Junts sale del Gobierno municipal de Girona. A un año de las elecciones locales de 2027, la formación de Carles Puigdemont se va a la oposición y deja en minoría el Ejecutivo del que ha formado parte hasta ahora, liderado por Guanyem (la marca de la CUP en la ciudad), con el alcalde Lluc Salellas, y con la participación de ERC.

La hasta ahora vicealcaldesa Gemma Geis, líder de Junts en el consistorio, ya venía lanzando mensajes en los últimos días de que se agotaba su papel dentro del tripartito independentista que encabeza Salellas. Junts aspira a lograr unos mejores resultados electorales si compite desde la oposición, en un contexto de auge de la xenófoba Aliança Catalana.

Con la salida de los seis ediles de Junts, el Ayuntamiento quedará gobernado por tan solo once concejales de 27. Entre las carteras que ocupaban los de Geis estaban las de Promoción Económica, Innovación, Salud o Lengua Catalana.

El movimiento de Junts se ha precipitado en los últimos días. Geis dejó caer la bomba el domingo, en un artículo en El Punt Avui, titulado Se nos ha acabado la paciencia, en el que daba por superado su paso por el Gobierno. Sus socios de Guanyem y ERC ya vieron que se trataba del preludio de su salida del Ejecutivo, hecho que constataron este lunes, durante el pleno municipal, cuando la propia vicealcaldesa no despejó las dudas sobre la inminente ruptura.

Ni el alcalde ni la vicealcaldesa, que se sientan el uno al lado de la otra, se saludaron cuando llegaron al pleno. El orden del día se terminó en poco más de una hora, y en el turno de ruegos y preguntas afloró la crisis de gobierno.

“Creo que este grupo municipal tiene todo el derecho del mundo a hacer su valoración política, a querer emprender su camino diciendo que Girona merece más y reconocer las cosas que se han hecho bien en este gobierno”, afirmó Geis, dando a entender, una vez más, que se disponían a abandonar el Ejecutivo.

Por su parte, antes de dar el pleno por terminado, el alcalde Lluc Salellas intervino para defender que mantener el tripartito hubiera sido la “mejor opción” hasta las municipales de mayo de 2027. De entrada, Salellas subrayó que en el contexto actual, con “ataques y agresiones al catalán”, es bueno que Girona tenga un gobierno independentista y “claramente” republicano.

Pero no sólo, porque el alcalde también quiso poner de relieve que, más allá de la ideología, el acuerdo Guanyem-Junts-ERC permitió trabajar “por la cohesión, para que la extrema derecha no pueda crecer ni tener espacio en la ciudad y avanzar hacia una Girona que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

La posibilidad de que un ciudadano de Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Asturias o Madrid pueda votar en las próximas elecciones generales a una coalición con Gabriel Rufián como líder se aleja. En la misma semana en la que el propio presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar los comicios al primer trimestre de 2027, Rufián celebró un acto con Mónica Oltra (Compromís), el primero desde que, hace un mes, abriera la puerta de par en par a ser candidato de una “confluencia” de izquierdas. Pero, lejos de ahondar en esa idea, el dirigente de ERC dio un paso atrás. Y, aunque confirmó que su idea es “liderar” un frente amplio, circunscribió a Catalunya esa alianza que le tendría a él como candidato.

Hace un mes, en Madrid, Rufián insistió en lo que lleva afirmando desde hace meses: que él quiere ser candidato de ERC y que no va a abandonar el partido a menos que lo “echen”. Pero, en ese mismo acto, también afirmó que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Era la primera vez que el dirigente confirmaba expresamente que quería liderar un proyecto que —pese a lo inconcreto de la propuesta— tendría diferentes ramificaciones y formulaciones en toda España. Y, aunque planteó que, en tal caso, sería candidato de ERC por Barcelona, entonces no especificó que su liderazgo fuera a acotarse a Catalunya.

Habida cuenta de la enorme complejidad de su idea, Rufián evitó el pasado mes de mayo concretar cómo debería aterrizarse. “No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC y las fuerzas nacionalistas], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a decir entonces. Este viernes, por el contrario, fue mucho más claro en su acto junto a Oltra y aseguró que lo que él quiere es “liderar en Catalunya” —“¡en Catalunya!”, insistió— “un frente de izquierdas con ERC como fuerza motora”.

Por tanto, la idea de Rufián ya no es la de explorar una fórmula que se referencie en él como candidato para que las izquierdas estatales y territoriales se pongan de acuerdo en un proyecto en toda España. Según lo que expresó este viernes, sus expectativas son las de intentar arrastrar a ERC a un frente amplio en Catalunya, un proyecto que implicaría también a los Comuns, a la CUP y a Podemos. Los primeros, la única de las tres formaciones con una potencia similar a la de ERC, llevan meses viendo con simpatía los planteamientos de Rufián, pero la semana pasada deslizaron que ven inviable el proyecto por el rechazo de la dirección republicana y porque el portavoz, lejos de romper con su partido, les ha remitido a ella para cualquier negociación.

El movimiento de Rufián no implica que este no aspire a que las izquierdas se entiendan en el resto de los territorios de España. Pero sí supone que no será él quien las intente “liderar”, en sus propias palabras del acto del pasado viernes. Sobre el método para alcanzar esos pactos en las provincias en las que exista más de un partido a la izquierda del PSOE, el dirigente volvió a ser igual de ambiguo que en los últimos meses, aunque en esta ocasión sí planteó la necesidad de organizar unas “primarias” —de las que no ofreció ningún tipo de detalle— para escoger las listas de esa eventual lista conjunta. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, sostuvo.

Al definir su propuesta, Rufián comienza a asumir plenamente las tesis del líder del sector más izquierdista de ERC, el liderado por su mentor político, Joan Tardà, que desde hace meses se ha mostrado de acuerdo con las reivindicaciones del portavoz pero ha acotado con mucha mayor claridad que él que el rol de los republicanos debía circunscribirse a Catalunya. En un artículo de opinión publicado el mes pasado en El Periódico, Tardà abrazaba expresamente la idea de una coalición con los Comuns y la CUP “tanto para las elecciones generales de 2027 como para las del Parlament del año siguiente”, y se limitaba a asegurar que ese pacto podría tener un “efecto espejo” para que “en el resto del Estado también se conformara un Frente de Izquierdas español”.

ERC también rechaza esa vía

En cualquier caso, la cúpula de ERC insiste en lo que llevan meses planteando tanto en público como en privado: que el partido no tiene ninguna intención de explorar un frente amplio, ni dentro de Catalunya ni mucho menos fuera. ERC, afirman fuentes de la dirección, ya tiene por sí sola vocación de ser un frente amplio e inclusivo, y no renuncia “a integrar, incorporar e incluir a quien quiera venir”, en palabras de un dirigente. Traducido: la formación únicamente se plantea acuerdos para absorber otras formaciones dentro de las listas de ERC, al estilo de lo que han hecho en otras elecciones con pequeños partidos como Comunistes. Ese formato es completamente inasumible para los Comuns y la CUP.

De fondo, además, subyace una diferencia de concepción entre los partidarios del frente amplio y sus detractores sobre qué es y qué debe ser ERC. Rufián y los suyos han llamado a un acuerdo entre las formaciones de izquierda alternativa, y el propio Tardà, la voz con mayor poso de esa corriente dentro de la formación republicana, ha propuesto expresamente reunir en una sola candidatura “a toda la izquierda situada más allá del PSC”. Pero el sector de ERC que ahora mismo lidera el partido considera que no es ni debe ser una formación a la izquierda del PSOE —un espacio que creen mucho menos fértil—, sino una organización que ocupe en el campo independentista las posiciones socialdemócratas que, entre las formaciones no independentistas, representa el PSC.

La dirección de ERC, además, tampoco tiene intención de satisfacer la otra exigencia de Rufián: la de tener mando en plaza para definir las posiciones del partido en Madrid y para elegir a los integrantes de la lista republicana a las elecciones generales. Pese al mal ambiente que existe en el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, con varios diputados enfrentados al portavoz, fuentes de la cúpula republicana recuerdan que las listas en el partido se escogen a través de las asambleas de la formación y con el beneplácito de la cúpula. La opinión de Rufián será una de las que se escuchen en estas negociaciones internas, aseguran estas fuentes, pero en ningún caso se le permitirá diseñar la candidatura.

La del 14 de mayo de 2024 ha pasado a la historia como la noche en la que el independentismo perdió la Generalitat tras más de una década de procés. Aquellas fueron las primeras elecciones en que las formaciones que abogan por la ruptura con el Estado no sumaron mayoría en el Parlament, tras cuatro legislaturas consecutivas de dominio en la Cámara. Dos años después, los números del bloque formado por Junts, ERC y la CUP están lejos de mejorar.

Las encuestas son especialmente duras para Junts, el partido que más está sufriendo la irrupción de Aliança Catalana (AC), una formación xenófoba y de ideología independentista que, aunque trata de recoger votantes de todos los espectros, es especialmente atractiva para quienes solían apoyar a Carles Puigdemont.

Más allá del asedio al que somete AC al resto, la llegada de esta fuerza a la Cámara catalana rompe las opciones de repetir lo que durante años se llamó “bloque independentista”, es decir, una serie de partidos que actuaban coordinados y, frecuentemente, pactaban para garantizar su permanencia en el Govern. Sin embargo, la formación de Sílvia Orriols es incompatible con ERC y CUP, que advierten que nunca participarán en una ecuación que incorpore a la extrema derecha.

En este escenario, ni siquiera una mayoría independentista en escaños –que ninguna encuesta ve probable– sería traducible en una investidura o un Govern de ese color, debido a la incompatibilidad de los votos necesarios para alcanzar la suma de 68 diputados.

La aparición de la fuerza capitaneada por Orriols es uno de los problemas de Junts, pero no el único. En el partido creen que el hecho de que Carles Puigdemont siga sin poder beneficiarse de la amnistía y volver a Catalunya los obliga a pelear con una mano atada a la espalda.

El empantanamiento de la situación personal y política del expresident en Bélgica es una de las claves para entender por qué en los últimos meses Junts ha roto formalmente con el Gobierno, al que apoyaron durante el primer tramo de la legislatura. Aunque la relación nunca se ha truncado del todo, en Junts creen ahora que el pacto con el Gobierno no da los réditos esperados mientras AC les come terreno por la derecha. Por eso últimamente los de Míriam Nogueras no han tenido complejos para aparecer en la misma fotografía que PP y Vox votando juntos en el Congreso.

Ese bandazo tampoco ha dado, por el momento, réditos a Junts, que en el terreno catalán es una formación sin un liderazgo claro en el Parlament y sin un candidato inapelable en Barcelona, sea cual sea el resultado de la pugna entre Josep Rius y Jordi Martí, que de momento se inclina en favor del primero.

De cara a las elecciones municipales, Junts está tratando de llevar a cabo una “reunificación”, según su terminología, del disgregado espacio de derecha nacionalista catalana que un día estuvo bajo la marca común de Convergència. En Manresa, Junts ha fichado a un concejal codiciado por Aliança y con un discurso semejante. En Sabadell, se acerca a un sector desgajado de ERC. Con los alcaldes y concejales antiguamente agrupados bajo el PDeCat, Junts aspira a ir cerrando acuerdos caso por caso.

ERC, entre la exigencia y la colaboración con Illa

En la sede de ERC se respira cautela pero también cierta sensación de alivio. Tras la debacle electoral que desalojó a Pere Aragonès del Govern llegó la decisión de firmar un acuerdo de investidura con Illa, que derivó en un congreso durísimo y que abrió el partido en dos mitades, dividido por la continuidad de Oriol Junqueras. Pero, una vez estabilizada la dirección, el último año ha sido más plácido y las encuestas acompañan.

La estrategia desplegada por Junqueras es más de gota malaya que de blitzkrieg. La idea general es apoyar y a la vez exigir a los gobiernos que están en el cargo, todos socialistas tanto en la escala estatal, como catalana e incluso en Barcelona.

Así, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Jaume Collboni y otros tantos alcaldes pueden contar con que ERC no va a intentar moverles la silla, habida cuenta de que la alternativa es la “extrema derecha o derecha extrema”, tal como suelen decir los republicanos. Pero si alguno de ellos quieren sacar delante legislación, acuerdos de gobierno o, sobre todo, presupuestos, ERC debe tener contrapartidas en cuestiones que considera estratégicas. Como la cesión del IRPF, que abortó los primeros presupuestos del Govern del PSC.

Esta política hasta ahora ha dado triunfos más bien magros a ERC, a la espera de que la nueva empresa mixta de Rodalies eche a andar, de ver qué pasa con la financiación o qué consigue a cambio de los próximos presupuestos, que Illa está convencido de que le aprobarán.

Pero las encuestas no van mal e incluso sitúan a ERC como segunda fuerza, capaz de remontar un vuelo que todo el mundo juzgaba imposible el 15 de mayo de 2024. Y eso, cuando Junqueras tampoco podría aún presentarse a las elecciones por no haberse podido acoger a la amnistía, es suficiente para refrendar la estrategia.

Una CUP invisible que busca su hueco en las municipales

El bloque independentista pasó en las últimas elecciones de controlar 74 escaños del Parlament (la mayoría está en 68) a quedarse en 59. ERC perdió 13, que la ligera subida de tres asientos de Junts no pudo compensar. Pero la bajada de la CUP no fue menos espectacular: se dejó cinco de sus nueve escaños y, en voto, perdió más de un 30%.

En aquel momento los cupaires pudieron pensar que habían sufrido un gran golpe. Pero lo que les deparaba una legislatura no era mucho mejor. Con el PSC en el Govern y los acuerdos de izquierdas en el Parlament con ERC y Comuns, la formación de la izquierda independentista ha quedado descolocada y ha perdido mucha de la visibilidad de la que gozó en otra época.

Ni siquiera el llamado “procés de Garbí”, una especie de refundación interna, logró volver a colocarlos en el mapa.

Y eso que los anticapitalistas no han renunciado a dar algunas batallas y a estar presentes en algunas negociaciones. Como ejemplo está la legislación para extender la regulación de precios a los alquileres de temporada, donde la CUP se entendió con el PSC, así como con los Comuns y ERC. En ámbitos como el policial, en cambio, la formación se ha destacado como uno de los grandes flagelos del Govern.

La CUP encara el reto de volver a ser una formación con influencia mirando a las elecciones locales del próximo año. El municipalismo, que fue el gérmen de este partido, vuelve a ser un valor refugio cuando algunas encuestas los ven fuera del Parlament. Una de las claves será si mantienen la alcaldía de Girona, ahora en manos de Lluc Salellas, que finalmente opta a la reelección.

Los Mossos d'Esquadra que custodian el Parlament han interceptado este miércoles un paquete sospecho enviado a las oficinas de la CUP en la Cámara. Los hechos han ocurrido poco después de medio día, cuando los agentes que custodian la institución han detectado un envío sin remitente que, al pasarla por el escáner, mostraba en su interior un circuito e imanes. Tras la sorpresa, han activado el protocolo de explosivos y han avisado a su unidad de Tedax.

Tras la gestión de la caja por los técnicos, la policía ha comprabado que el envío no contenía ningún material explosivo, sino un libro con un circuito eléctrico en su interior, por lo que han dado por concluida la amenaza. Sin embargo, el paquete incluía mensajes que la organización ha identificado como “racistas, homófobos y de extrema derecha”.

Miembros de la CUP así como de la Presidencia del Parlament han podido ver el contenido del paquete, entre ellos el libro con el circuito eléctrico y la nota escrita en catalán en las páginas iniciales.

Desde la formación anticapitalista inscriben este hecho dentro del auge de los discursos de extrema derecha y “cómo impacta en la calle su expresión violenta”. Según señalan, el envío de estos mensajes se suma a la agresión con gas pimienta en Cerdanyola y Ripollet el pasado fin de semana, el lanzamiento de cócteles molotov a un centro de menores en Vallirana o el atropello múltiple a menores en Granollers ocurrido en septiembre del año pasado, en el que se apuntaron motivos racistas por las consignas de su autor.

Todo comenzó con un informe jurídico. El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, una entidad que reúne al Ayuntamiento de la capital catalana y a diferentes organizaciones sociales y empresariales de la ciudad, encargó al abogado Pablo Feu un estudio sobre la viabilidad de prohibir o limitar la compra de pisos que tuvieran un objetivo diferente de ser vivienda habitual del comprador.

El dictamen que seis meses después entregó el experto fue un bombazo, ya que el jurista no solo argumentaba que la prohibición era constitucional, sino que era una obligación de las administraciones intervenir en el mercado para subsanar la infracción en materia de urbanismo que generan los precios disparados de la vivienda. Según el informe, el marco legal vigente permite el veto a estas adquisiciones llamadas especulativas, es decir, cuando la intención del comprador no es vivir en su nueva propiedad, sino alquilarla o revenderla a un precio más elevado. 

Desde que el informe se hizo público, el pasado 10 de octubre, en Catalunya ha prendido el debate sobre la limitación de las compras especulativas de casas. Primero fue la CUP quién preguntó a Salvador Illa en el Parlament por la cuestión, a lo que el president aseguró que era una vía que “estudiaban”. Con todo, posteriormente restó importancia a este anuncio al asegurar que su gobierno examina con detalle cualquier solución que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda.

Los Comuns recogieron entonces el guante y convirtieron esta medida en su nuevo talismán, con un tridente de medidas en otros tantos niveles: Barcelona, Catalunya y también, como propuesta a estudiar, en el seno del Gobierno.

De las tres, la iniciativa del partido de Ernest Urtasun con más recorrido fue la proposición de ley que registraron en el Parlament. El texto planteado introduciría varias modificaciones en la ley catalana de urbanismo, de 2010, entre ellas la obligación de que toda vivienda comprada dentro de las zonas tensionadas según la ley de vivienda deban destinarse a la vivienda habitual del propio comprador, de un familiar de segundo grado del comprador, o a alquiler de residencia habitual para el inquilino, que estaría sujeta al límite de precios marcada por la ley.

La misma obligación tendría la persona, física o jurídica, que compre un bloque entero de pisos, que tendría la obligación de destinar todas las viviendas contenidas en el edificio a alquiler de residencia habitual, siempre a precios regulados. Estos contratos de alquiler deberían además formalizarse dentro de los siguientes 12 meses desde la adquisición.

Según la iniciativa de los Comuns, sí estaría permitido de forma excepcional la compra de una segunda vivienda dentro de una zona tensionada, siempre que esta no esté en el mismo municipio que la casa principal del comprador.

Una de las claves de esta regulación es que está sujeta siempre a las zonas tensionadas, lo que la hace temporal y también acotada en el territorio, puesto que se aplica por municipios. De esta forma, entienden los juristas que la defienden, no interferiría en el derecho a la propiedad ni lo haría irreconocible. 

Esta propuesta en el Parlament se suma al rosario de iniciativas que los Comuns y, en general, el conjunto de los partidos de izquierdas, negocian con el Govern sobre la vivienda. En estos momentos está en trámite una proposición de ley que sería pionera en España para introducir el alquiler temporal dentro de la regulación de precios, algo que la ley de vivienda estatal dejó fuera de su articulado de forma deliberada. Por el momento, Junts y el PP la han llevado al órgano de garantías del Parlament, por lo que está a la espera de dictamen.

Junto a los Comuns, ERC también ha movido ficha en el Parlament. Este martes, la formación de Oriol Junqueras reclamó oficialmente al Govern informar sobre el estudio que el president dijo que había encargado. Además, ERC reclamó al Govern presentar a lo largo de 2026 una ley para regular la compra de vivienda. Una iniciativa que parece convergente con la propuesta de los Comuns.

Quienes no se han abstenido de entrar en el debate han sido los actores del sector inmobiliario, alarmados por una medida que restringe su margen de maniobra en la compraventa de inmuebles. En un comunicado firmado por la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), la de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), el Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, alegaron que la medida sí hace “irreconocible” el derecho a la propiedad, que es “desproporcionada” y que contribuiría a agravar los actuales problemas de acceso a la vivienda.

La limitación de compras de vivienda al uso residencial del nuevo propietario también ha calado en el Ayuntamiento de Barcelona. En primer lugar, el plenario municipal aprobó, a propuesta de los Comuns y con votos de PSC y ERC, desarrollar los “instrumentos urbanísticos” necesarios para regular estas transacciones en un plazo de seis meses. En plenas negociaciones para los Presupuestos de 2026, el grupo que lidera Janet Sanz en el consistorio lo ha fijado como condición para su aval. 

Por otro lado, el Ayuntamiento también aprobó este mismo miércoles crear una comisión de estudio para analizar cómo impedir esta especulación. Liderada la propuesta por ERC, contó con el sí del PSC pero la abstención de los Comuns, que se mostraron contrariados al considerar que ralentiza la medida. Con todo, durante la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad en la que se debatió, el teniente de alcaldía responsable de Vivienda, Jordi Valls, reconoció: “El debate sobre la compra especulativa ha venido para quedarse”.

“Bienvenida al Parlament como representante del pueblo de Catalunya”. Con estas palabras del presidente Josep Rull y la mayoría de los diputados puestos en pié para la ovación ha recibido la Cámara catalana a Pilar Castillejo, diputada de la CUP detenida en aguas internacionales por Israel cuando iba a bordo de la Flotilla Global Sumud y que acabó siendo deportada el lunes pasado.

Todos los grupos del Parlament, a excepción de PP, Vox y Aliança Catalana, han mostrado su solidaridad con Castillejo, que ha llegado acompañada por el resto de representantes de su formación. La semana pasada la Cámara ya suspendió un pleno para denunciar la situación en la que se encontraba una de sus miembros y exigió la liberación de la diputada.

Acompañada por una docena de activistas catalanes entre los cuales se encontraba el también miembro de la CUP Adrià Plazas, Castillejó llegó el lunes a última hora al Aeropuerto de El Prat. A su regreso, afirmó que prevé emprender acciones legales contra el trato recibido desde que fueron interceptados. “El Gobierno sionista de Israel nos ha secuestrado”, aseguró la diputada. “Creemos que esto debe ser condenado. Y sí, emprenderemos acciones legales”, respondió a los periodistas.

La diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya Pilar Castillejo y el miembro de la dirección de la formación anticapitalista Adrià Plazas, integrantes de la Global Sumud Flotilla, han aterrizado en Barcelona este lunes pocos minutos antes de la medianoche. Los 12 catalanes que integraban la Flotilla hacia Gaza y que todavía no habían sido deportadods por Israel han llegado al Aeropuerto del Prat previa escala en Atenas.

Castillejo ha afirmado al llegar al Aeropuerto que prevé emprender acciones legales contra el trato recibido desde que fueron interceptados, porque lo ha tachado de secuestro: “El Gobierno sionista de Israel nos ha secuestrado”. “Creemos que esto debe ser condenado. Y sí, emprenderemos acciones legales”, ha respondido a los periodistas junto al miembro de la dirección de las CUP Adrià Plazas.

Castillejo ha hablado también de maltrato físico y psicológico y ha dicho que Israel no ha facilitado medicamentos a quien los necesitaba o ha tardado mucho en facilitarlos. Pese a todo, ha insistido en preocuparse más por los palestinos que por el trato que ha recibido la Flotilla: “Cuando son los palestinos los que están en la cárcel, el trato que reciben seguramente es mucho peor”. Y también ha pedido “poner el foco en el silencio de toda Europa, en el Gobierno español, porque no están haciendo su papel de garantizar el Derecho Internacional”.

Respecto a la activista que sigue en Israel detenida por presuntamente morder a una funcionaria, Castillejo ha contestado que no vio ese supuesto mordisco pero sí que “se produjo una agresión por parte de las agentes que había allí de seguridad, agredieron a Reyes”, y la llevaron a un lugar de aislamiento. Ha asegurado que “hay gente en huelga de hambre que no la finalizará hasta que Reyes esté aquí de vuelta” y que no tienen información de ella ni de quienes siguen en Israel. “No tenemos esta información ni nos la quieren dar. De Reyes es porque vimos que no estaba, pero no sabemos exactamente cuánta gente hay”, ha lamentado Castillejo.

Adrià Plazas ha insistido en que sigue habiendo compañeros en Israel a los que “no les han dejado marchar”, y también lo ha tachado de secuestro.

Los catalanes llegados al Aeropuerto habían hecho escala en Atenas y se acogieron a la posibilidad de volar directamente a Barcelona, donde les han recibido unas 300 personas. Justo antes, junto a familiares, les han recibido en privado el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la concejal de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, ha explicado Castillejos.

Castillejo y Plazas, además de otros integrantes catalanes de la Flotilla como el sindicalista de la CGT Saturnino Mercader, han formado parte de los 27 españoles que a lo largo de este lunes han podido volver a España después de su detención por parte de Israel la semana pasada. Ambos han tomado un primer vuelo desde Israel a Atenas y, desde la capital griega, han embarcado en otro avión que los ha llevado hasta Barcelona.

Este domingo llegaron los primeros activistas, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el concejal de ERC en la capital catalana Jordi Coronas. Del total de 49 españoles que viajaban en la Flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron este domingo a España, 27 lo han hecho este lunes, y queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.

La cabeza de lista de la CUP en las pasadas elecciones y diputada en el Parlament, Laia Estrada, dimitirá a la vuelta del verano por “discrepancias políticas”, según ha expresado la parlamentaria en X.

Tal y como ha adelantado Vilaweb y ha confirmado la parlamentaria, las razones de la dimisión versan sobre discrepancias políticas con el grupo parlamentario, algo que la CUP ha evitado incluir en el comunicado por el que ha agradecido a Estrada su trabajo como parlamentaria.

“Ha sido un orgullo y un privilegio representar a la CUP. Ahora toca seguir luchando como siempre, como militante de la Izquierda Independentista, por el socialismo, el feminismo y la independencia de los Països Catalans”, ha manifestado Estrada en X.

Cabeza de lista por la CUP en las elecciones al Parlament de hace dos años, donde la CUP logró el peor resultado de su historia en el Parlament con cuatro diputados, Estrada es una veterana de la izquierda independentista catalana.

Militante de Endavant, una de las organizaciones que forman parte de la CUP, Estrada fue concejal en 2015 en el Ayuntamiento de Tarragona, desde donde impulsó la denuncia de corrupción municipal que desembocó en el caso Inipro. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Girona, Estrada ha participado en los movimientos feminista, en defensa de la salud pública y por el derecho a la vivienda.

En un comunicado, la CUP ha explicado que Estrada comunicó de formal a la Mesa Nacional del partido su renuncia como diputada en el Parlament de Catalunya, que se hará efectivo en septiembre, al inicio del curso político.

El partido ha expresado su “agradecimiento al trabajo” realizado por Estrada en su etapa en el Parlament y como concejala de la CUP de Tarragona entre 2015 y 2021, además de “por su incansable militancia” y “su compromiso con el proyecto político de la CUP y del conjunto de la Izquierda Independentista”.

“Respetamos su decisión de dar un paso al lado”, agrega el partido, que ha destacado la “impecable labor” de Estrada en el ámbito institucional y como militante que ha sido impecable y la línea política y el trabajo realizado es un ejemplo a seguir.

“Continuamos trabajando en la refundación del independentismo popular a partir de unas coordenadas claras, la transformación social y la ruptura democrática, entendiendo que no puede existir independencia sin que ésta asuma la necesidad de confrontación”, agrega el partido.

El Pacto Nacional por la Lengua catalana, pensado para extender su uso en Catalunya y garantizarlo en la mayoría de ámbitos de la sociedad, ha echado a andar este martes. Lo ha hecho con el apoyo de una mayoría parlamentaria integrada por PSC, ERC y Comuns, además de una veintena de entidades y sindicatos. Pero también con ausencias notables, las más llamativas las de Junts y la CUP, pero también las de PP, Vox y Aliança Catalana.  

El acuerdo, estructurado en 21 ámbitos que se deberán revisar anualmente, fija una inversión de unos 200 millones de euros anuales en políticas lingüísticas para defener el catalán. Entre los retos destacados, han destacado que el conocimiento del catalán aumente por encima del crecimiento demográfico –e incorpore 600.000 nuevos hablantes en cinco años–, garantizar la presencia efectiva de la lengua catalana en instituciones, empresas y servicios y blindarla como lengua vehicular del sistema educativo.

El acuerdo, que se ha firmado en el Institut d'Estudis Catalans, formula objetivos orientados a la mejora efectiva del conocimiento y el uso social de la lengua, que ha aumentado en número total de hablantes (gracias a la inmigración) pero ha descendido en porcentaje, hasta el punto de que solo un 32% de catalanes lo emplean habitualmente.

El Pacto Nacional marca como horizonte estratégico 2030 para alcanzar sus objetivos y se estructura en nueve ámbitos de trabajo, que despliegan la veintena de actuaciones en contextos como el de la educación y la universidad, pasando por el mundo laboral, la salud, la cultura, la tecnología y la cohesión social, entre otros.

En este sentido, el Pacto Nacional por la Lengua busca que la lengua catalana sea “plenamente oficial” en las instituciones públicas, empresas y servicios. Y plantea como meta garantizar su presencia efectiva en todos los niveles de la administración pública, en el sistema judicial o en la empresa privada, así como trabajar de forma transversal para conseguir el reconocimiento oficial de la lengua catalana en la Unión Europea (UE).

En cuanto al aprendizaje y uso de la lengua entre la población adulta, el acuerdo prevé reforzar de forma “estable y garantizada” la oferta formativa para personas adultas, especialmente para las recién llegadas, con el objetivo de facilitar el conocimiento y uso del catalán en la vida cotidiana y profesional. También reconoce el papel central del mundo del trabajo a la hora de construir una sociedad lingüísticamente cohesionada que respete el derecho de los trabajadores a acceder a la lengua, y sitúa como prioridad multiplicar las opciones de aprendizaje y uso del catalán en el entorno laboral.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el Pacto recoge “un anhelo largamente esperado” y que arrancó durante el Govern de Pere Aragonès en 2021. “Hoy damos un buen ejemplo de generosidad, de rigor, responsabilidad y de sentido de país con un mensaje claro: el catalán es de todos y nos necesita a todos y por eso el Pacto también es de todos”, ha detallado, al tiempo que cree que el acuerdo tiene “las puertas abiertas a todos los que quieran sumarse”.

En este sentido, han sido destacadas las ausencias de partidos políticos como Junts o la CUP. Los primeros, tal como anunció el lunes Carles Puigdemont, se oponen a la firma del acuerdo en la actualidad debido a que la Generalitat está pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el modelo lingüístico escolar que se antoja decisiva. También pedían esperar a que el catalán sea oficial en Europa, tal como han exigido al Gobierno.

La CUP, por su parte, ha criticado que el pacto carece de ambición y es “una herramienta de propaganda del PSC”. Así lo ha afirmado la diputada Laia Estrada, que ha considerado que el acto de este martes era “una escenificación y un lavado de cara”.

La lista de firmantes del Pacto Nacional por la Lengua incluye, además del PSC, ERC y los Comunes, entidades de defensa del catalán como la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana; Plataforma per la Llengua; l'Institut d’Estudis Catalans; Òmnium Cultural; el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals; y la Fundació.cat.

En cuanto a las entidades de la sociedad civil, destacan la Associació de Mestres Rosa Sensat; el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciència de Catalunya; la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya; la Confederació de Cooperatives de Catalunya; el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya; la Federació Catalana de Municipis; y la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Además, lo suscriben CCOO y la UGT, junto con el sindicato Intersindical. También el Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Catalunya; las patronales Foment del Treball y Pimec, o la Unió de Pagesos y la Unió Sindical Obrera de Catalunya la rubrican como agentes económicos. Una ausencia sindical notable es la del sindicato USTEC, el mayoritario en la enseñanza pública.

El Parlament de Catalunya ha iniciado este martes los trámites para determinar si las diputadas Sílvia Orriols (Aliança Catalana) y Laure Vega (CUP) han incumplido el Código de Conducta por sus discursos en el pleno. Ambas parlamentarias se exponen a una amonestación verbal o a una multa económica.

En el caso de la líder de la extrema derecha catalana, la Cámara indagará en sus palabras xenófobas contra la diputada de ERC Najat Driouech. La parlamentaria de la izquierda independentista, por contra, será investigada por citar en el pleno un chiste sobre los Mossos d'Esquadra realizado en la red social X por el humorista Manel Vidal.

El procedimiento respecto a Orriols se ha iniciado a petición de ERC después de las acusaciones directas y reiteradas de la líder de Aliança contra la parlamentaria republicana Najat Driouech por el hecho de llevar velo. A juicio de ERC, Orriols ha querido humillar y menospreciar a Driouech en los plenos aprovechando el altavoz del Parlament.

ERC mantiene que la acusación xenófoba de Orriols a Driouech (la líder de la extrema derecha acusó a la diputada de “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar velo) supone “un discurso que compromete los valores de los derechos humanos”.

Sostiene ERC que la diputada de Aliança Catalana ha actuado con “ánimo persecutorio” para personificar en Driouech “el ataque a un colectivo y a una religión” y que su discurso del pasado 26 de marzo va contra la prohibición de discriminación establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por su lado, Vega fue denunciada por Vox por su discurso en otro pleno del mes de marzo, en el que se refirió a los disturbios que durante dos días hubo en Salt (Girona) tras un desahucio, y que fueron instrumentalizados por la extrema derecha para alimentar la sensación de inseguridad y atacar a la población musulmana.

En concreto, la expresión denunciada por Vox ha sido la cita, por parte de Vega, de un chiste que el humorista Manel Vidal realizó en X: “En Catalunya lanzar piedras a los Mossos y quemar contenedores es un hecho cultural propio. Enhorabuena a la comunidad musulmana de Salt por vuestra integración plena. Sois ejemplo”.

El Código de Conducta del Parlament obliga a los diputados a mantener una “conducta respetuosa” hacia el resto de parlamentarios y ciudadanos, también respecto a los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, religión, lengua o ideología.

Ahora las pesquisas internas pasarán a la comisión de estatuto de los diputados, que realizará un informe para determinar si se ha establecido una infracción del Código de Conducta y lo elevará a la Mesa, que puede imponer sanciones que van desde una amonestación pública a multas de entre 600 y 12.000 euros.

El Govern ha cerrado en una negociación a contrarreloj un acuerdo con los grupos de izquierdas en el Parlament para que limitación de precios del alquiler alcance no solo a aquellos destinados a la vivienda habitual, sino también a la mayor parte de los contratos que se firman con caracter de temporada, por razones como el desplazamiento laboral o de estudios.

Este es el principal punto del pacto alcanzado entre el Ejecutivo de Salvador Illa y ERC, Comuns y la CUP, formaciones que han negociado para salvar dos decretos del Govern que llegaban este miércoles al pleno del Parlament y que corrían el riesgo de naufragar.

Los grupos, especialmente Comuns y CUP, han presionado para mover al Govern de Illa hacia una regulación integral en materia de vivienda. Entre otras cuestiones, exigían hacer frente a la multiplicación de contratos de temporada con la que los propietarios se están saltando la regulación de precios impuesta por la ley estatal y que rige en Catalunya desde hace un año.

Finalmente, los grupos apoyarán el decreto del Govern a cambio de que se tramite también como proposición de ley en el Parlament. En ella se introducirá una modificación de la ley catalana de vivienda, a través de la cual el alquiler de temporada y también de habitaciones quedará jurídicamente divido según su uso recreativo (turístico) o residencial.

El objetivo es que el alquiler de temporada que tenga como objetivo residir en el inmueble, independientemente del tiempo en el que se pretenda residir, quede automáticamente afectado por las normas del resto de los alquileres, incluído el tope de precios. No quedaría afectado el inmueble que se destine a la estancia de personas que no residan en el mismo, como los usos turísticos o vacacionales, sea cual sea el periodo.

Además, en ambos casos, todos los arrendamientos de temporada deberán justificar sus motivos con documentación adjuntada en el propio contrato, que debe depositarse ante la administración catalana. Así, las personas que firmen un contrato temporal pero destinado a la vivienda, deberá acreditar que reside en la ciudad de forma temporal, por motivos de educación, laborales u otros, mientras que quienes hagan un arrendamiento de tipo recreativo deberán acreditar, por ejemplo, que diponen de otra vivienda donde residen.

Otra de las medidas que se incluyen es la creación de un cuerpo de inspectores que velarán por que todos los contratos cumplan con la regulación y que, de forma novedosa, podrán hacer inspecciones de oficio.

El pacto también contempla otro de los caballos de batalla que han compartido los grupos de izquierdas con entidades com el Sindicat de Llogateres en los últimos meses, respecto al fin de la caducidad de las VPO, que suponìan que miles de viviendas protegias pasasen al mercado libre. En este caso, se ha pactado una prórroga que durará tanto como lo haga la declaración de zonas protegidas.

Dudas constitucionales

El Govern ha cerrado en pocos días un acuerdo en materia de vivienda que le permitirá esquivar un naufragio en el Parlament, después de haberse visto obligado a retirar un paquete de medidas sobre cámpings por la presión de ERC. En concreto, el Departament de Territori se ha garantizado el apoyo a dos decretos, uno sobre medidas urgentes en materia de vivienda y, el otro, para acelerar la tramitación de la obra pública.

Con todo, el acuerdo alcanzado para introducir desde el Parlament la regulación del alquiler de tempoorada dentro del paraguas de la limitación de precios estatal, genera dudas sobre su constitucionalidad.

En la rueda de prensa semanal para dar cuenta de las decisiones del Govern, la consellera Sílvia Paneque había asegurado que su voluntad era llegar a un acuerdo que contase con la “máxima seguridad jurídica”. De esta forma, la consellera ponía de relieve las dudas que el Govern mantiene sobre si una medida así puede tomarse desde el ámbito autonómico.

La propia Panenque reconoció la semana pasada que había dudas sobre la competencia del Parlament en este ámbito. De hecho, no sería la primera vez que la Cámara catalana regula los precios del alquiler de temporada.

Hace justo un año, el anterior Govern de ERC elaboró un decreto muy similar al pactado a hora, que decayó en el Parlament precisamente porque el PSC no lo apoyó al observar problemas de constitucionalidad.

Anteriormente, la ley catalana de 2020 también imponía topes a todos los arrendamientos, también incluía los temporales, a diferencia de la posterior ley del Congreso.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional tumbó la ley catalana en 2022, aduciendo que las administraciones autonómicas invadían competencias estatales en materia de contratos en una regulación de precios que, posteriormente, sí avaló como ley estatal. Es por esta razón que fuentes del propio Govern admiten dudas en este momento sobre si la nueva regulación pasará el filtro legal.

Esquerra, los Comuns y la CUP han reclamado la creación de una comisión en el Parlament de Catalunya para estudiar el impacto de plataformas como Amazon o Glovo, así como de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

En el texto registrado, los grupos parlamentarios denuncian que la llamada economía de plataforma y las nuevas tecnologías “pueden perjudicar los derechos laborales”.

El objetivo de la comisión, según los firmantes, debe servir para defender “el tejido comercial y económico local, así como la distribución de proximidad”. Consideran que la economía de plataforma es un modelo que “a menudo desprecia los derechos laborales esenciales para garantizar un mercado justo”.

Con todo, ERC, Comuns y la CUP apuntan que el resultado de la investigación podría derivar en soluciones legislativas para “resolver las consecuencias negativas de la economía de plataformas y de la IA”.

La iniciativa nace de una moción que ERC presentó y fue aprobada en la anterior legislatura, pero la comisión no pudo llevarse a cabo debido a la convocatoria anticipada de elecciones. Ahora, en la nueva legislatura, las mayorías han cambiado y los tres grupos no suman los votos suficientes para sacar adelante la propuesta, con lo que tendrán que conseguir el apoyo de algún otro grupo para poder sacar adelante la propuesta.

Los grupos de Junts, ERC, los Comuns y la CUP han registrado una petición de comisión de investigación en el Parlament sobre las infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos, que se sumará al trabajo de la pasada legislatura sobre el espionaje con Pegasus. Los proponentes han presentado la iniciativa este jueves, y han reclamado a los socialistas “que no se pongan de perfil”.

Pese a no tener mayoría en el pleno, optarán por la vía del reglamento que les permite impulsarla con una tercera parte de los diputados o tres grupos parlamentarios. Entre las comparecencias que tienen previsto pedir, se encuentra la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya declinó participar en la pasada legislatura en la comisión de Pegasus.

Concretamente, los cuatro grupos quieren reanudar el trabajo realizado en la pasada legislatura sobre el espionaje con Pegasus y sumarle “la infiltración de policías de los cuerpos policiales del Estado español en los movimientos sociales, políticos y populares en los Països Catalans”.

En la rueda de prensa de presentación de la iniciativa, el diputado Josep Rius, de Junts, ha denunciado la “persecución política clara amparada por España” y ha avisado de que “no puede quedar impune y deben depurarse responsabilidades”. En este sentido, ha reclamado a los socialistas “que no se escondan”, y que comparezcan los responsables y exresponsables del Gobierno.

En la misma línea, la republicana Laia Cañigueral ha defendido que “hay que investigarlo e ir hasta el final” porque se trata de “cuestiones ideológicas”. En este sentido, la diputada ha dicho que “nadie puede mirar hacia otro lado ante la represión que sufre el movimiento independentista”.

Por su parte, el diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha denunciado que se han producido vulneraciones “muy graves” de derechos fundamentales, que se ha hecho “sin control judicial alguno” y que “se han utilizado las relaciones sexoafectivas”, que “formaron parte de la estrategia premeditada de los mandos policiales o políticos”. Y ha remachado: “Se han traspasado todas las líneas rojas”.

Por último, en representación de la CUP, Pilar Castillejo ha avanzado su intención de volver a Grande-Marlaska. “Esperamos que ahora venga y dé explicaciones; que dé la cara”, ha afirmado.

Según la petición registrada, el objeto de la comisión de investigación es “conocer los detalles” sobre las infiltraciones policiales y si contaban con tutela judicial; proponer regulación normativa para proteger los derechos de los ciudadanos; llevar a cabo las acciones legislativas y judiciales pertinentes a partir de las conclusiones, y exigir las “responsabilidades políticas, penales o civiles” que correspondan.

Los grupos de ERC, Comuns y La CUP han pedido al presidente del Parlament catalán, Josep Rull, que active los mecanismos contra la violencia machista, después de la última denuncia pública contra Francesc de Dalmases, diputado de Junts.

La periodista e investigadora Marta Roqueta denunció el viernes “maltrato psicológico” por parte de Dalmases en la red social X. “Lo tenemos en el Parlament, es público que ha gritado a periodistas y ha maltratado a compañeras de trabajo. Nadie mueve un dedo”, escribió Roqueta, que aseguró que lo puso en conocimiento de los dirigentes de Junts y nadie actuó.

Tal como ha avanzado la agencia ACN, los tres grupos han consensuado un escrito donde reivindican los protocolos ante el acoso como herramientas preventivas y de gestión de denuncias para garantizar que los partidos no eviten responsabilizarse de las acciones de sus representantes.

Los tres grupos instan a Junts a aplicar sus mecanismos internos, una petición compartida por el PSC, que también exige explicaciones al partido de Carles Puigdemont, según las fuentes consultadas. El grupo parlamentario liderado por Albert Batet y Mònica Sales ha declinado valorar los hechos.

En noviembre de 2022, el Parlament ya sancionó a Dalmases con una multa de 600 euros por intimidar a una periodista, motivo también por el que fue obligado a dejar la vicepresidencia de Junts, en un caso que desveló elDiario.es. También El Periódico publicó entonces el testimonio de media docena de mujeres que aseguraron haber sufrido “humillaciones” e “intimidaciones” por parte del parlamentario.

Espiado sin permiso. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el expresident de la Generalitat Pere Aragonès fue espiado con el programa Pegasus en el año 2018 sin el aval que el Tribunal Supremo sí otorgó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un año después, según avanzan fuentes jurídicas a elDiario.es.

El informe pericial de los Mossos d'Esquadra confirma la sospecha que mantenían el juez Santiago García y la defensa de Aragonès, que ejerce el abogado Andreu Van den Eynde: el expresident fue espiado en julio de 2018 mediante una técnica similar a la que empleó el CNI para infiltrarse en su teléfono, con permiso del Supremo, entre julio de 2019 y marzo de 2020, periodo que también ha sido corroborado por la policía catalana.

La necesidad de investigar más y corroborar si el CNI espió a Aragonès sin aval del Supremo hizo que el magistrado rechazara, el pasado mes de abril, la petición para archivar la causa de la exdirectora del CNI Paz Esteban, único cargo gubernamental imputado por el espionaje. El nuevo informe pericial de los Mossos que confirma las infiltraciones apuntala los indicios contra Esteban en una investigación a la que le quedan pocos flecos antes de que el juez decida si la envía a juicio.

“Toda mi vida personal y política, espiada ilegamente con Pegasus [...]. El CNI y todos los implicados tiene que asumir su responsabilidad. Iremos hasta el final”, ha manifestado Aragonès en X.

La Audiencia de Barcelona ya apuntó, en contra de lo mantenido por la Abogacía del Estado (que defiende a la exjefa del CNI) y la Fiscalía, que existían indicios de espionaje en el móvil de Aragonès sin cobertura legal en julio de 2018, cuando Paz Esteban llevaba más de un año como secretaria técnica del centro, que entonces dirigía el general Félix Sanz Roldán.

El Supremo autorizó tres infiltraciones a Aragonès. La primera, en julio de 2019, con otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020, después de que los servicios secretos adujeran que Aragonès coordinaba las acciones de los CDR, un extremo que en realidad nunca se dio.

No obstante, una pericial informática que Aragonès aportó al juzgado concluyó que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial. El juez encargó un informe pericial a los Mossos d'Esquadra, que ahora han confirmado lo que apuntaba el dictamen aportado por el expresident, tal y como ha ocurrido con otros independentistas espiados.

La sospecha de la defensa del expresident consiste en que el CNI lo espió de entrada sin permiso en 2018, y que las peticiones posteriores al Supremo basadas en que era un dirigente de los CDR solo sirvieron para intentar dar cobertura a esa primera infiltración sin aval judicial.

El caso del espionaje al expresident es el que cuenta con una investigación más avanzada de la decena de querellas de espiados que están repartidas por los juzgados de Barcelona. Aragonès fue uno de los 18 nombres de independentistas que el CNI admitió haber espiado. Lo reconoció la propia Paz Esteban en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso.

El informe pericial de los Mossos supone la prueba del algodón a una causa que encara su recta final de la investigación después de una desclasificación inédita pero incompleta por parte del Gobierno a los autos del Supremo que, a petición del CNI, autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès.

El instructor quería saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.

El juez también solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès. Pero el Gobierno rechazó proporcionar al magistrado toda esta información ya que, según argumentó el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

Peticiones a Policía, Guardia Civil y CNI

Otro juez de Barcelona ha reactivado las pesquisas respecto al espionaje con Pegasus a tres dirigentes de la CUP, los exdiputados en el Parlament Carles Riera y David Fernández y el exdiputado en el Congreso Albert Botran. Tras más de dos años de peticiones de la Fiscalía y de la defensa de los exdiputados, que ejerce el abogado Benet Salellas, el juez José Antonio Cruz de Pablo ha dado un impulso al caso con una batería de diligencias.

Entre las solicitudes acordadas por el juez, destacan varios requerimientos al CNI, el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil. A los cuatro organismos les reclama, tal y como pedía Salellas, si tienen constancia de haber “adquirido o utilizado” Pegasus para espiar a los cupaires. El juez también pregunta a la Intervención General de la Defensa para rastrear si se ha pagado alguna cantidad por Pegasus, un programa que la empresa israelí NSO solo comercializa con Estados.

La visita del president Salvador Illa a una feria del aceite de Jaén en Sabadell ha destado la polémica. Junts, ERC y la CUP le han acusado de promover la competencia a los productores de aceite catalanes.

Illa realizó el pasado domingo una visita institucional al Ayuntamiento de Sabadell y aprovechó la cita para clausurar con un discurso la Feria del Primer Aceite de Jaén en la ciudad, un evento que organizan la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía para dar a conocer a las empresa del sector en el exterior.

La visita ha indignado a partidos como Junts, ERC o la CUP, que le reprochan además que acudiese a esa cita y no a otras ferias de aceite de Catalunya, como la que se celebraba ese mismo fin de semana en Maials, a la que acudió el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta tildó de “despropósito” que Illa hiciese “promoción del aceite de fuera”. “Catalunya es país de aceite, ¡y de una calidad excelente! Destacan especialmente los de Les Garrigues, también Terres de l'Ebre, Siurana y l'Empordà”, defendió, y añadió que “el país y su gente se defienden siempre, desde todas partes, todos los días, en cada acción”.

Coincidió con ella Jordi Turull, secretario general de Junts, que también acusó a Illa de festejar a los competidores de los productores de aceite catalanes y le acusó de ser “un presidente más preocupado por agradar a España y al PSOE que por defender a Catalunya”. “Los productores de aceite catalanes hacen un producto de excelencia con mucho esfuerzo. Necesitan un presidente de la Generalitat y un gobierno que les apoye, no que promueva la competencia”, ha publicado en X.

En la misma plataforma, Laia Estrada, diputada de la CUP en el Parlament, consideró “lamentable” que Illa se dedique a “promocionar aceite de terratenientes andaluces que compiten directamente”.

En su discurso en la feria, Illa calificó de “excelente” la idea de los productores jienenses de “no quedarse en casa” y dar a conocer su aceite fuera de Andalucía. “Yo lo haré también, quiero viajar por España para explicarnos desde Catalunya”, afirmó. “Escucharse y explicarse permite deshacer malentendidos e informaciones maliciosas”.

La concejal de la CUP en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Ariadna Sierra denunció públicamente este lunes las prácticas machistas y de acoso contra ella por parte de Josep Arcas, responsable de las Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC), las juventudes de Junts, el partido que gobierna en la ciudad.

Según explicó Sierra frente a los demás ediles de Sant Cugat y al propio Arcas, presente en la sala, este llegó a presentarse en un lugar donde ella trabaja de voluntaria para llevarle condones o también le preguntó por mensaje privado “con cuántos policías nacionales” se había acostado. 

En un vídeo difundido por la CUP sobre su intervención en el pleno municipal, Sierra denuncia una “obsesión” de Arcas con ella. De entrada, le acusó de haber manipulado su imágen en redes sociales con Photoshop y de haberla instado a ponerse burka. “Y dijo que mi compañero de concejalía no me da permiso para hablar”, afirmó Sierra.

Eso fue solo el primer mes de ocupar Sierra el cargo de edil. Pero la cosa fue a más, según denunció. Después de que Arcas se dedicara un día a repartir condones entre los ediles “con el objetivo de que no se reproduzcan”, llevó esa misma provocación directamente al ámbito privado en el caso de la concejal de la CUP. “No contento con ello y preocupado de si yo tenía que tener hijos o no, vino a un espacio en el que yo trabajaba de forma voluntaria, a traerme más condones preguntando y buscándome por todo el espacio”, relató. 

Sierra aseguró que como representante pública se siente obligada a responderle “con más paciencia de la que tocaría”. “Pero usted no para de pasarse de la raya”, le espetó. Acto seguido, se dirió a los ediles de Junts. A ellos les exigió que, pese a que Arcas no habla en nombre del partido, sí que como miembro de las juventudes participa de la vida pública local de la formación en actos y elecciones. 

Fuentes de Junts aseguran que Arcas no pertenece al partido, sino que técnicamente es militante solo de la JNC. Aun así, representantes tanto de las juventudes como de la formación que lidera Carles Puigdemont han repudiado los actos de Arcas. Marta Canas, presidenta de Junts per Sant Cugat, lo ha calificado de “actitud indefendible y vergonzante”. Los responsables de las juventudes han asegurado que tomarán medidas. Ariadna Urroz, su secretaria general, ha informado de que lo han trasladado a los órganos disciplinarios internos y ha asegurado que Arcas no representa a la JNC y que así se lo ha trasladado ya a la concejal de la CUP.

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha agradecido a Urroz su “coherencia, rapidez y determinación” ante unos hechos que ha calificado de “reprobables”.

La CUP ha culminado este sábado su proceso de refundación. La asamblea de la formación, reunida en Sabadell, ha avalado las ponencias estratégica y organizativa de lo que han llamado el Procés de Garbí, un replanteamiento de los objetivos y de la estructura del partido para reaccionar a los malos resultados del último ciclo electoral.

La ponencia estratégica cupaire aprobada en la asamblea nacional apuesta por una “clara oposición como única perspectiva” ante la pérdida de la mayoría soberanista y la constitución del Govern de Salvador Illa, pero con el horizonte de ampliar el “independentismo popular”.

El texto, trabajado durante once meses en debates territoriales y sectoriales, es una de las dos patas de la refundación. La otra, la ponencia organizativa, remodela la cúpula para que el Secretariado Nacional tenga un mandato de cuatro en vez de dos años.

El objetivo de la reorganización es tener una dirección “más eficiente, más consolidada, con mayor capacidad de respuesta y más amplia”. Se sustituye al Consell Polític por una nueva Mesa Nacional, que será la dirección política de la organización y tendrá “mandatos más largos y estables” haciendo revisiones cada dos años de las apuestas tácticas. Asimismo, el Secretariado Nacional pasará a tener la figura de coordinadora y secretaría general. Además, contará también con dos portavoces nacionales.

En el origen de este proceso se encuentra el retroceso electoral de esta fuerza independentista y de izquierdas en todos los frentes. Quedaron fuera del Congreso y perdieron numerosos concejales en 2023 –salvo en Girona, donde ganaron la alcaldía–, y en las elecciones en el Parlament se dejaron 62.000 votos y bajaron de nueve a cuatro diputados.

En un breve acto político en medio de la asamblea, los portavoces del grupo motor del Procés de Garbí, Maria Gordillo y Non Casadevall, han defendido que la CUP será “una organización más afilada, más eficiente y, sobre todo, más útil”. “La CUP grande y la CUP fuerte que prometen las ponencias comienzan hoy aquí”, han defendido. Y han añadido: “Estamos muy convencidas de que el camino escogido, que no es fácil ni habla de soluciones mágicas, es el mejor camino que podíamos haber trazado”.

Por otra parte, Non Casadevall ha reivindicado que, a diferencia de otros partidos independentistas, el cónclave de la CUP “no ha hablado de quién, sino que ha hablado del qué y del cómo”. Y ha subrayado que siguen “convencidas” pese a “la oscuridad del momento político actual y la incertidumbre del futuro”.

Alianzas “puntuales” con ERC, Comunes y Junts

La ponencia estratégica señala que la composición del nuevo Parlamento “sitúa a la CUP en una posición de difícil incidencia y de clara oposición como única perspectiva”. “Nos encontramos ante una mayoría absoluta de las fuerzas españolistas y con un claro retroceso del peso de las izquierdas”, señalan los cupaires.

En este contexto, la ponencia indica que “habrá que valorar el trabajo puntual conjunto con otras fuerzas” en el Parlament. “Es esperable que coincidamos en varios posicionamientos con ERC y Comuns-Sumar y, en términos de oposición independentista, también con Junts”, precisa el texto, que apuesta por “explorar el apoyo” de estos partidos en iniciativas concretas.

“Debemos valorar en cada caso la oportunidad de este trabajo conjunto –así como los costes de no llevarlo a cabo– pero teniendo siempre presente que lo básico y primordial que deberá guiar la acción parlamentaria será la propia visibilización y fortalecimiento como alternativa, necesaria e independiente de otros espacios”, concluyen al respecto.

El documento también plantea la posibilidad de volver a presentar candidatura en el Congreso de los Diputados o participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento Europeo, pero subraya que es necesario “generar las condiciones políticas y organizativas” para que sea posible.

Representantes de Junts, ERC, la CUP, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República se han reunido este domingo en Waterloo (Bélgica), donde reside el expresident Carles Puigdemont, tal como ha avanzado este domingo La Vanguardia.

La reunión se da días después de la resolución del Tribunal Supremo, que rechaza amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés y mantiene la orden de detención sobre Puigdemont, que mantiene la intención de volver a Catalunya de cara a la sesión de investidura que, como tarde, se celebrará el próximo 26 de agosto.

Precisamente, la ANC ha convocado una manifestación el próximo sábado en defensa de la amnistía y para denunciar “el golpe de estado” de los jueces. Según La Vanguardia, ese ha sido uno de los puntos de la reunión. También se habría hablado del retorno a Catalunya del expresident y del resto de líderes represaliados por el procés

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El exconseller y diputado de Junts per Catalunya Josep Rull ha sido escogido este lunes presidente del Parlament gracias a los votos de su grupo, de ERC y la CUP. Rull se convierte así en la segunda autoridad de Catalunya pese a que el independentismo ha perdido la mayoría absoluta.

Rull, uno de los históricos de Convergència, ha salido escogido en segunda votación con 59 apoyos (los 35 diputados de Junts, los 20 de ERC y los 4 de la CUP) después de que en la primera ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta. El independentismo, además, ha logrado mantener la mayoría absoluta de la Mesa, que queda conformada por dos miembros de Junts, dos de ERC y tres del PSC.

La republicana Raquel Sans será la nueva vicepresidenta primera de la Cámara, mientras que la segunda recaerá en el socialista David Pérez. Las cuatro secretarías las ocuparán Glòria Freixa (Junts), Juli Fernàndez (ERC), Rosa Maria Ibarra (PSC) i Judith Alcalá (PSC).

El pacto entre independentistas es de mínimos y únicamente para impedir que la Cámara sea presidida por el PSC, ya que en la primera votación ERC y la CUP han votado en blanco y solo en la segunda han apoyado a Rull. De haberse repetido el voto en blanco de los dos grupos independentistas de izquierda en la segunda votación, la presidenta del Parlament hubiera sido la socialista Sílvia Paneque.

Junts, ERC y la CUP logran así capitalizar sus parlamentarios en la Cámara pese a que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, el nacionalismo no dispone de la mayoría absoluta del Parlament. La negativa de ERC a abordar un pacto de izquierdas con PSC y Comuns y el rechazo del bloque contrario al procés a explorar un candidato alternativo han permitido al independentismo mantener la segunda autoridad de Catalunya.

Fuentes de los Comuns han explicado que su objetivo era lograr un pacto de izquierdas que no se ha conformado. Y han rechazado avalar una operación similar a la que permitió a Jaume Collboni ser alcalde de Barcelona (con los votos de Comuns, PSC y PP) porque, a su juicio, cortocircuitaría las opciones de un pacto de izquierdas para investir a Salvador Illa.

La votación para escoger la nueva presidencia del Parlament, las dos vicepresidencias y las cuatro secretarías de la Mesa de la Cámara catalana marca la apertura de la legislatura. La segunda autoridad de Cataunya tiene un relevante papel institucional, pues es la encargada de proponer al candidato a la presidencia de la Generalitat para someterse a un debate de investidura que debe celebrarse, como máximo, el 25 de junio.

Antes de esta fecha, el nuevo presidente del Parlament celebrará una ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios para proponer a un candidato a la investidura. El primer intento se lo disputan el jefe de filas del PSC y ganador de las elecciones, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que no tira la toalla pese a la pérdida de la mayoría absoluta independentista.

Tanto en la votación para la Mesa como la investidura resultará clave el papel de ERC, que afronta ahora otro dilema para la investidura. Los republicanos, inmersos en una crisis interna tras perder 13 diputados el 12M, deben decidir si facilitan una investidura de Illa o provocan un bloqueo que precipite la repetición electoral en Catalunya. Aunque optaran por apoyar primero a Puigdemont, su investidura resultaría fallida ante la falta de mayoría independentista.

En caso de que el candidato no logre la mayoría absoluta en primera votación, ni la mayoría simple en un segundo intento 48 horas después, se abrirá un periodo de dos meses en el que podrán celebrarse todos los debates de investidura necesarios para aupar a un nuevo inquilino de la Generalitat. Si tampoco prosperasen, Catalunya se vería abocada a una repetición electoral en octubre.

Defiende la “inviolabilidad” de los diputados

En su primer discurso tras ser nombrado president, Rull ha reivindicado la libertad de los diputados para poder “expresar opiniones” y “ejercer libremente su voto”, en clara referencia a los parlamentarios independentistas encausados durante los últimos años. “Se tiene que poder hablar de todo y debatir de todo sin la presión de ningún otro poder público ni la amenaza de ser privado de libertad”, ha señalado.

Rull ha avisado de que su presidencia sera “especialmente sensible” con dar voz a los diputados que todavía tienen procesos judiciales abiertos, destacando el caso de Carles Puigdemont, Lluís Puig y Rubén Wagensberg, todavía en el extranjero pendientes de la aplicación de la ley de amnistía.

“Con toda solemnidad, les quiero trasladar que la mesa de este Parlament garantizará el principio de inviolabilidad parlamentaria”, ha asegurado. “Ningún diputado puede ser perseguido por expresar opiniones o ejercer libremente su voto. Desde esta presidencia insistiremos en esto de manera intensa”, ha remachado.