Todo comenzó con un informe jurídico. El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, una entidad que reúne al Ayuntamiento de la capital catalana y a diferentes organizaciones sociales y empresariales de la ciudad, encargó al abogado Pablo Feu un estudio sobre la viabilidad de prohibir o limitar la compra de pisos que tuvieran un objetivo diferente de ser vivienda habitual del comprador.

El dictamen que seis meses después entregó el experto fue un bombazo, ya que el jurista no solo argumentaba que la prohibición era constitucional, sino que era una obligación de las administraciones intervenir en el mercado para subsanar la infracción en materia de urbanismo que generan los precios disparados de la vivienda. Según el informe, el marco legal vigente permite el veto a estas adquisiciones llamadas especulativas, es decir, cuando la intención del comprador no es vivir en su nueva propiedad, sino alquilarla o revenderla a un precio más elevado. 

Desde que el informe se hizo público, el pasado 10 de octubre, en Catalunya ha prendido el debate sobre la limitación de las compras especulativas de casas. Primero fue la CUP quién preguntó a Salvador Illa en el Parlament por la cuestión, a lo que el president aseguró que era una vía que “estudiaban”. Con todo, posteriormente restó importancia a este anuncio al asegurar que su gobierno examina con detalle cualquier solución que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda.

Los Comuns recogieron entonces el guante y convirtieron esta medida en su nuevo talismán, con un tridente de medidas en otros tantos niveles: Barcelona, Catalunya y también, como propuesta a estudiar, en el seno del Gobierno.

De las tres, la iniciativa del partido de Ernest Urtasun con más recorrido fue la proposición de ley que registraron en el Parlament. El texto planteado introduciría varias modificaciones en la ley catalana de urbanismo, de 2010, entre ellas la obligación de que toda vivienda comprada dentro de las zonas tensionadas según la ley de vivienda deban destinarse a la vivienda habitual del propio comprador, de un familiar de segundo grado del comprador, o a alquiler de residencia habitual para el inquilino, que estaría sujeta al límite de precios marcada por la ley.

La misma obligación tendría la persona, física o jurídica, que compre un bloque entero de pisos, que tendría la obligación de destinar todas las viviendas contenidas en el edificio a alquiler de residencia habitual, siempre a precios regulados. Estos contratos de alquiler deberían además formalizarse dentro de los siguientes 12 meses desde la adquisición.

Según la iniciativa de los Comuns, sí estaría permitido de forma excepcional la compra de una segunda vivienda dentro de una zona tensionada, siempre que esta no esté en el mismo municipio que la casa principal del comprador.

Una de las claves de esta regulación es que está sujeta siempre a las zonas tensionadas, lo que la hace temporal y también acotada en el territorio, puesto que se aplica por municipios. De esta forma, entienden los juristas que la defienden, no interferiría en el derecho a la propiedad ni lo haría irreconocible. 

Esta propuesta en el Parlament se suma al rosario de iniciativas que los Comuns y, en general, el conjunto de los partidos de izquierdas, negocian con el Govern sobre la vivienda. En estos momentos está en trámite una proposición de ley que sería pionera en España para introducir el alquiler temporal dentro de la regulación de precios, algo que la ley de vivienda estatal dejó fuera de su articulado de forma deliberada. Por el momento, Junts y el PP la han llevado al órgano de garantías del Parlament, por lo que está a la espera de dictamen.

Junto a los Comuns, ERC también ha movido ficha en el Parlament. Este martes, la formación de Oriol Junqueras reclamó oficialmente al Govern informar sobre el estudio que el president dijo que había encargado. Además, ERC reclamó al Govern presentar a lo largo de 2026 una ley para regular la compra de vivienda. Una iniciativa que parece convergente con la propuesta de los Comuns.

Quienes no se han abstenido de entrar en el debate han sido los actores del sector inmobiliario, alarmados por una medida que restringe su margen de maniobra en la compraventa de inmuebles. En un comunicado firmado por la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), la de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), el Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, alegaron que la medida sí hace “irreconocible” el derecho a la propiedad, que es “desproporcionada” y que contribuiría a agravar los actuales problemas de acceso a la vivienda.

La limitación de compras de vivienda al uso residencial del nuevo propietario también ha calado en el Ayuntamiento de Barcelona. En primer lugar, el plenario municipal aprobó, a propuesta de los Comuns y con votos de PSC y ERC, desarrollar los “instrumentos urbanísticos” necesarios para regular estas transacciones en un plazo de seis meses. En plenas negociaciones para los Presupuestos de 2026, el grupo que lidera Janet Sanz en el consistorio lo ha fijado como condición para su aval. 

Por otro lado, el Ayuntamiento también aprobó este mismo miércoles crear una comisión de estudio para analizar cómo impedir esta especulación. Liderada la propuesta por ERC, contó con el sí del PSC pero la abstención de los Comuns, que se mostraron contrariados al considerar que ralentiza la medida. Con todo, durante la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad en la que se debatió, el teniente de alcaldía responsable de Vivienda, Jordi Valls, reconoció: “El debate sobre la compra especulativa ha venido para quedarse”.

“Bienvenida al Parlament como representante del pueblo de Catalunya”. Con estas palabras del presidente Josep Rull y la mayoría de los diputados puestos en pié para la ovación ha recibido la Cámara catalana a Pilar Castillejo, diputada de la CUP detenida en aguas internacionales por Israel cuando iba a bordo de la Flotilla Global Sumud y que acabó siendo deportada el lunes pasado.

Todos los grupos del Parlament, a excepción de PP, Vox y Aliança Catalana, han mostrado su solidaridad con Castillejo, que ha llegado acompañada por el resto de representantes de su formación. La semana pasada la Cámara ya suspendió un pleno para denunciar la situación en la que se encontraba una de sus miembros y exigió la liberación de la diputada.

Acompañada por una docena de activistas catalanes entre los cuales se encontraba el también miembro de la CUP Adrià Plazas, Castillejó llegó el lunes a última hora al Aeropuerto de El Prat. A su regreso, afirmó que prevé emprender acciones legales contra el trato recibido desde que fueron interceptados. “El Gobierno sionista de Israel nos ha secuestrado”, aseguró la diputada. “Creemos que esto debe ser condenado. Y sí, emprenderemos acciones legales”, respondió a los periodistas.

La diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya Pilar Castillejo y el miembro de la dirección de la formación anticapitalista Adrià Plazas, integrantes de la Global Sumud Flotilla, han aterrizado en Barcelona este lunes pocos minutos antes de la medianoche. Los 12 catalanes que integraban la Flotilla hacia Gaza y que todavía no habían sido deportadods por Israel han llegado al Aeropuerto del Prat previa escala en Atenas.

Castillejo ha afirmado al llegar al Aeropuerto que prevé emprender acciones legales contra el trato recibido desde que fueron interceptados, porque lo ha tachado de secuestro: “El Gobierno sionista de Israel nos ha secuestrado”. “Creemos que esto debe ser condenado. Y sí, emprenderemos acciones legales”, ha respondido a los periodistas junto al miembro de la dirección de las CUP Adrià Plazas.

Castillejo ha hablado también de maltrato físico y psicológico y ha dicho que Israel no ha facilitado medicamentos a quien los necesitaba o ha tardado mucho en facilitarlos. Pese a todo, ha insistido en preocuparse más por los palestinos que por el trato que ha recibido la Flotilla: “Cuando son los palestinos los que están en la cárcel, el trato que reciben seguramente es mucho peor”. Y también ha pedido “poner el foco en el silencio de toda Europa, en el Gobierno español, porque no están haciendo su papel de garantizar el Derecho Internacional”.

Respecto a la activista que sigue en Israel detenida por presuntamente morder a una funcionaria, Castillejo ha contestado que no vio ese supuesto mordisco pero sí que “se produjo una agresión por parte de las agentes que había allí de seguridad, agredieron a Reyes”, y la llevaron a un lugar de aislamiento. Ha asegurado que “hay gente en huelga de hambre que no la finalizará hasta que Reyes esté aquí de vuelta” y que no tienen información de ella ni de quienes siguen en Israel. “No tenemos esta información ni nos la quieren dar. De Reyes es porque vimos que no estaba, pero no sabemos exactamente cuánta gente hay”, ha lamentado Castillejo.

Adrià Plazas ha insistido en que sigue habiendo compañeros en Israel a los que “no les han dejado marchar”, y también lo ha tachado de secuestro.

Los catalanes llegados al Aeropuerto habían hecho escala en Atenas y se acogieron a la posibilidad de volar directamente a Barcelona, donde les han recibido unas 300 personas. Justo antes, junto a familiares, les han recibido en privado el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la concejal de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, ha explicado Castillejos.

Castillejo y Plazas, además de otros integrantes catalanes de la Flotilla como el sindicalista de la CGT Saturnino Mercader, han formado parte de los 27 españoles que a lo largo de este lunes han podido volver a España después de su detención por parte de Israel la semana pasada. Ambos han tomado un primer vuelo desde Israel a Atenas y, desde la capital griega, han embarcado en otro avión que los ha llevado hasta Barcelona.

Este domingo llegaron los primeros activistas, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el concejal de ERC en la capital catalana Jordi Coronas. Del total de 49 españoles que viajaban en la Flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron este domingo a España, 27 lo han hecho este lunes, y queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.

La cabeza de lista de la CUP en las pasadas elecciones y diputada en el Parlament, Laia Estrada, dimitirá a la vuelta del verano por “discrepancias políticas”, según ha expresado la parlamentaria en X.

Tal y como ha adelantado Vilaweb y ha confirmado la parlamentaria, las razones de la dimisión versan sobre discrepancias políticas con el grupo parlamentario, algo que la CUP ha evitado incluir en el comunicado por el que ha agradecido a Estrada su trabajo como parlamentaria.

“Ha sido un orgullo y un privilegio representar a la CUP. Ahora toca seguir luchando como siempre, como militante de la Izquierda Independentista, por el socialismo, el feminismo y la independencia de los Països Catalans”, ha manifestado Estrada en X.

Cabeza de lista por la CUP en las elecciones al Parlament de hace dos años, donde la CUP logró el peor resultado de su historia en el Parlament con cuatro diputados, Estrada es una veterana de la izquierda independentista catalana.

Militante de Endavant, una de las organizaciones que forman parte de la CUP, Estrada fue concejal en 2015 en el Ayuntamiento de Tarragona, desde donde impulsó la denuncia de corrupción municipal que desembocó en el caso Inipro. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Girona, Estrada ha participado en los movimientos feminista, en defensa de la salud pública y por el derecho a la vivienda.

En un comunicado, la CUP ha explicado que Estrada comunicó de formal a la Mesa Nacional del partido su renuncia como diputada en el Parlament de Catalunya, que se hará efectivo en septiembre, al inicio del curso político.

El partido ha expresado su “agradecimiento al trabajo” realizado por Estrada en su etapa en el Parlament y como concejala de la CUP de Tarragona entre 2015 y 2021, además de “por su incansable militancia” y “su compromiso con el proyecto político de la CUP y del conjunto de la Izquierda Independentista”.

“Respetamos su decisión de dar un paso al lado”, agrega el partido, que ha destacado la “impecable labor” de Estrada en el ámbito institucional y como militante que ha sido impecable y la línea política y el trabajo realizado es un ejemplo a seguir.

“Continuamos trabajando en la refundación del independentismo popular a partir de unas coordenadas claras, la transformación social y la ruptura democrática, entendiendo que no puede existir independencia sin que ésta asuma la necesidad de confrontación”, agrega el partido.

El Pacto Nacional por la Lengua catalana, pensado para extender su uso en Catalunya y garantizarlo en la mayoría de ámbitos de la sociedad, ha echado a andar este martes. Lo ha hecho con el apoyo de una mayoría parlamentaria integrada por PSC, ERC y Comuns, además de una veintena de entidades y sindicatos. Pero también con ausencias notables, las más llamativas las de Junts y la CUP, pero también las de PP, Vox y Aliança Catalana.  

El acuerdo, estructurado en 21 ámbitos que se deberán revisar anualmente, fija una inversión de unos 200 millones de euros anuales en políticas lingüísticas para defener el catalán. Entre los retos destacados, han destacado que el conocimiento del catalán aumente por encima del crecimiento demográfico –e incorpore 600.000 nuevos hablantes en cinco años–, garantizar la presencia efectiva de la lengua catalana en instituciones, empresas y servicios y blindarla como lengua vehicular del sistema educativo.

El acuerdo, que se ha firmado en el Institut d'Estudis Catalans, formula objetivos orientados a la mejora efectiva del conocimiento y el uso social de la lengua, que ha aumentado en número total de hablantes (gracias a la inmigración) pero ha descendido en porcentaje, hasta el punto de que solo un 32% de catalanes lo emplean habitualmente.

El Pacto Nacional marca como horizonte estratégico 2030 para alcanzar sus objetivos y se estructura en nueve ámbitos de trabajo, que despliegan la veintena de actuaciones en contextos como el de la educación y la universidad, pasando por el mundo laboral, la salud, la cultura, la tecnología y la cohesión social, entre otros.

En este sentido, el Pacto Nacional por la Lengua busca que la lengua catalana sea “plenamente oficial” en las instituciones públicas, empresas y servicios. Y plantea como meta garantizar su presencia efectiva en todos los niveles de la administración pública, en el sistema judicial o en la empresa privada, así como trabajar de forma transversal para conseguir el reconocimiento oficial de la lengua catalana en la Unión Europea (UE).

En cuanto al aprendizaje y uso de la lengua entre la población adulta, el acuerdo prevé reforzar de forma “estable y garantizada” la oferta formativa para personas adultas, especialmente para las recién llegadas, con el objetivo de facilitar el conocimiento y uso del catalán en la vida cotidiana y profesional. También reconoce el papel central del mundo del trabajo a la hora de construir una sociedad lingüísticamente cohesionada que respete el derecho de los trabajadores a acceder a la lengua, y sitúa como prioridad multiplicar las opciones de aprendizaje y uso del catalán en el entorno laboral.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el Pacto recoge “un anhelo largamente esperado” y que arrancó durante el Govern de Pere Aragonès en 2021. “Hoy damos un buen ejemplo de generosidad, de rigor, responsabilidad y de sentido de país con un mensaje claro: el catalán es de todos y nos necesita a todos y por eso el Pacto también es de todos”, ha detallado, al tiempo que cree que el acuerdo tiene “las puertas abiertas a todos los que quieran sumarse”.

En este sentido, han sido destacadas las ausencias de partidos políticos como Junts o la CUP. Los primeros, tal como anunció el lunes Carles Puigdemont, se oponen a la firma del acuerdo en la actualidad debido a que la Generalitat está pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el modelo lingüístico escolar que se antoja decisiva. También pedían esperar a que el catalán sea oficial en Europa, tal como han exigido al Gobierno.

La CUP, por su parte, ha criticado que el pacto carece de ambición y es “una herramienta de propaganda del PSC”. Así lo ha afirmado la diputada Laia Estrada, que ha considerado que el acto de este martes era “una escenificación y un lavado de cara”.

La lista de firmantes del Pacto Nacional por la Lengua incluye, además del PSC, ERC y los Comunes, entidades de defensa del catalán como la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana; Plataforma per la Llengua; l'Institut d’Estudis Catalans; Òmnium Cultural; el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals; y la Fundació.cat.

En cuanto a las entidades de la sociedad civil, destacan la Associació de Mestres Rosa Sensat; el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciència de Catalunya; la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya; la Confederació de Cooperatives de Catalunya; el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya; la Federació Catalana de Municipis; y la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Además, lo suscriben CCOO y la UGT, junto con el sindicato Intersindical. También el Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Catalunya; las patronales Foment del Treball y Pimec, o la Unió de Pagesos y la Unió Sindical Obrera de Catalunya la rubrican como agentes económicos. Una ausencia sindical notable es la del sindicato USTEC, el mayoritario en la enseñanza pública.

El Parlament de Catalunya ha iniciado este martes los trámites para determinar si las diputadas Sílvia Orriols (Aliança Catalana) y Laure Vega (CUP) han incumplido el Código de Conducta por sus discursos en el pleno. Ambas parlamentarias se exponen a una amonestación verbal o a una multa económica.

En el caso de la líder de la extrema derecha catalana, la Cámara indagará en sus palabras xenófobas contra la diputada de ERC Najat Driouech. La parlamentaria de la izquierda independentista, por contra, será investigada por citar en el pleno un chiste sobre los Mossos d'Esquadra realizado en la red social X por el humorista Manel Vidal.

El procedimiento respecto a Orriols se ha iniciado a petición de ERC después de las acusaciones directas y reiteradas de la líder de Aliança contra la parlamentaria republicana Najat Driouech por el hecho de llevar velo. A juicio de ERC, Orriols ha querido humillar y menospreciar a Driouech en los plenos aprovechando el altavoz del Parlament.

ERC mantiene que la acusación xenófoba de Orriols a Driouech (la líder de la extrema derecha acusó a la diputada de “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar velo) supone “un discurso que compromete los valores de los derechos humanos”.

Sostiene ERC que la diputada de Aliança Catalana ha actuado con “ánimo persecutorio” para personificar en Driouech “el ataque a un colectivo y a una religión” y que su discurso del pasado 26 de marzo va contra la prohibición de discriminación establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por su lado, Vega fue denunciada por Vox por su discurso en otro pleno del mes de marzo, en el que se refirió a los disturbios que durante dos días hubo en Salt (Girona) tras un desahucio, y que fueron instrumentalizados por la extrema derecha para alimentar la sensación de inseguridad y atacar a la población musulmana.

En concreto, la expresión denunciada por Vox ha sido la cita, por parte de Vega, de un chiste que el humorista Manel Vidal realizó en X: “En Catalunya lanzar piedras a los Mossos y quemar contenedores es un hecho cultural propio. Enhorabuena a la comunidad musulmana de Salt por vuestra integración plena. Sois ejemplo”.

El Código de Conducta del Parlament obliga a los diputados a mantener una “conducta respetuosa” hacia el resto de parlamentarios y ciudadanos, también respecto a los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, religión, lengua o ideología.

Ahora las pesquisas internas pasarán a la comisión de estatuto de los diputados, que realizará un informe para determinar si se ha establecido una infracción del Código de Conducta y lo elevará a la Mesa, que puede imponer sanciones que van desde una amonestación pública a multas de entre 600 y 12.000 euros.

El Govern ha cerrado en una negociación a contrarreloj un acuerdo con los grupos de izquierdas en el Parlament para que limitación de precios del alquiler alcance no solo a aquellos destinados a la vivienda habitual, sino también a la mayor parte de los contratos que se firman con caracter de temporada, por razones como el desplazamiento laboral o de estudios.

Este es el principal punto del pacto alcanzado entre el Ejecutivo de Salvador Illa y ERC, Comuns y la CUP, formaciones que han negociado para salvar dos decretos del Govern que llegaban este miércoles al pleno del Parlament y que corrían el riesgo de naufragar.

Los grupos, especialmente Comuns y CUP, han presionado para mover al Govern de Illa hacia una regulación integral en materia de vivienda. Entre otras cuestiones, exigían hacer frente a la multiplicación de contratos de temporada con la que los propietarios se están saltando la regulación de precios impuesta por la ley estatal y que rige en Catalunya desde hace un año.

Finalmente, los grupos apoyarán el decreto del Govern a cambio de que se tramite también como proposición de ley en el Parlament. En ella se introducirá una modificación de la ley catalana de vivienda, a través de la cual el alquiler de temporada y también de habitaciones quedará jurídicamente divido según su uso recreativo (turístico) o residencial.

El objetivo es que el alquiler de temporada que tenga como objetivo residir en el inmueble, independientemente del tiempo en el que se pretenda residir, quede automáticamente afectado por las normas del resto de los alquileres, incluído el tope de precios. No quedaría afectado el inmueble que se destine a la estancia de personas que no residan en el mismo, como los usos turísticos o vacacionales, sea cual sea el periodo.

Además, en ambos casos, todos los arrendamientos de temporada deberán justificar sus motivos con documentación adjuntada en el propio contrato, que debe depositarse ante la administración catalana. Así, las personas que firmen un contrato temporal pero destinado a la vivienda, deberá acreditar que reside en la ciudad de forma temporal, por motivos de educación, laborales u otros, mientras que quienes hagan un arrendamiento de tipo recreativo deberán acreditar, por ejemplo, que diponen de otra vivienda donde residen.

Otra de las medidas que se incluyen es la creación de un cuerpo de inspectores que velarán por que todos los contratos cumplan con la regulación y que, de forma novedosa, podrán hacer inspecciones de oficio.

El pacto también contempla otro de los caballos de batalla que han compartido los grupos de izquierdas con entidades com el Sindicat de Llogateres en los últimos meses, respecto al fin de la caducidad de las VPO, que suponìan que miles de viviendas protegias pasasen al mercado libre. En este caso, se ha pactado una prórroga que durará tanto como lo haga la declaración de zonas protegidas.

Dudas constitucionales

El Govern ha cerrado en pocos días un acuerdo en materia de vivienda que le permitirá esquivar un naufragio en el Parlament, después de haberse visto obligado a retirar un paquete de medidas sobre cámpings por la presión de ERC. En concreto, el Departament de Territori se ha garantizado el apoyo a dos decretos, uno sobre medidas urgentes en materia de vivienda y, el otro, para acelerar la tramitación de la obra pública.

Con todo, el acuerdo alcanzado para introducir desde el Parlament la regulación del alquiler de tempoorada dentro del paraguas de la limitación de precios estatal, genera dudas sobre su constitucionalidad.

En la rueda de prensa semanal para dar cuenta de las decisiones del Govern, la consellera Sílvia Paneque había asegurado que su voluntad era llegar a un acuerdo que contase con la “máxima seguridad jurídica”. De esta forma, la consellera ponía de relieve las dudas que el Govern mantiene sobre si una medida así puede tomarse desde el ámbito autonómico.

La propia Panenque reconoció la semana pasada que había dudas sobre la competencia del Parlament en este ámbito. De hecho, no sería la primera vez que la Cámara catalana regula los precios del alquiler de temporada.

Hace justo un año, el anterior Govern de ERC elaboró un decreto muy similar al pactado a hora, que decayó en el Parlament precisamente porque el PSC no lo apoyó al observar problemas de constitucionalidad.

Anteriormente, la ley catalana de 2020 también imponía topes a todos los arrendamientos, también incluía los temporales, a diferencia de la posterior ley del Congreso.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional tumbó la ley catalana en 2022, aduciendo que las administraciones autonómicas invadían competencias estatales en materia de contratos en una regulación de precios que, posteriormente, sí avaló como ley estatal. Es por esta razón que fuentes del propio Govern admiten dudas en este momento sobre si la nueva regulación pasará el filtro legal.

Esquerra, los Comuns y la CUP han reclamado la creación de una comisión en el Parlament de Catalunya para estudiar el impacto de plataformas como Amazon o Glovo, así como de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

En el texto registrado, los grupos parlamentarios denuncian que la llamada economía de plataforma y las nuevas tecnologías “pueden perjudicar los derechos laborales”.

El objetivo de la comisión, según los firmantes, debe servir para defender “el tejido comercial y económico local, así como la distribución de proximidad”. Consideran que la economía de plataforma es un modelo que “a menudo desprecia los derechos laborales esenciales para garantizar un mercado justo”.

Con todo, ERC, Comuns y la CUP apuntan que el resultado de la investigación podría derivar en soluciones legislativas para “resolver las consecuencias negativas de la economía de plataformas y de la IA”.

La iniciativa nace de una moción que ERC presentó y fue aprobada en la anterior legislatura, pero la comisión no pudo llevarse a cabo debido a la convocatoria anticipada de elecciones. Ahora, en la nueva legislatura, las mayorías han cambiado y los tres grupos no suman los votos suficientes para sacar adelante la propuesta, con lo que tendrán que conseguir el apoyo de algún otro grupo para poder sacar adelante la propuesta.

Los grupos de Junts, ERC, los Comuns y la CUP han registrado una petición de comisión de investigación en el Parlament sobre las infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos, que se sumará al trabajo de la pasada legislatura sobre el espionaje con Pegasus. Los proponentes han presentado la iniciativa este jueves, y han reclamado a los socialistas “que no se pongan de perfil”.

Pese a no tener mayoría en el pleno, optarán por la vía del reglamento que les permite impulsarla con una tercera parte de los diputados o tres grupos parlamentarios. Entre las comparecencias que tienen previsto pedir, se encuentra la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya declinó participar en la pasada legislatura en la comisión de Pegasus.

Concretamente, los cuatro grupos quieren reanudar el trabajo realizado en la pasada legislatura sobre el espionaje con Pegasus y sumarle “la infiltración de policías de los cuerpos policiales del Estado español en los movimientos sociales, políticos y populares en los Països Catalans”.

En la rueda de prensa de presentación de la iniciativa, el diputado Josep Rius, de Junts, ha denunciado la “persecución política clara amparada por España” y ha avisado de que “no puede quedar impune y deben depurarse responsabilidades”. En este sentido, ha reclamado a los socialistas “que no se escondan”, y que comparezcan los responsables y exresponsables del Gobierno.

En la misma línea, la republicana Laia Cañigueral ha defendido que “hay que investigarlo e ir hasta el final” porque se trata de “cuestiones ideológicas”. En este sentido, la diputada ha dicho que “nadie puede mirar hacia otro lado ante la represión que sufre el movimiento independentista”.

Por su parte, el diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha denunciado que se han producido vulneraciones “muy graves” de derechos fundamentales, que se ha hecho “sin control judicial alguno” y que “se han utilizado las relaciones sexoafectivas”, que “formaron parte de la estrategia premeditada de los mandos policiales o políticos”. Y ha remachado: “Se han traspasado todas las líneas rojas”.

Por último, en representación de la CUP, Pilar Castillejo ha avanzado su intención de volver a Grande-Marlaska. “Esperamos que ahora venga y dé explicaciones; que dé la cara”, ha afirmado.

Según la petición registrada, el objeto de la comisión de investigación es “conocer los detalles” sobre las infiltraciones policiales y si contaban con tutela judicial; proponer regulación normativa para proteger los derechos de los ciudadanos; llevar a cabo las acciones legislativas y judiciales pertinentes a partir de las conclusiones, y exigir las “responsabilidades políticas, penales o civiles” que correspondan.

Los grupos de ERC, Comuns y La CUP han pedido al presidente del Parlament catalán, Josep Rull, que active los mecanismos contra la violencia machista, después de la última denuncia pública contra Francesc de Dalmases, diputado de Junts.

La periodista e investigadora Marta Roqueta denunció el viernes “maltrato psicológico” por parte de Dalmases en la red social X. “Lo tenemos en el Parlament, es público que ha gritado a periodistas y ha maltratado a compañeras de trabajo. Nadie mueve un dedo”, escribió Roqueta, que aseguró que lo puso en conocimiento de los dirigentes de Junts y nadie actuó.

Tal como ha avanzado la agencia ACN, los tres grupos han consensuado un escrito donde reivindican los protocolos ante el acoso como herramientas preventivas y de gestión de denuncias para garantizar que los partidos no eviten responsabilizarse de las acciones de sus representantes.

Los tres grupos instan a Junts a aplicar sus mecanismos internos, una petición compartida por el PSC, que también exige explicaciones al partido de Carles Puigdemont, según las fuentes consultadas. El grupo parlamentario liderado por Albert Batet y Mònica Sales ha declinado valorar los hechos.

En noviembre de 2022, el Parlament ya sancionó a Dalmases con una multa de 600 euros por intimidar a una periodista, motivo también por el que fue obligado a dejar la vicepresidencia de Junts, en un caso que desveló elDiario.es. También El Periódico publicó entonces el testimonio de media docena de mujeres que aseguraron haber sufrido “humillaciones” e “intimidaciones” por parte del parlamentario.

Espiado sin permiso. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el expresident de la Generalitat Pere Aragonès fue espiado con el programa Pegasus en el año 2018 sin el aval que el Tribunal Supremo sí otorgó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un año después, según avanzan fuentes jurídicas a elDiario.es.

El informe pericial de los Mossos d'Esquadra confirma la sospecha que mantenían el juez Santiago García y la defensa de Aragonès, que ejerce el abogado Andreu Van den Eynde: el expresident fue espiado en julio de 2018 mediante una técnica similar a la que empleó el CNI para infiltrarse en su teléfono, con permiso del Supremo, entre julio de 2019 y marzo de 2020, periodo que también ha sido corroborado por la policía catalana.

La necesidad de investigar más y corroborar si el CNI espió a Aragonès sin aval del Supremo hizo que el magistrado rechazara, el pasado mes de abril, la petición para archivar la causa de la exdirectora del CNI Paz Esteban, único cargo gubernamental imputado por el espionaje. El nuevo informe pericial de los Mossos que confirma las infiltraciones apuntala los indicios contra Esteban en una investigación a la que le quedan pocos flecos antes de que el juez decida si la envía a juicio.

“Toda mi vida personal y política, espiada ilegamente con Pegasus [...]. El CNI y todos los implicados tiene que asumir su responsabilidad. Iremos hasta el final”, ha manifestado Aragonès en X.

La Audiencia de Barcelona ya apuntó, en contra de lo mantenido por la Abogacía del Estado (que defiende a la exjefa del CNI) y la Fiscalía, que existían indicios de espionaje en el móvil de Aragonès sin cobertura legal en julio de 2018, cuando Paz Esteban llevaba más de un año como secretaria técnica del centro, que entonces dirigía el general Félix Sanz Roldán.

El Supremo autorizó tres infiltraciones a Aragonès. La primera, en julio de 2019, con otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020, después de que los servicios secretos adujeran que Aragonès coordinaba las acciones de los CDR, un extremo que en realidad nunca se dio.

No obstante, una pericial informática que Aragonès aportó al juzgado concluyó que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial. El juez encargó un informe pericial a los Mossos d'Esquadra, que ahora han confirmado lo que apuntaba el dictamen aportado por el expresident, tal y como ha ocurrido con otros independentistas espiados.

La sospecha de la defensa del expresident consiste en que el CNI lo espió de entrada sin permiso en 2018, y que las peticiones posteriores al Supremo basadas en que era un dirigente de los CDR solo sirvieron para intentar dar cobertura a esa primera infiltración sin aval judicial.

El caso del espionaje al expresident es el que cuenta con una investigación más avanzada de la decena de querellas de espiados que están repartidas por los juzgados de Barcelona. Aragonès fue uno de los 18 nombres de independentistas que el CNI admitió haber espiado. Lo reconoció la propia Paz Esteban en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso.

El informe pericial de los Mossos supone la prueba del algodón a una causa que encara su recta final de la investigación después de una desclasificación inédita pero incompleta por parte del Gobierno a los autos del Supremo que, a petición del CNI, autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès.

El instructor quería saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.

El juez también solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès. Pero el Gobierno rechazó proporcionar al magistrado toda esta información ya que, según argumentó el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

Peticiones a Policía, Guardia Civil y CNI

Otro juez de Barcelona ha reactivado las pesquisas respecto al espionaje con Pegasus a tres dirigentes de la CUP, los exdiputados en el Parlament Carles Riera y David Fernández y el exdiputado en el Congreso Albert Botran. Tras más de dos años de peticiones de la Fiscalía y de la defensa de los exdiputados, que ejerce el abogado Benet Salellas, el juez José Antonio Cruz de Pablo ha dado un impulso al caso con una batería de diligencias.

Entre las solicitudes acordadas por el juez, destacan varios requerimientos al CNI, el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil. A los cuatro organismos les reclama, tal y como pedía Salellas, si tienen constancia de haber “adquirido o utilizado” Pegasus para espiar a los cupaires. El juez también pregunta a la Intervención General de la Defensa para rastrear si se ha pagado alguna cantidad por Pegasus, un programa que la empresa israelí NSO solo comercializa con Estados.

La visita del president Salvador Illa a una feria del aceite de Jaén en Sabadell ha destado la polémica. Junts, ERC y la CUP le han acusado de promover la competencia a los productores de aceite catalanes.

Illa realizó el pasado domingo una visita institucional al Ayuntamiento de Sabadell y aprovechó la cita para clausurar con un discurso la Feria del Primer Aceite de Jaén en la ciudad, un evento que organizan la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía para dar a conocer a las empresa del sector en el exterior.

La visita ha indignado a partidos como Junts, ERC o la CUP, que le reprochan además que acudiese a esa cita y no a otras ferias de aceite de Catalunya, como la que se celebraba ese mismo fin de semana en Maials, a la que acudió el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta tildó de “despropósito” que Illa hiciese “promoción del aceite de fuera”. “Catalunya es país de aceite, ¡y de una calidad excelente! Destacan especialmente los de Les Garrigues, también Terres de l'Ebre, Siurana y l'Empordà”, defendió, y añadió que “el país y su gente se defienden siempre, desde todas partes, todos los días, en cada acción”.

Coincidió con ella Jordi Turull, secretario general de Junts, que también acusó a Illa de festejar a los competidores de los productores de aceite catalanes y le acusó de ser “un presidente más preocupado por agradar a España y al PSOE que por defender a Catalunya”. “Los productores de aceite catalanes hacen un producto de excelencia con mucho esfuerzo. Necesitan un presidente de la Generalitat y un gobierno que les apoye, no que promueva la competencia”, ha publicado en X.

En la misma plataforma, Laia Estrada, diputada de la CUP en el Parlament, consideró “lamentable” que Illa se dedique a “promocionar aceite de terratenientes andaluces que compiten directamente”.

En su discurso en la feria, Illa calificó de “excelente” la idea de los productores jienenses de “no quedarse en casa” y dar a conocer su aceite fuera de Andalucía. “Yo lo haré también, quiero viajar por España para explicarnos desde Catalunya”, afirmó. “Escucharse y explicarse permite deshacer malentendidos e informaciones maliciosas”.

La concejal de la CUP en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Ariadna Sierra denunció públicamente este lunes las prácticas machistas y de acoso contra ella por parte de Josep Arcas, responsable de las Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC), las juventudes de Junts, el partido que gobierna en la ciudad.

Según explicó Sierra frente a los demás ediles de Sant Cugat y al propio Arcas, presente en la sala, este llegó a presentarse en un lugar donde ella trabaja de voluntaria para llevarle condones o también le preguntó por mensaje privado “con cuántos policías nacionales” se había acostado. 

En un vídeo difundido por la CUP sobre su intervención en el pleno municipal, Sierra denuncia una “obsesión” de Arcas con ella. De entrada, le acusó de haber manipulado su imágen en redes sociales con Photoshop y de haberla instado a ponerse burka. “Y dijo que mi compañero de concejalía no me da permiso para hablar”, afirmó Sierra.

Eso fue solo el primer mes de ocupar Sierra el cargo de edil. Pero la cosa fue a más, según denunció. Después de que Arcas se dedicara un día a repartir condones entre los ediles “con el objetivo de que no se reproduzcan”, llevó esa misma provocación directamente al ámbito privado en el caso de la concejal de la CUP. “No contento con ello y preocupado de si yo tenía que tener hijos o no, vino a un espacio en el que yo trabajaba de forma voluntaria, a traerme más condones preguntando y buscándome por todo el espacio”, relató. 

Sierra aseguró que como representante pública se siente obligada a responderle “con más paciencia de la que tocaría”. “Pero usted no para de pasarse de la raya”, le espetó. Acto seguido, se dirió a los ediles de Junts. A ellos les exigió que, pese a que Arcas no habla en nombre del partido, sí que como miembro de las juventudes participa de la vida pública local de la formación en actos y elecciones. 

Fuentes de Junts aseguran que Arcas no pertenece al partido, sino que técnicamente es militante solo de la JNC. Aun así, representantes tanto de las juventudes como de la formación que lidera Carles Puigdemont han repudiado los actos de Arcas. Marta Canas, presidenta de Junts per Sant Cugat, lo ha calificado de “actitud indefendible y vergonzante”. Los responsables de las juventudes han asegurado que tomarán medidas. Ariadna Urroz, su secretaria general, ha informado de que lo han trasladado a los órganos disciplinarios internos y ha asegurado que Arcas no representa a la JNC y que así se lo ha trasladado ya a la concejal de la CUP.

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha agradecido a Urroz su “coherencia, rapidez y determinación” ante unos hechos que ha calificado de “reprobables”.

La CUP ha culminado este sábado su proceso de refundación. La asamblea de la formación, reunida en Sabadell, ha avalado las ponencias estratégica y organizativa de lo que han llamado el Procés de Garbí, un replanteamiento de los objetivos y de la estructura del partido para reaccionar a los malos resultados del último ciclo electoral.

La ponencia estratégica cupaire aprobada en la asamblea nacional apuesta por una “clara oposición como única perspectiva” ante la pérdida de la mayoría soberanista y la constitución del Govern de Salvador Illa, pero con el horizonte de ampliar el “independentismo popular”.

El texto, trabajado durante once meses en debates territoriales y sectoriales, es una de las dos patas de la refundación. La otra, la ponencia organizativa, remodela la cúpula para que el Secretariado Nacional tenga un mandato de cuatro en vez de dos años.

El objetivo de la reorganización es tener una dirección “más eficiente, más consolidada, con mayor capacidad de respuesta y más amplia”. Se sustituye al Consell Polític por una nueva Mesa Nacional, que será la dirección política de la organización y tendrá “mandatos más largos y estables” haciendo revisiones cada dos años de las apuestas tácticas. Asimismo, el Secretariado Nacional pasará a tener la figura de coordinadora y secretaría general. Además, contará también con dos portavoces nacionales.

En el origen de este proceso se encuentra el retroceso electoral de esta fuerza independentista y de izquierdas en todos los frentes. Quedaron fuera del Congreso y perdieron numerosos concejales en 2023 –salvo en Girona, donde ganaron la alcaldía–, y en las elecciones en el Parlament se dejaron 62.000 votos y bajaron de nueve a cuatro diputados.

En un breve acto político en medio de la asamblea, los portavoces del grupo motor del Procés de Garbí, Maria Gordillo y Non Casadevall, han defendido que la CUP será “una organización más afilada, más eficiente y, sobre todo, más útil”. “La CUP grande y la CUP fuerte que prometen las ponencias comienzan hoy aquí”, han defendido. Y han añadido: “Estamos muy convencidas de que el camino escogido, que no es fácil ni habla de soluciones mágicas, es el mejor camino que podíamos haber trazado”.

Por otra parte, Non Casadevall ha reivindicado que, a diferencia de otros partidos independentistas, el cónclave de la CUP “no ha hablado de quién, sino que ha hablado del qué y del cómo”. Y ha subrayado que siguen “convencidas” pese a “la oscuridad del momento político actual y la incertidumbre del futuro”.

Alianzas “puntuales” con ERC, Comunes y Junts

La ponencia estratégica señala que la composición del nuevo Parlamento “sitúa a la CUP en una posición de difícil incidencia y de clara oposición como única perspectiva”. “Nos encontramos ante una mayoría absoluta de las fuerzas españolistas y con un claro retroceso del peso de las izquierdas”, señalan los cupaires.

En este contexto, la ponencia indica que “habrá que valorar el trabajo puntual conjunto con otras fuerzas” en el Parlament. “Es esperable que coincidamos en varios posicionamientos con ERC y Comuns-Sumar y, en términos de oposición independentista, también con Junts”, precisa el texto, que apuesta por “explorar el apoyo” de estos partidos en iniciativas concretas.

“Debemos valorar en cada caso la oportunidad de este trabajo conjunto –así como los costes de no llevarlo a cabo– pero teniendo siempre presente que lo básico y primordial que deberá guiar la acción parlamentaria será la propia visibilización y fortalecimiento como alternativa, necesaria e independiente de otros espacios”, concluyen al respecto.

El documento también plantea la posibilidad de volver a presentar candidatura en el Congreso de los Diputados o participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento Europeo, pero subraya que es necesario “generar las condiciones políticas y organizativas” para que sea posible.

Representantes de Junts, ERC, la CUP, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República se han reunido este domingo en Waterloo (Bélgica), donde reside el expresident Carles Puigdemont, tal como ha avanzado este domingo La Vanguardia.

La reunión se da días después de la resolución del Tribunal Supremo, que rechaza amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés y mantiene la orden de detención sobre Puigdemont, que mantiene la intención de volver a Catalunya de cara a la sesión de investidura que, como tarde, se celebrará el próximo 26 de agosto.

Precisamente, la ANC ha convocado una manifestación el próximo sábado en defensa de la amnistía y para denunciar “el golpe de estado” de los jueces. Según La Vanguardia, ese ha sido uno de los puntos de la reunión. También se habría hablado del retorno a Catalunya del expresident y del resto de líderes represaliados por el procés

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El exconseller y diputado de Junts per Catalunya Josep Rull ha sido escogido este lunes presidente del Parlament gracias a los votos de su grupo, de ERC y la CUP. Rull se convierte así en la segunda autoridad de Catalunya pese a que el independentismo ha perdido la mayoría absoluta.

Rull, uno de los históricos de Convergència, ha salido escogido en segunda votación con 59 apoyos (los 35 diputados de Junts, los 20 de ERC y los 4 de la CUP) después de que en la primera ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta. El independentismo, además, ha logrado mantener la mayoría absoluta de la Mesa, que queda conformada por dos miembros de Junts, dos de ERC y tres del PSC.

La republicana Raquel Sans será la nueva vicepresidenta primera de la Cámara, mientras que la segunda recaerá en el socialista David Pérez. Las cuatro secretarías las ocuparán Glòria Freixa (Junts), Juli Fernàndez (ERC), Rosa Maria Ibarra (PSC) i Judith Alcalá (PSC).

El pacto entre independentistas es de mínimos y únicamente para impedir que la Cámara sea presidida por el PSC, ya que en la primera votación ERC y la CUP han votado en blanco y solo en la segunda han apoyado a Rull. De haberse repetido el voto en blanco de los dos grupos independentistas de izquierda en la segunda votación, la presidenta del Parlament hubiera sido la socialista Sílvia Paneque.

Junts, ERC y la CUP logran así capitalizar sus parlamentarios en la Cámara pese a que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, el nacionalismo no dispone de la mayoría absoluta del Parlament. La negativa de ERC a abordar un pacto de izquierdas con PSC y Comuns y el rechazo del bloque contrario al procés a explorar un candidato alternativo han permitido al independentismo mantener la segunda autoridad de Catalunya.

Fuentes de los Comuns han explicado que su objetivo era lograr un pacto de izquierdas que no se ha conformado. Y han rechazado avalar una operación similar a la que permitió a Jaume Collboni ser alcalde de Barcelona (con los votos de Comuns, PSC y PP) porque, a su juicio, cortocircuitaría las opciones de un pacto de izquierdas para investir a Salvador Illa.

La votación para escoger la nueva presidencia del Parlament, las dos vicepresidencias y las cuatro secretarías de la Mesa de la Cámara catalana marca la apertura de la legislatura. La segunda autoridad de Cataunya tiene un relevante papel institucional, pues es la encargada de proponer al candidato a la presidencia de la Generalitat para someterse a un debate de investidura que debe celebrarse, como máximo, el 25 de junio.

Antes de esta fecha, el nuevo presidente del Parlament celebrará una ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios para proponer a un candidato a la investidura. El primer intento se lo disputan el jefe de filas del PSC y ganador de las elecciones, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que no tira la toalla pese a la pérdida de la mayoría absoluta independentista.

Tanto en la votación para la Mesa como la investidura resultará clave el papel de ERC, que afronta ahora otro dilema para la investidura. Los republicanos, inmersos en una crisis interna tras perder 13 diputados el 12M, deben decidir si facilitan una investidura de Illa o provocan un bloqueo que precipite la repetición electoral en Catalunya. Aunque optaran por apoyar primero a Puigdemont, su investidura resultaría fallida ante la falta de mayoría independentista.

En caso de que el candidato no logre la mayoría absoluta en primera votación, ni la mayoría simple en un segundo intento 48 horas después, se abrirá un periodo de dos meses en el que podrán celebrarse todos los debates de investidura necesarios para aupar a un nuevo inquilino de la Generalitat. Si tampoco prosperasen, Catalunya se vería abocada a una repetición electoral en octubre.

Defiende la “inviolabilidad” de los diputados

En su primer discurso tras ser nombrado president, Rull ha reivindicado la libertad de los diputados para poder “expresar opiniones” y “ejercer libremente su voto”, en clara referencia a los parlamentarios independentistas encausados durante los últimos años. “Se tiene que poder hablar de todo y debatir de todo sin la presión de ningún otro poder público ni la amenaza de ser privado de libertad”, ha señalado.

Rull ha avisado de que su presidencia sera “especialmente sensible” con dar voz a los diputados que todavía tienen procesos judiciales abiertos, destacando el caso de Carles Puigdemont, Lluís Puig y Rubén Wagensberg, todavía en el extranjero pendientes de la aplicación de la ley de amnistía.

“Con toda solemnidad, les quiero trasladar que la mesa de este Parlament garantizará el principio de inviolabilidad parlamentaria”, ha asegurado. “Ningún diputado puede ser perseguido por expresar opiniones o ejercer libremente su voto. Desde esta presidencia insistiremos en esto de manera intensa”, ha remachado.

La crisis abierta en ERC tras el 12M ha dejado en un segundo plano los malos resultados de la otra formación independentista y de izquierdas. La CUP ha cedido 62.074 apoyos y ha pasado de nueve a cuatro escaños en el Parlament, un fracaso que sigue la tendencia a la baja de la formación tras las municipales de mayo y las generales de julio del año pasado.

A diferencia de ERC –que solo tras el varapalo del 12M ha fijado un congreso– y de Junts –que no se plantea por ahora ninguna renovación–, la CUP inició ya a finales del año pasado, tras su retroceso en las municipales, su propio proceso de refundación, que debe culminar con una asamblea clave en septiembre. Pero el denominado 'Procés Garbí' cupaire, que toma el nombre del viento que sopla del suroeste, también deberá despejar su propia calima en forma de debates internos que tensan a la organización y que van más allá de resultados electorales concretos.

El primer sector cupaire en abrir fuego tras el 12M ha sido Poble Lliure, que ha reclamado a la dirección que “asuma responsabilidades” tras una trayectoria “errática o autodestructiva” de los últimos años. Poble Lliure es la corriente interna de la CUP que se ha visto relegada en decisiones recientes y que en el pasado apoyó investir a Artur Mas.

“Creo que todo el mundo se ha sentido cómodo en esta campaña”, manifiesta a elDiario.es una fuente cupaire que no termina de entender el comunicado de Poble Lliure, pero que sí diagnostica uno de los conflictos internos que, a su juicio, sufre la CUP: las visiones no siempre coincidentes entre las asambleas locales en los municipios del interior de Catalunya y los cuadros y militantes que viven en Barcelona. En lo que se refiere a pérdidas de votos este 12M, el mapa no muestra grandes diferencias entre la capital y el territorio, con caídas incluso en Girona, la ciudad más importante en la que gobiernan con un proyecto muy transversal.

Por otro lado, la apuesta ecologista de la formación no se ha traducido en resultados: el partido ha perdido su representación por Lleida y por Tarragona, cuyas respectivas listas encabezaban opositores a los macroproyectos de los Juegos de Invierno en el Pirineo y el Hard Rock, Bernat Lavaquiol y Sergi Saladié. Este último, sin embargo, se ha quedado a tan solo 570 votos de alcanzar el acta. La mayoría de los votos perdidos por la CUP se han ido a la abstención, según los primeros estudios postelectorales.

“El proceso Garbí no está vinculado a los malos resultados del 12M, aunque pongan de manifiesto debates que ya estaban sobre la mesa”, expone otra voz cupaire, que considera que la refundación interna debe culminar también en un relevo de liderazgos después de que las caras más populares de los anticapitalistas, en virtud de la limitación de mandatos, hayan abandonado la primera línea en los últimos años.

Más allá de los liderazgos, importantes incluso en un partido asambleario como la CUP, el partido se ha puesto patas arriba en su proceso de refundación, que pretende abarcar desde el papel de la militancia de base hasta el modelo organizativo y electoral cupaire, pasando por cómo lograr la hegemonía cultural de la izquierda o el proceso soberanista. Y, de paso, superar el viejo debate entre corrientes internas.

“Corremos el riesgo de quedar saturadas de documentos y ponencias y perder de vista lo más relevante: cómo volver a transformar desde la base”, advierte una tercera fuente cupaire consultada, que ve más preocupantes los 43.071 votos perdidos en las pasadas municipales que los 148.177 de las generales para una fuerza eminentemente municipalista como la CUP.

En este sentido, algunas voces internas lamentan que se haya descuidado el trabajo de base en los municipios y los movimientos sociales, con los que se quiere reconectar, si bien reconocen que tanto la militancia como los cuadros acarrean “mucho agotamiento, tanto físico como mental” tras casi una década de movilizaciones, primero contra los recortes y luego por el procés.

A la espera de cómo quede el debate interno, desde la CUP sí se muestra preocupación por el retroceso del independentismo de izquierdas: si la pasada legislatura ERC y la CUP sumaban 42 escaños, ahora solo alcanzan los 24. Por si fuera poco, la vuelta de Junts a las posiciones más tradicionales de Convergència dificulta el arrastre de los de Puigdemont hacia tesis más izquierdistas, como había ocurrido en otras legislaturas en materia, por ejemplo, de vivienda.

La vuelta a la influencia máxima de la CUP en la política catalana –fueron los anticapitalistas los que plantearon en 2016 el referéndum a Carles Puigdemont–, parece difícil, toda vez que los mejores resultados cupaires han coincidido con los momentos de mayor movilización del procés y de los partidos a su izquierda. “Al final a la CUP se le llegan a pedir unas responsabilidades que no tiene”, lamenta una fuente cupaire, en referencia a la progresiva pérdida de peso del partido durante la última legislatura.

Todos los debates internos se sucederán en los próximos meses: las propuestas surgidas de los debates con las bases se redactarán en sendos documentos, que se enviarán a las asambleas en junio y se podrán enmendar hasta el 30 de julio. Durante el verano y el mes de septiembre se podrán transaccionar las enmiendas, que se votarán en la asamblea del 21 de septiembre que marcará el nuevo rumbo de la CUP.

Salvador Illa ha hecho historia este domingo al ganar las elecciones catalanas en votos y en escaños y con el mejor resultado para el PSC desde 2003. Las buenas cifras del candidato socialista han roto la mayoría absoluta independentista después de más de una década de gobiernos ininterrumpidos de Junts y ERC. Pese a esto, Illa necesitará una alianza para la investidura que podría no ser sencilla, pues deberá reunir el apoyo de republicanos y los Comuns para sumar mayoría absoluta o, si el partido de Pere Aragonès se cierra a esta posibilidad, buscar un pacto transversal a izquierda y derecha para tratar de reunir apoyos en una segunda votación.

“Los electores catalanes han decidido abrir una nueva etapa”, ha proclamado Salvador Illa, que tras agradecer el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se propondrá para la investidura en cuanto se constituya el Parlament. “Catalunya se pone en marcha, con respeto a todo el mundo y con ambición”, ha asegurado un Illa alegre pero no eufórico, a diferencia de su equipo más cercano con el que ha comparecido desde la sede del PSC, donde la alegría era desbordante por un resultado que, se entiende, colocará a Illa en la presidencia de la Generalitat.

Aunque la victoria del PSC es contundente, la gobernabilidad está lejos de quedar garantizada, porque necesitan 26 diputados más para llegar a la mayoría absoluta o 21 para superar un eventual 'no' del conjunto de los partidos independentistas. Illa podría buscar una alianza de izquierdas, con ERC y los Comuns, o también forjar una alianza con Junts, en este caso sin necesitar a ningún otro partido.

La suma del tripartito de izquierdas, con PSC, ERC y Comuns tendría mayoría absoluta. Sin embargo, el problema para esta fórmula podría ser ERC. Los republicanos han sostenido durante toda la campaña que Illa tiene una propuesta que está “en las antípodas” de lo que defiende la candidatura de Aragonès, que esta noche ha perdido cualquier esperanza de mantener la presidencia de la Generalitat. Los republicanos en cambio podrían hacer valer la llave para decidir si hacen posible esa mayoría de izquierdas, para lo que deberían decidir si le otorgan la presidencia a Illa o la bloquean, con el riesgo de que eso suponga una repetición electoral.

“La oposición al Govern republicano, PSC y Junts, ha ganado. Aceptaremos el resultado y ERC pasará a la oposición”, ha asegurado Pere Aragonès en su comparecencia, tras reconocer una severa derrota. El líder republicano ha esquivado así cualquier responsabilidad sobre la gobernabilidad de la Generalitat, que el ya president saliente ha dejado en manos de PSC y Junts, dos formaciones que también pueden sumar aunque en varias ocasiones durante la campaña se han excluido mutuamente.

El independentismo ha sufrido este 12 de mayo una contundente derrota, sobre todo, por el descalabro de ERC y la CUP, que pierden 13 y 5 diputados respectivamente. La bajada de los partidos de la izquierda independentista no se compensa por la menor crecida de Junts, que ha conseguido tres escaños más que en 2021 gracias al revulsivo que ha supuesto que Carles Puigdemont lidere la candidatura. Además, la extrema derecha independentista de Aliança Catalana entra en el Parlament con 2 escaños, por las provincias de Girona y Lleida.

El bloque de los partidos partidarios de la ruptura con España siempre había estado al menos desde 2012 por encima de los 68 escaños y del 47% de voto, unas cifras que parecen lejanas ahora, donde la suma de Junts, ERC, CUP y Aliança ha quedado en 61 escaños y poco más del 43% de los sufragios. Desde el año 2017, el independentismo ha perdido cerca de un millón de votos.

Pese a la debacle independentista y que Carles Puigdemont ha felicitado a Illa por su victoria, el líder de Junts ha mostrado en su primera comparecencia ante los medios que no tira la toalla y que seguirán intentando conseguir la presidencia de la Generalitat con una carambola. “Estamos en condiciones de construir un Govern sólido y de obediencia catalana”, ha dicho Puigdemont, que ha lanzado a la vez una críptica advertencia hacia el PSOE. “La distancia entre el primero y el segundo en el Parlament no es diferente a la del PP y el PSOE en el Congreso”, ha asegurado el aún eurodiputado, recordando así a Sánchez que su partido es clave para la mayoría del Gobierno.

Uno de los partidos más beneficiados de esta jornada electoral es el PP, que ha aprovechado como ningún otro la desaparición de Ciudadanos. La formación consigue situarse como cuarto partido del Parlament, con 15 escaños (desde los 3 que ha tenido en la última legislatura), supera a Vox, que se queda en los 11 asientos que ya tenía, y entra por zonas complicadas para el partido, como Lleida y Girona. El líder Alejandro Fernández se ha consolidado con su buen resultado delante de un PP nacional con el que había tenido enfrentamientos y que había provocado que Alberto Núñez Feijóo llegase a plantearse su sustitución.

“La utilidad con la que asuman estos resultados será la piedra sobre la que construiremos el futuro del partido”; ha advertido Fernández, que ha asegurado que el PP “ha conseguido todos sus objetivos”.

Comuns y CUP, dos formaciones de izquierdas que también han resultado perjudicadas en estas elecciones, han intercambiado su posición en el Parlament, donde ahora la formación de Jéssica Albiach tiene dos diputados más que los independentistas. La líder de la CUP, Laia Estrada, ha hecho una valoración muy negativa de los resultados, que ha asegurado que son “malos para el país” y sobre los que ha destacado el crecimiento de las fuerzas de derechas. Por su parte, los Comuns se han visto afectados, sobre todo, por el crecimiento del PSC, han perdido el diputado que tenían en Tarragona y otro en Barcelona y no han sido capaces de obtener el cargo por Girona al que aspiraban.

Illa ha conseguido un resultado que sigue la estela de su victoria en votos de 2021, que ya supuso resultados contundentes en la mayoría de de los municipios de las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, pero que ahora se ha disparado con porcentajes también altos en zonas del interior de la provincias de Girona, Lleida y el interior de la provincia de Barcelona.

Los socialistas han conseguido porcentajes de más del 30% de apoyos en seis comarcas y se ha impuesto en 12. En el Baix Llobregat y la Vall d'Aran, el PSC supera el 36% del voto. Por provincias, el PSC crece en todas las provincias, especialmente en Tarragona (+5,39 puntos) y en Barcelona (+4,85).

Carles Puigdemont ha hecho una campaña muy inusual. Situado en la zona del sur de Francia colindante con la frontera catalana, el candidato de Junts ha celebrado mítines diarios en un pabellón de la ciudad de Elna, adonde ha desplazado cada día a centenares de sus partidarios en autobús desde diferentes zonas de Catalunya. Pero, más allá de la cuestión logística, la formación ha tocado la tecla sentimental de su electorado sosteniendo el relato del regreso de Puigdemont tras siete años, cuando sea beneficiado por la amnistía, y convirtiendo este hecho en un activo electoral.

El PSC es el partido que, de largo, ha destinado más recursos a la campaña electoral del 12-M. En total, 2,5 millones de euros. Una cifra que está muy por encima del 1,7 que han gastado tanto Junts como ERC. En cuarta posición se sitúa el PP de Catalunya, que asegura haber desembolsado 1,6 millones para la carrera electoral. Vox, por su parte, ha destinado un total de 1,2. Y muy por debajo, se sitúan Comuns Sumar, con 600.000 euros, y la CUP, con 400.000. Ciudadanos no ha querido hacer público su presupuesto.

El PSC ha disparado el gasto electoral para esta campaña. En 2021, en unas elecciones marcadas por la pandemia, gastó 2 millones y en las anteriores, en 2017, destinó un presupuesto de 1,7 millones.

El formato de acto preferido para el PSC ha sido el mitin. Los socialistas han replicado el mismo perfil de acto de campaña en todas las ciudades que han visitado, con cientos de asistentes en cada convocatoria. Todos los mitines han sido en espacios interiores, como auditorios, teatros o pabellones, menos el mitin con Pedro Sánchez en Montmeló, que fue al aire libre.

ERC y Junts empatan con 1,7 millones

El presupuesto de campaña de ERC para el 12-M ha sido de 1.700.000 euros, incluido el envío de envío de propaganda electoral, que representan 620.000 euros. En cuanto al tipo de actos, ERC ha apostado por mítines con público y en gran formato, y ruedas de prensa para abordar los temas más sectoriales. Aparte del recorrido que ha hecho el candidato Aragonés por toda Catalunya, el partido también ha situado varios actos en otras ciudades con diversos candidatos y candidatas.

La candidatura de Junts también ha dispuesto de un presupuesto de campaña de unos 1,7 millones de euros, incluido el envío electoral. Buena parte de los recursos son para el alquiler del espacio Jean Carrère, el pabellón de Argelès donde realizan todos sus mítines, ruedas de prensa y actos sectoriales, todo en el mismo lugar. También para el alquiler de los seis autocares que cada día trasladan a militantes y simpatizantes de toda Catalunya. En las afueras del recinto, la candidatura ha habilitado un “espacio de ocio” con mesas de camping, 'food trucks', futbolines y dianas.

El PPC ha contado con 1.600.000 euros de presupuesto, incluyendo la partida del envío de correo postal que asciende a 489.000 euros. Calculan que 800.000 euros son subvencionables y, por el momento, han sufragado esta parte a través de un crédito. El resto de dinero se completa con fondos propios, según señalaron desde el partido.

Pese a insistir en el inicio que querían “hacer calle”, gran parte de los actos del PPC han sido en lugares cerrados o privados como hoteles, empresas o espacios similares. En algunas ocasiones sí que han hecho mítines al aire libre como la apertura de campaña en Castelldefels o un acto con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la plaza de Artós de Barcelona, espacio en el que tradicionalmente se han concentrado grupos de extrema derecha.

Por su parte, Vox tiene un presupuesto de campaña de 1,2 millones de euros que, según fuentes del partido, se ha destinado principalmente a publicidad y organización de los actos de pequeño formato. En esta campaña, en la que aspira a mantener la ventaja ante el PP, la formación de Santiago Abascal ha apostado por centrar los recursos en mítines callejeros, la mayoría en localidades del área metropolitana de Barcelona y municipios con mucha inmigración, como Salt. Los actos han contado con unas decenas de sillas y escenarios que se montan y desmontan en una hora.

Comunes y CUP, los que tienen menos presupuesto

El presupuesto estimado para la campaña de la confluencia Comuns Sumar ha ascendido a 600.000 euros, unos 325.000 corresponden a gastos ordinarios y 276.000 a gastos de envío de propaganda electoral. La candidatura remarca que “a diferencia de otros partidos que se endeudan con entidades financieras para sufragar la campaña”, Comuns Sumar asumirá todos los gastos mediante los micropréstamos y las donaciones, el anticipo electoral y los recursos económicos propios de los comunes.

La candidatura liderada por Jéssica Albiach ha apostado por actos mayoritariamente de pequeño formato, con unas cifras de asistentes que en la mayoría de días van desde la cincuentena hasta el centenar de personas. La excepción fue el mitin con la vicepresidenta española y líder de Sumar, Yolanda Díaz, el primer domingo de campaña en Hospitalet de Llobregat, donde superaron las 300. Está previsto que Díaz también apoye a Albiach en un gran acto de cierre de campaña este viernes en Cornellà de Llobregat. La formación espera que este mitin sea multitudinario, aunque será difícil superar las 3.000 que Díaz congregó en el cierre de campaña de las elecciones españolas del pasado verano en la Farga de Hospitalet.

La CUP ha destinado un total de 404.725 euros en la campaña, más de la mitad corresponden al mailing electoral, unos 215.000 euros. Los anticapitalistas detallan por partidas su presupuesto electoral: 40.500 euros para actos; 347.025 para comunicación, publicidad y prensa; otros 132.025 para publicidad y prensa; 9.000 euros para los liberados; 8.200 euros para gastos administrativos, 8.000 destinados a gestoría y 200 euros de comisiones bancarias. Para pagar el presupuesto, el partido ha realizado una aportación de 400.000 euros y los 4.725 restantes provienen de donaciones.

En cuanto a los tipos de actos, la mayoría han sido en la calle, excepto en casos de previsión de lluvia. Normalmente han asistido unas cincuenta personas. Han sido actos territoriales: uno en cada capital: Tarragona (primer fin de semana), Girona (segundo fin de semana - acto central), Lleida (viernes 9 mayo) y Barcelona (cierre de campaña). Por otra parte, por las mañanas han hecho ruedas de prensa, mayoritariamente en Barcelona.

Por su parte, Cs no ha querido hacer público su presupuesto de campaña y sólo explica que es ajustado a la realidad actual del partido. La campaña de Cs, por ejemplo, no cuenta con el tradicional autobús de campaña y tampoco ha hecho mítines, más allá del acto central que congregó a 200 personas en una terraza en el Port del Fòrum. Sus 'actos' fueron principalmente encuentros diarios con los medios de comunicación.

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha hecho este martes en el debate de TV3 uno de los principales anuncios de su campaña. Cuando los aspirantes debatían sobre la seguridad, Illa ha anunciado que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, será su consellera de Interior y que el major Josep Lluís Trapero será director general de los Mossos d'Esquadra (un cargo de designación política) si llega a la presidencia. El candidato socialista había hecho de la seguridad una de sus prioridades en campaña aunque no ha sido hasta ahora que ha desvelado el equipo que que la dirigiría.

El electorado catalán lleva casi dos semanas inmerso en una campaña electoral, pero en todo este tiempo ha tenido difícil hacer una idea de los acuerdos que pueden forjarse tras el 12 de mayo. El debate que han celebrado este martes los ocho principales candidatos en TV3 y Catalunya Ràdio tampoco ha aclarado qué política de alianzas priorizarán los aspirantes que están en cabeza, que según los sondeos son Salvador Illa y Carles Puigdemont, seguidos por Pere Aragonès. Los reproches y vetos cruzados amenazan con hacer imposible sumar la mayoría suficiente para que alguno de los presidenciables logren la investidura.

El debate de de TV3 ha sido el último de los tres televisados que se han celebrado y que deja la carrera hacia el 12M en su recta final, con solo tres días más de campaña y la jornada de reflexión del sábado. La ley electoral impide desde este martes publicar nuevas encuestas en España, aunque algunos sondeos sortean la prohibición publicándose desde otros países. En los últimos días todos los estudios demoscópicos publicados sitúan al PSC en cabeza, seguido de Junts, que se sitúa en segundo lugar y con ERC en el tercero.

El resto de partidos, representados por Ignacio Garriga (Vox), Laia Estrada (CUP), Jéssica Albiach (Comuns), Carlos Carrizosa (Ciudadanos) y Alejandro Fernández (PP), tampoco han mostrado adhesiones incondicionales, aunque algunos de ellos han mostrado sus preferencias. Albiach ha tendido la mano a todas las formaciones de izquierdas, mientras Estrada ha puesto condiciones para sumar en un bloque soberanista. Desde Junts, por su parte, han prometido que de ninguna forma pactarán con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. “Ni por activa ni por pasiva”, ha dicho Rull

Rull y Aragonès, aliados en el pasado, han chocado en diversas ocasiones. En una de ellas, el candidato de Junts ha invitado a ERC a “rehacer la unidad”, porque a su entender solo con el independentismo unido podrá retomarse el hilo del 1-O. Aragonès le ha respondido recordando que fue Junts quien abandonó el Govern y celebrando que la formación de Carles Puigdemont haya pasado “a practicar la negociación [con el PSOE] tras equipararla a una traición”.

Illa también se ha encarado con Fernández, a quien ha reclamado que deje de referirse a él como “mentiroso”. Pero que el candidato del PP se ha reafirmado, asegurando que Illa “juró y perjuró que no daría apoyo a los independentistas y a la amnistía”. “El PP ha instrumentalizado Catalunya para ganar votos en España y ha practicado la guerra sucia”, ha reprochado Illa, que ha contrastado la gestión del procés de Mariano Rajoy con la actual. “Gobernando el PP en Madrid, aquí se vulneró la ley; gobernando los socialistas no se ha vulnerado”, ha apostillado.

En el lado de la derecha, en un contexto en el que las encuestas dibujan un empate entre PP y Vox, Fernández ha cargado contra la “mentira” de Garriga sobre la regularización de migrantes que se está debatiendo en el Congreso, pero que el candidato de la extrema derecha ha dado falsamente por hecha por el apoyo del PP. “La demagogia y el populismo no se pueden aceptar, ya está bien de tanta mentira”, ha zanjado Fernández.

En el debate celebrado un día antes en La Sexta los candidatos ya habían dejado ver que la política de pactos sería uno de los temas más importantes tras el 12 de mayo, debido a los vetos cruzados. Además, como ha ocurrido en TV3, los partidos de izquierdas se intercambiaron en debates anteriores reproches, al tiempo que mostraban las distancias entre sus programas, lo que avanza que tampoco una alianza entre PSC, ERC y Comuns tampoco sería sencilla.

Aragonès, criticado por la sequía

La crisis climática y la sequía han centrado otro de los bloques, uno en el que los candidatos se han enzarzado com más vehemencia. CUP y Comuns han coincidido en acusar a Aragonès de favorecer al sector turístico durante los tres meses en los que ha estado decretado el estado de emergencia. “Ha habido restricciones para el campo, pero no para el turismo”, ha protestado Albiach.

Por su parte, Estrada ha definido la gestión del Govern como “cortoplacista” y ha considerado que se han “precipitado” al levantar este martes las restricciones de consumo de agua, sin haber impuesto freno al consumo de agua del turismo.

“No tienen ni idea de gestionar el agua. Yo tampoco, pero al menos lo reconozco”, ha apuntado con socarronería el candidato del PP, que ha cargado también contra Illa al considerar que los gobiernos del PSC, que acabaron en 2010, tampoco fueron eficaces para prevenir la falta de agua.

Illa ha considerado “arrogante” el comentario de Fernández, y ha lamentado los “bandazos” que, a su juicio, ha dado el Govern de Aragonès por apostar primero por el traslado de agua en barcos desde València para después decidirse por las desaladoras.

Por su parte, Rull se ha posicionado con claridad a favor del proyecto del Hard Rock, en la localidad de Vila-Seca (Tarragona) y ha defendido que el complejo Hard Rock es “un proyecto que pretende reforzar el sector turístico” y que será “un gran centro de convenciones y de turismo familiar” en el sur de Europa.