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El Gobierno facilita una desclasificación inédita pero incompleta sobre el espionaje del CNI a Aragonès con Pegasus

Pedro Sánchez y Pere Aragonés, durante el encuentro en Catalunya el pasado mes de diciembre

Oriol Solé Altimira / José Enrique Monrosi

Barcelona / Madrid —

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Inédita pero incompleta. Así puede definirse la desclasificación de información a la que el Gobierno dio por fin luz verde este martes como respuesta a la petición de un juez de Barcelona sobre el espionaje por parte del CNI al ahora president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. En realidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez accede solo en parte a esa reclamación y, según confirman fuentes gubernamentales, únicamente serán remitidos los autos del Tribunal Supremo que sustentan la orden de seguimiento.

“En el día de hoy el Gobierno, a petición de un juez, ha hecho una desclasificación parcial para este caso en concreto. Esta desclasificación en ningún caso afecta a la seguridad nacional”, manifestó este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, tras ser preguntada por los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tras la información adelantada por elDiario.es.

Según fuentes del Ejecutivo, la documentación que ahora se remitirá al juzgado servirá para despejar “cualquier duda” sobre la argumentación jurídica en la que se sustentó en su día la orden de infiltración en el teléfono del entonces vicepresident de la Generalitat. “Los primeros interesados en el esclarecimiento somos el Gobierno, así que máxima colaboración con la justicia como siempre hemos trasladado”, subrayó Pilar Alegría. 

La limitada información que el Gobierno proporcionará contrasta con la extensa petición que había realizado al Ejecutivo el juez Santiago García, que investiga el espionaje a Aragonès. El magistrado había reclamado que el Ejecutivo desvelara todos los detalles (entre otros, la persona del CNI que decidió comprar Pegasus, el coste de la operación y dónde quedaron alojados los archivos extraídos del teléfono del president), pero por ahora el Gobierno ha decidido no facilitar estos extremos.

Los autos del juez de control del CNI en el Tribunal Supremo que autorizó el espionaje a Aragonès, Pablo Lucas, ya habían sido reclamados por el juez de Barcelona al Alto Tribunal. Pero el pasado mes de diciembre el magistrado del Supremo rechazó entregarlos aduciendo precisamente que faltaba el permiso del Gobierno para desclasificar el espionaje. Ahora sí verán la luz. 

En suma, la colaboración del Gobierno con la investigación resultaba imprescindible para que la causa del espionaje a Aragonès no quedara en vía muerta, tal y como están otra media docena de denuncias de independentistas espiados repartidas por los juzgados de Barcelona.

Las razones de este callejón sin salida son variadas. Por un lado, se debe a la nula colaboración que Israel ha prestado para aportar datos sobre la empresa que vende a los Estados el programa Pegasus, NSO Group. Las operadoras de telefonía con sede en Irlanda y EE UU también habían hecho caso omiso a las peticiones de los jueces españoles.

En el caso de Aragonès, el Gobierno no tenía opción a desvincularse del espionaje, toda vez que la exdirectora del CNI Paz Esteban (que declarará como imputada en el caso el próximo 26 de enero) había admitido en el Congreso que el del president era uno de los 18 independentistas pinchados con permiso del Supremo. 

Por contra, el Gobierno había rechazado la primera petición de una juez de Barcelona para retirar el secreto a la información. El pasado mes de julio, el Ejecutivo negó que el CNI hubiera espiado a los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba. En consecuencia, rehusó desclasificar documentación sobre la compra del 'software' maligno israelí. La negativa del Gobierno ha sido en parte desmentida por los Mossos, que tras analizar pericialmente los teléfonos de Jové y Riba sí han hallado indicios de infección. 

Aragonès espera ver los papeles

El entorno del president ha reaccionado con cautela al anuncio del Gobierno sobre la desclasificación. Más allá del “ya tocaba” verbalizado por la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, el equipo de Aragonès quiere leer los papeles que envíe el Ejecutivo al juzgado para decidir los próximos pasos a seguir. También espera ver los movimientos del juez, que pidió una desclasificación ambiciosa que se ha quedado por debajo de lo solicitado.

Aragonès ha confiado este martes en que la desclasificación sirva “para conocer toda la verdad y por qué desde el CNI se dedicaron a espiar a líderes políticos y sociales, por la simple razón de defender la independencia de Catalunya”.

Para los próximos pasos tanto del instructor como del president resultará clave comprobar qué dicen los autos del Tribunal Supremo que autorizaron una injerencia tan importante en los derechos fundamentales como es la infiltración del programa Pegasus en el móvil de Aragonès.

Si el auto es muy motivado y aduce las razones detalladas que justificaron el pinchazo, la investigación habrá cumplido uno de sus objetivos. Si, en cambio, la resolución es parca en palabras, la defensa del president tendrá una baza para reclamar, de nuevo, poder conocer la verdad, y llegar hasta instancias europeas, si hace falta.

El ataque con Pegasus en un teléfono móvil permite no solo pinchar llamadas, sino copiar y almacenar todos sus contenidos y acceder a todas sus aplicaciones. En el caso del ahora president, las infiltraciones empezaron en julio de 2018 y finalizaron en marzo de 2020, coincidiendo con varias negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez (como su investidura) en las que Aragonès participó como vicepresident del Govern y dirigente de ERC.

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