreto se publica en medio de la negociación para intentar salvar el pacto de gobierno que el jueves se saldó con casi 12 horas de reunión y que se retoma este viernes por parte del comité de enlace. El decreto ya publicado pone las cosas difíciles, porque IU insistía en su retirada, pero también hay quien piensa en la coalición de izquierdas que todo se reconducible. Bastaría con retirarlo, porque en cualquier caso la presidenta dijo que era “provisionalmente”.