El Ayuntamiento de Madrid estudia una vía judicial para conseguir que Casa Árabe convoque su Consejo Rector y así desencadenar la expulsión del Ministerio de Exteriores del edificio que actualmente ocupa junto al parque del Retiro. Lo ha asegurado este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, después de constatar cómo ha quedado en nada el ultimátum que dio para que las Escuelas Aguirre fueran desalojadas por la institución el pasado 1 de septiembre.

En relación con la primera de las cuestiones, la Comunidad de Madrid no formaliza su salida porque el Ministerio no convoca al Consejo Rector. Nosotros ya hemos pedido al Ministerio, en reiteradas ocasiones, que convoque el Consejo Rector de Casa Árabe para poder formalizar la salida y, por tanto, para que nosotros podamos recuperar el edificio. Por tanto, lo único que tiene que hacer el Ministerio es convocar ese Consejo Rector y mientras no convoque ese Consejo Rector y no hay obstáculo para convocar ese Consejo Rector, está ocupando ilegalmente el inmueble de Casa Árabe.

“Estamos estudiando de qué manera podemos obtener amparo judicial para que el Ministerio convoque al Consejo Rector”, ha explicado Almeida en respuesta a una pregunta de Somos Madrid sobre la situación actual de Casa Árabe, consciente de que se encuentra actualmente en un callejón sin salida ante su intento de acabar con las actividades de la institución en el edificio municipal.

“Solo hay un requisito que impide la salida de la Comunidad de Madrid, la recuperación del edificio y la ejecución de obras, que es que el Ministerio no convoque al Consejo Rector”, ha admitido, corroborando lo que apuntaba esta misma semana Exteriores, que el consistorio no puede retirar su aportación al consorcio de Casa Árabe -el edificio citado- hasta que uno de los actuales miembros no certifique su salida.

Almeida ha seguido acusando a la cartera dirigida por Albares de encontrarse “ocupando ilegalmente” el edificio. A nivel formal, no obstante, no existe actualmente ninguna orden oficial de expulsión porque la Comunidad de Madrid anunció su salida pero no la ha podido ejecutar formalmente al tener que hacerlo en el Consejo Rector. “Le pido desde aquí al Ministerio que convoque mañana mismo el Consejo Rector. Mañana mismo”, decía.

En la situación actual, es difícil pensar que Casa Árabe vaya a convocar voluntariamente una reunión que derivaría en la clausura de su sede en Madrid. Por su parte, el alcalde sigue alertando de problemas estructurales para vaciar el edificio: “El Ayuntamiento de Madrid ha hecho todos los trámites para recuperar un inmueble que pone en riesgo la seguridad e integridad física de las personas”, ha añadido.

No existe “okupación” de Casa Árabe porque formalmente no se ha iniciado ninguna actuación legal que determine la retirada de la cesión del edificio. Desde el Ministerio de Exteriores se muestran tajantes ante las palabras pronunciadas por el alcalde de Madrid este martes, con las que acusaba a esta entidad de “okupación ilegal” por no haberse marchado de su sede de las Escuelas Aguirre el pasado 1 de septiembre, cuando finalizó su ultimátum. “Es falso”, aseguran con rotundidad.

“El Ayuntamiento solo puede legalmente retirar su contribución al Consorcio, que es el edificio, en caso de retirada de otro socio consorciado”, apuntan fuentes del Ministerio a Somos Madrid. “Esa retirada, la de la Comunidad de Madrid, se ha anunciado pero aún no se ha sustanciado, ni liquidado sus haberes, lo que debe hacerse en Consejo Rector”, añaden.

El propio Ayuntamiento admitía hace meses que la salida de la Comunidad de Madrid de la institución es necesaria a nivel formal para que el Ayuntamiento pueda ejecutar el derecho de recuperación del edificio sin que proceda indemnización. Lo hizo en nota de prensa cuando anunció la decisión de desalojar a la entidad de las Escuelas Aguirre. Pero no hay fecha ninguna para la celebración de este Consejo Rector, así que formalmente no existe proceso de desalojo ninguno.

José Luis Martínez-Almeida amenazó este martes con “acciones legales” para ejecutar la expulsion de la instución de las Escuelas Aguirre, el edificio que la aloja desde hace más de dos décadas. A la vez, insistía en que “lo grave” es que “el ministro se niegue a convocar el Consejo Rector” y advertía de “daños estructurales que han obligado a colocar redes para que no caigan aleros o cornisas”, en el edificio. Este, el del mantenimiento, es el principal argumento al que se aferra el Ayuntamiento para justificar la expulsión, aunque el inicial fue la gestión económica de su anterior responsable, Irene Lozano.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores responden que “es falso” que no se haya mantenido comunicación con el alcalde Almeida sobre Casa Árabe y recuerdan la conversación telefónica del 27 de julio del ministro Albares con el alcalde para abordar esta cuestión, en la cual acordaron seguir dialogando para encontrar una solución. “El día 30 de julio de nuevo se produjeron reuniones técnicas entre el subsecretario y el director de gabinete de Exteriores y altos responsables del Ayuntamiento”, añaden las mismas fuentes.

El departamento dirigido por José Manuel Albares recuerda la importancia de que Casa Árabe siga abierta a los madrileños, además de destacar “el apoyo público que tanto los embajadores árabes como los estudiantes de árabe han manifestado a esta institución y subraya el perjuicio en términos de imagen internacional que este cierre causaría”. Además, acusan al regidor madrileño de tratar con el cierre y sus “declaraciones insidiosas”, de “intentar dañar las relaciones diplomáticas de España con los países árabes, que atraviesan su mejor momento histórico”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado el curso político lanzando un ataque directo al Ministerio de Exteriores por la situación de Casa Árabe. El regidor acusa al departamento que dirige José Manuel Albares de “okupación ilegal” por no haber desalojado las instalaciones este 1 de septiembre, fecha marcada por el Consistorio para vaciar las antiguas Escuelas Aguirre de la calle Alcalá, en la confluencia con O'Donnell. El Ayuntamiento anunció su intención de recuperar el inmueble y acometer “inmediatamente” las obras de “reforma urgente”.

“Vamos a ejercer las acciones legales oportunas para que se desaloje y se convoque el consejo rector de Casa Árabe, de forma que la Comunidad de Madrid pueda abandonarlo”, ha dicho el primer edil ante las preguntas de la prensa en un acto con sus concejales y todo su equipo celebrado en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro. La salida de la Comunidad de Madrid de la institución es necesaria a nivel formal para que el Ayuntamiento pueda ejecutar el derecho de recuperación del edificio sin que proceda indemnización, como apuntó el propio consistorio cuando anunció la decisión de desalojar a la entidad de las Escuelas Aguirre.

“No hay respuesta de Ministerio frente a los requerimientos del Ayuntamiento, mientras hay un riesgo cierto a la integridad de las personas, por lo que Exteriores es el responsable directo que está jugando con la seguridad de trabajadores y visitantes”, avisa Almeida. “Hay daños estructurales que han obligado a colocar redes para que no caigan aleros o cornisas. Cuando se desaloje, entraremos de forma urgente para ejecutar las obras”, añade. El líder del Ejecutivo municipal ha insistido en que “lo grave” es que “el ministro se niegue a convocar el consejo rector”, un paso imprescindible para completar el trámite de expulsión.

Las palabras de Almeida llegan en la jornada fijada para el lanzamiento, en la que el alumnado ha convocado una nueva manifestación en los jardines del recinto desde las 19.00. En las últimas semanas, los estudiantes han llevado a cabo acciones contra la decisión de Cibeles bajo el lema Casa Árabe no se toca.

Los afectados defienden que la institución no es solo un espacio de cursos, sino un centro cultural, académico y diplomático vinculado a las relaciones entre España y el mundo árabe. Además, han advertido de que el plazo dado por el Ayuntamiento para abandonar el edificio resulta insuficiente para reorganizar la actividad. Los alumnos han pedido al alcalde que “lo piense” y reconsidere la decisión. Creen que si el edificio requiere obras o reformas, estas deberían abordarse mediante diálogo y colaboración institucional, sin que ello implique el desalojo definitivo de Casa Árabe de Escuelas Aguirre.

Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid apunta que “no hay ninguna necesidad de que esto ocurra, Almeida está a tiempo de rectificar y parar este despropósito”. “Hablamos de una institución que lleva 20 años construyendo puentes entre España y el mundo árabe, que acoge a diplomáticos, estudiantes, intercambios culturales con numerosos países, y un patronato en el que están el Ministerio de Exteriores, la AECID, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Madrid. Y aun así, Almeida prefiere echarla a la calle antes que sentarse a buscar una solución”, subraya.

“¿Haría lo mismo con Casa Sefarad? ¿También la consideraría un chiringuito? ¿Ha puesto en conocimiento de la Unesco esta decisión, ya que el edificio está en pleno Paisaje de la Luz?”, se pregunta la edil. Recuerda que “Ayuso ya rompió 20 años de diplomacia cultural abandonando el patronato porque no le gustaba quién lo dirigía”. “Exigimos a Almeida que escuche a la comunidad diplomática, académica y cultural que hoy defiende Casa Árabe para que dé marcha atrás en una decisión que solo beneficia a sus prisas para darle otros usos ¿privados? a este edificio de alto valor inmobiliario”, zanja.

Las autoridades de Nepal elevaron este domingo a 788 el número de muertos contabilizados, cifra que, junto a los 16 decesos reportados por China, colocan en 804 el saldo de fallecidos a ambos lados de la frontera tras la violenta riada del pasado miércoles.

El último balance nepalí -publicado por la Policía en redes sociales- mantiene las cifras anteriores de 239 heridos y 2.502 desaparecidos. Del lado chino, las autoridades dan cuenta de 546 personas sin localizar, lo que deja un total conjunto de 3.048 desaparecidos, centenares de turistas extranjeros entre ellos, incluidos al menos dos españoles.

El Gobierno nepalí, que informó haber recibido bolsas para cadáveres herméticas de socios internacionales, recalcó que las cifras de víctimas, desaparecidos y daños siguen sujetas a cambios a medida que continúan las operaciones de búsqueda y verificación.

Más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía se han desplegado en el país para continuar con las operaciones de rescate en la quinta jornada, en la que sigue siendo una prioridad dar con el paradero de miles de personas, especialmente en las centrales hidroeléctricas que quedaron sepultadas y donde se teme que estén atrapados más de 900 trabajadores.

Nepal afirma que ya ha rescatado a 8.730 personas en total, entre ellas a 279 en helicóptero desde los proyectos hidroeléctricos y 227 extranjeros. Entre ellos, se encuentran los dos españoles que habían sido localizados. Por el momento, el Ministerio español de Asuntos Exteriores declaró este sábado que mantiene a dos ciudadanos españoles como desaparecidos tras la catástrofe, sin precisar el país en el que se encontraban en el momento de la riada. La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales, prestando toda la asistencia consular necesaria, según fuentes de Exteriores.

Los cuerpos que no han podido ser identificados están depositados en 21 hospitales de varios distritos, mientras ya han empezado los enterramientos de algunos de ellos ante la descomposición de los cuerpos.

Según el último balance del Ministerio chino de Gestión de Emergencias, la nueva represa natural formada por un corrimiento de tierra en la zona afectada por la riada ha comenzado a desaguar de forma natural y está ya “prácticamente vaciada” en el suroeste del Tíbet.

Corrimiento de tierra, lluvias y alerta de crecida

Las labores de rescate en Nepal, donde casi 20.000 efectivos movilizados han rescatado a 8.186 personas, y en el condado tibetano de Gyirong se han visto dificultadas en este quinto día por la meteorología adversa.

Un nuevo corrimiento de tierra detectado aguas abajo de la represa natural formada tras la riada que golpeó esta semana una zona fronteriza entre el norte de Nepal y China está creando otra acumulación de agua que ha obligado a trasladar a los equipos de rescate próximos al paso fronterizo de Gyirong, según el Ministerio chino de Gestión de Emergencias. El material desprendido ha bloqueado parcialmente el cauce y ha formado una nueva barrera, tras la cual está comenzando a acumularse agua, asegura CCTV.

Por su parte, la NDRRMA nepalí ha advertido este domingo de un aumento del caudal en la cuenca del Bhote Koshi. “Se solicita a los equipos de búsqueda, rescate y socorro en las zonas afectadas, incluyendo Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan y otras, así como a quienes se encuentran en las zonas afectadas que extremen las precauciones”, ha indicado el organismo.

Además del riesgo de inundaciones, el Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal declaró este domingo una alerta amarilla (la más baja) por lluvias en la zona afectada por la riada, unas precipitaciones que se espera que continúen al menos hasta el lunes y dificulten aún más las labores de rescate.

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) elevó este sábado a dos los nacionales españoles localizados, tras cifrar inicialmente en tres los desaparecidos, después de la masiva riada en Nepal y la región autónoma del Tíbet. Las autoridades del país asiático elevaron este sábado la cifra de cuerpos recuperados en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y la región del Tíbet a casi 700 personas y mantiene a casi 3.000 en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

El nuevo balance oficial publicado por la Policía nepalí fija en 675 los cuerpos hallados en su territorio, con la mayor parte localizados en los distritos del sur de Chitwan (248) y Nawalparasi Este (158), donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas. Además, China mantiene en siete los fallecidos en Gyirong. De este modo, no consta de momento que exista un mecanismo transfronterizo unificado de conteo.

Según el balance de la NTB, un total de 184 turistas extranjeros han sido rescatados con vida tras la riada del pasado miércoles en las cuencas del Bhotekoshi y el Trishuli, mientras que 3 se encuentran localizados y en contacto con las autoridades, entre ellos los dos españoles. Otros 420 continúan completamente incomunicados.

El organismo oficial incluyó a dos españoles en el apartado de localizados este sábado, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y no han sido rescatados, en su última actualización del listado de extranjeros desaparecidos publicada a las 13:30 hora local (07:45 GMT). El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que informó el jueves de cuatro españoles desaparecidos, ha rebajado este viernes la cifra a tres.

Este último informe, que recoge informaciones de agencias de viajes, hoteles y autoridades, añade que las autoridades nepalíes mantienen una estrecha coordinación con misiones diplomáticas de varios países para dar con el paradero de sus nacionales.

La junta turística confirmó la reapertura total de la estratégica autopista que conecta Katmandú con Mugling, vital para restablecer comunicaciones y trasladar fallecidos y rescatados, aunque advirtió de que persisten muchos tramos cortados en las zonas más castigadas por las riadas en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.

Además, las operaciones de búsqueda y rescate continúan este sábado a ambos lados de la zona afectada, con miles de efectivos desplegados y numerosas áreas todavía condicionadas por la destrucción de carreteras, puentes y comunicaciones.

En Gyirong, equipos chinos prosiguen las búsquedas en las zonas más afectadas, después de que los primeros rescatistas profesionales lograran acceder el viernes por tierra al núcleo del área arrasada, situado en el paso fronterizo entre ambos países, que quedó completamente destruido, según imágenes distribuidas por medios chinos.

Las autoridades mantienen además la vigilancia sobre la represa natural formada por la acumulación de lodo y rocas tras el desastre, aunque expertos chinos citados por medios estatales señalaron que el agua circula ya de forma natural y que ha disminuido el riesgo de una rotura repentina.

La riada se desencadenó el miércoles después del colapso de una gran masa de hielo en un glaciar situado en Nepal, según las investigaciones preliminares, y arrasó localidades e infraestructuras a lo largo de la cuenca del Bhote Koshi y en el vecino condado de Gyirong, en la región de Tíbet, bajo control chino.

Nepal empieza a sepultar víctimas no identificadas ante la descomposición de los cuerpos

Nepal comenzó este sábado a sepultar los cadáveres no identificados recuperados del río Trishuli tras las devastadoras inundaciones, citando riesgos para la salud pública debido a que los restos se han descompuesto hasta un punto en que la identificación visual ya no es posible.

El subinspector de la Fuerza de Policía Armada en Kurintaar, Pramod Pathak, informó a EFE de que las autoridades han empezado a gestionar la disposición final de los cuerpos recuperados del río.

Según la Oficina de Policía del Distrito de Chitwan, 100 de los 269 cuerpos recuperados del río ya habían sido enterrados hasta el sábado. El resto de los cadáveres se irán sepultando de forma gradual, indicaron fuentes policiales.

La Policía decidió sepultar los cuerpos no identificados y no reclamados al amparo de la Directiva de Gestión de Cuerpos No Identificados y No Reclamados de 2026, como una medida de emergencia para evitar una mayor descomposición y garantizar una disposición segura, digna y legal.

Se tomarán muestras de ADN de todos los cadáveres antes de ser enterrados, al tiempo que se mantendrán registros detallados mediante números de identificación únicos, según la Policía.

A cada cuerpo se le ha asignado un número de identificación único grabado en una placa de acero, lo que permitirá a los familiares localizar y exhumar los restos en caso de que los análisis de ADN confirmen posteriormente una coincidencia, explicaron las fuentes policiales.

El Gobierno ha trasladado este viernes a Marruecos su “rechazo tajante” a las pretensiones de ese país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que, recuerda, son parte de “la integridad territorial” y la “soberanía” de España y parte integrante del territorio de la UE.

Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores horas después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, haya reafirmado que Ceuta y Melilla constituyen un “derecho histórico y geográfico” de Marruecos y haya llamado a crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su “retorno al seno de la patria”.

En una entrevista con el canal público marroquí 2M, Ouahbi abogó por establecer “medios de diálogo” con Madrid, incluida la creación de una “comisión de diálogo” sobre este asunto, una idea que, según dijo, “debe mantenerse presente, porque es un tema sobre el que no se puede guardar silencio”.

Tras estas declaraciones, el Ministerio que dirige José Manuel Albares ha señalado en una comunicación enviada a los medios que “Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas frontera de España y de la UE. Forman parte de la integridad territorial y de la soberanía de España reconocida internacionalmente y son igualmente parte integrante del territorio de la UE”. Además, ha añadido que su soberanía está “reconocida internacionalmente”.

“Rechazamos y rechazaremos tajantemente cualquier planteamiento distinto respecto a Ceuta y Melilla”, añade la nota, que concluye asegurando que “esta posición se ha trasladado claramente hoy por los canales diplomáticos”. Exteriores no ha aclarado si Albares ha hablado directamente con su homólogo marroquí.

El Ministerio de Exteriores ha repetido en las últimas semanas que entrar irregularmente en Ceuta o Melilla “no permite permanecer en España ni llegar a Europa” ante la posibilidad de que se repita un episodio como el que acabó con la vida de un centenar de personas ahogadas entre el 30 y el 31 de julio. “Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos”, insistió este martes el ministro José Manuel Albares.

“No arriesguen sus vidas, ni su futuro, ni su dinero, porque es una aventura abocada al fracaso. Quienes entren en Ceuta y Melilla van a ser devueltos. No podrán alcanzar la península, ni el continente europeo. Y no podrán quedarse indefinidamente en Ceuta y Melilla”, añadió. Desde el Ministerio también han recordado que el proceso de regularización extraordinaria no guarda relación alguna con estos hechos: solo se aplica a quienes ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026. Quien cruzó el 30 de julio queda excluido.

En efecto, la ley recoge como norma general que las personas extranjeras que pretendan entrar irregularmente en el país interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones serán devueltas. Pero tiene salvedades y no se puede expulsar a Marruecos “hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España”.

El reglamento de extranjería señala, en su artículo 23, los principios que rigen las devoluciones. No será necesario un expediente de expulsión para la devolución en el caso de las personas extranjeras que ya hayan sido expulsadas y contravengan la prohibición de entrada en España y en el caso de las personas extranjeras que pretendan entrar irregularmente en el país. Se considerarán incluidos, a estos efectos, a las personas extranjeras que sean interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones. En este último caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras los tienen que conducir a comisaría para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución.

Las ejecuciones de devolución tienen que quedar en suspenso en los siguientes casos:

Qué está haciendo el Gobierno en el caso de los menores

Con los menores se debe seguir un procedimiento “individualizado”. Dicho proceso establece que los servicios ceutíes deberán celebrar una entrevista con cada menor para determinar su situación: si se puede verificar que tienen familia —en Marruecos o en España— que les esté reclamando, se habilitarán las vías para enviarlo con ella.

Tan solo si eso no ocurre se buscará acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de acogida de otra comunidad. Hasta que esto no ocurra, no se sabrá cuál es la cifra total que pasarán al sistema de acogida autonómico.

Javed Iqbal lleva más de dos años y medio esperando. Logró, a principios de 2024, la autorización de la subdelegación del Gobierno en Barcelona para la reagrupación familiar y así poder traer desde Pakistán a su hijo, al que le espera un contrato de trabajo. No hay manera, sin embargo, de que en la Embajada española en Islamabad le den el visado.

“Estoy enfermo, me han operado y necesito que venga a ayudarme”, explicaba una tarde de la semana pasada en la Asociación de Trabajadores Pakistaníes de Catalunya (ATPCat), en el barrio del Raval. “Pero parece que es imposible hacer un trámite que no debería ser complicado”.

A pesar de tener toda la documentación en regla, su hijo lleva todo este tiempo intentando obtener una cita en la embajada española de Islamabad para que le concedan el visado, un paso imprescindible para poder reagruparse con su padre.

Su caso no es excepcional. Según ATPCat, son cientos los miembros de esta nacionalidad que, a pesar de tener todos los papeles en regla, llevan años esperando a que la embajada española en Pakistán les de una cita para concederles el visado, el último paso necesario para venir a España.

La falta de opciones para realizar el trámite ha contribuido a la proliferación de mafias que consiguen las citas a cambio de dinero, según aseguran más de una docena de entrevistados y ha podido comprobar elDiario.es. Algunos intermediarios se anuncian sin pudor en redes sociales, mientras que otros merodean por los alrededores de la embajada ofreciendo las citas a quién se acerca al edificio.

“Todos los pakistaníes que conozco que han logrado la cita para el visado y venir ha sido pagando a esta gente”, explicaba Farwq Hmad, 64 años, 30 de ellos en Barcelona. No todos los que ofrecen el servicio, no obstante, cumplen con su promesa. Houssian Shouket señalaba la semana pasada que, tras pagar en dos ocasiones 1.000 euros para que le dieran cita a su hijo, este no ha logrado obtener el visado para abandonar Pakistán.

Las cantidades que se pagan oscilan en función de la desesperación de los clientes y de los contactos que tenga cada intermediario. Algunos piden hasta 6.000 euros por la cita, una suma altísima para un trabajador en Pakistán, donde el sueldo medio son unos 250 euros al mes.

“En Islamabad se piensan que aquí somos ricos y podemos enviar todo ese dinero”, apunta Deilshad Houssain, 47 años y con nacionalidad española. “Pero sigue siendo demasiado incluso para los que estamos en España”.

Estas mafias, afirman los entrevistados, se jactan de tener contactos en la embajada que les conceden las citas. Otros intermediarios ofrecen un servicio más básico: están pendientes de cuando la embajada abre las citas disponibles y, cuando encuentran una, la venden a cambio de dinero.

“Es un dilema”, resumía Yassir Mahmud, trabajador de 50 años en el sector de la construcción. “Por un lado sabes que si no pagas no logras la cita, pero por otro te arriesgas a que te engañen y pierdes tus ahorros”.

La situación afecta también a estudiantes pakistaníes que han pagado su matricula en universidades españolas y no han podido cursar sus estudios, asegura Javed Ilyas Qureshi, fundador y presidente de la asociación de trabajadores pakistaníes.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores admiten la existencia de estos grupos organizados que se lucran con las citas en la embajada de Islamabad. “Es una actividad ilegal ajena a la embajada que España condena tajantemente”, apunta una fuente oficial del Ministerio.

Respecto a la ausencia de citas para solicitar el visado, Exteriores responde que la embajada “está intensificando sus esfuerzos” para “atender la alta demanda existente”.

Los problemas para obtener el visado han movilizado a la comunidad pakistaní de Barcelona, que ya lleva recogidas más de 1.500 firmas y ha denunciado la situación al Defensor del Pueblo.

Más allá de los años de espera, denuncian el coste que tiene para ellos tener que renovar constantemente los certificados médicos, de antecedentes penales, que caducan a los seis meses, así como sus respectivas traducciones juradas.

“Estamos dispuestos a llevar a juicio a la Embajada española”, afirma Javed Ilyas Qureshi. “También estamos preparando movilizaciones y una huelga de hambre en Madrid”.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 100.000 pakistaníes en España y casi la mitad están en la provincia de Barcelona. En la capital catalana son la segunda nacionalidad extranjera más numerosa solo por detrás de los italianos.

Un sistema que funciona por recomendación

Los intermediarios que publicitan estos servicios ilegales en redes sociales no acceden a trabajar para cualquiera y recelan de quien les escribe sin ir recomendado.

elDiario.es escribió a dos de estos contactos para intentar conseguir una cita previa en la embajada de Islamabad a cambio de dinero. Lo primero que preguntaron ambos intermediarios fue quién había facilitado su número de WhatsApp.

“Lo siento solo trabajo con gente que tiene referencias”, respondió uno de ellos al responderle que no teníamos ninguna de referencia. Tampoco sirvió de nada enseñarle el anuncio de Instagram en el que aparecía su número.

El segundo intermediario al que contactó esta redacción también preguntó por una persona de referencia. Al decirle que su número se había obtenido gracias a un anuncio en redes sociales, pidió ver la publicación en la que aparecía su contacto.

“Podemos trabajar en ello”, respondió tras mostrarle el anuncio que había publicado en Instagram. “Lleva mucho tiempo conseguir una cita para la reunificación familiar”, añadió.

Tras unos cuantos mensajes, afirmó que podía conseguir la cita: estaría pendiente durante todo el día de las citas disponibles en la embajada y cuando hubiera una libre, la reservará y la pondrá a la venta. “Cuando aparezca una franja libre te mando el enlace”.

Para el trabajo pide 200.000 rupias (poco más de 600 euros al cambio) y solicita el 20% por adelantado. Sostiene que en el plazo de dos o tres semanas tendrá la cita, que será para septiembre, y comparte una cuenta bancaria para hacer la transferencia.

Seis estudiantes gazatíes, junto a una familia de cinco miembros, vienen en la tercera evacuación por parte del Ministerio de Exteriores de España, desde la Franja de Gaza, a través de Jordania. Cinco de los seis alumnos llegaron este martes, pasadas las tres y media de la tarde, al aeropuerto madrileño de Barajas, en vuelo regular y directo desde Amán (Jordania) y la última lo hará este miércoles a Barcelona. Esta tercera evacuación de universitarios hecha por el Gobierno español, desde 2024, se encuadra en el movimiento internacional de solidaridad con Palestina, dado el genocidio perpetrado contra su población por Israel, desde octubre de 2023. Un movimiento solidario en el que participan, ofreciendo plazas, diecisiete universidades españolas.

La primera evacuación, en diciembre de 2025, trajo a siete alumnos, la segunda, en junio de 2026, a seis. Ahora, con las tres alumnas y tres alumnos que llegan, serán 19 en tres años, mientras aún una treintena larga aguarda en Gaza, en una situación de desespero, hambre, miedo y tentaciones suicidas de las que dieron testimonio a elDiario.es en la noticia del 2 de julio.

La cantidad de gazatíes evacuados para estudiar en universidades españolas por el ejecutivo de Pedro Sánchez está muy alejada de los 113 universitarios llevados de Gaza a Reino Unido, en el curso 25-26, por el gobierno laborista de Keir Starmer y de los 229 incorporados a sus plazas italianas, ese mismo año académico, por el ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni. Un número también incomparablemente más pequeño del centenar de gazatíes enfermos y sus familias evacuados por otros ministerios del ejecutivo español: el de Sanidad, el de Migraciones y el de Defensa.

De los seis universitarios evacuados ahora a España por Exteriores, las tres mujeres irán a Barcelona para estudiar, en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma y en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), respectivamente. En cuanto a los hombres, dos se quedarán en Madrid, para estudiar uno en la Complutense y otro en la Escuela de Escritores, mientras que el tercero iniciará estudios en la universidad canaria de La Laguna (Tenerife).

Espiral de alegría, ansiedad y alivio

La pasada semana ha sido una espiral de alegría, desespero y alivio para el grupo de seis estudiantes gazatíes, sus familiares y amigos, así como para los miembros de entidades que los apoyan, como la Red Universitaria por Palestina (RUxP) y la asociación jordana “Ozwet Tulab Gaza” (“Apoyo, Orgullo y Protección para estudiantes de Gaza”).

Todo porque los comentarios que circulaban sobre una evacuación de estudiantes a España el lunes 13 de julio, que el Ministerio de Exteriores evitó confirmar a elDiario.es, se concretaron. El Consulado Español en Jerusalén avisó a los seis estudiantes de que debían acudir al punto de encuentro en Deir al-Balah, en el centro de la Franja, a unos catorce kilómetros al sur de Ciudad de Gaza.

Los seis estudiantes venían rumbo a España el lunes 13 de julio. Pero ya en el autobús hacia Amán (Jordania) quedaron devastados por el mensaje del Consulado de España en Jerusalén de que el viaje se cancelaba por el lanzamiento de misiles entre EEUU e Irán.

Hacia Deir al-Balah fueron desde sus lugares de residencia, casas o tiendas de campaña. Pero, cuando hacían la ruta en bus a Karam Abu Salen, para cruzar el puente de -según quien lo denomine- Allenby o el rey Hussein, recibieron comunicación telefónica consular diciéndoles que la evacuación se cancelaba por el recrudecimiento del choque EEUU-Irán.

“Se quedaron devastados”, explica una de las doce voluntarias jordanas de “Ozwet Tulab Gaza” que los recogen en frontera y ayudan en el tránsito. Para ella, si bien la cancelación fue acertada y prudente por seguridad, “habría sido importante cancelar con 48 o 24 horas de antelación, como hay precedentes, porque parar en pleno trayecto fue tremendo para ellos”.

Es el gobierno de Israel, informa esta voluntaria, quien, a través de su organismo el COGAT, cierra las fronteras cuando se recrudece el lanzamiento de misiles. “El espacio aéreo jordano sólo queda cerrado un par de horas”, explica, “luego vuelve a abrirse para todos los vuelos regulares, que son los que toman los estudiantes”. En efecto, la web del Ministerio de Exteriores de España, consigna en sus recomendaciones actualizadas sobre Jordania que “el espacio aéreo está abierto”, si bien “se aconseja aplazar el viaje hasta nuevo aviso”.

La decepción e incertidumbre llevaron a los estudiantes a preguntar, en el grupo de WhatsApp creado por el consulado, cuándo se retomaría la evacuación, pero las autoridades se limitaron a responder que ya avisarían. Los afectados aguardaron con paciencia, aconsejados por compañeros ya en España, que hablan de precedentes en los que el consulado ha acabado por cerrar el grupo de comunicación. Si bien, según Ahlam Howiti, llegada en junio a Jaén, en su caso, que luego explicaremos, el grupo no se cerró como forma de represalia, sino para montar un nuevo grupo ampliado cuando la evacuación se retomó tres meses después.

La actual evacuación, pospuesta el lunes 13, se ha retomado el lunes 20 y desembocado en los vuelos del 21 y 22 de julio. Vuelos pagados, en algunos casos, por las universidades, en otros, por los propios estudiantes o sus familiares. Igual que parte del transporte en bus y del regreso con sus familias tras el parón de la evacuación.

Opacidad en los criterios de prioridad

Dos de los seis estudiantes evacuados no figuraban hasta estas semanas en la lista de estudiantes a la espera de incorporarse a universidades españolas elaborada por la RUxP y por Juristas por Palestina (JxP) y puesta a disposición del Ministerio de Exteriores por ellos, para facilitar la gestión de los trámites.

Cierto que esa lista crece. De hecho, desde la publicación de la información en elDiario.es el 2 de julio a hoy, la lista de la RUxP ha pasado de 33 a 40, más los 2 que no figuraban. Por lo que, tras esta tercera evacuación, aún quedan 36 alumnas y alumnos pendientes de ser traídos por Exteriores, en julio o en agosto para empezar a tiempo el curso 2026-2027. Las entidades involucradas trasladan nuevos comentarios sobre la fecha de próxima evacuación: el 3 de agosto. De nuevo lunes, pues es el día de la semana fijado para las evacuaciones a todos los países.

Aún quedan 36 alumnas y alumnos gazatíes, según la Red Universitaria por Palestina, con plaza en universidades españolas a la espera de que Exteriores los traiga. En ciertos casos, aguardan desde el curso 24-25, pese a que entre los evacuados los hay que llevan menos tiempo en lista de espera.

Existe también consenso, entre las entidades, sobre la opacidad con que se conducen tanto el Consulado de España en Jerusalén como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una opacidad “que genera tensiones entre los estudiantes aún a la espera en Gaza, algunos de los cuales llevan esperando meses o años más que otros trasladados”, destaca David Peñafuerte, de la RUxP y técnico en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, a la que han llegado 7 de los 19, casi un tercio.

Tanto Peñafuerte, como “Ozwet Tulab Gaza”, y en su día JxP y la entidad internacional Gaza40+, reclaman transparencia sobre los criterios de prioridad y el orden de los traslados por parte de las autoridades españolas.

“Porque la opacidad permite casos arbitarios”, advierte Peñafuerte. Según él traslada, en el grupo de WhatsApp donde están los afectados, al trascender que algunos habían sido convocados para esta tercera evacuación, otros les han requerido explicaciones sobre por qué, qué pasos específicos han dado para ser los elegidos, y ha habido que mediar para evitar mayores desencuentros.

Requerimientos a Exteriores y a la UE

El Ministerio de Exteriores ha sido requerido para dar explicaciones y agilizar las evacuaciones pendientes, como ya explicamos, vía cartas, en reuniones, e incluso a través del Congreso de los Diputados, tanto por la treintena de alumnos gazatíes afectados, como por la RUxP, JxP, vicerrectores de las universidades y por el portavoz de Izquierda Unida en el parlamento, Enrique Santiago, y el de temas de Educación y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

También desde elDiario.es remitimos diez preguntas concretas al jefe de gabinete del ministro de Exteriores, Sergio Cuesta. Si bien sólo recibimos, del Gabinete de Comunicación, un correo aludiendo a “fuentes de Exteriores” que manifiesta “la posición (de España) basada en el compromiso con el Derecho Internacional, la humanidad y la paz”, que el Gobierno “destinará 150 millones en 2026 en ayuda humanitaria y cooperación para Gaza” y que, hasta ahora, “ha realizado numerosas evacuaciones desde Gaza, incluidas las de varios estudiantes”.

Tras la noticia del 2 de julio, la RUxP ha obtenido respuesta de la Comisión Europea a su escrito del 14 de junio sobre la imposibilidad de decenas de estudiantes gazatíes, algunos titulares de becas Erasmus+, para incorporarse a sus plazas. En la contestación, el Jefe de Unidad de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, Filip Van Depoele, deriva responsabilidades a los estados UE, como se lee en el documento íntegro.

“Compañeros en Gaza, paciencia y esperanza”

Si alguien sabe lo que están sufriendo las y los universitarios a la espera en Gaza es Ahlam Howiti. A sus 23 años era una de ellos, sobreviviendo, junto a sus padres, la mediana entre un hermano y otra hermana, en Tal Al-Hawa, barrio de Ciudad de Gaza. Hasta que, el 3 de junio llegó a España, en la segunda evacuación, que trajo a seis estudiantes, todas chicas. Vuelo desde Amán, con estala en la turca Estambul, hasta Madrid-Barajas y viaje en coche a Jaén, donde, desde entonces, vive. Ella y otra gazatí del mismo grupo, ambas ya convertidas en íntimas amigas.

Howiti y tres estudiantes iban a ser evacuadas a España a principios de marzo, pero dos días antes se canceló la operación por el conflicto estadounidense-iraní. “Sentí una mezcla de desesperanza y, a la vez, fe en que, al final, todo saldría bien”, cuenta por videollamada desde Jaén.

Pasados los meses, en junio, logró venir, en un grupo no de cuatro sino de seis alumnas, más una familia. El curso 25-26 ya había acabado al llegar a Jaén, pero desde entonces ha podido seguir clases de español en la universidad y se prepara para empezar en septiembre su Máster en Administración de Empresas, tras licenciarse en Gaza, en Derecho, impartido en inglés.

“Yo, que he vivido el proceso hasta llegar a España, puedo decir que es complicado y opaco. Pese a todo, para mí el gobierno de España es el mejor con Palestina. Así que, compañeros que aún esperáis en Gaza, paciencia y esperanza.

Ahlam Howiti — alumna gazatí en la Universidad de Jaén.

“La palabra que mejor describe el proceso para venir a España es ”complicado“ –declara. ”Debemos llamar mil veces al consulado, mandarles nuestros documentos, en nuestras difíciles circunstancias. Y ellos son muy opacos cuando les requerimos cualquier información sobre nuestra situación“.

Con todo, Howiti celebra haber pedido plaza universitaria en España, “uno de los mejores países europeos, liberal, que respeta los derechos individuales, con ciudades como Jaén, donde me siento segura, como estudiante, como chica, y como palestina. Un lugar donde puedo seguir educándome, que para mí es lo principal, es por lo que vengo”.

Estando en el punto de destino con el que tantos colegas aún sueñan, Ahlam Howiti, quiere trasladarles un mensaje: “que sean pacientes y mantengan la esperanza. El proceso es duro, largo, complicado. Pero estoy segura de que pronto va a funcionar”, señala. “Así lo creo porque el gobierno español es el mejor en la defensa de Palestina, para los estudiantes gazatíes”, argumenta.

Frente a los datos que revelan que otros países europeos logran sacar de la Franja a más universitarios gazatíes responde: “No sé la razón, todo es complicado, no puedo culpar al gobierno de España. Sólo pedirle que nos siga ayudando porque seguimos necesitando toda su ayuda”.

En efecto, tras la llegada de 19 estudiantes en las tres evacuaciones realizadas desde el curso 2024-2025, los 36 alumnas y alumnos de la lista de RUxP -a la entidad internacional Gaza 40+ le constan 60 casos-, aún siguen esperando que Exteriores logre traerlos para empezar a tiempo el curso 2026-2027 este septiembre.

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha elevado a 50 la cifra de fallecidos españoles en el terremoto de Venezuela, “que sigue aumentando”, mientras que hay 139 desaparecidos.

A preguntas de los periodistas, antes de participar en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, ha asegurado que España va a estar “al lado” de sus compatriotas y de todo el pueblo venezolano “tanto tiempo como sea necesario”.

En este sentido, Albares ha apuntado que España es “una voz de solidaridad, de multilateralismo y de defensa de la diplomacia”.

Las últimas cifras que se conocían de españoles fallecidos en Venezuela, a raíz del seísmo de finales de junio, se facilitaron el pasado 13 de julio y ascendían a 41 personas, mientras que se mantiene el número de desaparecidos.

El balance total de muertos por el doble terremoto ascendió este domingo a 5.208. Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, según el Gobierno venezolano.

¿Por qué un Gobierno como el de España, que ha abierto un proceso de regularización al que opta más de un millón de inmigrantes, un Gobierno que destaca en el mundo por su defensa de Palestina frente al genocidio de Israel no iba a sacar de la Franja de Gaza a 33 universitarios palestinos admitidos para estudiar en universidades españolas? ¿Por qué, si ha traído, este pasado martes 30, en un avión del Ejército, a 101 gazatíes, 20 niños enfermos y sus familias?

Difícil de entender. Pero está ocurriendo. Es la historia de 19 hombres y 14 mujeres, algunas y algunos becados, otros sólo admitidos a estudiar aquí, con recursos propios o de familiares que tienen en España. Un alumnado que ha abierto a elDiario.es su grupo de WhatsApp para comunicar testimonios emocionantes.

Dan a conocer su situación como último recurso. Con el anhelo de que la sociedad española inste al Ejecutivo a agilizar los trámites burocráticos y las gestiones con Israel. Deseando poder incorporarse ya a las plazas que se han ganado, mientras sobrevivían a las bombas, el hambre y sufrimiento del exterminio, entre parientes y amistades que morían.

Mientras el Gobierno de Meloni informa de que ha evacuado a 229 gazatíes con plaza en universidades italianas en el curso 25-26 y el ejecutivo de Starmer ha evacuado a 113 a Reino Unido, en el mismo año, el Gobierno español, abanderado de la defensa de Palestina, sólo ha traído a 13 universitarios gazatíes en tres cursos, sin sacar de la Franja a otros 33.

Desde el inicio del genocidio, sólo ha habido dos evacuaciones de universitarios gazatíes por el Gobierno de España. Una, la de 7 estudiantes, en diciembre de 2025, y, otra, la de 6 universitario/as, en junio de 2026. Se rumorea que el 13 de julio podría llegar la tercera, pero sólo dos de la treintena de estudiantes han sido avisados. Sin ninguna garantía de estar incluidos.

Todo lo cual resulta aún más llamativo cuando el Gobierno de Meloni informa de que ha evacuado, desde septiembre de 2025, a 229 gazatíes con plaza en universidades italianas y cuando, en Reino Unido, un grupo de 18 diputados laboristas hizo pública, el 12 de junio de 2026, esta carta en la que, pese a celebrar la evacuación de 113 universitarios gazatíes a Gran Bretaña, en el curso 2025-2026, por el gobierno del también laborista Keir Starmer, solicita que se acabe con los “constantes retrasos y faltas de comunicación”, de cara a las nuevas evacuaciones en los próximos años académicos.

También chocante es la comparativa con la acogida de estudiantes ucranianos, huidos de la invasión rusa que, según informe del gobierno español (Pp. 5-6), se brindó a 39.741 alumnos y alumnas. Unos 1.800 de ellos se matricularon en las universidades españolas, en el curso 2023-2024, y 1.689 lo hicieron en el 2024-2025. Recordemos que gazatíes han venido 13 y 33 aguardan ansiosos. O sea, que hablamos de un total de 46 personas a evacuar en tres cursos académicos.

17 universidades comprometidas

La trepidante actualidad, con catástrofes internacionales como el terremoto en Venezuela, y los juicios por corrupción y la polarización política en España, así como el anhelo de descanso veraniego, hacen que la atención sobre Gaza haya bajado.

Pese a todo, la treintena de universitarios gazatíes aspira a lograr empatía de la sociedad española. “Elevad vuestras voces por nosotros hasta que el gobierno nos evacúe”, insta uno de los alumnos (que, como todos en esta información, aparece sin identificar, para evitar represalias).

Diecisiete universidades y entidades educativas los esperan: las universidades Autónoma de Barcelona, la de Burgos, de Cantabria, Carlos III de Madrid, Complutense de Madrid, de Granada, de Jaén, de La Laguna en Tenerife, Las Palmas en Gran Canaria, de Málaga, de Murcia, Politécnica de Madrid, Universidad de Valencia, Escuela de Escritores en Madrid, Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), la Basque Know How Fundazioia en Bizkaia, y el Harbour Space Institute of Technologie de la Universidad de Barcelona.

Las áreas de estudio del alumnado son diversas: Contabilidad y Finanzas, Informática, Enfermería, Filología inglesa, Inteligencia artificial, Zoonosis, Cinematografía, Ingeniería, Literatura, Gobernanza y participación ciudadana, Terapia familiar, Estudios migratorios, Derechos humanos y protección internacional… Además de español que, desde Gaza, quienes pueden, empiezan a estudiar por su cuenta.

En ciertos casos, tienen becas Erasmus, lo que implica al SEPIE y un ámbito de responsabilidad también europeo, por el compromiso de la Comisión Europa, en la Carta Erasmus (punto 3), de “Garantizar la igualdad y la equidad en el acceso y en las oportunidades a los participantes actuales y futuros de todos los orígenes, prestando especial atención a la inclusión de las personas con menos oportunidades”.

Entre la esperanza y tentaciones suicidas

Fadwa (nombre ficticio) es una joven que escribe con lirismo, pese a su formación más de cifras que de letras (evitamos asignar las especialidades y universidades para preservar sus identidades).

“Cuando me preguntan, finjo estar bien. Pero lloro frente al mar, con un tsunami en mis ojos, siguiendo el ritmo de las olas. Ya antes del 7 de octubre de 2023 era dificilísimo estudiar, en el silencio de la noche, en el dormitorio con mis tres hermanas, alumbrada por el móvil. Pero con el genocidio, desplazada, huyendo de la muerte, de bombardeos y disparos, del frío, calor, hambre, en tiendas de campañas, sin electricidad... No sé cómo he aprobado exámenes online y logrado una Erasmus en Portugal, en mayo de 2025, para la que no me evacuaron, y otra a España, en noviembre de 2025, para la que el Consulado español en Jerusalén siempre dice no tener fecha y que no está bajo su autoridad ni control. Cada gestión cuesta dinero que quito a mis tratamientos médicos… Me siento hundida. He barajado el suicidio. No le veo sentido a vivir en un mundo así”.

Fadwa confiesa estar “hundida” y haber “barajado el suicidio” al ver que lograr su beca a España, estudiando bajo las bombas, no acaba de salvarla del genocidio. Hiba proclama “la esperanza como empeño”, para que "la guerra no me quite lo poco que no me ha robado ya.

Esas durísimas condiciones de vida, esas “tristeza, desesperanza y lágrimas” las transmite también Adania, que aspira a estudios para “cuidar de la gente, a la que veo sufrir la guerra, desde mi infancia”. Para ella, el anuncio de beca a España “fue como nacer de nuevo”. Toda la familia sintió “alivio de que, al menos, una de nosotros pudiera sobrevivir”.

En el caso de Hiba, mujer de letras y artista, “la esperanza ya no es un sentimiento, sino una decisión”. Porque, argumenta, “dejar de soñar sería permitir a la guerra robarme lo poco que aún no me ha quitado”. Sus obras ya han sido expuestas en España, “y yo espero ir pronto también para ser puente hacia la realidad palestina, abrazando, con gratitud, al público español que ya ha acogido mis creaciones”. Sus frases son aldabonazos: “Necesitamos recibir clases tanto como tiendas de campaña; libros como pan”; “No quiero ser recordada como víctima”, “No pido un milagro, sino la oportunidad que, con trabajo duro, me he ganado”; “Ojalá mis palabras conecten con la gente y logren abrirnos las fronteras”.

Uno de los gazatíes que lleva más tiempo en la lista de universitarios a la espera de ser evacuados por España es Ghassan. Él fue admitido para seguir aquí sus estudios, científicos, durante el curso 2024-2025. Su plaza ha sido prorrogada para el 2025-2026 y ahora para el 2026-2027. Pero sigue atrapado en Gaza.

Él enumera los requisitos que le han pedido: pasaporte, carta de admisión de la universidad española, documentación académica y/o de la beca, garantía bancaria, seguro médico español, certificado de buena salud, certificado de ausencia de antecedentes penales y formulario de solicitud de visado. Documentación de la que, a veces, se requieren originales pese a las dificultades para desplazarse a las sedes consulares.

“¿Por qué, tras cumplir los requisitos académicos y burocráticos, gestiones que cuestan un dinero inasumible para quienes nos han quitado todo” -se pregunta Ghassan- me hacen perder dos cursos de mi formación en España y temo que el tercero, que arranca en septiembre?“. ”¿Por qué las dos evacuaciones de España -se interroga de nuevo- sólo han sacado de Gaza a un puñado de estudiantes a diferencia de otros países europeos?“

Una prima de Ghassan, nacida y residente en la ciudad española en cuya universidad él está admitido, confirma, en conversación telefónica con elDiario.es la desesperación familiar. “No entendemos, ya que ni el Consulado, ni el Ministerio nos lo explican, cuáles son los criterios de prioridad de unos evacuados frente a otros, ni las razones por las que, cumplidos todos los pasos, mi primo y su hermano, ambos admitidos en la universidad, no son ya evacuados cuando nosotros vamos a alojarlos, mantenerlos y apoyarlos, ahorrando así gastos al Estado”.

“Yo”, declara Refaat, el último de los cinco entrevistados, “no puedo rendirme porque, a mis 20 años, a la vez que soy estudiante universitario doy clases a gazatíes más jóvenes. Me ven como referente, académico y vital. Así que resisto y me crezco en la dificultad”. Todo mientras escribe pues, en medio del sufrimiento, aflora, en varios de los 33, el impulso literario.

Todas y todos los entrevistados resaltan su gratitud al gobierno español y a la sociedad española por apoyar al pueblo palestino y condenar el genocidio emprendido por el gobierno sionista de Israel y su presidente Benjamin Netanyahu.

“Pero, para estudiantes como yo” -declara uno- “las acciones importan más que los discursos. Un acto concreto vale más que mil declaraciones. La educación no es un privilegio sino un derecho fundamental. Por favor, ayudadnos y presionad”.

Juristas reclaman agenda de fechas

Agilizar la evacuación de esta treintena de universitarios gazatíes no parece, por el volumen del contingente, algo inabordable. Y sería una contribución significativa, en palabras de la magistrada y doctora en Derecho, Pilar Barrado, coportavoz de la plataforma Juristas por Palestina, creada en octubre de 2024.

“Parte de proteger al pueblo palestino contra el genocidio”, expone ella, “consiste en contribuir a que, pese a la destrucción sistemática de las universidades palestinas por Israel, haya una nueva generación de palestinos universitarios de diversas disciplinas, capaces de reconstruir lo devastado”.

La coportavoz de Juristas por Palestina, plataforma de 1.000 juristas, con más de 100 catedráticos y más de 100 magistrados, califica de “tremenda” la “opacidad” del Ministerio de Exteriores y exige “información, trasparencia y un horizonte de fechas”.

Con ese convencimiento, Barrado, se reunió este enero con Guillermo Garrido, en quien delegó Sergio Cuesta, jefe de gabinete del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. “Les transmitimos los casos de estudiantes que, junto a la Red Universitaria por Palestina (RUxP), habíamos localizado y ordenado. Les dimos los documentos y pedimos que, si algo faltaba, nos avisaran”, explica. “Exteriores dijo que nos daría traslado de las personas a las que veían con posibilidades para salir y las que no”.

Pero no ha ocurrido. “La opacidad de Exteriores es tremenda”. Barrado asegura que en Juristas por Palestina “hemos sido prudentes y comprensivos, por la difícil situación en Palestina y la posterior guerra con Irán”. Pero considera que merecen “información, trasparencia en los criterios de prioridad, y un horizonte de fechas”. Lo merecen “los estudiantes, las universidades, y nuestra plataforma de más de 1.000 juristas, con más de 100 catedráticos y más de 100 magistrados, organizados para ayudar de forma desinteresada”.

Evasivas del Ministerio de Exteriores

También elDiario.es ha trasladado preguntas al jefe de gabinete del ministro de Exteriores, Sergio Cuesta, quien nos ha remitido a la Oficina de Información Diplomática.

Finalmente, es el Gabinete de Comunicación del Ministerio desde donde se nos ha escrito un correo aludiendo a “fuentes de Exteriores”. Un mail que no contesta a ninguno de los 10 interrogantes precisos -como “¿Cuándo está prevista la evacuación de los 33?”, “¿Confirman o desmienten una evacuación el día 13?”, “¿Qué criterios determinan la salida de unos u otros?”, “¿A qué se deben retrasos de hasta 2 cursos?”...

Frente a ello, el mensaje oficial manifiesta “la posición (de España) basada en el compromiso con el Derecho Internacional, la humanidad y la paz”. También que el Gobierno “destinará 150 millones de euros en 2026 en ayuda humanitaria y cooperación para Gaza” y que, hasta ahora, “ha realizado numerosas evacuaciones desde Gaza, incluidas las de varios estudiantes” lo que ha “permitido a cientos de personas reencontrarse con sus personas queridas y recuperar una vida normal en España”.

Ya en junio de 2025 fue Izquierda Unida la que, a través de su portavoz parlamentario y de su portavoz en temas de Educación y coordinador general de IU Andalucía, Enrique Santiago y Toni Valero, respectivamente, preguntó a Exteriores después de que colectivos palestinos les informaran de la cuestión. “El Gobierno de España mantiene estrechos vínculos con el Estado de Palestina y promueve los intercambios humanos, facilitando, por ejemplo, el acceso de estudiantes palestinos a las universidades españolas”, trasladó escuetamente el Ejecutivo en septiembre de 2025 en su respuesta escrita.

El contraste es fuerte entre los 13 universitarios gazatíes evacuados en tres cursos académicos por el Ministerio de Exteriores y los 101 gazatíes, 20 niños enfermos y sus parientes, evacuados el martes 30 en una operación en la que, según RTVE, han participado otros tres departamentos ministeriales: el Ministerio de Sanidad, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el de Defensa. La quinta evacuación sanitaria del Gobierno, de hecho, desde julio de 2024, en un programa que, en total, ha traído de Gaza a España a 236 personas, 143 de ellas menores, atendidos luego en diferentes hospitales españoles.

El jefe de gabinete de Exteriortes, Sergio Cuesta, sí que respondió, por dos veces, a cartas sobre este tema remitidas al Gobierno de España. La primera firmada por la RUxP, en septiembre de 2025, y la última, suscrita por los 33 estudiantes afectados, en junio de 2026. Pero, en ambas respuestas, Cuesta también ha evitado resolver dudas, explicar los retrasos o dar fechas de evacuaciones, limitándose a reiterar la solidaridad del ejecutivo español con Palestina, como se puede comprobar en los documentos que ofrecemos íntegros.

La RUxP: perseverar pero no ser cómplice

La RUxP se creó en 2024 tras la conferencia online para universidades españolas ofrecida, el 10 de abril de ese año, por la Relatora Especial ONU para la Palestina ocupada, Francesca Albanese, con su informe “Anatomía de un genocidio”. Desde entonces esta red, formada por profesores y Personal de Administración y Servicios de 43 universidades españolas, promueve toda una amplia visión, expuesta aquí, de respaldo a la academia palestina y de ruptura de relaciones con la israelí.

En paralelo, la RUxP ha listado los casos de estudiantes a la espera de evacuación de los que han tenido noticia. David Peñafuerte es miembros de la RUxP y técnico en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, institución que ha recibido a 5 de los 7 gazatíes evacuados en diciembre de 2025 y a 2 de los 6 llegados en junio de 2026. Es decir a 7 de los 13, más de la mitad del total. Peñafuerte sintetiza la actuación de Exteriores en cuatro puntos: “Opacidad, condescendencia, arbitrariedad y una falta de empatía y humanidad rayana en la crueldad” porque “la incertidumbre tortura al alumnado aún más de lo que ya está”.

La Red Universitaria por Palestina, formada por profesores y Personal de Administración y Servicios de 43 universidades, se plantea “descolgarse para no ser cómplices”. Y “avisar a los estudiantes de que las evacuaciones españolas son un timo”, si el gobierno no las desbloquea.

Por todo lo cual, según Peñafuerte, desde la RUxP, aunque van a “llevar el esfuerzo hasta el final”, si el gobierno no descongestiona la situación, “valoramos descolgarnos y decirles a los estudiantes que no esperen salir de Gaza porque es un timo” del que “no queremos ser cómplices”.

Revindicación de grupos internacionales

También iniciativas civiles internacionales hacen un balance muy crítico con la gestión de Exteriores de las evacuaciones de estudiantes. Gaza 40+ nació para promover y velar por evacuaciones seguras de los estudiantes gazatíes a universidades de Reino Unido, si bien luego se ha extendido a Irlanda, Italia, España, Francia, Bélgica y Brasil. Su radiografía del proceder de gobiernos europeos es negativa. Pero peor en el caso del ejecutivo español, según traslada a elDiario.es Cristina Robles, coordinadora de Gaza40+ en nuestro país: “En comparación con otros países, en los últimos dos años, las evacuaciones de estudiantes hacia España han sido raquíticas”. Confirma la cifra de 13 estudiantes. “Y eso pese a que nos consta que en curso 2025-2026 había 60 gazatíes aceptados por universidades españolas. Que, además, cumplían los criterios para el visado, incluido tener 7.200 euros en el banco”.

Para Gaza40+ el proceso falla por múltiples factores: que “España no tiene Embajada en Jerusalén sino un Consulado que funciona bajo mínimos”, que “una vez concedido el visado, la última palabra la tiene Israel”, que existe “opacidad y arbitrariedad de Exteriores sobre a quién se evacúa y con qué prioridad. De hecho, hay estudiantes avisados de que en uno o dos días salían y luego los han dejado en tierra para dar sus plazas a otros” y que el Ministerio “con su opacidad, arbitrariedad y silencio administrativo sepulcral genera una incertidumbre que cava más hondo en el trauma psicológico por el genocidio”.

Testigos de esa angustia acrecentada son las doce voluntarias jordanas de “Ozwet Tulab Gaza”, proyecto que significa “Apoyo, Orgullo y Protección para estudiantes de Gaza”. Sus números de móvil circulan entre los universitarios gazatíes a la espera de evacuación, pues ellas dan asistencia al alumnado en tránsito, a través de Amman, a países de todo el mundo.

“Muchos nos preguntan por qué España tarda más que otros países y se nos rompe el alma”, declara una de estas jordanas. “España es la que más ha tardado en activar las deportaciones y exige mucha burocracia”, subraya. “Quizá sea”, aventura, “porque Israel se lo ponga más complicado por haberles criticado”. Aunque, al instante matiza: “Es raro porque Israel quiere vaciar la Franja de Gaza, sobre todo de su gente brillante, universitaria”.

“Lo cierto”, añade, “es que nosotras hemos ayudado a centenares de evacuados a Italia o Reino Unido… y los de España han sido a cuentagotas”. 

Universidades dando facilidades sin recibir gran información

Una de las universitarias gazatíes veteranas en la lista de espera fue admitida para su doctorado en la Politécnica de Madrid (UPM) en octubre de 2024. Este 2026 se le consiguió una beca de investigadora predoctoral y en junio el vicedecano de Internacionalización mandó al Cónsul General de España en Jerusalén, Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, una carta que menciona otra de marzo 2026, sin respuesta, y donde solicita “respetuosamente” que “se valore el caso como urgente” y se informe a la universidad de “cualquier vía, actuación o mecanismo que pudiera facilitar la salida de la interesada de la Franja de Gaza” y “su incorporación efectiva a la Universidad”.

El tutor del programa de doctorado de esta alumna, Javier Galeano, catedrático de Universidad Física aplicada de la UPM, está muy preocupado porque “hay riesgo de que ella pierda esta oportunidad de estudios, pues ya hemos solicitado una segunda prórroga de la beca y no creo nos las concedan infinitamente”.

La Autónoma de Barcelona UAB lleva, desde el curso 2024-2025, según datos remitidos por su gabinete de comunicación, esperando la llegada de hasta once becados que se han ido sumando en la convocatoria del 24-25, la del 25-26 y la del 26-27. A día de hoy sólo ha llegado una persona evacuada.

“La frustración es total”, admite el vicerrector de Relaciones Internacionales, Óscar Jané, quien explica que “por los retrasos, a veces, los pasaportes del alumnado caducan, y hay que reiniciar trámites”. Y testimonia que la tarea con los gazatíes, realizada por la UAB junto a la Fundación Autónoma Solidaria, “no es sólo administrativa sino psicológica porque, de pronto, nos cuentan que carros de combate van hacia sus casas. Pone la piel de gallina”.

En la Politécnica de Madrid temen que su alumna gazatí, que lleva dos cursos esperando a ser evacuada, pierda la beca si se acaban las opciones de prórroga. En la Autónoma de Barcelona, de 11 becados palestinos en estos 3 cursos sólo ha llegado uno evacuado. Y en la Universidad de Málaga, los 5 becados por venir tienen que reiniciar el trámite de visados al no haberlos traído el pasado curso.

Con todo “más vale ser positivos y optimistas”, dice, con la esperanza de que, en la evacuación del 13 de julio que se rumorea, “aunque no está confirmada”, llegue “una de nuestras alumnas”.

“Yo entiendo”, se muestra comprensivo, “que para el Consulado en Jerusalén no será fácil lograr evacuaciones que no dependen de ellos… Aunque esperamos que, ahora que el conflicto está en otra etapa, lo que viene tardando dos años en gestionarse, se resuelva en seis meses”.

Jané se compromete, en todo caso, a que la Autónoma será flexible para acoger al alumnado fuera de los plazos inicialmente previstos, y a que seguirán convocando ayudas a palestinos. El curso 25-26 recibieron 200 solicitudes, teniendo sólo 5 plazas disponibles. “Ojalá, hubiese acuerdos entre el Ministerio y las universidades públicas que nos dieran presupuesto para más becas anuales a palestinos”.

La Universidad de Málaga está a la espera de evacuación de cinco estudiantes palestinos, tres alumnas y dos alumnos, que debieron llegar el curso 25-26. “Parece que una ha recibido noticia de que podrían evacuarla el día 13. A nosotros nos llega poca respuesta del consulado”, traslada Enrique Nava Baro, vicerrector de Movilidad y Proyectos Internacionales de la UMA.

“Ahora tramitamos con el SEPIE extender al 26-27 la Erasmus de todos ellos”. La cuestión es que nuevas fechas de estudio implican nuevos visados a tramitar, en un círculo vicioso. “Aún comprendiendo las dificultades en la zona”, dice conciliador, “las autoridades españolas deberían resolver más rápido los visados”.

Enrique Nava asegura que, pese a los obstáculos, el programa de la UMA con Gaza continuará “porque nuestro interés no es sólo académico sino humanitario”. Pero, en su experiencia “la mayoría del alumnado palestino, tras pasar por España, quiere seguir su formación en países europeos donde se imparten cursos completos en lengua inglesa, que ellos dominan”.

Su equivalente en La Laguna, Inmaculada González, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, asegura que, en esa universidad canaria, están “deseando que lleguen” los dos alumnos gazatíes que ya debería haberse incorporado en el curso 2025-2026. Ignora cuándo vendrán, al no recibir respuesta del Consulado de Jerusalén “pese a escribirles sistemáticamente”. Como sus colegas de las universidades ya citados, garantiza que admitirán a los estudiantes pese al retraso, “si es que llegan”, y que ofrecerán más plazas para alumnado gazatí “por razones humanitarias”. Y, aunque manifiesta hacerse cargo de “la complejidad de la coyuntura” pide “un poquito más de agilidad, pensando en los estudiantes que allí tanto sufren”.

Tras el punto final de este texto, los 33 alumnas y alumnos aludidos seguirán en Gaza, al otro de las pantallas de sus móviles, con el corazón en un puño, deseando que la ciudadanía española y el gobierno los traigan, al fin, a estudiar a España.

En 2014, Margaret Wallström era nombrada ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y tomó una decisión: poner en marcha una política exterior feminista, es decir, una diplomacia en la que la igualdad de género fuera un asunto central y transversal. Algunas de las medidas de Wallström tuvieron respuesta de países como Arabia Saudí o Israel, que llegaron a retirar a sus embajadores de Estocolmo.

Doce años después, Madrid acoge este martes y miércoles la V Conferencia de Política Exterior Feminista, un encuentro de alto nivel en el que participan 60 ministerios de Asuntos Exteriores de todo el mundo y representantes de organismos y organizaciones internacionales. La cumbre se celebra entre la reacción antiderechos que recorre el mundo y la crítica de la sociedad civil, que pide más coherencia y recursos para que la palabra 'feminista' no sea solo una etiqueta bonita. La mejor prueba de que el mundo de 2026 es muy distinto al de 2014 es que ese país pionero en política exterior feminista, Suecia, ha renunciado a ella desde que en 2022 una coalición conservadora llegara al Gobierno.

Pero, ¿qué significa tener una política exterior feminista? “Implica orientar las prioridades a través de la lente del feminismo y de las mujeres como jugador central en todas las sociedades. Que todas las acciones que se desarrollan dentro de la política exterior, de los vínculos multilaterales, y de la contribución al desarrollo se hagan a través de esta lente para que mejore la consistencia de los derechos humanos y ampliar el concepto de seguridad, que no debería estar centrado solamente en la defensa sino girar mucho más sobre las condiciones dignas de vidas libres de violencia”, explica Susana Malcorra, que fue ministra de Relaciones Exteriores de Argentina y es presidenta y cofundadora de GWL Voices, una organización que aglutina a lideresas de todo el mundo y de la que también forma parte Wallström.

Lejos de ser un movimiento estructurado, prosigue Malcorra, ha sido más bien una iniciativa de diferentes países que han ido sumándose a la idea. “No hay un estándar, hay ciertos principios de funcionamiento y el deseo de ampliar la base”, explica. Ese es uno de los objetivos de la Conferencia de Madrid: avanzar en estándares comunes, hablar de financiación y de cómo hacer frente al retroceso que ya está sucediendo en distintos lugares del mundo.

“Es una apuesta transformadora de algunos países en cómo se entiende su política exterior, en cómo la igualdad puede ser un tema central en el multilateralismo, pensando no solo en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres sino en una apuesta transformadora para abordar el mundo desde los principios feministas: transformar los espacios de diálogo, no ver a las mujeres solo como sujetas de protección sino de derechos y como quienes pueden liderar la política, poner en el centro la eliminación de la violencia, acabar con las estructuras que relegan a las mujeres a segundos planes, cómo cambiar realidades requiere de mayor inversión, trabajar en la autonomía económica desde una perspectiva feminista, hablar de derechos sexuales y reproductivos...”, enumera Paola Yáñez, coordinadora general de la Red de Mujeres Afro Latinoamericanas, Afro Caribeñas y de la Diáspora.

Yáñez participaba este lunes, junto a decenas de líderes feministas de todo el mundo, en el Foro de la Sociedad Civil previo a la Conferencia. Distintas voces advertían de la necesidad de cerrar la brecha entre la etiqueta 'política exterior feminista' y la práctica. “No puede haber un feminismo hegemónico que se centre en unas mujeres y olvide a todas las demás, la solidaridad es para todas las mujeres, no solo para unas pocas. No puede haber política exterior feminista si se apoyan las políticas de un país que está llevando a cabo un genocidio y una limpieza étnica”, asegura Paola Salwan, directora de la organización Women Deliver. Salwan urgía a recuperar la financiación para el activismo feminista: “Estamos encantadas de ayudar a contener el fascismo pero necesitamos recursos”.

Varias activistas insistían en el problema actual con la financiación. Aapta Garga, de Women Deliver, aportaba algunos datos: solo el 0,1% de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) va a parar a las mujeres, países como Kenia deben destinar más dinero a pagar los intereses de su deuda que lo que reciben para AOD y la financiación privada también se está retirando de la inversión en proyectos con mirada feminista. “La financiación para investigaciones en feminismo es mínima, menos aún que para el activismo feminista, mucha va para los thinks thanks que piensan bastante similar a como lo hacen las élites o a 'clubes de chicos' antifeministas”, apuntaba Lina Abu Habib, experta de la Universidad de Beirut.

Faye Macheke, codirectora de la organización Awid, avisaba del aumento de gasto en defensa y de la reducción en cooperación. “Las organizaciones antiderechos [sexuales y reproductivos] duplican la financiación que reciben cientos de organizaciones feministas juntas”, señalaba. Macheke cuestiona la mirada desde la que se juzga quién produce conocimiento y quién merece inversión: “Hablamos de algo más profundo, de quién se considera suficientemente creíble para ser apoyado y financiado, y las organizaciones de base no suelen tener la misma consideración que las que tienen grandes estructuras. El conocimiento también se produce en campos de refugiados, en zonas militarizadas o en grupos humanitarios que atienden las crisis de manera directa”.

Una declaración política final

La Conferencia concluirá con una declaración política a la que podrán adherirse los estados. El Ministerio de Exteriores es quien ampara el encuentro. Según el ministro José Manuel Albares, la conferencia busca “avanzar en la consolidación de una diplomacia feminista global, transformadora, inclusiva y guiada por la igualdad” en un contexto internacional marcado por conflictos, retrocesos democráticos y un aumento de las desigualdades. El encuentro abordará las barreras que existen para el liderazgo de las mujeres en instituciones políticas, la presencia femenina en la mediación y mantenimiento de la paz y la seguridad, la feminización de los cuidados o la reforma de la financiación para el desarrollo con perspectiva de género.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Albares inaugurarán la Conferencia, mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en un inicio no estaba invitada (sí otros cargos de sus departamentos) clausurará el evento el miércoles.

“España es un referente en igualdad y la política exterior feminista es una seña de identidad del Gobierno y vamos a continuar trabajando con todos los países que comparten nuestros valores para hacer frente a la ola reaccionaria que amenaza los derechos de las mujeres. Es una amenaza real que pretende devolvernos a tiempos pretéritos y responderemos dando zancadas hacia delante también a nivel internacional”, asegura Redondo a elDiario.es

Timoteo Zambrano (Caracas, 1955) opera en los pliegues de una política que muchos consideran extinta: la del pacto discreto y el pragmatismo de largo aliento. Formado en las filas de Acción Democrática (AD) y exvicepresidente de la Internacional Socialista, su trayectoria es un mapa de mudanzas estratégicas que va desde la secretaría general de AD y la militancia en Un Nuevo Tiempo hasta la fundación de su propio partido, Cambiemos. Sus sellos más recientes fueron la arquitectura de la Alianza Democrática y de la llamada “mesa democrática” —instancia de negociación paralela a la oposición tradicional, que los sectores radicales denominan con desprecio “la mesita”—, que gestionó la liberación de presos políticos y mantuvo abiertos canales directos con el chavismo, una suerte de contrapeso silencioso al papel de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Zambrano acababa de ser elegido senador. Tres años después tomó asiento en la Mesa de Negociación y Acuerdos auspiciada por la OEA —la primera instancia internacional de diálogo entre el chavismo y la oposición— y se convirtió en uno de los portavoces más visibles de la Coordinadora Democrática, la primera gran alianza unitaria del antichavismo. Ambas experiencias naufragaron: la Mesa no logró descomprimir un país que había hecho del conflicto político su clima permanente, y la Coordinadora se desmoronó en 2004 tras la derrota opositora en el referéndum revocatorio que ratificó a Chávez en el poder.

Al año siguiente rompió con AD y se incorporó a Un Nuevo Tiempo, el partido socialdemócrata fundado por Manuel Rosales, donde recaló buena parte de la militancia de la AD de los noventa. Diputado al Parlamento Latinoamericano tras las legislativas de 2010, fue también uno de los fundadores y portavoces de la MUD, el segundo gran ensayo unitario del antichavismo.

La muerte de Chávez, el agravamiento de la crisis económica y la victoria opositora en las parlamentarias de 2015 abrieron una nueva fase de tensiones internas. Los partidos de la MUD, ya mayoría en la Asamblea Nacional, endurecieron el tono y desplegaron una estrategia de salida por todas las vías disponibles: la presión constitucional, los llamados a la intervención extranjera y la arquitectura del régimen de sanciones internacionales que terminaría por contraer el PIB venezolano en cerca de un 75%. El chavismo respondió en 2017 con un Tribunal Supremo que anuló las atribuciones del Parlamento, lo que desencadenó meses de protestas y represión y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente solo del chavismo. Un año después, la MUD denunció fraude en las presidenciales que otorgaron la reelección a Maduro, y el bloque terminó por disolverse en 2018.

Zambrano se opuso a aquella escalada. Defendió el diálogo con el chavismo como única salida viable y pagó el precio: su relación con el resto de la oposición se fracturó a fondo, y sus posiciones públicas se convirtieron, desde entonces, en materia de controversia casi permanente.

Sus raíces como negociador tras los bastidores son profundas. Un alto funcionario del chavismo, que habló bajo condición de anonimato, lo describió a elDiario.es como “una persona cabal y contemporizadora, moldeada desde joven por el expresidente Carlos Andrés Pérez para la diplomacia informal: aquellas misiones que no podían atenderse desde la cancillería oficial, sino mediante el trabajo silencioso en el continente, el Caribe y los foros de la Internacional Socialista”.

Su figura, sin embargo, despierta ambivalencia. Toda la opinión pública sabe que es amigo del expresidente Rodríguez Zapatero. Ricardo Ríos, de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista, reconoce su habilidad para construir acuerdos, pero advierte que esa misma destreza tiene un doble filo: “Es bueno fabricando acuerdos, pero también desacuerdos”. Iris de Franca, dirigente del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela y exmilitante del partido de Zambrano, va más lejos: señala que Zambrano arrastra un estilo patriarcal y cerrado que choca con las exigencias de renovación, y que le faltan habilidades comunicacionales para el momento que vive el país. Con todo, reconoce que su propio crecimiento político estuvo vinculado al respaldo de Zambrano, quien solía fortalecer y acompañar las trayectorias de sus cuadros más cercanos. “Mantengo un profundo respeto por su figura”, admite. Quienes lo han tratado en la arena política coinciden en que es una persona terca, y que esa tozudez impide en ocasiones avanzar en acuerdos con otros dirigentes.

En lo personal, carga con el estigma de una denuncia de maltrato por parte de una de sus exesposas, un conflicto que los más cercanos reducen a una disputa patrimonial. En lo político, rechaza la cultura del espejismo: sostiene que el cambio no puede ser un atajo para evadir la crisis, sino una construcción cotidiana, y que la democracia solo es viable si las luchas antagónicas dejan de ser existenciales para volverse funcionales.

Su nombramiento como embajador en España no ha estado exento de polémica. Chuo Torrealba, activista social y periodista que lo conoce desde hace más de dos décadas, advierte que la designación entraña “una situación peligrosa”: el gobierno provisional proyecta una imagen de apertura a costo cero mientras ubica a figuras opositoras en cargos cuya función es, precisamente, representarlo. “Para ellos es ganar-ganar”, resume. Aun así, descarta que la distancia física vaya a mermar la capacidad de Zambrano para gestionar casos de presos políticos, dado que sus contactos —incluidos vínculos con sectores del Partido Demócrata estadounidense— trascienden la presencia en Caracas.

Las críticas más duras, no obstante, llegaron el 2 de mayo desde Miami. Juan Pablo Guanipa, íntimo aliado de María Corina Machado y expreso político, elevó el tono contra Enrique Ochoa Antich y el propio Zambrano en un encuentro con la diáspora venezolana recogido por VPItv. Los acusó de “medrar alrededor del poder para obtener prebendas” mientras se presentan como opositores. Cuestionó sus designaciones como embajadores en Alemania y España, y aseguró que el régimen busca “dar la impresión de que ha cambiado” al incorporar a figuras que, según él, solo amplían una fachada. “Son peores, porque son solapados. Y yo no quiero nombrar a nadie porque no me gusta entrar en esas cosas: Ochoa Antich, Timoteo Zambrano. Son dos sinvergüenzas”, sentenció.

De Franca, en cambio, lee el nombramiento en clave de oportunidad histórica. Sostiene que Venezuela requiere de una política exterior capaz de reconectar con el mundo, y que la experiencia de Zambrano como operador internacional es lo que el contexto actual demanda: “Una oportunidad clave que no se había materializado en las últimas décadas”. Entre quienes lo conocen, prevalece la certeza de que Zambrano seguirá siendo lo que siempre ha sido: un hombre de acuerdos, con todo lo que eso implica de virtud y de riesgo.

La situación de crisis en Cuba ha llevado a la acción a los gobiernos de España, Brasil y México durante el encuentro de los jefes de gobierno de los tres países en Barcelona este sábado con la emisión de un comunicado conjunto a última hora del día en defensa del derecho internacional.

“Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación”, arranca el comunicado conjunto de los tres países, que solicitan que se eviten las acciones que “agravan las condiciones de vida de la población” o aquellas que son contrarias al Derecho Internacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se compromete, junto a Brasil y a México, a “incrementar de manera coordinada” la respuesta humanitaria “dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”. El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por ser el que más apoyo humanitario ha ofrecido a la isla, ya fuera en forma de alimentos, medicamentos, bienes de primera necesidad o incluso petróleo.

Los gobiernos de Sánchez, Sheinbaum y Lula reiteran además la necesidad de mantener el respeto al Derecho Internacional así como los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Los tres países reafirman así mismo en el comunicado conjunto el compromiso “irrenunciable” con los derechos humanos, los valores democráticos o el multilateralismo. Para ello, hacen un llamamiento a un diálogo “sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional” y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El objetivo de este diálogo, aseguran los gobiernos de los tres países, debe ser “encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”.

Durante el foro de líderes progresistas de este fin de semana en Barcelona, la mayoría de líderes han advertido ante el incremento de los conflictos a nivel mundial, especialmente tras la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus amenazas tanto comerciales como militares o territoriales.

Lula da Silva ha alertado de forma reiterada sobre los peligros de la conflictividad mundial, pero también Claudia Sheinbaum, que ha impulsado esta declaración para evitar una incursión militar en Cuba. El sudafricano Ramaphosa, por su parte, ha reclamado una reforma de la ONU para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas.

Cuba agradece la solidaridad

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció esta madrugada el “digno y solidario” comunicado de Brasil, España y México ante el “recrudecimiento” del bloqueo de Estados Unidos a lo que describe como “niveles extremos” y al actual “cerco energético” y las “constantes” amenazas de la Administración Trump.

Rodríguez incidió en la necesidad de respetar la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, así como los principios de la libre determinación de los pueblos, el respeto a la independencia y la soberanía y pidió abstenerse en las amenazas y el uso de la fuerza.

El mundo asiste a unas conversaciones de paz sobre Oriente Próximo tan frágiles como determinantes para la seguridad global. La guerra en Irán emprendida el 28 de febrero de manera unilateral por Estados Unidos e Israel ha vuelto a poner al planeta patas arriba. Miles de muertos, cientos de miles de desplazados y consecuencias económicas planetarias por la deriva belicista de las administraciones israelí y norteamericana. Un contexto en el que España abandera el 'no a la guerra' como línea maestra de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acompaña estos días al presidente de viaje oficial a China, país al que asegura que hay que acercarse como socio comercial y como actor global ante los posicionamientos de Donald Trump. Frente a los cuales también demanda “la independencia” militar europea para actuar “sin coerciones”, mientras el secretario general de la OTAN toma parte por Estados Unidos.

Albares concedió esta entrevista a elDiario.es este pasado jueves, a las puertas de las conversaciones de paz y tras la masacre de Israel en Líbano en pleno alto el fuego. Horas después, Benjamín Netanyahu amenazó a España con pagar “un precio inmediato” por lo que considera una “guerra diplomática” del Ejecutivo de Sánchez. Y el ministerio de Exteriores israelí convocó a la representante española en el país para recibir una reprimenda por la elección de Netanyahu en la localidad malagueña de El Burgo para su 'Quema de Judas' de este año, una fiesta popular con un siglo de historia que ha valido a Israel para acusar a España de antisemitismo. Cuestionados tras la entrevista, en Exteriores se limitan, por el momento, a calificar de “acusación infundada” la respuesta de Israel, pero evitan más comentarios sobre el Gobierno de Netanyahu. A última hora de este sábado, los representantes de Irán y Estados Unidos aseguraron concluir con “optimismo” la primera ronda de negociaciones en Islamabad. Por la mañana, Israel mató a otras diez personas tras un nuevo ataque en Líbano.

¿Se puede considerar real un alto el fuego durante el cual se masacra un país como Líbano?

No, no es la mejor forma de empezar una tregua. Exigimos que en este alto el fuego se incluya al Líbano. No tiene sentido lo que vimos el miércoles. El día que se anunciaba el alto el fuego Israel lanzó el mayor ataque contra un estado soberano de manera indiscriminada. Cientos de bombas, más de 300 muertos, mil heridos. No puede ser. Esta no es una guerra del Líbano ni del pueblo libanés. El Gobierno de Líbano llevaba ya muchos meses trabajando activamente para poder desarmar a Hezbolá y para garantizar también la seguridad del pueblo de Israel evitando esos lanzamientos de cohetes que nosotros condenamos. Israel tiene derecho a su existencia en paz y en seguridad, pero exactamente el mismo derecho que tiene el pueblo libanés a un Estado en paz y seguridad.

Tras el genocidio en Gaza y la masacre en Líbano, Israel parece llevar al mundo al borde del precipicio. ¿Qué tiene que pasar para que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel?

Estamos ante la crisis mundial más importante de este siglo. La Unión Europea e Israel tienen un consejo de asociación que establece el respeto de los derechos humanos. Ni en Gaza, ni en estos momentos en Líbano, las acciones de Israel respetan los derechos humanos. Son violaciones flagrantes del derecho internacional. Por eso España planteó que ese consejo de asociación se suspendiera íntegramente. Y por eso lo volvemos a reclamar en estos momentos.

¿Le defrauda la connivencia o la condescendencia de las instituciones europeas con respecto a Israel?

En Europa siempre tiene que haber uno que enarbole la bandera, que avance más rápido, que lidere a los demás. En este caso está siendo claramente España. Como me dicen mis homólogos del mundo árabe y de Oriente Medio, España está salvando la dignidad de Europa con el reconocimiento del Estado palestino, con la situación en Gaza y, ahora, con Líbano o con la postura en la guerra en Irán. España fue el primero, pero rápidamente se han ido sumando todos. Lo que esperan de Europa es que defendamos el derecho internacional. La disyuntiva es: el orden mundial de paz, o el caos y el desorden. Europa tiene que estar del lado del orden de paz.

Israel tiene derecho a su existencia en paz y en seguridad, pero exactamente el mismo derecho que tiene el pueblo libanés a un Estado en paz y seguridad

En menos de 24 horas Trump pasó de amenazar con aniquilar a toda una civilización a decir que ahora estamos a las puertas de una oportunidad histórica para la paz. ¿Usted cree que estamos realmente más cerca que hace unos días de una paz mínimamente estable y duradera, o que todo sigue siendo muy frágil y peligroso?

Hemos evitado una escalada de consecuencias inasumibles para toda la humanidad, pero todavía estamos muy lejos de la paz. Hay que decir las cosas muy claras a los españoles y españolas: este es un alto el fuego muy frágil, abiertamente amenazado. Lo estamos viendo con los ataques de Israel al Líbano. He estado en muchas negociaciones diplomáticas de todo tipo. Dos semanas es muy poco tiempo, pero hay que apostarlo todo a la paz. Es la mejor oportunidad que tenemos, pero estamos todavía muy lejos de esa paz.

Dijo en su comparecencia en el Congreso que hay muchos actores interesados en que esa paz ni siquiera se empiece a negociar.

Por supuesto. Hay muchas personas interesadas, no ya en que esas negociaciones en Islamabad no lleguen a ningún puerto, sino que ni siquiera llegaran a sentarse.

Se refiere a Israel.

Cuando toda la humanidad respiraba aliviada por el alto el fuego, claramente el Gobierno de Israel seguía empecinado en una guerra que no es buena para nadie. Tampoco para las legítimas demandas de seguridad de Israel. Yo condeno todas las acciones de Hezbolá cuando se producen, pero la fuerza militar por sí sola no garantiza la seguridad de nadie. Por eso reabrimos nuestra embajada en Teherán y regresa nuestro embajador a Teherán, para que desde todos los sitios, desde todas las capitales, la política exterior de España apoye esa mediación y esa esperanza.

¿No es un poco precipitada la reapertura de la Embajada de Teherán teniendo en cuenta la inestabilidad o la fragilidad de la paz?

No, al contrario. El tiempo es muy poco, por eso lo hemos hecho. Hemos tomado la decisión sabiendo que hay dos semanas de alto el fuego y que, por lo tanto, podemos volver allí con garantías de seguridad para el embajador y el personal, que era una de las cosas que nos hizo tener que cerrar la embajada.

España está salvando la dignidad de Europa con el reconocimiento del Estado palestino, con la situación en Gaza y, ahora, con el Líbano

Se va a negociar una paz en la que no terminamos de tener claro qué es a lo que aspira una de las partes. ¿Podría explicarle a la ciudadanía a qué ha ido Donald Trump, a qué han ido los Estados Unidos de América, a Irán?

No ha habido una explicación al respecto, solo el presidente de los Estados Unidos podría responder a esa pregunta. Lo que sí es evidente es que esta guerra, igual que lo fue la guerra de Irak, son guerras en violación del derecho internacional, completamente ilegales. Si trazamos ese paralelismo entre la guerra de Irak y esta guerra, todos los españoles son muy conscientes. ¿Dónde se habría situado España si en estos momentos hubiera un gobierno distinto al de Pedro Sánchez al frente de nuestro país? Ahí están las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo diciendo sí a la guerra de Irán, o las declaraciones del primer día del señor Feijóo diciendo que España tenía que estar con sus aliados en esta guerra. Hubiéramos estado en el rincón de la historia y de la legalidad internacional en vez de estar donde estamos, que es en el de la paz. Todo está en estos momentos conectado, absolutamente todo. Irán, Gaza, Líbano, Ucrania, Groenlandia, Cuba. Todo responde a lo mismo, a intentar imponer la ley del más fuerte frente al orden internacional de paz.

¿Comparte el diagnóstico de que Estados Unidos está perdiendo la guerra?

Las guerras las pierden todos. Las pierden los ciudadanos. Lo estamos viendo con los ciudadanos iraníes. No es con bombas como va a llegar la igualdad de las mujeres iraníes, la democracia, los anhelos de libertad que nosotros respaldamos. Y sus consecuencias son mundiales.

¿El régimen iraní es ahora más fuerte que cuando empezó la guerra?

En cualquier caso, el régimen sigue ahí y nosotros hemos condenado todas las violaciones de derechos humanos del régimen. Yo voté a favor de la inclusión de la Guardia Revolucionaria dentro de los grupos terroristas de la Unión Europea y he condenado cada una de las ejecuciones de opositores y de ciudadanos en Irán. Insisto, no es con bombas desde el cielo como van a llegar la igualdad y la democracia. Con las guerras llega la espiral de violencia y llega el caos.

¿Este presidente de los Estados Unidos de América es un peligro para la paz mundial?

La paz mundial la construimos entre todos, pero Estados Unidos es un país especialmente importante. Estamos hablando de la primera potencia militar del mundo, la primera economía del planeta y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene como misión fundamental velar por la paz y la seguridad mundiales. Por supuesto que necesitamos a Estados Unidos para garantizar la paz y la seguridad mundiales. Es un actor fundamental.

Asistimos día tras día a declaraciones del secretario general de la OTAN en las que prácticamente se pone al servicio de los intereses de solo uno de sus socios, Estados Unidos. En las últimas horas ha asegurado que la guerra es una buena idea y que hay que seguir adelante con ella. ¿Puede explicar a la ciudadanía española qué utilidad sigue teniendo una institución como la OTAN en este contexto?

La relación transatlántica ha sido mutuamente beneficiosa para europeos y norteamericanos a lo largo de todas estas décadas, tanto en materia comercial como de seguridad. Pero es evidente que, para que eso siga siendo así, necesitamos a ambas partes. Europa y la nueva administración norteamericana tienen postulados distintos. Este es un momento en el que Europa tiene que avanzar hacia su soberanía y su independencia en materia económica y también tener la disuasión en nuestras manos con un ejército europeo y con una integración de nuestras industrias de defensa. Porque Europa tiene que ser libre para poder decidir libremente sin coerción, sea arancelaria o sea militar.

¿Al margen de la OTAN?

No es lo que nosotros queremos. Pero si uno de los socios fundamentales tiene otros postulados y nos anima a ello, desde luego que nosotros tenemos que seguir garantizando la seguridad, que no se garantiza solo con tanques. Nunca ha habido una contradicción entre un pilar europeo sólido de la OTAN con una seguridad común europea. Al contrario, lo que hace es reforzarla.

Ha publicado en las últimas horas el Wall Street Journal que Estados Unidos amenaza con retirar tropas de suelo español y dejar vacías las bases de Rota y Morón. No parece, según lo que estamos hablando, que Estados Unidos sea en estos momentos el aliado más fiable para Europa y para España. ¿Tiene sentido, aun en este contexto, mantener las bases americanas?

Las bases se rigen por un convenio hispano-norteamericano y hay unos canales de comunicación que están plenamente operativos. No ha habido ninguna indicación.

¿No le han comunicado que se vayan a retirar?

En absoluto. Y la comunicación es totalmente fluida y natural.

Las amenazas del presidente de los Estados Unidos a España durante varias semanas, que sepamos, también han quedado en nada.

Hace comentarios sobre distintos países, distintos presidentes, distintos líderes. Pero no hay nada ni hay ninguna comunicación en ningún sentido. La relación es fluida.

El presidente y usted mismo viajan ahora a China, con quien se han intensificado las relaciones diplomáticas y comerciales en los últimos tiempos. ¿China es un aliado fiable para España?

Lo que nosotros buscamos es hablar con esa otra gran potencia militar y económica, porque nuestra política exterior es global. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por lo tanto, fundamental para la estabilidad, la paz y el desarrollo económico mundiales. En segundo lugar, buscamos equilibrar un déficit comercial muy pronunciado para España con un gran mercado como es el chino y mantener relaciones diplomáticas y políticas de primer nivel como mantenemos con todos los grandes países del planeta.

¿Es un socio más fiable que Estados Unidos en estos momentos?

Son socios distintos, Estados Unidos es un aliado. Lo que sí es cierto es que las posiciones de la Administración norteamericana llevan a que los europeos tengamos que buscar nuevos socios comerciales. Lo hemos hecho con Mercosur, por cierto, liderados por España. Lo hemos hecho con India, con Australia. Y también hay que mirar hacia China.

No sé si sabe cuál es la situación del soldado español, miembro de las misiones de las Naciones Unidas en Líbano, que estuvo retenido por Israel.

Sé que se encuentra bien. Lo que sí le confirmo es que, al tener conocimiento de esta situación inaceptable que rechazo y condeno con rotundidad, convocamos inmediatamente a la encargada de negocios de la Embajada de Israel al Ministerio de Asuntos Exteriores y le entregamos una nota verbal de protesta. Es inadmisible que un soldado de una fuerza de Naciones Unidas, que es inviolable en todo momento, sea retenido de esta manera.

Las posiciones de la administración norteamericana llevan a que los europeos tengamos que buscar nuevos socios comerciales

La portavoz del Partido Popular hizo un chiste con esa retención del soldado español.

Me parece una auténtica vergüenza. Como ministro de Asuntos Exteriores me avergüenzo de que haya representantes políticos que hagan esas declaraciones. En primer lugar, por un mínimo patriotismo. Estamos hablando de un soldado español. En segundo lugar, por una defensa del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Es un soldado español con casco azul bajo bandera de las Naciones Unidas, que tiene un estatuto de especial protección. Y en tercer lugar, porque la misión que están realizando es una misión de paz. Sinceramente, esas declaraciones demuestran una vez más que el Partido Popular está absolutamente incapacitado para gobernar España.

¿Qué le parece el intento de viraje del PP respecto a Irán? Estuvieron semanas ridiculizando el ‘no a la guerra’ del Gobierno y ahora lo hacen suyo.

El 'no a la guerra' del Partido Popular sí que es para ellos un eslogan. Siguen sin comprender que es un sentimiento abrumadoramente mayoritario entre los españoles. Pero cuando hubo que tomar la decisión de cómo se iba a posicionar España en su política exterior y qué se iba a hacer con las bases de Estados Unidos de soberanía española, el presidente del Gobierno y el Gobierno de España no tuvimos al Partido Popular de nuestro lado. Ese era el momento de haber dicho 'no a la guerra'. Y en ese momento, no lo olvidemos, el señor Feijóo dijo que teníamos que estar al lado de Estados Unidos.

¿Cree realmente que el riesgo que afronta el mundo es tan elevado como para que estén en juego la paz y la seguridad de una época y que, en ese caso, la opinión pública es plenamente consciente de ello?

Sí, es totalmente consciente. Lo constato cuando los ciudadanos se me acercan en la calle y me preguntan por la guerra. Son conscientes de la gravedad, de que esta es una crisis mundial, de que no es una crisis como cualquier otra y que aquí las cosas se pueden realmente ir de las manos para toda la humanidad. Son conscientes del impacto que tiene para su vida cotidiana y para su economía familiar y personal. Y son conscientes de que aquí nos estamos jugando cosas absolutamente básicas, impensables hasta hace muy poco.

¿La propia seguridad de nuestro país?

La seguridad no es solamente una seguridad militar, también lo es de flujos energéticos. España los tiene garantizados con países como Argelia, un gran socio. O la soberanía energética que tenemos con las energías renovables. Pero la ciudadanía es consciente de que el incremento de precios de la gasolina o de los alimentos es también su bienestar y, por lo tanto, su seguridad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha rechazado “con contundencia” la “acusación insidiosa” de antisemitismo por parte del Gobierno israelí. El Ejecutivo español “está comprometido en la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación, sin excepciones”, apuntan a elDiario.es fuentes del departamento dirigido por José Manuel Albares.

Las mismas fuentes apuntan a un “principio transversal e irrenunciable” por parte del Gobierno: “La condena absoluta de cualquier discurso de odio, ya sea por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o de cualquier otra naturaleza”. De esta forma (y sin una mención expresa al país) responden a las nuevas acusaciones de Israel, que han convocado a la encargada de negocios en el país hebreo —la máxima representación de España en Israel tras la retirada de la embajadora— para recibir una reprimenda, a raíz de la quema de un muñeco de Benjamín Netanyahu en El Burgo (Málaga). Los hechos se produjeron el pasado 5 de abril, con motivo de la 'Quema de Judas' del Domingo de Resurrección.

El gabinete de Pedro Sánchez ha reivindicado la aprobación en 2023 de la primera estrategia nacional contra el antisemitismo de la historia de España. Se trata del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, que, defiende, “supone un hito que sistematiza las políticas públicas en este ámbito”.

Exteriores también remarca la “relación constante y fluida con las comunidades judías” en territorio español, con las que Albares se ha reunido en múltiples ocasiones, y que queda plasmada en la concesión de la nacionalidad a más de 72.000 sefardíes. Asimismo, hacen referencia al refuerzo “de manera significativa” de las medidas de seguridad de protección al pueblo judío, especialmente en sinagogas, centros educativos, espacios comunitarios y representaciones diplomáticas, con el objetivo de “garantizar que ningún ciudadano sea objeto de intimidación o violencia por su religión u origen”.

“España reconoce y reivindica los profundos lazos históricos y humanos que la unen al pueblo judío”, concluyen desde Exteriores.

Israel acusa a España de librar “una guerra diplomática”

Horas antes de la respuesta española, el Ministerio de Exteriores israelí había publicado un comunicado en sus redes sociales en el que acusaba de antisemitismo a España y convocaba a la representante española en Israel. “El odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez”, escribió.

Los hechos que critican refieren al Domingo de Resurrección, que tuvo lugar el pasado 5 de abril, cuando se celebró en el municipio malagueño de El Burgo la Quema de Judas. En ella, un muñeco de 7 metros de altura parecido a Netanyahu ardió relleno de casi 14 kilos de pólvora ante 2.000 visitantes. El comienzo de esta tradición data de los años cuarenta del siglo pasado y evoca al apóstol que traicionó a Jesús de Nazaret según las escrituras, Judas Iscariote. Según declaró la alcaldesa de la localidad a EFE, la quema simbolizaba el mensaje “no a la guerra, no al genocidio”

La reprimenda a la encargada de negocios española llega después de que este viernes el primer ministro israelí acusara a España de librar una “guerra diplomática” contra Israel, en referencia a las críticas del Gobierno de España por el genocidio en Gaza, donde el Ejército israelí ha matado a más de 72.000 personas, o la condena a la guerra en Irán o contra Líbano.

Poco antes, Israel había anunciado la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, situado en Kiryat Gat (sur de Israel).

Horas más tarde, aunque sin relacionar los hechos, el presidente Pedro Sánchez pidió a sus socios de la Unión Europea “ser coherentes” con la defensa del derecho humanitario y suspender el acuerdo de asociación con Israel. “No permitamos otra Gaza en Líbano”, aseguró Sánchez en Barcelona.

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

Quizás sean estas las tres expresiones que mejor definen el carácter de Carlos Westendorp, que acaba de dejarnos: caballero, negociador y servidor público.

Madeleine Albright, la que fuera secretaria de Estado norteamericana, se refería a él como el spanish gentlemen, por sus modales exquisitos, su educación cultivada y su predisposición permanente para el entendimiento.

Ejerció funciones realmente difíciles, en contextos conflictivos. Fue ministro del Gobierno de Felipe González en su última etapa, entre 1995 y 1996, cuando el desgaste era apreciable y arreciaba la tormenta de la corrupción. Asumió el papel de Alto Representante de Naciones Unidas para Bosnia-Herzegovina, intercediendo entre los protagonistas del conflicto bélico más cruel en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Hasta presidió la Asamblea de Madrid en uno de los episodios más dramáticos y bochornosos de la presente etapa democrática, con el “Tamayazo” y la frustración del gobierno progresista que votaron los madrileños en el mes de mayo de 2003.

Pero nunca nadie le vio un mal gesto, ni le escuchó una palabra más alta que otra, ni faltó al respeto a adversario alguno. Ante las situaciones más complejas y explosivas, literalmente a veces, siempre respondió con el mejor talante del caballero español.

Su mayor cualidad fue, sin duda, la del negociador incansable, ponderado, eficaz. Westendorp fue uno de los primeros y mejores sherpas con los que España contó para ingresar primero y para triunfar después en las Comunidades Europeas. Como consejero ante La Haya, como embajador, como secretario de Estado y como ministro, desbrozó como nadie la maraña negociadora europea para sentar las bases de lo que hoy es la presencia exitosa de nuestro país en la Unión Europea.

Mención especial merece, desde luego, su papel en la resolución del conflicto de la antigua Yugoslavia. Llegó tan solo con un mandato de Naciones Unidas para lograr una paz duradera y unas instituciones legitimadas. Eso y su talante. Y acabó con el respeto y la consideración de todas las partes, habiendo dictado buena parte de la Constitución de Bosnia-Herzegovina y habiendo diseñado incluso su bandera.

Diplomático de carrera y de vocación, siempre fue más partidario de un mal acuerdo que de un buen conflicto.

Pero, sobre todo, Carlos Westendorp fue un gran servidor público, un hombre de Estado. Entendía la política como esa disciplina llamada a organizar el espacio público compartido para mejorar la vida de la gente, resolviendo problemas en lugar de crearlos, instigarlos o aventarlos. Entendía el respeto a las instituciones democráticas, el multilateralismo, la fuerza del derecho, como la única vía para evitar la arbitrariedad, la injusticia y la ley de la fuerza bruta.

Y si tuviera que señalar algo más, algo que me impresionó de su amistad y compañerismo, hablaría de su humildad. No debe ser cosa fácil la humildad con ese currículum y tal reconocimiento, en España y en el mundo. Era tan humilde que cuando en 2003 le propuse formar parte de la candidatura socialista a la Asamblea de Madrid, un parlamento regional, ni como número uno, ni como número dos, solo hizo una pregunta antes de aceptar: “¿Crees que puedo ser útil?”. Vaya gobernante se perdió Madrid.

Además, fue un hombre feliz, y es que, como dijo Cervantes, “en la llaneza y en la humildad suelen esconderse los regocijos más aventajados”.

El rey Felipe VI ha reconocido esta mañana durante una visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que los conquistadores españoles cometieron abusos y provocaron controversias éticas y morales por su forma de ejercer el poder sobre las poblaciones indígenas de América y ha señalado la necesidad de tomar lecciones de esta historia compartida.

“Ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias... por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso, y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, señalaba el jefe del Estado en una conversación informal con el embajador de México en Madrid, Quirino Ordaz.

Felipe VI aseguró en ese diálogo que esos hechos “con nuestro criterio de hoy en día y nuestros valores” no pueden “hacernos sentirnos orgullosos”: “Pero hay que conocerlos. En su junto contexto, no con excesivo presentismo moral, con análisis objetivo y riguroso”.

Parte de esta conversación, que ha tenido lugar esta mañana durante una visita a la exposición, que ha sido organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano y que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, ha sido difundida por Casa Real a través de las redes sociales. La visita de Felipe VI, sin embargo, no constaba en su agenda oficial.

La cuestión de la petición de perdón a España por parte de México lleva varios años provocando tensiones en las relaciones diplomáticas entre ambos países, desde que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigiera una petición de disculpa formal por parte del monarca, que fue contestada de manera “poco diplomática” en opinión de las autoridades del país norteamericano.

Tras aquel roce, el rey Felipe VI no fue invitado en octubre de 2024 a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, hecho que la mandataria mexicana justificó por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón. El Gobierno español respondió no enviando a ningún representante, una circunstancia sin precedentes.

La presidenta de México reiteró en el mes de octubre esta exigencia al Estado español, cuando subrayó que compartía la postura de su antecesor y afirmó que el país “todavía sigue esperando esa respuesta”. En aquel momento también cuestionó la reacción de una parte de la población y los medios españoles en lo que calificó como “una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador”.

Apenas cuatro días después, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconocía que existió “dolor e injusticia” con los pueblos originarios de México durante la colonización española y señalaba que era “justo” reconocerlo y “lamentarlo” porque “esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”. Albares hizo esas declaraciones precisamente en la presentación de esta exposición sobre la mujer en el mundo indígena que acogen el Instituto Cervantes y otras tres sedes madrileñas.

En una nota difundida hoy por la Casa Real, la institución monárquica apunta que esta exposición, que está disponible en Madrid hasta el próximo 22 de marzo, forma parte de un proyecto binacional “que nace con la aspiración de reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias” y del papel fundamental de las mujeres en las comunidades indígenas de México. El país mexicano ha dedicado el año 2025 a conmemorar la figura de las mujeres de los pueblos originarios.

El Gobierno ha procedido al cese de la embajadora en Israel, Ana Sálomon, llamada a consultas el pasado mes de septiembre tras el último choque con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, lo que le obligará a designar un nuevo jefe de misión cuando quiera recuperar la representación al más alto nivel en este país.

El BOE publica este miércoles el cese de Sálomon “a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 2026”. Con el cese, rubricado como es preceptivo por el Rey Felipe VI, se agradecen “los servicios prestados” a la embajadora.

Fuentes de Exteriores confirman a elDiario.es “el cese de la embajadora en Tel Aviv, que estaba llamada a consultas 'sine die', quedando al frente de la embajada de España en Tel Aviv una encargada de negocios, al mismo nivel que la embajada de Israel en Madrid”.

Sálomon, en el cargo desde julio de 2021, fue llamada a consultas por el Gobierno el pasado 9 de septiembre en respuesta a las “calumniosas acusaciones hacia España y las ”inaceptables medidas“ contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego dictadas por el Ejecutivo de Netanyahu en respuesta al paquete de medidas para frenar el ”genocidio“ en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pese a que Israel llamó a consultas a su entonces embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024 tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, el Gobierno había optado por mantener la representación diplomática en Israel al más alto nivel. Sálomon había sido convocada por el Ministerio de Exteriores israelí en numerosas ocasiones en protesta por determinadas posturas o declaraciones de altos cargos españoles, incluido Sánchez.

A su vez, Israel sigue sin tener embajador en Madrid, contando como máxima representante con una encargada de negocios, Dana Erlich. Cuando se produjo la salida de Radian-Gordon ya había previsto un relevo para su puesto, dado que esta se jubilaba en julio de 2024, si bien el diplomático designado renunció al cargo para irse a otra embajada, sin que Netanyahu haya nombrado a un nuevo embajador.

Por su parte, con el cese de Sálomon, el Gobierno se verá ahora forzado a designar un nuevo diplomático para el puesto, que deberá recibir el plácet del Ejecutivo israelí, en el momento en que decida recuperar el máximo nivel de representación en el Estado hebreo, sin que por ahora esté claro si esto ocurrirá próximamente, habida cuenta de que las críticas a Israel se mantienen, ahora por su ataque a Irán y su nueva ofensiva en Líbano.