A José Manuel Albares le cuesta elegir una sola crisis como la más difícil para las relaciones diplomáticas en los últimos tres años. La última legislatura que ha pasado como ministro de Exteriores ha coincidido con uno de los periodos más convulsos para la política internacional en la historia reciente.

Durante una entrevista con elDiario.es en el Palacio de Viana, la residencia oficial y sede más ceremonial del ministerio, Albares habla con calma y medida sobre Estados Unidos, Marruecos, Israel y Ucrania. Se vuelve más enfático al contestar preguntas sobre la primera reacción de los gobiernos europeos ante la crisis de Ceuta y la carta que firmaron 22 líderes tras la entrada de miles de migrantes en julio en un texto que cuestionaba la política migratoria española. El ministro dice que la misiva le “dolió”, pero que desde entonces nota un cambio entre sus colegas. Uno de sus mensajes más repetidos, en Bruselas y en Varsovia, es que la frontera del sur de la Unión Europea debe importar tanto como la del este.

Estos días prepara sus últimas citas europeas antes de las elecciones generales y la esperada cumbre iberoamericana, que se celebra este año en Madrid el 4 y 5 de noviembre. Cae en plena precampaña, pero Albares cree que los lazos “fraternos” primarán más que la política en ese caso, con acuerdos previstos sobre protección civil, movilidad académica y la inteligencia artificial.

Esta es parte de nuestra conversación, editada por extensión y claridad. 

La Comisión Marítima de Estados Unidos acaba de plantear sanciones a los buques españoles o restricciones al comercio por “discriminar” a sus barcos. ¿Cómo va a responder España a esta amenaza?

En primer lugar, la situación se enmarca dentro de la política comercial europea. En segundo lugar, ninguna de las acciones que realiza España es discriminatoria hacia ningún país del mundo ni en materia comercial ni en ninguna otra. Y, en tercer lugar, esto es un asunto que está todavía en una fase preliminar. Queda todavía mucho tiempo para realizar alegaciones y, por supuesto, el Gobierno de España las va a realizar y siempre va a defender a sus empresas ante cualquier país del mundo.

¿España se plantea alguna medida recíproca?

En estos momentos, está en una fase preliminar. No hay ningún tipo de medidas ni decisión. Por lo tanto, estamos muy lejos de que se aplique. Va a quedar muy claro que estamos hablando del ámbito de la política comercial de la Unión Europea y, sobre todo, que España no establece ningún tipo de medidas discriminatorias para ningún país del mundo y que todas las medidas que España toma son siempre respetuosas con nuestra legislación nacional y con la legislación internacional.

La relación con Estados Unidos ha sido una de las más difíciles, sobre todo en los dos últimos años. ¿Cuál ha sido para usted el peor momento para las relaciones exteriores de España? 

Consideramos que Estados Unidos es el aliado natural histórico de todos los europeos, también de los españoles, y queremos una relación transatlántica lo más estrecha posible porque ha sido muy beneficiosa en las últimas décadas para los europeos y también para los norteamericanos tanto en materia comercial como de seguridad. 

Pero la Administración norteamericana actual tiene unos postulados nuevos tanto en materia comercial como en materia de seguridad, y ahí lo importante es cómo respondemos los europeos, cómo nos posicionamos. España impulsa que lo hagamos manteniendo ese lazo trasatlántico y al mismo tiempo dando un salto en la soberanía europea: que cada vez más la disuasión esté en nuestras propias manos, que completemos todo el potencial del mercado único, que diversifiquemos nuestros socios comerciales, como hemos hecho correctamente con Mercosur o con India, y que cada vez más avancemos en un mercado único digital. Porque la innovación, la soberanía digital, es también importante. 

Estados Unidos es el aliado natural histórico de todos los europeos, también de los españoles, y queremos una relación transatlántica lo más estrecha posible porque ha sido muy beneficiosa en las últimas décadas... Pero la Administración norteamericana actual tiene unos postulados nuevos tanto en materia comercial como en materia de seguridad

En tres años en los que ha habido pocas noticias buenas en el ámbito internacional, ¿cuál ha sido el momento más difícil para su ministerio?

Es un mundo complejo y que está en cambio. Y muchos de esos cambios no van a volver atrás. Lo importante siempre es garantizar que nuestra política exterior sea una política exterior con voz e identidad propia marcada por dos vectores: la defensa de los intereses de los españoles y la proyección de sus valores. 

De un lado, los intereses: cuando vemos cómo el bloqueo del estrecho de Ormuz golpea el bolsillo de los españoles e incrementa el precio de los hidrocarburos, cómo la guerra en Ucrania amenaza nuestra soberanía energética y amenaza la propia seguridad europea... Para que a los españoles les vayan bien las cosas dentro, nosotros tenemos que hacer las cosas bien fuera. Y por eso es tan importante un Gobierno que hable con voz propia y que tenga claros los intereses de los españoles y no un Gobierno con las fuerzas de extrema derecha dentro de él, que responden a intereses de terceros y que lo que buscan siempre es debilitar a Europa, que es el proyecto que nos da estabilidad y prosperidad. 

Para que a los españoles les vayan bien las cosas dentro, tenemos que hacer las cosas bien fuera. Y por eso es tan importante un Gobierno que hable con voz propia y que tenga claros los intereses de los españoles y no un Gobierno con las fuerzas de extrema derecha dentro de él, que responden a intereses de terceros y que lo que buscan siempre es debilitar a Europa

Y, por otro lado, proyectar los valores de los españoles, que sea un mundo donde un país como España se inserta con liderazgo, de una manera natural. Ese es un mundo que defiende el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Por eso nosotros decimos exactamente lo mismo, por los mismos valores y con los mismos objetivos, en Ucrania y en Oriente Medio. Y defendemos a los civiles indefensos ucranianos como defendemos a los civiles indefensos palestinos. La defensa de la soberanía ucraniana y la defensa de la existencia de un Estado de Palestina y de la solución de dos Estados responden a exactamente lo mismo: pensar en el orden internacional que existe en estos momentos. No hay un orden internacional alternativo, sino que la alternativa es el caos de la guerra permanente.

Defendemos a los civiles indefensos ucranianos como defendemos a los civiles indefensos palestinos. La defensa de la soberanía ucraniana y la defensa de la existencia de un Estado de Palestina y de la solución de dos Estados responden a exactamente lo mismo: pensar en el orden internacional que existe en estos momentos. No hay un orden internacional alternativo, la alternativa es el caos de la guerra permanente.

¿Es más difícil defender esos valores cuando la crisis se acerca a España? En elDiario.es publicamos audios de militares en Ceuta que parecen estar casi bromeando sobre agresiones a migrantes. ¿Le preocupa esa imagen?

Esta mañana he visto algún titular y no he profundizado ni conozco si esos hechos son así o no. En cualquier caso, si hay el más mínimo indicio, lo que hay que hacer es investigarlo y llegar hasta el final de esa situación. No tengo más información. Si eso se verificara, es, por supuesto, algo a rechazar de manera tajante. 

Todo ser humano, independientemente de la situación en la que se encuentre, tiene un derecho innato al respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. Y si algo apreciamos de Ceuta, si por algo todos los españoles nos sentimos tan orgullosos de una ciudad como Ceuta, es precisamente porque es un ejemplo de convivencia y que independientemente del origen, del credo o de la situación social de todos los ceutíes y las ceutíes, todos ellos conviven de manera perfecta. Es un modelo de convivencia que está en juego en muchas partes del mundo, porque las fuerzas de extrema derecha, también aquí en España, lo que buscan es dividirnos y enfrentarnos.

En este verano tan difícil para Ceuta, sabemos por lo que ha publicado El País que hubo incursiones de buques marroquíes en aguas de Ceuta. ¿Cuándo supo usted de este incidente?

El presidente del Gobierno ha explicado perfectamente la situación y es a lo que me atengo. Hay un diálogo entre las dos Armadas precisamente para evitar cualquier malentendido.

El País publica que estuvo a punto de producirse incluso una colisión entre dos buques militares.

El presidente del Gobierno ha sido muy claro al respecto y, desde luego, el compromiso del Gobierno con Ceuta y Melilla, con nuestra soberanía y nuestra integridad territorial está absolutamente fuera de toda duda.

¿Es parte de su conversación con Marruecos?

Evidentemente, mi función como ministro de Asuntos Exteriores es tener las mejores relaciones con todos nuestros vecinos. En el caso de Marruecos, desde el respeto a unos principios que son el de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, y los principios que pactamos conjuntamente en el año 2022.

Octubre es cuando se renueva o debate la misión para el Sáhara Occidental en el Consejo de Seguridad. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha planteado en un informe la importancia de una consulta al pueblo saharaui. ¿España apoya esta idea? 

Nosotros tenemos una posición que es conocida y apoyamos las resoluciones del Consejo de Seguridad. La última, de hecho, es una resolución que respalda claramente la posición española y apoyamos al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, con el que me he reunido y hablo muy a menudo, y que ha realizado hace muy pocas semanas un viaje por la región en un avión de las Fuerzas Armadas españolas. Siempre le traslado lo mismo: todos los medios del Gobierno de España y del Estado español están a su disposición para resolver un conflicto que lleva 50 años y que nunca me resignaré a que siga abierto 50 años más.

¿El plan de autonomía debería ser sometido a referéndum? 

Lo que tenemos que hacer todos es apoyar a las Naciones Unidas, quien tiene que traer la decisión de las partes, porque son ellas las que han dicho que es ahí donde tiene que estar la decisión. Es el secretario general de las Naciones Unidas, su enviado personal y el Consejo de Seguridad: lo que tenemos que hacer todos es intentar ayudar a Naciones Unidas a encontrar una solución porque no podemos seguir 50 años más. 

¿Le preocupa que haya tensión alrededor de este momento en Naciones Unidas, también para España, para Ceuta y Melilla?

Lo que sí voy a hacer siempre es apoyar al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas. Lo he hecho desde el primer minuto como ministro de Asuntos Exteriores. Este es un asunto que, desde luego, no tiene nada que ver con Ceuta y Melilla. Por lo tanto, ninguna preocupación en torno a Ceuta y Melilla, que son frontera exterior de España y de la Unión Europea.

Usted repite que la frontera sur de Europa es tan importante como la frontera este. ¿Hace falta decirlo? ¿Todavía no está claro en Europa? 

Por supuesto que hace falta decirlo. Y yo soy el ministro de Asuntos Exteriores que ha hecho dos cosas. El primero de toda la historia de España que ha ido a Ceuta. Y el primero que ha anclado Ceuta y Melilla claramente dentro de todos los instrumentos de la Unión Europea, que ha dicho alto y claro “no voy a tolerar que ni un día más se dé más importancia a las fronteras terrestres del este de Europa que a las del sur de Europa”. Lo he dicho delante de todos mis colegas en el Consejo de Asuntos Exteriores. Lo he dicho públicamente y se lo digo hoy a usted. Y por eso hay cuatro decisiones que ya están en marcha. 

Hemos solicitado formalmente un puesto permanente en el Comité de las Regiones para Ceuta y Melilla. En segundo lugar, hemos solicitado que Ceuta y Melilla sean parte integral de la unión aduanera con sus especificidades, porque son los únicos territorios de la Unión Europea que se encuentran en África, con una de las fronteras más desiguales del planeta, con una enorme presión migratoria. En tercer lugar, hemos solicitado una presencia permanente institucional de Frontex tanto en Ceuta como en Melilla.

Y, en cuarto lugar, hemos solicitado un instrumento financiero por esa especificidad de esa frontera terrestre del sur para Ceuta y Melilla, exactamente igual con las distintas modalidades que tienen que las fronteras terrestres del Este y también de manera más global. 

He solicitado que no se vuelva nunca más a hablar de las fronteras exteriores de la Unión Europea sin referirse a las fronteras terrestres del sur, que son las de Ceuta y Melilla.

Este Gobierno va a anclar definitivamente en todas las instituciones Ceuta y Melilla. Y yo jamás permitiré que se dé más importancia a las fronteras terrestres del este que a las del sur. Y he visto un cambio desde esos primeros momentos en agosto en la Unión Europea, donde ahora sí hay un apoyo sin fisuras de todos los miembros a Ceuta y Melilla. Esa es una de mis principales tareas y de mis principales preocupaciones en estos momentos y estoy encontrando apoyo total de todos mis colegas europeos.

Yo jamás permitiré que se dé más importancia a las fronteras terrestres del este que a las del sur. Y he visto un cambio. He visto un cambio desde esos primeros momentos en agosto en la Unión Europea, donde ahora sí hay un apoyo sin fisuras de todos los miembros a Ceuta y Melilla

¿Le sorprendió la carta de los 22 líderes justo cuando estalló la crisis?

Me dolió. Me pareció que eso no es Europa. Desde luego, no es la Europa en la que yo creo. No es la Europa en la que cree este Gobierno. No es como se han comportado este Gobierno y los españoles.

Cuando hubo tensiones en 2021 en las fronteras de los países de la Unión Europea con Bielorrusia por temas migratorios, España fue solidaria. Cuando en 2022 hubo una agresión rusa a Ucrania, España fue solidaria. Somos el cuarto país de la Unión Europea en acogida de refugiados ucranianos. Cuando en 2023 Italia estaba completamente sumergida por entradas irregulares en Lampedusa y no podía gestionarlo, no solo fuimos solidarios, fuimos tan lejos que acogimos en España migrantes irregulares desde Italia. Estamos hablando de un país que tiene el doble de entradas irregulares que nosotros. Cuando Dinamarca ha sufrido presiones inaceptables sobre su integridad territorial y su soberanía, hemos sido solidarios.

Por lo tanto, exigimos esa misma solidaridad que en estos momentos tenemos, pero que en el momento de esa carta falló. A mí me dolió y me dolió porque eso es ir contra Europa. Europa es ante todo solidaridad. Si no hay solidaridad, no hay proyecto europeo.

¿Va a tener España que aportar más ayuda militar a Ucrania, sobre todo ahora que Estados Unidos parece que de nuevo está retirando respaldo hasta para la conexión a Internet?

Todo lo que toca Ucrania hay que situarlo en el marco europeo. No es un tema de tal o cual país, España u otro, sino que somos todos los europeos los que estamos tomando las decisiones. Desde el primer día de la invasión rusa a Ucrania estamos tomando las decisiones conjuntamente. 

España, desde el primer momento, ha ayudado a Ucrania tanto como es posible y lo seguiremos haciendo tanto tiempo como sea necesario, porque los españoles y los europeos tenemos que ser conscientes. El acuerdo de paz –y estoy seguro de que un día lo habrá en torno a Ucrania– será también en buena medida el futuro esquema de seguridad de la frontera este de la Unión Europea. Porque lo que se está ventilando en Ucrania no es exclusivamente su integridad territorial y su soberanía, que ya es enorme. Se está ventilando también qué es Europa: si Europa es una tierra de paz o si es un sitio donde la guerra puede ser utilizada para alcanzar objetivos de política exterior. Y si un país tiene derecho a decidir a qué organismos pertenece y ser una democracia donde sea la tolerancia y los valores europeos los que prevalezcan. Y, desde luego, yo creo que el apoyo de España a Ucrania, y así lo ha reconocido el presidente Zelenski en múltiples ocasiones, está fuera de toda duda, desde todo punto de vista político, diplomático, humanitario.

Pero España aparece según datos disponibles entre los países europeos que menos aporta en relación con su PIB…

No es cierto. Estamos hablando de 1.000 millones de euros comprometidos este año, exactamente igual que el año pasado y efectivamente entregados, y el mayor paquete de ayuda humanitaria que ha dado España nunca a un solo país. Y cuando uno ve los rankings en estos momentos, en este año estamos situados entre los principales apoyos a Ucrania. Esa es la realidad. Lo reconoce el propio presidente Zelenski y el Gobierno ucraniano lo ha hecho en múltiples ocasiones.

¿Ve una amenaza para España de ciberataques, incendios y otros ataques como los que estamos viendo en los países bálticos, Alemania y Reino Unido? 

Los ataques y las amenazas híbridas son una realidad para todos los europeos. Todo lo que toca a la ciberseguridad en estos momentos es un punto absolutamente definitivo y sensible para la seguridad y el bienestar de todos los europeos, incluidos los españoles. Y al final la seguridad de la Unión Europea es única. 

Lo que ocurre en la frontera este de la Unión Europea nos concierne exactamente igual que lo que ocurre en las fronteras terrestres del sur de Europa en Ceuta y Melilla. Los europeos, también España, trabajamos conjuntamente para poder hacer frente a esas amenazas.

Los ataques y las amenazas híbridas son una realidad para todos los europeos

En el contexto de las elecciones generales, ¿hay alguna alerta o preparación para las próximas semanas por posibles ataques y campañas de desinformación?

Hace mucho tiempo que las estrategias de seguridad, tanto española como europea, lo incluyen. De hecho, llevamos ya un tiempo trabajando aquí desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores para luchar contra la desinformación. 

Luchamos contra la desinformación en torno a Ceuta, cuando hubo llamamientos el 15 de agosto, el 23 de septiembre, para hacer nuevos saltos. Trabajamos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde nuestras redes sociales, las redes sociales de la embajada y los consulados de España en Marruecos para luchar contra la desinformación y dar la información veraz y certera, y contra la desinformación que se estaba expandiendo por toda Europa sobre la integridad del espacio Schengen desde Ceuta y Melilla. Hemos sido muy eficaces.

¿Ve algún riesgo alrededor de las elecciones generales?

Hay una cosa que tenemos que dar por segura: en todas las elecciones en los últimos años en Europa ha habido injerencias externas e intentos de manipulación y desinformación. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ello sin ninguna duda.

En todas las elecciones en los últimos años en Europa ha habido injerencias externas e intentos de manipulación y desinformación. Tenemos que estar preparados para ello

¿Esas injerencias en España y en Europa están sirviendo de apoyo a grupos de extrema derecha? 

Sin ninguna duda, todas las fuerzas de extrema derecha y las redes en torno a la extrema derecha vehiculan enormemente la desinformación. Y hay que combatirlas. El momento electoral es un momento en el cual la sociedad tiende a estar situada en torno a temas que son fundamentales. Y para poder votar en libertad, el ciudadano tiene que tener información veraz en sus manos. Lo que buscan esas injerencias externas y esa desinformación que en muchas ocasiones trata de apoyar y de fomentar las ideas de extrema derecha es precisamente que los ciudadanos europeos no tengan acceso a una información veraz.

Uno tiene que ser consciente de que si esas injerencias externas apoyan a las fuerzas de extrema derecha es porque lo que quieren es dividirnos a los españoles y dividirnos a los europeos, porque divididos somos más débiles. Pero debilitar el proyecto europeo es ir contra el bienestar de los españoles.

Sobre otras elecciones ¿cree que con un nuevo Gobierno en Israel mejorarían las relaciones con España?

Son los ciudadanos de Israel los que tienen que decidir quién es el Gobierno de Israel y no tengo nada que añadir al respecto. Lo que sí le puedo decir es que España, independientemente del Gobierno, siempre va a apoyar la solución de dos Estados, porque creemos que un Estado palestino conviviendo en paz y en seguridad con un Estado de Israel, que por supuesto tiene derecho a tener un Estado, es la mejor fórmula para que haya paz, prosperidad, estabilidad y seguridad para todos, incluido para el pueblo de Israel.

¿Le gustaría repetir como ministro de Exteriores?

Esa es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno. De lo que yo estoy seguro es de que el próximo presidente del Gobierno se llama Pedro Sánchez.

El Gobierno asume ya que es imposible cumplir en tiempo y forma el mandato del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos. La decisión de los jueces supone revisar los expedientes de más de 160.000 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma y a los que el Alto Tribunal pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Fuentes del Ministerio de Justicia cifran en alrededor de 76.000 los expedientes que tienen formato electrónico y que figuran en el registro civil informatizado, lo que facilita su revisión para determinar si aportaron documentos del exilio de sus antepasados y, por tanto, sí tendrían derecho al voto. Se trata de quienes accedieron a la nacionalidad a partir de mediados de 2024. 

Sin embargo, hay otros 80.000 expedientes físicos que se encuentran en los archivos de los diferentes consulados y que, además, pueden estar mezclados con otros tipos de expedientes de Registro Civil. En este caso, la criba debe hacerse a mano, lo que hace prácticamente “imposible” que se pueda realizar en un espacio de tiempo tan breve, afirman estas mismas fuentes. 

En apenas dos semanas, entre el 24 y el 30 de octubre, la Oficina del Censo Electoral tiene que remitir a los electores la documentación para poder votar. Para no quedarse fuera de esos envíos, los consulados tendrían que localizar y certificar en apenas diez días esos miles de expedientes.

Este martes, un portavoz del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó al elDiario.es que, hasta el momento, ningún consulado ha remitido a la Oficina del Censo Electoral (OCE) —el órgano encargado de la formación del censo— las certificaciones necesarias para poder discriminar a los electores y levantarles la suspensión cautelar. 

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular.

De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar unos expedientes que, en más de la mitad de los casos, no están digitalizados. 

La confirmación por parte del Tribunal Supremo de que suspende el derecho al voto para las próximas generales a más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos plantea la incógnita de cómo aplicar en tiempo récord una medida inédita. El auto conocido este lunes ratifica las medidas cautelares dictadas en septiembre, antes del adelanto electoral. Y determina que de este colectivo sólo podrán votar el próximo 29N quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad. 

Quedan fuera, por tanto, quienes recurrieron a la instrucción que presume la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 y sobre la que ha puesto el foco el Supremo. La resolución abre un choque institucional de consecuencias imprevisibles porque su ejecución exige realizar un complejo trabajo burocrático sin apenas margen de tiempo. El Gobierno lleva semanas advirtiendo de las “dificultades” existentes e incluso de la “imposibilidad material” de ejecutar una orden que supone revisar miles de concesiones de nacionalidad. Pero la única respuesta que ha encontrado por parte del Alto Tribunal es la exigencia de que cumpla su mandato para blindar la “pureza del proceso electoral”.  

En el centro de la controversia se sitúan 163.020 electores que ya figuran inscritos en el CERA [el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior] y que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos, la norma que abrió la puerta de la nacionalidad a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista.

Los jueces establecen que estos ciudadanos solo podrán votar si los cónsules expiden una “certificación acreditativa” que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. Quienes no dispongan de ese documento emitido “bajo responsabilidad” del funcionario consular, no podrán hacerlo. Pero la cuestión es que la mera inclusión en el CERA no permite, por sí sola, establecer si un elector se encuentra afectado por la suspensión decretada por los jueces del Supremo.

Durante el procedimiento, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares ha emitido informes en los que detalla la complejidad de hacer esa distinción. Así, sostiene que el Registro de Matrícula Consular no contiene ningún campo informático que identifique por qué vía concreta se adquirió la nacionalidad. Por tanto, para ejecutar la orden del Supremo es imprescindible revisar manualmente uno por uno los 163.020 expedientes. 

Es una tarea que exige comprobar tanto los libros físicos del Registro Civil como las aplicaciones informáticas que empezaron a utilizarse entre mediados de 2024 y de 2025. “La ejecución del auto del TS requiere una adaptación informática que se está desarrollando”, han mantenido la Abogacía del Estado en uno de sus escritos que constan en el expediente. 

Además, en muchos casos el consulado del lugar de nacimiento del elector (donde custodiaron el expediente de nacionalidad) no coincide con el consulado de su residencia actual (donde está dado de alta en el CERA). Esto obliga, por tanto, a un intercambio de solicitudes y un cotejo entre embajadas y consulados de distintos países. Hay, asimismo, algunos casos de alta concentración de expedientes. Por ejemplo, Rosario y Buenos Aires superan los 20.000 expedientes cada una y La Habana se aproxima a 30.000, según uno de los informes aportados por la Dirección General de Asuntos Consulares. 

Una vez realizada esa comprobación, el resultado ha de ponerse en conocimiento de la Oficina del Censo Electoral y de los órganos encargados de la recepción y escrutinio de los votos, a fin de que todos dispongan de una información coincidente y actualizada. Y todo ello debe hacerse, además, en un plazo brevísimo. En apenas dos semanas, entre el 24 y el 30 de octubre, la Oficina del Censo Electoral tiene que remitir a los electores la documentación electoral, entre la que figuran los certificados de inscripción censal. Después, los electores pueden emitir su voto por correo en el consulado hasta el 24 de noviembre o votar personalmente entre el 21 y el 26 de noviembre. 

La resolución cuenta con el voto particular discrepante de la magistrada María Alicia Millán, que expone en su escrito la existencia de estas “dificultades”. Y que, a su juicio, “introducen incertidumbre acerca de la determinación de los electores que pueden ejercer el derecho de voto y de los sufragios que deben ser admitidos y computados”. 

“Cuando la ejecución de una medida cautelar suscita dudas sobre aspectos tan esenciales como la delimitación del cuerpo electoral o la regularidad del escrutinio resulta difícil sostener que contribuya a reforzar la seguridad jurídica del proceso electoral; antes bien, corre el riesgo de comprometerla”, añade esta magistrada.  

Pese a estas advertencias, la mayoría de los magistrados defiende que “el interés general de preservar la pureza del proceso electoral” debe “prevalecer” sobre el derecho al voto de quienes figuran en el censo pero la Administración “no ha aclarado las condiciones en que se realizó” su inscripción ni la trazabilidad de su acceso al Registro Consular correspondiente. 

En su auto, el Supremo reprocha al Gobierno que alegue una “imposibilidad material” cuando en el mes transcurrido desde su primera resolución no ha aportado datos de un solo expediente desglosado ni ha puesto de manifiesto qué gestiones ha puesto en marcha para dar cumplimiento al fallo. El ponente de esa decisión es el magistrado Antonio Narváez, uno de los juristas que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País.

El Gobierno ha presentado la candidatura de la doctora española María Neira a la carrera para dirigir la Organización Mundial de la Salud, según ha adelantado Health Policy Watch. Neira ha trabajado sobre el terreno en zonas de conflicto en África y Centroamérica con organizaciones como Médicos Sin Fronteras y fue directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS durante dos décadas.

“Me cuesta encontrar palabras para expresar lo que significa este momento para mi”, ha escrito la epidemióloga en su cuenta de Linkedin, donde ha expresado ser “plenamente consciente de la responsabilidad que esto conlleva”.

La candidatura de Neira cuenta con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil. El pasado lunes, la Mesa ciudadana y sociedad civil planetaria, que representa a más de un centenar de asociaciones, reclamó al Gobierno español que formalizase la candidatura de la doctora y epidemióloga, “no solo como una postulación solvente”, sino como “un activo de alcance planetario en su momento de mayor vigor y plenitud directiva para liderar los cambios estructurales que la comunidad internacional demanda”.

“Frente al impacto acumulado de los conflictos armados, las crisis económicas, las migraciones forzadas, la pobreza estructural y las emergencias climáticas marcadas por olas de calor extremo, la conducción sanitaria mundial requiere una personalidad de incuestionable solvencia técnica y coraje ético”, defienden estas asociaciones, que insisten en que “la trayectoria de la doctora María Neira reúne virtudes humanas y capacidades de gestión técnica difícilmente igualables en el panorama sanitario internacional”.

El plazo para presentar candidaturas se cerraba este jueves a las 18 horas y la nueva dirección de la OMS se elegirá en la 80ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo de 2027 en Ginebra. En la terna están también el doctor belga Hans Kluge, la saudí Hanan Balkhy, la experta en gestión sanitaria y ministra de Sanidad catarí Hanan Al-Kuwari y el ministro indonesio Budi Gunadi Sadikin.

Desde la Mesa ciudadana consideran que Neira “supera cualitativamente los perfiles burocráticos o estrictamente regionales de los candidatos promovidos por otras naciones, al amalgamar la credibilidad del laboratorio científico, el conocimiento directo de las trincheras humanitarias y dos décadas de experiencia normativa en Ginebra”.

Además de ser experta en salud pública, el perfil de Neira aborda un enfoque basado en la prevención y los efectos de la crisis climática en la salud y cuenta con el respaldo, entre otros, del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, comunidades del sur global y diferentes colectivos y entidades.

El Gobierno ha impulsado en los últimos meses varias carreras en organismos internacionales, aunque de perfil diferente. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz está ya haciendo campaña para liderar la Organización Internacional del Trabajo y el ministro Luis Planas se postula para ponerse al frente de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

“Creo profundamente en la OMS. Conozco sus equipos, sus fortalezas y todo lo que el mundo espera de ellos. También sé que una organización puede mover montañas cuando une ciencia, países y poblaciones en torno a un objetivo común: una mejor salud para todos”, ha indicado la candidata.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha agradecido a su homólogo mexicano la “rapidez” en las investigaciones sobre el asesinato de la canaria Claudia Tacoronte, y ha señalado que el presunto asesino, detenido este jueves, “habría confesado” la autoría de la muerte de la estudiante.

Albares, en unas declaraciones facilitadas a los medios, ha explicado que esta mañana ha vuelto a hablar con el canciller mexicano, Roberto Velasco, quien le ha dado cuenta de la detención del presunto asesino, identificado como Francisco Javier, alias El Trompas, y le ha pedido que se llegue “hasta las últimas responsabilidades” y que todos los que hayan estado implicados respondan ante la justicia.

El ministro ha insistido también en que la Embajada de España en México, el consulado y las autoridades mexicanas están “a total disposición” de la familia, que llegará este viernes al país, y haciendo todo lo que es posible para esclarecer el caso y arroparles.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, en declaraciones a los medios ha asegurado que pedirá la máxima pena, es decir, 70 años de prisión.

Blumenkron, además, ha dicho que el móvil del crimen podría ser el robo, pero que desde la Fiscalía del estado abogan por el feminicidio, y ha añadido que, “si el juez lo considera de esa manera, lo va a procesar así”, si bien esperarán a ver que dice la defensa en la Audiencia, aunque hay pruebas en contra del detenido.

“La Fiscalía está aportando imágenes de videovigilancia y otro tipo de evidencias ténicas y científicas para que haya una sentencia. Vamos a pedir la máxima pena que son 70 años”, ha señalado el fiscal.

Sobre si ha habido arrepentimiento, “no tenemos esa información y vamos a ver qué dice la defensa ante el juez”, ha indicado Fernando Blumenkron Escobar.

Durante la tarde, varios integrantes de la familia de la joven de 21 años llegaron a las instalaciones de la Fiscalía estatal para proceder a la identificación correspondiente, acompañados por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, según informaron a EFE fuentes de la Fiscalía estatal.

Las autoridades mexicanas detuvieron este jueves por la noche al presunto responsable, buscado por el asesinato de la joven estudiante, apuñalada el sábado en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos (centro).

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó del arresto del sospechoso este jueves por la noche, presunto responsable del crimen en un mensaje en X, en el que incluyó una fotografía del detenido.

Según informaron a EFE fuentes conocedoras del caso, la detención se produjo en Cuautla, lugar donde ocurrió el crimen y ubicada a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

La detención, anunciada cinco días después del crimen, se da menos de 30 horas después de que la Fiscalía de Morelos emitiera el miércoles una ficha de búsqueda y captura contra el sospechoso, señalado como probable responsable del delito de feminicidio.

Gracía Harfuch detalló que la detención fue resultado de trabajos coordinados para localizar al presunto asesino, ya que en el operativo participaron agentes de diverdas instituciones como la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Morelos y autoridades estatales.

Finalmente, el funcionario señaló que la prevención de los feminicidios es una prioridad del Gobierno mexicano.

Se produce, al fin, la mayor evacuación de universitarios gazatíes a España. Un contingente de 25. Es la cuarta operación de traslado de universitarios del Ministerio de Exteriores, que dirige José Manuel Albares, tras las tres previas en que el alumnado ha llegado a cuentagotas, pese a llevar uno y hasta dos cursos esperando. Desde el 2024-2025.

Pero aún se deja atrás, sin explicación, a una veintena de estudiantes, con los requerimientos cumplidos, cada cual con su nombre y sufrimientos, varios separados de hermanas y hermanos a quienes sí se autoriza a venir. La arbitrariedad ensombrece la noticia. Y los separados por la “buena” y “mala suerte burocrática”, así como la Red Universitaria por Palestina (RUxP) y Juristas por Palestina (JxP) ruegan que se traiga a España, cuanto antes, al total de la lista.

En el contingente viene Diana A.M. Aish, una de las gazatíes con más tiempo en la lista de espera, pues fue admitida en su doctorado de Sistemas Complejos, en la Politécnica de Madrid (UPM), en octubre de 2024. Hace dos años. Este 2026 consiguió, además, una beca de investigadora predoctoral. Y ahora manda un mensaje de resiliencia a sus compañeras y compañeros obligados aún a seguir aguardando. “Sé por mi experiencia, de dos años, que, cuando no te incluyen entre los evacuados, sufres y te desesperas. Pero no tiréis la toalla. Y ojalá pronto tengáis la oportunidad y alegría que yo, ya hoy, puedo disfrutar”.

En la primera evacuación española, en diciembre de 2025, llegaron siete alumnos. En la segunda, en junio de 2026, seis. Y en la tercera, en julio de 2026, otros seis. En total, hasta ahora, habían llegado 19. En esta cuarta ocasión vienen tres veces más que en cada una de las anteriores. Son 25, repartidos en vuelos a distintos destinos de la geografía española, hacia las ciudades donde están sus universidades. El primero de estos vuelos despegó ayer, martes 15, a las 10.55h, hora jordana (una más que en España) y llegó al madrileño aeropuerto de Barajas a las 15.25h, hora española. Los otros dos vuelos han despegado este miércoles 16, uno sobre las tres de la madrugada y el otro a las nueve de la mañana.

Cuando aterricen todos, en conjunto, habrán sido evacuados a esta España cuyo gobierno de coalición progresista se ha significado internacionalmente en la defensa de Palestina, 44 estudiantes, a lo largo de tres cursos, mientras que Italia ha llevado a sus universidades a 229 gazatíes, con el gobierno Meloni, sólo el curso 2025-2026, y, en el mismo periodo, Reino Unido a 113, con el ejecutivo Starmer.

La veintena de gazatíes dejados atrás, de nuevo, pese a tener su plaza en universidades españolas y todos los requisitos burocráticos cumplidos, son mucho más que números. Entre ellos están las cinco personas entrevistadas por elDiario.es el pasado julio y que, protegidas por nombres ficticios (Fadwa, Adania, Hiba, Refaat y Ghassan) transmitieron, de forma escalofriante, su padecimiento bajo el genocidio que perpetra el Israel de Netanyahu: desplazamientos, hambre, frío, calor, bombardeos, ráfagas de disparos, pérdida de seres queridos, temor a morir los siguientes… e incluso tentaciones de suicidio. Mientras, pese a todo, han seguido estudiando y tramitando formularios.

Los datos de la RUxP reflejan que la andaluza Universidad de Jaén es, con ocho estudiantes gazatíes, la que más universitarios ha traído desde Gaza, en estos tres cursos. En segundo lugar, está la Autónoma de Barcelona que, con esta cuarta evacuación, pasa de un alumno a seis. Y en tercer plano, coinciden con cuatro estudiantes, la Carlos III de Madrid y la Universidad de Las Palmas, en Canarias.

Una vez llegados a España estos 25 nuevos universitarios gazatíes, según datos de la RUxP, la andaluza Universidad de Jaén seguirá siendo la que más estudiantes gazatíes ha recibido en estos tres cursos, pues a los seis que ya tiene, se unen dos recién llegados hasta sumar ocho. La sigue la catalana Autónoma de Barcelona que tenía un alumno, ahora recibe cinco y se pone en seis. Y, en tercer lugar, coinciden con cuatro la Carlos III de Madrid y la Universidad de Las Palmas en Canarias.

Llega una de las veteranas de la lista

“Al saberme entre los evacuados”, revela Diana A.M. por WhatsApp a elDiario.es, “sentí felicidad por poder hacer el doctorado con el que tanto sueño. Pero también miedo de morir uno de estos últimos días aquí, antes de salir. Y de dejar a mi familia en este norte de Gaza, junto al mar, desde el que nos disparan, de dejarles bajo los ataques que aún nos lanzan”, confía sus sentimientos encontrados.

Diana Aish insiste en trasladar su mayor gratitud “a las autoridades y a la gente de España”, así como a la UPM, al tutor de su doctorado, Javier Galeano, catedrático de Física aplicada, a Laura Cordero, del Vicerrectorado de Internacionalización de la misma universidad y a David Peñafuerte, de la RUxP “por no abandonarme nunca en este largo proceso”.

El catedrático Galeano, que el 2 de julio, en declaraciones a elDiario.es, se manifestaba preocupado por “el riesgo de que (Diana) pierda esta oportunidad”, está ahora “muy contento” porque “al fin, ella podrá impulsar su investigación y estudios”. Pero, además, “porque en Madrid vivirá con la seguridad que hoy falta en Gaza”.

La Politécnica de Madrid acogerá, tras dos años de espera, a una de las gazatíes con más tiempo en la lista para ser evacuada. Se trata de Diana A.M. Aish, admitida en el doctorado de Sistemas complejos, en octubre de 2024. Sin embargo, Mahmoud M.M. Abudraz, aceptado como ella ese 2024, pero en el máster de Química avanzada de la Universidad de Burgos, ha vuelto a ser dejado atrás, ahora por problemas en los trámites con Jordania.

Mientras celebran la buena noticia, Galeano y su equipo hacen gestiones para ayudar a la joven a encontrar alojamiento, en un Madrid con los precios de los pisos disparados, y anticipan los pasos burocráticos que ella deberá dar en la Universidad “para ocupar su sitio con nosotros y emprender cuanto antes la investigación pura y dura”.

Sin información sobre por qué a la cuarta ha ido la vencida, Galeano, quiere creer que “tras la movilización de las universidades, contactos diplomáticos, la prensa… todo ha sumado para lograr la mayor evacuación hasta ahora”. Que incluye, “por suerte”, a su alumna. Pero, de cara a futuros casos “el proceso no debería ser tan lento ni opaco”, sino que “habría que explicar la prioridad de salida de un alumnado en vez de otro”.

Sensaciones muy parecidas traslada David Peñafuerte, de la RUxP, ya mencionado por Diana Aish, y técnico en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. “Desde la Red valoramos positivamente que aumente el contingente de estudiantes que el Ministerio de Exteriores saca”, manifiesta. “En efecto, es muy positivo” -coincide Pilar Barrado, magistrada, doctora en Derecho y coportavoz de JxP-. “Que llegue la mayor evacuación hasta ahora y que lo haga en septiembre, para aprovechar el curso”.

La Red Universitaria por Palestina espera, “con todas las cautelas”, que, ahora que se ha logrado la mayor evacuación, tras cambios en los consulados de Amán y Jerusalén, “haya más fluidez en el traslado del alumnado que todavía sigue en Gaza aguardando" llegar a España.

Peñafuerte apunta como factores explicativos de esta cuarta evacuación más numerosa y eficaz, cambios en los equipos consulares españoles tanto en Amán (Jordania) como en Jerusalén (Israel). Si bien quiere pensar “que también ha aportado la presión que hayamos podido hacer. El papel de la prensa, fundamental”, apunta en conversación telefónica con elDiario.es, tras la publicación de noticias sobre el tema por este periódico, en las que se dio cuenta de las gestiones tanto de la RUxP y las universidades, como de JxP, de asociaciones como la internacional Gaza40+ y la jordana “Ozwet Tulab Gaza”, así como de las preguntas parlamentarias, planteadas al Ministerio de Exteriores desde el Congreso, en junio de 2025, por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y su portavoz en temas de Educación y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

A criterio de la RUxP, según señala David Peñafuerte, “de ahora en adelante, lo esperable, lo que esperamos nosotros, aun con toda la cautela, es que haya mayor fluidez en las evacuaciones de quienes siguen todavía aguardando en Gaza para incorporarse a sus plazas en España”.

Barrado, de JxP, anuncia a elDiario.es que todos seguirán “trabajando para evacuar al resto de estudiantes” porque “la opacidad y arbitrariedad del proceso están llevando hasta a separar hermanos pese a cumplir los mismos criterios”. “Y además”, añade la magistrada, “hay que mejorar la ayuda económica al alumnado, una vez en España”. Todo ello “para garantizar una generación gazatí bien formada que, tras parar el genocidio, reconstruya Gaza”.

Reverso triste: quienes se quedan aún

La cara amarga de esta historia, como se viene apuntando, es la situación de la veintena de estudiantes dejados en Gaza, pese a tener plazas y cumplir los pasos administrativos. Destacan los casos de hermanos separados por la arbitrariedad burocrática.

Como la propia Diana A.M. Aish y su hermano Mohammed, quien está admitido por la Universidad Complutense para doctorarse en Ingeniería Informática. “Él y yo hemos hecho todos los trámites juntos y, aunque estoy feliz de irme a España, es muy triste dejarle atrás”, explica Diana. De inmediato, ruega “a las autoridades españolas que le permitan también a Mohamed salir de Gaza cuanto antes”. No sólo para que retome sus estudios sino “porque necesita tratamientos médicos”.

Un golpe inesperado ha sacudido a otro de los mayores veteranos de la lista de espera: Mahmoud M.M. Abudraz quien, como Diana Aish, fue admitido para estudiar en España el curso 2024-2025, hace dos años. En su caso, un máster en Química avanzada en la Universidad de Burgos. Ciudad donde los Abudraz tienen tíos y primos, ya nacidos en España, deseando recibirles. Hablamos de “los Abudraz”, en plural, porque el hermano de Mahmoud, Abdulkarim, sí que viene en esta cuarta evacuación y va a estudiar, en la Universidad de Burgos, el máster en Comunicación y Desarrollo Multimedia.

Mahmoud escribe a elDiario.es, por WhatsApp, desconcertado y desolado. “Tras hacerme perder un primer curso y, luego, otro”, empieza, “al fin, hace dos semanas, la Embajada de España en Jerusalén me anunció por teléfono que Israel había dado los permisos y yo estaría entre los evacuados el lunes 14. ¡Al fin la pesadilla terminaba!”. Pero todo se torció la semana pasada, cuando una nueva comunicación de la Embajada de España le informó de que ahora es Jordania, país desde donde suelen despegar los vuelos de evacuación, quien deniega el visto bueno a su viaje. “Me sentí como si alguien me hubiera arrancado del cielo en el que estaba y me hubiera reventado contra el suelo”, expone gráficamente.

“¿Por qué me pasa esto? ¡Soy farmacéutico, 100% civil, no he hecho daño a nadie en Jordania, ni en ningún sitio, jamás, ni a una mosca!”, clama. “Creo que me faltan las fuerzas para seguir viviendo. No es que quiera morir”, aclara, “sino que, de verdad estoy exhausto tras tantas bombas, la destrucción de nuestra casa, las huidas, entre muertes de gente querida, nuestra supervivencia en tiendas de campaña, con enfermedades, insectos, tantas necesidades sin cubrir y siempre esforzándome, siempre estudiando, siempre rellenando solicitudes, esperando, creyendo… ¡Cuánto puede aguantar un ser humano! Esto me hace sentir que sobro en el mundo, en la vida. Por ser palestino”.

Alternativas: vuelos desde Israel o Egipto

Pese a su angustia, tanto Mahmoud Abudraz como su hermano Abdulkarim, prefieren ser prácticos y centrarse en rogar a las autoridades españolas que insistan a Jordania o, si la vía jordana se estanca, que lo traigan desde un aeropuerto israelí, “o vía Egipto, que es por donde salió, en julio, un contingente de universitarios con plazas en Japón”, apunta el afectado.

“La historia de mi hermano no debe acabar con esta puerta cerrada”, señala Abdulkarim. “Hemos estudiado juntos, solicitado plazas juntos, esperado, sufrido decepciones y resistido juntos, con la ayuda de la familia de nuestro tío Sameeh, en Burgos, y de la universidad allí. Y ruego al gobierno y a la ciudadanía españoles, a quienes agradezco en el alma mi evacuación, que saquen cuanto antes de Gaza a quienes aún ven bloqueados su derecho a viajar para recibir una educación que representa para todos nosotros la esperanza de una vida digna y futuro”.

Esta cuarta evacuación demuestra, a criterio de los contactados por elDiario.es, que es posible para el Ministerio de Exteriores sacar a grupos más cuantiosos de estudiantes de Gaza de los que venía trayendo. Por eso, a pesar de los pesares, Mahmoud Abudraz seguirá aferrándose “a la esperanza de continuar mi vida y formación, en España, con el objetivo de ayudar, como farmacéutico, a la sociedad”.

El Ayuntamiento de Madrid estudia una vía judicial para conseguir que Casa Árabe convoque su Consejo Rector y así desencadenar la expulsión del Ministerio de Exteriores del edificio que actualmente ocupa junto al parque del Retiro. Lo ha asegurado este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, después de constatar cómo ha quedado en nada el ultimátum que dio para que las Escuelas Aguirre fueran desalojadas por la institución el pasado 1 de septiembre.

En relación con la primera de las cuestiones, la Comunidad de Madrid no formaliza su salida porque el Ministerio no convoca al Consejo Rector. Nosotros ya hemos pedido al Ministerio, en reiteradas ocasiones, que convoque el Consejo Rector de Casa Árabe para poder formalizar la salida y, por tanto, para que nosotros podamos recuperar el edificio. Por tanto, lo único que tiene que hacer el Ministerio es convocar ese Consejo Rector y mientras no convoque ese Consejo Rector y no hay obstáculo para convocar ese Consejo Rector, está ocupando ilegalmente el inmueble de Casa Árabe.

“Estamos estudiando de qué manera podemos obtener amparo judicial para que el Ministerio convoque al Consejo Rector”, ha explicado Almeida en respuesta a una pregunta de Somos Madrid sobre la situación actual de Casa Árabe, consciente de que se encuentra actualmente en un callejón sin salida ante su intento de acabar con las actividades de la institución en el edificio municipal.

“Solo hay un requisito que impide la salida de la Comunidad de Madrid, la recuperación del edificio y la ejecución de obras, que es que el Ministerio no convoque al Consejo Rector”, ha admitido, corroborando lo que apuntaba esta misma semana Exteriores, que el consistorio no puede retirar su aportación al consorcio de Casa Árabe -el edificio citado- hasta que uno de los actuales miembros no certifique su salida.

Almeida ha seguido acusando a la cartera dirigida por Albares de encontrarse “ocupando ilegalmente” el edificio. A nivel formal, no obstante, no existe actualmente ninguna orden oficial de expulsión porque la Comunidad de Madrid anunció su salida pero no la ha podido ejecutar formalmente al tener que hacerlo en el Consejo Rector. “Le pido desde aquí al Ministerio que convoque mañana mismo el Consejo Rector. Mañana mismo”, decía.

En la situación actual, es difícil pensar que Casa Árabe vaya a convocar voluntariamente una reunión que derivaría en la clausura de su sede en Madrid. Por su parte, el alcalde sigue alertando de problemas estructurales para vaciar el edificio: “El Ayuntamiento de Madrid ha hecho todos los trámites para recuperar un inmueble que pone en riesgo la seguridad e integridad física de las personas”, ha añadido.

No existe “okupación” de Casa Árabe porque formalmente no se ha iniciado ninguna actuación legal que determine la retirada de la cesión del edificio. Desde el Ministerio de Exteriores se muestran tajantes ante las palabras pronunciadas por el alcalde de Madrid este martes, con las que acusaba a esta entidad de “okupación ilegal” por no haberse marchado de su sede de las Escuelas Aguirre el pasado 1 de septiembre, cuando finalizó su ultimátum. “Es falso”, aseguran con rotundidad.

“El Ayuntamiento solo puede legalmente retirar su contribución al Consorcio, que es el edificio, en caso de retirada de otro socio consorciado”, apuntan fuentes del Ministerio a Somos Madrid. “Esa retirada, la de la Comunidad de Madrid, se ha anunciado pero aún no se ha sustanciado, ni liquidado sus haberes, lo que debe hacerse en Consejo Rector”, añaden.

El propio Ayuntamiento admitía hace meses que la salida de la Comunidad de Madrid de la institución es necesaria a nivel formal para que el Ayuntamiento pueda ejecutar el derecho de recuperación del edificio sin que proceda indemnización. Lo hizo en nota de prensa cuando anunció la decisión de desalojar a la entidad de las Escuelas Aguirre. Pero no hay fecha ninguna para la celebración de este Consejo Rector, así que formalmente no existe proceso de desalojo ninguno.

José Luis Martínez-Almeida amenazó este martes con “acciones legales” para ejecutar la expulsion de la instución de las Escuelas Aguirre, el edificio que la aloja desde hace más de dos décadas. A la vez, insistía en que “lo grave” es que “el ministro se niegue a convocar el Consejo Rector” y advertía de “daños estructurales que han obligado a colocar redes para que no caigan aleros o cornisas”, en el edificio. Este, el del mantenimiento, es el principal argumento al que se aferra el Ayuntamiento para justificar la expulsión, aunque el inicial fue la gestión económica de su anterior responsable, Irene Lozano.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores responden que “es falso” que no se haya mantenido comunicación con el alcalde Almeida sobre Casa Árabe y recuerdan la conversación telefónica del 27 de julio del ministro Albares con el alcalde para abordar esta cuestión, en la cual acordaron seguir dialogando para encontrar una solución. “El día 30 de julio de nuevo se produjeron reuniones técnicas entre el subsecretario y el director de gabinete de Exteriores y altos responsables del Ayuntamiento”, añaden las mismas fuentes.

El departamento dirigido por José Manuel Albares recuerda la importancia de que Casa Árabe siga abierta a los madrileños, además de destacar “el apoyo público que tanto los embajadores árabes como los estudiantes de árabe han manifestado a esta institución y subraya el perjuicio en términos de imagen internacional que este cierre causaría”. Además, acusan al regidor madrileño de tratar con el cierre y sus “declaraciones insidiosas”, de “intentar dañar las relaciones diplomáticas de España con los países árabes, que atraviesan su mejor momento histórico”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado el curso político lanzando un ataque directo al Ministerio de Exteriores por la situación de Casa Árabe. El regidor acusa al departamento que dirige José Manuel Albares de “okupación ilegal” por no haber desalojado las instalaciones este 1 de septiembre, fecha marcada por el Consistorio para vaciar las antiguas Escuelas Aguirre de la calle Alcalá, en la confluencia con O'Donnell. El Ayuntamiento anunció su intención de recuperar el inmueble y acometer “inmediatamente” las obras de “reforma urgente”.

“Vamos a ejercer las acciones legales oportunas para que se desaloje y se convoque el consejo rector de Casa Árabe, de forma que la Comunidad de Madrid pueda abandonarlo”, ha dicho el primer edil ante las preguntas de la prensa en un acto con sus concejales y todo su equipo celebrado en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro. La salida de la Comunidad de Madrid de la institución es necesaria a nivel formal para que el Ayuntamiento pueda ejecutar el derecho de recuperación del edificio sin que proceda indemnización, como apuntó el propio consistorio cuando anunció la decisión de desalojar a la entidad de las Escuelas Aguirre.

“No hay respuesta de Ministerio frente a los requerimientos del Ayuntamiento, mientras hay un riesgo cierto a la integridad de las personas, por lo que Exteriores es el responsable directo que está jugando con la seguridad de trabajadores y visitantes”, avisa Almeida. “Hay daños estructurales que han obligado a colocar redes para que no caigan aleros o cornisas. Cuando se desaloje, entraremos de forma urgente para ejecutar las obras”, añade. El líder del Ejecutivo municipal ha insistido en que “lo grave” es que “el ministro se niegue a convocar el consejo rector”, un paso imprescindible para completar el trámite de expulsión.

Las palabras de Almeida llegan en la jornada fijada para el lanzamiento, en la que el alumnado ha convocado una nueva manifestación en los jardines del recinto desde las 19.00. En las últimas semanas, los estudiantes han llevado a cabo acciones contra la decisión de Cibeles bajo el lema Casa Árabe no se toca.

Los afectados defienden que la institución no es solo un espacio de cursos, sino un centro cultural, académico y diplomático vinculado a las relaciones entre España y el mundo árabe. Además, han advertido de que el plazo dado por el Ayuntamiento para abandonar el edificio resulta insuficiente para reorganizar la actividad. Los alumnos han pedido al alcalde que “lo piense” y reconsidere la decisión. Creen que si el edificio requiere obras o reformas, estas deberían abordarse mediante diálogo y colaboración institucional, sin que ello implique el desalojo definitivo de Casa Árabe de Escuelas Aguirre.

Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid apunta que “no hay ninguna necesidad de que esto ocurra, Almeida está a tiempo de rectificar y parar este despropósito”. “Hablamos de una institución que lleva 20 años construyendo puentes entre España y el mundo árabe, que acoge a diplomáticos, estudiantes, intercambios culturales con numerosos países, y un patronato en el que están el Ministerio de Exteriores, la AECID, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Madrid. Y aun así, Almeida prefiere echarla a la calle antes que sentarse a buscar una solución”, subraya.

“¿Haría lo mismo con Casa Sefarad? ¿También la consideraría un chiringuito? ¿Ha puesto en conocimiento de la Unesco esta decisión, ya que el edificio está en pleno Paisaje de la Luz?”, se pregunta la edil. Recuerda que “Ayuso ya rompió 20 años de diplomacia cultural abandonando el patronato porque no le gustaba quién lo dirigía”. “Exigimos a Almeida que escuche a la comunidad diplomática, académica y cultural que hoy defiende Casa Árabe para que dé marcha atrás en una decisión que solo beneficia a sus prisas para darle otros usos ¿privados? a este edificio de alto valor inmobiliario”, zanja.

Las autoridades de Nepal elevaron este domingo a 788 el número de muertos contabilizados, cifra que, junto a los 16 decesos reportados por China, colocan en 804 el saldo de fallecidos a ambos lados de la frontera tras la violenta riada del pasado miércoles.

El último balance nepalí -publicado por la Policía en redes sociales- mantiene las cifras anteriores de 239 heridos y 2.502 desaparecidos. Del lado chino, las autoridades dan cuenta de 546 personas sin localizar, lo que deja un total conjunto de 3.048 desaparecidos, centenares de turistas extranjeros entre ellos, incluidos al menos dos españoles.

El Gobierno nepalí, que informó haber recibido bolsas para cadáveres herméticas de socios internacionales, recalcó que las cifras de víctimas, desaparecidos y daños siguen sujetas a cambios a medida que continúan las operaciones de búsqueda y verificación.

Más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía se han desplegado en el país para continuar con las operaciones de rescate en la quinta jornada, en la que sigue siendo una prioridad dar con el paradero de miles de personas, especialmente en las centrales hidroeléctricas que quedaron sepultadas y donde se teme que estén atrapados más de 900 trabajadores.

Nepal afirma que ya ha rescatado a 8.730 personas en total, entre ellas a 279 en helicóptero desde los proyectos hidroeléctricos y 227 extranjeros. Entre ellos, se encuentran los dos españoles que habían sido localizados. Por el momento, el Ministerio español de Asuntos Exteriores declaró este sábado que mantiene a dos ciudadanos españoles como desaparecidos tras la catástrofe, sin precisar el país en el que se encontraban en el momento de la riada. La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales, prestando toda la asistencia consular necesaria, según fuentes de Exteriores.

Los cuerpos que no han podido ser identificados están depositados en 21 hospitales de varios distritos, mientras ya han empezado los enterramientos de algunos de ellos ante la descomposición de los cuerpos.

Según el último balance del Ministerio chino de Gestión de Emergencias, la nueva represa natural formada por un corrimiento de tierra en la zona afectada por la riada ha comenzado a desaguar de forma natural y está ya “prácticamente vaciada” en el suroeste del Tíbet.

Corrimiento de tierra, lluvias y alerta de crecida

Las labores de rescate en Nepal, donde casi 20.000 efectivos movilizados han rescatado a 8.186 personas, y en el condado tibetano de Gyirong se han visto dificultadas en este quinto día por la meteorología adversa.

Un nuevo corrimiento de tierra detectado aguas abajo de la represa natural formada tras la riada que golpeó esta semana una zona fronteriza entre el norte de Nepal y China está creando otra acumulación de agua que ha obligado a trasladar a los equipos de rescate próximos al paso fronterizo de Gyirong, según el Ministerio chino de Gestión de Emergencias. El material desprendido ha bloqueado parcialmente el cauce y ha formado una nueva barrera, tras la cual está comenzando a acumularse agua, asegura CCTV.

Por su parte, la NDRRMA nepalí ha advertido este domingo de un aumento del caudal en la cuenca del Bhote Koshi. “Se solicita a los equipos de búsqueda, rescate y socorro en las zonas afectadas, incluyendo Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan y otras, así como a quienes se encuentran en las zonas afectadas que extremen las precauciones”, ha indicado el organismo.

Además del riesgo de inundaciones, el Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal declaró este domingo una alerta amarilla (la más baja) por lluvias en la zona afectada por la riada, unas precipitaciones que se espera que continúen al menos hasta el lunes y dificulten aún más las labores de rescate.

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) elevó este sábado a dos los nacionales españoles localizados, tras cifrar inicialmente en tres los desaparecidos, después de la masiva riada en Nepal y la región autónoma del Tíbet. Las autoridades del país asiático elevaron este sábado la cifra de cuerpos recuperados en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y la región del Tíbet a casi 700 personas y mantiene a casi 3.000 en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

El nuevo balance oficial publicado por la Policía nepalí fija en 675 los cuerpos hallados en su territorio, con la mayor parte localizados en los distritos del sur de Chitwan (248) y Nawalparasi Este (158), donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas. Además, China mantiene en siete los fallecidos en Gyirong. De este modo, no consta de momento que exista un mecanismo transfronterizo unificado de conteo.

Según el balance de la NTB, un total de 184 turistas extranjeros han sido rescatados con vida tras la riada del pasado miércoles en las cuencas del Bhotekoshi y el Trishuli, mientras que 3 se encuentran localizados y en contacto con las autoridades, entre ellos los dos españoles. Otros 420 continúan completamente incomunicados.

El organismo oficial incluyó a dos españoles en el apartado de localizados este sábado, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y no han sido rescatados, en su última actualización del listado de extranjeros desaparecidos publicada a las 13:30 hora local (07:45 GMT). El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que informó el jueves de cuatro españoles desaparecidos, ha rebajado este viernes la cifra a tres.

Este último informe, que recoge informaciones de agencias de viajes, hoteles y autoridades, añade que las autoridades nepalíes mantienen una estrecha coordinación con misiones diplomáticas de varios países para dar con el paradero de sus nacionales.

La junta turística confirmó la reapertura total de la estratégica autopista que conecta Katmandú con Mugling, vital para restablecer comunicaciones y trasladar fallecidos y rescatados, aunque advirtió de que persisten muchos tramos cortados en las zonas más castigadas por las riadas en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.

Además, las operaciones de búsqueda y rescate continúan este sábado a ambos lados de la zona afectada, con miles de efectivos desplegados y numerosas áreas todavía condicionadas por la destrucción de carreteras, puentes y comunicaciones.

En Gyirong, equipos chinos prosiguen las búsquedas en las zonas más afectadas, después de que los primeros rescatistas profesionales lograran acceder el viernes por tierra al núcleo del área arrasada, situado en el paso fronterizo entre ambos países, que quedó completamente destruido, según imágenes distribuidas por medios chinos.

Las autoridades mantienen además la vigilancia sobre la represa natural formada por la acumulación de lodo y rocas tras el desastre, aunque expertos chinos citados por medios estatales señalaron que el agua circula ya de forma natural y que ha disminuido el riesgo de una rotura repentina.

La riada se desencadenó el miércoles después del colapso de una gran masa de hielo en un glaciar situado en Nepal, según las investigaciones preliminares, y arrasó localidades e infraestructuras a lo largo de la cuenca del Bhote Koshi y en el vecino condado de Gyirong, en la región de Tíbet, bajo control chino.

Nepal empieza a sepultar víctimas no identificadas ante la descomposición de los cuerpos

Nepal comenzó este sábado a sepultar los cadáveres no identificados recuperados del río Trishuli tras las devastadoras inundaciones, citando riesgos para la salud pública debido a que los restos se han descompuesto hasta un punto en que la identificación visual ya no es posible.

El subinspector de la Fuerza de Policía Armada en Kurintaar, Pramod Pathak, informó a EFE de que las autoridades han empezado a gestionar la disposición final de los cuerpos recuperados del río.

Según la Oficina de Policía del Distrito de Chitwan, 100 de los 269 cuerpos recuperados del río ya habían sido enterrados hasta el sábado. El resto de los cadáveres se irán sepultando de forma gradual, indicaron fuentes policiales.

La Policía decidió sepultar los cuerpos no identificados y no reclamados al amparo de la Directiva de Gestión de Cuerpos No Identificados y No Reclamados de 2026, como una medida de emergencia para evitar una mayor descomposición y garantizar una disposición segura, digna y legal.

Se tomarán muestras de ADN de todos los cadáveres antes de ser enterrados, al tiempo que se mantendrán registros detallados mediante números de identificación únicos, según la Policía.

A cada cuerpo se le ha asignado un número de identificación único grabado en una placa de acero, lo que permitirá a los familiares localizar y exhumar los restos en caso de que los análisis de ADN confirmen posteriormente una coincidencia, explicaron las fuentes policiales.

El Gobierno ha trasladado este viernes a Marruecos su “rechazo tajante” a las pretensiones de ese país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que, recuerda, son parte de “la integridad territorial” y la “soberanía” de España y parte integrante del territorio de la UE.

Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores horas después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, haya reafirmado que Ceuta y Melilla constituyen un “derecho histórico y geográfico” de Marruecos y haya llamado a crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su “retorno al seno de la patria”.

En una entrevista con el canal público marroquí 2M, Ouahbi abogó por establecer “medios de diálogo” con Madrid, incluida la creación de una “comisión de diálogo” sobre este asunto, una idea que, según dijo, “debe mantenerse presente, porque es un tema sobre el que no se puede guardar silencio”.

Tras estas declaraciones, el Ministerio que dirige José Manuel Albares ha señalado en una comunicación enviada a los medios que “Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas frontera de España y de la UE. Forman parte de la integridad territorial y de la soberanía de España reconocida internacionalmente y son igualmente parte integrante del territorio de la UE”. Además, ha añadido que su soberanía está “reconocida internacionalmente”.

“Rechazamos y rechazaremos tajantemente cualquier planteamiento distinto respecto a Ceuta y Melilla”, añade la nota, que concluye asegurando que “esta posición se ha trasladado claramente hoy por los canales diplomáticos”. Exteriores no ha aclarado si Albares ha hablado directamente con su homólogo marroquí.

El Ministerio de Exteriores ha repetido en las últimas semanas que entrar irregularmente en Ceuta o Melilla “no permite permanecer en España ni llegar a Europa” ante la posibilidad de que se repita un episodio como el que acabó con la vida de un centenar de personas ahogadas entre el 30 y el 31 de julio. “Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos”, insistió este martes el ministro José Manuel Albares.

“No arriesguen sus vidas, ni su futuro, ni su dinero, porque es una aventura abocada al fracaso. Quienes entren en Ceuta y Melilla van a ser devueltos. No podrán alcanzar la península, ni el continente europeo. Y no podrán quedarse indefinidamente en Ceuta y Melilla”, añadió. Desde el Ministerio también han recordado que el proceso de regularización extraordinaria no guarda relación alguna con estos hechos: solo se aplica a quienes ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026. Quien cruzó el 30 de julio queda excluido.

En efecto, la ley recoge como norma general que las personas extranjeras que pretendan entrar irregularmente en el país interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones serán devueltas. Pero tiene salvedades y no se puede expulsar a Marruecos “hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España”.

El reglamento de extranjería señala, en su artículo 23, los principios que rigen las devoluciones. No será necesario un expediente de expulsión para la devolución en el caso de las personas extranjeras que ya hayan sido expulsadas y contravengan la prohibición de entrada en España y en el caso de las personas extranjeras que pretendan entrar irregularmente en el país. Se considerarán incluidos, a estos efectos, a las personas extranjeras que sean interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones. En este último caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras los tienen que conducir a comisaría para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución.

Las ejecuciones de devolución tienen que quedar en suspenso en los siguientes casos:

Qué está haciendo el Gobierno en el caso de los menores

Con los menores se debe seguir un procedimiento “individualizado”. Dicho proceso establece que los servicios ceutíes deberán celebrar una entrevista con cada menor para determinar su situación: si se puede verificar que tienen familia —en Marruecos o en España— que les esté reclamando, se habilitarán las vías para enviarlo con ella.

Tan solo si eso no ocurre se buscará acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de acogida de otra comunidad. Hasta que esto no ocurra, no se sabrá cuál es la cifra total que pasarán al sistema de acogida autonómico.

Javed Iqbal lleva más de dos años y medio esperando. Logró, a principios de 2024, la autorización de la subdelegación del Gobierno en Barcelona para la reagrupación familiar y así poder traer desde Pakistán a su hijo, al que le espera un contrato de trabajo. No hay manera, sin embargo, de que en la Embajada española en Islamabad le den el visado.

“Estoy enfermo, me han operado y necesito que venga a ayudarme”, explicaba una tarde de la semana pasada en la Asociación de Trabajadores Pakistaníes de Catalunya (ATPCat), en el barrio del Raval. “Pero parece que es imposible hacer un trámite que no debería ser complicado”.

A pesar de tener toda la documentación en regla, su hijo lleva todo este tiempo intentando obtener una cita en la embajada española de Islamabad para que le concedan el visado, un paso imprescindible para poder reagruparse con su padre.

Su caso no es excepcional. Según ATPCat, son cientos los miembros de esta nacionalidad que, a pesar de tener todos los papeles en regla, llevan años esperando a que la embajada española en Pakistán les de una cita para concederles el visado, el último paso necesario para venir a España.

La falta de opciones para realizar el trámite ha contribuido a la proliferación de mafias que consiguen las citas a cambio de dinero, según aseguran más de una docena de entrevistados y ha podido comprobar elDiario.es. Algunos intermediarios se anuncian sin pudor en redes sociales, mientras que otros merodean por los alrededores de la embajada ofreciendo las citas a quién se acerca al edificio.

“Todos los pakistaníes que conozco que han logrado la cita para el visado y venir ha sido pagando a esta gente”, explicaba Farwq Hmad, 64 años, 30 de ellos en Barcelona. No todos los que ofrecen el servicio, no obstante, cumplen con su promesa. Houssian Shouket señalaba la semana pasada que, tras pagar en dos ocasiones 1.000 euros para que le dieran cita a su hijo, este no ha logrado obtener el visado para abandonar Pakistán.

Las cantidades que se pagan oscilan en función de la desesperación de los clientes y de los contactos que tenga cada intermediario. Algunos piden hasta 6.000 euros por la cita, una suma altísima para un trabajador en Pakistán, donde el sueldo medio son unos 250 euros al mes.

“En Islamabad se piensan que aquí somos ricos y podemos enviar todo ese dinero”, apunta Deilshad Houssain, 47 años y con nacionalidad española. “Pero sigue siendo demasiado incluso para los que estamos en España”.

Estas mafias, afirman los entrevistados, se jactan de tener contactos en la embajada que les conceden las citas. Otros intermediarios ofrecen un servicio más básico: están pendientes de cuando la embajada abre las citas disponibles y, cuando encuentran una, la venden a cambio de dinero.

“Es un dilema”, resumía Yassir Mahmud, trabajador de 50 años en el sector de la construcción. “Por un lado sabes que si no pagas no logras la cita, pero por otro te arriesgas a que te engañen y pierdes tus ahorros”.

La situación afecta también a estudiantes pakistaníes que han pagado su matricula en universidades españolas y no han podido cursar sus estudios, asegura Javed Ilyas Qureshi, fundador y presidente de la asociación de trabajadores pakistaníes.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores admiten la existencia de estos grupos organizados que se lucran con las citas en la embajada de Islamabad. “Es una actividad ilegal ajena a la embajada que España condena tajantemente”, apunta una fuente oficial del Ministerio.

Respecto a la ausencia de citas para solicitar el visado, Exteriores responde que la embajada “está intensificando sus esfuerzos” para “atender la alta demanda existente”.

Los problemas para obtener el visado han movilizado a la comunidad pakistaní de Barcelona, que ya lleva recogidas más de 1.500 firmas y ha denunciado la situación al Defensor del Pueblo.

Más allá de los años de espera, denuncian el coste que tiene para ellos tener que renovar constantemente los certificados médicos, de antecedentes penales, que caducan a los seis meses, así como sus respectivas traducciones juradas.

“Estamos dispuestos a llevar a juicio a la Embajada española”, afirma Javed Ilyas Qureshi. “También estamos preparando movilizaciones y una huelga de hambre en Madrid”.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 100.000 pakistaníes en España y casi la mitad están en la provincia de Barcelona. En la capital catalana son la segunda nacionalidad extranjera más numerosa solo por detrás de los italianos.

Un sistema que funciona por recomendación

Los intermediarios que publicitan estos servicios ilegales en redes sociales no acceden a trabajar para cualquiera y recelan de quien les escribe sin ir recomendado.

elDiario.es escribió a dos de estos contactos para intentar conseguir una cita previa en la embajada de Islamabad a cambio de dinero. Lo primero que preguntaron ambos intermediarios fue quién había facilitado su número de WhatsApp.

“Lo siento solo trabajo con gente que tiene referencias”, respondió uno de ellos al responderle que no teníamos ninguna de referencia. Tampoco sirvió de nada enseñarle el anuncio de Instagram en el que aparecía su número.

El segundo intermediario al que contactó esta redacción también preguntó por una persona de referencia. Al decirle que su número se había obtenido gracias a un anuncio en redes sociales, pidió ver la publicación en la que aparecía su contacto.

“Podemos trabajar en ello”, respondió tras mostrarle el anuncio que había publicado en Instagram. “Lleva mucho tiempo conseguir una cita para la reunificación familiar”, añadió.

Tras unos cuantos mensajes, afirmó que podía conseguir la cita: estaría pendiente durante todo el día de las citas disponibles en la embajada y cuando hubiera una libre, la reservará y la pondrá a la venta. “Cuando aparezca una franja libre te mando el enlace”.

Para el trabajo pide 200.000 rupias (poco más de 600 euros al cambio) y solicita el 20% por adelantado. Sostiene que en el plazo de dos o tres semanas tendrá la cita, que será para septiembre, y comparte una cuenta bancaria para hacer la transferencia.

Seis estudiantes gazatíes, junto a una familia de cinco miembros, vienen en la tercera evacuación por parte del Ministerio de Exteriores de España, desde la Franja de Gaza, a través de Jordania. Cinco de los seis alumnos llegaron este martes, pasadas las tres y media de la tarde, al aeropuerto madrileño de Barajas, en vuelo regular y directo desde Amán (Jordania) y la última lo hará este miércoles a Barcelona. Esta tercera evacuación de universitarios hecha por el Gobierno español, desde 2024, se encuadra en el movimiento internacional de solidaridad con Palestina, dado el genocidio perpetrado contra su población por Israel, desde octubre de 2023. Un movimiento solidario en el que participan, ofreciendo plazas, diecisiete universidades españolas.

La primera evacuación, en diciembre de 2025, trajo a siete alumnos, la segunda, en junio de 2026, a seis. Ahora, con las tres alumnas y tres alumnos que llegan, serán 19 en tres años, mientras aún una treintena larga aguarda en Gaza, en una situación de desespero, hambre, miedo y tentaciones suicidas de las que dieron testimonio a elDiario.es en la noticia del 2 de julio.

La cantidad de gazatíes evacuados para estudiar en universidades españolas por el ejecutivo de Pedro Sánchez está muy alejada de los 113 universitarios llevados de Gaza a Reino Unido, en el curso 25-26, por el gobierno laborista de Keir Starmer y de los 229 incorporados a sus plazas italianas, ese mismo año académico, por el ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni. Un número también incomparablemente más pequeño del centenar de gazatíes enfermos y sus familias evacuados por otros ministerios del ejecutivo español: el de Sanidad, el de Migraciones y el de Defensa.

De los seis universitarios evacuados ahora a España por Exteriores, las tres mujeres irán a Barcelona para estudiar, en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma y en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), respectivamente. En cuanto a los hombres, dos se quedarán en Madrid, para estudiar uno en la Complutense y otro en la Escuela de Escritores, mientras que el tercero iniciará estudios en la universidad canaria de La Laguna (Tenerife).

Espiral de alegría, ansiedad y alivio

La pasada semana ha sido una espiral de alegría, desespero y alivio para el grupo de seis estudiantes gazatíes, sus familiares y amigos, así como para los miembros de entidades que los apoyan, como la Red Universitaria por Palestina (RUxP) y la asociación jordana “Ozwet Tulab Gaza” (“Apoyo, Orgullo y Protección para estudiantes de Gaza”).

Todo porque los comentarios que circulaban sobre una evacuación de estudiantes a España el lunes 13 de julio, que el Ministerio de Exteriores evitó confirmar a elDiario.es, se concretaron. El Consulado Español en Jerusalén avisó a los seis estudiantes de que debían acudir al punto de encuentro en Deir al-Balah, en el centro de la Franja, a unos catorce kilómetros al sur de Ciudad de Gaza.

Los seis estudiantes venían rumbo a España el lunes 13 de julio. Pero ya en el autobús hacia Amán (Jordania) quedaron devastados por el mensaje del Consulado de España en Jerusalén de que el viaje se cancelaba por el lanzamiento de misiles entre EEUU e Irán.

Hacia Deir al-Balah fueron desde sus lugares de residencia, casas o tiendas de campaña. Pero, cuando hacían la ruta en bus a Karam Abu Salen, para cruzar el puente de -según quien lo denomine- Allenby o el rey Hussein, recibieron comunicación telefónica consular diciéndoles que la evacuación se cancelaba por el recrudecimiento del choque EEUU-Irán.

“Se quedaron devastados”, explica una de las doce voluntarias jordanas de “Ozwet Tulab Gaza” que los recogen en frontera y ayudan en el tránsito. Para ella, si bien la cancelación fue acertada y prudente por seguridad, “habría sido importante cancelar con 48 o 24 horas de antelación, como hay precedentes, porque parar en pleno trayecto fue tremendo para ellos”.

Es el gobierno de Israel, informa esta voluntaria, quien, a través de su organismo el COGAT, cierra las fronteras cuando se recrudece el lanzamiento de misiles. “El espacio aéreo jordano sólo queda cerrado un par de horas”, explica, “luego vuelve a abrirse para todos los vuelos regulares, que son los que toman los estudiantes”. En efecto, la web del Ministerio de Exteriores de España, consigna en sus recomendaciones actualizadas sobre Jordania que “el espacio aéreo está abierto”, si bien “se aconseja aplazar el viaje hasta nuevo aviso”.

La decepción e incertidumbre llevaron a los estudiantes a preguntar, en el grupo de WhatsApp creado por el consulado, cuándo se retomaría la evacuación, pero las autoridades se limitaron a responder que ya avisarían. Los afectados aguardaron con paciencia, aconsejados por compañeros ya en España, que hablan de precedentes en los que el consulado ha acabado por cerrar el grupo de comunicación. Si bien, según Ahlam Howiti, llegada en junio a Jaén, en su caso, que luego explicaremos, el grupo no se cerró como forma de represalia, sino para montar un nuevo grupo ampliado cuando la evacuación se retomó tres meses después.

La actual evacuación, pospuesta el lunes 13, se ha retomado el lunes 20 y desembocado en los vuelos del 21 y 22 de julio. Vuelos pagados, en algunos casos, por las universidades, en otros, por los propios estudiantes o sus familiares. Igual que parte del transporte en bus y del regreso con sus familias tras el parón de la evacuación.

Opacidad en los criterios de prioridad

Dos de los seis estudiantes evacuados no figuraban hasta estas semanas en la lista de estudiantes a la espera de incorporarse a universidades españolas elaborada por la RUxP y por Juristas por Palestina (JxP) y puesta a disposición del Ministerio de Exteriores por ellos, para facilitar la gestión de los trámites.

Cierto que esa lista crece. De hecho, desde la publicación de la información en elDiario.es el 2 de julio a hoy, la lista de la RUxP ha pasado de 33 a 40, más los 2 que no figuraban. Por lo que, tras esta tercera evacuación, aún quedan 36 alumnas y alumnos pendientes de ser traídos por Exteriores, en julio o en agosto para empezar a tiempo el curso 2026-2027. Las entidades involucradas trasladan nuevos comentarios sobre la fecha de próxima evacuación: el 3 de agosto. De nuevo lunes, pues es el día de la semana fijado para las evacuaciones a todos los países.

Aún quedan 36 alumnas y alumnos gazatíes, según la Red Universitaria por Palestina, con plaza en universidades españolas a la espera de que Exteriores los traiga. En ciertos casos, aguardan desde el curso 24-25, pese a que entre los evacuados los hay que llevan menos tiempo en lista de espera.

Existe también consenso, entre las entidades, sobre la opacidad con que se conducen tanto el Consulado de España en Jerusalén como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una opacidad “que genera tensiones entre los estudiantes aún a la espera en Gaza, algunos de los cuales llevan esperando meses o años más que otros trasladados”, destaca David Peñafuerte, de la RUxP y técnico en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, a la que han llegado 7 de los 19, casi un tercio.

Tanto Peñafuerte, como “Ozwet Tulab Gaza”, y en su día JxP y la entidad internacional Gaza40+, reclaman transparencia sobre los criterios de prioridad y el orden de los traslados por parte de las autoridades españolas.

“Porque la opacidad permite casos arbitarios”, advierte Peñafuerte. Según él traslada, en el grupo de WhatsApp donde están los afectados, al trascender que algunos habían sido convocados para esta tercera evacuación, otros les han requerido explicaciones sobre por qué, qué pasos específicos han dado para ser los elegidos, y ha habido que mediar para evitar mayores desencuentros.

Requerimientos a Exteriores y a la UE

El Ministerio de Exteriores ha sido requerido para dar explicaciones y agilizar las evacuaciones pendientes, como ya explicamos, vía cartas, en reuniones, e incluso a través del Congreso de los Diputados, tanto por la treintena de alumnos gazatíes afectados, como por la RUxP, JxP, vicerrectores de las universidades y por el portavoz de Izquierda Unida en el parlamento, Enrique Santiago, y el de temas de Educación y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

También desde elDiario.es remitimos diez preguntas concretas al jefe de gabinete del ministro de Exteriores, Sergio Cuesta. Si bien sólo recibimos, del Gabinete de Comunicación, un correo aludiendo a “fuentes de Exteriores” que manifiesta “la posición (de España) basada en el compromiso con el Derecho Internacional, la humanidad y la paz”, que el Gobierno “destinará 150 millones en 2026 en ayuda humanitaria y cooperación para Gaza” y que, hasta ahora, “ha realizado numerosas evacuaciones desde Gaza, incluidas las de varios estudiantes”.

Tras la noticia del 2 de julio, la RUxP ha obtenido respuesta de la Comisión Europea a su escrito del 14 de junio sobre la imposibilidad de decenas de estudiantes gazatíes, algunos titulares de becas Erasmus+, para incorporarse a sus plazas. En la contestación, el Jefe de Unidad de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, Filip Van Depoele, deriva responsabilidades a los estados UE, como se lee en el documento íntegro.

“Compañeros en Gaza, paciencia y esperanza”

Si alguien sabe lo que están sufriendo las y los universitarios a la espera en Gaza es Ahlam Howiti. A sus 23 años era una de ellos, sobreviviendo, junto a sus padres, la mediana entre un hermano y otra hermana, en Tal Al-Hawa, barrio de Ciudad de Gaza. Hasta que, el 3 de junio llegó a España, en la segunda evacuación, que trajo a seis estudiantes, todas chicas. Vuelo desde Amán, con estala en la turca Estambul, hasta Madrid-Barajas y viaje en coche a Jaén, donde, desde entonces, vive. Ella y otra gazatí del mismo grupo, ambas ya convertidas en íntimas amigas.

Howiti y tres estudiantes iban a ser evacuadas a España a principios de marzo, pero dos días antes se canceló la operación por el conflicto estadounidense-iraní. “Sentí una mezcla de desesperanza y, a la vez, fe en que, al final, todo saldría bien”, cuenta por videollamada desde Jaén.

Pasados los meses, en junio, logró venir, en un grupo no de cuatro sino de seis alumnas, más una familia. El curso 25-26 ya había acabado al llegar a Jaén, pero desde entonces ha podido seguir clases de español en la universidad y se prepara para empezar en septiembre su Máster en Administración de Empresas, tras licenciarse en Gaza, en Derecho, impartido en inglés.

“Yo, que he vivido el proceso hasta llegar a España, puedo decir que es complicado y opaco. Pese a todo, para mí el gobierno de España es el mejor con Palestina. Así que, compañeros que aún esperáis en Gaza, paciencia y esperanza.

Ahlam Howiti — alumna gazatí en la Universidad de Jaén.

“La palabra que mejor describe el proceso para venir a España es ”complicado“ –declara. ”Debemos llamar mil veces al consulado, mandarles nuestros documentos, en nuestras difíciles circunstancias. Y ellos son muy opacos cuando les requerimos cualquier información sobre nuestra situación“.

Con todo, Howiti celebra haber pedido plaza universitaria en España, “uno de los mejores países europeos, liberal, que respeta los derechos individuales, con ciudades como Jaén, donde me siento segura, como estudiante, como chica, y como palestina. Un lugar donde puedo seguir educándome, que para mí es lo principal, es por lo que vengo”.

Estando en el punto de destino con el que tantos colegas aún sueñan, Ahlam Howiti, quiere trasladarles un mensaje: “que sean pacientes y mantengan la esperanza. El proceso es duro, largo, complicado. Pero estoy segura de que pronto va a funcionar”, señala. “Así lo creo porque el gobierno español es el mejor en la defensa de Palestina, para los estudiantes gazatíes”, argumenta.

Frente a los datos que revelan que otros países europeos logran sacar de la Franja a más universitarios gazatíes responde: “No sé la razón, todo es complicado, no puedo culpar al gobierno de España. Sólo pedirle que nos siga ayudando porque seguimos necesitando toda su ayuda”.

En efecto, tras la llegada de 19 estudiantes en las tres evacuaciones realizadas desde el curso 2024-2025, los 36 alumnas y alumnos de la lista de RUxP -a la entidad internacional Gaza 40+ le constan 60 casos-, aún siguen esperando que Exteriores logre traerlos para empezar a tiempo el curso 2026-2027 este septiembre.

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha elevado a 50 la cifra de fallecidos españoles en el terremoto de Venezuela, “que sigue aumentando”, mientras que hay 139 desaparecidos.

A preguntas de los periodistas, antes de participar en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, ha asegurado que España va a estar “al lado” de sus compatriotas y de todo el pueblo venezolano “tanto tiempo como sea necesario”.

En este sentido, Albares ha apuntado que España es “una voz de solidaridad, de multilateralismo y de defensa de la diplomacia”.

Las últimas cifras que se conocían de españoles fallecidos en Venezuela, a raíz del seísmo de finales de junio, se facilitaron el pasado 13 de julio y ascendían a 41 personas, mientras que se mantiene el número de desaparecidos.

El balance total de muertos por el doble terremoto ascendió este domingo a 5.208. Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, según el Gobierno venezolano.

¿Por qué un Gobierno como el de España, que ha abierto un proceso de regularización al que opta más de un millón de inmigrantes, un Gobierno que destaca en el mundo por su defensa de Palestina frente al genocidio de Israel no iba a sacar de la Franja de Gaza a 33 universitarios palestinos admitidos para estudiar en universidades españolas? ¿Por qué, si ha traído, este pasado martes 30, en un avión del Ejército, a 101 gazatíes, 20 niños enfermos y sus familias?

Difícil de entender. Pero está ocurriendo. Es la historia de 19 hombres y 14 mujeres, algunas y algunos becados, otros sólo admitidos a estudiar aquí, con recursos propios o de familiares que tienen en España. Un alumnado que ha abierto a elDiario.es su grupo de WhatsApp para comunicar testimonios emocionantes.

Dan a conocer su situación como último recurso. Con el anhelo de que la sociedad española inste al Ejecutivo a agilizar los trámites burocráticos y las gestiones con Israel. Deseando poder incorporarse ya a las plazas que se han ganado, mientras sobrevivían a las bombas, el hambre y sufrimiento del exterminio, entre parientes y amistades que morían.

Mientras el Gobierno de Meloni informa de que ha evacuado a 229 gazatíes con plaza en universidades italianas en el curso 25-26 y el ejecutivo de Starmer ha evacuado a 113 a Reino Unido, en el mismo año, el Gobierno español, abanderado de la defensa de Palestina, sólo ha traído a 13 universitarios gazatíes en tres cursos, sin sacar de la Franja a otros 33.

Desde el inicio del genocidio, sólo ha habido dos evacuaciones de universitarios gazatíes por el Gobierno de España. Una, la de 7 estudiantes, en diciembre de 2025, y, otra, la de 6 universitario/as, en junio de 2026. Se rumorea que el 13 de julio podría llegar la tercera, pero sólo dos de la treintena de estudiantes han sido avisados. Sin ninguna garantía de estar incluidos.

Todo lo cual resulta aún más llamativo cuando el Gobierno de Meloni informa de que ha evacuado, desde septiembre de 2025, a 229 gazatíes con plaza en universidades italianas y cuando, en Reino Unido, un grupo de 18 diputados laboristas hizo pública, el 12 de junio de 2026, esta carta en la que, pese a celebrar la evacuación de 113 universitarios gazatíes a Gran Bretaña, en el curso 2025-2026, por el gobierno del también laborista Keir Starmer, solicita que se acabe con los “constantes retrasos y faltas de comunicación”, de cara a las nuevas evacuaciones en los próximos años académicos.

También chocante es la comparativa con la acogida de estudiantes ucranianos, huidos de la invasión rusa que, según informe del gobierno español (Pp. 5-6), se brindó a 39.741 alumnos y alumnas. Unos 1.800 de ellos se matricularon en las universidades españolas, en el curso 2023-2024, y 1.689 lo hicieron en el 2024-2025. Recordemos que gazatíes han venido 13 y 33 aguardan ansiosos. O sea, que hablamos de un total de 46 personas a evacuar en tres cursos académicos.

17 universidades comprometidas

La trepidante actualidad, con catástrofes internacionales como el terremoto en Venezuela, y los juicios por corrupción y la polarización política en España, así como el anhelo de descanso veraniego, hacen que la atención sobre Gaza haya bajado.

Pese a todo, la treintena de universitarios gazatíes aspira a lograr empatía de la sociedad española. “Elevad vuestras voces por nosotros hasta que el gobierno nos evacúe”, insta uno de los alumnos (que, como todos en esta información, aparece sin identificar, para evitar represalias).

Diecisiete universidades y entidades educativas los esperan: las universidades Autónoma de Barcelona, la de Burgos, de Cantabria, Carlos III de Madrid, Complutense de Madrid, de Granada, de Jaén, de La Laguna en Tenerife, Las Palmas en Gran Canaria, de Málaga, de Murcia, Politécnica de Madrid, Universidad de Valencia, Escuela de Escritores en Madrid, Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), la Basque Know How Fundazioia en Bizkaia, y el Harbour Space Institute of Technologie de la Universidad de Barcelona.

Las áreas de estudio del alumnado son diversas: Contabilidad y Finanzas, Informática, Enfermería, Filología inglesa, Inteligencia artificial, Zoonosis, Cinematografía, Ingeniería, Literatura, Gobernanza y participación ciudadana, Terapia familiar, Estudios migratorios, Derechos humanos y protección internacional… Además de español que, desde Gaza, quienes pueden, empiezan a estudiar por su cuenta.

En ciertos casos, tienen becas Erasmus, lo que implica al SEPIE y un ámbito de responsabilidad también europeo, por el compromiso de la Comisión Europa, en la Carta Erasmus (punto 3), de “Garantizar la igualdad y la equidad en el acceso y en las oportunidades a los participantes actuales y futuros de todos los orígenes, prestando especial atención a la inclusión de las personas con menos oportunidades”.

Entre la esperanza y tentaciones suicidas

Fadwa (nombre ficticio) es una joven que escribe con lirismo, pese a su formación más de cifras que de letras (evitamos asignar las especialidades y universidades para preservar sus identidades).

“Cuando me preguntan, finjo estar bien. Pero lloro frente al mar, con un tsunami en mis ojos, siguiendo el ritmo de las olas. Ya antes del 7 de octubre de 2023 era dificilísimo estudiar, en el silencio de la noche, en el dormitorio con mis tres hermanas, alumbrada por el móvil. Pero con el genocidio, desplazada, huyendo de la muerte, de bombardeos y disparos, del frío, calor, hambre, en tiendas de campañas, sin electricidad... No sé cómo he aprobado exámenes online y logrado una Erasmus en Portugal, en mayo de 2025, para la que no me evacuaron, y otra a España, en noviembre de 2025, para la que el Consulado español en Jerusalén siempre dice no tener fecha y que no está bajo su autoridad ni control. Cada gestión cuesta dinero que quito a mis tratamientos médicos… Me siento hundida. He barajado el suicidio. No le veo sentido a vivir en un mundo así”.

Fadwa confiesa estar “hundida” y haber “barajado el suicidio” al ver que lograr su beca a España, estudiando bajo las bombas, no acaba de salvarla del genocidio. Hiba proclama “la esperanza como empeño”, para que "la guerra no me quite lo poco que no me ha robado ya.

Esas durísimas condiciones de vida, esas “tristeza, desesperanza y lágrimas” las transmite también Adania, que aspira a estudios para “cuidar de la gente, a la que veo sufrir la guerra, desde mi infancia”. Para ella, el anuncio de beca a España “fue como nacer de nuevo”. Toda la familia sintió “alivio de que, al menos, una de nosotros pudiera sobrevivir”.

En el caso de Hiba, mujer de letras y artista, “la esperanza ya no es un sentimiento, sino una decisión”. Porque, argumenta, “dejar de soñar sería permitir a la guerra robarme lo poco que aún no me ha quitado”. Sus obras ya han sido expuestas en España, “y yo espero ir pronto también para ser puente hacia la realidad palestina, abrazando, con gratitud, al público español que ya ha acogido mis creaciones”. Sus frases son aldabonazos: “Necesitamos recibir clases tanto como tiendas de campaña; libros como pan”; “No quiero ser recordada como víctima”, “No pido un milagro, sino la oportunidad que, con trabajo duro, me he ganado”; “Ojalá mis palabras conecten con la gente y logren abrirnos las fronteras”.

Uno de los gazatíes que lleva más tiempo en la lista de universitarios a la espera de ser evacuados por España es Ghassan. Él fue admitido para seguir aquí sus estudios, científicos, durante el curso 2024-2025. Su plaza ha sido prorrogada para el 2025-2026 y ahora para el 2026-2027. Pero sigue atrapado en Gaza.

Él enumera los requisitos que le han pedido: pasaporte, carta de admisión de la universidad española, documentación académica y/o de la beca, garantía bancaria, seguro médico español, certificado de buena salud, certificado de ausencia de antecedentes penales y formulario de solicitud de visado. Documentación de la que, a veces, se requieren originales pese a las dificultades para desplazarse a las sedes consulares.

“¿Por qué, tras cumplir los requisitos académicos y burocráticos, gestiones que cuestan un dinero inasumible para quienes nos han quitado todo” -se pregunta Ghassan- me hacen perder dos cursos de mi formación en España y temo que el tercero, que arranca en septiembre?“. ”¿Por qué las dos evacuaciones de España -se interroga de nuevo- sólo han sacado de Gaza a un puñado de estudiantes a diferencia de otros países europeos?“

Una prima de Ghassan, nacida y residente en la ciudad española en cuya universidad él está admitido, confirma, en conversación telefónica con elDiario.es la desesperación familiar. “No entendemos, ya que ni el Consulado, ni el Ministerio nos lo explican, cuáles son los criterios de prioridad de unos evacuados frente a otros, ni las razones por las que, cumplidos todos los pasos, mi primo y su hermano, ambos admitidos en la universidad, no son ya evacuados cuando nosotros vamos a alojarlos, mantenerlos y apoyarlos, ahorrando así gastos al Estado”.

“Yo”, declara Refaat, el último de los cinco entrevistados, “no puedo rendirme porque, a mis 20 años, a la vez que soy estudiante universitario doy clases a gazatíes más jóvenes. Me ven como referente, académico y vital. Así que resisto y me crezco en la dificultad”. Todo mientras escribe pues, en medio del sufrimiento, aflora, en varios de los 33, el impulso literario.

Todas y todos los entrevistados resaltan su gratitud al gobierno español y a la sociedad española por apoyar al pueblo palestino y condenar el genocidio emprendido por el gobierno sionista de Israel y su presidente Benjamin Netanyahu.

“Pero, para estudiantes como yo” -declara uno- “las acciones importan más que los discursos. Un acto concreto vale más que mil declaraciones. La educación no es un privilegio sino un derecho fundamental. Por favor, ayudadnos y presionad”.

Juristas reclaman agenda de fechas

Agilizar la evacuación de esta treintena de universitarios gazatíes no parece, por el volumen del contingente, algo inabordable. Y sería una contribución significativa, en palabras de la magistrada y doctora en Derecho, Pilar Barrado, coportavoz de la plataforma Juristas por Palestina, creada en octubre de 2024.

“Parte de proteger al pueblo palestino contra el genocidio”, expone ella, “consiste en contribuir a que, pese a la destrucción sistemática de las universidades palestinas por Israel, haya una nueva generación de palestinos universitarios de diversas disciplinas, capaces de reconstruir lo devastado”.

La coportavoz de Juristas por Palestina, plataforma de 1.000 juristas, con más de 100 catedráticos y más de 100 magistrados, califica de “tremenda” la “opacidad” del Ministerio de Exteriores y exige “información, trasparencia y un horizonte de fechas”.

Con ese convencimiento, Barrado, se reunió este enero con Guillermo Garrido, en quien delegó Sergio Cuesta, jefe de gabinete del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. “Les transmitimos los casos de estudiantes que, junto a la Red Universitaria por Palestina (RUxP), habíamos localizado y ordenado. Les dimos los documentos y pedimos que, si algo faltaba, nos avisaran”, explica. “Exteriores dijo que nos daría traslado de las personas a las que veían con posibilidades para salir y las que no”.

Pero no ha ocurrido. “La opacidad de Exteriores es tremenda”. Barrado asegura que en Juristas por Palestina “hemos sido prudentes y comprensivos, por la difícil situación en Palestina y la posterior guerra con Irán”. Pero considera que merecen “información, trasparencia en los criterios de prioridad, y un horizonte de fechas”. Lo merecen “los estudiantes, las universidades, y nuestra plataforma de más de 1.000 juristas, con más de 100 catedráticos y más de 100 magistrados, organizados para ayudar de forma desinteresada”.

Evasivas del Ministerio de Exteriores

También elDiario.es ha trasladado preguntas al jefe de gabinete del ministro de Exteriores, Sergio Cuesta, quien nos ha remitido a la Oficina de Información Diplomática.

Finalmente, es el Gabinete de Comunicación del Ministerio desde donde se nos ha escrito un correo aludiendo a “fuentes de Exteriores”. Un mail que no contesta a ninguno de los 10 interrogantes precisos -como “¿Cuándo está prevista la evacuación de los 33?”, “¿Confirman o desmienten una evacuación el día 13?”, “¿Qué criterios determinan la salida de unos u otros?”, “¿A qué se deben retrasos de hasta 2 cursos?”...

Frente a ello, el mensaje oficial manifiesta “la posición (de España) basada en el compromiso con el Derecho Internacional, la humanidad y la paz”. También que el Gobierno “destinará 150 millones de euros en 2026 en ayuda humanitaria y cooperación para Gaza” y que, hasta ahora, “ha realizado numerosas evacuaciones desde Gaza, incluidas las de varios estudiantes” lo que ha “permitido a cientos de personas reencontrarse con sus personas queridas y recuperar una vida normal en España”.

Ya en junio de 2025 fue Izquierda Unida la que, a través de su portavoz parlamentario y de su portavoz en temas de Educación y coordinador general de IU Andalucía, Enrique Santiago y Toni Valero, respectivamente, preguntó a Exteriores después de que colectivos palestinos les informaran de la cuestión. “El Gobierno de España mantiene estrechos vínculos con el Estado de Palestina y promueve los intercambios humanos, facilitando, por ejemplo, el acceso de estudiantes palestinos a las universidades españolas”, trasladó escuetamente el Ejecutivo en septiembre de 2025 en su respuesta escrita.

El contraste es fuerte entre los 13 universitarios gazatíes evacuados en tres cursos académicos por el Ministerio de Exteriores y los 101 gazatíes, 20 niños enfermos y sus parientes, evacuados el martes 30 en una operación en la que, según RTVE, han participado otros tres departamentos ministeriales: el Ministerio de Sanidad, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el de Defensa. La quinta evacuación sanitaria del Gobierno, de hecho, desde julio de 2024, en un programa que, en total, ha traído de Gaza a España a 236 personas, 143 de ellas menores, atendidos luego en diferentes hospitales españoles.

El jefe de gabinete de Exteriortes, Sergio Cuesta, sí que respondió, por dos veces, a cartas sobre este tema remitidas al Gobierno de España. La primera firmada por la RUxP, en septiembre de 2025, y la última, suscrita por los 33 estudiantes afectados, en junio de 2026. Pero, en ambas respuestas, Cuesta también ha evitado resolver dudas, explicar los retrasos o dar fechas de evacuaciones, limitándose a reiterar la solidaridad del ejecutivo español con Palestina, como se puede comprobar en los documentos que ofrecemos íntegros.

La RUxP: perseverar pero no ser cómplice

La RUxP se creó en 2024 tras la conferencia online para universidades españolas ofrecida, el 10 de abril de ese año, por la Relatora Especial ONU para la Palestina ocupada, Francesca Albanese, con su informe “Anatomía de un genocidio”. Desde entonces esta red, formada por profesores y Personal de Administración y Servicios de 43 universidades españolas, promueve toda una amplia visión, expuesta aquí, de respaldo a la academia palestina y de ruptura de relaciones con la israelí.

En paralelo, la RUxP ha listado los casos de estudiantes a la espera de evacuación de los que han tenido noticia. David Peñafuerte es miembros de la RUxP y técnico en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, institución que ha recibido a 5 de los 7 gazatíes evacuados en diciembre de 2025 y a 2 de los 6 llegados en junio de 2026. Es decir a 7 de los 13, más de la mitad del total. Peñafuerte sintetiza la actuación de Exteriores en cuatro puntos: “Opacidad, condescendencia, arbitrariedad y una falta de empatía y humanidad rayana en la crueldad” porque “la incertidumbre tortura al alumnado aún más de lo que ya está”.

La Red Universitaria por Palestina, formada por profesores y Personal de Administración y Servicios de 43 universidades, se plantea “descolgarse para no ser cómplices”. Y “avisar a los estudiantes de que las evacuaciones españolas son un timo”, si el gobierno no las desbloquea.

Por todo lo cual, según Peñafuerte, desde la RUxP, aunque van a “llevar el esfuerzo hasta el final”, si el gobierno no descongestiona la situación, “valoramos descolgarnos y decirles a los estudiantes que no esperen salir de Gaza porque es un timo” del que “no queremos ser cómplices”.

Revindicación de grupos internacionales

También iniciativas civiles internacionales hacen un balance muy crítico con la gestión de Exteriores de las evacuaciones de estudiantes. Gaza 40+ nació para promover y velar por evacuaciones seguras de los estudiantes gazatíes a universidades de Reino Unido, si bien luego se ha extendido a Irlanda, Italia, España, Francia, Bélgica y Brasil. Su radiografía del proceder de gobiernos europeos es negativa. Pero peor en el caso del ejecutivo español, según traslada a elDiario.es Cristina Robles, coordinadora de Gaza40+ en nuestro país: “En comparación con otros países, en los últimos dos años, las evacuaciones de estudiantes hacia España han sido raquíticas”. Confirma la cifra de 13 estudiantes. “Y eso pese a que nos consta que en curso 2025-2026 había 60 gazatíes aceptados por universidades españolas. Que, además, cumplían los criterios para el visado, incluido tener 7.200 euros en el banco”.

Para Gaza40+ el proceso falla por múltiples factores: que “España no tiene Embajada en Jerusalén sino un Consulado que funciona bajo mínimos”, que “una vez concedido el visado, la última palabra la tiene Israel”, que existe “opacidad y arbitrariedad de Exteriores sobre a quién se evacúa y con qué prioridad. De hecho, hay estudiantes avisados de que en uno o dos días salían y luego los han dejado en tierra para dar sus plazas a otros” y que el Ministerio “con su opacidad, arbitrariedad y silencio administrativo sepulcral genera una incertidumbre que cava más hondo en el trauma psicológico por el genocidio”.

Testigos de esa angustia acrecentada son las doce voluntarias jordanas de “Ozwet Tulab Gaza”, proyecto que significa “Apoyo, Orgullo y Protección para estudiantes de Gaza”. Sus números de móvil circulan entre los universitarios gazatíes a la espera de evacuación, pues ellas dan asistencia al alumnado en tránsito, a través de Amman, a países de todo el mundo.

“Muchos nos preguntan por qué España tarda más que otros países y se nos rompe el alma”, declara una de estas jordanas. “España es la que más ha tardado en activar las deportaciones y exige mucha burocracia”, subraya. “Quizá sea”, aventura, “porque Israel se lo ponga más complicado por haberles criticado”. Aunque, al instante matiza: “Es raro porque Israel quiere vaciar la Franja de Gaza, sobre todo de su gente brillante, universitaria”.

“Lo cierto”, añade, “es que nosotras hemos ayudado a centenares de evacuados a Italia o Reino Unido… y los de España han sido a cuentagotas”. 

Universidades dando facilidades sin recibir gran información

Una de las universitarias gazatíes veteranas en la lista de espera fue admitida para su doctorado en la Politécnica de Madrid (UPM) en octubre de 2024. Este 2026 se le consiguió una beca de investigadora predoctoral y en junio el vicedecano de Internacionalización mandó al Cónsul General de España en Jerusalén, Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, una carta que menciona otra de marzo 2026, sin respuesta, y donde solicita “respetuosamente” que “se valore el caso como urgente” y se informe a la universidad de “cualquier vía, actuación o mecanismo que pudiera facilitar la salida de la interesada de la Franja de Gaza” y “su incorporación efectiva a la Universidad”.

El tutor del programa de doctorado de esta alumna, Javier Galeano, catedrático de Universidad Física aplicada de la UPM, está muy preocupado porque “hay riesgo de que ella pierda esta oportunidad de estudios, pues ya hemos solicitado una segunda prórroga de la beca y no creo nos las concedan infinitamente”.

La Autónoma de Barcelona UAB lleva, desde el curso 2024-2025, según datos remitidos por su gabinete de comunicación, esperando la llegada de hasta once becados que se han ido sumando en la convocatoria del 24-25, la del 25-26 y la del 26-27. A día de hoy sólo ha llegado una persona evacuada.

“La frustración es total”, admite el vicerrector de Relaciones Internacionales, Óscar Jané, quien explica que “por los retrasos, a veces, los pasaportes del alumnado caducan, y hay que reiniciar trámites”. Y testimonia que la tarea con los gazatíes, realizada por la UAB junto a la Fundación Autónoma Solidaria, “no es sólo administrativa sino psicológica porque, de pronto, nos cuentan que carros de combate van hacia sus casas. Pone la piel de gallina”.

En la Politécnica de Madrid temen que su alumna gazatí, que lleva dos cursos esperando a ser evacuada, pierda la beca si se acaban las opciones de prórroga. En la Autónoma de Barcelona, de 11 becados palestinos en estos 3 cursos sólo ha llegado uno evacuado. Y en la Universidad de Málaga, los 5 becados por venir tienen que reiniciar el trámite de visados al no haberlos traído el pasado curso.

Con todo “más vale ser positivos y optimistas”, dice, con la esperanza de que, en la evacuación del 13 de julio que se rumorea, “aunque no está confirmada”, llegue “una de nuestras alumnas”.

“Yo entiendo”, se muestra comprensivo, “que para el Consulado en Jerusalén no será fácil lograr evacuaciones que no dependen de ellos… Aunque esperamos que, ahora que el conflicto está en otra etapa, lo que viene tardando dos años en gestionarse, se resuelva en seis meses”.

Jané se compromete, en todo caso, a que la Autónoma será flexible para acoger al alumnado fuera de los plazos inicialmente previstos, y a que seguirán convocando ayudas a palestinos. El curso 25-26 recibieron 200 solicitudes, teniendo sólo 5 plazas disponibles. “Ojalá, hubiese acuerdos entre el Ministerio y las universidades públicas que nos dieran presupuesto para más becas anuales a palestinos”.

La Universidad de Málaga está a la espera de evacuación de cinco estudiantes palestinos, tres alumnas y dos alumnos, que debieron llegar el curso 25-26. “Parece que una ha recibido noticia de que podrían evacuarla el día 13. A nosotros nos llega poca respuesta del consulado”, traslada Enrique Nava Baro, vicerrector de Movilidad y Proyectos Internacionales de la UMA.

“Ahora tramitamos con el SEPIE extender al 26-27 la Erasmus de todos ellos”. La cuestión es que nuevas fechas de estudio implican nuevos visados a tramitar, en un círculo vicioso. “Aún comprendiendo las dificultades en la zona”, dice conciliador, “las autoridades españolas deberían resolver más rápido los visados”.

Enrique Nava asegura que, pese a los obstáculos, el programa de la UMA con Gaza continuará “porque nuestro interés no es sólo académico sino humanitario”. Pero, en su experiencia “la mayoría del alumnado palestino, tras pasar por España, quiere seguir su formación en países europeos donde se imparten cursos completos en lengua inglesa, que ellos dominan”.

Su equivalente en La Laguna, Inmaculada González, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, asegura que, en esa universidad canaria, están “deseando que lleguen” los dos alumnos gazatíes que ya debería haberse incorporado en el curso 2025-2026. Ignora cuándo vendrán, al no recibir respuesta del Consulado de Jerusalén “pese a escribirles sistemáticamente”. Como sus colegas de las universidades ya citados, garantiza que admitirán a los estudiantes pese al retraso, “si es que llegan”, y que ofrecerán más plazas para alumnado gazatí “por razones humanitarias”. Y, aunque manifiesta hacerse cargo de “la complejidad de la coyuntura” pide “un poquito más de agilidad, pensando en los estudiantes que allí tanto sufren”.

Tras el punto final de este texto, los 33 alumnas y alumnos aludidos seguirán en Gaza, al otro de las pantallas de sus móviles, con el corazón en un puño, deseando que la ciudadanía española y el gobierno los traigan, al fin, a estudiar a España.

En 2014, Margaret Wallström era nombrada ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y tomó una decisión: poner en marcha una política exterior feminista, es decir, una diplomacia en la que la igualdad de género fuera un asunto central y transversal. Algunas de las medidas de Wallström tuvieron respuesta de países como Arabia Saudí o Israel, que llegaron a retirar a sus embajadores de Estocolmo.

Doce años después, Madrid acoge este martes y miércoles la V Conferencia de Política Exterior Feminista, un encuentro de alto nivel en el que participan 60 ministerios de Asuntos Exteriores de todo el mundo y representantes de organismos y organizaciones internacionales. La cumbre se celebra entre la reacción antiderechos que recorre el mundo y la crítica de la sociedad civil, que pide más coherencia y recursos para que la palabra 'feminista' no sea solo una etiqueta bonita. La mejor prueba de que el mundo de 2026 es muy distinto al de 2014 es que ese país pionero en política exterior feminista, Suecia, ha renunciado a ella desde que en 2022 una coalición conservadora llegara al Gobierno.

Pero, ¿qué significa tener una política exterior feminista? “Implica orientar las prioridades a través de la lente del feminismo y de las mujeres como jugador central en todas las sociedades. Que todas las acciones que se desarrollan dentro de la política exterior, de los vínculos multilaterales, y de la contribución al desarrollo se hagan a través de esta lente para que mejore la consistencia de los derechos humanos y ampliar el concepto de seguridad, que no debería estar centrado solamente en la defensa sino girar mucho más sobre las condiciones dignas de vidas libres de violencia”, explica Susana Malcorra, que fue ministra de Relaciones Exteriores de Argentina y es presidenta y cofundadora de GWL Voices, una organización que aglutina a lideresas de todo el mundo y de la que también forma parte Wallström.

Lejos de ser un movimiento estructurado, prosigue Malcorra, ha sido más bien una iniciativa de diferentes países que han ido sumándose a la idea. “No hay un estándar, hay ciertos principios de funcionamiento y el deseo de ampliar la base”, explica. Ese es uno de los objetivos de la Conferencia de Madrid: avanzar en estándares comunes, hablar de financiación y de cómo hacer frente al retroceso que ya está sucediendo en distintos lugares del mundo.

“Es una apuesta transformadora de algunos países en cómo se entiende su política exterior, en cómo la igualdad puede ser un tema central en el multilateralismo, pensando no solo en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres sino en una apuesta transformadora para abordar el mundo desde los principios feministas: transformar los espacios de diálogo, no ver a las mujeres solo como sujetas de protección sino de derechos y como quienes pueden liderar la política, poner en el centro la eliminación de la violencia, acabar con las estructuras que relegan a las mujeres a segundos planes, cómo cambiar realidades requiere de mayor inversión, trabajar en la autonomía económica desde una perspectiva feminista, hablar de derechos sexuales y reproductivos...”, enumera Paola Yáñez, coordinadora general de la Red de Mujeres Afro Latinoamericanas, Afro Caribeñas y de la Diáspora.

Yáñez participaba este lunes, junto a decenas de líderes feministas de todo el mundo, en el Foro de la Sociedad Civil previo a la Conferencia. Distintas voces advertían de la necesidad de cerrar la brecha entre la etiqueta 'política exterior feminista' y la práctica. “No puede haber un feminismo hegemónico que se centre en unas mujeres y olvide a todas las demás, la solidaridad es para todas las mujeres, no solo para unas pocas. No puede haber política exterior feminista si se apoyan las políticas de un país que está llevando a cabo un genocidio y una limpieza étnica”, asegura Paola Salwan, directora de la organización Women Deliver. Salwan urgía a recuperar la financiación para el activismo feminista: “Estamos encantadas de ayudar a contener el fascismo pero necesitamos recursos”.

Varias activistas insistían en el problema actual con la financiación. Aapta Garga, de Women Deliver, aportaba algunos datos: solo el 0,1% de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) va a parar a las mujeres, países como Kenia deben destinar más dinero a pagar los intereses de su deuda que lo que reciben para AOD y la financiación privada también se está retirando de la inversión en proyectos con mirada feminista. “La financiación para investigaciones en feminismo es mínima, menos aún que para el activismo feminista, mucha va para los thinks thanks que piensan bastante similar a como lo hacen las élites o a 'clubes de chicos' antifeministas”, apuntaba Lina Abu Habib, experta de la Universidad de Beirut.

Faye Macheke, codirectora de la organización Awid, avisaba del aumento de gasto en defensa y de la reducción en cooperación. “Las organizaciones antiderechos [sexuales y reproductivos] duplican la financiación que reciben cientos de organizaciones feministas juntas”, señalaba. Macheke cuestiona la mirada desde la que se juzga quién produce conocimiento y quién merece inversión: “Hablamos de algo más profundo, de quién se considera suficientemente creíble para ser apoyado y financiado, y las organizaciones de base no suelen tener la misma consideración que las que tienen grandes estructuras. El conocimiento también se produce en campos de refugiados, en zonas militarizadas o en grupos humanitarios que atienden las crisis de manera directa”.

Una declaración política final

La Conferencia concluirá con una declaración política a la que podrán adherirse los estados. El Ministerio de Exteriores es quien ampara el encuentro. Según el ministro José Manuel Albares, la conferencia busca “avanzar en la consolidación de una diplomacia feminista global, transformadora, inclusiva y guiada por la igualdad” en un contexto internacional marcado por conflictos, retrocesos democráticos y un aumento de las desigualdades. El encuentro abordará las barreras que existen para el liderazgo de las mujeres en instituciones políticas, la presencia femenina en la mediación y mantenimiento de la paz y la seguridad, la feminización de los cuidados o la reforma de la financiación para el desarrollo con perspectiva de género.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Albares inaugurarán la Conferencia, mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en un inicio no estaba invitada (sí otros cargos de sus departamentos) clausurará el evento el miércoles.

“España es un referente en igualdad y la política exterior feminista es una seña de identidad del Gobierno y vamos a continuar trabajando con todos los países que comparten nuestros valores para hacer frente a la ola reaccionaria que amenaza los derechos de las mujeres. Es una amenaza real que pretende devolvernos a tiempos pretéritos y responderemos dando zancadas hacia delante también a nivel internacional”, asegura Redondo a elDiario.es

Timoteo Zambrano (Caracas, 1955) opera en los pliegues de una política que muchos consideran extinta: la del pacto discreto y el pragmatismo de largo aliento. Formado en las filas de Acción Democrática (AD) y exvicepresidente de la Internacional Socialista, su trayectoria es un mapa de mudanzas estratégicas que va desde la secretaría general de AD y la militancia en Un Nuevo Tiempo hasta la fundación de su propio partido, Cambiemos. Sus sellos más recientes fueron la arquitectura de la Alianza Democrática y de la llamada “mesa democrática” —instancia de negociación paralela a la oposición tradicional, que los sectores radicales denominan con desprecio “la mesita”—, que gestionó la liberación de presos políticos y mantuvo abiertos canales directos con el chavismo, una suerte de contrapeso silencioso al papel de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Zambrano acababa de ser elegido senador. Tres años después tomó asiento en la Mesa de Negociación y Acuerdos auspiciada por la OEA —la primera instancia internacional de diálogo entre el chavismo y la oposición— y se convirtió en uno de los portavoces más visibles de la Coordinadora Democrática, la primera gran alianza unitaria del antichavismo. Ambas experiencias naufragaron: la Mesa no logró descomprimir un país que había hecho del conflicto político su clima permanente, y la Coordinadora se desmoronó en 2004 tras la derrota opositora en el referéndum revocatorio que ratificó a Chávez en el poder.

Al año siguiente rompió con AD y se incorporó a Un Nuevo Tiempo, el partido socialdemócrata fundado por Manuel Rosales, donde recaló buena parte de la militancia de la AD de los noventa. Diputado al Parlamento Latinoamericano tras las legislativas de 2010, fue también uno de los fundadores y portavoces de la MUD, el segundo gran ensayo unitario del antichavismo.

La muerte de Chávez, el agravamiento de la crisis económica y la victoria opositora en las parlamentarias de 2015 abrieron una nueva fase de tensiones internas. Los partidos de la MUD, ya mayoría en la Asamblea Nacional, endurecieron el tono y desplegaron una estrategia de salida por todas las vías disponibles: la presión constitucional, los llamados a la intervención extranjera y la arquitectura del régimen de sanciones internacionales que terminaría por contraer el PIB venezolano en cerca de un 75%. El chavismo respondió en 2017 con un Tribunal Supremo que anuló las atribuciones del Parlamento, lo que desencadenó meses de protestas y represión y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente solo del chavismo. Un año después, la MUD denunció fraude en las presidenciales que otorgaron la reelección a Maduro, y el bloque terminó por disolverse en 2018.

Zambrano se opuso a aquella escalada. Defendió el diálogo con el chavismo como única salida viable y pagó el precio: su relación con el resto de la oposición se fracturó a fondo, y sus posiciones públicas se convirtieron, desde entonces, en materia de controversia casi permanente.

Sus raíces como negociador tras los bastidores son profundas. Un alto funcionario del chavismo, que habló bajo condición de anonimato, lo describió a elDiario.es como “una persona cabal y contemporizadora, moldeada desde joven por el expresidente Carlos Andrés Pérez para la diplomacia informal: aquellas misiones que no podían atenderse desde la cancillería oficial, sino mediante el trabajo silencioso en el continente, el Caribe y los foros de la Internacional Socialista”.

Su figura, sin embargo, despierta ambivalencia. Toda la opinión pública sabe que es amigo del expresidente Rodríguez Zapatero. Ricardo Ríos, de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista, reconoce su habilidad para construir acuerdos, pero advierte que esa misma destreza tiene un doble filo: “Es bueno fabricando acuerdos, pero también desacuerdos”. Iris de Franca, dirigente del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela y exmilitante del partido de Zambrano, va más lejos: señala que Zambrano arrastra un estilo patriarcal y cerrado que choca con las exigencias de renovación, y que le faltan habilidades comunicacionales para el momento que vive el país. Con todo, reconoce que su propio crecimiento político estuvo vinculado al respaldo de Zambrano, quien solía fortalecer y acompañar las trayectorias de sus cuadros más cercanos. “Mantengo un profundo respeto por su figura”, admite. Quienes lo han tratado en la arena política coinciden en que es una persona terca, y que esa tozudez impide en ocasiones avanzar en acuerdos con otros dirigentes.

En lo personal, carga con el estigma de una denuncia de maltrato por parte de una de sus exesposas, un conflicto que los más cercanos reducen a una disputa patrimonial. En lo político, rechaza la cultura del espejismo: sostiene que el cambio no puede ser un atajo para evadir la crisis, sino una construcción cotidiana, y que la democracia solo es viable si las luchas antagónicas dejan de ser existenciales para volverse funcionales.

Su nombramiento como embajador en España no ha estado exento de polémica. Chuo Torrealba, activista social y periodista que lo conoce desde hace más de dos décadas, advierte que la designación entraña “una situación peligrosa”: el gobierno provisional proyecta una imagen de apertura a costo cero mientras ubica a figuras opositoras en cargos cuya función es, precisamente, representarlo. “Para ellos es ganar-ganar”, resume. Aun así, descarta que la distancia física vaya a mermar la capacidad de Zambrano para gestionar casos de presos políticos, dado que sus contactos —incluidos vínculos con sectores del Partido Demócrata estadounidense— trascienden la presencia en Caracas.

Las críticas más duras, no obstante, llegaron el 2 de mayo desde Miami. Juan Pablo Guanipa, íntimo aliado de María Corina Machado y expreso político, elevó el tono contra Enrique Ochoa Antich y el propio Zambrano en un encuentro con la diáspora venezolana recogido por VPItv. Los acusó de “medrar alrededor del poder para obtener prebendas” mientras se presentan como opositores. Cuestionó sus designaciones como embajadores en Alemania y España, y aseguró que el régimen busca “dar la impresión de que ha cambiado” al incorporar a figuras que, según él, solo amplían una fachada. “Son peores, porque son solapados. Y yo no quiero nombrar a nadie porque no me gusta entrar en esas cosas: Ochoa Antich, Timoteo Zambrano. Son dos sinvergüenzas”, sentenció.

De Franca, en cambio, lee el nombramiento en clave de oportunidad histórica. Sostiene que Venezuela requiere de una política exterior capaz de reconectar con el mundo, y que la experiencia de Zambrano como operador internacional es lo que el contexto actual demanda: “Una oportunidad clave que no se había materializado en las últimas décadas”. Entre quienes lo conocen, prevalece la certeza de que Zambrano seguirá siendo lo que siempre ha sido: un hombre de acuerdos, con todo lo que eso implica de virtud y de riesgo.

La situación de crisis en Cuba ha llevado a la acción a los gobiernos de España, Brasil y México durante el encuentro de los jefes de gobierno de los tres países en Barcelona este sábado con la emisión de un comunicado conjunto a última hora del día en defensa del derecho internacional.

“Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación”, arranca el comunicado conjunto de los tres países, que solicitan que se eviten las acciones que “agravan las condiciones de vida de la población” o aquellas que son contrarias al Derecho Internacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se compromete, junto a Brasil y a México, a “incrementar de manera coordinada” la respuesta humanitaria “dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”. El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por ser el que más apoyo humanitario ha ofrecido a la isla, ya fuera en forma de alimentos, medicamentos, bienes de primera necesidad o incluso petróleo.

Los gobiernos de Sánchez, Sheinbaum y Lula reiteran además la necesidad de mantener el respeto al Derecho Internacional así como los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Los tres países reafirman así mismo en el comunicado conjunto el compromiso “irrenunciable” con los derechos humanos, los valores democráticos o el multilateralismo. Para ello, hacen un llamamiento a un diálogo “sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional” y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El objetivo de este diálogo, aseguran los gobiernos de los tres países, debe ser “encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”.

Durante el foro de líderes progresistas de este fin de semana en Barcelona, la mayoría de líderes han advertido ante el incremento de los conflictos a nivel mundial, especialmente tras la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus amenazas tanto comerciales como militares o territoriales.

Lula da Silva ha alertado de forma reiterada sobre los peligros de la conflictividad mundial, pero también Claudia Sheinbaum, que ha impulsado esta declaración para evitar una incursión militar en Cuba. El sudafricano Ramaphosa, por su parte, ha reclamado una reforma de la ONU para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas.

Cuba agradece la solidaridad

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció esta madrugada el “digno y solidario” comunicado de Brasil, España y México ante el “recrudecimiento” del bloqueo de Estados Unidos a lo que describe como “niveles extremos” y al actual “cerco energético” y las “constantes” amenazas de la Administración Trump.

Rodríguez incidió en la necesidad de respetar la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, así como los principios de la libre determinación de los pueblos, el respeto a la independencia y la soberanía y pidió abstenerse en las amenazas y el uso de la fuerza.