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Últimas horas para pedir la regularización: el plazo acaba con más de un millón de solicitudes presentadas

Una fila a las puertas de una oficina de servicios sociales de Madrid durante el primer día de plazo para peir la regularización.

Gabriela Sánchez

29 de junio de 2026 21:22 h

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Después de dos meses y medio de colas, dudas, trabas burocráticas inesperadas y celebraciones por cada petición registrada, este martes a medianoche finaliza el plazo de presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes. La primera etapa del procedimiento concluirá con las previsiones iniciales superadas, pues la cifra supera ya el millón de solicitudes presentadas, frente a las 750.000 que el Gobierno calculaba recibir -de las que estimaba aceptar 500.000-, un desfase que se explica con la habitual dificultad de calcular la cantidad de personas que viven en España de manera irregular. 

Las imágenes de grandes filas de personas para realizar los trámites necesarios para pedir la regularización fueron disipándose tras las dos primeras semanas de plazo. Eran muchos los que no querían esperar para ponerse en marcha ante la posibilidad de que cualquier imprevisto pudiese dejarles fuera de un procedimiento que supone el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Transcurridos dos meses y medio del inicio del plazo, sin embargo, las peticiones no han dejado de presentarse y algunos de los colectivos que integran el movimiento Regularización YA han montado un dispositivo hasta este martes a las 23:59 horas, conscientes de que aún hay personas que no han podido registrar su petición por diversos obstáculos con los que se han topado por el camino. 

“Vamos a utilizar cada minuto porque dos meses y medio no ha sido suficiente”, dice Victoria Columba, portavoz del Colectivo Regularización YA, presente en Catalunya. “A eso se suma que la exigencia del informe de vulnerabilidad nos ha hecho perder un mes de los dos meses y medio de plazo, porque mucha gente tardó mucho tiempo en cumplir este trámite, y los problemas con la legalización de los antecedentes penales o las directrices confusas por parte de la Administración.. ”, describe. La plataforma registró en el Congreso de los Diputados hace un mes una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la ampliación del plazo de registro de peticiones, ante las trabas detectadas hasta entonces. También exigían la paralización de los vuelos de deportación, y la posibilidad de faciliatar la regularización a los extranjeros encerrados en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Sin embargo, sus demandas no fueron atendidas, la maquinaria de retorno nunca se paralizó y el plazo finalizará este martes a medianoche, como estaba previsto.

La exigencia del informe de vulnerabilidad y la dificultad para conseguirlo en algunas comunidades autónomas, los problemas con la legalización de los antecedentes penales u otros certificados necesarios por la escasez de recursos de algunos consulados españoles, la falta de respuesta de las autoridades de determinados países de origen y los intentos de boicoteo por parte de las administraciones lideradas por el PP y la extrema derecha -con un intento de paralización frustrada en los tribunales- han marcado el procedimiento, pero no han podido con él. “Celebramos que miles de personas que podrían haberse regularizad de otro modo, van a poder hacerlo”, dice ^la portavoz del colectivo. “Pero nos da rabia quien va a quedar excluido”.

El bloqueo de algunos consulados españoles

Muchos de los casos que han acabado presentando su solicitud a última hora (si es que lo logran) reflejan las principales complicaciones del proceso y los grupos de personas más afectadas por ellos. Juanjo Castillo, abogado en Valencia, cuenta que tiene pendiente de subir a la plataforma Mercurio nueve expedientes. “Todos son de argelinos”, comenta el letrado. La explicación esconde una de las trabas: los ciudadanos procedentes de los países que no han firmado el Convenio de la Haya necesitan realizar un trámite extra para que los certificados emitidos por las autoridades de su lugar de origen sean válidos. Dicha gestión depende de los consulados españoles, que no están dando respuestas con la agilidad que exigen los plazos de la regularización extraordinaria. 

En el caso de Argelia, el acuerdo de la apostilla entrará en vigor el 9 de julio. Por eso abogados y ONG han esperado a presentar estos casos hasta el último momento, con la intención de que, una vez que el pacto sea activado, dé tiempo a solicitar otra vez el certificado de antecedentes a las autoridades argelinas sin necesidad de ser apostillado, pues confían que esa estrategia sea más eficaz que aguardar a la respuesta del consulado español o el Ministerio de Exteriores, que aún no han aportado ninguna solución. “Los de los argelinos los he dejado para el último momento. Incluímos una declaración responsable de haber solicitado los antecedentes y la legalización en el consulado. Y esperemos que podamos añadir el trámite posteriormente”, explica el letrado. 

Además de Argelia, Cuba, Sudán, Libia, Haití o China son algunos de los Estados cuyos nacionales están encontrando problemas para lograr la legalización del certificado de penales. La falta de recursos suficientes por parte del Ministerio de Exteriores ha generado un tapón que está afectando especialmente a los ciudadanos argelinos y cubanos, al ser las nacionalidades más numerosas entre las afectadas por esta situación. 

Quienes han podido permitirse el pago de un abogado privado o están siendo acompañadas por una ONG implicada han encontrado algunas estrategias, como la explicada por Castillo, para esquivar este obstáculo. Pero el movimiento de Regularización YA advierte de que “mucha gente” ha podido quedarse en el camino, pues sospechan que algunos han desistido al no lograr cumplir con el trámite y desconocer cómo hacerlo. “Muchas personas de Argelia han intentado de todas las maneras legalizar sus antecedentes y ya lo dan por perdido. Nosotras vamos a presentarlas igual, con una declaración responsable. Pero tememos que las vayan a rechazar”, lamenta Victoria Columba, portavoz del movimiento impulsor de la medida. 

Internas sin permiso para hacer los trámites

Miriam es una de las personas que tampoco pudo presentar su petición hasta este fin de semana. Este viernes acudió a la sede de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), en Madrid, para conseguir el certificado de vulnerabilidad exigido para las personas sin papeles que no pueden probar una vinculación laboral. Al día siguiente, el sábado, tenía cita en el mismo lugar para subir su expediente. Si apuró el plazo, cuenta, no fue por dejadez ni despiste. Fue por un horario laboral que impide la implicación que exige tantas gestiones burocráticas y la negativa de sus empleadores a concederle un permiso, explica. Miriam, como muchas mujeres migrantes en situación irregular, trabaja como interna cuidando a una pareja de ancianos en una vivienda de Madrid. “Ha coincidido que uno de ellos se puso muy enfermo, y no podía dejarles. No podía ni tomar los descansos que me correspondían en el fin de semana”, explicaba la mujer latinoamericana mientras esperaba a ser atendida. 

Llegó a España hace tres años y no ha podido solicitar una tarjeta de residencia hasta ahora. Para conseguirlo antes de la regularización extraordinaria, necesitaba un precontrato de trabajo que los distintos empleadores para los que ha trabajado irregularmente no le han querido facilitar, asegura. Su petición, de ser aceptada, incluye también a su pequeña. “Menos mal que puedo presentarla aquí en fin de semana. Ojalá pueda encontrar un trabajo con condiciones dignas si consigo los papeles”, dijo la mujer. 

Ahora qué

Pese a las distintas trabas, el colectivo impulsor de la medida celebra los logros conseguidos. “Hemos conseguido un hito histórico en democracia española. Forzamos a hacer una regularización en medio del desequilibrio que tiene para gobernar el PSOE, entre acusaciones, corrupción, falta de presupuesto etc. Muchos colectivos pequeños hemos estado a la altura, emitiendo los certificados de vulenerabilidad que no emitían los servicios sociales, nos hemos personado en contra de la medida cautelar por la que PP y Vox pedían tumbar el procedimiento... Pero no han podido hacerlo y cientos de miles de personas van a regularizarse”, defiende la portavoz de Regularización YA.

Una vez que finalice el plazo de registro de solicitudes, la Administración tiene tres meses desde la admisión a trámite de cada petición para estudiarlas a fondo. Cuando los beneficiarios reciban la respuesta positiva definitiva, estos deberán pedir la Tarjeta de identificación de Extranjero (TIE), un trámite que corre el riesgo de convertirse en un nuevo cuello de botella del procedimiento. La gestión, que depende de la Policía Nacional, requiere de una cita en comisaría para realizar la toma de huellas necesaria para emitir el documento acreditativo. Sin embargo, conseguir una cita de extranjería se convirtió desde hace años en una tarea casi imposible, debido entre otras razones a las redes que se lucran de la venta de citas en el mercado clandestino.

Este lunes, el sindicato Comisiones Obreras ha reclamado al Gobierno que refuerce los recursos de la Policía Nacional para afrontar el siguiente paso del proceso extraordinario de regularización. Según afirmó, este trámite ya está generando “problemas”. Este paso, que depende del Ministerio del Interior, es clave para culminar con el procedimiento cuando el solicitante recibe la resolución favorable definitiva, pero el colapso en la petición de citas ya está empezando a ser un obstáculo. Algunos colectivos del movimiento Regularización YA asumen que va a ser la siguiente batalla: “Después de subir expedientes, vendrá la odisea para conseguir citas de huellas. Se les va a juntar muchísima gente, porque además hay un retraso enorme en las admisiones a trámite de las peticiones”, advierte Columba.

Pero ese será la batalla de mañana. Este martes, el colectivo Regularización YA en Catalunya y otras tantas ONG colaboradoras y abogados de extranjería estarán centrados en subir cada expediente que sea necesario hasta las 23:59 horas. “Nuestro temor es toda la gente que se ha quedado fuera. Por todas las trabas que ha habido, entendemos que todavía queda gente que no ha podido presentar su petición. Mañana estaremos pendientes, intentando hacer todo lo posible, pero sabemos que no será suficiente”, concluye la portavoz del movimiento impulsor.

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